Sentencia EP-616-20 — Registro 11373
Resumen
Revisión de Exhibición Personal declarada sin Lugar por considerar que agraviados se encuentran recluidos ilegalmente en virtud de haberse vencido el plazo de la prisión preventiva, con relación a la causa por suponerlos responsables de los delitos de Tráfico Ilícito de Drogas y Lavado de Activos en perjuicio de la Salud de la Población y La Economía del Estado de Honduras,considerando la Sala debe ser revocada y declararla Con lugar
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Que esta Sala ha sostenido que la revisión, revocación e imposición de medidas cautelares en el proceso penal es una potestad propia de la jurisdicción penal, por ende, en el trámite de la exhibición personal los jueces ejecutores designados no ostentan—en principio—esta potestad en forma taxativa, por lo que se ha dispuesto en el pasado que lo pertinente es que, cuando el caso lo amerite, el ejecutor debe ordenar a la autoridad judicial denunciada responsable de la actuación indebida que proceda a imponer las medidas bajo las formalidades exigidas en el proceso, cuando sea legalmente exigible y bajo las condiciones y circunstancias previstas por la ley.- CONSIDERANDO (13): Que de acuerdo con el parecer de la jueza ejecutora Abogada SUYAPA CONCEPCIÓN TORRES es procedente en el presente caso estimar el recurso de exhibición personal interpuesto a favor de los señores Olvin Alexander Allen Cruz y Elsi Michael Turcios Mejía, en tanto que, según fue constatado por ella misma, los referidos imputados han permanecido en prisión preventiva más allá del término máximo permitido por el artículo 181 del Código Procesal Penal, así como los 6 meses de ampliación otorgados por esta Corte Suprema de Justicia, sin que el proceso haya llegado a su culminación, criterio con el cual asiente esta Sala de lo Constitucional al resultar evidente que dicho plazo efectivamente ha transcurrido sin que la SALA SEGUNDA DEL TRIBUNAL DE SENTENCIA CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL EN MATERIA PENAL haya celebrado el juicio oral y público como corresponde de acuerdo con la ley procesal.- CONSIDERANDO (14): Que de todo lo actuado y establecido en la tramitación del presente recurso de habeas corpus, esta Sala Constitucional ha logrado constatar, de acuerdo con lo expuesto e informado por la juez ejecutora designada, que los agraviados han permanecido en prisión preventiva más allá del plazo legal máximo establecido por el Artículo 181 del Código Procesal Penal, por consiguiente, aún y cuando su detención y posterior reclusión fuera efectuada dentro del marco legal aplicable, al haberse excedido el término legalmente estipulado para la duración de la prisión preventiva, se le ha cohibido en forma indebida del goce de su libertad, por lo que resultaba procedente declarar HA LUGAR el recurso de habeas corpus que se conoce, y al no haber sido así resuelto ni decidido por la Corte de Alzada en la sentencia que se revisa, resulta procedente que la misma sea REVOCADA."
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 38 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, treinta de septiembre de dos mil veinte.- VISTAS: En revisión las diligencias que contienen la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, de fecha veinte (20) de julio dos mil veinte (2020), que declaró no ha lugar el recurso interpuesto contra actuaciones de la SALA SEGUNDA DEL TRIBUNAL DE SENTENCIA CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL EN MATERIA PENAL, por considerar el peticionario que los agraviados se encuentran recluidos ilegalmente en virtud de haberse vencido el plazo de la prisión preventiva, con relación a la causa instruida contra los Señores OLVIN ALEXANDER ALLEN CRUZ y ELSI MICHAEL TURCIOS MEJÍA por suponerlos responsables de los delitos de TRAFICO ILÍCITO DE DROGAS y LAVADO DE ACTIVOS en perjuicio de la SALUD DE LA POBLACIÓN Y LA ECONOMÍA DEL ESTADO DE HONDURAS, RESPECTIVAMENTE.- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha nueve (09) de junio de dos mil veinte (2020), vía correo electrónico se recibió en la Secretaría de la Sala de lo Constitucional, recurso de exhibición personal interpuesto por el Abogado OMAR ENRIQUE DUBON URBIZO, a favor de los Señores OLVIN ALEXANDER ALLEN CRUZ Y ELSI MICHAEL TURCIOS MEJÍA, contra actuaciones de la SALA SEGUNDA DEL TRIBUNAL DE SENTENCIA CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL EN MATERIA PENAL, por considerar el peticionario que los agraviados se encuentran recluidos ilegalmente en virtud de haberse vencido el plazo de la prisión preventiva. (Folio 01-07 de la pieza del Ad-Quem)- 2) Que en fecha diez (10) de junio de dos mil veinte (2020), este Tribunal se declaró incompetente para conocer de la acción de habeas corpus de mérito, remitiendo los antecedentes a la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, para su sustanciación; asimismo designó como Juez Ejecutor a la Abogada SUYAPA CONCEPCIÓN TORRES, Defensora Pública de la Ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán. (Folio 09 de la pieza del Ad-Quem)- 3) Que en fecha diez (10) de junio de dos mil veinte (2020), el Juez Ejecutor tiene por recibida la comunicación con procedencia de la Sala de lo Constitucional, y en el ejercicio de las responsabilidades inherentes a su cargo, rindió el informe correspondiente, consignando entre otros extremos, lo siguiente: (SIC): “…1.- De acuerdo a lo informado por la Jueza Presidente de la Sala número dos del Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional, Abogada ANA WENDY CRUZ CASTRO, los imputados OLVIN ALEXANDER ALLEN CRUZ y ELSI MICHAEL TURCIOS MEJÍA, fueron privados de su libertad en fecha cuatro de diciembre del año 2017. La audiencia de declaración de imputados se realizó en fecha seis de diciembre, audiencia inicial el nueve de diciembre donde se les dictó auto de formal procesamiento y la medida cautelar de prisión preventiva. A petición del Ministerio Público, se solicitó prórroga para la celebración de audiencia preliminar, misma que se realizó hasta el dieciséis de octubre del año 2018: en esta audiencia, el abogado de otro imputado se abstuvo de formalizar acusación, aduciendo estar pendiente de algunas solicitudes hechas al Ministerio Público, por lo que se señaló fecha para continuar con la audiencia preliminar para veintisiete de noviembre del año 2018; y por encontrarse pendiente recursos de apelación interpuestos por los abogados de los demás imputados, la audiencia preliminar correspondiente a ellos se celebró hasta el catorce de febrero del año 2019. Por esta razón la causa fue elevada a la etapa de juicio y recibida en el Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional hasta el veintisiete de marzo del año 2019; habiéndose requerido al abogado recurrente a efecto de que se personara ante el Tribunal, habiéndolo así hecho el cinco de abril del 2019. Refiere el informe que la audiencia de proposición de pruebas se señaló para el día once de junio del año 2019. El representante de otro de los coimputados solicito reprogramación por tener audiencia previamente señalada y el Tribunal accedió reprogramándose la misma para veinte de junio del año 2019. 2. En fecha catorce de junio – 2020, el abogado recurrente solicito reprogramación de la audiencia, aduciendo tener comprados boletos aéreos para viajar fuera del país, acreditando con una copia de los itinerarios comprendidos a partir del diecisiete de junio hasta el doce de julio del año 2019. Así que de acuerdo a lo que manifiesta la autoridad requerida no hubo forma de señalar la audiencia previo al periodo vacacional, el cual inicio el primero de julio, por lo que quedo señalada la audiencia para el veintidós del mismo mes y año, fecha en la que efectivamente se realizó la audiencia de proposición de pruebas, señalándose audiencia de debate para diecinueve de marzo del 2020, el que no se celebró y a la fecha no se ha celebrado, por la declaratoria del estado de emergencia del país que aún se mantiene vigente. 3.- Llegada la fecha de cuatro de junio del presente año, se habrían cumplido dos años seis meses de efectiva prisión para los señores OLVIN ALEXANDER ALLEN CRUZ y ELSI MICHAEL TURCIOS MEJÍA. Por lo que en fecha cinco de junio del año en curso, el impetrante solicito ente el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional audiencia de revisión de medidas para que se impusieran a sus representados medidas de libertad, declarándose sin lugar la solicitud de que para el tribunal, el abogado defensor de los imputados aludidos y recurrente habría ocasionado retraso de la causa por un periodo de treinta y dos días por la petición de reprogramación que hizo de la audiencia de proposición de pruebas, los que debían sumarse al término de la prisión preventiva; es decir, que en el caso particular de estos imputados, el termino de prisión preventiva vencería al cumplirse dos años seis meses treinta y dos días, estableciéndose como nueve fecha de vencimiento de la prisión preventiva el 6 de julio del año en curso. Los treinta y dos días que aduce el Tribunal corresponden a diez días del mes de junio (diez días posteriores al 20 de junio que estaba señalada la audiencia de proposición de pruebas) y veintidós días del mes de julio que corresponden al periodo vacacional del Poder Judicial del año 2019. El Tribunal fundamenta su resolución en el artículo 181, párrafo 6 del Código Procesal Penal, que es una de sus partes expresa que, “dentro del plazo de duración de la prisión preventiva, no se contara el tiempo que hayan durado las demoras producidas por gestiones de la defensa”. Y establece asimismo el tribunal que, si no hubiese sido solicitada esa reprogramación por parte del recurrente, el juicio pudo haber quedado señalado para el mes de febrero del dos mil veinte. ANÁLISIS SOBRE LA PETICIÓN DE HABEAS CORPUS REPARADOR: 1.- En principio debe establecerse que el habeas corpus en su modalidad reparador, es un proceso constitucional para la protección del derecho fundamental de la libertad y demás derechos conexos como lo son la vida, seguridad, integridad física, psíquica y moral, así como la presunción de inocencia. Siendo de cognición limitada para evaluar la legitimidad de una privación de libertad a la trata de ponérsele fin, es menester relacionar los hechos denunciados por el impetrante y las disposiciones de la Ley Sobre Justicia Constitucional, contenidas en los artículos 13.1 y 24.2 respectivamente. En el caso que se analiza previo a que como Jueza Ejecutora pueda dar una declaración de ha lugar o no ha lugar, necesariamente debe analizarse el hecho a la luz del derecho, estableciendo en primer lugar si lo invocado por el peticionario es campo de este proceso constitucional. Entonces de acuerdo con que el artículo 13.1 establece que debe tratarse de una detención ilegal y para ahondar en que consiste una detención ilegal debemos relacionar lo que establece el artículo 24 del mismo texto legal, por cuanto aquí se establece sobre cuando hay ilegalidad en las privaciones de libertad. En ese sentido establece los presupuestos para hacer un ensamblaje jurídico del hecho denunciado. Es así que en dicho artículo dentro de las diversas situaciones que se despliegan se encuentran la que establece que constituye una privación arbitraria o ilegal la que se funde en motivos que no hayan sido previamente establecidos en la Ley. En el caso investigado no solo debe considerarse que el nacimiento de la prisión preventiva haya sido de manera legal, que su ampliación decretada por la Sala Penal, lo haya sido en igual termino, sino que la prolongación de 32 días después del vencimiento de los plazos legales referidas, y que dispuso el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional, también obedezca a una causa legitima y que de acuerdo a los argumentos esbozados en su informe, se determina si la misma es o no arbitraria. 2. Es muy importante realizar consideraciones conducentes a establecer las razones por las cuales se ha cumplido el plazo máximo de prisión preventiva y el juicio no se ha llevado a cabo, si finalmente pueden incidir en afectar el derecho a la libertad que es el derecho que protege la garantía invocada. Es necesario hacer la observancia sobre los plazos que en esta causa han existido desde la primera audiencia judicial hasta la última que se ha realizado. Las audiencias de declaración imputado e inicial se realizaron en los plazos que la norma procesal consiente, el 6 y 9 de diciembre de 2017; sin embargo, la audiencia preliminar tuvo una tardanza de 10 meses con 7 días pues la misma se realizó en octubre del 2018, por petición de prorroga que hizo el Ministerio Público y que el Juez concedió. Luego se hizo espera de 4 meses más porque los otros coimputados en esta causa hicieron uso de su derecho a recurrir y se tuvo que esperar que la Corte de Apelaciones de lo Penal resolviera sobre ello y devolviera la causa al Juzgado de conocimiento. Posterior a ello la causa es recibida en el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en fecha 28 de marzo del 2019, y a requerimiento del Tribunal el impetrante se persono en la causa en fecha 5 de abril del 2019. Siguiendo las diligencias propias de esta fase el Tribunal señalo audiencia de proposición de prueba para 11 de junio del 2019. Como se ha hecho referencia en el acápite 1 del apartado de “Información obtenida de la autoridad requerida” el defensor de uno de los coimputados solicito reprogramación de ese señalamiento de audiencia por tener una audiencia en otra causa y que había sido señalada con antelación. Es así como el Tribunal de Sentencia accede a ello y reprograma para el 20 de junio del 2019. Como fue una resolución por escrito, las partes tuvieron conocimiento mediante notificación por el receptor del Tribunal y con posterioridad a ello el impetrante solicito en esta ocasión que esa audiencia fuera reprogramada porque con anticipación había hecho compra de pasajes aéreos cuya acreditación tuvo a la vista la juez presidenta de la causa, y entre las fechas de dicho viaje estaba contenida en la que se había señalado la reprogramación de la audiencia. Ante ello, el Tribunal de Sentencia accedió razonado que no podía señalarse nueva fecha para antes del inicio del periodo vacacional del Poder Judicial, por lo que la nueva fecha quedo para el 22 de julio donde finalmente se celebró y se señaló debate para fecha del 19 al 31 de marzo del 2020. Antes de cumplirse los dos años de prisión preventiva, nuevamente el Ministerio Público solicita concesión de ampliación del plazo de la prisión preventiva el que fue concedido por la Sala Penal. Finalmente, para cuando llego la fecha señalada para la celebración del juicio, ya estaba declarada la emergencia nacional y la suspensión de las actividades procesales. 3. En ocasiones existen aspectos que han podido propiciar la inobservancia de los plazos procesales, pues ha habido ampliación para la realización de diligencias por la complejidad del asunto, pues ha habido ampliación para la realización de diligencias por la complejidad del asunto, ya sea en lo factico como jurídico, por la prueba que ha de reproducirse en su momento procesal, o las propias deficiencias técnicas del ordenamiento jurídico sin embargo no han sido consideradas como dilaciones indebidas, como tampoco la interposición de recursos porque es un justo derecho, ni el tiempo en que se dilato la causa en espera de la resolución de esos recursos, por las consideraciones que pueda tener el Órgano Jurisdiccional Competente, porque en ellas no se aprecia ni es concurrente la mala fe. En la presente acción como se trata de determinar sobre si es procedente o no la privación prolongada de la prisión preventiva que actualmente cumplen los imputados OLVIN ALEXANDER ALLEN CRUZ y ELSI MICHAEL TURCIOS MEJÍA, es menester hacer la ponderación de la actuación puntual que tuvo el impetrante y que ha ocasionado que la prisión preventiva con respecto a los aludidos imputados se haya prolongado. El artículo 181 del Código Procesal Penal, establece como lo refiere el informe de la Autoridad requerida que dentro de los plazos no se contara el tiempo que hayan durado las demoras producidas por gestiones de la defensa, que hayan sido declaradas sin lugar. Partiendo de ello la Suscrita encuentran que tampoco puede calificarse como dilación indebida la gestión realizada por el peticionario y no puede el Tribunal, después de que permitió, concedió o autorizo que se reprogramara una audiencia, considerar eso como el motivo en que sustente la extensión de plazo vencido de la prisión preventiva, por cuanto no declaro sin lugar como lo dispone la norma. Cuando la norma procesal que constituyen demoras o dilaciones las gestiones que se realicen y que el Órgano Jurisdiccional declare sin lugar lo que se persigue es evitar la mala fe del gestor y que con malicia procure un retraso del proceso con fines aviesos. Pero cuando como en el caso, de acuerdo con lo que establece en su informe la Jueza presidente de la Causa, se le presento copia o acreditación que la parte necesitaba el cambio de fecha porque antes de que se reprogramara la primera vez se habían comprado los boletos se colige la ausencia de mala fe y por ello el Tribunal concedió la petición es decir no hubo un sin lugar, sino una aprobación. El Tribunal de Sentencia asimismo contabiliza como dilación o retraso los días que estuvieron inhabilitados para el Poder Judicial por ser el periodo vacacional y legal lo que no se puede computar sin provocar afectación al derecho a la libertad de los señores OLVIN ALEXANDER CRUZ y ELSI MICHAEL TURCIOS, haciendo concurrente la causa contemplada en la Ley Sobre Justicia Constitucional, en el artículo 24.2, porque invoca como motivo lo que no ha sido previamente establecido en la ley puesto que la decisión de seguir manteniendo la medida de prisión preventiva superando el termino establecido legalmente como el plazo razonable para el desarrollo y culminación del proceso, es una resolución arbitraria en los términos del aludido artículo, y tampoco es lo que dispone el artículo 181 al que se ha hecho referencia. 4.- Por otro lado, considerando que de los 32 días, que el Tribunal arguye que se constituyen en causa de la demora y por razonado antes, si fuera el caso, solo serían 10 días los imputables a esa petición de prórroga del peticionario (diez días posteriores al 20 de junio que estaba señalada la audiencia de proposición de pruebas, antes del inicio del periodo vacacional del Poder Judicial en julio del 2019) y considerando que desde el momento que se denegó la revocatoria de la prisión para sustituirla por otras medidas, el 5 de junio del año en curso, también se encuentran cumplidos a la fecha en que la suscrita resuelve el presente recurso. Por lo antes expuesto, LA SUSCRITA JUEZA EJECUTORA, con fundamento en los artículos 7 en sus numerales 1.3.5, 6 de la Convención Americana de Derechos Humanos, 2, 9, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 69, 81, 182.1, 321 de la Constitución de la República; 178, 181 del Código Procesal Penal; 13.1.a, 24.2, 37 y 39 De La Ley Sobre Justicia Constitucional. (Y como referente de especial aplicación los siguientes casos: Caso Suarez Rosero Vs Ecuador, sentencia de 12 de noviembre de 1197. Párrafo 77; Caso Chaparro Álvarez y Lapo Iñiguez Vs Ecuador, Sentencia de 21 de noviembre de 2007, párrafo 145. Caso Bayarri VS Argentina, Sentencia de 30 de octubre de 2008. Párrafos 69, 70; Opinión consultiva OC-8-87 30 de enero de 1987 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; Opinión Consultiva OC-9/87 de 6 de octubre de 1987 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. RESUELVE DECLARAR HA LUGAR EL RECURSO DE HABEAS CORPUS REPARADOR INTERPUESTO pues el derecho a la libertad que es el acto reclamado en esta exhibición personal, ciertamente se ha conculcado a partir del día 5 de junio del año en curso debiendo ser restituido, y sometido los imputados a medidas de libertad en espera del desarrollo del juicio. El artículo 39 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, dispone que si del estudio realizado resulta que la detención es ilegal el ejecutor decretara la orden de libertad; y de acuerdo con las circunstancias especiales de los imputados con un juicio pendiente, lo procedente es la imposición de medidas de libertad que aseguren su presencia en el juicio el cual debe señalarse. En este caso y de acuerdo con lo que dispone la referente Ley, la suscrita puede decretar la libertad, pero no puede imponer medidas por cuanto no es competencia del ejecutor. En ese sentido y siendo que el Órgano competente para imponer medidas de libertad es el Tribunal De Sentencia Con Competencia Territorial Nacional Sala número dos, se le gira oficio con la indicación que los Jueces que la conforman deben constituirse de manera pronta para la realización de audiencia de revisión de medida, de forma física o virtual mediante la plataforma Zoom u otro medio similar disponible, a efecto de proceder a imponer las medidas cautelares de libertad que consideren pertinentes. Pues permitir la prolongación de la estancia de estos imputados en el Centro Penitenciario y con la situación sanitaria que actualmente vivimos puede ocasionar daños irreparables por lo que restituirle su derecho a la libertad condicionado a medidas que garanticen su sujeción al proceso, es una diligencia urgente. Se remite a la Honorable Corte De Apelaciones de lo Penal, todo lo actuado para la emisión de la Sentencia correspondiente y copia del oficio con la indicación al Tribunal con Competencia Territorial Nacional a efecto de que se constituya para revisar la medida cautelar vencida de los imputados OLVIN ALEXANDER CRUZ y ELSI MICHAEL TURCIOS…” (Folios del 21-151 de la pieza del antecedente).- 4) Que en fecha veinte (20) de julio de dos mil veinte (2020), la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, dictó sentencia en donde Falló: (SIC) “Declarando NO HA LUGAR la acción de Habeas Corpus o Exhibición Personal, de la cual se ha hecho mérito.” (Folio 153-157 de la pieza del antecedente)- 5) Que en fecha cinco (05) de agosto de dos mil veinte (2020), esta Sala recibió para su revisión el expediente que contiene el Recurso de Exhibición Personal de mérito, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 39 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia a través de su Sala Constitucional el conocimiento de las acciones de Hábeas Corpus o Exhibición Personal, acorde a lo preceptuado en los artículos 182 y 316 numeral primero de la Constitución de la República, en relación a lo preceptuado en los artículos 3 numeral primero y 13 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, resultando procedente la misma cuando se constate que la persona agraviada se encuentre ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad, o bien, cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción o molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión.- CONSIDERANDO (2): Que la acción de Hábeas Corpus o Exhibición Personal tiene por objeto hacer valer los derechos del agraviado ante una detención ilegal o arbitraria y hacer cesar toda conducta o acción encaminada o emergente de una violación de derechos individuales que se lleva a cabo en perjuicio de quien se encuentre o haya sido privado de su libertad.- CONSIDERANDO (3): Que, bajo esta premisa, como ya lo ha pronunciado esta Sala en forma reiterada, el Hábeas Corpus ha sido establecido con el fin de resguardar la libertad personal frente a la arbitrariedad y establecer remedios eficaces y rápidos para eventuales supuestos de detenciones de la persona, no justificados legalmente o que transcurran en condiciones ilegales. El Hábeas Corpus se configura como una comparecencia del detenido ante el Juez, comparecencia de la que proviene etimológicamente la expresión que da nombre al procedimiento[1] y que permite al ciudadano, privado de libertad, exponer sus alegaciones contra las causas de la detención y las condiciones de la misma[2], con el fin que el órgano jurisdiccional que la conoce se pronuncie sobre la conformidad a derecho de la detención.- CONSIDERANDO (4): Que un examen detenido de los antecedentes y de las actuaciones efectuadas por la juez ejecutora designada revela que a los privados de libertad Olvin Alexander Allen Cruz y Elsi Michael Turcios Mejía se les recibió declaración como imputados en fecha 6 de diciembre del año 2017; se les decretó Auto de Formal Procesamiento en fecha 9 de diciembre del año 2017, dictándoles la medida cautelar de prisión preventiva. Seguido que fue el proceso, se señaló la respectiva audiencia de debate sin que a la fecha se haya celebrado la misma, aparentemente debido a que se decretó la suspensión de labores debido a la pandemia del Covid-19. De lo anterior se colige que a la fecha de la presentación de la presente Garantía de Hábeas Corpus los referidos encausados han permanecido en prisión preventiva más allá del término máximo establecido en la ley, sin que hasta el momento se haya concluido con la Audiencia de Juicio Oral y Público, superando así el tiempo máximo de duración de la prisión preventiva fijada por la ley, en relación con que la prisión preventiva podrá durar, como regla general, hasta un (1) año. Cuando la pena aplicable al delito sea superior a seis (6) años, la prisión preventiva podrá durara hasta dos (2) años. Excepcionalmente, y habida cuenta del grado de dificultad, dispersión o amplitud de la prueba que deba rendirse, la Corte Suprema de Justicia podrá ampliar hasta por seis (6) meses los plazos a que este Artículo se refiere, a solicitud fundada del Ministerio Público. (Vid. art. 181 del Código Procesal Penal).- CONSIDERANDO (5): Que la Corte Interamericana de Derechos Humanos[3], ha establecido en su jurisprudencia que el derecho a la libertad personal admite restricciones, que Deben ajustarse a los artículos 30 y 32.2 de la Convención. Siguiendo la posibilidad de adoptar injerencias en este derecho, el Artículo 181 del Código Procesal Penal establece el tiempo máximo de duración de la medida cautelar de prisión preventiva.- CONSIDERANDO (6): Que el peticionario de la presente Garantía Constitucional expone ante este Alto Tribunal, que solicitó revisión de la medida cautelar de prisión preventiva impuesta a sus representados, no obstante, el Órgano Jurisdiccional declaró No Ha Lugar su petición, bajo el argumento que las demoras causadas por la defensa han propiciado el transcurso del tiempo y que por motivos de agenda no se ha podido llevar a cabo el juicio oral y público.- CONSIDERANDO (7): Que, como lo ha dicho ya esta Sala, la prolongación de la prisión preventiva más allá de los plazos legalmente establecidos, constituye no solo una restricción indebida del derecho a la libertad personal garantizada por el artículo 69 de la Constitución de la República, sino que además una violación a la garantía genérica del debido proceso, consagrada en el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República, conforme a la cual se establece el derecho que toda persona tiene para ser juzgada por un Juez competente con arreglo a las formalidades, derechos y garantías previstas por la ley, siendo una de estas la de no ser sometido a un período de prisión preventiva excesivo y por lo tanto con la naturaleza propia de una pena anticipada, derecho que por otro lado encuentra reconocimiento expreso en un instrumento jurídico internacional suscrito por el Estado de Honduras como lo es la Convención Americana de Derechos Humanos, al prever en su artículo 8 No. 1) que toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y en plazo razonable en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella.- CONSIDERANDO (8): Que el recurso de Exhibición Personal o Habeas Corpus, procede contra aquellos actos de la autoridad en los que se vea vulnerado el derecho a la libertad individual o personal de los ciudadanos al inobservar las normas legales y constitucionales, y también, contra los actos de la autoridad que atenten contra la integridad física, síquica y moral de los detenidos.- CONSIDERANDO (9): Que en lo referente a la procedencia de la acción de habeas corpus, el artículo 38 de la Ley Sobre Justicia Constitucional dispone que se declarará con lugar la exhibición personal, cuando se constate la violación de alguno (s) de los supuestos establecidos en los Artículos 13 y 24 de esta Ley. En caso contrario se declarará sin lugar.- CONSIDERANDO (10): Que de conformidad con lo establecido por el Artículo 13 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, el Estado reconoce la garantía de Hábeas Corpus o Exhibición Personal en los siguientes casos: a) Cuando se encuentre ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad; y, b) Cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacciones ilegales y toda coacción, restricción o molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión.- CONSIDERANDO (11): Que según dispone el artículo 24 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es ilegal y arbitraria: 1) Toda orden verbal de prisión o arresto, salvo si tiene como finalidad impedir la inminente comisión de un delito, la fuga de quienes hayan participado en aquél o evitar daños graves a las personas o a la propiedad; 2) Toda orden de prisión o arresto que no emane de autoridad competente o que haya sido expedida sin las formalidades legales o por motivos que no hayan sido previamente establecidos en la ley; y, 3) Toda detención o arresto que no se cumpla en los centros destinados para el efecto por el Estado.- CONSIDERANDO (12): Que esta Sala ha sostenido que la revisión, revocación e imposición de medidas cautelares en el proceso penal es una potestad propia de la jurisdicción penal, por ende, en el trámite de la exhibición personal los jueces ejecutores designados no ostentan—en principio—esta potestad en forma taxativa, por lo que se ha dispuesto en el pasado que lo pertinente es que, cuando el caso lo amerite, el ejecutor debe ordenar a la autoridad judicial denunciada responsable de la actuación indebida que proceda a imponer las medidas bajo las formalidades exigidas en el proceso, cuando sea legalmente exigible y bajo las condiciones y circunstancias previstas por la ley.- CONSIDERANDO (13): Que de acuerdo con el parecer de la jueza ejecutora Abogada SUYAPA CONCEPCIÓN TORRES es procedente en el presente caso estimar el recurso de exhibición personal interpuesto a favor de los señores Olvin Alexander Allen Cruz y Elsi Michael Turcios Mejía, en tanto que, según fue constatado por ella misma, los referidos imputados han permanecido en prisión preventiva más allá del término máximo permitido por el artículo 181 del Código Procesal Penal, así como los 6 meses de ampliación otorgados por esta Corte Suprema de Justicia, sin que el proceso haya llegado a su culminación, criterio con el cual asiente esta Sala de lo Constitucional al resultar evidente que dicho plazo efectivamente ha transcurrido sin que la SALA SEGUNDA DEL TRIBUNAL DE SENTENCIA CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL EN MATERIA PENAL haya celebrado el juicio oral y público como corresponde de acuerdo con la ley procesal.- CONSIDERANDO (14): Que de todo lo actuado y establecido en la tramitación del presente recurso de habeas corpus, esta Sala Constitucional ha logrado constatar, de acuerdo con lo expuesto e informado por la juez ejecutora designada, que los agraviados han permanecido en prisión preventiva más allá del plazo legal máximo establecido por el Artículo 181 del Código Procesal Penal, por consiguiente, aún y cuando su detención y posterior reclusión fuera efectuada dentro del marco legal aplicable, al haberse excedido el término legalmente estipulado para la duración de la prisión preventiva, se le ha cohibido en forma indebida del goce de su libertad, por lo que resultaba procedente declarar HA LUGAR el recurso de habeas corpus que se conoce, y al no haber sido así resuelto ni decidido por la Corte de Alzada en la sentencia que se revisa, resulta procedente que la misma sea REVOCADA.- POR TANTO: La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 69, 68, 71, 80, 182, 303, 304, 313 atribución 5a. y 316 de la Constitución de la República; 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 5, 8, 19 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1o., 78 atribución 5ª y 137 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 292 del Código Procesal Penal; 9, 13, 14, 17, 19, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 38, 39, 72, 119 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; F A L L A : REVOCAR la sentencia venida en revisión dictada en fecha 20 de julio de 2020 por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, Y EN SU LUGAR DECLARA HA LUGAR el recurso de exhibición personal interpuesto por el abogado OMAR ENRIQUE DUBÓN URBIZO, a favor señores OLVIN ALEXANDER ALLEN CRUZ y ELSI MICHAEL TURCIOS MEJÍA; Y MANDA: 1) Que el Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional en Materia Penal proceda a imponer a los señores OLVIN ALEXANDER ALLEN CRUZ y ELSI MICHAEL TURCIOS MEJÍA las medidas cautelares distintas a la prisión preventiva que sean necesarias y de acuerdo con señalado en el Código Procesal Penal, conforme con el trámite que establece la ley; 2) Que en estricto acatamiento de lo que ordena el Artículo 39 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, esta Sala dispone poner conocimiento de estos hechos al Ministerio Público con el objeto de que se ejerza la acción penal que corresponda; 3) Que una vez notificada y firme la presente sentencia, se le dé debido e inmediato cumplimiento. Redactó el Magistrado Ortez Cruz. NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecinueve (19) días del mes de octubre del año dos mil veinte (2020), certificación de la Sentencia de fecha treinta (30) de septiembre del año dos mil veinte (2020), recaída en el Recurso de Exhibición Personal Venido en Revisión, registrado en este Tribunal bajo el número 0616-2020.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, treinta de septiembre de dos mil veinte.- VISTAS: En revisión las diligencias que contienen la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, de fecha veinte (20) de julio dos mil veinte (2020), que declaró no ha lugar el recurso interpuesto contra actuaciones de la SALA SEGUNDA DEL TRIBUNAL DE SENTENCIA CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL EN MATERIA PENAL, por considerar el peticionario que los agraviados se encuentran recluidos ilegalmente en virtud de haberse vencido el plazo de la prisión preventiva, con relación a la causa instruida contra los Señores OLVIN ALEXANDER ALLEN CRUZ y ELSI MICHAEL TURCIOS MEJÍA por suponerlos responsables de los delitos de TRAFICO ILÍCITO DE DROGAS y LAVADO DE ACTIVOS en perjuicio de la SALUD DE LA POBLACIÓN Y LA ECONOMÍA DEL ESTADO DE HONDURAS, RESPECTIVAMENTE.- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha nueve (09) de junio de dos mil veinte (2020), vía correo electrónico se recibió en la Secretaría de la Sala de lo Constitucional, recurso de exhibición personal interpuesto por el Abogado OMAR ENRIQUE DUBON URBIZO, a favor de los Señores OLVIN ALEXANDER ALLEN CRUZ Y ELSI MICHAEL TURCIOS MEJÍA, contra actuaciones de la SALA SEGUNDA DEL TRIBUNAL DE SENTENCIA CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL EN MATERIA PENAL, por considerar el peticionario que los agraviados se encuentran recluidos ilegalmente en virtud de haberse vencido el plazo de la prisión preventiva. (Folio 01-07 de la pieza del Ad-Quem)- 2) Que en fecha diez (10) de junio de dos mil veinte (2020), este Tribunal se declaró incompetente para conocer de la acción de habeas corpus de mérito, remitiendo los antecedentes a la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, para su sustanciación; asimismo designó como Juez Ejecutor a la Abogada SUYAPA CONCEPCIÓN TORRES, Defensora Pública de la Ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán. (Folio 09 de la pieza del Ad-Quem)- 3) Que en fecha diez (10) de junio de dos mil veinte (2020), el Juez Ejecutor tiene por recibida la comunicación con procedencia de la Sala de lo Constitucional, y en el ejercicio de las responsabilidades inherentes a su cargo, rindió el informe correspondiente, consignando entre otros extremos, lo siguiente: (SIC): “…1.- De acuerdo a lo informado por la Jueza Presidente de la Sala número dos del Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional, Abogada ANA WENDY CRUZ CASTRO, los imputados OLVIN ALEXANDER ALLEN CRUZ y ELSI MICHAEL TURCIOS MEJÍA, fueron privados de su libertad en fecha cuatro de diciembre del año 2017. La audiencia de declaración de imputados se realizó en fecha seis de diciembre, audiencia inicial el nueve de diciembre donde se les dictó auto de formal procesamiento y la medida cautelar de prisión preventiva. A petición del Ministerio Público, se solicitó prórroga para la celebración de audiencia preliminar, misma que se realizó hasta el dieciséis de octubre del año 2018: en esta audiencia, el abogado de otro imputado se abstuvo de formalizar acusación, aduciendo estar pendiente de algunas solicitudes hechas al Ministerio Público, por lo que se señaló fecha para continuar con la audiencia preliminar para veintisiete de noviembre del año 2018; y por encontrarse pendiente recursos de apelación interpuestos por los abogados de los demás imputados, la audiencia preliminar correspondiente a ellos se celebró hasta el catorce de febrero del año 2019. Por esta razón la causa fue elevada a la etapa de juicio y recibida en el Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional hasta el veintisiete de marzo del año 2019; habiéndose requerido al abogado recurrente a efecto de que se personara ante el Tribunal, habiéndolo así hecho el cinco de abril del 2019. Refiere el informe que la audiencia de proposición de pruebas se señaló para el día once de junio del año 2019. El representante de otro de los coimputados solicito reprogramación por tener audiencia previamente señalada y el Tribunal accedió reprogramándose la misma para veinte de junio del año 2019. 2. En fecha catorce de junio – 2020, el abogado recurrente solicito reprogramación de la audiencia, aduciendo tener comprados boletos aéreos para viajar fuera del país, acreditando con una copia de los itinerarios comprendidos a partir del diecisiete de junio hasta el doce de julio del año 2019. Así que de acuerdo a lo que manifiesta la autoridad requerida no hubo forma de señalar la audiencia previo al periodo vacacional, el cual inicio el primero de julio, por lo que quedo señalada la audiencia para el veintidós del mismo mes y año, fecha en la que efectivamente se realizó la audiencia de proposición de pruebas, señalándose audiencia de debate para diecinueve de marzo del 2020, el que no se celebró y a la fecha no se ha celebrado, por la declaratoria del estado de emergencia del país que aún se mantiene vigente. 3.- Llegada la fecha de cuatro de junio del presente año, se habrían cumplido dos años seis meses de efectiva prisión para los señores OLVIN ALEXANDER ALLEN CRUZ y ELSI MICHAEL TURCIOS MEJÍA. Por lo que en fecha cinco de junio del año en curso, el impetrante solicito ente el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional audiencia de revisión de medidas para que se impusieran a sus representados medidas de libertad, declarándose sin lugar la solicitud de que para el tribunal, el abogado defensor de los imputados aludidos y recurrente habría ocasionado retraso de la causa por un periodo de treinta y dos días por la petición de reprogramación que hizo de la audiencia de proposición de pruebas, los que debían sumarse al término de la prisión preventiva; es decir, que en el caso particular de estos imputados, el termino de prisión preventiva vencería al cumplirse dos años seis meses treinta y dos días, estableciéndose como nueve fecha de vencimiento de la prisión preventiva el 6 de julio del año en curso. Los treinta y dos días que aduce el Tribunal corresponden a diez días del mes de junio (diez días posteriores al 20 de junio que estaba señalada la audiencia de proposición de pruebas) y veintidós días del mes de julio que corresponden al periodo vacacional del Poder Judicial del año 2019. El Tribunal fundamenta su resolución en el artículo 181, párrafo 6 del Código Procesal Penal, que es una de sus partes expresa que, “dentro del plazo de duración de la prisión preventiva, no se contara el tiempo que hayan durado las demoras producidas por gestiones de la defensa”. Y establece asimismo el tribunal que, si no hubiese sido solicitada esa reprogramación por parte del recurrente, el juicio pudo haber quedado señalado para el mes de febrero del dos mil veinte. ANÁLISIS SOBRE LA PETICIÓN DE HABEAS CORPUS REPARADOR: 1.- En principio debe establecerse que el habeas corpus en su modalidad reparador, es un proceso constitucional para la protección del derecho fundamental de la libertad y demás derechos conexos como lo son la vida, seguridad, integridad física, psíquica y moral, así como la presunción de inocencia. Siendo de cognición limitada para evaluar la legitimidad de una privación de libertad a la trata de ponérsele fin, es menester relacionar los hechos denunciados por el impetrante y las disposiciones de la Ley Sobre Justicia Constitucional, contenidas en los artículos 13.1 y 24.2 respectivamente. En el caso que se analiza previo a que como Jueza Ejecutora pueda dar una declaración de ha lugar o no ha lugar, necesariamente debe analizarse el hecho a la luz del derecho, estableciendo en primer lugar si lo invocado por el peticionario es campo de este proceso constitucional. Entonces de acuerdo con que el artículo 13.1 establece que debe tratarse de una detención ilegal y para ahondar en que consiste una detención ilegal debemos relacionar lo que establece el artículo 24 del mismo texto legal, por cuanto aquí se establece sobre cuando hay ilegalidad en las privaciones de libertad. En ese sentido establece los presupuestos para hacer un ensamblaje jurídico del hecho denunciado. Es así que en dicho artículo dentro de las diversas situaciones que se despliegan se encuentran la que establece que constituye una privación arbitraria o ilegal la que se funde en motivos que no hayan sido previamente establecidos en la Ley. En el caso investigado no solo debe considerarse que el nacimiento de la prisión preventiva haya sido de manera legal, que su ampliación decretada por la Sala Penal, lo haya sido en igual termino, sino que la prolongación de 32 días después del vencimiento de los plazos legales referidas, y que dispuso el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional, también obedezca a una causa legitima y que de acuerdo a los argumentos esbozados en su informe, se determina si la misma es o no arbitraria. 2. Es muy importante realizar consideraciones conducentes a establecer las razones por las cuales se ha cumplido el plazo máximo de prisión preventiva y el juicio no se ha llevado a cabo, si finalmente pueden incidir en afectar el derecho a la libertad que es el derecho que protege la garantía invocada. Es necesario hacer la observancia sobre los plazos que en esta causa han existido desde la primera audiencia judicial hasta la última que se ha realizado. Las audiencias de declaración imputado e inicial se realizaron en los plazos que la norma procesal consiente, el 6 y 9 de diciembre de 2017; sin embargo, la audiencia preliminar tuvo una tardanza de 10 meses con 7 días pues la misma se realizó en octubre del 2018, por petición de prorroga que hizo el Ministerio Público y que el Juez concedió. Luego se hizo espera de 4 meses más porque los otros coimputados en esta causa hicieron uso de su derecho a recurrir y se tuvo que esperar que la Corte de Apelaciones de lo Penal resolviera sobre ello y devolviera la causa al Juzgado de conocimiento. Posterior a ello la causa es recibida en el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en fecha 28 de marzo del 2019, y a requerimiento del Tribunal el impetrante se persono en la causa en fecha 5 de abril del 2019. Siguiendo las diligencias propias de esta fase el Tribunal señalo audiencia de proposición de prueba para 11 de junio del 2019. Como se ha hecho referencia en el acápite 1 del apartado de “Información obtenida de la autoridad requerida” el defensor de uno de los coimputados solicito reprogramación de ese señalamiento de audiencia por tener una audiencia en otra causa y que había sido señalada con antelación. Es así como el Tribunal de Sentencia accede a ello y reprograma para el 20 de junio del 2019. Como fue una resolución por escrito, las partes tuvieron conocimiento mediante notificación por el receptor del Tribunal y con posterioridad a ello el impetrante solicito en esta ocasión que esa audiencia fuera reprogramada porque con anticipación había hecho compra de pasajes aéreos cuya acreditación tuvo a la vista la juez presidenta de la causa, y entre las fechas de dicho viaje estaba contenida en la que se había señalado la reprogramación de la audiencia. Ante ello, el Tribunal de Sentencia accedió razonado que no podía señalarse nueva fecha para antes del inicio del periodo vacacional del Poder Judicial, por lo que la nueva fecha quedo para el 22 de julio donde finalmente se celebró y se señaló debate para fecha del 19 al 31 de marzo del 2020. Antes de cumplirse los dos años de prisión preventiva, nuevamente el Ministerio Público solicita concesión de ampliación del plazo de la prisión preventiva el que fue concedido por la Sala Penal. Finalmente, para cuando llego la fecha señalada para la celebración del juicio, ya estaba declarada la emergencia nacional y la suspensión de las actividades procesales. 3. En ocasiones existen aspectos que han podido propiciar la inobservancia de los plazos procesales, pues ha habido ampliación para la realización de diligencias por la complejidad del asunto, pues ha habido ampliación para la realización de diligencias por la complejidad del asunto, ya sea en lo factico como jurídico, por la prueba que ha de reproducirse en su momento procesal, o las propias deficiencias técnicas del ordenamiento jurídico sin embargo no han sido consideradas como dilaciones indebidas, como tampoco la interposición de recursos porque es un justo derecho, ni el tiempo en que se dilato la causa en espera de la resolución de esos recursos, por las consideraciones que pueda tener el Órgano Jurisdiccional Competente, porque en ellas no se aprecia ni es concurrente la mala fe. En la presente acción como se trata de determinar sobre si es procedente o no la privación prolongada de la prisión preventiva que actualmente cumplen los imputados OLVIN ALEXANDER ALLEN CRUZ y ELSI MICHAEL TURCIOS MEJÍA, es menester hacer la ponderación de la actuación puntual que tuvo el impetrante y que ha ocasionado que la prisión preventiva con respecto a los aludidos imputados se haya prolongado. El artículo 181 del Código Procesal Penal, establece como lo refiere el informe de la Autoridad requerida que dentro de los plazos no se contara el tiempo que hayan durado las demoras producidas por gestiones de la defensa, que hayan sido declaradas sin lugar. Partiendo de ello la Suscrita encuentran que tampoco puede calificarse como dilación indebida la gestión realizada por el peticionario y no puede el Tribunal, después de que permitió, concedió o autorizo que se reprogramara una audiencia, considerar eso como el motivo en que sustente la extensión de plazo vencido de la prisión preventiva, por cuanto no declaro sin lugar como lo dispone la norma. Cuando la norma procesal que constituyen demoras o dilaciones las gestiones que se realicen y que el Órgano Jurisdiccional declare sin lugar lo que se persigue es evitar la mala fe del gestor y que con malicia procure un retraso del proceso con fines aviesos. Pero cuando como en el caso, de acuerdo con lo que establece en su informe la Jueza presidente de la Causa, se le presento copia o acreditación que la parte necesitaba el cambio de fecha porque antes de que se reprogramara la primera vez se habían comprado los boletos se colige la ausencia de mala fe y por ello el Tribunal concedió la petición es decir no hubo un sin lugar, sino una aprobación. El Tribunal de Sentencia asimismo contabiliza como dilación o retraso los días que estuvieron inhabilitados para el Poder Judicial por ser el periodo vacacional y legal lo que no se puede computar sin provocar afectación al derecho a la libertad de los señores OLVIN ALEXANDER CRUZ y ELSI MICHAEL TURCIOS, haciendo concurrente la causa contemplada en la Ley Sobre Justicia Constitucional, en el artículo 24.2, porque invoca como motivo lo que no ha sido previamente establecido en la ley puesto que la decisión de seguir manteniendo la medida de prisión preventiva superando el termino establecido legalmente como el plazo razonable para el desarrollo y culminación del proceso, es una resolución arbitraria en los términos del aludido artículo, y tampoco es lo que dispone el artículo 181 al que se ha hecho referencia. 4.- Por otro lado, considerando que de los 32 días, que el Tribunal arguye que se constituyen en causa de la demora y por razonado antes, si fuera el caso, solo serían 10 días los imputables a esa petición de prórroga del peticionario (diez días posteriores al 20 de junio que estaba señalada la audiencia de proposición de pruebas, antes del inicio del periodo vacacional del Poder Judicial en julio del 2019) y considerando que desde el momento que se denegó la revocatoria de la prisión para sustituirla por otras medidas, el 5 de junio del año en curso, también se encuentran cumplidos a la fecha en que la suscrita resuelve el presente recurso. Por lo antes expuesto, LA SUSCRITA JUEZA EJECUTORA, con fundamento en los artículos 7 en sus numerales 1.3.5, 6 de la Convención Americana de Derechos Humanos, 2, 9, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 69, 81, 182.1, 321 de la Constitución de la República; 178, 181 del Código Procesal Penal; 13.1.a, 24.2, 37 y 39 De La Ley Sobre Justicia Constitucional. (Y como referente de especial aplicación los siguientes casos: Caso Suarez Rosero Vs Ecuador, sentencia de 12 de noviembre de 1197. Párrafo 77; Caso Chaparro Álvarez y Lapo Iñiguez Vs Ecuador, Sentencia de 21 de noviembre de 2007, párrafo 145. Caso Bayarri VS Argentina, Sentencia de 30 de octubre de 2008. Párrafos 69, 70; Opinión consultiva OC-8-87 30 de enero de 1987 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; Opinión Consultiva OC-9/87 de 6 de octubre de 1987 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. RESUELVE DECLARAR HA LUGAR EL RECURSO DE HABEAS CORPUS REPARADOR INTERPUESTO pues el derecho a la libertad que es el acto reclamado en esta exhibición personal, ciertamente se ha conculcado a partir del día 5 de junio del año en curso debiendo ser restituido, y sometido los imputados a medidas de libertad en espera del desarrollo del juicio. El artículo 39 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, dispone que si del estudio realizado resulta que la detención es ilegal el ejecutor decretara la orden de libertad; y de acuerdo con las circunstancias especiales de los imputados con un juicio pendiente, lo procedente es la imposición de medidas de libertad que aseguren su presencia en el juicio el cual debe señalarse. En este caso y de acuerdo con lo que dispone la referente Ley, la suscrita puede decretar la libertad, pero no puede imponer medidas por cuanto no es competencia del ejecutor. En ese sentido y siendo que el Órgano competente para imponer medidas de libertad es el Tribunal De Sentencia Con Competencia Territorial Nacional Sala número dos, se le gira oficio con la indicación que los Jueces que la conforman deben constituirse de manera pronta para la realización de audiencia de revisión de medida, de forma física o virtual mediante la plataforma Zoom u otro medio similar disponible, a efecto de proceder a imponer las medidas cautelares de libertad que consideren pertinentes. Pues permitir la prolongación de la estancia de estos imputados en el Centro Penitenciario y con la situación sanitaria que actualmente vivimos puede ocasionar daños irreparables por lo que restituirle su derecho a la libertad condicionado a medidas que garanticen su sujeción al proceso, es una diligencia urgente. Se remite a la Honorable Corte De Apelaciones de lo Penal, todo lo actuado para la emisión de la Sentencia correspondiente y copia del oficio con la indicación al Tribunal con Competencia Territorial Nacional a efecto de que se constituya para revisar la medida cautelar vencida de los imputados OLVIN ALEXANDER CRUZ y ELSI MICHAEL TURCIOS…” (Folios del 21-151 de la pieza del antecedente).- 4) Que en fecha veinte (20) de julio de dos mil veinte (2020), la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, dictó sentencia en donde Falló: (SIC) “Declarando NO HA LUGAR la acción de Habeas Corpus o Exhibición Personal, de la cual se ha hecho mérito.” (Folio 153-157 de la pieza del antecedente)- 5) Que en fecha cinco (05) de agosto de dos mil veinte (2020), esta Sala recibió para su revisión el expediente que contiene el Recurso de Exhibición Personal de mérito, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 39 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia a través de su Sala Constitucional el conocimiento de las acciones de Hábeas Corpus o Exhibición Personal, acorde a lo preceptuado en los artículos 182 y 316 numeral primero de la Constitución de la República, en relación a lo preceptuado en los artículos 3 numeral primero y 13 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, resultando procedente la misma cuando se constate que la persona agraviada se encuentre ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad, o bien, cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción o molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión.- CONSIDERANDO (2): Que la acción de Hábeas Corpus o Exhibición Personal tiene por objeto hacer valer los derechos del agraviado ante una detención ilegal o arbitraria y hacer cesar toda conducta o acción encaminada o emergente de una violación de derechos individuales que se lleva a cabo en perjuicio de quien se encuentre o haya sido privado de su libertad.- CONSIDERANDO (3): Que, bajo esta premisa, como ya lo ha pronunciado esta Sala en forma reiterada, el Hábeas Corpus ha sido establecido con el fin de resguardar la libertad personal frente a la arbitrariedad y establecer remedios eficaces y rápidos para eventuales supuestos de detenciones de la persona, no justificados legalmente o que transcurran en condiciones ilegales. El Hábeas Corpus se configura como una comparecencia del detenido ante el Juez, comparecencia de la que proviene etimológicamente la expresión que da nombre al procedimiento[4] y que permite al ciudadano, privado de libertad, exponer sus alegaciones contra las causas de la detención y las condiciones de la misma[5], con el fin que el órgano jurisdiccional que la conoce se pronuncie sobre la conformidad a derecho de la detención.- CONSIDERANDO (4): Que un examen detenido de los antecedentes y de las actuaciones efectuadas por la juez ejecutora designada revela que a los privados de libertad Olvin Alexander Allen Cruz y Elsi Michael Turcios Mejía se les recibió declaración como imputados en fecha 6 de diciembre del año 2017; se les decretó Auto de Formal Procesamiento en fecha 9 de diciembre del año 2017, dictándoles la medida cautelar de prisión preventiva. Seguido que fue el proceso, se señaló la respectiva audiencia de debate sin que a la fecha se haya celebrado la misma, aparentemente debido a que se decretó la suspensión de labores debido a la pandemia del Covid-19. De lo anterior se colige que a la fecha de la presentación de la presente Garantía de Hábeas Corpus los referidos encausados han permanecido en prisión preventiva más allá del término máximo establecido en la ley, sin que hasta el momento se haya concluido con la Audiencia de Juicio Oral y Público, superando así el tiempo máximo de duración de la prisión preventiva fijada por la ley, en relación con que la prisión preventiva podrá durar, como regla general, hasta un (1) año. Cuando la pena aplicable al delito sea superior a seis (6) años, la prisión preventiva podrá durara hasta dos (2) años. Excepcionalmente, y habida cuenta del grado de dificultad, dispersión o amplitud de la prueba que deba rendirse, la Corte Suprema de Justicia podrá ampliar hasta por seis (6) meses los plazos a que este Artículo se refiere, a solicitud fundada del Ministerio Público. (Vid. art. 181 del Código Procesal Penal).- CONSIDERANDO (5): Que la Corte Interamericana de Derechos Humanos[6], ha establecido en su jurisprudencia que el derecho a la libertad personal admite restricciones, que Deben ajustarse a los artículos 30 y 32.2 de la Convención. Siguiendo la posibilidad de adoptar injerencias en este derecho, el Artículo 181 del Código Procesal Penal establece el tiempo máximo de duración de la medida cautelar de prisión preventiva.- CONSIDERANDO (6): Que el peticionario de la presente Garantía Constitucional expone ante este Alto Tribunal, que solicitó revisión de la medida cautelar de prisión preventiva impuesta a sus representados, no obstante, el Órgano Jurisdiccional declaró No Ha Lugar su petición, bajo el argumento que las demoras causadas por la defensa han propiciado el transcurso del tiempo y que por motivos de agenda no se ha podido llevar a cabo el juicio oral y público.- CONSIDERANDO (7): Que, como lo ha dicho ya esta Sala, la prolongación de la prisión preventiva más allá de los plazos legalmente establecidos, constituye no solo una restricción indebida del derecho a la libertad personal garantizada por el artículo 69 de la Constitución de la República, sino que además una violación a la garantía genérica del debido proceso, consagrada en el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República, conforme a la cual se establece el derecho que toda persona tiene para ser juzgada por un Juez competente con arreglo a las formalidades, derechos y garantías previstas por la ley, siendo una de estas la de no ser sometido a un período de prisión preventiva excesivo y por lo tanto con la naturaleza propia de una pena anticipada, derecho que por otro lado encuentra reconocimiento expreso en un instrumento jurídico internacional suscrito por el Estado de Honduras como lo es la Convención Americana de Derechos Humanos, al prever en su artículo 8 No. 1) que toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y en plazo razonable en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella.- CONSIDERANDO (8): Que el recurso de Exhibición Personal o Habeas Corpus, procede contra aquellos actos de la autoridad en los que se vea vulnerado el derecho a la libertad individual o personal de los ciudadanos al inobservar las normas legales y constitucionales, y también, contra los actos de la autoridad que atenten contra la integridad física, síquica y moral de los detenidos.- CONSIDERANDO (9): Que en lo referente a la procedencia de la acción de habeas corpus, el artículo 38 de la Ley Sobre Justicia Constitucional dispone que se declarará con lugar la exhibición personal, cuando se constate la violación de alguno (s) de los supuestos establecidos en los Artículos 13 y 24 de esta Ley. En caso contrario se declarará sin lugar.- CONSIDERANDO (10): Que de conformidad con lo establecido por el Artículo 13 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, el Estado reconoce la garantía de Hábeas Corpus o Exhibición Personal en los siguientes casos: a) Cuando se encuentre ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad; y, b) Cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacciones ilegales y toda coacción, restricción o molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión.- CONSIDERANDO (11): Que según dispone el artículo 24 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es ilegal y arbitraria: 1) Toda orden verbal de prisión o arresto, salvo si tiene como finalidad impedir la inminente comisión de un delito, la fuga de quienes hayan participado en aquél o evitar daños graves a las personas o a la propiedad; 2) Toda orden de prisión o arresto que no emane de autoridad competente o que haya sido expedida sin las formalidades legales o por motivos que no hayan sido previamente establecidos en la ley; y, 3) Toda detención o arresto que no se cumpla en los centros destinados para el efecto por el Estado.- CONSIDERANDO (12): Que esta Sala ha sostenido que la revisión, revocación e imposición de medidas cautelares en el proceso penal es una potestad propia de la jurisdicción penal, por ende, en el trámite de la exhibición personal los jueces ejecutores designados no ostentan—en principio—esta potestad en forma taxativa, por lo que se ha dispuesto en el pasado que lo pertinente es que, cuando el caso lo amerite, el ejecutor debe ordenar a la autoridad judicial denunciada responsable de la actuación indebida que proceda a imponer las medidas bajo las formalidades exigidas en el proceso, cuando sea legalmente exigible y bajo las condiciones y circunstancias previstas por la ley.- CONSIDERANDO (13): Que de acuerdo con el parecer de la jueza ejecutora Abogada SUYAPA CONCEPCIÓN TORRES es procedente en el presente caso estimar el recurso de exhibición personal interpuesto a favor de los señores Olvin Alexander Allen Cruz y Elsi Michael Turcios Mejía, en tanto que, según fue constatado por ella misma, los referidos imputados han permanecido en prisión preventiva más allá del término máximo permitido por el artículo 181 del Código Procesal Penal, así como los 6 meses de ampliación otorgados por esta Corte Suprema de Justicia, sin que el proceso haya llegado a su culminación, criterio con el cual asiente esta Sala de lo Constitucional al resultar evidente que dicho plazo efectivamente ha transcurrido sin que la SALA SEGUNDA DEL TRIBUNAL DE SENTENCIA CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL EN MATERIA PENAL haya celebrado el juicio oral y público como corresponde de acuerdo con la ley procesal.- CONSIDERANDO (14): Que de todo lo actuado y establecido en la tramitación del presente recurso de habeas corpus, esta Sala Constitucional ha logrado constatar, de acuerdo con lo expuesto e informado por la juez ejecutora designada, que los agraviados han permanecido en prisión preventiva más allá del plazo legal máximo establecido por el Artículo 181 del Código Procesal Penal, por consiguiente, aún y cuando su detención y posterior reclusión fuera efectuada dentro del marco legal aplicable, al haberse excedido el término legalmente estipulado para la duración de la prisión preventiva, se le ha cohibido en forma indebida del goce de su libertad, por lo que resultaba procedente declarar HA LUGAR el recurso de habeas corpus que se conoce, y al no haber sido así resuelto ni decidido por la Corte de Alzada en la sentencia que se revisa, resulta procedente que la misma sea REVOCADA.- POR TANTO: La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 69, 68, 71, 80, 182, 303, 304, 313 atribución 5a. y 316 de la Constitución de la República; 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 5, 8, 19 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1o., 78 atribución 5ª y 137 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 292 del Código Procesal Penal; 9, 13, 14, 17, 19, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 38, 39, 72, 119 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; F A L L A : REVOCAR la sentencia venida en revisión dictada en fecha 20 de julio de 2020 por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, Y EN SU LUGAR DECLARA HA LUGAR el recurso de exhibición personal interpuesto por el abogado OMAR ENRIQUE DUBÓN URBIZO, a favor señores OLVIN ALEXANDER ALLEN CRUZ y ELSI MICHAEL TURCIOS MEJÍA; Y MANDA: 1) Que el Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional en Materia Penal proceda a imponer a los señores OLVIN ALEXANDER ALLEN CRUZ y ELSI MICHAEL TURCIOS MEJÍA las medidas cautelares distintas a la prisión preventiva que sean necesarias y de acuerdo con señalado en el Código Procesal Penal, conforme con el trámite que establece la ley; 2) Que en estricto acatamiento de lo que ordena el Artículo 39 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, esta Sala dispone poner conocimiento de estos hechos al Ministerio Público con el objeto de que se ejerza la acción penal que corresponda; 3) Que una vez notificada y firme la presente sentencia, se le dé debido e inmediato cumplimiento. Redactó el Magistrado Ortez Cruz. NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.- Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecinueve (19) días del mes de octubre del año dos mil veinte (2020), certificación de la Sentencia de fecha treinta (30) de septiembre del año dos mil veinte (2020), recaída en el Recurso de Exhibición Personal Venido en Revisión, registrado en este Tribunal bajo el número 0616-2020.- Firma y Sello
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
Secretario Sala Constitucional
[1] Etimológicamente habeas corpus significa tener el cuerpo o presentar el cuerpo
[2] Amparo, Habeas Corpus y Habeas Data. Rubén Flores Dapkevicius
[3] Jesús María Casal, Convención Americana sobre Derechos Humanos, Artículo 7. Derecho a la Libertad Personal, Konrad Adenauer. Magna Terra Editores, Guatemala, diciembre de 2014, Pág. 187. En refuerzo a la injerencia del Estado en el derecho a la Libertad Personal, la Corte ha dejado establecido, que como principio nadie puede ser privado de su libertad física, según lo dispuesto en el Artículo 7.2 de la Convención, pero a continuación deja a salvo la posibilidad de adoptar injerencias a este derecho, “por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Parte o por las leyes dictadas conforme a ellas”. Esto implica una remisión a la facultad de los Estados parte a dictar normas contemplen supuestos de privación de la libertad, pero tal remisión no es indeterminada sino contiene ciertos parámetros, ya que, además de la necesidad de que tales normas estén contenidas en la Constitución o en las leyes cónsonas con ellas, se exige que las mismas precisen las “causas” y las “condiciones” en las cuales la privación de libertad puede ordenarse.
[4] Etimológicamente habeas corpus significa tener el cuerpo o presentar el cuerpo
[5] Amparo, Habeas Corpus y Habeas Data. Rubén Flores Dapkevicius
[6] Jesús María Casal, Convención Americana sobre Derechos Humanos, Artículo 7. Derecho a la Libertad Personal, Konrad Adenauer. Magna Terra Editores, Guatemala, diciembre de 2014, Pág. 187. En refuerzo a la injerencia del Estado en el derecho a la Libertad Personal, la Corte ha dejado establecido, que como principio nadie puede ser privado de su libertad física, según lo dispuesto en el Artículo 7.2 de la Convención, pero a continuación deja a salvo la posibilidad de adoptar injerencias a este derecho, “por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Parte o por las leyes dictadas conforme a ellas”. Esto implica una remisión a la facultad de los Estados parte a dictar normas contemplen supuestos de privación de la libertad, pero tal remisión no es indeterminada sino contiene ciertos parámetros, ya que, además de la necesidad de que tales normas estén contenidas en la Constitución o en las leyes cónsonas con ellas, se exige que las mismas precisen las “causas” y las “condiciones” en las cuales la privación de libertad puede ordenarse.