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Sentencia EP-694-20 — Registro 11318

Resumen

En la sentencia de la garantía constitucional de exhibición personal contra actuaciones de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, quien conoce de un recurso de casación.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “Concretando ya la decisión, la Sala en el considerando 10 señala que, la prolongación de la prisión preventiva en las circunstancias antes mencionadas, constituye una restricción indebida del derecho a la libertad personal y al debido proceso, sometiendo a los procesados a un período de prisión preventiva excesivo, y por tanto a una pena anticipada, violatoria además del artículo 8 No. 1 de la Convención americana de derechos humanos, la cual garantiza el derecho de toda persona a ser oída con las debidas garantías y en plazo razonable en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella.-Seguidamente, la Sala estableció que no concurren ninguno de los presupuestos del artículo 13 de la Ley sobre justicia constitucional, pero decidió aplicar en el considerando 15 lo que dispone el artículo 15 de la misma normativa legal, el cual indica que se resolverá sobre otras situaciones relacionadas con la libertad personal en cualquiera de sus formas. -Siendo así que, al constatar el motivo que produjo la sentencia citada, o sea, al constatar que la prisión preventiva había excedido el plazo legal máximo establecido por el artículo 181 del Código Procesal Penal, la Sala resolvió declarar CON LUGAR la garantía de exhibición personal, y en aplicación del segundo párrafo del artículo 39 de la Ley sobre justicia constitucional, decretó y ordenó al Tribunal de sentencia con jurisdicción nacional en materia penal, la inmediata libertad de los ciudadanos agraviados, con la consecuente orden de imponerles a estos las medidas cautelares que fueren de necesidad para asegurar la eficacia del procedimiento y la presencia de estos en el proceso.-Volviendo al caso que nos ocupa, la Sala de lo Constitucional encuentra que existe una similitud con el caso citado, en virtud de que en ambos, ha transcurrido totalmente el tiempo máximo que dispone la ley para mantener a una persona bajo prisión preventiva. De igual manera, en ambos casos es coincidente que esto ocurre en tiempo de pandemia, donde existe la necesidad de que el Estado cuide de la población en formas extraordinarias, especialmente a la gente privada de libertad que se encuentra bajo su custodia directa. -En virtud de lo cual, no habiendo disposición legal que autorice continuar manteniendo en prisión preventiva al ciudadano Otto Melvin Ramírez es procedente declarar con lugar la garantía de exhibición personal de mérito y se ordene a la Sala de lo Penal que de conformidad a lo que preceptúa el primer párrafo del artículo 372 del Código Procesal Penal, que literalmente establece: “Deberes de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia. Durante el trámite del recurso, corresponderá a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, la aplicación de las reglas relativas a la prisión preventiva y a las medidas sustitutivas de la misma.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. -Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, veintitrés de septiembre de dos mil veinte.-VISTA: Para dictar sentencia en la garantía constitucional de exhibición personal interpuesta por la abogada OLGA MARINA CASTRO a favor del señor OTTO MELVIN RAMÍREZ, contra actuaciones de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, quien conoce de un recurso de casación. El compareciente alega el vencimiento de la prisión preventiva en la causa instruida contra el señor OTTO MELVIN RAMÍREZ, por el delito de ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO ROBADO, en perjuicio de DOMINGO ALBERTO CRUZ MORALES.-ANTECEDENTES PROCESALES.-1. En fecha veinticinco de agosto del año dos mil veinte, compareció ante la Corte de Apelaciones Penal del departamento de Cortés, la abogada OLGA MARINA CASTRO a favor del señor OTTO MELVIN RAMÍREZ, contra actuaciones de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, quien conoce de un recurso de casación en el cual el compareciente alega el vencimiento de la prisión preventiva impuesta en la causa instruida contra el señor OTTO MELVIN RAMÍREZ, por el delito de adquisición DE VEHÍCULO ROBADO, en perjuicio de DOMINGO ALBERTO CRUZ MORALES. (folios 1 al 3 de la pieza de la garantía constitucional de exhibición personal).-2. En la misma fecha, la Corte de Apelaciones Penal del departamento de Cortés se declara incompetente de conocer la presente garantía de exhibición personal, por lo que nombra a prevención a la defensora pública, abogada MELGIAM ELIZABETH MORALES BANEGAS como juez ejecutora, a efecto de que rinda un informe sobre los extremos consignados en la presente garantía. Asimismo, se remiten las diligencias a la secretaría de la Sala de lo Constitucional para que conozca del mismo. (Folios 4 al 5 de la pieza la garantía constitucional de exhibición personal).-3. En fecha veintinueve de junio del año dos mil veinte, la juez ejecutora abogada MELGIAM ELIZABETH MORALES BANEGAS, en el ejercicio de las responsabilidades inherentes a su cargo, rindió el informe correspondiente, declarando no ha lugar la garantía constitucional de exhibición personal, presentada a favor del señor Otto Melvin Ramírez.-FUNDAMENTOS DE DERECHO..-CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la garantía constitucional de exhibición personal o habeas corpus. De conformidad con el artículo 182 de la Constitución de la República, el Estado hondureño reconoce la garantía de hábeas corpus o de exhibición personal. En consecuencia, toda persona agraviada o cualquier otra en nombre de ésta tiene derecho a promoverla ante los supuestos siguientes: 1) Cuando se encuentre ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad. 2) Cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción o molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión.-CONSIDERANDO DOS (2): Resumen de lo expuesto por la garantista en el escrito de interposición de la garantía constitucional de exhibición personal. La garantía de mérito se interpone a favor del ciudadano Otto Melvin Ramírez por las razones siguiente: 1) El ciudadano en mención fue condenado por la Sala segunda del tribunal de sentencia con jurisdicción nacional a la pena de nueve años de reclusión por el delito de adquisición de vehículo robado en perjuicio del señor Domingo Alberto Cruz Morales; asimismo a la pena de treinta días por consumo de drogas.-En virtud de esto, la compareciente señala que, según el nuevo código penal en vigencia las penas relacionadas con vehículos tienen señalados en su forma básica, tiempos que van de dos a cuatro años de reclusión, debido a lo cual el ciudadano Otto Melvin Ramírez ha cumplido con el máximo de la pena impuesta en virtud de que se encuentra recluido desde el treinta y uno de enero de dos mil dieciséis, permaneciendo privado de libertad cuatro años con seis meses, lo que le da derecho a solicitar la libertad condicional; sin embargo, no es posible solicitar dicho beneficio ante el juzgado de ejecución respectivo debido a que todavía no existe sentencia. -Es por ello por lo que, no habiendo sentencia, es que pide su inmediata libertad y sustituirle la medida de prisión preventiva.-2) Alega también que el ciudadano Otto Melvin Ramírez es hipertenso y asmático, patologías que lo vuelven vulnerable en caso de contagio por coronavirus, ya que se encuentra en estado de hacinamiento en el centro penal de El Progreso, departamento de Yoro.-3) Finalmente alega que la prisión preventiva se encuentra vencida.-CONSIDERANDO TRES (3): Diligencias efectuadas por la juez ejecutora en cumplimiento de la garantía constitucional de exhibición personal. La juez ejecutora Melgiam Elizabeth Morales Banegas, cumpliendo con el mandato de su cargo procedió a rendir el presente informe, del cual se destaca lo siguiente: “Que con el informe rendido, por la Sala [de lo] Penal de la Corte Suprema de Justicia se logra constatar que el señor OTTO MELVIN RAMÍREZ, según documentación anexa al presente informe ingresó al centro penitenciario de la ciudad de El Progreso departamento de Yoro el 31 de enero del dos mil dieciséis a la orden del Juzgado de Letras con competencia territorial nacional en materia penal, según consta en la copia del acta de declaración de imputado celebrada en esa misma fecha; y, a quien se le supone responsable del delito de tráfico ilícito de drogas, en perjuicio de la salud del Estado de Honduras posesión ilegal de armas y municiones comerciales, en perjuicio de la seguridad del Estado de Honduras y por el delito de adquisición de vehículo robado en perjuicio de persona desconocida. Que en fecha cuatro de febrero del año 2016, se celebró audiencia inicial en la que se decretó auto de formal procesamiento y la medida cautelar de prisión preventiva, por los delitos de tráfico ilícito de drogas, posesión ilegal de armas y municiones comerciales y adquisición de vehículo robado en perjuicio de la salud del Estado de Honduras, la seguridad del Estado de Honduras, en perjuicio de los señores DANNY HUMBERTO RAMOS y DOMINGO ALBERTO CRUZ. En fecha 9 de febrero del 2016 el abogado JORGE ALBERTO VELÁSQUEZ, interpuso recurso de apelación a favor del señor OTTO MELVIN RAMÍREZ, en el que la Corte de Apelaciones Penal del departamento de Francisco Morazán, mediante auto motivado de fecha 22 de abril del 2016 resolvió no ha lugar el recurso de apelación interpuesto y confirma la resolución apelada. Mediante sentencia de fecha 11 de mayo de 2018, emitida por la Sala segunda del tribunal de sentencia con competencia territorial nacional en materia penal, RESOLVIÓ: Absolver al señor OTTO MELVIN RAMÍREZ de generales anteriormente detalladas, como autor de un supuesto delito de posesión ilegal de arma y municiones comerciales, en perjuicio de la seguridad interior del Estado de Honduras. Absolver al señor OTTO MELVIN RAMÍREZ, de generales anteriormente detalladas como autor supuesto del delito de adquisición de vehículo robado, en perjuicio de DANY RAMOS GARAY. Condenar al señor OTTO MELVIN RAMÍREZ, como autor de un delito de consumo de drogas, en perjuicio de la salud de la población del Estado de Honduras, aplicándole como sanción una medida de internamiento de treinta días en un centro de rehabilitación que determine el juez de ejecución competente, además del pago de una multa de quinientos lempiras (L.500.00) que deberá entregar a la Tesorería General de la República. Condena al señor OTTO MELVIN RAMÍREZ, como autor penalmente responsable de un delito de adquisición de vehículo robado, en perjuicio de DOMINGO ALBERTO MORALES, a la pena principal de nueve (9) años de reclusión la cual deberá cumplir en el establecimiento penal que corresponda conforme a la ley, quedando sujeto a trabajar en obras públicas, asimismo se le condena a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil, por el tiempo que dure la pena principal. La juez ejecutora, que la denuncia como tal no reúne los elementos teleológicos para configurarse los supuestos contenidos en el artículo 13 de la Ley sobre Justicia Constitucional, siendo cierto que el Estado como garante de la dignidad de la persona humana y de su bienestar y salud en general, está obligado a proporcionar los medios adecuados de servicios de salud con el fin de proteger el derecho a la integridad personal de los privados de libertad, en relación a la condición jurídica del privado de libertad, OTTO MELVIN RAMÍREZ, se ha podido constatar a través de los diferentes informes rendidos que se encuentra legalmente recluido y que éste no ha sido objeto de tormentos, vejámenes, exacción ilegal, coacciones, restricciones o molestias innecesarias para su seguridad individual. Por todo lo anteriormente expuesto, la juez ejecutora en nombre del Estado de Honduras en aplicación de los artículos 123,1,6,17, 25, 26, 27 de la Ley sobre Justicia Constitucional, 85, 90 y 182 de la Constitución de la República y con las facultades que le otorga la ley es del criterio de DECLARAR NO HA LUGAR LA ACCIÓN DE EXHIBICIÓN PERSONAL, presentada a favor del señor OTTO MELVIN RAMÍREZ, a través de su apoderada, abogada OLGA MARINA CASTRO, puesto que los motivos objeto del presente recurso no fueron constatados por la juez ejecutora… CÚMPLASE.”-CONSIDERANDO CUATRO (4): Examen de la Sala de lo Constitucional de los hechos y el resultado de las actuaciones realizadas por el juez ejecutor, en relación con la garantía de exhibición personal de mérito. Este alto tribunal de justicia, al examinar las diligencias de mérito, destaca especialmente las siguientes:1. En fecha cinco de mayo de dos mil veinte el doctor Oscar Josué Lagos, rinde en su condición de médico del centro penal de El Progreso, Yoro un informe al teniente coronel DEM José Walter Doblado en su condición de director de dicho centro, señalando que el privado de libertad MELGIAM ELIZABETH MORALES BANEGAS de cuarenta seis años recibe tratamiento en la clínica del centro por la hipertensión arterial y el asma bronquial, habiéndosele recetado Nifedipina (20 mg), enalapril (20 mg) BID y furosemida (40 mg) por la noche. Señala además que cuando ha sido necesario se le han administrado nebulizaciones con salbutamol e inhaladores de salbutamol para mantenimiento. -2. En fecha veintiséis de junio de dos mil veinte la receptora adscrita a la Sala de lo Penal rindió informe donde consta inter alia que el ciudadano Otto Melvin Ramírez fue condenado el once de mayo de dos mil dieciocho por el Tribunal de sentencia con competencia territorial nacional en materia penal por los delitos de: a) consumo de drogas imponiéndosele una pena de medida de internamiento por treinta días en un centro de rehabilitación más una multa de quinientos lempiras; y, b) adquisición de vehículo robado por el cual se le impusieron nueve años de reclusión.-3. En fecha once de octubre de dos mil dieciocho el Ministerio Público interpuso el recurso de casación por quebrantamiento de forma, estando desde entonces pendiente de resolución por la Sala de lo Penal.-4. Por su parte, la juez ejecutora en su informe destaca que el ciudadano Otto Melvin Ramírez ingresó al centro penitenciario de la ciudad de El Progreso departamento de Yoro el treinta y uno de enero del dos mil dieciséis a la orden del Juzgado de Letras con competencia territorial nacional en materia penal, hasta la fecha. -En virtud de la información anterior, la Sala de lo Constitucional en principio, observa que los motivos de la presente garantía constitucional son tres: a) El derecho que tiene el ciudadano Otto Melvin Ramírez a solicitar el beneficio de la libertad provisional de acuerdo con los presupuestos que impone el nuevo Código Penal; b) el estado de salud del encartado, debido a que es hipertenso y asmático lo que supone un peligro para su vida estar recluido en tiempos de pandemia; y c) el vencimiento de la prisión preventiva.-De los tres motivos alegados, los dos primeros no son de recibo por las razones que se exponen a continuación.-Sobre la petición de libertad provisional, en principio no corresponde a la jurisdicción constitucional determinar la concurrencia de este beneficio, el cual se encuentra reservado a los jueces de ejecución de acuerdo a su competencia; por otro lado, en el presente caso aún no existe sentencia definitiva firme, estando pendiente de resolución el recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público, hecho que por sí mismo descarta la posibilidad de dar curso a una revisión que modifique la pena impuesta y por consiguiente la petición de libertad condicional.-Tampoco el motivo referido al estado de salud del ciudadano Otto Melvin Ramírez es de recibo, debido a que no existe razón para asegurar su inminente contagio o que se encuentre sin un control médico adecuado, tomando en consideración que consta en autos que el mencionado privado de libertad, se encuentra bajo la supervisión y medicación por parte del personal de salud del centro penitenciario. -Con relación al tercero y último motivo denunciado como causal para solicitar la inmediata excarcelación del ciudadano Otto Melvin Ramírez, este alto tribunal de justicia, se pronuncia sobre el vencimiento de la prisión preventiva, destacando los siguientes elementos: a) Existe una sentencia definitiva pendiente de firmeza debido a