Sentencia EP-619-20 — Registro 10977
Resumen
Se interpuso Recurso de Exhibición Personal contra actuaciones del Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, manifiesta el peticionario que: “…los agraviados, se encuentran recluidos en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS) y en el Centro Penitenciario “Marco Aurelio Soto” ubicados en Támara, Francisco Morazán, sin embargo, se alega vencimiento de la prisión preventiva, en tal sentido, una solicitud de revisión de medida ante dicho Tribunal de Sentencia, misma, que fue denegada, por lo que a su criterio los agraviados se encuentran recluidos ilegalmente…”.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO (16): Que de todo lo actuado y establecido en la tramitación del presente recurso de Hábeas Corpus, esta Sala de lo Constitucional ha logrado constatar, de acuerdo con lo expuesto e informado por la juez ejecutora designada, que los ciudadanos Tesla Danessa Ortega Valle Y Juan Carlos Rosales García, han permanecido en prisión preventiva más allá del plazo legal máximo establecido por el Artículo 181 del Código Procesal Penal, por consiguiente, aún y cuando su detención y posterior reclusión fuera efectuada dentro del marco legal aplicable, al haberse excedido el término legalmente estipulado para la duración de la prisión preventiva, se les ha cohibido en forma indebida del goce de su libertad, vulnerado con ello el debido proceso y el plazo razonable a efecto de resolver su situación jurídica como líneas arriba de dijo, situación que se agrava ante la denegatoria de la revisión de la medida cautelar de Prisión Preventiva solicitada por la defensa de los encausados, ante los argumentos emitidos por el Órgano Jurisdiccional que los plazos de la medida cautelar se encuentran en suspenso, derechos elementales y consustanciales con la persona humana, los cuales no pueden ser suspendidos aún en estado de excepción, pues se vulneraria con ello el principio de legalidad que rige en un Estado de Derecho, siendo procedente en consecuencia aprobar el Informe emitido por la Juez Ejecutora y declarar HA LUGAR la presente garantía de Hábeas Corpus, ante la privación de libertad arbitraria de los referidos ciudadanos, ello ante el vencimiento de los plazos establecidos en la ley adjetiva para el mantenimiento de la medida cautelar de prisión preventiva y la denegatoria del Tribunal conocedor del proceso a revisar la misma. CONSIDERANDO (17): Que en ese sentido y en aplicación del segundo párrafo del artículo 39 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, decreta y ordena la inmediata libertad de las agraviados, mediante la sustitución de la medida cautelar de Prisión Preventiva, por ello se ordena al Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional en Materia Penal, imponga a las encausados, las medidas cautelares que aseguren la eficacia del procedimiento y garanticen la presencia de los mismos en el transcurso del proceso, adoptando una o más de las medidas cautelares distintas a la prisión preventiva que señala el artículo 173 del Código Procesal Penal, ello en cumplimiento a lo establecido en el penúltimo párrafo del artículo 181 del Código Procesal Penal. Observando asimismo las disposiciones contenidas en el Acuerdo N° CSJ-02-2020 de fecha cuatro (4) de junio del año dos mil vente (2020), emitido por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, en relación al Proceso de Reincorporación Gradual y Responsable de los Servidores Judiciales a Labores Presenciales.”
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 39 (Rango Constitucional)
- Código Procesal Penal, art. 173 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 181 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintitrés de septiembre de dos mil veinte. VISTA: Para dictar Sentencia de Recurso de Exhibición Personal interpuesto por el Abogado CARLOS ARTURO MUNGUÍA MARTÍNEZ a favor de las señoras TESLA DANESSA ORTEGA VALLE y JUAN CARLOS ROSALES GARCÍA contra actuaciones del TRIBUNAL DE SENTENCIA CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL EN MATERIA PENAL, manifiesta el peticionario que: “…los agraviados, se encuentran recluidos en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS) y en el Centro Penitenciario “Marco Aurelio Soto” ubicados en Támara, Francisco Morazán, sin embargo, se alega vencimiento de la prisión preventiva, en tal sentido, una solicitud de revisión de medida ante dicho Tribunal de Sentencia, misma, que fue denegada, por lo que a su criterio los agraviados se encuentran recluidos ilegalmente…”. ANTECEDENTES 1) Que en fecha diecisiete (17) de junio de dos mil veinte (2020), compareció ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, el Abogado CARLOS ARTURO MUNGUÍA MARTÍNEZ, interponiendo Recurso de Exhibición Personal favor de las señoras TESLA DANESSA ORTEGA VALLE y JUAN CARLOS ROSALES GARCÍA, contra actuaciones del TRIBUNAL DE SENTENCIA CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL EN MATERIA PENAL; manifiesta el peticionario que: “… los agraviados, se encuentran recluidos en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS) y en el Centro Penitenciario “Marco Aurelio Soto” ubicado en Tamara, Francisco Morazán, sin embargo, se alega vencimiento de la prisión preventiva, en tal sentido, una solicitud de revisión de medida ante dicho Tribunal de Sentencia, misma, que fue denegada, por lo que a su criterio los agraviados se encuentran recluidos ilegalmente”. (Folios del 02 al 05 del presente Recurso) 2) Que, en la misma fecha, el citado Juzgado admitió el presente recurso y, en consecuencia, nombró como Juez Ejecutora a la Abogada CLAUDIA ANABELLA PEREIRA, Defensora Pública de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, a efecto de que rindiera un informe sobre los extremos consignados en el presente recurso. (Folio 6 del presente Recurso). 3) Que en fecha veintinueve (29) de junio de dos mil veinte (2020), la Abogada CLAUDIA ANABELLA PEREIRA, en su condición de Juez Ejecutora, compareció ante el Juzgado de Letras Penal de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán rindiendo el informe correspondiente, consignando entre otros extremos los siguiente: Que en fecha dieciocho (18) de junio de dos mil veinte (2020), requirió a la Abogada JOCELYN MARIE DONAIRE FERNÁNDEZ en su condición de Jueza Presidenta de la sala uno del tribunal de sentencia con jurisdicción nacional en materia penal, para que rindiera un informe de la situación jurídica de la señora TESLA DANESSA ORTEGA VALLE y del señor JUAN CARLOS ROSALES GARCÍA, así mismo rinda informe del tiempo que ha permanecido con la medida cautelar de prisión preventiva. B) Le fue remitido el informe a través de correo electrónico en el que estableció lo siguiente: Que efectivamente en este tribunal con competencia territorial se lleva tramite de la causa número TST/JN (1)140-2019 instruido contra TESLA DANESA ORTEGA VALLE Y JUAN CARLOS ROSALES GARCÍA, quienes están procesados juntos con Darwin Ramos Diaz entre otros, por los delitos de Lavados de Activos y Asociación Ilícita para Lavados de Activos. Continúa informando que en el caso de la señora TESLA DANESA ORTEGA VALLE efectivamente tuvo audiencia de imputada el 14 de noviembre del año 2017, se le dictó auto de formal procesamiento en fecha 19 de noviembre de 2017, posteriormente se interpuso un recurso de apelación el cual fue denegado. c) En el caso de JUAN CARLOS ROSALES GARCÍA, informa que: tuvo audiencia de imputado el día 14 de noviembre de 2017, audiencia preliminar 03 de agosto de 2018, se abstuvo de contestar cargos, alegando que no estaba firme la denegatoria de procedimiento abreviado y se aportaron documentos que demostraron que la defensa había acudido a la fiscalía para la realización de un procedimiento abreviado que finamente fue denegado de manera firme. La audiencia preliminar se realizó entonces en fecha 13 de diciembre de 2018, dictando auto de apertura a juicio. POR TANTO: La Suscrita Jueza Ejecutora, por todas las razones antes expuestas en los acápites anteriores, es del criterio de declarar NO HA LUGAR LA PRESENTE EXHIBICIÓN PERSONAL A FAVOR favor de las señoras TESLA DANESSA ORTEGA VALLE y JUAN CARLOS ROSALES GARCÍA. (Folios 15 al 24 del presente Recurso) 4) Que en fecha treinta de junio de dos mil veinte, el Juzgado de Letras Penal de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, se inhibe de conocer del presente recurso y ordena remitir las diligencias a la Sala de lo Constitucional, las que fueron recibidas en este Tribunal el cinco de agosto de dos mil veinte.
CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia a través de su Sala Constitucional el conocimiento de las acciones de Hábeas Corpus o Exhibición Personal, acorde a lo preceptuado en los artículos 182 y 316 numeral primero de la Constitución de la República, en relación a lo preceptuado en los artículos 3 numeral primero y 13 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, resultando procedente la misma cuando se constate que la persona agraviada se encuentre ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad, o bien, cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción o molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión. CONSIDERANDO (2): Que la acción de Hábeas Corpus o Exhibición Personal tiene por objeto hacer valer los derechos del agraviado ante una detención ilegal o arbitraria y hacer cesar toda conducta o acción encaminada o emergente de una violación de derechos individuales que se lleva a cabo en perjuicio de quien se encuentre o haya sido privado de su libertad. CONSIDERANDO (3): Que, bajo esta premisa, como ya lo ha pronunciado esta Sala en forma reiterada, el Hábeas Corpus ha sido establecido con el fin de resguardar la libertad personal frente a la arbitrariedad y establecer remedios eficaces y rápidos para eventuales supuestos de detenciones de la persona, no justificados legalmente o que transcurran en condiciones ilegales. El Hábeas Corpus se configura como una comparecencia del detenido ante el Juez, comparecencia de la que proviene etimológicamente la expresión que da nombre al procedimiento[1] y que permite al ciudadano, privado de libertad, exponer sus alegaciones contra las causas de la detención y las condiciones de la misma[2], con el fin que el órgano jurisdiccional que la conoce se pronuncie sobre la conformidad a derecho de la detención. CONSIDERANDO (4): Que un examen detenido de los antecedentes y de las actuaciones efectuadas por la juez ejecutora designada revela, que a los privados de libertad Tesla Danessa Ortega Valle y Juan Carlos Rosales García Karen se les celebró Audiencia de Declaración de Imputado en fecha 14 de noviembre del año 2017; se les decretó Auto de Formal Procesamiento en fecha 19 de noviembre del año 2017, dictando la medida cautelar de prisión preventiva. Seguido que fue el proceso, se señaló audiencia de juicio en el mes de marzo del presente año 2020, llegando a la fase de incidentes, momento para el cual se decretó la suspensión de labores debido a la pandemia del Covid-19. De lo cual se colige a la fecha, de interposición de la presente Garantía de Hábeas Corpus los referidos encausados han permanecido en prisión preventiva por DOS (2) AÑOS, SEIS (6) MESES, haciendo el cálculo al 19 de mayo del año 2020, sin que hasta el momento se haya concluido con la Audiencia de Juicio Oral y Público. Superando así el tiempo máximo de duración de la prisión preventiva fijada por la ley, en relación con que la prisión preventiva podrá durar, como regla general, hasta un (1) año. Cuando la pena aplicable al delito sea superior a seis (6) años, la prisión preventiva podrá durara hasta dos (2) años. Excepcionalmente, y habida cuenta del grado de dificultad, dispersión o amplitud de la prueba que deba rendirse, la Corte Suprema de Justicia podrá ampliar hasta por seis (6) meses los plazos a que este Artículo se refiere, a solicitud fundada del Ministerio Público. (Vid. art. 181 del Código Procesal Penal).
CONSIDERANDO (5): Que la Corte Interamericana de Derechos Humanos[3], ha establecido en su jurisprudencia que el derecho a la libertad personal admite restricciones, que Deben ajustarse a los artículos 30 y 32.2 de la Convención. Siguiendo la posibilidad de adoptar injerencias en este derecho, el Artículo 181 del Código Procesal Penal establece el tiempo máximo de duración de la medida cautelar de prisión preventiva. CONSIDERANDO (6): Que el peticionario de la presente Garantía Constitucional expone ante este Alto Tribunal, que solicitó revisión de la medida cautelar de prisión preventiva impuesta a sus representados, con el propósito de poner en conocimiento tanto del Tribunal de Sentencia, así como del Ministerio Público el vencimiento de la misma, no obstante a sus argumentos de vencimiento de los plazos procesales establecidas en la ley para el mantenimiento de la prisión preventiva, el Órgano Jurisdiccional declaró No Ha Lugar su petición, en el argumento que los términos se encuentran en suspenso al igual que la medida cautelar de Prisión Preventiva decretada, según Decreto Ejecutivo PCM 21-2020; alegato éste que advierte este Alto Tribunal en el Informe emitido a raíz del requerimiento realizado por la Juez Ejecutora a la Abogada Jocelyn Marie Donaire Fernández, en su condición de Juez Presidenta del Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional en Materia Penal. CONSIDERANDO (7): Que en efecto el referido Decreto Ejecutivo PCM-21-2020, decreta restringir en forma temporal las garantías constitucionales establecidas en los siguientes artículos: 69 Libertad Personal; 71 Tiempo límite de detención o incomunicación de una persona; 72 Emisión del pensamiento; 78 Libertad de Asociación; 81 Derecho de circulación; 84 Arresto conforme a mandato de autoridad competente; 93 Derecho a otorgar caución; 99 Derecho a la inviolabilidad del domicilio y 103 Derecho a la propiedad. El referido Decreto Ejecutivo que restringe en forma temporal los derechos fundamentales supra enunciados, se hace con el único fin de adoptar medidas extraordinarias para la contención a nivel nacional de la propagación del COVID-19 y mitigar los impactos negativos en la salud de las personas y salvar vidas. No obstante de la lectura del referido Decreto se observa la no restricción de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución de la República en los siguientes artículos a saber: 80 Derecho de Petición; 90 Debido Proceso; 182 Hábeas Corpus y; 321 Principio de Legalidad; entre otros, por ser precisamente garantías judiciales indispensables para la protección de los derechos fundamentales que no admiten suspensión al tenor de lo dispuesto en el Artículo 27.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en relación a la Suspensión de Garantías. CONSIDERANDO (8): Que a efecto de conocer la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación con la garantía de Hábeas Corpus en estado de excepción, es importante hacer alusión a lo establecido en el párrafo 24 de la OPINIÓN CONSULTIVA OC-8/87 EL HÁBEAS CORPUS BAJO SUSPENSIÓN DE GARANTÍAS. DE FECHA 30 DE ENERO DE 1987: “…24. La suspensión de garantías constituye también una situación excepcional, según la cual resulta lícito para el gobierno aplicar determinadas medidas restrictivas a los derechos y libertades que, en condiciones normales, están prohibidas o sometidas a requisitos más rigurosos. Esto no significa, sin embargo, que la suspensión de garantías comporte la suspensión temporal del Estado de Derecho o que autorice a los gobernantes a apartar su conducta de la legalidad a la que en todo momento deben ceñirse. Estando suspendidas las garantías, algunos de los límites legales de la actuación del poder público pueden ser distintos de los vigentes en condiciones normales, pero no deben considerarse inexistentes ni cabe, en consecuencia, entender que el gobierno esté investido de poderes absolutos más allá de las condiciones en que tal legalidad excepcional está autorizada. Como ya lo ha señalado la Corte en otra oportunidad, el principio de legalidad, las instituciones democráticas y el Estado de Derecho son inseparables (cf. La expresión " leyes " en el artículo 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Opinión Consultiva OC-6/86 del 9 de mayo de 1986. Serie A No. 6, párr. 32). Sin subrayado en el texto original. CONSIDERANDO (9): Que asimismo es importante hacer relación a la jurisprudencia procedente de la CIDH con relación a la no suspensión de los principios del Debido Proceso Legal en estado de excepción, ello en lo establecido en la OPINIÓN CONSULTIVA OC-9/87 DEL 6 DE OCTUBRE DE 1987 GARANTÍAS JUDICIALES EN ESTADOS DE EMERGENCIA (ARTS. 27.2, 25 Y 8 CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS): “…28. Este artículo 8 reconoce el llamado "debido proceso legal", que abarca las condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquéllos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial. Esta conclusión se confirma con el sentido que el artículo 46.2.a) da a esa misma expresión, al establecer que el deber de interponer y agotar los recursos de jurisdicción interna, no es aplicable cuando no exista en la legislación interna del Estado de que se trata el debido proceso legal para la protección del derecho o derechos que se alega han sido violados. 29. El concepto de debido proceso legal recogido por el artículo 8 de la Convención debe entenderse como aplicable, en lo esencial, a todas las garantías judiciales referidas en la Convención Americana, aun bajo el régimen de suspensión regulado por el artículo 27 de la misma. 30. Relacionado el artículo 8 con los artículos 7.6, 25 y 27.2 de la Convención, se concluye que los principios del debido proceso legal no pueden suspenderse con motivo de las situaciones de excepción en cuanto constituyen condiciones necesarias para que los instrumentos procesales, regulados por la Convención, puedan considerarse como garantías judiciales. Esta conclusión es aún más evidente respecto del hábeas corpus y del amparo, a los que la Corte se referirá en seguida y que tienen el carácter de indispensables para tutelar los derechos humanos que no pueden ser objeto de suspensión…”. -Énfasis suplido- CONSIDERANDO (10): Que, como lo ha expresado ya esta Sala, la prolongación de la prisión preventiva en las circunstancias antes mencionadas, constituye no sólo una restricción indebida del derecho a la libertad personal garantizada por el artículo 69 de la Constitución de la República, sino que además una violación a la garantía genérica del debido proceso, consagrada en el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República, conforme a la cual se establece el derecho que toda persona tiene para ser juzgada por un Juez competente con arreglo a las formalidades, derechos y garantías previstas por la ley, siendo una de estas la de no ser sometido a un período de prisión preventiva excesivo y por lo tanto con la naturaleza propia de una pena anticipada, derecho que por otro lado encuentra reconocimiento expreso en un instrumento jurídico internacional suscrito por el Estado de Honduras como lo es la Convención Americana de Derechos Humanos, al prever en su artículo 8 No. 1) que toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y en plazo razonable en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella. CONSIDERANDO (11): Que el recurso de Exhibición Personal o Hábeas Corpus, procede contra aquellos actos de la autoridad en los que se vea vulnerado el derecho a la libertad individual o personal de los ciudadanos al inobservar las normas legales y constitucionales, y también, contra los actos de la autoridad que atenten contra la integridad física, síquica y moral de los detenidos. CONSIDERANDO (12): Que en lo referente a la procedencia de la acción de Hábeas Corpus, el artículo 38 de la Ley Sobre Justicia Constitucional dispone que se declarará con lugar la exhibición personal, cuando se constate la violación de alguno (s) de los supuestos establecidos en los Artículos 13 y 24 de esta Ley. En caso contrario se declarará sin lugar. CONSIDERANDO (13): Que de conformidad con lo establecido por el Artículo 13 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, el Estado reconoce la garantía de Hábeas Corpus o Exhibición Personal en los siguientes casos: a) Cuando se encuentre ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad; y, b) Cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacciones ilegales y toda coacción, restricción o molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión. CONSIDERANDO (14): Que según dispone el artículo 24 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es ilegal y arbitraria: 1) Toda orden verbal de prisión o arresto, salvo si tiene como finalidad impedir la inminente comisión de un delito, la fuga de quienes hayan participado en aquél o evitar daños graves a las personas o a la propiedad; 2) Toda orden de prisión o arresto que no emane de autoridad competente o que haya sido expedida sin las formalidades legales o por motivos que no hayan sido previamente establecidos en la ley; y, 3) Toda detención o arresto que no se cumpla en los centros destinados para el efecto por el Estado. CONSIDERANDO (15): Que no obstante no configurarse los presupuestos establecidos en los preceptos antes relacionados, el artículo 15[4] de la misma normativa legal, indica que se resolverá sobre otras situaciones relacionadas con la libertad personal en cualquiera de sus formas. CONSIDERANDO (16): Que de todo lo actuado y establecido en la tramitación del presente recurso de Hábeas Corpus, esta Sala de lo Constitucional ha logrado constatar, de acuerdo con lo expuesto e informado por la juez ejecutora designada, que los ciudadanos Tesla Danessa Ortega Valle Y Juan Carlos Rosales García, han permanecido en prisión preventiva más allá del plazo legal máximo establecido por el Artículo 181 del Código Procesal Penal, por consiguiente, aún y cuando su detención y posterior reclusión fuera efectuada dentro del marco legal aplicable, al haberse excedido el término legalmente estipulado para la duración de la prisión preventiva, se les ha cohibido en forma indebida del goce de su libertad, vulnerado con ello el debido proceso y el plazo razonable a efecto de resolver su situación jurídica como líneas arriba de dijo, situación que se agrava ante la denegatoria de la revisión de la medida cautelar de Prisión Preventiva solicitada por la defensa de los encausados, ante los argumentos emitidos por el Órgano Jurisdiccional que los plazos de la medida cautelar se encuentran en suspenso, derechos elementales y consustanciales con la persona humana, los cuales no pueden ser suspendidos aún en estado de excepción, pues se vulneraria con ello el principio de legalidad que rige en un Estado de Derecho, siendo procedente en consecuencia aprobar el Informe emitido por la Juez Ejecutora y declarar HA LUGAR la presente garantía de Hábeas Corpus, ante la privación de libertad arbitraria[5] de los referidos ciudadanos, ello ante el vencimiento de los plazos establecidos en la ley adjetiva para el mantenimiento de la medida cautelar de prisión preventiva y la denegatoria del Tribunal conocedor del proceso a revisar la misma. CONSIDERANDO (17): Que en ese sentido y en aplicación del segundo párrafo del artículo 39 de la Ley Sobre Justicia Constitucional[6], decreta y ordena la inmediata libertad de las agraviados, mediante la sustitución de la medida cautelar de Prisión Preventiva, por ello se ordena al Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional en Materia Penal, imponga a las encausados, las medidas cautelares que aseguren la eficacia del procedimiento y garanticen la presencia de los mismos en el transcurso del proceso, adoptando una o más de las medidas cautelares distintas a la prisión preventiva que señala el artículo 173 del Código Procesal Penal, ello en cumplimiento a lo establecido en el penúltimo párrafo del artículo 181 del Código Procesal Penal. Observando asimismo las disposiciones contenidas en el Acuerdo N° CSJ-02-2020 de fecha cuatro (4) de junio del año dos mil vente (2020), emitido por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, en relación al Proceso de Reincorporación Gradual y Responsable de los Servidores Judiciales a Labores Presenciales. POR TANTO: La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 59, 80, 182, 303, 304, 313 atribución 5a. y 316 de la Constitución de la República; 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 5, 7, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1o., 78 atribución 5ª y 137 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 9, 13, 14, 17, 19, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 38, 39, 72, 119 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: I) DECLARAR HA LUGAR la Garantía de Hábeas Corpus o Exhibición Personal promovida por el Abogado CARLOS ARTURO MUNGUÍA MARTÍNEZ a favor de TESLA DANESSA ORTEGA VALLE y JUAN CARLOS ROSALES GARCÍA contra actuaciones del TRIBUNAL DE SENTENCIA CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL EN MATERIA PENAL, por las razones que se dejan aquí señaladas. II) ORDENA: Previo a su excarcelación que el Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional en Materia Penal proceda a imponer a los señores TESLA DANESSA ORTEGA VALLE y JUAN CARLOS ROSALES GARCÍA, medidas cautelares distintas a la prisión preventiva que señala el artículo 173 del Código Procesal Penal; ello con la finalidad de garantizar la presencia de los encausados en la continuación del juicio oral y público. III) Para el cumplimiento de esta sentencia el Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional en Materia Penal, debe proceder de inmediato con el acatamiento de las recomendaciones indicadas, a partir de la notificación del presente fallo al recurrente. El incumplimiento de esta sentencia dará lugar lo que en derecho corresponda conforme la Ley Sobre Justicia Constitucional. Y MANDA: 1.- Que una vez firme la presente sentencia la Secretaría de esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, envíe certificación de este fallo al Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional en Materia Penal, para los efectos legales correspondientes; 2.- Asimismo, que la Secretaría de este Alto Tribunal de Justicia, envié certificación al Instituto Nacional Penitenciario (INP), a la Penitenciaria Nacional Femenina de Adopción Social (PNFAS) y al Centro Penal Marco Aurelio Soto; 3.- Que una vez realizadas dichas actuaciones se proceda al archivo de las diligencias en esta Sala de lo Constitucional. Redactó el Magistrado Edwin Francisco Ortez Cruz. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. PRESIDENTE SALA CONSTITUCIONAL. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los doce días del mes de octubre del año dos mil veinte, certificación de la sentencia de fecha veintitrés de septiembre del año dos mil veinte, recaída en el Recurso de Exhibición Personal, bajo el número SCO-0619-2020.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA CONSTITUCIONAL
[1] Etimológicamente habeas corpus significa tener el cuerpo o presentar el cuerpo
[2] Amparo, Habeas Corpus y Habeas Data. Rubén Flores Dapkevicius
[3] Jesús María Casal, Convención Americana sobre Derechos Humanos, Artículo 7. Derecho a la Libertad Personal, Konrad Adenauer. Magna Terra Editores, Guatemala, diciembre de 2014, Pág. 187. En refuerzo a la injerencia del Estado en el derecho a la Libertad Personal, la Corte ha dejado establecido, que como principio nadie puede ser privado de su libertad física, según lo dispuesto en el Artículo 7.2 de la Convención, pero a continuación deja a salvo la posibilidad de adoptar injerencias a este derecho, “por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas”. Esto implica una remisión a la facultad de los Estados partes a dictar normas contemplen supuestos de privación de la libertad, pero tal remisión no es indeterminada sino contiene ciertos parámetros, ya que, además de la necesidad de que tales normas estén contenidas en la Constitución o en las leyes cónsonas con ellas, se exige que las mismas precisen las “causas” y las “condiciones” en las cuales la privación de libertad puede ordenarse.
[4] DE LA RESOLUCIÓN DE OTRAS VIOLACIONES A LA LIBERTAD. Cuando en la exhibición personal se aleguen otras violaciones que guarden relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas y los hechos fueren conexos con el acto tenido como legítimo por constituir su causa o su finalidad, se resolverá también sobre estas violaciones.
[5] En relación con las privaciones de libertad arbitrarias e ilegales el citado autor Jesús María Casal, sostiene que la prohibición de privaciones ilegales de la libertad atiende a un criterio formal y proccidental, mientras que la prohibición de privaciones arbitrarias de la libertad responde a un criterio fundamentalmente material o sustancial. No basta que una detención sea conforme a la Constitución y las leyes de un país para considerarla licita o legitima, ya que es preciso adicionalmente que esta normatividad de ajuste a principios materiales de razonabilidad o proporcionalidad. Al examinar la prohibición de arbitrariedad del artículo 7.3 de la Convención, ha de tenerse en cuenta que: […] se está en presencia de una condición según la cual nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento por causas o métodos que –aun calificados de legales- puedan reputarse como incompatibles con el respeto a los derechos fundamentales del individuo por ser, entre otras cosas, irrazonables, imprevisibles, o faltos de proporcionalidad. Citando a la Corte IDH. Caso Gangaram Panday vs. Surinam, op. cit., párr. 47.
[6]
Ley Sobre Justicia Constitucional. ARTÍCULO 39.- DEL EFECTO LAS RESOLUCIONES PROCEDENTES. Si del estudio de los antecedentes a que se refieren los artículos precedentes, resulta que la detención, restricción o amenaza es ilegal, el ejecutor decretará la orden de libertad del agraviado o la cesación de las restricciones, vejámenes, tratos crueles, inhumanos o degradantes, amenazas, apremios ilegales o de cualquier otra coacción, restricción o molestia innecesaria para la seguridad individual o para el orden de la prisión, y pondrá esos hechos en conocimiento del Ministerio Público con el objeto de que se ejerza la acción penal correspondiente.
Igual obligación tendrá el juez o magistrado que conozca de la acción una vez dictada la sentencia que declare con lugar la misma.
Las resoluciones anteriores tendrán el carácter de Sentencias Definitivas, una vez revisadas en su caso por la Sala de lo Constitucional.