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Sentencia EP-627-20 — Registro 10989

Resumen

Se interpuso exhibición personal contra actuaciones del Instituto Nacional Penitenciario (INP); para que dicha población especialmente vulnerable sea evaluada urgentemente por médicos especialistas, haciendo a todos ellos exámenes generales para verificar su estado de salud; asimismo para solicitar información de dicho instituto en relación con las medidas de bioseguridad que ha adoptado a nivel nacional en favor de las personas mayores de sesenta años de edad. De igual manera pide que los jueces ejecutores que se nombren, gestionen con COPECO la obtención de camas de acuerdo con la dignidad que estos merecen como seres humanos que son, ya que el fin supremo de la sociedad es la vida humana, teniendo todos, la obligación de protegerla y salvaguardarla.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO CUATRO (4): Examen de la Sala de lo Constitucional de los hechos y el resultado de las actuaciones realizadas por la juez ejecutora, en relación con la garantía de exhibición personal de mérito. Este alto tribunal de justicia, al examinar las diligencias de mérito determina que lo expresado por la defensora pública, abogada Verónica Janeth Moncada Gonzáles, en su condición de juez ejecutora, es en su mayor parte correcto y por ende procede declarar sin lugar la garantía constitucional de exhibición personal de que se hace mérito. La Sala no puede estar de acuerdo con la juez ejecutora con relación a lo que ésta establece sobre la obligación de brindar nombres específicos de personas para que proceda la garantía de exhibición personal. Basta señalar los elementos que permitan individualizar a las personas que son objeto de abuso para que proceda dar entrada y trámite a un habeas corpus; en este caso, son las personas mayores de sesenta años, el cual es un dato que permite individualizar a ese sector específico de la población penitenciaria. De hecho, la Sala en otras ocasiones ha declarado con lugar exhibiciones personales que se han presentado con fines preventivos o humanitarios en los que se han señalado con detalle mejoras en las condiciones de vida de los internos; y que son un buen referente para la judicialización de problemas sociales que aquejan a la población privada de su libertad. No obstante, tal como ha señalado en su informe la juez ejecutora se han presentado una buena cantidad de exhibiciones personales en virtud de los peligros que acechan a la población penitenciaria del país, en virtud de la actual pandemia de coronavirus, especialmente en casos de personas de avanzada edad y/o personas que padecen de alguna enfermedad base que pueda ponerle especialmente en peligro en caso de resultar contagiada por coronavirus. En la tramitación y decisión de estas garantías se ha podido apreciar el esfuerzo que las autoridades realizan en cada centro penal en función de evitar contagios y dar tratamiento oportuno a los ya contagiados. Para el caso, en virtud de otras garantías de habeas corpus presentadas se ha demostrado, por ejemplo, restricciones para el ingreso y salida de personas que no laboran dentro de los centros; adopción de medidas de bioseguridad como uso de mascarillas, desinfección, etc., por parte de internos y del personal laborante en los centros; dotación de espacios de aislamiento para personas de ingreso reciente; equipamiento de mascarillas y otros artículos de desinfección y bioseguridad; traslado de enfermos a hospitales en caso de necesidad; presencia de personal médico y enfermería; dotación de medicina, entre otros. Por lo que, si bien es cierto la presente garantía constitucional de exhibición personal, ha sido interpuesta con buena intención y conciencia social por parte del impetrante, constituye una desnaturalización de la garantía que se contiene en el artículo 182 constitucional, en virtud de que su amplitud y generalización es de tal dimensión que es más propio del conocimiento del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, quien tiene facultades para dirigirse a las autoridades penitenciarias en los términos que pretende aquí el impetrante. Es distinto cuando el que interpone una exhibición personal se entera o tiene razones para sospechar o creer que la autoridad comete alguno de los supuestos de hecho contenidos en los artículos 182 constitucional o 13 de la Ley sobre justicia constitucional, situación que no ocurre en el presente caso. Es decir, el elemento diferenciador entre lo que pretende el actual impetrante con los habeas corpus correctivos es que estos últimos nacen a partir de información de abusos o situaciones de detenciones ilegales, maltratos, etc., que autorizan la inmediata intervención y protección judicial, situación que no ocurre en el caso bajo estudio. Por otra parte, el informe de la juez ejecutora es de recibo en el señalamiento que hace sobre evitar la exposición de defensores públicos a contagio por el virus, lo cual sucede cada vez que deben presentarse a evacuar exhibiciones personales en casos puntuales que requieren la actuación pronta y eficaz de estos funcionarios en salvaguarda de la vida, indemnidad y libertad de los privados de libertad. En consecuencia, procede declarar sin lugar la garantía constitucional de exhibición personal de que se hace mérito.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, tres de septiembre de dos mil veinte. VISTA: Para dictar sentencia en la garantía constitucional de exhibición personal interpuesta por el abogado CÉSAR ARTURO HELLER PORTILLO, a favor de los privados de libertad mayores de sesenta años en los veintiséis centros del país, contra actuaciones del INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO (INP); para que dicha población especialmente vulnerable sea evaluada urgentemente por médicos especialistas, haciendo a todos ellos exámenes generales para verificar su estado de salud; asimismo para solicitar información de dicho instituto en relación con las medidas de bioseguridad que ha adoptado a nivel nacional en favor de las personas mayores de sesenta años de edad. De igual manera pide que los jueces ejecutores que se nombren, gestionen con COPECO la obtención de camas de acuerdo con la dignidad que estos merecen como seres humanos que son, ya que el fin supremo de la sociedad es la vida humana, teniendo todos, la obligación de protegerla y salvaguardarla. ANTECEDENTES PROCESALES. 1. En fecha quince de julio de dos mil veinte, el abogado CÉSAR ARTURO HELLER PORTILLO interpuso la presente garantía constitucional de exhibición personal, mediante correo electrónico enviado a la secretaría del Juzgado de Letras de lo Penal de la sección judicial del departamento de Francisco Morazán, en donde manifiesta que lo interpone a favor de los privados de libertad mayores de sesenta años en los veintiséis centros del país, contra actuaciones del INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO (INP). (Folio 2 de la presente garantía constitucional de exhibición personal). 2. En la misma fecha, el Juzgado de Letras de lo Penal de la sección judicial del departamento de Francisco Morazán admitió la presente garantía constitucional de exhibición personal y, en consecuencia, nombró juez ejecutora a la abogada VERÓNICA JANETH MONCADA GONZALES, defensora pública de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, a efecto de que rindiera un informe sobre los extremos consignados en la presente garantía. (Folio 3 de la presente garantía constitucional de exhibición personal). 3. En fecha veintidós de julio de dos mil veinte, la juez ejecutora compareció ante el Juzgado de Letras Penal del departamento de Francisco Morazán, y en el ejercicio de las responsabilidades inherentes a su cargo, rindió el informe correspondiente, declarando NO HA LUGAR la garantía constitucional de habeas corpus o exhibición personal de mérito, por estimar que no se le han violentado los derechos invocados. 4. El Juzgado de Letras Penal del departamento de Francisco Morazán, en fecha veintidós de julio de dos mil veinte, resolvió: “1) Tener por recibido el informe presentado por la abogada VERÓNICA JANETH MONCADA GONZALES, en su condición de juez ejecutora nombrada en la garantía constitucional de HABEAS CORPUS o EXHIBICIÓN PERSONAL HUMANITARIO, interpuesto por el abogado CÉSAR ARTURO HELLER PORTILLO, a favor de los PRIVADOS DE LIBERTAD MAYORES DE SESENTA AÑOS DE EDAD. 2) Este juzgado se inhibe de seguir conociendo y ordena la remisión de las diligencias que contienen la garantía de habeas corpus o exhibición personal, a favor del señor antes mencionado, a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, para que siga conociendo de la presente garantía. (Folio 16 de la presente garantía constitucional de exhibición personal). 5. Esta Sala, en fecha cinco de agosto de dos mil veinte, tuvo por recibidas las diligencias que contienen la presente garantía constitucional de exhibición personal interpuesta por el abogado César Arturo Heller Portillo a favor de los privados de libertad mayores de sesenta años. (Folio 18 de la presente garantía constitucional de exhibición personal). FUNDAMENTOS DE DERECHO. CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la garantía constitucional de exhibición personal o habeas corpus. De conformidad con el artículo 182 de la Constitución de la República, el Estado hondureño reconoce la garantía de hábeas corpus o de exhibición personal. En consecuencia, toda persona agraviada o cualquier otra en nombre de ésta tiene derecho a promoverla ante los supuestos siguientes: 1) Cuando se encuentre ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad. 2) Cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción o molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión. CONSIDERANDO DOS (2): Resumen de lo expuesto por el garantista en el escrito de interposición de la garantía constitucional de exhibición personal. El impetrante de la garantía constitucional de exhibición personal de mérito, interpuesto a favor de los privados de libertad mayores de sesenta años en los veintiséis centros del país, es para que dicha población especialmente vulnerable, sea evaluada urgentemente por médicos especialistas. En ese sentido pide que les hagan a todos ellos exámenes generales para verificar su estado de salud; asimismo obtener información de dicho instituto en relación con las medidas de bioseguridad que ha adoptado a nivel nacional a favor de las personas mayores de sesenta años. De igual manera pide que, los jueces ejecutores que se nombren, gestionen con COPECO la obtención de camas para que duerman dignamente como seres humanos que son, ya que el fin supremo de la sociedad es la vida humana, teniendo todos, la obligación de protegerla y salvaguardarla. CONSIDERANDO TRES (3): Diligencias efectuadas por la juez ejecutora en cumplimiento de la garantía constitucional de exhibición personal. La juez ejecutora Verónica Janeth Moncada Gonzáles, cumpliendo con el mandato de su cargo procedió a rendir el presente informe: “…CONSIDERANDO: Que visto y analizado el recurso interpuesto por el abogado César Arturo Heller Portillo, se desprende lo siguiente: 1. No se está especificando quiénes son las personas a favor de las cuales interpone dicho recurso, al expresar “privados de libertad mayores de 60 años en los veintiséis (26) centros penitenciarios a nivel nacional”, no estableciendo de una forma clara y precisa el nombre y apellidos de cada uno de los mayores de 60 años; siendo un aspecto necesario el individualizar a las personas con su nombre y apellido, como lo establece el artículo 49 de la Ley Registro Nacional de las Personas… 2. Asimismo, no menciona exactamente dónde están recluidas las personas ya que menciona los 26 centros penales a nivel nacional; siendo totalmente difícil que esta jueza ejecutora se traslade a cada uno de los centros penales buscando a personas de las que desconoce su nombre y preguntando solamente sobre los privados de libertad mayores de 60 años. Por lo que es del criterio de este juez ejecutor que en estas circunstancias no se puede constituir en todos los veintiséis (26) centros penales que están ubicados en diferentes localidades del país y sin tener nombres específicos tanto de las personas mayores como de los centros penales con lo cual nos podamos dirigir para cumplir con dicha función. En base a lo anterior no se harán los requerimientos de informes a los directores de los 26 centros penitenciarios a nivel nacional, ya que es de hacer notar, que en estas condiciones se está subutilizando una cierta cantidad de tantos recursos humanos como económicos, asimismo, no se pueden realizar las solicitudes de inmediata exhibición de los privados de libertad como lo exigen los artículos 26 y 27 de la Ley sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO:… CONSIDERANDO: Que los diferentes entes sanitarios han intervenido los centros penales donde se han encontrado casos positivos del Covid-19, para realizar las labores de respuesta a la emergencia a favor de los privados de libertad, existiendo mediante resolución número 008-DGN-DEC19-04:2020, del 1 de abril de 2020, el documento sobre “Los lineamientos para la prevención y manejo del Covid-19 en población privada de libertad” coordinado por la Secretaría de Salud (SESAL), en coordinación con el Instituto nacional penitenciario (INP), el Sistema nacional de gestión de riesgos (SINAGER), con el apoyo del Comité internacional de la Cruz Roja (CICR), en respuesta a la pandemia decretada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y posteriormente decretada por el gobierno de la República, ello con el fin de proteger la salud, física mental y el bienestar de la población privada de libertad, personal de los consejos técnicos interdisciplinarios, personal de seguridad y otro personal que labora o ingresa a los centros penitenciarios. Siendo basados dichos lineamientos en la normativa nacional e internacional, los cuales se están aplicando y se están tratando los centros penales llevando los insumos médicos de acuerdo a las necesidades y la capacidad de respuesta que tiene el país, hecho notorio debido a que los diferentes medios de comunicación dan la noticia día a día informando sobre lo que ocurre en nuestro territorio nacional debido a la pandemia. CONSIDERANDO:… CONSIDERANDO: Que se tiene conocimiento por parte de esta juez ejecutora que el abogado Heller Portillo, ha interpuesto varios recursos de exhibición personal o habeas corpus en iguales condiciones ante los diferentes tribunales que conocen de esta garantía constitucional, siendo admitidos por no tener mayor exigencia y nombrados los jueces ejecutores (defensores públicos), quienes de acuerdo a las leyes y tratados internacionales, han resuelto y declarado no ha lugar por no reunir los requisitos exigidos por la Ley sobre justicia constitucional; sin saber cuál es la pretensión de dicho abogado para estar subutilizando dicha garantía constitucional. CONSIDERANDO:… CONSIDERANDO: Que del análisis realizado al recurso de exhibición personal o habeas corpus interpuesto, es del parecer de esta jueza ejecutora que si bien es cierto dicha garantía no exige formalidades para su interposición, no menos cierto es que en el presente recurso no se tiene definido de manera clara a favor de quienes es este recurso, siendo imposible realizar diligencias de investigación a la deriva, agregado a esto, de su simple lectura los hechos relacionados no se enmarcan en los requisitos establecidos en los artículos indicados, en relación al deber que tiene el Estado de garantizar la libertad personal y la integridad e intimidad de la persona humana. POR TANTO: La jueza ejecutora nombrada por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras…. DECLARA: No ha lugar la acción del recurso de exhibición personal o habeas corpus, interpuesto por el abogado César Arturo Heller Portillo. (Folios 8-10 de la presente garantía constitucional de exhibición personal).” CONSIDERANDO CUATRO (4): Examen de la Sala de lo Constitucional de los hechos y el resultado de las actuaciones realizadas por la juez ejecutora, en relación con la garantía de exhibición personal de mérito. Este alto tribunal de justicia, al examinar las diligencias de mérito determina que lo expresado por la defensora pública, abogada Verónica Janeth Moncada Gonzáles, en su condición de juez ejecutora, es en su mayor parte correcto y por ende procede declarar sin lugar la garantía constitucional de exhibición personal de que se hace mérito. La Sala no puede estar de acuerdo con la juez ejecutora con relación a lo que ésta establece sobre la obligación de brindar nombres específicos de personas para que proceda la garantía de exhibición personal. Basta señalar los elementos que permitan individualizar a las personas que son objeto de abuso para que proceda dar entrada y trámite a un habeas corpus; en este caso, son las personas mayores de sesenta años, el cual es un dato que permite individualizar a ese sector específico de la población penitenciaria. De hecho, la Sala en otras ocasiones ha declarado con lugar exhibiciones personales que se han presentado con fines preventivos o humanitarios en los que se han señalado con detalle mejoras en las condiciones de vida de los internos; y que son un buen referente para la judicialización de problemas sociales que aquejan a la población privada de su libertad. No obstante, tal como ha señalado en su informe la juez ejecutora se han presentado una buena cantidad de exhibiciones personales en virtud de los peligros que acechan a la población penitenciaria del país, en virtud de la actual pandemia de coronavirus, especialmente en casos de personas de avanzada edad y/o personas que padecen de alguna enfermedad base que pueda ponerle especialmente en peligro en caso de resultar contagiada por coronavirus. En la tramitación y decisión de estas garantías se ha podido apreciar el esfuerzo que las autoridades realizan en cada centro penal en función de evitar contagios y dar tratamiento oportuno a los ya contagiados. Para el caso, en virtud de otras garantías de habeas corpus presentadas se ha demostrado, por ejemplo, restricciones para el ingreso y salida de personas que no laboran dentro de los centros; adopción de medidas de bioseguridad como uso de mascarillas, desinfección, etc., por parte de internos y del personal laborante en los centros; dotación de espacios de aislamiento para personas de ingreso reciente; equipamiento de mascarillas y otros artículos de desinfección y bioseguridad; traslado de enfermos a hospitales en caso de necesidad; presencia de personal médico y enfermería; dotación de medicina, entre otros. Por lo que, si bien es cierto la presente garantía constitucional de exhibición personal, ha sido interpuesta con buena intención y conciencia social por parte del impetrante, constituye una desnaturalización de la garantía que se contiene en el artículo 182 constitucional, en virtud de que su amplitud y generalización es de tal dimensión que es más propio del conocimiento del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, quien tiene facultades para dirigirse a las autoridades penitenciarias en los términos que pretende aquí el impetrante. Es distinto cuando el que interpone una exhibición personal se entera o tiene razones para sospechar o creer que la autoridad comete alguno de los supuestos de hecho contenidos en los artículos 182 constitucional o 13 de la Ley sobre justicia constitucional, situación que no ocurre en el presente caso. Es decir, el elemento diferenciador entre lo que pretende el actual impetrante con los habeas corpus correctivos es que estos últimos nacen a partir de información de abusos o situaciones de detenciones ilegales, maltratos, etc., que autorizan la inmediata intervención y protección judicial, situación que no ocurre en el caso bajo estudio. Por otra parte, el informe de la juez ejecutora es de recibo en el señalamiento que hace sobre evitar la exposición de defensores públicos a contagio por el virus, lo cual sucede cada vez que deben presentarse a evacuar exhibiciones personales en casos puntuales que requieren la actuación pronta y eficaz de estos funcionarios en salvaguarda de la vida, indemnidad y libertad de los privados de libertad. En consecuencia, procede declarar sin lugar la garantía constitucional de exhibición personal de que se hace mérito. PARTE DISPOSITIVA O FALLO. POR TANTO: La Sala Constitucional en nombre de la Corte Suprema de Justicia e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, POR UNANIMIDAD de votos, y en aplicación de los artículos: 1, 59, 64, 69, 182, 303, 304, 313 atribución 5ta., 316 numeral 1 y 321 de la Constitución de la República; 1, 2, 4, 5, 7 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 12 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 No.1, 13 No.1, 14, 17, 19, 27, 28, 31, 35, 37, 38 y 39 de la Ley sobre Justicia Constitucional; FALLA: Declarando SIN LUGAR la garantía de exhibición personal o habeas corpus, interpuesto por el abogado CÉSAR ARTURO HELLER PORTILLO, a favor de la garantía constitucional de exhibición personal interpuesta por el abogado CÉSAR ARTURO HELLER PORTILLO, a favor de los privados de libertad mayores de sesenta años en los veintiséis centros del país, contra actuaciones del INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO (INP). Y MANDA: Que una vez notificado el presente fallo, la secretaría de este alto tribunal de justicia proceda al archivo de las presentes diligencias, sin trámites ulteriores. Redactó el Magistrado EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. PRESIDENTE SALA CONSTITUCIONAL. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los trece días del mes de octubre del año dos mil veinte, certificación de la sentencia de fecha tres de septiembre del año dos mil veinte, recaída en el Recurso de Exhibición Personal, bajo el número SCO-0627-2020.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA CONSTITUCIONAL