que la dictada por el respectivo tribunal de sentencia, se encuentra impugnada mediante el recurso de casación; b) el ciudadano Otto Melvin Ramírez ha estado privado de libertad desde el treinta y uno de enero del dos mil dieciséis, por lo que a la fecha se computa un tiempo de cuatro años con seis meses de estar con prisión preventiva; c) el artículo 188 del Código Procesal Penal faculta al juez que conoce de la causa a proceder incluso de oficio a revocar o sustituir la prisión preventiva por otras medidas cautelares, cuando entre otras razones haya transcurrido el plazo máximo de duración de dicha medida cautelar; d) De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 181 del Código Procesal Penal, una vez dictada la sentencia condenatoria, la prisión preventiva podrá prolongarse durante la tramitación y resolución del recurso que contra ella se interpuso, hasta la mitad de la pena impuesta en la sentencia recurrida.-Ahora bien, la legislación procesal en el mismo artículo citado, dispone que el tribunal en caso de sentencia definitiva bajo impugnación, cumpla con las siguientes reglas: (a) que lo solicite alguna de las partes; (b) sean oídas las demás partes; (c) decida mediante auto motivado; (d) no se contará dentro de dicho plazo, el tiempo que hayan durado las demoras producidas por gestiones de la defensa, que hayan sido declaradas sin lugar; (e) el imputado será puesto en libertad provisional si el plazo ha vencido y no ha llegado a su fin el proceso; (f) debe continuar el proceso y deberá sustituirse la prisión preventiva por otras medidas cautelares previstas en el artículo 173, hasta que la sentencia adquiera el carácter de firme; y (g) La Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público, velarán porque sean sancionados disciplinaria y si fuere del caso penalmente los funcionarios y empleados que hayan dado lugar al retraso por malicia, culpa o negligencia.-En el presente caso, se puede constatar que el ciudadano Otto Melvin Ramírez, ha estado privado de libertad más de la mitad de la pena impuesta; sin embargo, no consta en los antecedentes de la garantía de exhibición personal que la defensa haya solicitado el cambio de medidas.-Aun con todo lo anterior, la Sala de lo Constitucional mediante la sentencia EP-0376-2020 de fecha veinte de agosto de dos mil veinte, adoptó la decisión de declarar con lugar las exhibiciones personales que, en el marco de la pandemia de coronavirus, tengan como hecho relevante la particularidad de que haya transcurrido el tiempo máximo que dispone la ley para mantener la medida de prisión preventiva.-En dicha sentencia, la Sala en el considerando 4 dispuso: “De lo cual se colige a la fecha, de interposición de la presente garantía de hábeas corpus los referidos encausados han permanecido en prisión preventiva por DOS (2) AÑOS, SEIS (6) MESES, haciendo el cálculo al 19 de mayo del año 2020, sin que hasta el momento se haya concluido con la audiencia de juicio oral y público. Superando así el tiempo máximo de duración de la prisión preventiva fijada por la ley, …”-Seguidamente la Sala, en los considerandos 6 y 7 de la referida sentencia, señala que, debido a la pandemia, se han restringido los derechos constitucionales siguientes: Libertad personal, libre emisión del pensamiento, libertad de asociación, tiempo límite de detención o incomunicación de una persona, libre circulación, arresto conforme a mandato de autoridad competente, otorgamiento de caución, inviolabilidad del domicilio y de propiedad.-La Sala además, en los considerandos 8 y 9, transcribe el párrafo 24 de la opinión consultiva OC-8/87, el hábeas corpus bajo suspensión de garantías, de fecha 30 de enero de 1987; y los párrafos 28 al 30 de la opinión consultiva OC-9/87, garantías judiciales en estados de emergencia (arts. 27.2, 25 y 8 de la Convención americana sobre derechos humanos), de fecha 6 de octubre de 1987. Además, la Sala destaca unas partes de estos párrafos subrayándolas, así: “24. La suspensión de garantías constituye también una situación excepcional, según la cual resulta lícito para el gobierno aplicar determinadas medidas restrictivas a los derechos y libertades que, en condiciones normales, están prohibidas o sometidas a requisitos más rigurosos. Esto no significa, sin embargo, que la suspensión de garantías comporte la suspensión temporal del Estado de Derecho o que autorice a los gobernantes a apartar su conducta de la legalidad a la que en todo momento deben ceñirse. Estando suspendidas las garantías, algunos de los límites legales de la actuación del poder público pueden ser distintos de los vigentes en condiciones normales, pero no deben considerarse inexistentes ni cabe, en consecuencia, entender que el gobierno esté investido de poderes absolutos más allá de las condiciones en que tal legalidad excepcional está autorizada. Como ya lo ha señalado la Corte en otra oportunidad, el principio de legalidad, las instituciones democráticas y el Estado de Derecho son inseparables (cf. La expresión " leyes " en el artículo 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Opinión Consultiva OC-6/86 del 9 de mayo de 1986. Serie A No. 6, párr. 32).-“28. Este artículo 8 reconoce el llamado "debido proceso legal", que abarca las condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquéllos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial. Esta conclusión se confirma con el sentido que el artículo 46.2.a) da a esa misma expresión, al establecer que el deber de interponer y agotar los recursos de jurisdicción interna, no es aplicable cuando no exista en la legislación interna del Estado de que se trata el debido proceso legal para la protección del derecho o derechos que se alega han sido violados. 29. El concepto de debido proceso legal recogido por el artículo 8 de la Convención debe entenderse como aplicable, en lo esencial, a todas las garantías judiciales referidas en la Convención Americana, aun bajo el régimen de suspensión regulado por el artículo 27 de la misma. 30. Relacionado el artículo 8 con los artículos 7.6, 25 y 27.2 de la Convención, se concluye que los principios del debido proceso legal no pueden suspenderse con motivo de las situaciones de excepción en cuanto constituyen condiciones necesarias para que los instrumentos procesales, regulados por la Convención, puedan considerarse como garantías judiciales. Esta conclusión es aún más evidente respecto del hábeas corpus y del amparo, a los que la Corte se referirá en seguida y que tienen el carácter de indispensables para tutelar los derechos humanos que no pueden ser objeto de suspensión.”-Concretando ya la decisión, la Sala en el considerando 10 señala que, la prolongación de la prisión preventiva en las circunstancias antes mencionadas, constituye una restricción indebida del derecho a la libertad personal y al debido proceso, sometiendo a los procesados a un período de prisión preventiva excesivo, y por tanto a una pena anticipada, violatoria además del artículo 8 No. 1 de la Convención americana de derechos humanos, la cual garantiza el derecho de toda persona a ser oída con las debidas garantías y en plazo razonable en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella.-Seguidamente, la Sala estableció que no concurren ninguno de los presupuestos del artículo 13 de la Ley sobre justicia constitucional, pero decidió aplicar en el considerando 15 lo que dispone el artículo 15[1] de la misma normativa legal, el cual indica que se resolverá sobre otras situaciones relacionadas con la libertad personal en cualquiera de sus formas. -Siendo así que, al constatar el motivo que produjo la sentencia citada, o sea, al constatar que la prisión preventiva había excedido el plazo legal máximo establecido por el artículo 181 del Código Procesal Penal, la Sala resolvió declarar CON LUGAR la garantía de exhibición personal, y en aplicación del segundo párrafo del artículo 39 de la Ley sobre justicia constitucional[2], decretó y ordenó al Tribunal de sentencia con jurisdicción nacional en materia penal, la inmediata libertad de los ciudadanos agraviados, con la consecuente orden de imponerles a estos las medidas cautelares que fueren de necesidad para asegurar la eficacia del procedimiento y la presencia de estos en el proceso.-Volviendo al caso que nos ocupa, la Sala de lo Constitucional encuentra que existe una similitud con el caso citado, en virtud de que en ambos, ha transcurrido totalmente el tiempo máximo que dispone la ley para mantener a una persona bajo prisión preventiva. De igual manera, en ambos casos es coincidente que esto ocurre en tiempo de pandemia, donde existe la necesidad de que el Estado cuide de la población en formas extraordinarias, especialmente a la gente privada de libertad que se encuentra bajo su custodia directa. -En virtud de lo cual, no habiendo disposición legal que autorice continuar manteniendo en prisión preventiva al ciudadano Otto Melvin Ramírez es procedente declarar con lugar la garantía de exhibición personal de mérito y se ordene a la Sala de lo Penal que de conformidad a lo que preceptúa el primer párrafo del artículo 372 del Código Procesal Penal, que literalmente establece: “Deberes de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia. Durante el trámite del recurso, corresponderá a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, la aplicación de las reglas relativas a la prisión preventiva y a las medidas sustitutivas de la misma.” PARTE DISPOSITIVA O FALLO.- POR TANTO: La Sala Constitucional en nombre de la Corte Suprema de Justicia e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, POR UNANIMIDAD de votos, y en aplicación de los artículos: 1, 59, 64, 69, 182, 303, 304, 313 atribución 5ta., 316 numeral 1 y 321 de la Constitución de la República; 1, 2, 4, 5, 7 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 12 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 No. 1, 13 No. 1, 14, 17, 19, 27, 28, 31, 35, 37, 38 y 39 de la Ley sobre Justicia Constitucional; FALLA: 1. Declarando CON LUGAR la garantía de exhibición personal o habeas corpus, interpuesto por la abogada OLGA MARINA CASTRO a favor del señor OTTO MELVIN RAMÍREZ, contra actuaciones de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia. 2. En consecuencia, se ordena: La inmediata libertad del señor OTTO MELVIN RAMÍREZ, sustituyendo la medida cautelar de prisión preventiva con otras contenidas en el artículo 173 del Código Procesal Penal. 3. Y MANDA: Que una vez notificado el presente fallo a la peticionaria, la secretaría de este alto tribunal de justicia proceda al archivo de las presentes diligencias, sin trámites ulteriores. Redactó el Magistrado EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. NOTIFÍQUESE.-Firmas y Sello. Abogado JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los nueve (9) días del mes de Octubre del año dos mil veinte (2020), Certificación de la Sentencia de fecha veintitrés (23) de septiembre del año dos mil veinte (2020) recaída en el Recurso de Exhibición Personal, registrado en este Tribunal bajo el número 0694-2020.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1] Vid. “DE LA RESOLUCIÓN DE OTRAS VIOLACIONES A LA LIBERTAD. Cuando en la exhibición personal se aleguen otras violaciones que guarden relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas y los hechos fueren conexos con el acto tenido como legítimo por constituir su causa o su finalidad, se resolverá también sobre estas violaciones.”

[2]

Vid. “DEL EFECTO LAS RESOLUCIONES PROCEDENTES. Si del estudio de los antecedentes a que se refieren los artículos precedentes, resulta que la detención, restricción o amenaza es ilegal, el ejecutor decretará la orden de libertad del agraviado o la cesación de las restricciones, vejámenes, tratos crueles, inhumanos o degradantes, amenazas, apremios ilegales o de cualquier otra coacción, restricción o molestia innecesaria para la seguridad individual o para el orden de la prisión, y pondrá esos hechos en conocimiento del Ministerio Público con el objeto de que se ejerza la acción penal correspondiente. Igual obligación tendrá el juez o magistrado que conozca de la acción una vez dictada la sentencia que declare con lugar la misma. Las resoluciones anteriores tendrán el carácter de sentencias definitivas, una vez revisadas en su caso por la Sala de lo Constitucional.”