Sentencia EP-680-20 — Registro 11377
Resumen
con relación a la detención ilegal, en la causa instruida contra imputado por suponerlo responsable de los delitos de Siembra Ilegal de Plantas Estupefacientes, en perjuicio del Estado de Honduras, según recurrente, se restringió de forma indebida libertad de éste, al mantenerlo en prisión preventiva teniendo la edad de setenta años, aún y cuando la ley prohíbe expresamente la imposición de esta medida
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."(9): Que esta Sala ha sostenido que la revisión, revocación e imposición de medidas cautelares en el proceso penal es una potestad propia de la jurisdicción penal, por ende, en el trámite de la exhibición personal los jueces ejecutores designados no ostentan—en principio—esta potestad en forma taxativa, por lo que se ha dispuesto en el pasado que lo pertinente es que, cuando el caso lo amerite, el ejecutor debe ordenar a la autoridad judicial denunciada responsable de la actuación indebida que proceda a imponer las medidas bajo las formalidades exigidas en el proceso, cuando sea legalmente exigible y bajo las condiciones y circunstancias previstas por la ley. En este caso, se ha observado que la juez ejecutora designada ha advertido acertadamente que la autoridad denunciada en este caso, el Juzgado de Letras Seccional de Yoro, no ha señalado fecha y hora para la celebración de una audiencia de revisión de medidas, siendo su deber legal hacerlo, sobre todo atendiendo al hecho que se ha evocado que la edad del imputado sobrepasa los setenta años de edad, situación que claramente se enmarca dentro de la prohibición establecida en el artículo 183 numeral 1) del Código Procesal Penal, de tal suerte que la juez ejecutora no ha hecho más que cumplir con el mandato impuesto por la ley, actuando en el uso de sus atribuciones, pues es la propia ley procesal la que dispone que en el caso de existir prohibición para mantener la prisión preventiva, ésta debe ser sustituida. Esta Sala no comparte algunas consideraciones y afirmaciones del Tribunal de Alzada, pues no ha existido ningún pronunciamiento sobre el fondo de parte de la juez ejecutora, sino que ésta ha instado y exhortado correctamente a la autoridad jurisdiccional denunciada por no proceder conforme lo manda la ley, y esto no puede ser objeto de reprimendas puesto que la referida funcionaria ha actuado en resguardo de la garantía del debido proceso, asegurando así la vigencia de los principios rectores del proceso y de los derechos fundamentales que asisten al agraviado en este caso. Cierto es que se advierten errores de forma en la resolución de la juez ejecutora, pero los mismos no resultan insubsanables, y lo esencial en este caso es que la audiencia de revisión de medidas sea llevada a cabo sin dilaciones, tal y como lo exige la ley procesal penal y nuestro texto constitucional, por lo que, sin perjuicio del criterio reiterado de esta Sala, se considera que en este caso en particular y atendiendo a las circunstancias del mismo, la decisión de la juez ejecutora de ordenar la urgente celebración de una audiencia de revisión de la medida de prisión preventiva resultaba oportuna en amparo de los derechos del agraviado, sin perjuicio obviamente de lo que resulte de la posterior sustanciación del proceso penal iniciado en su contra.- CONSIDERANDO (10): Que de todo lo actuado, si bien esta Sala asiente que en el presente caso no se han acreditado los supuestos que la ley exige para que se declare ha lugar la presente acción constitucional de habeas corpus, puesto que no se ha tenido a la vista documentación que acredite la edad del señor ANTONIO GARCÍA, no se puede dejar de lado el hecho que la autoridad denunciada debe verificar tales extremos y señalar sin dilaciones la audiencia de revisión que ha sido solicitada por su defensa, razón por la que procede APROBAR lo ordenado por la Juez Ejecutora designada en este caso, únicamente en lo referente a que el Juez de Letras Seccional de Yoro proceda de inmediato al señalamiento de fecha y hora para la celebración de la audiencia de revisión de la medida de prisión preventiva que ha sido impuesta al señor ANTONIO GARCÍA, y en tal virtud resulta procedente, a criterio de esta Sala de lo Constitucional, REFORMAR la sentencia venida en revisión en este único sentido"
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 38 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintitrés de septiembre de dos mil veinte.- VISTAS: En revisión las diligencias que contienen la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES PENAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, en fecha cinco de mayo de dos mil veinte, que declaró NO HA LUGAR el Recurso de Exhibición Personal interpuesto por el abogado NAÍN JOSÉ PAZ SERRANO, a favor del señor ANTONIO GARCÍA, contra actuaciones del JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE YORO, DEPARTAMENTO DE YORO; con relación a la detención ilegal de su representado, en la causa instruida contra el referido señor ANTONIO GARCÍA, por suponerlo responsable de los delitos de SIEMBRA ILEGAL DE PLANTAS ESTUPEFACIENTES, en perjuicio del ESTADO DE HONDURAS.- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha trece de diciembre de dos mil diecinueve (2019), compareció ante la Corte de Apelaciones de lo Penal de San Pedro Sula, el abogado NAÍN JOSÉ PAZ SERRANO, interponiendo Recurso de Exhibición Personal a favor del señor ANTONIO GARCÍA, contra actuaciones del JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE YORO, DEPARTAMENTO DE YORO, manifestando el peticionario que su representado, el señor ANTONIO GARCÍA es una persona mayor de setenta años, habiéndosele impuesto la medida cautelar de prisión preventiva, no obstante existir prohibición expresa en la ley que a las personas mayores de setenta años, no les debe ser impuesta dicha medida. (Folios 1–2 del antecedente) 2) Que, en la misma fecha, el citado Juzgado, nombró Juez Ejecutora a la abogada BRENDA LIZETH FLORES, a efecto de que rindiera un informe sobre los extremos consignados en el presente recurso. (Folio 4 del antecedente) 3) Que en fecha cinco de marzo de dos mil veinte, la Juez Ejecutora, en el ejercicio de las responsabilidades inherentes a su cargo, rindió el informe correspondiente, consignando entre otros extremos, lo siguiente: A) Que en fecha catorce (14) de diciembre de dos mil diecinueve (2019), recibió el informe solicitado al Juzgado de Letras Seccional de Yoro, en donde pudo constatar que en fecha 12 de diciembre de 20919 se celebró audiencia de revisión de medidas en donde el juez resolvió que la defensa del señor ANTONIO GARCÍA no logró demostrar ningún tipo de arraigo, y tampoco rindió caución alguna a favor del imputado, por lo que declaró sin lugar la solicitud de revisión de medidas; B) En fecha 20 de marzo de 2020 se señaló nueva audiencia de revisión de medidas, la que no se ha llevado a cabo, al no haber sido señalada fecha para la celebración de la misma; C) La juez ejecutora se hizo presente a las instalaciones del Centro Penal de Yoro, para entrevistarse con el señor ANTONIO GARCÍA, quien le manifestó que se sentía bien, consideraba injusta su detención, que había recibido buen trato en el recinto penal y que se le estaba proporcionando medicamento para su presión; D) La funcionaria designada señaló que había constatado que la edad del agraviado era de setenta años, estimando que por tal motivo se encontraba detenido de manera ilegal y que por ende ameritaba que se revisara la medida cautelar de prisión preventiva; D) En vista de todo lo expuesto anteriormente, la Juez Ejecutora Resolvió: (SIC) “HA LUGAR EL HABEAS CORPUS O EXHIBICIÓN PERSONAL a favor del señor ANTONIO GARCÍA, ya que según las investigaciones realizadas por la suscrita en la cual se constató la edad del procesado y que el mismo cuenta con la edad de setenta años y sigue recluido en el Centro Penal de esta ciudad; SEGUNDO: Se le ordena al Juzgado de Letras de a ciudad de Yoro proceda a señalar fecha y hora para la celebración de la audiencia de revisión de medidas de manera urgente, en virtud de haberse constatado con el estudio de las diligencias del expediente de mérito que existe por parte de la defensa privada una solicitud de revisión de medidas de fecha 5 de marzo de 2020….”. (Folios 8-18 del antecedente).- 4) Que, en fecha 5 de mayo de 2020, la referida Corte de Apelaciones, dictó sentencia mediante la que falló: “…DECLARAR SIN LUGAR EL RECURSO DE EXHIBICIÓN PERSONAL, interpuesto por la Abogada NAIN JOSÉ PAZ SERRANO a favor del señor ANTONIO GARCÍA, en contra de actuaciones del Juzgado de Letras Seccional de Yoro, Yoro…”. (Folios 24–29 del antecedente).- 5) Que en fecha veinte de agosto de dos mil veinte, esta Sala recibió para su revisión el expediente que contiene el Recurso de Exhibición Personal de mérito, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 39 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. (Folio 1 del presente Recurso).- CONSIDERANDO (1): Que de conformidad con lo establecido en el artículo 182 de la Constitución de la República: “El Estado reconoce la garantía de Hábeas Corpus o de Exhibición Personal. En consecuencia, toda persona agraviada o cualquier otra en nombre de ésta tiene derecho a promoverla: 1º Cuando se encuentre ilegalmente presa, detenida o cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad individual; y 2º. Cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción o molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión”.- CONSIDERANDO (2): Que se revisa la ya citada sentencia pronunciada por la CORTE DE APELACIONES PENAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, de fecha cinco de mayo de dos mil veinte, que declaró SIN LUGAR el recurso de exhibición personal de que se ha hecho mérito, mismo que fuera presentado a favor del señor ANTONIO GARCÍA contra actuaciones del JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE YORO, DEPARTAMENTO DE YORO, el cual, según fue afirmado en el recurso de mérito por el recurrente, restringió de forma indebida la libertad del mencionado ciudadano, al mantenerlo en prisión preventiva teniendo la edad de setenta años, aún y cuando la ley prohíbe expresamente la imposición de esta medida de prisión preventiva a los mayores de setenta años.- CONSIDERANDO (3): Que como ya lo ha pronunciado esta Sala en forma reiterada, el Habeas Corpus ha sido establecido con el fin de resguardar la libertad personal frente a la arbitrariedad y establecer remedios eficaces y rápidos para eventuales supuestos de detenciones de la persona, no justificados legalmente o que transcurran en condiciones ilegales. El Habeas Corpus se configura como una comparecencia del detenido ante el Juez, comparecencia de la que proviene etimológicamente la expresión que da nombre al procedimiento[1] y que permite al ciudadano, privado de libertad, exponer sus alegaciones contra las causas de la detención y las condiciones de la misma[2], con el fin que el órgano jurisdiccional que la conoce se pronuncie sobre la conformidad a derecho de la detención.- CONSIDERANDO (4): Que de acuerdo con la motivación de la sentencia que se revisa, se estableció por parte de la referida Alzada, la desestimación de la garantía de habeas corpus, estableciendo que es a la jurisdicción ordinaria a la que corresponde determinar lo pertinente en torno a la revisión de medidas cautelares, censurando las decisiones tomadas por la juez ejecutora designada.- . CONSIDERANDO (5): Que el recurso de Exhibición Personal o Habeas Corpus, procede contra aquellos actos de la autoridad en los que se vea vulnerado el derecho a la libertad individual o personal de los ciudadanos al inobservar las normas legales y constitucionales, y también, contra los actos de la autoridad que atenten contra la integridad física, síquica y moral de los detenidos.- CONSIDERANDO (6): Que en lo referente a la procedencia de la acción de habeas corpus, el artículo 38 de la Ley Sobre Justicia Constitucional dispone que se declarará con lugar la exhibición personal, cuando se constate la violación de alguno (s) de los supuestos establecidos en los Artículos 13 y 24 de esta Ley. En caso contrario se declarará sin lugar.- CONSIDERANDO (7): Que de conformidad con lo establecido por el Artículo 13 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, el Estado reconoce la garantía de Hábeas Corpus o Exhibición Personal en los siguientes casos: a) Cuando se encuentre ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad; y, b) Cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacciones ilegales y toda coacción, restricción o molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión.- CONSIDERANDO (8): Que según dispone el artículo 24 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es ilegal y arbitraria: 1) Toda orden verbal de prisión o arresto, salvo si tiene como finalidad impedir la inminente comisión de un delito, la fuga de quienes hayan participado en aquél o evitar daños graves a las personas o a la propiedad; 2) Toda orden de prisión o arresto que no emane de autoridad competente o que haya sido expedida sin las formalidades legales o por motivos que no hayan sido previamente establecidos en la ley; y, 3) Toda detención o arresto que no se cumpla en los centros destinados para el efecto por el Estado.- CONSIDERANDO (9): Que esta Sala ha sostenido que la revisión, revocación e imposición de medidas cautelares en el proceso penal es una potestad propia de la jurisdicción penal, por ende, en el trámite de la exhibición personal los jueces ejecutores designados no ostentan—en principio—esta potestad en forma taxativa, por lo que se ha dispuesto en el pasado que lo pertinente es que, cuando el caso lo amerite, el ejecutor debe ordenar a la autoridad judicial denunciada responsable de la actuación indebida que proceda a imponer las medidas bajo las formalidades exigidas en el proceso, cuando sea legalmente exigible y bajo las condiciones y circunstancias previstas por la ley. En este caso, se ha observado que la juez ejecutora designada ha advertido acertadamente que la autoridad denunciada en este caso, el Juzgado de Letras Seccional de Yoro, no ha señalado fecha y hora para la celebración de una audiencia de revisión de medidas, siendo su deber legal hacerlo, sobre todo atendiendo al hecho que se ha evocado que la edad del imputado sobrepasa los setenta años de edad, situación que claramente se enmarca dentro de la prohibición establecida en el artículo 183 numeral 1) del Código Procesal Penal, de tal suerte que la juez ejecutora no ha hecho más que cumplir con el mandato impuesto por la ley, actuando en el uso de sus atribuciones, pues es la propia ley procesal la que dispone que en el caso de existir prohibición para mantener la prisión preventiva, ésta debe ser sustituida. Esta Sala no comparte algunas consideraciones y afirmaciones del Tribunal de Alzada, pues no ha existido ningún pronunciamiento sobre el fondo de parte de la juez ejecutora, sino que ésta ha instado y exhortado correctamente a la autoridad jurisdiccional denunciada por no proceder conforme lo manda la ley, y esto no puede ser objeto de reprimendas puesto que la referida funcionaria ha actuado en resguardo de la garantía del debido proceso, asegurando así la vigencia de los principios rectores del proceso y de los derechos fundamentales que asisten al agraviado en este caso. Cierto es que se advierten errores de forma en la resolución de la juez ejecutora, pero los mismos no resultan insubsanables, y lo esencial en este caso es que la audiencia de revisión de medidas sea llevada a cabo sin dilaciones, tal y como lo exige la ley procesal penal y nuestro texto constitucional, por lo que, sin perjuicio del criterio reiterado de esta Sala, se considera que en este caso en particular y atendiendo a las circunstancias del mismo, la decisión de la juez ejecutora de ordenar la urgente celebración de una audiencia de revisión de la medida de prisión preventiva resultaba oportuna en amparo de los derechos del agraviado, sin perjuicio obviamente de lo que resulte de la posterior sustanciación del proceso penal iniciado en su contra.- CONSIDERANDO (10): Que de todo lo actuado, si bien esta Sala asiente que en el presente caso no se han acreditado los supuestos que la ley exige para que se declare ha lugar la presente acción constitucional de habeas corpus, puesto que no se ha tenido a la vista documentación que acredite la edad del señor ANTONIO GARCÍA, no se puede dejar de lado el hecho que la autoridad denunciada debe verificar tales extremos y señalar sin dilaciones la audiencia de revisión que ha sido solicitada por su defensa, razón por la que procede APROBAR lo ordenado por la Juez Ejecutora designada en este caso, únicamente en lo referente a que el Juez de Letras Seccional de Yoro proceda de inmediato al señalamiento de fecha y hora para la celebración de la audiencia de revisión de la medida de prisión preventiva que ha sido impuesta al señor ANTONIO GARCÍA, y en tal virtud resulta procedente, a criterio de esta Sala de lo Constitucional, REFORMAR la sentencia venida en revisión en este único sentido.- POR TANTO: La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, POR UNANIMIDAD de votos, y en aplicación de los artículos: 1, 64, 69, 182, 303, 304, 313 atribución 5ta., 316 numeral 1 Y 321 de la Constitución de la República; 1, 2, 5 y 7 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 12 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 No.1, 13 No.1, 14, 17, 19, 31, 37 y 38 de la Ley sobre Justicia Constitucional; FALLA: PRIMERO: CONFIRMANDO la sentencia venida en revisión, dictada por la CORTE DE APELACIONES PENAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, en cuanto a la improcedencia del recurso de habeas corpus de que se ha hecho mérito; SEGUNDO: REFORMANDO la referida sentencia en lo referente a que debe aprobarse lo decidido por la Juez Ejecutora en torno a que el Juez de Letras Seccional de Yoro proceda de inmediato al señalamiento de día y hora para la celebración de la audiencia de revisión de la medida de prisión preventiva que ha sido impuesta al señor ANTONIO GARCÍA, de manera urgente, al haber sido la misma solicitada desde el 5 de marzo de 2020 y manifestarse que la edad de dicho señor sobrepasa los setenta años; Y MANDA: Que con certificación de esta sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, para los efectos legales consiguientes, debiendo a su vez remitirse certificación de este fallo a la abogada BRENDA LIZETTE FLORES TORRES, Defensora Pública de Yoro, de ese mismo Departamento. Redactó el Magistrado EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los doce (12) días del mes de octubre del año dos mil veinte (2020), certificación de la Sentencia de fecha veintitrés (23) de septiembre del año dos mil veinte (2020), recaída en el Recurso de Exhibición Personal Venido en Revisión, registrado en este Tribunal bajo el número 0680-2020.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1] Etimológicamente habeas corpus significa tener el cuerpo o presentar el cuerpo
[2] Amparo, Habeas Corpus y Habeas Data. Rubén Flores Dapkevicius