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Sentencia EP-557-20 — Registro 11271

Resumen

En Revisión las diligencias que contienen la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán con Competencia Territorial Nacional, que declaró No Ha Lugar el recurso de Hábeas Corpus o Exhibición Personal contra actuaciones del Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, manifestando el peticionario que la medida cautelar de prisión preventiva impuesta a su representado se encuentra vencida.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO (12): Que, para esta Sala de lo Constitucional, la Resolución que se revisa debe ser revocada, ello porque el tiempo legal máximo establecido para la duración de la medida cautelar de la prisión preventiva se encuentra ya vencida, al tenor de lo establecido en el artículo 181 del Código Procesal Penal y como corolario de lo relacionado en los acápites del presente libelo, debiendo aprobar el Informe emitido por la Juez Ejecutor y declarar HA LUGAR la garantía de Hábeas Corpus que se revisa; por lo cual se hace procedente en derecho Revocar la sentencia de Hábeas Corpus venida en revisión, acorde a lo prescrito en el último párrafo del artículo 39 de la Ley Sobre Justicia Constitucional precitado.-CONSIDERANDO (13): Que en ese sentido y en aplicación del segundo párrafo del artículo 39 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, decreta y ordena la inmediata libertad del agraviado, ciudadano BAYRON JAVIER ROSALES GARCIA, mediante la sustitución de la medida cautelar de Prisión Preventiva, por ello se ordena al Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional en Materia Penal, imponga al encausado, las medidas cautelares que aseguren la eficacia del procedimiento y garanticen la presencia del mismo en el transcurso del proceso, adoptando una o más de las medidas cautelares distintas a la prisión preventiva que señala el artículo 173 del Código Procesal Penal, ello en cumplimiento a lo establecido en el penúltimo párrafo del artículo 181 del Código Procesal Penal. Observando asimismo las disposiciones contenidas en el Acuerdo N° CSJ-02-2020 de fecha cuatro (4) de junio del año dos mil vente (2020), emitido por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, en relación al Proceso de Reincorporación Gradual y Responsable de los Servidores Judiciales a Labores Presenciales.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ COTTE SUPREMA DE JUSTICIA,SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diez días del mes de septiembre del año dos mil veinte.-VISTAS: En Revisión las diligencias que contienen la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán con Competencia Territorial Nacional, en fecha veintidós de junio del año dos mil veinte, que declaró No Ha Lugar el recurso de Hábeas Corpus o Exhibición Personal interpuesto por el Abogado Gabriel Edgardo Ordoñez Barrientos, a favor del Privado de Libertad señor Bayron Javier Rosales García, contra actuaciones del Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, manifestando el peticionario que la medida cautelar de prisión preventiva impuesta a su representado se encuentra vencida desde el 14 de mayo del año dos mil veinte, en relación a la causa instruida contra el privado de libertad señor Bayron Javier Rosales García por suponerlo responsable de los delitos de Lavado de Activos y Asociación Ilícita para Lavado de Activos en perjuicio de la Economía del Estado de Honduras.-ANTECEDENTES: 1) Que, en fecha quince de mayo del año dos mil veinte, compareció el Abogado Gabriel Edgardo Ordoñez Barrientos, ante la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, interponiendo acción de Habeas Corpus o Exhibición Personal favor del privado de libertad señor Bayron Javier Rosales García, contra actuaciones del Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, manifestando el peticionario que la medida cautelar de prisión preventiva impuesta a su representado se encuentra vencida desde el 14 de mayo del año dos mil veinte, en relación a la causa instruida contra el privado de libertad señor Bayron Javier Rosales García por suponerlo responsable de los delitos de Lavado de Activos y Asociación Ilícita para Lavado de Activos en perjuicio de la Economía del Estado de Honduras, que en fecha 14 de mayo del 2020 se realizó audiencia virtual de revisión de medida cautelar ante el Tribunal de Sentencia, la que fue denegada, amparados en el argumento que la prisión preventiva no se encuentra vencida, con fundamento al PCM-21-2020 emitido por el Poder Ejecutivo en Consejo de Ministros. (Folios del 1-3 de la pieza de antecedentes de Exhibición Personal).-2) En fecha dieciocho de mayo del año dos mil veinte, la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, con Competencia Territorial Nacional, admitió la acción de exhibición personal, presentada por el Abogado Gabriel Edgardo Ordoñez Barrientos, a favor del señor Bayron Javier Rosales García, asimismo, nombró como Jueza Ejecutora a la Abogada Suyapa Concepción Torres Aguilera, Defensora Pública de Tegucigalpa, a efecto de requerir a la autoridad recurrida y rendir el informe correspondiente de conformidad a lo establecido en el Artículo 26 de la Ley sobre Justicia Constitucional. (Folio 6 de la pieza de antecedentes de Exhibición Personal).-3) La Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, con Competencia Territorial Nacional, en fecha veintisiete de mayo del año dos mil veinte, tuvo por recibido el informe emitido por la Jueza Ejecutora designada, en el cual se consignó entre otros extremos lo siguiente: “…ANALISIS SOBRE LA PETICIÓN DE HABEAS CORPUS REPARADOR PRIMERO: Con el informe brindado por la Sala Uno del Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, con los documentos anexados al mismo que dan cuenta del inicio de la prisión preventiva, y que de acuerdo al artículo 178 de la norma procesal penal ha de contarse desde la fecha que se produjo la privación de libertad del imputado, BAYRON JAVIER ROSALES GARCIA, se encuentra en efectiva prisión desde el 14 de noviembre del 2017; si la Sala Penal a través de la petición del Ministerio Público otorgó ampliación de la misma, esta se cuenta a partir del vencimiento del término de los dos años que establece el artículo 181 del mismo texto legal, ocurriendo por tanto el vencimiento final en fecha 14 de mayo del 2020. Es decir, que al momento que la Suscrita ha conocido de esta garantía constitucional, la medida cautelar de prisión preventiva se encuentra vencida. SEGUNDO: El Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, en su resolución denegatoria de la revocación de la medida cautelar de prisión preventiva, hizo alusión a que de acuerdo al decreto ejecutivo número 021-2020 el derecho a la libertad se encuentra suspendido para el privado de libertad BAYRON JAVIER ROSALES GARCIA. El decreto número PCM-021-2020 emitido por el Poder Ejecutivo a través del Presidente de la República, en Consejo de Secretarios de Estado, establece la restricción de garantías constitucionales y contenidas en los artículos 69,71,72,78,81,84,93,99 y 1033 de la Constitución de la República. En relación con el acto realizado por el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, y que el impetrante reclama, se hace necesario referirnos específicamente al artículo 69 constitucional que se refiere al derecho a la libertad y a su inviolabilidad a excepción, cuando de acuerdo a las leyes deba ser suspendida o restringida temporalmente y también a la suspensión o restricción de garantías constitucionales por el estado de emergencia decretado en nuestro país debido a la pandemia COVID-19. Para ello, hemos de establecer que dentro de los artículos referidos a los derechos constitucionales y que el decreto ejecutivo temporalmente restringe, no se contiene la garantía constitucional de habeas corpus, pues es la que precisamente protege el derecho a la libertad que pueda verse conculcado, y es que eso no podría ser posible porque de acuerdo a lo que establece la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la opinión consultiva 8-87 sostener que el Poder Ejecutivo puede a través de un decreto suspender una garantía constitucional como es el habeas corpus contenido en los artículos 7.6 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, es atribuir al Poder Ejecutivo funciones que le son especificas al Poder Judicial. En tal sentido es el Poder Judicial que en acuerdos números PCSJ 29-2020 y PCSJ 30-2020, de fechas 17 y 24 de mayo del 2020, dispone que dentro de los servicios jurisdiccionales que se estarán brindando por parte de los Tribunales de Sentencia, a pesar del estado de emergencia en el que nos encontramos, entre otros es, revisiones de medidas cautelares en aquellos casos en que venza el plazo máximo legalmente establecido para la prisión preventiva. Si en efecto la interpretación del decreto 21-2020 es que está en suspenso el derecho a la libertad para los privados de libertad esa disposición carecería de sentido. TERCERO: El derecho a la libertad que se ha restringido desde el 16 de marzo del 2020 a todos los ciudadanos a nivel nacional, ha sido originado precisamente por el estado de emergencia, que únicamente conlleva a prevenir un contagio masivo de dicha enfermedad, y que el Presidente de la República, con las facultades constitucionales puede hacer; no incluye de ninguna manera al privado de libertad BAYRON JAVIER ROSALES GARCIA, pues a él se le ha restringido ese derecho desde el 14 de noviembre de 2017, si bien de manera legal por una autoridad que siendo competente lo aplicó en el momento procesal que franquea el proceso; su estancia en un centro Penal desde entonces, no ha provocado ningún riesgo de contagio para nadie; es decir que a este imputado, se le estaría haciendo restricción sobre un derecho ya restringido. La restricción de garantías decretado, no puede desde ningún punto de vista aplicarse a los privados de libertad sino a los que, estando libres, su derecho se restringe con un fin sanitario…CUARTO:… Por todo ello no puede restringirse la libertad de un detenido, más allá de los límites temporales y estrictamente necesarios para asegurar que el imputado no impedirá el desarrollo eficiente de las investigaciones y que no eludirá la acción de la justicia. Ese tiempo de duración de la prisión preventiva que establece el artículo 181 de la normal procesal penal, es el necesario que el legislador dispuso establecer como el tiempo límite y en su excepcionalidad ampliado por circunstancias especiales que la Sala de lo Penal debe considerar a 6 meses más; porque la prisión preventiva únicamente es medida cautelar, pero cumplido el término legal de su existencia como tal, las circunstancias primeras que se tuvieron para decretarla o imponerla, no pueden ser fundamento para mantenerla. En el caso que se analiza, la suscrita Jueza Ejecutora entiende que el límite temporal máximo de dos años y medio se ha cumplido en la causa contra BAYRON JAVIER ROSALES, en fecha 14 de mayo de 2020 y resulta por ende claro que, al encontrarse excedida en ese límite legal, la prisión que en su inicio fue legitima a este momento se ha tornado ilegal. POR TANTO:… RESUELVE DECLARAR HA LUGAR EL RECURSO DE HABEAS CORPUS REPARADOR INTERPUESTO, pues del derecho a la libertad que es el acto reclamado en esta exhibición personal, ciertamente se ha conculcado a partir del día 14 de noviembre después de las tres de la tarde, debiendo ser restituido, y sometido el imputado a medidas distintas en espera del desarrollo del juicio….” (Folios del 14-21 de la pieza de antecedentes de Exhibición Personal).-4) Que en fecha uno de junio del año dos mil veinte, Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, con Competencia Territorial Nacional, ordenó librar comunicación a la Jueza Ejecutora para que ampliara su informe para determinar si en efecto la parte requerida celebró audiencia de revisión de medidas respecto al imputado Bayron Javier Rosales García. (Folio 119fv de la pieza de antecedentes de Exhibición Personal).-5) En fecha diecisiete de junio del año dos mil veinte, la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, con Competencia Territorial Nacional, tuvo por recibida la ampliación al informe emitido por la Juez Ejecutora designada, mediante el cual informó: “…La Suscrita Jueza Ejecutora, hace saber a la Honorable Corte de Apelaciones de lo Penal que el Tribunal de Sentencia, mantuvo su decisión de no otorgar medida cautelar distinta a la detención judicial, porque persiste en que al decretarse emergencia nacional por la pandemia del Covid-19, se ha suspendido el término de la prisión preventiva.” (Folio 123/140 de la pieza de antecedentes de Exhibición Personal).-6) En fecha veintidós de junio del año dos mil veinte, la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, con Competencia Territorial Nacional, por unanimidad de votos dictó sentencia mediante la cual falló: (Sic) “Declarando NO HA LUGAR la acción de Habeas Corpus o Exhibición Personal, de la cual se ha hecho mérito.- MANDA: Que se notifique esta resolución al peticionario y se remita en revisión a la Sala de lo Constitucional de la Honorable Corte Suprema de Justicia….” (Folios del 141-145 de la pieza de antecedentes de Exhibición Personal).-7) Que en fecha veinticuatro de julio del año dos mil veinte, esta Sala de lo Constitucional recibió para su revisión el expediente que contiene el Recurso de Exhibición Personal de mérito, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 39 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.-CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia a través de su Sala de lo Constitucional el conocimiento de las acciones de Hábeas Corpus o Exhibición Personal, acorde a lo preceptuado en los artículos 182 y 316 numeral primero de la Constitución de la República, en relación a lo establecido en los artículos 3 numeral primero y 13 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, resultando procedente la misma cuando se constate que la persona agraviada se encuentre ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad, o bien, cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción o molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión.-CONSIDERANDO (2): Que una vez emitido el Informe y Ampliación de Informe por la Juez Ejecutora designada, la Corte de Apelaciones de lo penal del Departamento de Francisco Morazán, dictó sentencia en fecha veintidós de junio del presente año dos mil veinte, mediante la cual declara No Ha Lugar el Recurso de Exhibición Personal promovido, sustentando su decisión inter alia en las siguientes consideraciones: “Que al revisar ambos informes arriba relacionados en sus argumentos torales, es importante señalar que esta Corte de Apelaciones a dispuesto que efectivamente el vencimiento de la medida cautelar de la prisión preventiva impuesta a un procesado mediante la audiencia respectiva, no puede ser objeto de revisión, en razón de interponer un recurso de exhibición personal ya que como bien los presupuestos legitimadores contenidos en los numerales de la Ley sobre Justicia Constitucional se reservan para cuando se está produciendo una detención ilegal o arbitraria, en el caso de amarras la medida cautelar de prisión preventiva fue ordenada por autoridad competente como es el caso, con fundamento preciso en la norma adjetiva que es la que establece los parámetros en que esta deba ser revisable, pues se trata de una excepcionalidad, siendo por eso que la misma norma adjetiva contiene los recursos que contra la resolución que accede o deniegue la misma; es materia recursiva ordinaria, como también así lo ha dispuesto la honorable Sala de lo Constitucional…; en ese sentido es importante destacar que contrario a lo que señala la Juez Ejecutora la libertad personal si se encuentra suspendida como garantía en este momento en razón de la emergencia PCM-05-2020, de fecha 10 de febrero de 2020, y suspendidos las labores para actuaciones y plazos procesales; en consecuencia esta Corte es del criterio que la libertad personal si se encuentra suspendida por el Decreto en mención….” –Lo subrayado es nuestro-CONSIDERANDO (3): Que según se desprende del Informe emitido por la Juez Ejecutor, requirió a la Abogada Jocelyn Donaire, en su condición de Juez del Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional, con el fin de rendir informe en relación al Hábeas Corpus promovido a favor del privado de libertad Bayron Javier Rosales García; en el referido Informe emitido por la autoridad requerida se hace referencia a que se presentó solicitud de revisión de medida cautelar a favor del señor Bayron Javier Rosales García, señalándose la audiencia para el 14 de abril del año 2020, la cual se llevó a cabo de manera virtual a través de la Plataforma Zoom, contando con la concurrencia de todas las partes. En ella, la Defensa alegó que, en el caso de sus representados, ya el plazo de la prisión preventiva había vencido, es decir dos años más los seis meses que amplio la Sala Penal y por eso se solicitó que dicha medida fuese revocada y en su lugar se impusieran otras sustitutivas. Que el Tribunal una vez deliberado y ponderado los derechos y normas relacionadas, así como los antecedentes expuestos, llego a concluir de manera unánime que en efecto el Presidente de la Republica en Consejo de Ministros había ejercido su potestad de declarar Estado de Excepción, en ese sentido había suspendido el derecho a la libertad, por lo cual encontrándose suspendido ese derecho a la libertad y a la libertad de deambular, no procedía la excarcelación de los imputados. (Folio 13fv de la pieza de antecedentes de Exhibición personal).-CONSIDERANDO (4): Que Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos[1], la que una vez en vigor forma parte del derecho interno[2]; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos, libertades y disposiciones reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el artículo 25 el derecho a la Protección Judicial y textualmente señala: “Artículo 25. Protección judicial 1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales…”.-CONSIDERANDO (5): Que la Constitución de la República garantiza la libertad personal, al establecer en el Artículo 69 que la libertad personal es inviolable y sólo con arreglo a las leyes podrá ser restringida o suspendida temporalmente. Con el fin de asegurar el cumplimiento del derecho a la libertad personal inter alia, y dando asimismo cumplimiento a los compromisos convencionales de protección de Derechos Humanos, se instituyó la Garantía Constitucional del Hábeas Corpus, como un mecanismo judicial ágil, rápido, carente de formalismo y de observación general, a efecto de hacer cesar de manera rápida y efectiva cualquier detención ilegal que sufra una persona, así como todo tormento o tortura que pudiera estar soportando en su detención legal.-CONSIDERANDO (6): Que la libertad y la seguridad comportan la ausencia de perturbaciones procedentes de medidas tales como la detención y otras similares que, adoptadas arbitraria e ilegalmente, restringen o amenazan la libertad de toda persona de organizar en todo momento y lugar, dentro del territorio nacional, su vida individual y social con arreglo a sus propias convicciones (STC 15/1986, de 31 de enero). Este derecho fundamental, como cualquier otro, no se puede concebir como un derecho absoluto y no susceptible de restricciones, si bien teniendo en cuenta que sólo la Ley podrá establecer los casos y la forma en que aquellas restricciones o privaciones de libertad son posibles[3].-CONSIDERANDO (7): Que, en el informe presentado por la Juez Ejecutor y de las investigaciones realizadas, ésta es del criterio de declarar Ha Lugar la Acción de Hábeas Corpus o Exhibición Personal promovida a favor del privado de libertad ciudadano Bayron Javier Rosales García, argumentando que no puede restringirse la libertad de un detenido más allá de los límites temporales y estrictamente necesarios para asegurar que el imputado no impedirá el desarrollo eficiente de las investigaciones y que no eludirá la acción de la justicia. Asimismo, sostiene la Juez Ejecutor que el límite temporal máximo de dos años y medio se ha cumplido en la causa contra Bayron Javier Rosales García, en fecha 14 de mayo de 2020 y resulta por ende claro que, al encontrase excedida en ese límite legal, la prisión que en un inicio fue legitima a este momento se ha tornado ilegal. La valoración y motivación que el Tribunal hizo en el momento de resolver sobre la revisión de la medida cautelar solicitada por la defensa, a través de la Plataforma Zoom, fue en relación al Decreto Ejecutivo PCM 021-2020 y que a su criterio unánime el derecho a la libertad del imputado estaba suspendida. Contrario a los argumentos de la Juez Ejecutor en el Informe emitido, la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, dicta sentencia declarando No ha Lugar la Acción de Hábeas Corpus promovida, al compartir el criterio asumido por el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional para denegar el cese de la medida cautelar de la prisión preventiva y en su lugar imponer al imputado cualesquiera de las medidas cautelares previstas en el Articulo 173, fundamentando tal decisión en que la libertad personal del imputado se encuentra suspendida por el Decreto Ejecutivo PCM 21-2020 y en consecuencia no procede su excarcelación.-CONSIDERANDO (8): Que en la sentencia que se revisa y que fuera dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 22 de junio del año 2020, hace relación a la jurisprudencia emitida por este Alto Tribunal, en cuanto a que el vencimiento de la medida cautelar de la prisión preventiva impuesta a un procesado, no puede ser objeto de revisión en razón de interponer un recurso de Exhibición Personal; esa línea jurisprudencial a que hace alusión la Corte de Apelaciones sigue siendo patentizada en las diferentes sentencias emitidas por este Alto Tribunal, no obstante a ello esta Sala de lo Constitucional ha dejado establecido en esa línea jurisprudencial que la prolongación de la prisión preventiva en las circunstancias antes mencionadas, constituye no sólo una restricción indebida del derecho a la libertad personal garantizada por el artículo 69 de la Constitución de la República, sino que además una violación a la garantía genérica del debido proceso, consagrada en el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República; en el caso sub júdice, el pedidor de la garantía de Hábeas Corpus, fundamenta sus alegatos no en la revisión de la medida cautelar de prisión preventiva, pues tal petición ya la presentó ante el órgano jurisdiccional competente, quien le denegó el cese de la medida cautelar de la prisión preventiva argumentando que la libertad personal de su representado se encuentra suspendida en fundamento al Decreto Ejecutivo PCM 21-2020, en este caso específico el recurrente fundamenta sus alegatos en una detención ilegal al estar vencido el tiempo máximo de duración de la medida cautelar de prisión preventiva y la inobservancia del Tribunal competente a declarar con lugar tal petición.-CONSIDERANDO (9): Que en la presente acción de Hábeas Corpus se aprecia la coincidencia con el juzgamiento constitucional dictado en fecha veintidós (22) de julio del presente año dos mil veinte (2020), por los Magistrados y Magistradas de esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia; en virtud de constituir precisamente el objeto de examen constitucional, en ambos expedientes la suspensión de garantías constitucionales en Estado de Excepción, en la motivación del antes referido fallo que declara HA LUGAR la Garantía de Habeas Corpus[4] promovida, (Expediente número SCO-0376-2020), se establece en su parte conducente:CONSIDERANDO (7): Que en efecto el referido Decreto Ejecutivo PCM-21-2020, decreta restringir en forma temporal las garantías constitucionales establecidas en los siguientes artículos: 69 Libertad Personal; 71 Tiempo límite de detención o incomunicación de una persona; 72 Emisión del pensamiento; 78 Libertad de Asociación; 81 Derecho de circulación; 84 Arresto conforme a mandato de autoridad competente; 93 Derecho a otorgar caución; 99 Derecho a la inviolabilidad del domicilio y 103 Derecho a la propiedad. El referido Decreto Ejecutivo que restringe en forma temporal los derechos fundamentales supra enunciados, se hace con el único fin de adoptar medidas extraordinarias para la contención a nivel nacional de la propagación del COVID-19 y mitigar los impactos negativos en la salud de las personas y salvar vidas. No obstante de la lectura del referido Decreto se observa la no restricción de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución de la República en los siguientes artículos a saber: 80 Derecho de Petición; 90 Debido Proceso; 182 Hábeas Corpus y; 321 Principio de Legalidad; entre otros, por ser precisamente garantías judiciales indispensables para la protección de los derechos fundamentales que no admiten suspensión al tenor de lo dispuesto en el Artículo 27.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en relación a la Suspensión de Garantías. CONSIDERANDO (8): Que a efecto de conocer la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación a la garantía de Hábeas Corpus en estado de excepción, es importante hacer alusión a lo establecido en el párrafo 24 de la OPINIÓN CONSULTIVA OC-8/87 EL HÁBEAS CORPUS BAJO SUSPENSIÓN DE GARANTÍAS. DE FECHA 30 DE ENERO DE 1987. 24. La suspensión de garantías constituye también una situación excepcional, según la cual resulta lícito para el gobierno aplicar determinadas medidas restrictivas a los derechos y libertades que, en condiciones normales, están prohibidas o sometidas a requisitos más rigurosos. Esto no significa, sin embargo, que la suspensión de garantías comporte la suspensión temporal del Estado de Derecho o que autorice a los gobernantes a apartar su conducta de la legalidad a la que en todo momento deben ceñirse. Estando suspendidas las garantías, algunos de los límites legales de la actuación del poder público pueden ser distintos de los vigentes en condiciones normales, pero no deben considerarse inexistentes ni cabe, en consecuencia, entender que el gobierno esté investido de poderes absolutos más allá de las condiciones en que tal legalidad excepcional está autorizada. Como ya lo ha señalado la Corte en otra oportunidad, el principio de legalidad, las instituciones democráticas y el Estado de Derecho son inseparables ( cf. La expresión " leyes " en el artículo 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Opinión Consultiva OC-6/86 del 9 de mayo de 1986. Serie A No. 6, párr. 32 ). –El subrayado es nuestro- CONSIDERANDO (9): Que asimismo es importante hacer relación a la jurisprudencia procedente de la CIDH en relación a la no suspensión de los principios del Debido Proceso Legal en estado de excepción, ello en lo establecido en la OPINIÓN CONSULTIVA OC-9/87 DEL 6 DE OCTUBRE DE 1987 GARANTÍAS JUDICIALES EN ESTADOS DE EMERGENCIA (ARTS. 27.2, 25 Y 8 CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS). 28. Este artículo 8 reconoce el llamado "debido proceso legal", que abarca las condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquéllos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial. Esta conclusión se confirma con el sentido que el artículo 46.2.a) da a esa misma expresión, al establecer que el deber de interponer y agotar los recursos de jurisdicción interna, no es aplicable cuando no exista en la legislación interna del Estado de que se trata el debido proceso legal para la protección del derecho o derechos que se alega han sido violados. 29. El concepto de debido proceso legal recogido por el artículo 8 de la Convención debe entenderse como aplicable, en lo esencial, a todas las garantías judiciales referidas en la Convención Americana, aun bajo el régimen de suspensión regulado por el artículo 27 de la misma. 30. Relacionado el artículo 8 con los artículos 7.6, 25 y 27.2 de la Convención, se concluye que los principios del debido proceso legal no pueden suspenderse con motivo de las situaciones de excepción en cuanto constituyen condiciones necesarias para que los instrumentos procesales, regulados por la Convención, puedan considerarse como garantías judiciales. Esta conclusión es aún más evidente respecto del hábeas corpus y del amparo, a los que la Corte se referirá en seguida y que tienen el carácter de indispensables para tutelar los derechos humanos que no pueden ser objeto de suspensión. -Énfasis suplido.-CONSIDERANDO (10): Que el recurso de Exhibición Personal o Hábeas Corpus procede cuando por actos de la autoridad se vea vulnerado en forma arbitraria el derecho a la libertad individual o personal de los ciudadanos, en contravención a las normas legales y constitucionales establecidas; asimismo, contra aquellos actos de la autoridad pública que atenten contra la integridad física, síquica y moral de los ciudadanos en situación de privación de libertad, caso contario deberá declararse Sin Lugar el mismo, conforme a lo dispuesto en los artículos 13, 24 y 38 de la Ley sobre Justicia Constitucional.-CONSIDERANDO (11): Que de todo lo actuado y establecido en la tramitación del recurso de Hábeas Corpus que se revisa, esta Sala de lo Constitucional ha logrado constatar, de acuerdo con lo expuesto e informado por la juez ejecutora designada, que el privado de libertad ciudadano BAYRON JAVIER ROSALES GARCIA, ha permanecido en prisión preventiva más allá del plazo legal máximo establecido por el Artículo 181 del Código Procesal Penal, por consiguiente, aún y cuando su detención y posterior reclusión fuera efectuada dentro del marco legal aplicable, al haberse excedido el término legalmente estipulado para la duración de la prisión preventiva, se le ha cohibido en forma indebida del goce de su libertad, vulnerado con ello el debido proceso y el plazo razonable a efecto de resolver su situación jurídica como líneas arriba de dijo, situación que se agrava ante la denegatoria de la revisión de la medida cautelar de Prisión Preventiva solicitada por la defensa del encausado, ante los argumentos emitidos por el Órgano Jurisdiccional que los plazos de la medida cautelar se encuentran en suspenso, derechos elementales y consustanciales con la persona humana, los cuales no pueden ser suspendidos aún en estado de excepción, pues se vulneraria con ello el principio de legalidad que rige en un Estado de Derecho, siendo procedente en consecuencia aprobar el Informe emitido por la Juez Ejecutora y declarar HA LUGAR la presente garantía de Hábeas Corpus, ante la privación de libertad arbitraria[5] del ciudadano BAYRON JAVIER ROSALES GARCIA, ello ante el vencimiento de los plazos establecidos en la ley adjetiva para el mantenimiento de la medida cautelar de prisión preventiva y la denegatoria del Tribunal conocedor del proceso a revisar la misma.-CONSIDERANDO (12): Que, para esta Sala de lo Constitucional, la Resolución que se revisa debe ser revocada, ello porque el tiempo legal máximo establecido para la duración de la medida cautelar de la prisión preventiva se encuentra ya vencida, al tenor de lo establecido en el artículo 181 del Código Procesal Penal y como corolario de lo relacionado en los acápites del presente libelo, debiendo aprobar el Informe emitido por la Juez Ejecutor y declarar HA LUGAR la garantía de Hábeas Corpus que se revisa; por lo cual se hace procedente en derecho Revocar la sentencia de Hábeas Corpus venida en revisión, acorde a lo prescrito en el último párrafo del artículo 39 de la Ley Sobre Justicia Constitucional precitado.-CONSIDERANDO (13): Que en ese sentido y en aplicación del segundo párrafo del artículo 39 de la Ley Sobre Justicia Constitucional[6], decreta y ordena la inmediata libertad del agraviado, ciudadano BAYRON JAVIER ROSALES GARCIA, mediante la sustitución de la medida cautelar de Prisión Preventiva, por ello se ordena al Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional en Materia Penal, imponga al encausado, las medidas cautelares que aseguren la eficacia del procedimiento y garanticen la presencia del mismo en el transcurso del proceso, adoptando una o más de las medidas cautelares distintas a la prisión preventiva que señala el artículo 173 del Código Procesal Penal, ello en cumplimiento a lo establecido en el penúltimo párrafo del artículo 181 del Código Procesal Penal. Observando asimismo las disposiciones contenidas en el Acuerdo N° CSJ-02-2020 de fecha cuatro (4) de junio del año dos mil vente (2020), emitido por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, en relación al Proceso de Reincorporación Gradual y Responsable de los Servidores Judiciales a Labores Presenciales. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, haciendo aplicación de los artículos Números 59, 60, 69, 80, 82, 90, 182, 303, 304, 313 atribución 5 y 316 de la Constitución de la República; 2, 5, 8, 9, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 1, 5, 7, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; y, 1, 2, 3 numeral primero, 5, 13, 24, 25, 26, 37, 39 y 120 de la Ley sobre Justicia Constitucional, FALLA: I) REVOCANDO la sentencia que se revisa y Declara Con Lugar el Recurso de Exhibición Personal que se ha hecho mérito. II) Se Ordena a la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, proceda a dictar todas las diligencias pertinentes a fin de acatar lo ordenado en el presente fallo, como ser el ordenar, previo a su excarcelación, que el Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional en Materia Penal proceda a imponer al señor BAYRON JAVIER ROSALES GARCIA, las medidas cautelares distintas a la prisión preventiva que señala el artículo 173 del Código Procesal Penal; ello con la finalidad de garantizar la presencia del encausado señor BAYRON JAVIER ROSALES GARCIA, en la continuación del juicio oral y público. III) Para el cumplimiento de esta sentencia la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, debe proceder de inmediato con el acatamiento de las recomendaciones indicadas y conforme a ello dictar de nuevo la sentencia que conforme a derecho corresponda. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada Reina Auxiliadora Hercules Rosa.- NOTIFÍQUESE.-Firmas y Sello. Abogado JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los Veintidós (22) días del mes de Septiembre del año dos mil veinte (2020), Certificación de la Sentencia de fecha diez (10) de septiembre del año dos mil veinte (2020) recaída en Recurso de Exhibición Personal Venido en Revisión, registrado en este Tribunal bajo el número 0557-2020.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1] Suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, y entro en vigor en julio de 1978, publicado en La Gaceta No. 22287 del 1 de septiembre de 1977.

[2] Artículo 16, segundo párrafo de la Constitución de la República de Honduras.

[3] Antonio Zárate Conde (Coordinador) et al, Derecho Constitucional, Obra adaptada al temario de oposición para el acceso a la Carrera Judicial y Fiscal, Citando la sentencia del Tribunal Constitucional español STC 178/1985 de 19 de diciembre. Editorial Universitaria Ramón Areces, S.A. