Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia EP-613-20 — Registro 11371

Resumen

Manifiesta impetrante que agraviados se encuentra recluido en Centro Penitenciario y padece de enfermedades bases que lo hacen vulnerable ante el contagio de Covid-19 y por ende su vida e integridad física corren peligro

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."): Que de lo anteriormente expuesto se desprende que la Acción de Hábeas Corpus intentada por el Abogado JUAN CARLOS BERGANZA GODOY a favor de los privados de libertad señores WALDINA LIZZETTE SALGADO PÉREZ, FRANCISCO ARTURO MEJÍA Y ROBERTO ARTURO MEJÍA SALGADO, contra actuaciones de los Directores de los Centros Penitenciarios “Marco Aurelio Soto” y el Centro de Adaptación Femenina (CEFAS), ubicados en Támara, departamento de Francisco Morazán, en relación a la detención ilegal de los señores WALDINA LIZZETTE SALGADO PÉREZ, FRANCISCO ARTURO MEJÍA Y ROBERTO ARTURO MEJÍA SALGADO, no se enmarca en ninguno de los presupuestos establecidos en los artículos 13 y 24 de la Ley Sobre Justicia Constitucional para que se declare con lugar la acción de Hábeas Corpus o Exhibición Personal intentada. Argumenta la Corte de Apelaciones que el Articulo 189 del Código Procesal Penal dispone que el trámite para la revocación o sustitución de la medida cautelar de prisión preventiva se hará en audiencia oral celebrada a tal efecto por el juez competente. En la misma sintonía, el articulo 190 y el articulo 354 numeral 4) del mismo texto legal citado, disponen que serán apelables las resoluciones que, impongan o declaren sin lugar una medida cautelar. Es decir, la imposición, revisión, sustitución o revocación de las medidas cautelares deberán hacerse en audiencia de revisión de medidas y si las partes no estuvieren de acuerdo con la resolución emitida por el órgano jurisdiccional, podrán pedir la revisión de lo resuelto mediante el recurso de apelación. Es criterio de esta Corte de Apelaciones que en el caso sub judice, no se ha llevado a cabo la revisión de la medida en los juzgados correspondientes porque no ha sido solicitado por el Impetrante de manera que no es mediante la interposición de un recurso extraordinario como lo es la exhibición personal, hacerlo mediante este procedimiento especial violentaría el debido proceso. CONSIDERANDO (4): Que consta en autos y según el informe rendido por la Juez Ejecutor, que no era necesario requerir a ninguna autoridad a efecto de rendir informe, ya que los alegatos y lo peticionado por el recurrente es en relación a que se modifique la medida cautelar de prisión preventiva impuesta a sus representados, con lo cual se determina que no se cumple con ninguno de los presupuestos legales establecidos para incoar un Hábeas Corpus o Exhibición Personal, siendo que es tarea de los Juzgados y Tribunales competentes resolver las peticiones de modificación de medida cautelar de prisión preventiva, acorde a las reformas establecidas mediante Decreto 36-2020 al Artículo 184 del Código Procesal Penal. CONSIDERANDO (5): Que para esta Sala de lo Constitucional, la sentencia que se revisa es apegada a derecho, toda vez que no se ha observado por parte de la Juez Ejecutor violación a lo prescrito en el artículo 13 en relación con lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, comprobando que los supuestos agraviado, señores WALDINA LIZZETTE SALGADO PÉREZ, FRANCISCO ARTURO MEJÍA Y ROBERTO ARTURO MEJÍA SALGADO, en ningún momento se han encontrado detenidos en forma ilegal, según lo expuesto por el pedidor de la acción constitucional de Hábeas Corpus, pues los referidos señores, se encuentra cumpliendo medida cautelar de prisión preventiva, según el Informe de la Juez Ejecutor; el pedidor de la garantía constitucional de Hábeas Corpus, relaciona hechos que no son factibles a resolver por el mecanismo de Hábeas Corpus o Exhibición Personal, pues su petición se relaciona a que se modifique la medida cautelar de prisión preventiva impuesta a sus representados; es por ello que esta Sala es del criterio que los argumentos expuestos por el recurrente no son situaciones a resolverse a través de la Garantía Constitucional de Hábeas Corpus o Exhibición Personal; los argumentos que relaciona el pedidor de Hábeas Corpus son actuaciones procesales propias de los tribunales de instancia que por su jurisdicción y competencia conocen del proceso iniciado a los referidos ciudadanos, debiendo avocarse el peticionario de la presente acción constitucional, ante el órgano jurisdiccional competente a ejercer su derecho de petición reconocido en el Artículo 80 de la Constitución de la República; por tanto, resulta apegada a derecho la aprobación del informe y la declaratoria sin lugar de la presente acción constitucional, toda vez que no se acreditó haber detención ilegal o malos tratos, vejámenes etc., en contra de los señores WALDINA LIZZETTE SALGADO PÉREZ, FRANCISCO ARTURO MEJÍA Y ROBERTO ARTURO MEJÍA SALGADO, no habiéndose comprobado ninguno de los extremos que establece la Ley Sobre Justicia Constitucional para el otorgamiento de la Acción de Hábeas Corpus o Exhibición Personal, procedía su declaratoria sin lugar, como en efecto se pronunció la ya referida Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán. CONSIDERANDO (6): Que en suma, de la resolución de la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, y del Informe emitido por la Juez Ejecutor designada se desprende la no existencia de trasgresión alguna a los derechos fundamentales de libertad personal e integridad personal de los señores WALDINA LIZZETTE SALGADO PÉREZ, FRANCISCO ARTURO MEJÍA Y ROBERTO ARTURO MEJÍA SALGADO, por lo cual se hace procedente en derecho confirmar la sentencia de Hábeas Corpus venida en revisión y que se tenga por definitiva, acorde a lo prescrito en el último párrafo del artículo 39 de la Ley Sobre Justicia Constitucional precitado"

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diez días del mes de septiembre del año dos mil veinte. VISTAS: En Revisión las diligencias que contienen la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal del departamento de Francisco Morazán, en fecha veintinueve de julio del año dos mil veinte, que declaró No Ha Lugar el recurso de Hábeas Corpus interpuesto por el Abogado Juan Carlos Berganza Godoy, a favor de los privados de libertad señores Waldina Lizzette Salgado Pérez, Francisco Arturo Mejía y Roberto Arturo Mejía Salgado, contra actuaciones de los Directores de los Centros Penitenciarios “Marco Aurelio Soto” y el Centro de Adaptación Femenina (CEFAS), ubicados en Támara, departamento de Francisco Morazán, manifestando el peticionario que la vida de sus representados se encuentra en riesgo por el posible contagio del virus covid-19, por estar recluidos en centros penales sobrepoblados y en hacinamiento, solicitando el cambio de medidas cautelares. ANTECEDENTES 1) En fecha tres de julio del año dos mil veinte, la Corte de Apelaciones de lo Penal del departamento de Francisco Morazán y con Competencia Territorial Nacional, tuvo por admitido el recurso de exhibición personal interpuesto por el Abogado Juan Carlos Berganza Godoy a favor de los privados de libertad señores Waldina Lizzette Salgado Pérez, Francisco Arturo Mejía y Roberto Arturo Mejía Salgado, contra actuaciones de los Directores de los Centros Penitenciarios “Marco Aurelio Soto” y el Centro de Adaptación Femenina (CEFAS), ubicados en Támara, departamento de Francisco Morazán, manifestando el peticionario que la vida de sus representados se encuentra en riesgo por el posible contagio del virus Covid-19, por estar recluidos en centros penales sobrepoblados y en hacinamiento, solicitando el cambio de medidas cautelares; en consecuencia se nombró como Jueza Ejecutora a la Abogada Lucia María Navas Flores, Defensora Pública de esta sección judicial, para que requiriera a la autoridad recurrida, a efecto de rendir su informe de conformidad a lo establecido por el artículo 26 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. (Folios 1fv y 11 de la pieza de antecedentes de Exhibición Personal) 2) La Corte de Apelaciones de lo Penal del departamento de Francisco Morazán, en fecha veinticuatro de julio del año dos mil veinte, tuvo por recibido el informe emitido por la Jueza Ejecutora designada Lucia Maria Navas Flores, quien en atención a las facultades inherentes a su cargo, consignó entre otros extremos lo siguiente: “…CONSIDERANDO: Que conforme a la doctrina, a la Ley Sobre Justicia Constitucional, y de la petición del escrito de interposición del presente recurso que es el señalamiento de la imposición de medidas distintas a la prisión preventiva, se determina que no se cumplen con ninguno de los presupuestos legales establecidos para incoar un hábeas corpus o exhibición personal; siendo del criterio la suscrita y por las razones anteriormente expuestas que no es necesario requerir a ninguna autoridad para que rindan un informe, ya que de los documentos que adjunta el recurrente es suficiente para acreditar al Tribunal o Juzgado competente la solicitud del cambio de medidas. CONSIDERANDO: Ante la situación en los establecimientos penales por la emergencia del covid-19, y tomando en consideración que los gobiernos deben realizar esfuerzos para descongestionar las cárceles con el objetivo de reducir los riesgos asociados con el mencionado virus, las autoridades deben revisar urgentemente las prisiones preventivas. En nuestro país el Congreso Nacional de la República reformó el artículo 184 del Código Procesal Penal mediante decreto número 36-2020 de fecha veinticuatro (24) de abril del dos mil veinte (2020) y publicado en el Diario Oficial La Gaceta, en fecha diez (10) de junio del dos mil veinte (2020), en el sentido que el Juez conocedor de la causa ya sea de oficio o a petición de parte, puede imponer al imputado, en lugar de la prisión preventiva, una o más de las medidas comprendidas en los numerales 4), 5), 6), 7), 8) y 10) del artículo 173. Asimismo, en dicho decreto se establece que durante la vigencia de la emergencia decretada por el covid-19 las partes en los procesos judiciales pueden presentar sus peticiones mediante correo electrónico al órgano jurisdiccional competente, en un formato que si bien no permita su alteración, sí de acceso a su impresión. El artículo 4 del mismo decreto establece que los órganos jurisdiccionales, durante la emergencia sanitaria, procederán a realizar de oficio la revisión de la medida cautelar de prisión preventiva a las personas procesadas que según el respectivo expediente judicial o penitenciario tengan una enfermedad de base que les ponga dentro de la población de riesgo a contraer el virus de COVID-19, siempre que tal diagnostico esté respaldado por exámenes clínicos y de laboratorio necesarios y que haya sido determinada de manera previa a la emergencia sanitaria. El diagnostico de enfermedades de base a persona en prisión preventiva, de la que no tenga antecedentes de su existencia previo a la emergencia sanitaria por el virus Covid-19 debe ser realizado por personal médico y especialista cuando el caso lo requiera, del sistema de salud pública….En Conclusión según dicho decreto ya regula el procedimiento para el cambio de la medida cautelar de la prisión preventiva por otras menos gravosas por encontrarse el procesado en alguna situación de vulnerabilidad ante la pandemia del covid-19, mismas que deberán ser impuestas por el juez o tribunal conocedor de la causa, es así que el recurrente puede gestionar ante los órganos jurisdiccionales la excarcelación mediante el cambio de medida cautelar según lo establece el artículo 174 último párrafo del Código Procesal Penal, según los medios tecnológicos que se han autorizado y como el mismo lo plantea por la plataforma zoom o cualquier medio análogo y de no obtener los resultados esperados hacer uso de los recursos ordinarios correspondientes. POR TANTO: La Suscrita Juez Ejecutora… DECLARA: No ha lugar la acción del recurso de exhibición personal, interpuesto por el abogado (Sic) “JUAN CARLOS VERGANZA GODOY, a favor de los señores WALDINA LIZZETTE SALGADO PEREZ, FRANCISCO ARTURO MEJIA Y ROBERTO ARTURO MEJIA SALGADO…” (Folios del 18-22 de la pieza de antecedentes de Exhibición Personal) 3) La Corte de Apelaciones de lo Penal del departamento de Francisco Morazán, en fecha veintinueve de julio del año dos mil veinte, dictó sentencia y por unanimidad de votos falló: (Sic) “Declarando NO HA LUGAR la acción de Habeas Corpus o Exhibición Personal, de la cual se ha hecho mérito.- MANDA: Que se notifique esta resolución al peticionario y se remita en revisión a la Sala de lo Constitucional de la Honorable Corte Suprema de Justicia…” (Folios del 25-27fv de la pieza de antecedentes de Exhibición Personal) 4) Que en fecha cinco de agosto del año dos mil veinte, esta Sala de lo Constitucional recibió para su revisión el expediente que contiene el Recurso de Exhibición Personal de mérito, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 39 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia a través de su Sala de lo Constitucional el conocimiento de las acciones de Hábeas Corpus o Exhibición Personal, acorde a lo preceptuado en los artículos 182 y 316 numeral primero de la Constitución de la República, en relación a lo establecido en los artículos 3 numeral primero y 13 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, resultando procedente la misma cuando se constate que la persona agraviada se encuentre ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad, o bien, cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción o molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión. CONSIDERANDO (2): Que el artículo 38 de la Ley sobre Justicia Constitucional textualmente dispone: “DE LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN. Se declarará con lugar la exhibición personal, cuando se constate la violación de alguno (s) de los supuestos establecidos en los Artículos 13 y 24 de esta Ley. En caso contrario se declarará sin lugar.” –Énfasis suplido- CONSIDERANDO (3): Que de lo anteriormente expuesto se desprende que la Acción de Hábeas Corpus intentada por el Abogado JUAN CARLOS BERGANZA GODOY a favor de los privados de libertad señores WALDINA LIZZETTE SALGADO PÉREZ, FRANCISCO ARTURO MEJÍA Y ROBERTO ARTURO MEJÍA SALGADO, contra actuaciones de los Directores de los Centros Penitenciarios “Marco Aurelio Soto” y el Centro de Adaptación Femenina (CEFAS), ubicados en Támara, departamento de Francisco Morazán, en relación a la detención ilegal de los señores WALDINA LIZZETTE SALGADO PÉREZ, FRANCISCO ARTURO MEJÍA Y ROBERTO ARTURO MEJÍA SALGADO, no se enmarca en ninguno de los presupuestos establecidos en los artículos 13 y 24 de la Ley Sobre Justicia Constitucional para que se declare con lugar la acción de Hábeas Corpus o Exhibición Personal intentada. Argumenta la Corte de Apelaciones que el Articulo 189 del Código Procesal Penal dispone que el trámite para la revocación o sustitución de la medida cautelar de prisión preventiva se hará en audiencia oral celebrada a tal efecto por el juez competente. En la misma sintonía, el articulo 190 y el articulo 354 numeral 4) del mismo texto legal citado, disponen que serán apelables las resoluciones que, impongan o declaren sin lugar una medida cautelar. Es decir, la imposición, revisión, sustitución o revocación de las medidas cautelares deberán hacerse en audiencia de revisión de medidas y si las partes no estuvieren de acuerdo con la resolución emitida por el órgano jurisdiccional, podrán pedir la revisión de lo resuelto mediante el recurso de apelación. Es criterio de esta Corte de Apelaciones que en el caso sub judice, no se ha llevado a cabo la revisión de la medida en los juzgados correspondientes porque no ha sido solicitado por el Impetrante de manera que no es mediante la interposición de un recurso extraordinario como lo es la exhibición personal, hacerlo mediante este procedimiento especial violentaría el debido proceso. CONSIDERANDO (4): Que consta en autos y según el informe rendido por la Juez Ejecutor, que no era necesario requerir a ninguna autoridad a efecto de rendir informe, ya que los alegatos y lo peticionado por el recurrente es en relación a que se modifique la medida cautelar de prisión preventiva impuesta a sus representados, con lo cual se determina que no se cumple con ninguno de los presupuestos legales establecidos para incoar un Hábeas Corpus o Exhibición Personal, siendo que es tarea de los Juzgados y Tribunales competentes resolver las peticiones de modificación de medida cautelar de prisión preventiva, acorde a las reformas establecidas mediante Decreto 36-2020 al Artículo 184 del Código Procesal Penal. CONSIDERANDO (5): Que para esta Sala de lo Constitucional, la sentencia que se revisa es apegada a derecho, toda vez que no se ha observado por parte de la Juez Ejecutor violación a lo prescrito en el artículo 13 en relación con lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, comprobando que los supuestos agraviado, señores WALDINA LIZZETTE SALGADO PÉREZ, FRANCISCO ARTURO MEJÍA Y ROBERTO ARTURO MEJÍA SALGADO, en ningún momento se han encontrado detenidos en forma ilegal, según lo expuesto por el pedidor de la acción constitucional de Hábeas Corpus, pues los referidos señores, se encuentra cumpliendo medida cautelar de prisión preventiva, según el Informe de la Juez Ejecutor; el pedidor de la garantía constitucional de Hábeas Corpus, relaciona hechos que no son factibles a resolver por el mecanismo de Hábeas Corpus o Exhibición Personal, pues su petición se relaciona a que se modifique la medida cautelar de prisión preventiva impuesta a sus representados; es por ello que esta Sala es del criterio que los argumentos expuestos por el recurrente no son situaciones a resolverse a través de la Garantía Constitucional de Hábeas Corpus o Exhibición Personal; los argumentos que relaciona el pedidor de Hábeas Corpus son actuaciones procesales propias de los tribunales de instancia que por su jurisdicción y competencia conocen del proceso iniciado a los referidos ciudadanos, debiendo avocarse el peticionario de la presente acción constitucional, ante el órgano jurisdiccional competente a ejercer su derecho de petición reconocido en el Artículo 80 de la Constitución de la República; por tanto, resulta apegada a derecho la aprobación del informe y la declaratoria sin lugar de la presente acción constitucional, toda vez que no se acreditó haber detención ilegal o malos tratos, vejámenes etc., en contra de los señores WALDINA LIZZETTE SALGADO PÉREZ, FRANCISCO ARTURO MEJÍA Y ROBERTO ARTURO MEJÍA SALGADO, no habiéndose comprobado ninguno de los extremos que establece la Ley Sobre Justicia Constitucional para el otorgamiento de la Acción de Hábeas Corpus o Exhibición Personal, procedía su declaratoria sin lugar, como en efecto se pronunció la ya referida Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán. CONSIDERANDO (6): Que en suma, de la resolución de la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, y del Informe emitido por la Juez Ejecutor designada se desprende la no existencia de trasgresión alguna a los derechos fundamentales de libertad personal e integridad personal de los señores WALDINA LIZZETTE SALGADO PÉREZ, FRANCISCO ARTURO MEJÍA Y ROBERTO ARTURO MEJÍA SALGADO, por lo cual se hace procedente en derecho confirmar la sentencia de Hábeas Corpus venida en revisión y que se tenga por definitiva, acorde a lo prescrito en el último párrafo del artículo 39 de la Ley Sobre Justicia Constitucional precitado. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, haciendo aplicación de los artículos Números 59, 60, 69, 80, 82, 90, 182, 303, 304, 313 atribución 5 y 316 de la Constitución de la República; 2, 5, 8, 9, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 1, 5, 7, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; y, 1, 2, 3 numeral primero, 5, 13, 24, 25, 26, 37, 39 y 120 de la Ley sobre Justicia Constitucional, FALLA: CONFIRMANDO la sentencia que se revisa y que se ha hecho mérito. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada Reina Auxiliadora Hercules Rosa.- NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. PRESIDENTE SALA CONSTITUCIONAL. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los doce días del mes de octubre del año dos mil veinte, certificación de la sentencia de fecha diez de septiembre del año dos mil veinte, recaída en el Recurso Exhibición Personal Venido en Revisión bajo el número SCO-0613=2020.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL