Sentencia EP-675-20 — Registro 11375
Resumen
Resolución en revisión que deniega acción de Exhibición Personal en relación a denegatoria de garantía hipotecaria, ofrecida por imputados por el delito de Robo Agravado
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."(6): Que examinadas las actuaciones de investigación realizadas por la Juez Ejecutora que son la fuente para la emisión del fallo emitido por la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, Cortes y venido en revisión, se observa que las autoridades denunciadas en ningún momento han vulnerado los derechos y garantías de los encausados, tanto en el centro de reclusión como en el proceso que se les sigue por suponerlos responsables del delito de robo agravado en perjuicio de Asevit protección, se desprende de lo actuado que se les ha respetado el debido proceso penal y las actuaciones están enmarcadas dentro de ley, que mediante el Recurso de Habeas Corpus los derechos protegidos son la libertad personal y la integridad y seguridad personal, en el presente caso, a los encausados se le sigue proceso y su detención emana de autoridad competente, se les ha respetado el debido proceso por tanto la defensa tal como lo establece la instancia ordinaria deberá agotar el procedimiento administrativo que garantice a favor del Estado de Honduras la inscripción ante el Instituto de la Propiedad de los inmuebles dados en garantía hipotecaria para darle cumplimiento al fallo emitido por la Corte de apelaciones y proceder al cambio de medidas de conformidad con la ley, circunstancia que no procede conocerse bajo una acción de habeas corpus, sino que deben tramitarse ante la autoridad que conoce de la causa, pero no por esta Alzada tal como lo estipula el artículo 13 de la Ley Sobe Justicia Constitucional, la finalidad es de revisar aspectos propios de la libertad de las personas cuando la misma ha sido conculcada en los términos citados en la norma legal.- CONSIDERANDO (7): Que esta Sala estima, que el fallo emitido por la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, Cortes se encuentra apegado a derecho, la privación de libertad de los encausados no es ilegal, emana de autoridad competente y se encuentran cumpliendo con una medida cautelar, la que está pendiente de ser sustituida por una menos gravosa ordenada mediante fallo emitido por la Corte de Apelaciones, contenidas en el artículo 173 numerales 6, 7 y 10 del Código Procesal Penal; en cuanto a la adopción de lo que dispone la medida cautelar número 10 dispone “La constitución a favor del Estado por el propio imputado o por otra persona, de cualquiera de las garantías siguientes; deposito de dinero o valores, hipoteca, prenda o fianza personal”, y siendo que la defensa ofreció como garantía una hipoteca consistente en dos inmuebles constituyendo la misma a través de una escritura Apud-Acta a favor del Estado de Honduras, la que fue denegada su inscripción mediante auto provisional por el Registro de la Propiedad de El Progreso, Yoro, al existir en los predios un derecho de usufructo a favor de persona distinta a la otra, es decir, la que ofrece dicha garantía y que únicamente tiene la nuda propiedad de los inmuebles, la juez evitando un fraude de ley al no estar inscrita debidamente la garantía ofrecida a favor del Estado de Honduras, mediante auto motivado expresa que no estando ese afianzamiento debidamente registrado, no podrá librar el oficio de excarcelación, por tanto la defensa deberá agilizar el trámite administrativo con los parámetros legales que indica el Instituto de la Propiedad, para dar cumplimiento a lo ordenado por la Honorable Corte de Apelaciones, o mejor dicho, al cambio de medidas como lo ha ordenado, actuación que esta Sala estima totalmente apegada a derecho tomando en cuenta que a los imputados se les sigue proceso por suponerlos responsables del delito de Robo Agravado en perjuicio de Asevit Protección.- CONSIDERANDO (8): Que el artículo 321 de la Constitución de la República literalmente expresa “ Los servidores del Estado no tiene más facultades que las que expresamente les confiere la ley: Todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad”, de lo que resulta que a los privados de libertad no les comprenden los presupuestos del articulo 13 y 24 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, su condición jurídica es de procesados, se le sigue causa penal con todas las garantías como se aprecia de autos, evidentemente no se les han vulnerado sus garantías individuales procede darle celeridad al procedimiento en el que la defensa debe cumplimentar lo requerido, por ser de ley para que se proceda a ejecutar lo dispuesto en el fallo que ordena el cambio de medidas, por tanto se comparte la decisión adoptada por la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, Cortes.- CONSIDERANDO(9):Que el artículo 69 de la Constitución de la República establece que la libertad personal es inviolable y solo con arreglo a las leyes podrá ser restringida o suspendida temporalmente, se deduce entonces, que la libertad individual es la regla general y que solo por excepción a través de autoridad competente podrá ser restringida, en el presente caso a los privados de libertad se les sigue proceso de conformidad con la ley penal, por suponerlo responsable de hechos constitutivos de delito como ha quedado constatado, por tanto el fallo venido en revisión ha cumplido con todos los requisitos, formalidades y exigencias que ordena la ley para garantizar la efectividad del derecho material, procede entonces, CONFIRMAR el fallo emitido, que declara SIN LUGAR el Recurso de Exhibición Personal presentado"
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 39 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintitrés de septiembre de dos mil veinte.- VISTA: En Revisión las diligencias que contienen la Sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, en fecha veinte (20) de abril de dos mil veinte (2020), que declaró SIN LUGAR el Recurso de Exhibición Personal interpuesto por la abogada OLGA MARINA CASTRO, a favor del los señores VICTOR SANTIAGO NUÑEZ Y ORLEN ANTONIO SOLIS PUERTO, contra actuaciones del JUZGADO DE LETRAS PENAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS; manifestando la peticionaria, que sus representados se encuentran en una situación de detención ilegal, todo con relación a la causa instruida contra los señores VICTOR SANTIAGO NUÑEZ Y ORLEN ANTONIO SOLIS PUERTO, por suponerlos responsables del delito de ROBO AGRAVADO, en perjuicio de la sociedad mercantil ASEVIT PROTECCIÓN. Situación que, a criterio de la peticionaria, violenta en perjuicio de sus representados, los derechos contenidos en los artículos 59, 69, 80, 82, 90 y 321 de la Constitución de la República, y; 7.3 y 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos.- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha dieciocho (18) de junio de dos mil diecinueve (2019), compareció ante la Corte de Apelaciones de lo Penal de San Pedro Sula, departamento de Cortés, la abogada OLGA MARINA CASTRO, interponiendo Recurso de Exhibición Personal a favor de los señores VICTOR SANTIAGO NUÑEZ Y ORLEN ANTONIO SOLIS PUERTO, contra actuaciones del JUZGADO DE LETRAS PENAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS. Manifestando la peticionaria que por un error personal, no consigno que la causante ARGELIA ONDINA GUTIÉRREZ, es la propietaria y su hermana ADILIA ZUNIGA GUTIÉRREZ, es usufructuaria del inmueble ofrecido como caución, razón por la cual se dio la negativa provisional de dicho registro. Al presentar la corrección, la Juez le ha decomisado el documento a corregir y el corregido que se encontraba pendiente de firmar, y le dijo que iba a negar la medida cautelar sin ningún fundamento legal, trayendo como consecuencia el prolongamiento de la privación de libertad de sus representados; todo con relación a la causa instruida contra los señores VICTOR SANTIAGO NUÑEZ Y ORLEN ANTONIO SOLIS PUERTO, por suponerlos responsables del delito de ROBO AGRAVADO, en perjuicio de la sociedad mercantil ASEVIT PROTECCIÓN. Situación que, a criterio de la peticionaria, violenta en perjuicio de sus representados, los derechos contenidos en los artículos 59, 69, 80, 82, 90 y 321 de la Constitución de la República, y; 7.3 y 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. (Folios 1-4v del antecedente)- 2) Que en la misma fecha, la citada Corte de Apelaciones admitió el presente recurso y, en consecuencia, nombró como Juez Ejecutora a la abogada KAREN GRISEL HERNÁNDEZ MOLINA, Defensora Pública de la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés, a efecto de que rindiera un informe sobre los extremos consignados en el presente recurso. (Folios 6 y 6v del antecedente)- 3) Que en fecha trece (13) de marzo de dos mil veinte (2020), la Juez Ejecutora compareció ante la mencionada Corte de Apelaciones, y en el ejercicio de las responsabilidades inherentes a su cargo, rindió el informe correspondiente, consignando entre otros extremos, lo siguiente: A) Que en fecha diecinueve (19) de junio de dos mil diecinueve (2019), se constituyo en las instalaciones del Juzgado de Letras Penal de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en donde tuvo la oportunidad de examinar el expediente contentivo de la causa instruida contra los señores VICTOR SANTIAGO NUÑEZ Y ORLEN ANTONIO SOLIS PUERTO, en donde pudo constatar: que a los señores VICTOR SANTIAGO NUÑEZ Y ORLEN ANTONIO SOLIS PUERTO, se les sigue un proceso penal por suponerlos responsables del delito de ROBO AGRAVADO, en perjuicio de la sociedad mercantil ASEVIT PROTECCION; que en fecha trece (13) de junio de dos mil diecinueve (2019), recibieron certificación de la Corte de Apelaciones de lo Penal de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en donde ordenan la sustitución de la medida cautelar de prisión preventiva, por las establecidas en los numerales 6, 7 y 10 del Código Procesal Penal; que en fecha catorce (14) junio se da cumplimiento a lo dispuesto por la Corte de Apelaciones, sin embargo, estas no pudieron realizarse, pues el Instituto de la Propiedad denegó la misma, en virtud de que la propiedad pertenece a la señora ARGELIA ONDINA GUTIÉRREZ, impidiendo que la juez pueda cambiar la medida cautelar de prisión preventiva, por una menos gravosa; B) Que en fecha veintiuno (21) de junio de dos mil diecinueve (2019), se personó en las instalaciones de la Penitenciaria Nacional de Támara, departamento de Francisco Morazán, para entrevistar a los señores VICTOR SANTIAGO NUÑEZ Y ORLEN ANTONIO SOLIS PUERTO, quienes le manifestaron lo siguiente: que durante su permanencia en dicho centro penitenciario, se les ha tratado con respeto y no han sido objeto de tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal, coacciones, restricciones o molestias innecesarias a su seguridad individual; C) En vista de todo lo expuesto anteriormente, la Juez Ejecutora Resolvió: (SIC) “UNICO: DECLARAR NO HA LUGAR, el Recurso de Exhibición Personal o Habeas Corpus, interpuesto por la Abogada Olga Marina Castro a favor de los ciudadanos VICTOR SANTIAGO NUÑEZ ZUNIGA y ORLEN ANTONIO SOLIS PUERTO, en virtud de que a la fecha no se les han violentado derechos y garantías constitucionales derivadas de las actuaciones emanadas del Juzgado de letras de lo Penal.” (Folios 17-56 del antecedente)- 4) Que en fecha veinte (20) de abril de dos mil veinte (2020), el referida Corte de Apelaciones, dictó sentencia, mediante al cual Falló: (SIC) “PRIMERO: DECLARAR SIN LUGAR LA ACCIÓN DE HABEAS CORPUS O EXHIBICIÓN PERSONAL promovida por la Abogada OLGA MARINA CASTRO, a favor de los señores VICTOR SANTIAGO NUÑEZ y ORLEN ANTONIO SOLIS PUERTO, contra actuaciones de la PENITENCIARIA NACIONAL MARCO AURELIO SOTO, TAMARA FRANCISCO MORAZAN y la Abogada MELINDA CASTILLO, JUEZ DE LETRAS PENAL, DE ESTA SECCIÓN JUDICIAL.” (Folios 57-60v del antecedente)- 5) Que en fecha veinte (20) de agosto de dos mil veinte (2020), esta Sala recibió para su revisión el expediente que contiene el Recurso de Exhibición Personal de mérito, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 39 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. (Folio 1 del presente Recurso),- CONSIDERANDO (1): Que la Constitución de la República reconoce la garantía del Habeas Corpus o de Exhibición Personal, por lo que toda persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta, tiene derecho a promoverla en los supuestos que expresamente señala el Artículo 182 de la Constitución de la República.- CONSIDERANDO (2): Que conforme lo establece el Artículo 39 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, las resoluciones dictadas en las acciones de exhibición personal, adquieren el carácter de sentencias definitivas una vez que son revisadas por la Sala Constitucional.- CONSIDERANDO (3): Que la Sala conoce en revisión la sentencia de fecha veinte (20) de abril del dos mil veinte (2020), dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal de San Pedro Sula, departamento de Cortes, que falló declarar Sin Lugar la Acción de Habeas Corpus o Exhibición Personal promovida por la abogada Olga Marina Castro a favor de los señores Víctor Santiago Núñez y Orlen Antonio Solís Puerto, contra actuaciones de la Penitenciaria Nacional Marco Aurelio Soto, en Tamara Francisco Morazán y la abogada Melinda Castillo, Juez de Letras Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, a los precitados recluidos se les instruye causa por suponerlos responsables del delito de Robo Agravado en perjuicio de Asevit protección.- CONSIDERANDO (4): Que la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, Departamento de Cortes venida en revisión, teniendo como antecedente el informe rendido por el juez ejecutor, considerando en la decisión tomada aspectos relevantes de las actuaciones realizadas, entre estas la revisión del expediente 1673-18 del proceso que se les sigue a los internos, constatando que se celebró audiencia de declaración de imputado en la que se les dictó medida cautelar de detención judicial, seguido el proceso, en fecha 28 de diciembre del 2018 se celebro audiencia inicial y se le decreto auto de forma procesamiento, imponiéndoles la medida cautelar de prisión preventiva y remitidos nuevamente a la Penitenciaria Nacional Marco Aurelio soto. En fecha 4 de febrero del 2019 la defensa solicita revisión de medidas a su favor, ofreciendo caución hipotecaria, para lo cual se celebra audiencia el 12 de febrero del 2019, dictando resolución el 13 de febrero declarando sin lugar lo solicitado por la defensa, fundando en el artículo 172 del Código Procesal Penal relacionado a los articulo 178 numeral 4, 173 numeral 1 del mismo cuerpo legal. Contra dicha resolución recurre la defensa y en fecha 13 de junio del mismo año 2019, se recibe de la Corte de Apelaciones Penal certificación en la cual ordena sustitución de la medida cautelar de Prisión Preventiva, por las medidas cautelares en los numerales 6, 7 y 10 del Código Procesal Penal. El 14 de junio del 2019 se le da cumplimiento a lo decretado en la resolución y que sea a través de escritura Apud-Acta librando comunicación al Instituto de la Propiedad para hacer efectiva la caución ofrecida consistente en la hipoteca de dos inmuebles, sin embargo el Instituto de la Propiedad a través del Registro de la Propiedad de El Progreso, Yoro, deniega la solicitud provisional, en virtud de que la propiedad escrita bajo número 18322375 de la señora Argelia Ondina Gutiérrez persona que ofreció la prenda hipotecaria, solamente posee el derecho de nuda propiedad de los inmuebles dados en garantía para el otorgamiento de las medidas distinta a la prisión preventiva, ya que existe un derecho de usufructo sobre los mismos a favor de otra persona, razón por la que no fue inscrita y por no estar ese afianzamiento debidamente registrado imposibilitó a la juez que conoce de la causa el cambio de la medida y la declara sin lugar, considerando que lo procedente es que la defensa agilice el trámite administrativo con los parámetros legales ante el Registro de la Propiedad para darle cumplimiento a lo ordenado por la Corte de Apelaciones, resolución que fue recurrida por la defensa por no estar conforme. Posteriormente en fecha 21 de junio del 2019, se dirigió a la Penitenciaria Nacional para entrevistar a los encausados, manifestando que durante su permanencia en el centro de reclusión, se les ha tratado con respeto debido a sus derechos individuales y que no han sido objeto de tormento, torturas, vejámenes, exacción ilegal, ni coacciones, restricciones o molestias innecesarias a su seguridad individual, que la juez ejecutora ha constatado que no se ha acreditado que los señores Víctor Santiago Núñez Zúñiga y Orlen Antonio Solís Puerto se les haya violentado garantías constitucionales ni procesales, ultimas que no son objeto del presente recurso, establece que se desprende del estudio de la causa de merito, que en la misma se ha seguido el debido proceso, se han interpuesto los recursos legales establecidos en la ley, tal como se documenta a través de las diligencias realizadas, por tanto esta juez resuelve que se declare No Ha Lugar el recurso de exhibición personal o habeas corpus interpuesto a favor de los encausados.- CONSIDERANDO (5):Que la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, concluye en su fallo que los acusados Víctor Santiago Nuñez Zúniga y Orlen Antonio Solís Puerto están detenidos legalmente, por cuanto lo están según orden emanada de autoridad judicial, como se acredita y el hecho que el Instituto de la Propiedad haya denegado la solicitud de la caución hipotecaria de los dos inmuebles señalaos, no quiere decir que la A-Quo esté violentando derechos y garantías constitucionales son actos propios que debe ser conocidos por medio de la justicia ordinaria, no es por medio de un recurso de exhibición personal, que en ningún apartado del artículo 24 de la Ley Sobre Justicia Constitucional se configura dicha acción. Por las razones expuesta consideramos que no se enmarca dentro de los presupuestos de los artículos 13 numeral 1 y 24 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, siendo procedente en consecuencia declarar sin lugar la Acción de Habeas Corpus interpuesto a favor de los acusados, por lo que debe seguirse el procedimiento por la vía ordinaria, para que sus representados aporten lo necesario y materializar la sustitución de las medidas que pretenden. Por tanto por unanimidad de votos falla: Primero: declarar sin lugar la acción de habeas corpus o exhibición personal promovida por la abogada Olga Marina Castro a favor de los señores Víctor Santiago Nuez y Orlen Antonio Solís Puerto contra actuaciones de la Penitenciaria Nacional Marco Aurelio Soto y la abogado Melida Castillo, Juez de Letras Penal de esta Sección Judicial.- CONSIDERANDO (6): Que examinadas las actuaciones de investigación realizadas por la Juez Ejecutora que son la fuente para la emisión del fallo emitido por la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, Cortes y venido en revisión, se observa que las autoridades denunciadas en ningún momento han vulnerado los derechos y garantías de los encausados, tanto en el centro de reclusión como en el proceso que se les sigue por suponerlos responsables del delito de robo agravado en perjuicio de Asevit protección, se desprende de lo actuado que se les ha respetado el debido proceso penal y las actuaciones están enmarcadas dentro de ley, que mediante el Recurso de Habeas Corpus los derechos protegidos son la libertad personal y la integridad y seguridad personal, en el presente caso, a los encausados se le sigue proceso y su detención emana de autoridad competente, se les ha respetado el debido proceso por tanto la defensa tal como lo establece la instancia ordinaria deberá agotar el procedimiento administrativo que garantice a favor del Estado de Honduras la inscripción ante el Instituto de la Propiedad de los inmuebles dados en garantía hipotecaria para darle cumplimiento al fallo emitido por la Corte de apelaciones y proceder al cambio de medidas de conformidad con la ley, circunstancia que no procede conocerse bajo una acción de habeas corpus, sino que deben tramitarse ante la autoridad que conoce de la causa, pero no por esta Alzada tal como lo estipula el artículo 13 de la Ley Sobe Justicia Constitucional, la finalidad es de revisar aspectos propios de la libertad de las personas cuando la misma ha sido conculcada en los términos citados en la norma legal.- CONSIDERANDO (7): Que esta Sala estima, que el fallo emitido por la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, Cortes se encuentra apegado a derecho, la privación de libertad de los encausados no es ilegal, emana de autoridad competente y se encuentran cumpliendo con una medida cautelar, la que está pendiente de ser sustituida por una menos gravosa ordenada mediante fallo emitido por la Corte de Apelaciones, contenidas en el artículo 173 numerales 6, 7 y 10 del Código Procesal Penal; en cuanto a la adopción de lo que dispone la medida cautelar número 10 dispone “La constitución a favor del Estado por el propio imputado o por otra persona, de cualquiera de las garantías siguientes; deposito de dinero o valores, hipoteca, prenda o fianza personal”, y siendo que la defensa ofreció como garantía una hipoteca consistente en dos inmuebles constituyendo la misma a través de una escritura Apud-Acta a favor del Estado de Honduras, la que fue denegada su inscripción mediante auto provisional por el Registro de la Propiedad de El Progreso, Yoro, al existir en los predios un derecho de usufructo a favor de persona distinta a la otra, es decir, la que ofrece dicha garantía y que únicamente tiene la nuda propiedad de los inmuebles, la juez evitando un fraude de ley al no estar inscrita debidamente la garantía ofrecida a favor del Estado de Honduras, mediante auto motivado expresa que no estando ese afianzamiento debidamente registrado, no podrá librar el oficio de excarcelación, por tanto la defensa deberá agilizar el trámite administrativo con los parámetros legales que indica el Instituto de la Propiedad, para dar cumplimiento a lo ordenado por la Honorable Corte de Apelaciones, o mejor dicho, al cambio de medidas como lo ha ordenado, actuación que esta Sala estima totalmente apegada a derecho tomando en cuenta que a los imputados se les sigue proceso por suponerlos responsables del delito de Robo Agravado en perjuicio de Asevit Protección.- CONSIDERANDO (8): Que el artículo 321 de la Constitución de la República literalmente expresa “ Los servidores del Estado no tiene más facultades que las que expresamente les confiere la ley: Todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad”, de lo que resulta que a los privados de libertad no les comprenden los presupuestos del articulo 13 y 24 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, su condición jurídica es de procesados, se le sigue causa penal con todas las garantías como se aprecia de autos, evidentemente no se les han vulnerado sus garantías individuales procede darle celeridad al procedimiento en el que la defensa debe cumplimentar lo requerido, por ser de ley para que se proceda a ejecutar lo dispuesto en el fallo que ordena el cambio de medidas, por tanto se comparte la decisión adoptada por la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, Cortes.- CONSIDERANDO(9):Que el artículo 69 de la Constitución de la República establece que la libertad personal es inviolable y solo con arreglo a las leyes podrá ser restringida o suspendida temporalmente, se deduce entonces, que la libertad individual es la regla general y que solo por excepción a través de autoridad competente podrá ser restringida, en el presente caso a los privados de libertad se les sigue proceso de conformidad con la ley penal, por suponerlo responsable de hechos constitutivos de delito como ha quedado constatado, por tanto el fallo venido en revisión ha cumplido con todos los requisitos, formalidades y exigencias que ordena la ley para garantizar la efectividad del derecho material, procede entonces, CONFIRMAR el fallo emitido, que declara SIN LUGAR el Recurso de Exhibición Personal presentado- POR TANTO: la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, POR UNANIMIDAD de votos, y en aplicación de los artículos: 1, 59, 60, 80, 90, 182, 303, 304, 313 atribución 5ta., 316 numeral 1 y 321 de la Constitución de la República; 1, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, y 1, 3 No.1, 13 No.1, 14, 17, 19, 24, 31, 37, 38 y 39 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: CONFIRMANDO la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, Cortes en fecha veinte (20) de abril del dos mil veinte (2020) que declara SIN LUGAR la acción de Hábeas Corpus o Exhibición Personal promovida por Olga Marina Castro a favor de Víctor Santiago Núñez y Orlen Antonio Solís Puerto. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Juzgado de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado SERRANO VILLANUEVA. NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve (9) días del mes de octubre del año dos mil veinte (2020), certificación de la Sentencia de fecha veintitrés (23) de septiembre del año dos mil veinte (2020), recaída en el Recurso de Exhibición Personal Venido en Revisión, registrado en este Tribunal bajo el número 0675-2020.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL