Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia EP-573-20 — Registro 17483

Resumen

Manifestando el peticionario, que padece de una enfermedad base y está a punto de cumplir el término de su condena, por lo que mantenerlo recluido en un centro penitenciario en condición de hacinamiento y en medio de una pandemia de COVID-19, violenta sus derechos

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."9): Que, por otra parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, emitió la Resolución No. 01/2020 “PANDEMIA Y DERECHOS HUMANOS EN LAS AMERICAS”, en fecha diez de abril del año dos mil veinte, estimando que la pandemia del COVID-19 puede afectar gravemente la plena vigencia de los derechos humanos de la población, en virtud de los serios riesgos para la vida y siendo que es este el derecho humano más afectado por esta pandemia, como consecuencia de una afectación grave y directa del derecho humano a la salud, es ahora el momento de tomar decisiones urgentes que garanticen los derechos fundamentales a la vida, la salud, y a la integridad personal de todas aquellas personas que se encuentren privadas de libertad; particularmente cuando adolezcan de enfermedades crónicas como diabetes Mellitus, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, personas mayores de 60 años, personas que padezcan de enfermedades respiratorias crónicas como neumonía, tuberculosis, VIH y otras enfermedades que debido a su condición inmunológica pongan en riesgo la salud de las Personas privadas de su libertad. Se recomienda, por lo tanto, adoptar medidas para enfrentar el hacinamiento de las unidades de privación de libertad, incluida la reevaluación de los casos de prisión preventiva, para identificar los que puedan ser reconvertidos a medidas alternativas a la privación de la libertad; dando prioridad a las poblaciones con mayor riesgo de salud frente a un eventual contagio del COVID-19, principalmente a las personas mayores y mujeres embarazadas o con hijos lactantes.- CONSIDERANDO (10): Que realizado el estudio de los autos en la presente garantía de Habeas Corpus o Exhibición Personal, así como el informe y documentación acompañada por la Juez Ejecutora;[9] considera este Alto Tribunal, que la petición garante formulada por el Abogado JUAN ÁNGEL GARCÍA FONSECA, a favor del Sr. JUNIOR JOEL COLINDRES RAMIREZ, contra actuaciones del DIRECTOR DEL CENTRO PENITENCIARIO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SIRIA, MUNICIPIO DE EL PORVENIR, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN no se enmarca en las disposiciones constitucionales y convencionales relacionadas ut supra, ni en el artículo 13 de la Ley sobre Justicia Constitucional.- CONSIDERANDO (11): Que la Sala de lo Constitucional reconoce la función que reviste al Estado como garante de la dignidad de la persona humana, de su bienestar y su salud, a efecto procurar la más completa protección del derecho a la vida y la integridad personal. Singularmente, la de la persona privada de libertad, quien se encuentra bajo la tutela reforzada del Estado. En tal sentido, relevante jurisprudencia constitucional ha afirmado que el derecho a la vida comprende, en sentido propio, el derecho del ser humano a no ser privado de la misma y a que no se le impida acceso a las condiciones que le garanticen una existencia digna; coligiéndose que tiene el Estado de Honduras la obligación de garantizar se produzcan las condiciones requeridas para que no se produzcan violaciones de ese derecho básico; y de impedir que sus agentes, o terceros, atenten contra él.[10]- CONSIDERANDO (12): Que, en tal sentido, se valora lo resuelto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la precitada Resolución No. 01/2020. Reconociéndose, asimismo, que la garantía de exhibición personal o habeas corpus, se encuentra configurada como un mecanismo de defensa para el derecho a la libertad individual frente a los actos de autoridad que, con infracción, violación o inobservancia del bloque de constitucionalidad, la perturben o priven de ella; así como también, frente a los que, en iguales circunstancias, atenten en cualquier caso contra la integridad física, síquica y moral del detenido. Lo cual no se sigue del presente caso, al no subsumirse en lo prescrito en los artículos 13 y 24 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; ni en lo dispuesto convencionalmente por el artículo 1 de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; por todo lo cual, debe declararse SIN LUGAR la presente garantía constitucional de Hábeas Corpus"

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, diez de septiembre del dos mil veinte.- VISTA: Para dictar Sentencia en el Recurso de Exhibición Personal interpuesto por el abogado JUAN ANGEL GARCIA FONSECA, a favor del señor JUNIOR JOEL COLINDRES RAMIREZ, contra actuaciones del DIRECTOR DEL CENTRO PENITENCIARIO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SIRIA, MUNICIPIO DE EL PORVENIR, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN; manifestando el peticionario, que su representado se encuentra en una situación de grave peligro y alto riesgo a su vida. Situación que, a su criterio, violenta en perjuicio de su representado, los derechos contenidos en los artículos 59, 60, 65, 82, 87, 90 y 145 de la Constitución de la República; 1, 2, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, y; 1 y 3 de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de Reclusos (Reglas Mandela).- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha veintinueve (29) de julio de dos mil veinte (2020), compareció ante la Sala de lo Constitucional, el abogado JUAN ANGEL GARCIA FONSECA, interponiendo Recurso de Exhibición Personal a favor del señor JUNIOR JOEL COLINDRES RAMIREZ, contra actuaciones del DIRECTOR DEL CENTRO PENITENCIARIO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SIRIA, MUNICIPIO DE EL PORVENIR, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN. Manifestando el peticionario, que su representado padece de una enfermedad base y está a punto de cumplir el término de su condena, por lo que mantenerlo recluido en un centro penitenciario en condición de hacinamiento y en medio de una pandemia de COVID-19, violenta sus derechos; por todo esto, solicita que sea puesto en libertad provisional, de acuerdo al decreto de emergencia aprobado por el Gobierno, para el des-congestionamiento de las cárceles. Situación que, a criterio del peticionario, violenta en perjuicio de su representado, los derechos contenidos en los artículos 59, 60, 65, 82, 87, 90 y 145 de la Constitución de la República; 1, 2, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, y; 1 y 3 de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de Reclusos (Reglas Mandela). (Folios 1-4 del presente Recurso)- 2) Que en la misma fecha, este Alto Tribunal admitió el presente recurso y, en consecuencia, nombró como Juez Ejecutora a la abogada LENY YANET GÓMEZ, Defensora Público de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, a efecto de que rindiera un informe sobre los extremos consignados en el presente recurso. (Folio 5 del presente Recurso)- 3) Que en fecha dieciocho (18) de agosto de dos mil dieciocho (2018), la Juez Ejecutora compareció ante esta Sala, y en el ejercicio de las responsabilidades inherentes a su cargo, rindió el informe correspondiente, consignando entre otros extremos, lo siguiente: A) Que del informe rendido por el Juzgado de Ejecución del departamento de Francisco Morazán, pudo constatar lo siguiente: Que han recaído dos (2) sentencias condenatorias firmes, en contra del señor JUNIOR JOEL COLINDRES RAMIREZ, en la primera se le impuso dos (2) años y seis (6) meses de reclusión, por el delito de ROBO EN SU GRADO DE EJECUCIÓN DE TENTATIVA, a título de cómplice, en perjuicio del señor TIMOTHY MICHELL MONKEY, misma que fue conmutada por dinero efectivo el diez (10) de abril de dos mil dieciocho (2018), y; la segunda condena fue por el delito de HOMICIDIO, en perjuicio del señor BERNARDO LAGOS LAGOS, a una pena de quince (15) años de reclusión, y a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil, y al trabajo de obras públicas dentro del centro penal, según el computo realizado, esta pena se cumplirá el veintidós (22) de noviembre del presente año; B) Todo lo anterior, hace que la Juez Ejecutora concluya, que el señor JUNIOR JOEL COLINDRES RAMIREZ, fue detenido de forma legal, tras haber recaído en su contra dos (2) sentencias condenatorias firmes; C) En vista de todo lo expuesto anteriormente, la Juez Ejecutora Resolvió: (SIC) “NO HA LUGAR la acción de Exhibición personal interpuesta por el Abogado JUAN ANGEL GARCIA FONSECA y a favor del señor JUNIOR JOEL COLINDRES RAMIREZ.-” (Folios 8–21 del presente Recurso)- CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia a través de su Sala Constitucional el conocimiento de las acciones de Hábeas Corpus o Exhibición Personal, acorde a lo preceptuado en los artículos 182 y 316 numeral uno de la Constitución de la República, en relación a lo preceptuado en los artículos 3 numeral uno y 13 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, resultando procedente la misma cuando se constate que la persona agraviada se encuentre ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad, o bien, cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción o molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión.- CONSIDERANDO (2): Que la Constitución de la República en el artículo precitado, establece en su literalidad: “El Estado reconoce la garantía de Hábeas Corpus o Exhibición Personal, y de Hábeas Data. En consecuencia en el Hábeas Corpus o Exhibición Personal toda persona agraviada o cualquier otra en nombre de ésta tiene derecho a promoverla; y en el Hábeas Data únicamente puede promoverla la persona cuyos datos personales o familiares consten en los archivos, registros públicos o privados de la siguiente manera: 1) EL HÁBEAS CORPUS O EXHIBICIÓN PERSONAL: a) Cuando se encuentre ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad; y, b) Cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión”…[1]- CONSIDERANDO (3): Que la justicia constitucional tiene por objeto desarrollar las garantías constitucionales y las defensas del orden jurídico constitucional, en virtud de ello, en la aplicación de la Ley Sobre Justicia Constitucional, las disposiciones contenidas en la misma, se interpretarán y aplicarán siempre de manera que aseguren una eficaz protección de los derechos humanos y el adecuado funcionamiento de las defensas del orden jurídico constitucional; de igual forma la justicia constitucional se aplicará e interpretará de conformidad con los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales sobre derechos humanos vigentes en la República de Honduras, tomando en consideración las interpretaciones que de ellos hagan los tribunales internacionales.[2]- CONSIDERANDO (4): Que el Estado de Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos[3], la que una vez en vigor forma parte del derecho interno[4]; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el artículo 5 el Derecho a la integridad personal y textualmente señala: “1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. 2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano…”. En congruencia a lo postulado por la Carta de San José, nuestra Carta Magna declara en su artículo 59 que la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado, sosteniendo la obligación de respetarla y protegerla, siendo en consecuencia inviolable la dignidad del ser humano, declaración íntimamente relacionada con el derecho individual que recoge la normativa constitucional en el artículo 68, que textualmente establece: “Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, síquica y moral”.- CONSIDERANDO (5): Que, en ese orden de ideas y aun con mayor intensidad, señala también la jurisprudencia interamericana en materia de derechos humanos, que toda persona privada de libertad tiene derecho a vivir en condiciones de detención compatibles con su dignidad personal. Esto implica el deber del Estado de salvaguardar la salud y el bienestar de las personas privadas de libertad y de garantizar que la manera y el método de privación de libertad no excedan el nivel inevitable de sufrimiento inherente a la misma. Por ello, con base en el principio de no discriminación, el derecho a la vida de las personas privadas de libertad también implica la obligación del Estado de garantizar su salud física y mental, específicamente mediante la provisión de revisión médica regular y, cuando así se requiera, de un tratamiento médico adecuado, oportuno y, en su caso, especializado y acorde a las especiales necesidades de atención que requieran las personas detenidas en cuestión. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos también ha identificado la obligación de los Estados de proveer atención médica a los privados de libertad y de proporcionar cuidados especiales en situaciones de emergencia o debido cuidado en caso de enfermedad severa o terminal. Asimismo, el Comité de Derechos Humanos de la ONU ha establecido que cuando los Estados detienen a una persona asumen una especial responsabilidad de su vida, por lo que corresponde asegurar una protección de este derecho, incluyendo la atención médica adecuada, la cual debe ser ofrecida de oficio, sin necesidad de que sea haga un requerimiento especial por parte de quien se encuentra detenido; estándares de derechos humanos que son aplicables en el caso de mérito, dado que no pueden ser objeto de suspensión, aun en caso de estado de emergencia o excepción legalmente decretado.[5]- CONSIDERANDO (6): Que, mediante Decreto Legislativo No. 64-2012, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 32,990 de fecha 3 de diciembre del año 2012, se crea la Ley del Sistema Penitenciario Nacional, la que tiene como propósito regular la organización y el funcionamiento del Sistema Penitenciario Nacional, el cual está integrado por: 1) El Instituto Nacional Penitenciario (INP); y, 2) Los Establecimientos Penitenciarios. El Sistema Penitenciario Nacional tiene como fines primordiales inter alia, “la retención y custodia de toda persona detenida, en prisión preventiva o cumpliendo condena privativa de libertad.”[6] La precitada ley determina en el artículo 2 que la actividad penitenciaria se debe desarrollar con las garantías y dentro de los límites establecidos por la Constitución de la República, los Tratados Internacionales ratificados por Honduras, las Leyes, los Reglamentos, y las Sentencias Judiciales. El artículo 3 expresamente prohíbe el someter a las personas privadas de libertad a torturas y cualquier trato cruel, inhumano o degradante u otro lesivo a su dignidad. El artículo 8 enumera las atribuciones que tiene el INP, y de interés a la presente sentencia, las establecidas en el numeral 3 y 17, que consisten en: 3) Velar por la seguridad, atención, custodia, asistencia médica, educativa, laboral u otros servicios inherentes a los fines de la ley, de las personas privadas de libertad a su cargo, en prisión preventiva, cumpliendo penas o medidas de seguridad; y, 17) Coordinar con las autoridades judiciales competentes, los ingresos, traslados y egresos de las personas privadas de libertad a su cargo, de acuerdo a lo establecido en la legislación aplicable y la presente Ley.- CONSIDERANDO (7): Que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha referido que la infracción del derecho a la integridad física y psíquica de las personas varía según los factores endógenos y exógenos que deberán ser demostrados en cada situación concreta;[7] manifestando, a la vez, que: “toda persona privada de libertad tiene derecho a vivir en condiciones de detención compatibles con su dignidad personal y el Estado debe garantizarle el derecho a la vida y a la integridad personal. En consecuencia, el Estado, como responsable de los establecimientos de detención, es el garante de estos derechos de los detenidos…”.[8]- CONSIDERANDO (8): Que como consecuencia de la llegada del COVID-19 al territorio nacional, el Presidente de la República, en Consejo de Ministros, emitió el Decreto Ejecutivo PCM-005-2020, publicado en el Diario oficial La Gaceta No. 3,171 de fecha 1 de febrero del año 2020, mediante el cual se decretó declarar Estado de Emergencia Sanitaria en todo el territorio nacional, con el propósito de continuar y fortalecer las acciones de prevención y control entre otros, para garantizar la atención a las personas ante el posible contagio del virus denominado COVID-19. Posterior a ello, en fecha 16 de marzo del año 2020 se emitió el Decreto Ejecutivo PCM-021-220, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 35,201 de fecha 16 de marzo mediante el cual se decretó la restricción de garantías constitucionales por siete días, restricciones que se han prologando hasta la fecha con el propósito de evitar la propagación del COVID-19. Se debe garantizar que las restricciones ordenadas, no vengan a deteriorar aún más, las preexistentes deficiencias de salubridad e higiene en la mayoría de los Centros Penitenciarios; por lo que corresponde al Estado de Honduras el deber de respetar, garantizar y promover el goce y ejercicio de los derechos fundamentales, optimizando la declaración constitucional de que la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado, conllevando la obligatoriedad de su protección.- CONSIDERANDO (9): Que, por otra parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, emitió la Resolución No. 01/2020 “PANDEMIA Y DERECHOS HUMANOS EN LAS AMERICAS”, en fecha diez de abril del año dos mil veinte, estimando que la pandemia del COVID-19 puede afectar gravemente la plena vigencia de los derechos humanos de la población, en virtud de los serios riesgos para la vida y siendo que es este el derecho humano más afectado por esta pandemia, como consecuencia de una afectación grave y directa del derecho humano a la salud, es ahora el momento de tomar decisiones urgentes que garanticen los derechos fundamentales a la vida, la salud, y a la integridad personal de todas aquellas personas que se encuentren privadas de libertad; particularmente cuando adolezcan de enfermedades crónicas como diabetes Mellitus, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, personas mayores de 60 años, personas que padezcan de enfermedades respiratorias crónicas como neumonía, tuberculosis, VIH y otras enfermedades que debido a su condición inmunológica pongan en riesgo la salud de las Personas privadas de su libertad. Se recomienda, por lo tanto, adoptar medidas para enfrentar el hacinamiento de las unidades de privación de libertad, incluida la reevaluación de los casos de prisión preventiva, para identificar los que puedan ser reconvertidos a medidas alternativas a la privación de la libertad; dando prioridad a las poblaciones con mayor riesgo de salud frente a un eventual contagio del COVID-19, principalmente a las personas mayores y mujeres embarazadas o con hijos lactantes.- CONSIDERANDO (10): Que realizado el estudio de los autos en la presente garantía de Habeas Corpus o Exhibición Personal, así como el informe y documentación acompañada por la Juez Ejecutora;[9] considera este Alto Tribunal, que la petición garante formulada por el Abogado JUAN ÁNGEL GARCÍA FONSECA, a favor del Sr. JUNIOR JOEL COLINDRES RAMIREZ, contra actuaciones del DIRECTOR DEL CENTRO PENITENCIARIO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SIRIA, MUNICIPIO DE EL PORVENIR, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN no se enmarca en las disposiciones constitucionales y convencionales relacionadas ut supra, ni en el artículo 13 de la Ley sobre Justicia Constitucional.- CONSIDERANDO (11): Que la Sala de lo Constitucional reconoce la función que reviste al Estado como garante de la dignidad de la persona humana, de su bienestar y su salud, a efecto procurar la más completa protección del derecho a la vida y la integridad personal. Singularmente, la de la persona privada de libertad, quien se encuentra bajo la tutela reforzada del Estado. En tal sentido, relevante jurisprudencia constitucional ha afirmado que el derecho a la vida comprende, en sentido propio, el derecho del ser humano a no ser privado de la misma y a que no se le impida acceso a las condiciones que le garanticen una existencia digna; coligiéndose que tiene el Estado de Honduras la obligación de garantizar se produzcan las condiciones requeridas para que no se produzcan violaciones de ese derecho básico; y de impedir que sus agentes, o terceros, atenten contra él.[10]- CONSIDERANDO (12): Que, en tal sentido, se valora lo resuelto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la precitada Resolución No. 01/2020. Reconociéndose, asimismo, que la garantía de exhibición personal o habeas corpus, se encuentra configurada como un mecanismo de defensa para el derecho a la libertad individual frente a los actos de autoridad que, con infracción, violación o inobservancia del bloque de constitucionalidad, la perturben o priven de ella; así como también, frente a los que, en iguales circunstancias, atenten en cualquier caso contra la integridad física, síquica y moral del detenido. Lo cual no se sigue del presente caso, al no subsumirse en lo prescrito en los artículos 13 y 24 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; ni en lo dispuesto convencionalmente por el artículo 1 de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; por todo lo cual, debe declararse SIN LUGAR la presente garantía constitucional de Hábeas Corpus.- POR TANTO: La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 1, 4, 59, 60, 68, 69, 80, 182, 303, 304, 313 atribución 5a. y 316 de la Constitución de la República; 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 5, 8, 25, 27 y 30 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1 de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; 1o., 78 atribución 5ª y 137 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 9, 13, 14, 17, 19, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 38, 39, 72, 119 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: DECLARAR SIN LUGAR EL RECURSO DE EXHIBICIÓN PERSONAL impetrado por el Abogado JUAN ÁNGEL GARCÍA FONSECA, a favor del Sr. JUNIOR JOEL COLINDRES RAMIREZ, contra actuaciones del DIRECTOR DEL CENTRO PENITENCIARIO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SIRIA, MUNICIPIO DE EL PORVENIR, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN. Y MANDA: 1.- Que se notifique esta sentencia al impetrante de la presente garantía constitucional. 2.- Que notificada y firme que sea la presente sentencia, se proceda al archivo de diligencias en Sala de lo Constitucional. Redacto la magistrada Lidia Alvarez Sagastume.-NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintinueve (29) días del mes de septiembre del año dos mil veinte (2020), certificación de la Sentencia de fecha diez (10) de septiembre del año dos mil veinte (2020), recaída en el Recurso de Exhibición Personal, registrado en este Tribunal bajo el número 0573-2020.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1] Ver el artículo 182 de la Constitución de la República.

[2] Ver artículo 2 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, Decreto Legislativo No. 244-2003.

[3] Suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, y entro en vigor en julio de 1978, publicado en La Gaceta No. 22287 del 1 de septiembre de 1977.

[4] Artículo 16, segundo párrafo de la Constitución de la República de Honduras.

[5] Ver: CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Cuadernillo de Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos No. 26: Restricción y suspensión de derechos humanos / Corte Interamericana de Derechos Humanos y Cooperación Alemana (GIZ). -- San José, C.R., 2020. Págs. 150-151.

[6] Artículo 1, último párrafo, de la Ley del Sistema Penitenciario Nacional.

[7] Caso Loayza Tamayo Vs. Perú, sentencia de 17 de septiembre de 1997, párrafo 57. “El carácter degradante se expresa en un sentimiento de miedo, ansia e inferioridad con el fin de humillar, degradar y de romper la resistencia física y moral de la víctima…”.

[8] Caso Cantoral Benavides Vs. Perú, sentencia de 18 de agosto de 2000, párrafo 87.

[9] Relacionada en su ámbito y concepto garantista, se constata la acción de habeas corpus formulada con anterioridad por el profesional del Derecho recurrente, ante la Sala de lo Constitucional, en la exhibición personal con número 410-2020 del veintisiete de agosto de los corrientes; en la cual se entrevistó personalmente al Sr. JUNIOR JOEL COLINDRES RAMIREZ, corroborándose que no se encuentra ilegalmente preso, su estado de salud física, no padecimiento de tormentos, torturas, maltratos, exacción ilegal u otros vejámenes a la integridad personal. Asimismo, que se encuentra cumpliendo efectiva prisión, finalizando el cumplimiento de su pena principal el 22 de mayo de 2023. Además, se denota haberse tomado por el Centro Penitenciario denunciado las medidas de prevención y manejo de COVID-19 en la población privada de libertad, inclusive, del señor agraviado. Cabe también enfatizar lo dicho en tal sentencia, en cuanto a que puede el pretensor recurrir a los nuevos parámetros que establecen los artículos 81 y 82 del nuevo Código Penal (Decreto No. 130-2017), entre otros; para optar al régimen de libertad condicional y/o de excarcelación de los privados de libertad que se encuentren en condición jurídica de penados; por todo lo cual, se falló desestimando la procedencia de la acción de exhibición personal intentada por el garantista.

[10] Cfr. el fallo de la Corte Interamericana Sobre Derechos Humanos (CorteIDH), en: Instituto de Reeducación del Menor vs. Paraguay. Sentencia del dos de septiembre de 2004, párr. 156.