Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia EP-618-20 — Registro 10988

Resumen

Se interpuso Recurso de Exhibición Personal contra actuaciones del Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional en Materia de Corrupción, manifestando el recurrente que su representado se encuentra recluido en el Centro Penitenciario “Marco Aurelio Soto”, ubicado en Támara, departamento de Francisco Morazán, esperando que dicho tribunal dicte sentencia; asimismo, considera que la salud del encausado se ha complicado dentro del centro penal, poniéndola en riesgo por el posible contagio por el virus covid-19.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO (9): Que el recurso de Exhibición Personal o Habeas Corpus procede cuando por actos de la autoridad se vea vulnerado en forma ilegal y arbitraria el derecho a la libertad individual, en contravención a las normas legales, constitucionales y convencionales. Asimismo, contra aquellos actos de la autoridad pública que atenten por acción u omisión contra la integridad física, síquica y moral de los privados de libertad; o bien, contra la imposición de restricción o molestias innecesarias para su seguridad, o para el orden de la prisión en que se cumple la medida privativa de libertad legalmente impuesta; lo cual tampoco se desprende de las actuaciones realizadas en ampliación y cumplimentación de la presente garantía de Habeas Corpus o Exhibición Personal, cuyo informe y documentación, tanto en el orden judicial como administrativo, se agregan a las diligencias; incluyendo la exhibición personal del beneficiario de la presente garantía constitucional. CONSIDERANDO (10): Que, por todo ello, considera este Alto Tribunal, que el planteamiento formulado por el garantista en favor del señor SANTOS UBALDO CERRATO CANALES, contra actuaciones del Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional en Materia de Corrupción, no se enmarca en las disposiciones constitucionales relacionadas ut supra, ni en el artículo 13 de la Ley sobre Justicia Constitucional; al no haberse constatado restricción ilegal o arbitraria a su libertad y seguridad, y/o que se hubiere transgredido, por autoridad competente, la protección y garantía que es debida a través del recurso constitucional de Exhibición Personal o Habeas Corpus; en vista a habérsele estando brindado la asistencia médica profesional que requiere, en razón de su cuadro médico; descartándose, asimismo, que fuese objeto de torturas o vejámenes por parte de la autoridad requerida; por lo cual, no concurriendo mérito para estimatoria, procede denegar la presente garantía constitucional de Habeas Corpus.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, catorce de octubre del dos mil veinte. VISTAS: Las presentes diligencias para dictar Sentencia en el Recurso de Exhibición Personal interpuesto por el Abogado Carlos Francisco Herrera Orellana, a favor del señor Santos Ubaldo Cerrato Canales, contra actuaciones del Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional en Materia de Corrupción, manifestando el recurrente que su representado se encuentra recluido en el Centro Penitenciario “Marco Aurelio Soto”, ubicado en Támara, departamento de Francisco Morazán, esperando que dicho tribunal dicte sentencia; asimismo, considera que la salud del encausado se ha complicado dentro del centro penal, poniéndola en riesgo por el posible contagio por el virus covid-19. ANTECEDENTES 1) Que, en fecha dieciséis de junio de dos mil veinte, el Abogado Carlos Francisco Herrera Orellana, interpuso ante el Juzgado de Letras Penal del departamento de Francisco Morazán, recurso de exhibición personal, a favor del señor Santos Ubaldo Cerrato Canales, contra actuaciones del Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional en Materia de Corrupción, manifestando el recurrente que su representado se encuentra recluido en el Centro Penitenciario “Marco Aurelio Soto”, ubicado en Támara, departamento de Francisco Morazán, esperando que dicho tribunal dicte sentencia; asimismo, considera que la salud del encausado se ha complicado dentro del centro penal, poniéndola en riesgo por el posible contagio por el virus covid-19. (Folios 2-4 del recurso) 2) En fecha dieciséis de junio de dos mil veinte, el Juzgado de Letras Penal del departamento de Francisco Morazán, resolvió: 1.-) Tener por presentada y admitida la garantía constitucional de HABEAS CORPUS O EXHIBICIÓN PERSONAL interpuesto por el Abogado CARLOS FRANCISCO HERRERA ORELLANA, actuando en su condición de apoderado defensor del señor SANTOS UBALDO CERRATO CANALES.-2-) Nómbrese a la Abogada ALBA OLIVIA ZUNIGA, inscrita en Colegio de Abogados de Honduras con carnet No.7784, adscrita a la Defensa Pública, como Juez Ejecutora, a quien deberá librársele la debida comunicación y asimismo se le hará saber el nombramiento en ella recaído para su aceptación y demás efectos legales. 3-) Una vez que la Juez Ejecutora rinda su informe, remítanse las presentes actuaciones a la Sala de lo Constitucional de la Honorable Corte Suprema de Justicia, para que sigan conociendo de la misma, en virtud de que este Juzgado conoce a prevención de dicha garantía. (Folios 14-15 del recurso) 3) En fecha ocho de julio de dos mil veinte, la Jueza Ejecutora nombrada, en el ejercicio de las responsabilidades inherentes a su cargo, compareció ante el Juzgado de Letras Penal del departamento de Francisco Morazán, rindiendo el informe correspondiente, mediante el cual concluyó: … PRIMERO:…SEGUNDO: El día lunes seis de julio del año dos mil veinte, recibí el informe rendido por el Director del Centro Penitenciario de Támara, Francisco Morazán en el cual se informa lo siguiente: CONDICIÓN JURIDICA: Dicho imputado registra su ingreso a este Centro Penitenciario Nacional de Támara en fecha 13 de junio del año 2018 por el delito de ABUSO DE AUTORIDAD, FRAUDE, FALSIFICACIÓN IDEOLOGICA DE DOCUMENTOS PÚBLICOS Y USURPACIÓN DE FUNCIONES en perjuicio de la FE PÚBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS, a la orden del Juzgado de Letras de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, delitos por los cuales le fue decretado AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO y la medida cautelar de PRISIÓN PREVENTIVA por los delitos de ABUSO DE AUTORIDAD, FRAUDE Y USURPACIÓN DE FUNCIONES, en perjuicio de la FE PÚBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS lo cual se registra en los folios 7 al 13 del expediente criminológico de mérito. Su condición jurídica actual es de PROCESADO.- Asimismo, se recibió Oficio No.TS/CNMC 32-2020 del Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Materia de Corrupción de fecha 30 de junio de 2020, suscrita por el Juez Coordinador de ese honorable Tribunal, Abogado Fernando Gabriel Morazán Aguilera, en la cual informa que en la causa registrada bajo expediente 16-2018TS/CNMC en la cual se encuentra como imputado SANTOS UBALDO CERRATO CANALES, se realizó juicio oral y público en fecha 25 de noviembre del 2019, mismo que culminó el 02 de diciembre del año antes mencionado, en esta causa se está pendiente de emitir fallo en virtud de que hay recursos de amparos pendientes de resolver por parte de la Sala Constitucional. Se recibe por parte del Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, AUTO MOTIVADO de fecha 17 de junio del 2020, integrado por los jueces FERNANDO GABRIEL MORAZÁN AGUILERA, quien preside, ROSA AMALIA RAJO FLORES y KARLA MARIA ARITA MENDOZA, integrantes, y que en su considerando TERCERO: “… manifiesta que se establece una excepción, y es cuando la persona encausada se considera de alta peligrosidad por pertenecer a un grupo delictivo organizado o porque el delito se dio bajo esta modalidad o por la posibilidad de reinserción en la actividad criminal por parte del imputado; situación que acontece en el presente caso…”. Se acompaña al presente oficio CPNT-DM-634-2020 de fecha 02 de julio de 2020, suscrito por el Doctor RAFAEL ALFREDO GUERRERO, medico asistencial del Hospital del Centro Penitenciario Nacional de Támara en el que se informa que: El día jueves 02 de julio de 2020 se realizó evaluación medicada al privado de libertad SANTOS UBALDO CERRATO CANALES, procedente de Pespire, Choluteca, nació el 07 de agosto del año 1963, ingresó al Centro Penitenciario de Támara el 13 de junio del año 2018, con número de expediente clínico PI-C-593 del cual se desprende lo siguiente: …DIAGNOSTICO: 1.-Hipertensión Arterial. TRATAMIENTO: Ibersartan 300 mg Hidroclorotiazida 12.5 mg…En tal razón esta Jueza Ejecutora considera que se ha comprobado que el señor SANTOS UBALDO CERRATO CANALES no se encuentra, ni se encontró detenido de forma ilegal, no ha sido víctima de tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción o molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión. Por consiguiente…; soy del criterio de declarar NO HA LUGAR LA ACCIÓN DE HABEAS CORPUS interpuesto a favor del señor SANTOS UBALDO CERRATO CANALES. (Folios 26-31 del recurso) 4) El Juzgado de Letras Penal del departamento de Francisco Morazán, en fecha ocho de julio de dos mil veinte, resolvió: 1.-) Tener por recibido el informe juntamente con la documentación presentada por la Abogada ALBA OLIVIA ZUNIGA, en su condición de Juez Ejecutora nombrada en la garantía constitucional de HABEAS CORPUS O EXHIBICIÓN PERSONAL, interpuesto por el Abogado CARLOS FRANCISCO HERRERA ORELLANA, a favor del señor SANTOS UBALDO CERRATO CANALES. 2.-) Este Juzgado se inhibe de seguir conociendo y ordena la remisión de las diligencias que contienen la garantía de Habeas Corpus o Exhibición Personal, a favor del señor antes mencionado, a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, para que siga conociendo de la presente garantía. (Folio 37 vuelto del recurso) 5) Esta Sala, en fecha cinco de agosto de dos mil veinte, tuvo por recibidas las diligencias que contienen el recurso de exhibición personal interpuesto por el Abogado Carlos Francisco Herrera Orellana a favor del señor Santos Ubaldo Cerrato Canales. (Folio 39 del recurso) 6)En fecha diez de septiembre de dos mil veinte, esta Sala, resolvió: ÚNICO: Librar comunicación a la Abogada ALBA OLIVIA ZUNIGA AYALA, en su condición de Jueza Ejecutora para que proceda a ampliar de forma inmediata el informe que rindió, consignando en el mismo las omisiones que se señalan en la presente resolución y otras que estime necesarias para la correcta substanciación del presente recurso de Habeas Corpus, Y MANDA: Que se de inmediato cumplimiento a lo que se ordena por este Supremo Tribunal de Justicia. (Folios 41-42 del recurso) 7) En fecha uno de octubre de dos mil veinte, compareció ante esta Sala, la Jueza Ejecutora designada, rindiendo la ampliación de a su informe, mediante el cual concluyó:… PRIMERO: El día lunes veintiocho de septiembre de dos mil veinte, personada en las instalaciones de la Penitenciaría Nacional Marco Aurelio Soto, con el fin de entrevistar al señor SANTOS UBALDO CERRATO CANALES, siendo las diez de la mañana se le realizaron una serie de preguntas y manifestó lo siguiente: “¿Cuántos años de edad tiene? R.-Tengo 57 años de edad. -¿Cuántos años lleva recluido? R.-llevo 2 años 4 meses. ¿Ya fue sentenciado? R.-No, porque fuimos al juicio y todavía no hay sentencia. -¿Sabe si hay algún recurso? R.-La fiscalía interpuso un recurso de amparo porque no estaba de acuerdo porque el juzgado nos quitó un delito. -¿Su Abogado ha solicitado revisión de medidas? R.-Sí, pero siempre se declaran sin lugar. -¿Padece de alguna enfermedad crónica? R.-Sí, hace 13 años, tengo hipertensión y padezco de la circulación. - ¿Está recibiendo sus medicamentos para la hipertensión arterial? R.-Sí, recibo Versitan, sí me han dado en el hospital del Centro Penal y cuando no hay la he comprado. -¿En estos últimos meses ha necesitado atención medica? R.-Sí he venido dos veces a consulta, para que me tomen la presión y para saber por qué se me duermen los brazos, he sido atendido y me han dado medicamentos, pero solo de las que ellos tienen, cuando comenzó la pandemia quería solicitar que se me autorizara ir a un laboratorio para chequearme el colesterol y triglicéridos, pero ya no fue posible. ¿Ha sido diagnosticado con COVID-19? R.-No, sí tengo temor por el hacinamiento en el que vivimos y eso nos complica nuestra situación…SEGUNDO: El día lunes veintiocho de septiembre del año dos mil veinte, personada en las instalaciones de la Penitenciaría Nacional Marco Aurelio Soto, con el fin de entrevistar a la Doctora Enma Graciela del Did Cabrera, siendo las nueve de la mañana se le realizaron las siguientes preguntas: 1.-¿el señor Santos Ubaldo Cerrato Canales ha sido atendido en el hospital del centro penal? R.-Sí, ha sido atendido en varias ocasiones; 2.-¿Según el diagnóstico de salud del señor Cerrato Canales está recibiendo el tratamiento adecuado? R.-Sí, es el adecuado ya que está recibiendo los medicamentos en las dosis correctas. 3.-¿Según su experiencia y con el diagnóstico del señor Santos Canales con respecto a la pandemia y estado físico se encuentra en peligro su vida? R.-El señor Canales ha estado estable durante todo el tiempo que lleva en reclusión ya que incluso únicamente ha asistido al hospital en cuatro ocasiones y en todas ellas su presión arterial a pesar de ser hipertenso ha salido normal, por lo que ha estado controlado, por lo tanto no tienen peligro de muerte, la ultima vez que fue evaluado es el 02 de julio del año 2020…POR TANTO: La Suscrita Jueza Ejecutora nombrada…, DECLARA NO HA LUGAR EL RECURSO DE EXHIBICIÓN PERSONAL A FAVOR DEL SEÑOR SANTOS UBALDO CERRATO CANALES, interpuesta por el Abogado CARLOS FRANCISCO HERRERA ORELLANA. (Folios 47-49 del recurso) CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia a través de su Sala Constitucional el conocimiento de las acciones de Hábeas Corpus o Exhibición Personal, acorde a lo preceptuado en los artículos 182 y 316 numeral uno de la Constitución de la República, en relación a lo preceptuado en los artículos 3 numeral uno y 13 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, resultando procedente la misma cuando se constate que la persona agraviada se encuentre ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad, o bien, cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción o molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión. CONSIDERANDO (2): Que la Constitución de la República en el artículo precitado, establece en su literalidad: “El Estado reconoce la garantía de Hábeas Corpus o Exhibición Personal, y de Hábeas Data. En consecuencia en el Hábeas Corpus o Exhibición Personal toda persona agraviada o cualquier otra en nombre de ésta tiene derecho a promoverla; y en el Hábeas Data únicamente puede promoverla la persona cuyos datos personales o familiares consten en los archivos, registros públicos o privados de la siguiente manera: 1) EL HÁBEAS CORPUS O EXHIBICIÓN PERSONAL: a) Cuando se encuentre ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad; y, b) Cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión”…[1] CONSIDERANDO (3): Que la justicia constitucional tiene por objeto desarrollar las garantías constitucionales y las defensas del orden jurídico constitucional, en virtud de ello, en la aplicación de la Ley Sobre Justicia Constitucional, las disposiciones contenidas en la misma, se interpretarán y aplicarán siempre de manera que aseguren una eficaz protección de los derechos humanos y el adecuado funcionamiento de las defensas del orden jurídico constitucional; de igual forma la justicia constitucional se aplicará e interpretará de conformidad con los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales sobre derechos humanos vigentes en la República de Honduras, tomando en consideración las interpretaciones que de ellos hagan los tribunales internacionales.[2] CONSIDERANDO (4): Que el Estado de Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos[3], la que una vez en vigor forma parte del derecho interno[4]; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el artículo 5 el Derecho a la integridad personal y textualmente señala: “1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. 2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano…”. En congruencia a lo postulado por la Carta de San José, nuestra Carta Magna declara en su artículo 59 que la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado, sosteniendo la obligación de respetarla y protegerla, siendo en consecuencia inviolable la dignidad del ser humano, declaración íntimamente relacionada con el derecho individual que recoge la normativa constitucional en el artículo 68, que textualmente establece: “Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, síquica y moral”. CONSIDERANDO (5): Que, en ese orden de ideas y aun con mayor intensidad, señala también la jurisprudencia interamericana en materia de derechos humanos, que toda persona privada de libertad tiene derecho a vivir en condiciones de detención compatibles con su dignidad personal. Esto implica el deber del Estado de salvaguardar la salud y el bienestar de las personas privadas de libertad y de garantizar que la manera y el método de privación de libertad no excedan el nivel inevitable de sufrimiento inherente a la misma. Por ello, con base en el principio de no discriminación, el derecho a la vida de las personas privadas de libertad también implica la obligación del Estado de garantizar su salud física y mental, específicamente mediante la provisión de revisión médica regular y, cuando así se requiera, de un tratamiento médico adecuado, oportuno y, en su caso, especializado y acorde a las especiales necesidades de atención que requieran las personas detenidas en cuestión. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos también ha identificado la obligación de los Estados de proveer atención médica a los privados de libertad y de proporcionar cuidados especiales en situaciones de emergencia o debido cuidado en caso de enfermedad severa o terminal. Asimismo, el Comité de Derechos Humanos de la ONU ha establecido que cuando los Estados detienen a una persona asumen una especial responsabilidad de su vida, por lo que corresponde asegurar una protección de este derecho, incluyendo la atención médica adecuada, la cual debe ser ofrecida de oficio, sin necesidad de que sea haga un requerimiento especial por parte de quien se encuentra detenido; estándares de derechos humanos que son aplicables en el caso de mérito, dado que no pueden ser objeto de suspensión, aun en caso de estado de emergencia o excepción legalmente decretado.[5] CONSIDERANDO (6): Que, por otra parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, emitió la Resolución No. 01/2020 “PANDEMIA Y DERECHOS HUMANOS EN LAS AMERICAS”, en fecha diez de abril del año dos mil veinte, estimando que la pandemia del COVID-19 puede afectar gravemente la plena vigencia de los derechos humanos de la población, en virtud de los serios riesgos para la vida y siendo que es este el derecho humano más afectado por esta pandemia, como consecuencia de una afectación grave y directa del derecho humano a la salud, es ahora el momento de tomar decisiones urgentes que garanticen los derechos fundamentales a la vida, la salud, y a la integridad personal de todas aquellas personas que se encuentren privadas de libertad; particularmente cuando adolezcan de enfermedades crónicas como diabetes Mellitus, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, personas mayores de 60 años, personas que padezcan de enfermedades respiratorias crónicas como neumonía, tuberculosis, VIH y otras enfermedades que debido a su condición inmunológica pongan en riesgo la salud de las Personas privadas de su libertad. Se recomienda, por lo tanto, adoptar medidas para enfrentar el hacinamiento de las unidades de privación de libertad, incluida la reevaluación de los casos de prisión preventiva, para identificar aquellos que pueden ser convertidos en medidas alternativas a la privación de la libertad; dando prioridad a las poblaciones con mayor riesgo de salud frente a un eventual contagio del COVID-19, principalmente las personas mayores y mujeres embarazadas o con hijos lactantes; lo cual no se identificó precisamente como el supuesto del presente caso. CONSIDERANDO (7): Que, por lo anteriormente motivado, la Sala de lo Constitucional reconoce la función que reviste al Estado como garante de la dignidad de la persona humana, de su bienestar y su salud, a efecto procurar la más completa protección del derecho a la vida y la integridad personal. En particular, la de la persona privada de libertad, quien se encuentra bajo la tutela reforzada del Estado. En tal sentido, relevante jurisprudencia constitucional ha afirmado que el derecho a la vida comprende, en sentido propio, el derecho del ser humano a no ser privado de la vida y a que no se le impida el acceso a las condiciones que le garanticen una existencia digna; coligiéndose la obligación que tiene el Estado de Honduras de garantizar las condiciones requeridas para que no se produzcan violaciones de ese derecho básico; y de impedir que sus agentes, o terceros, atenten contra él.[6] CONSIDERANDO (8): Que, en el mismo sentido, se valora lo resuelto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la precitada Resolución No. 01/2020, de fecha diez de abril; reconociéndose, asimismo, que la garantía de exhibición personal o habeas corpus, se encuentra configurada como un mecanismo de defensa para el derecho a la libertad individual frente a los actos de autoridad que, con infracción, violación o inobservancia del bloque de constitucionalidad, la perturben o priven de ella; así como también, frente a quienes, en iguales circunstancias, atenten contra la integridad física, síquica y moral del detenido; lo cual no se evidencia, en definitiva, de la presente vista. CONSIDERANDO (9): Que el recurso de Exhibición Personal o Habeas Corpus procede cuando por actos de la autoridad se vea vulnerado en forma ilegal y arbitraria el derecho a la libertad individual, en contravención a las normas legales, constitucionales y convencionales. Asimismo, contra aquellos actos de la autoridad pública que atenten por acción u omisión contra la integridad física, síquica y moral de los privados de libertad; o bien, contra la imposición de restricción o molestias innecesarias para su seguridad, o para el orden de la prisión en que se cumple la medida privativa de libertad legalmente impuesta; lo cual tampoco se desprende de las actuaciones realizadas en ampliación y cumplimentación de la presente garantía de Habeas Corpus o Exhibición Personal, cuyo informe y documentación, tanto en el orden judicial como administrativo, se agregan a las diligencias; incluyendo la exhibición personal del beneficiario de la presente garantía constitucional. CONSIDERANDO (10): Que, por todo ello, considera este Alto Tribunal, que el planteamiento formulado por el garantista en favor del señor SANTOS UBALDO CERRATO CANALES, contra actuaciones del Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional en Materia de Corrupción, no se enmarca en las disposiciones constitucionales relacionadas ut supra, ni en el artículo 13 de la Ley sobre Justicia Constitucional; al no haberse constatado restricción ilegal o arbitraria a su libertad y seguridad, y/o que se hubiere transgredido, por autoridad competente, la protección y garantía que es debida a través del recurso constitucional de Exhibición Personal o Habeas Corpus; en vista a habérsele estando brindado la asistencia médica profesional que requiere, en razón de su cuadro médico; descartándose, asimismo, que fuese objeto de torturas o vejámenes por parte de la autoridad requerida; por lo cual, no concurriendo mérito para estimatoria, procede denegar la presente garantía constitucional de Habeas Corpus. POR TANTO: La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 1, 4, 59, 60, 68, 69, 71, 80, 82, 84, 182, 303, 304, 313 atribución 5a. y 316 de la Constitución de la República; 1, 5, 7, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1 de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; 1o., 78 atribución 5ª y 137 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 9, 13, 14, 17, 19, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 38, 39, 72, 119 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: DECLARAR SIN LUGAR EL RECURSO DE EXHIBICIÓN PERSONAL impetrado por el Abogado CARLOS FRANCISCO HERRERA ORELLANA, a favor de señor SANTOS UBALDO CERRATO CANALES, contra actuaciones del TRIBUNAL DE SENTENCIA CON JURISDICCIÓN NACIONAL EN MATERIA DE CORRUPCIÓN. Y MANDA: 1.- Que se notifique al impetrante de la presente garantía constitucional. 2.- Que notificada y firme que sea la presente sentencia, se proceda al archivo de las diligencias en Sala de lo Constitucional. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. PRESIDENTE SALA CONSTITUCIONAL. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintisiete días del mes de octubre del año dos mil veinte, certificación de la sentencia de fecha catorce de octubre del año dos mil veinte, recaída en el Recurso de Exhibición Personal, bajo el número SCO-0618-2020.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA CONSTITUCIONAL

[1] Ver el artículo 182 de la Constitución de la República.

[2] Ver artículo 2 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, Decreto Legislativo No. 244-2003.

[3] Suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, y entro en vigor en julio de 1978, publicado en La Gaceta No. 22287 del 1 de septiembre de 1977.

[4] Artículo 16, segundo párrafo de la Constitución de la República de Honduras.

[5] Ver: CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Cuadernillo de Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos No. 26: Restricción y suspensión de derechos humanos / Corte Interamericana de Derechos Humanos y Cooperación Alemana (GIZ). -- San José, C.R., 2020. Págs. 150-151.

[6] Cfr. el fallo de la Corte Interamericana Sobre Derechos Humanos, en: Instituto de Reeducación del Menor vs. Paraguay. Sentencia del dos de septiembre de 2004, párr. 156.