Sentencia EP-614-20 — Registro 11246
Resumen
En revisión la sentencia dictada por la honorable Corte de Apelaciones de lo Penal del departamento de Francisco Morazán mediante la cual declaró no ha lugar la garantía constitucional de exhibición personal contra actuaciones de la Sala Primera del Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional en Materia Penal, manifestando los peticionarios que sus representados se encuentra en una situación de detención ilegal.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO ONCE (11): Que de todo lo actuado y establecido en la tramitación del presente recurso de Hábeas Corpus, esta Sala de lo Constitucional ha logrado constatar, de acuerdo con lo expuesto e informado por la juez ejecutora designada, que los ciudadanos JUVENTINO ROSALES MEJÍA y AMELIA GARCÍA han permanecido en prisión preventiva más allá del plazo legal máximo establecido por el Artículo 181 del Código Procesal Penal, por consiguiente, aún y cuando su detención y posterior reclusión fuera efectuada dentro del marco legal aplicable, al haberse excedido el término legalmente estipulado para la duración de la prisión preventiva, se les ha cohibido en forma indebida del goce de su libertad, vulnerado con ello el debido proceso y el plazo razonable a efecto de resolver su situación jurídica como líneas arriba de dijo, situación que se agrava ante la denegatoria de la revisión de la medida cautelar de Prisión Preventiva solicitada por la defensa de los encausados, ante los argumentos emitidos por el Órgano Jurisdiccional SALA PRIMERA DEL TRIBUNAL DE SENTENCIA CON JURISDICCIÓN NACIONAL EN MATERIA PENAL que los plazos de la medida cautelar se encuentran en suspenso, derechos elementales y consustanciales con la persona humana, los cuales no pueden ser suspendidos aún en estado de excepción, pues se vulneraria con ello el principio de legalidad que rige en un Estado de Derecho, siendo procedente en consecuencia aprobar el Informe emitido por la Juez Ejecutora y declarar HA LUGAR la presente garantía de Hábeas Corpus, ante la privación de libertad arbitraria de los ciudadanos JUVENTINO ROSALES MEJÍA y AMELIA GARCÍA ello ante el vencimiento de los plazos establecidos en la ley adjetiva para el mantenimiento de la medida cautelar de prisión preventiva y la denegatoria del Tribunal conocedor del proceso a revisar la misma. CONSIDERANDO DOCE (12): Que en ese sentido y en aplicación del segundo párrafo del artículo 39 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, decreta y ordena la inmediata libertad de las agraviados, ciudadanos JUVENTINO ROSALES MEJÍA y AMELIA GARCÍA, mediante la sustitución de la medida cautelar de Prisión Preventiva, por ello se ordena al Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional en Materia Penal, imponga a las encausados, las medidas cautelares que aseguren la eficacia del procedimiento y garanticen la presencia de los mismos en el transcurso del proceso, adoptando una o más de las medidas cautelares distintas a la prisión preventiva que señala el artículo 173 del Código Procesal Penal, ello en cumplimiento a lo establecido en el penúltimo párrafo del artículo 181 del Código Procesal Penal. Observando asimismo las disposiciones contenidas en el Acuerdo N° CSJ-02-2020 de fecha cuatro (4) de junio del año dos mil vente (2020), emitido por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, en relación al Proceso de Reincorporación Gradual y Responsable de los Servidores Judiciales a Labores Presenciales.”
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 13 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 24 (Rango Constitucional)
- Código Procesal Penal, art. 173 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Penal, art. 181 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, tres de septiembre de dos mil veinte. VISTA: En revisión las diligencias que contienen la sentencia de fecha tres de junio de dos mil veinte, dictada por la honorable Corte de Apelaciones de lo Penal del departamento de Francisco Morazán mediante la cual declaró no ha lugar la garantía constitucional de exhibición personal interpuesta por los abogados IVÁN ADÁN MARTÍNEZ ORDOÑEZ y ROSA HELENA BONILLA GALINDO, a favor de los señores JUVENTINO ROSALES MEJÍA y AMELIA GARCÍA, contra actuaciones de la SALA PRIMERA DEL TRIBUNAL DE SENTENCIA CON JURISDICCIÓN NACIONAL EN MATERIA PENAL, manifestando los peticionarios que sus representados se encuentra en una situación de detención ilegal. Todo con relación a la causa instruida contra los señores JUVENTINO ROSALES MEJÍA y AMELIA GARCÍA, por suponerlos responsables de los delitos de TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS y LAVADO DE ACTIVOS, en perjuicio de la ECONOMÍA DEL ESTADO DE HONDURAS. Situación que, a criterio de los peticionarios, violenta en perjuicio de sus representados, los derechos contenidos en los artículos 59, 60, 65, 82, 97, 90 y 145 de la Constitución de la República; 1, 2, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y; 1 y 3 de las Reglas Mandela. ANTECEDENTES PROCESALES. 1. En fecha quince de mayo de dos mil veinte, los abogados IVÁN ADÁN MARTÍNEZ ORDOÑEZ y ROSA HELENA BONILLA GALINDO, interpusieron mediante correo electrónico la presente garantía constitucional de exhibición personal ante la Corte de Apelaciones de lo Penal del departamento de Francisco Morazán a favor de los señores JUVENTINO ROSALES MEJÍA y AMELIA GARCÍA, contra actuaciones de la SALA PRIMERA DEL TRIBUNAL DE SENTENCIA CON JURISDICCIÓN NACIONAL EN MATERIA PENAL. Manifestando los peticionarios que, sus representados se encuentran en una situación de detención ilegal, pues aún se encuentran recluidos a pesar de haberse vencido el plazo de su prisión preventiva en la causa que se les instruye, por suponerlos responsables de los delitos de TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS y LAVADO DE ACTIVOS, en perjuicio de la ECONOMÍA DEL ESTADO DE HONDURAS. Situación que, a criterio de los peticionarios, violenta en perjuicio de sus representados, los derechos contenidos en los artículos 59, 60, 65, 82, 97, 90 y 145 de la Constitución de la República; 1, 2, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, y; 1 y 3 de las Reglas Mandela. (Folios 1-3 del antecedente). 2. En fecha veintiocho de mayo de dos mil veinte, la citada corte de apelaciones admitió la presente garantía constitucional de exhibición personal y, en consecuencia, nombró juez ejecutora a la abogada CARMEN REINA ORTIZ, defensora pública de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, a efecto de que rindiera un informe sobre los extremos consignados en la presente garantía. (Folio 3 del antecedente). 3. En fecha veintinueve de mayo de dos mil veinte, la juez ejecutora compareció ante la mencionada corte de apelaciones y en el ejercicio de las responsabilidades inherentes a su cargo, rindió el informe correspondiente, mediante el cual declaró ha lugar la exhibición personal interpuesta a favor de los privados de libertad JUVENTINO ROSALES MEJÍA y AMELIA GARCÍA en vista de que según su criterio el derecho a la libertad, que es el acto reclamado en esta exhibición personal, ciertamente se ha violentado a partir del catorce de noviembre después de las tres de la tarde, debiendo ser restituido y sometido los imputados a medidas distintas antes de desarrollarse el juicio oral y público. (Folios 8-94 del antecedente) 4. La honorable Corte de Apelaciones de lo Penal del departamento de Francisco Morazán, en fecha tres de junio de dos mil veinte tuvo por recibido el informe remitido por la juez ejecutora y dictó sentencia mediante la cual falló: “Declarando NO HA LUGAR la acción de hábeas corpus o exhibición personal de la cual se ha hecho mérito.” (Folios 95-96v del antecedente). 5. En fecha cinco de agosto de dos mil veinte, esta Sala recibió para su revisión el expediente que contiene la garantía constitucional de exhibición personal, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 39 de la Ley sobre Justicia Constitucional. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA. CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la garantía constitucional de exhibición personal o habeas corpus. De conformidad con el artículo 182 de la Constitución de la República, el Estado hondureño reconoce la garantía de hábeas corpus o de exhibición personal. En consecuencia, toda persona agraviada o cualquier otra en nombre de ésta tiene derecho a promoverla ante los supuestos siguientes: 1) Cuando se encuentre ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad. 2) Cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción o molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión. CONSIDERANDO DOS (2): Sobre la revisión. El párrafo final del artículo 39 de la Ley sobre Justicia Constitucional prevé que las resoluciones que dicten los jueces de letras y los tribunales de apelación, según la competencia que corresponda, tendrán el carácter de sentencias definitivas, una vez revisadas en su caso por la Sala de lo Constitucional. CONSIDERANDO TRES (3): Sobre el informe rendido por la juez ejecutora. La juez ejecutora nombrada, defensora pública CARMEN REINA ORTIZ, rindió el correspondiente informe consignando lo siguiente: “A) Que en fecha veintidós de mayo de dos mil veinte, recibió el informe solicitado al Tribunal de sentencia con jurisdicción nacional en materia penal, en donde se puede constatar: Que ingresaron al centro penitenciario de Támara, en fecha catorce de noviembre de dos mil diecisiete; que el expediente de dicha causa llegó al tribunal de sentencia en fecha catorce de diciembre de dos mil dieciocho; sus últimas actuaciones fueron la audiencia de proposición de pruebas, realizada en fecha veintidós de mayo de dos mil veinte, quedándose sin concluir la etapa de incidentes por ser estos muchos y por haberse decretado la suspensión de labores a causa de la actual pandemia de COVID-19; que en fecha catorce de mayo de dos mil veinte, por medio de una plataforma virtual “Zoom”, se realizó la audiencia de revisión de medidas, en donde las partes expusieron sus estrategias, y el tribunal declaró SIN LUGAR, dicha solicitud; B) En vista de todo lo expuesto anteriormente, la juez ejecutora resolvió: (Sic) “DECLARA: HA LUGAR la presente EXHIBICIÓN PERSONAL DE FORMA REPARADOR, a favor de los privados de libertad JUVENTINO ROSALES MEJÍA y AMELIA GARCÍA en vista de que el derecho a la libertad que es el acto reclamado en esta exhibición Personal, ciertamente se ha violentado a partir del catorce de noviembre después de las tres de la tarde, debiendo ser restituido y sometido los imputados a medidas distintas anterior a desarrollarse el juicio oral y público.” (Folios 8-94 del antecedente). CONSIDERANDO CUATRO (4): Sobre la argumentación de la sentencia dictada por la honorable Corte de Apelaciones de lo Penal del departamento de Francisco Morazán. La honorable corte de apelaciones dictó la sentencia de fecha tres de junio de dos mil veinte, declarando sin lugar la garantía constitucional de habeas corpus o exhibición personal a favor de los privados de libertad Juventino Rosales Mejía y Amelia García, bajo los argumentos que se pasan a resumir a continuación. Señala la corte que el motivo invocado para sustentar la garantía de exhibición personal es que el Ministerio Público solicitó en noviembre de dos mil diecinueve la prórroga de la medida de privación de libertad por seis meses más de término extraordinario ante la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, quien accedió a dicha petición, culminando la misma el catorce de mayo de dos mil veinte. En fecha quince de mayo de dos mil veinte la Sala uno del tribunal de sentencia a petición de los abogados defensores realizó la audiencia de cambio de medida cautelar. Nuevamente la posición de la defensa se apoyó en el transcurso del tiempo y vencimiento de la medida cautelar; asimismo pidió la aplicación del acuerdo No. PCSJ 28-20 emitido el tres de mayo de dos mil veinte por el presidente de la honorable Corte Suprema de Justicia en el cual se dispone que en acuerdo de pleno número 8 se estableció que los tribunales de sentencia se encuentran facultados para revisar las medidas cautelares en aquellas causas en las que el tiempo legal máximo de prisión preventiva haya vencido. La corte recoge en su sentencia lo expuesto por la defensa en la garantía constitucional de exhibición personal que interpuso, referente al hecho de que la audiencia de medida se realizó en la plataforma virtual zoom, y que al final de la misma, los jueces de sentencia denegaron la petición de cambio de medida haciendo alusión al estado de excepción impuesto en virtud de la pandemia por el covid-19, por lo que los plazos procesales se encuentran en suspenso, inclusive los dispuestos en el artículo 181 del Código Procesal Penal, por lo que consideran que no aún no ha vencido el término ampliado por la Sala de lo Penal. La corte de apelaciones al consignar las actuaciones de la juez ejecutora nombrada para la presente garantía constitucional de exhibición personal, destaca lo que ésta refiere en su informe: Que consta que se había señalado el mes de marzo para celebrar la audiencia de debate; pero que quedó sin concluir la etapa de incidentes, previo a la apertura del debate, debido a su complejidad y también por la suspensión de labores en virtud de la pandemia. Asimismo, la juez ejecutora confirmó lo ocurrido en la audiencia para cambio de medida celebrada el quince de marzo por el tribunal de sentencia y el resultado denegatorio que este tribunal dictó. La corte de apelaciones en su sentencia, toma en cuenta que el tribunal de sentencia fundamentó la desestimatoria de la petición de cambio de medida con base en el decreto ejecutivo PCM-021-2020 y en virtud de lo dispuesto en el artículo 27 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. También la corte de apelaciones consignó que estas razones no son válidas para la juez ejecutora quien opinó que dicha normativa no puede restringir el derecho a la libertad. Finalmente, la corte de apelaciones fundamentó su decisión en que la imposición de la medida de prisión preventiva se hizo por orden de juez competente y que el artículo 189 del Código Procesal Penal dispone que la revocación o sustitución de la medida de prisión preventiva deberá hacerse en audiencia oral celebrada ante juez competente y que esta norma se encuentra en sintonía con el artículo 190 y 354 numeral 4 del mismo texto legal que disponen que la vía para impugnar la decisión que recaiga en la audiencia de cambio de medida es el recurso de apelación. En virtud de lo cual la corte de apelaciones es del parecer que la garantía constitucional de exhibición personal no procede debido a que la presente situación no se subsume en los casos previstos para dicha garantía constitucional, a diferencia de ser susceptible de conocimiento por la vía del recurso de apelación. CONSIDERANDO CINCO (5): Examen practicado por la Sala de lo Constitucional sobre la sentencia dictada por la honorable Corte de Apelaciones de lo Penal del departamento de Francisco Morazán. La Sala de lo Constitucional, es del parecer que es procedente revocar la sentencia de fecha tres de junio de dos mil veinte, dictada por la honorable Corte de Apelaciones de lo Penal del departamento de Francisco Morazán, en virtud de ser correcta la decisión de la juez ejecutora quien en su informe correspondiente declaró con lugar la garantía constitucional de exhibición personal. Este alto tribunal toma en cuenta que, tal y como efectivamente afirma la honorable corte de apelaciones en su fundamentación, la vía a seguir normalmente para impugnar una decisión relacionada con las medidas cautelares es la apelación; sin embargo, consta en el presente caso que el lapso máximo dispuesto por la ley para mantener privada de su libertad a los ciudadanos JUVENTINO ROSALES MEJÍA y AMELIA GARCÍA, ha transcurrido en su totalidad y se encuentra vencido. De igual manera no consta en autos que existen diligencias pendientes ante la Sala de lo Penal que tengan como propósito conceder ampliación de tiempo y mantener la prisión preventiva. De existir diligencias pendientes la Sala de lo Constitucional ha optado en el pasado, rechazar el habeas corpus hasta que la Sala de lo Penal se pronuncie, pero esto ha ocurrido cuando la presentación de la exhibición personal se ha adelantado a la decisión de dicho tribunal; es decir cuando se presenta el habeas corpus estando pendiente de resolución el cambio de medida por parte de la Sala de lo Penal. Pero en el caso de mérito, cabe señalar que la disposición legal que faculta al Estado hondureño a mantener la prisión preventiva ha dejado de tener aplicación, debido a que ya transcurrió el máximo del tiempo que dispuso el legislador para enjuiciar a las personas encausadas privándoles de su libertad para efectos de adelantar el proceso y la obtención de prueba sin el peligro que podría provocar alguna acción de los procesados. Por otra parte, consta inclusive que la audiencia para la cesación de la prisión preventiva y cambio de medida se celebró habiendo ya vencido el tiempo máximo de seis meses otorgado por la Sala de lo Penal. CONSIDERANDO SEIS (6): Que el recurso de Exhibición Personal o Hábeas Corpus, procede contra aquellos actos de la autoridad en los que se vea vulnerado el derecho a la libertad individual o personal de los ciudadanos al inobservar las normas legales y constitucionales, y también, contra los actos de la autoridad pública que atenten contra la integridad física, síquica y moral de los detenidos. CONSIDERANDO SIETE (7): Que en lo referente a la procedencia de la acción de Hábeas Corpus, el artículo 38 de la Ley Sobre Justicia Constitucional dispone que se declarará con lugar la exhibición personal, cuando se constate la violación de alguno (s) de los supuestos establecidos en los Artículos 13 y 24 de esta Ley. En caso contrario se declarará sin lugar. CONSIDERANDO OCHO (8): Que de conformidad con lo establecido por el Artículo 13 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, el Estado reconoce la garantía de Hábeas Corpus o Exhibición Personal en los siguientes casos: a) Cuando se encuentre ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad; y, b) Cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacciones ilegales y toda coacción, restricción o molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión. CONSIDERANDO NUEVE (9): Que según dispone el artículo 24 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es ilegal y arbitraria: 1) Toda orden verbal de prisión o arresto, salvo si tiene como finalidad impedir la inminente comisión de un delito, la fuga de quienes hayan participado en aquél o evitar daños graves a las personas o a la propiedad; 2) Toda orden de prisión o arresto que no emane de autoridad competente o que haya sido expedida sin las formalidades legales o por motivos que no hayan sido previamente establecidos en la ley; y, 3) Toda detención o arresto que no se cumpla en los centros destinados para el efecto por el Estado. CONSIDERANDO DIEZ (10): Que no obstante no configurarse los presupuestos establecidos en los preceptos antes relacionados, el artículo 15[1] de la misma normativa legal, indica que se resolverá sobre otras situaciones relacionadas con la libertad personal en cualquiera de sus formas. CONSIDERANDO ONCE (11): Que de todo lo actuado y establecido en la tramitación del presente recurso de Hábeas Corpus, esta Sala de lo Constitucional ha logrado constatar, de acuerdo con lo expuesto e informado por la juez ejecutora designada, que los ciudadanos JUVENTINO ROSALES MEJÍA y AMELIA GARCÍA han permanecido en prisión preventiva más allá del plazo legal máximo establecido por el Artículo 181 del Código Procesal Penal, por consiguiente, aún y cuando su detención y posterior reclusión fuera efectuada dentro del marco legal aplicable, al haberse excedido el término legalmente estipulado para la duración de la prisión preventiva, se les ha cohibido en forma indebida del goce de su libertad, vulnerado con ello el debido proceso y el plazo razonable a efecto de resolver su situación jurídica como líneas arriba de dijo, situación que se agrava ante la denegatoria de la revisión de la medida cautelar de Prisión Preventiva solicitada por la defensa de los encausados, ante los argumentos emitidos por el Órgano Jurisdiccional SALA PRIMERA DEL TRIBUNAL DE SENTENCIA CON JURISDICCIÓN NACIONAL EN MATERIA PENAL que los plazos de la medida cautelar se encuentran en suspenso, derechos elementales y consustanciales con la persona humana, los cuales no pueden ser suspendidos aún en estado de excepción, pues se vulneraria con ello el principio de legalidad que rige en un Estado de Derecho, siendo procedente en consecuencia aprobar el Informe emitido por la Juez Ejecutora y declarar HA LUGAR la presente garantía de Hábeas Corpus, ante la privación de libertad arbitraria[2] de los ciudadanos JUVENTINO ROSALES MEJÍA y AMELIA GARCÍA ello ante el vencimiento de los plazos establecidos en la ley adjetiva para el mantenimiento de la medida cautelar de prisión preventiva y la denegatoria del Tribunal conocedor del proceso a revisar la misma. CONSIDERANDO DOCE (12): Que en ese sentido y en aplicación del segundo párrafo del artículo 39 de la Ley Sobre Justicia Constitucional[3], decreta y ordena la inmediata libertad de las agraviados, ciudadanos JUVENTINO ROSALES MEJÍA y AMELIA GARCÍA, mediante la sustitución de la medida cautelar de Prisión Preventiva, por ello se ordena al Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional en Materia Penal, imponga a las encausados, las medidas cautelares que aseguren la eficacia del procedimiento y garanticen la presencia de los mismos en el transcurso del proceso, adoptando una o más de las medidas cautelares distintas a la prisión preventiva que señala el artículo 173 del Código Procesal Penal, ello en cumplimiento a lo establecido en el penúltimo párrafo del artículo 181 del Código Procesal Penal. Observando asimismo las disposiciones contenidas en el Acuerdo N° CSJ-02-2020 de fecha cuatro (4) de junio del año dos mil vente (2020), emitido por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, en relación al Proceso de Reincorporación Gradual y Responsable de los Servidores Judiciales a Labores Presenciales. POR TANTO: La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 59, 80, 182, 303, 304, 313 atribución 5a. y 316 de la Constitución de la República; 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 5, 7, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1o., 78 atribución 5ª y 137 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 9, 13, 14, 17, 19, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 38, 39, 72, 119 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: I) REVOCANDO la sentencia de fecha tres de junio de dos mil veinte, recaída en la garantía constitucional de habeas corpus o exhibición personal, remitida para su revisión a este alto tribunal de justicia por la honorable Corte de Apelaciones de lo Penal del departamento de Francisco Morazán. II) DECLARAR HA LUGAR la Garantía de Hábeas Corpus o Exhibición Personal promovida por los abogados IVÁN ADÁN MARTÍNEZ ORDOÑEZ y ROSA HELENA BONILLA GALINDO, a favor de los señores JUVENTINO ROSALES MEJÍA y AMELIA GARCÍA, contra actuaciones de la SALA PRIMERA DEL TRIBUNAL DE SENTENCIA CON JURISDICCIÓN NACIONAL EN MATERIA PENAL. III) ORDENA: Previo a su excarcelación que el Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional en Materia Penal proceda a imponer a los señores JUVENTINO ROSALES MEJÍA y AMELIA GARCÍA las medidas cautelares distintas a la prisión preventiva que señala el artículo 173 del Código Procesal Penal; ello con la finalidad de garantizar la presencia de los encausados señores JUVENTINO ROSALES MEJÍA y AMELIA GARCÍA en la continuación del juicio oral y público. IV) Para el cumplimiento de esta sentencia el Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional en Materia Penal, debe proceder de inmediato con el acatamiento de las recomendaciones indicadas, a partir de la notificación del presente fallo al recurrente. El incumplimiento de esta sentencia dará lugar lo que en derecho corresponda conforme la Ley Sobre Justicia Constitucional. Y MANDA: Que con certificación de esta sentencia se devuelvan los antecedentes al tribunal de su procedencia, para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. NOTIFÍQUESE. Firmas y sello. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIDORA HERCULES ROSA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintidós días del mes de septiembre de dos mil veinte, certificación de la sentencia de fecha tres de septiembre de dos mil veinte, recaída en el Recurso de Exhibición Personal venido en Revisión Registrado en este Tribunal con el número SCO-0614-2020.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.
[1] DE LA RESOLUCIÓN DE OTRAS VIOLACIONES A LA LIBERTAD. Cuando en la exhibición personal se aleguen otras violaciones que guarden relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas y los hechos fueren conexos con el acto tenido como legítimo por constituir su causa o su finalidad, se resolverá también sobre estas violaciones.
[2] En relación a las privaciones de libertad arbitrarais e ilegales el citado autor Jesús María Casal, sostiene que la prohibición de privaciones ilegales de la libertad atiende a un criterio formal y proccidental, mientras que la prohibición de privaciones arbitrarias de la libertad responde a un criterio fundamentalmente material o sustancial. No basta que una detención sea conforme a la Constitución y las leyes de un país para considerarla licita o legitima, ya que es preciso adicionalmente que esta normatividad de ajuste a principios materiales de razonabilidad o proporcionalidad. Al examinar la prohibición de arbitrariedad del artículo 7.3 de la Convención, ha de tenerse en cuenta que: […] se está en presencia de una condición según la cual nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento por causas o métodos que –aun calificados de legales- puedan reputarse como incompatibles con el respeto a los derechos fundamentales del individuo por ser, entre otras cosas, irrazonables, imprevisibles, o faltos de proporcionalidad. Citando a la Corte IDH. Caso Gangaram Panday vs. Surinam, op. cit., párr. 47.
[3]
Ley Sobre Justicia Constitucional. ARTÍCULO 39.- DEL EFECTO LAS RESOLUCIONES PROCEDENTES. Si del estudio de los antecedentes a que se refieren los artículos precedentes, resulta que la detención, restricción o amenaza es ilegal, el ejecutor decretará la orden de libertad del agraviado o la cesación de las restricciones, vejámenes, tratos crueles, inhumanos o degradantes, amenazas, apremios ilegales o de cualquier otra coacción, restricción o molestia innecesaria para la seguridad individual o para el orden de la prisión, y pondrá esos hechos en conocimiento del Ministerio Público con el objeto de que se ejerza la acción penal correspondiente.
Igual obligación tendrá el juez o magistrado que conozca de la acción una vez dictada la sentencia que declare con lugar la misma.
Las resoluciones anteriores tendrán el carácter de Sentencias Definitivas, una vez revisadas en su caso por la Sala de lo Constitucional.