Sentencia EP-564-20 — Registro 17512
Resumen
Se dicto Sentencia en el Recurso de Exhibición Personal iniciado de oficio por la Sala de lo Constitucional a favor de cuatro líderes de la comunidad garífuna, El Triunfo de la Cruz de Tela departamento de Atlántida y que corresponden a los miembros de: Alberth Snaider Centeno, Milton Joel Martínez, Suami Aparicio Mejía García y Gerardo Misael Róchez Calix, contra actuaciones del Estado de Honduras, en relación a las noticias que han transcendido y que este Tribunal ha tenido conocimiento sobre: “…un hecho ocurrido el pasado 18 de julio (2020) por parte de sujetos que llevaban puesta indumentaria de la Dirección de Investigación Policial (DPI), fueron secuestrados cuatro líderes de dicha comunidad entre los cuales está el presidente del patronato, Sneider Centeno, así como Milton Joel Martínez Álvarez, Suami Aparicio Mejía y Gerardo Mizael Rochez, defensores del Comité de Tierras de la Comunidad; la líder de la Organización Fraternal Negra de Honduras (Ofraneh), Miriam Miranda, no se descarta que detrás del secuestro de los cuatro garífunas esté el poder económico interesado en la explotación de los territorios de este grupo étnico asentado en el litoral atlántico hondureño.”
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO (15): Que de la contrastación racional de todo lo expuesto, la Sala de lo Constitucional observa que, se desprende del caso haberse entrevistado personalmente a los señores Alberth Snaider Centeno, Milton Joel Martínez, Suami Aparicio Mejía García y Gerardo Misael Róchez Calix; o haberse constatado, en su caso, su ubicación actual; lo cual no debería constituir óbice para la realización plena y efectiva de la garantía constitucional promovida a su favor, conforme el ámbito garantista que dimana de la figura del habeas corpus; lo cual deberá hacerse por los medios que resulten disponibles, con base al test de razonabilidad. Haciéndose procedente, por lo tanto, con autorización de lo estipulado en el artículo 119, en analogía a lo que establecen los precitados artículos 29 y 31, ambos de la Ley de Justicia Constitucional; con relación a los deberes de urgente sustanciación de la garantía que establece la atenta lectura de los artículos 21 y 26, también de la Ley Sobre Justicia Constitucional; ordenar el inmediato reenvío de las presentes diligencias al Juez Ejecutor nombrado, a efecto realice y lleve a cabo las medidas conducentes que permitan, en la medida de las posibilidades fácticas y jurídicas existentes, constatar fehacientemente la ubicación real y legal de los ciudadanos agraviados. Mientras tanto, ha de ordenarse que las presentes diligencias se mantengan en reserva, bajo la guarda y custodia de la Secretaria General, para los propósitos conducentes con base a ley. CONSIDERANDO (16): Que de lo anteriormente expuesto y fundamentado resulta claro para esta Sala de lo Constitucional que el sentido garantista del recurso de exhibición personal implica una mayor exhaustividad en cuanto a precisar la ubicación de las personas beneficiarias del mismo y exhibirlas personalmente; pues de otra manera no podría excluirse, en forma por demás concluyente, la participación de agentes de la policía de investigación, o de cualquier otra autoridad concernida, en los supuestos que dan lugar al otorgamiento del recurso; procediendo, en este sentido, instar la cabal aplicación a lo prescrito en el artículo 29 de la Ley Sobre Justicia Constitucional en relación a la obligación del órgano jurisdiccional de ordenar todas las medidas que resulten pertinentes para lograr la ubicación de los beneficiarios del recurso y reservar las actuaciones hasta que las personas agraviadas aparezcan, o sean encontradas, sin ningún género de dudas; pues la exhibición del cuerpo es principio irrenunciable de actuaciones en el recurso de habeas corpus, el cual se instituye constitucionalmente como una garantía de la libertad, seguridad e integridad personal para los habitantes de la República. CONSIDERANDO (17): Que, en definitiva, realizado el estudio de los autos en la presente garantía de Habeas Corpus o Exhibición Personal, así como el Informe rubricado por el Juez Ejecutor; se considera que la presente garantía constitucional, no se ha tramitado de conformidad a la integralidad de las disposiciones constitucionales precitadas, ni a lo que prescriben los artículos 13 y 24 de la Ley sobre Justicia Constitucional. Correspondiendo, por ende, improbar el informe rendido inicialmente por el Juez Ejecutor; quien deberá proceder a llevar a cabo las medidas conducentes que permitan, dentro de las posibilidades fácticas y jurídicas existentes, constatar fehacientemente la ubicación real y legal de los ciudadanos agraviados, en tanto no se constaten los extremos manifestados en la denuncia que dio pie a la iniciación oficiosa del presente habeas corpus; exhibiéndose personalmente a los ciudadanos agraviados, en realización completa del ámbito garantista de la presente garantía constitucional.”
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 29 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 31 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 119 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veinte de agosto de dos mil veinte. VISTAS: Las presentes diligencias para dictar Sentencia en el Recurso de Exhibición Personal iniciado de oficio por la Sala de lo Constitucional a favor de cuatro líderes de la comunidad garífuna, El Triunfo de la Cruz de Tela departamento de Atlántida y que corresponden a los miembros de: Alberth Snaider Centeno, Milton Joel Martínez, Suami Aparicio Mejía García y Gerardo Misael Róchez Calix, contra actuaciones del Estado de Honduras, en relación a las noticias que han transcendido y que este Tribunal ha tenido conocimiento sobre: “…un hecho ocurrido el pasado 18 de julio (2020) por parte de sujetos que llevaban puesta indumentaria de la Dirección de Investigación Policial (DPI), fueron secuestrados cuatro líderes de dicha comunidad entre los cuales está el presidente del patronato, Sneider Centeno, así como Milton Joel Martínez Álvarez, Suami Aparicio Mejía y Gerardo Mizael Rochez, defensores del Comité de Tierras de la Comunidad; la líder de la Organización Fraternal Negra de Honduras (Ofraneh), Miriam Miranda, no se descarta que detrás del secuestro de los cuatro garífunas esté el poder económico interesado en la explotación de los territorios de este grupo étnico asentado en el litoral atlántico hondureño.” A N T E C E D E N T E S 1) Que, en fecha veintisiete de julio de dos mil veinte, la Sala de lo Constitucional inició de oficio, el recurso de exhibición personal favor de a favor de cuatro líderes de la comunidad garífuna, El Triunfo de la Cruz de Tela departamento de Atlántida y que corresponden a los miembros de: Alberth Snaider Centeno, Milton Joel Martínez, Suami Aparicio Mejía García y Gerardo Misael Róchez Calix, contra actuaciones del Estado de Honduras, en relación a las noticias que han transcendido y que este Tribunal ha tenido conocimiento sobre: “…un hecho ocurrido el pasado 18 de julio (2020) por parte de sujetos que llevaban puesta indumentaria de la Dirección de Investigación Policial (DPI), fueron secuestrados cuatro líderes de dicha comunidad entre los cuales está el presidente del patronato, Sneider Centeno, así como Milton Joel Martínez Álvarez, Suami Aparicio Mejía y Gerardo Mizael Rochez, defensores del Comité de Tierras de la Comunidad; la líder de la Organización Fraternal Negra de Honduras (Ofraneh), Miriam Miranda, no se descarta que detrás del secuestro de los cuatro garífunas esté el poder económico interesado en la explotación de los territorios de este grupo étnico asentado en el litoral atlántico hondureño.” (Folio 1 del recurso) 2) En fecha veintisiete de julio de dos mil veinte, ésta Sala, dispuso: La iniciación de oficio de una garantía de exhibición personal a favor de cuatro líderes de la comunidad garífuna, El Triunfo de la Cruz de Tela departamento de Atlántida y que corresponden a los miembros de: Alberth Snaider Centeno, Milton Joel Martínez, Suami Aparicio Mejía García y Gerardo Misael Róchez Calix, y en consecuencia ORDENA, designar como Juez Ejecutor al Abogado Marlon Alberto Martínez Logan, Defensor Público de la ciudad de Tela, Atlántida, quien deberá recurrir de las autoridades recurridas pertinente dentro del plazo y con las formalidades establecidas en el artículo 26 de la Ley Sobre Justicia Constitucional y constatar los hechos objeto del presente recurso. (Folio 6 vuelto del recurso) 3) En fecha treinta de julio de dos mil veinte, el Juez Ejecutor nombrado, en el ejercicio de las responsabilidades inherentes a su cargo, compareció ante esta Sala, rindiendo el informe correspondiente, mediante el cual concluyó: PRIMERO:…SEGUNDO:…TERCERO:…CUARTO: En fecha veintiocho de julio del 2020, este Juez Ejecutor, se constituyó en la Aldea Triunfo de la Cruz, Tela, departamento de Atlántida, con el objeto de entrevistarme con los familiares de los cuatro líderes garífunas; conversé con una vecina en la casa donde vive el señor SUAMI APARICIO MEJIA GARCIA, manifestándome que ella únicamente limpiaba la casa de habitación y que ninguno de los parientes directos del señor García Mejía, se encontraban y que sobre los hechos no sabía nada. En la misma comunidad me trasladé a la casa de los padres del señor MILTON JOEL MARTINEZ, quienes manifestaron que no querían darme información en cuanto a los hecho porque no tenían confianza en la autoridad y que ya estaban cansados de estar dando información sin que hasta la fecha su hijo lo regresaran al hogar.- Luego me trasladé a la casa donde vive el señor ALBERTH SNAIDER CENTENO, donde un vecino manifestó que desde que ocurrieron los hechos ninguno de los miembros de la familia del señor Centeno, se encuentra viviendo en la casa por lo que estaba cerrada. En cuanto al señor GERARDO MISAEL ROCHEZ CALIX, nadie supo decir donde vivía, ni proporcionaron información acera del señor Rochez Calix. Considerando:… Considerando:…Considerando: Por lo que somos del criterio que la exhibición personal iniciada de oficio por la Sala de lo Constitucional a favor de los cuatro líderes garífunas ALBERTH SNAIDER CENTENO, MILTON JOEL MARTINEZ, SUAMI APARICIO MEJÍA GARCIA Y GERARDO MISAEL ROCHEZ CALIX… es un hecho ocurrido el pasado 18 de julio del 2020…,no se encuentra enmarcado dentro de los parámetros de la Ley Sobre Justicia Constitucional ya que a) Cuando se encuentre ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad; y, b) Cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción o molestias innecesarias para su seguridad individual o para el orden de la prisión; y…” por lo que de igual manera al nombrar Juez Ejecutor es con el objeto de que cesen estas acciones emanadas de 1) Orden verbal de prisión o arresto salvo si tiene como finalidad impedir la inminente comisión de un delito, la fuga de quienes hayan participado en aquel o evitar daños graves a la persona o la propiedad; 2) Orden verbal de prisión o arresto que no emane de autoridad competente o que haya sido expedida sin las formalidades legales o por motivos que no hayan sido previamente establecidas en la Ley; y 3) Toda detención o arresto que no se cumpla en los centros destinados para el efecto por el Estado. Considerando: Que las entidades Estatales encargadas de protección e investigación como ser la Policía Nacional, Dirección Policial de Investigación (DPI) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), están cumpliendo con su obligación de búsqueda y rescate desde el momento que se puso en conocimiento de los hechos destinando el personal especializado con el objeto de encontrar a los señores ALBERTH SNAIDER CENTENO, MILTON JOEL MARTINEZ, SUAMI APARICIO MEJÍA GARCÍA Y GERARDO MISAEL ROCHEZ CALIX, informando que no cesaran en la búsqueda y rescate hasta dar con los cuatro líderes garífunas. Es por estas razones que se declara NO HA LUGAR la exhibición personal, a favor de los señores ALBERTH SNAIDER CENTENO, MILTON JOEL MARTINEZ, SUAMI APARICIO MEJIA GARCIA Y GERARDO MISAEL ROCHEZ CALIX, por no existir una detención ilegal. (Folios 19 vuelto 21 del recurso) CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia a través de su Sala Constitucional el conocimiento de las acciones de Hábeas Corpus o Exhibición Personal, acorde a lo preceptuado en los artículos 182 y 316 numeral uno de la Constitución de la República, en relación a lo preceptuado en los artículos 3 numeral uno y 13 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, resultando procedente la misma cuando se constate que la persona agraviada se encuentre ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad, o bien, cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción o molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión. CONSIDERANDO (2): Que la Constitución de la República en el artículo precitado, establece en su literalidad: “El Estado reconoce la garantía de Hábeas Corpus o Exhibición Personal, y de Hábeas Data. En consecuencia en el Hábeas Corpus o Exhibición Personal toda persona agraviada o cualquier otra en nombre de ésta tiene derecho a promoverla; y en el Hábeas Data únicamente puede promoverla la persona cuyos datos personales o familiares consten en los archivos, registros públicos o privados de la siguiente manera: 1) EL HÁBEAS CORPUS O EXHIBICIÓN PERSONAL: a) Cuando se encuentre ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad; y, b) Cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión”…[1] CONSIDERANDO (3): Que la justicia constitucional tiene por objeto desarrollar las garantías y las defensas del orden jurídico constitucional. En virtud de ello, en la aplicación de la Ley Sobre Justicia Constitucional, las disposiciones allí contenidas se interpretarán y aplicarán siempre de manera que aseguren una eficaz protección de los derechos humanos y el adecuado funcionamiento de las defensas del orden jurídico constitucional. De igual manera, la justicia constitucional se aplicará e interpretará de conformidad con los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales sobre derechos humanos vigentes en la República de Honduras, tomando en consideración las interpretaciones que de ellos hagan los tribunales internacionales.[2] CONSIDERANDO (4): Que el Estado de Honduras es suscriptor originario de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (CADH, en lo sucesivo),[3] la que una vez en vigor forma parte del derecho interno[4]; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el artículo 5 el Derecho a la integridad personal y textualmente señala: “1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. 2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano…”. En congruencia a lo postulado por la Carta de San José, nuestra Carta Magna declara en su artículo 59 que la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado, sosteniendo la obligación de respetarla y protegerla, siendo en consecuencia inviolable la dignidad del ser humano; declaración estrechamente relacionada con el derecho fundamental establecido en el artículo 68 de la normativa constitucional: “Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, síquica y moral”. CONSIDERANDO (5): Que, en congruencia a lo anterior, el Comité de Derechos Humanos de la ONU ha establecido que cuando los Estados detienen a una persona asumen una especial responsabilidad de su vida, por lo que corresponde asegurar su protección; estándar de derechos humanos que no puede ser objeto de suspensión, aun en caso de estado de emergencia o excepción legalmente decretado.[5] CONSIDERANDO (6): Que, en congruencia a lo anterior, la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) garantiza que el alcance de las restricciones permitidas, acorde con dicha Convención, al goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidas en la misma: “… no pueden ser aplicadas sino conforme a leyes que se dictaren por razones de interés general y con el propósito para el cual han sido establecidas”.[6] La doctrina convencional se refiere a este respecto, no sólo enfatizando la obligación estatal de que la implementación de tales restricciones obedezca al principio de legalidad, sino que también sean acordes al principio de proporcionalidad; es decir, que se ejerzan sólo en la medida indispensable en que una sociedad, que se precie de democrática, pueda permitírselo: … para impedir infracciones penales o para proteger la seguridad nacional, la seguridad o el orden público, la moral o la salud pública o los derechos y libertades de los demás”.[7] Lo cual deberá observarse estrictamente por el Estado, más aun tomando en consideración, que como consecuencia de la llegada del COVID-19 al territorio nacional, el Presidente de la República, en Consejo de Ministros, ha emitido el Decreto Ejecutivo PCM-005-2020, publicado en el Diario oficial La Gaceta No. 3,171 de fecha 1 de febrero del año 2020, mediante el cual se decretó declarar Estado de Emergencia Sanitaria en todo el territorio nacional; y que, con posterioridad a ello, se emitió el Decreto Ejecutivo PCM-021-220, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 35,201 de fecha 16 de marzo del año 2020, mediante el cual se decretó la restricción de garantías constitucionales por siete días, las cuales se han prologando hasta la fecha con el objetivo legítimo de evitar la propagación del COVID-19. Debiendo observar tales restricciones, en todo caso, la modalidad proporcional de aplicación que prevé el precitado artículo 30 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. CONSIDERANDO (7): Que, resulta de pleno conocimiento de esta Sala, la RESOLUCIÓN adoptada en fecha 6 de agosto de 2020 por la PRESIDENTA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (CorteIDH, en lo sucesivo), Dra. Elizabeth ODIO BENITO, con relación a la ADOPCIÓN DE MEDIDAS URGENTES CASO COMUNIDADES GARÍFUNAS DE TRIUNFO DE LA CRUZ Y PUNTA PIEDRA VS. HONDURAS;[8] en el marco de la Sentencia de Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas del caso Comunidad Garífuna de Punta Piedra y sus miembros, y la Sentencia de fondo, reparaciones y costas del caso Comunidad Garífuna Triunfo de la Cruz y sus miembros;[9] en la cual se recuerda que en las Sentencias de los casos Comunidad Garífuna de Punta Piedra y sus miembros Vs. Honduras y Comunidad Garífuna Triunfo de la Cruz y sus miembros Vs. Honduras, la Corte Interamericana analizó hechos de violencia e intimidaciones contra integrantes de esas Comunidades, ordenando investigar esos hechos (Considerando 15. de la Resolución); mientras constata que los recientes hechos reportados por los representantes, involucran posibles desapariciones forzadas de personas, las cuales se encontrarían prima facie en una situación de extrema gravedad y urgencia, con la perspectiva de sufrir un daño irreparable, puesto que su vida, libertad personal e integridad personal estarían amenazadas. (Considerando 22. de la Resolución) CONSIDERANDO (8): Que, en consecuencia, la Presidencia de la CorteIDH estima necesaria su protección a través de medidas urgentes, a la luz de lo dispuesto en la Convención Americana, y ordena que el Estado, en el plazo más breve investigue y determine el paradero de Milton Joel Martínez Álvarez, Suami Aparicio Mejía García, Gerardo Misael Trochez Calix, y Alberth Sneider Centeno (Considerando 22., Ibídem); requiriendo al Estado de Honduras para que adopte todas las medidas necesarias y adecuadas para determinar su paradero, ya que se encuentran desaparecidos desde el 18 de julio de 2020, de conformidad con los Considerandos 14 a 22 de la Resolución aquí citada. CONSIDERANDO (9): Que, articulando al bloque de convencionalidad, en los términos normativos y jurisprudenciales cautelares claramente indicados; se interpreta armónicamente, en plano de complementariedad, la legalidad procesal constitucional aplicable,[10] la cual establece, en principio (artículo 39 de la Ley Sobre Justicia Constitucional); que entre los efectos de la procedencia de la garantía de hábeas corpus, se encuentra el deber legal de ordenar el cese de toda restricción, vejamen, trato cruel, inhumano o degradante, amenaza, apremio ilegal o cualquier otra coacción, restricción o molestia innecesaria para la seguridad individual, o para el orden de la prisión; pudiendo también ordenarse la libertad del agraviado (s). CONSIDERANDO (10): Que el artículo 21 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, por otra parte, manda como principio de actuaciones: “DE LA SIMPLICIDAD EN EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN. El peticionario expresará en la solicitud o acción, los hechos que motivan la acción; el lugar, real o probable, en que se encuentra el ofendido, si lo sabe, y la autoridad o persona a quien considere culpable. De ignorarse la identidad del supuesto autor de la violación constitucional, la demanda se tendrá por ejercitada contra el superior jerárquico de la dependencia respectiva, en su caso.” CONSIDERANDO (11): Que, por otra parte, la ley establece a los Jueces Ejecutores de la presente garantía constitucional, el siguiente conglomerado de obligaciones: “ARTÍCULO 26. -DE LOS DEBERES DE LOS TITULARES DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL O DEL JUEZ EJECUTOR DE LA ACCIÓN. Recibida la acción de exhibición personal, el titular del órgano jurisdiccional o el ejecutor designado en su caso ordenará, mediante auto, la inmediata exhibición del detenido o preso, ante el funcionario que se designe y éste al alcaide, jefe, encargado o subalterno, o a la persona presuntamente responsable, que presente al ofendido, así como el original o copia de la orden de detención y que rinda informe detallado de los hechos que la motivaron; todo lo cual deberá cumplir dentro de un plazo que no exceda las 24 horas. El informe contendrá, por lo menos, lo siguiente: 1) Autoridad o persona que ordenó la detención ó vejación y el nombre y apellidos de quienes ejecutaren el correspondiente acto, con indicación de la fecha y circunstancias del mismo; 2) Las causas que motivaron la detención o la conducta denunciada y las circunstancias y fechas en que tuvieron lugar; 3) Indicación de si el detenido o preso ha estado únicamente bajo su inmediata custodia o si fue transferido de otro centro de reclusión ó detención, en cuyo caso indicará el nombre de éste, la fecha en que tuvo lugar el traslado, el estado físico del agraviado en dicho momento y el motivo de la transferencia; y, 4) Firma y sello del servidor público o persona que rinde el informe. En el auto de admisión se ordenará, asimismo, no ejecutar acto alguno que pueda dar como resultado un cambio en las condiciones en que se encuentra el detenido o preso, salvo si ello es necesario para preservar su vida, su salud y su integridad física o mental. Si el informe no se rinde en el término señalado, se tendrán por ciertos los hechos invocados por el demandante o solicitante y, si procede en derecho, se declarará con lugar la exhibición pedida. El auto de admisión de la demanda de exhibición también se notificará al Ministerio Público, para el cumplimiento de los deberes de su cargo. La ausencia de apersonamiento del Ministerio Público no impedirá la tramitación y resolución del recurso.” CONSIDERANDO (12): Que siempre en observancia de la Ley Sobre Justicia Constitucional, prescribe el “ARTÍCULO 29.- DE LAS OBLIGACIONES DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL EN CASO DE NO DAR CON EL PARADERO DEL AGRAVIADO: Si la autoridad o persona requerida negare haber restringido la libertad del beneficiario del recurso de hábeas corpus, el tribunal deberá ordenar todas las medidas pertinentes para lograr la ubicación del mismo, reservando las actuaciones hasta que la persona aparezca o sea encontrada.” CONSIDERANDO (13): Que, del informe rendido por el Juez Ejecutor, se observa la omisión de ejecutorias procesales constitucionales; particularmente la de entrevistar personalmente a los agraviados (habeas corpus). Este deber, por ahora omiso, resulta mandatorio conforme al artículo 26 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, a efecto de corroborar la realización plena de la garantía constitucional de Habeas Corpus, o exhibición personal. CONSIDERANDO (14): Que, en consideración a lo anteriormente expuesto, no habiéndose constatado de manera alguna la ubicación de los ciudadanos agraviados, se reconoce una vulnerabilidad a sus personas; la cual deberá subsanarse, implicando de suyo un deber reforzado de investigación para el Estado de Honduras; en aras de cumplimentar a cabalidad sus deberes de promoción, respeto y garantía de los derechos humanos que le obligan, de buena fe, en el ordenamiento jurídico internacional. De manera tal que no basta reconocer la existencia formal de los recursos internos, sino que éstos gocen de adecuación y efectividad para con el fin garantista propuesto;[11] más aún en el supuesto de que se tratare de una desaparición forzosa, tal lo denunciado. CONSIDERANDO (14): Que, en soporte al correlativo Informe, argumenta el Juez Ejecutor nombrado, que: “ (…) la exhibición personal iniciada de oficio por la Sala de lo Constitucional a favor de los cuatro líderes garífunas ALBERTH SNAIDER CENTENO, MILTON JOEL MARTINEZ, SUAMI APARICIO MEJÍA GARCIA Y GERARDO MISAEL ROCHEZ CALIX… es un hecho ocurrido el pasado 18 de julio del 2020…, no se encuentra enmarcado dentro de los parámetros de la Ley Sobre Justicia Constitucional (…); por lo que de igual manera al nombrar Juez Ejecutor es con el objeto de que cesen estas acciones emanadas de 1) Orden verbal de prisión o arresto salvo si tiene como finalidad impedir la inminente comisión de un delito, la fuga de quienes hayan participado en aquel o evitar daños graves a la persona o la propiedad; 2) Orden verbal de prisión o arresto que no emane de autoridad competente o que haya sido expedida sin las formalidades legales o por motivos que no hayan sido previamente establecidas en la Ley; y 3) Toda detención o arresto que no se cumpla en los centros destinados para el efecto por el Estado. Considerando: Que las entidades Estatales encargadas de protección e investigación como ser la Policía Nacional, Dirección Policial de Investigación (DPI) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), están cumpliendo con su obligación de búsqueda y rescate desde el momento que se puso en conocimiento de los hechos destinando el personal especializado con el objeto de encontrar a los señores ALBERTH SNAIDER CENTENO, MILTON JOEL MARTINEZ, SUAMI APARICIO MEJÍA GARCÍA Y GERARDO MISAEL ROCHEZ CALIX, informando que no cesaran en la búsqueda y rescate hasta dar con los cuatro líderes garífunas. Es por estas razones que se declara NO HA LUGAR la exhibición personal, a favor de los señores ALBERTH SNAIDER CENTENO, MILTON JOEL MARTINEZ, SUAMI APARICIO MEJIA GARCIA Y GERARDO MISAEL ROCHEZ CALIX, por no existir una detención ilegal.“ CONSIDERANDO (15): Que de la contrastación racional de todo lo expuesto, la Sala de lo Constitucional observa que, se desprende del caso haberse entrevistado personalmente a los señores Alberth Snaider Centeno, Milton Joel Martínez, Suami Aparicio Mejía García y Gerardo Misael Róchez Calix; o haberse constatado, en su caso, su ubicación actual; lo cual no debería constituir óbice para la realización plena y efectiva de la garantía constitucional promovida a su favor, conforme el ámbito garantista que dimana de la figura del habeas corpus; lo cual deberá hacerse por los medios que resulten disponibles, con base al test de razonabilidad. Haciéndose procedente, por lo tanto, con autorización de lo estipulado en el artículo 119, en analogía a lo que establecen los precitados artículos 29 y 31, ambos de la Ley de Justicia Constitucional; con relación a los deberes de urgente sustanciación de la garantía que establece la atenta lectura de los artículos 21 y 26, también de la Ley Sobre Justicia Constitucional; ordenar el inmediato reenvío de las presentes diligencias al Juez Ejecutor nombrado, a efecto realice y lleve a cabo las medidas conducentes que permitan, en la medida de las posibilidades fácticas y jurídicas existentes, constatar fehacientemente la ubicación real y legal de los ciudadanos agraviados. Mientras tanto, ha de ordenarse que las presentes diligencias se mantengan en reserva, bajo la guarda y custodia de la Secretaria General, para los propósitos conducentes con base a ley. CONSIDERANDO (16): Que de lo anteriormente expuesto y fundamentado resulta claro para esta Sala de lo Constitucional que el sentido garantista del recurso de exhibición personal implica una mayor exhaustividad en cuanto a precisar la ubicación de las personas beneficiarias del mismo y exhibirlas personalmente; pues de otra manera no podría excluirse, en forma por demás concluyente, la participación de agentes de la policía de investigación, o de cualquier otra autoridad concernida, en los supuestos que dan lugar al otorgamiento del recurso; procediendo, en este sentido, instar la cabal aplicación a lo prescrito en el artículo 29 de la Ley Sobre Justicia Constitucional en relación a la obligación del órgano jurisdiccional de ordenar todas las medidas que resulten pertinentes para lograr la ubicación de los beneficiarios del recurso y reservar las actuaciones hasta que las personas agraviadas aparezcan, o sean encontradas, sin ningún género de dudas; pues la exhibición del cuerpo es principio irrenunciable de actuaciones en el recurso de habeas corpus, el cual se instituye constitucionalmente como una garantía de la libertad, seguridad e integridad personal para los habitantes de la República. CONSIDERANDO (17): Que, en definitiva, realizado el estudio de los autos en la presente garantía de Habeas Corpus o Exhibición Personal, así como el Informe rubricado por el Juez Ejecutor; se considera que la presente garantía constitucional, no se ha tramitado de conformidad a la integralidad de las disposiciones constitucionales precitadas, ni a lo que prescriben los artículos 13 y 24 de la Ley sobre Justicia Constitucional. Correspondiendo, por ende, improbar el informe rendido inicialmente por el Juez Ejecutor; quien deberá proceder a llevar a cabo las medidas conducentes que permitan, dentro de las posibilidades fácticas y jurídicas existentes, constatar fehacientemente la ubicación real y legal de los ciudadanos agraviados, en tanto no se constaten los extremos manifestados en la denuncia que dio pie a la iniciación oficiosa del presente habeas corpus; exhibiéndose personalmente a los ciudadanos agraviados, en realización completa del ámbito garantista de la presente garantía constitucional. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y con fundamento en los Artículos 1, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 y 321 de la Constitución de la República; 1, 3 No. 1), 5, 7, 9 Nº. 1, 13 Nº. 1), 15, 21, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 37, 119 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, FALLA: Declarar EN RESERVA el Recurso de Exhibición Personal iniciado de oficio por la Sala de lo Constitucional a favor de cuatro líderes de la comunidad garífuna, El Triunfo de la Cruz de Tela departamento de Atlántida y que responden a los nombres de: ALBERTH SNAIDER CENTENO, MILTON JOEL MARTÍNEZ, SUAMI APARICIO MEJÍA GARCÍA y GERARDO MISAEL RÓCHEZ CALIX, contra supuestas actuaciones del ESTADO DE HONDURAS. Y MANDA: 1) ORDENAR al Juez Ejecutor, Abg. MARLON ALBERTO MARTÍNEZ LOGAN, en su condición de Juez Ejecutor, nombrado en la presente Garantía Constitucional de HABEAS CORPUS O EXHICIÓN PERSONAL, proceder a las medidas conducentes que permitan, dentro de las posibilidades fácticas y jurídicas existentes, constatar fehacientemente la ubicación de los ciudadanos agraviados, en tanto no se constaten los extremos manifestados en la denuncia que dio pie a la iniciación oficiosa del presente habeas corpus, conforme manda la Ley Sobre Justicia Constitucional; informando de consiguiente a la Sala, lo que resulte procedente en derecho. 2) RESERVAR las presentes actuaciones hasta que resulte debidamente cumplimentado lo anterior. Redactó la Magistrada ÁLVAREZ SAGASTUME.- NOTIFIQUESE. Firmas y sello. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los cuatro días del mes de septiembre de dos mil veinte, certificación de la sentencia de fecha veinte de agosto de dos mil veinte, recaída en el recurso de exhibición personal registrada en este Tribunal con el número SCO-0564-2020.
ABOG. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.
[1] Ver el artículo 182 de la Constitución de la República.
[2] Ver artículo 2 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, Decreto Legislativo No. 244-2003.
[3] Suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, y entro en vigor en julio de 1978, publicado en La Gaceta No. 22287 del 1 de septiembre de 1977.
[4] Artículo 16, segundo párrafo de la Constitución de la República de Honduras.
[5] Ver: CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Cuadernillo de Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos No. 26: Restricción y suspensión de derechos humanos / Corte Interamericana de Derechos Humanos y Cooperación Alemana (GIZ). -- San José, C.R., 2020. Págs. 150-151.
[6] Ver artículo 30 de la CADH.
[7] Convención Americana Sobre Derechos Humanos: Comentario. Steiner, Christian / Uribe, Patricia (Editores). Konrad Adenauer Stiftung. Guatemala: Magna Terra Editores, 2014. Pág. 716.
[8] Asequible en Internet, en: https://www.corteidh.or.cr/corteidh/docs/medidas/garifuna_se_03.pdf
[9] Cfr. CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Sentencia Comunidad Garífuna de Punta Piedra y sus miembros Vs. Honduras. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 8 de octubre de 2015. Serie C No. 304, y Comunidad Garífuna Triunfo de la Cruz y sus miembros Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 8 de octubre de 2015. Serie C No. 305.
[10] En la Ley Sobre Justicia Constitucional, se estipula: “ARTÍCULO 2.- REGLA DE INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN. Las disposiciones de esta ley se interpretarán y aplicarán siempre de manera que aseguren una eficaz protección de los derechos humanos y el adecuado funcionamiento de las defensas del orden jurídico constitucional. Se interpretarán y aplicarán de conformidad con los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales sobre derechos humanos vigentes en la República de Honduras, tomando en consideración las interpretaciones que de ellos hagan los tribunales Internacionales.” Asequible en Internet, en: http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_hnd_justicia.pdf
[11] En la sentencia Velásquez Rodríguez Vs. Estado de Honduras (Ficha técnica: https://www.corteidh.or.cr/cf/jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=189&lang=es), la CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, estableció en sus párrafos 61., y 63., que la regla del previo agotamiento de los recursos internos permite al Estado resolver el problema según su derecho interno antes de verse enfrentado a un proceso internacional, lo cual es especialmente válido en la jurisdicción internacional de los derechos humanos, por ser ésta "coadyuvante o complementaria" de la interna (Convención Americana, Preámbulo); sin embargo el artículo 46.1.a) de la Convención remite "a los principios del Derecho Internacional generalmente reconocidos". Esos principios no se refieren sólo a la existencia formal de tales recursos, sino también a que éstos sean adecuados y efectivos, como resulta de las excepciones contempladas en el artículo 46.2.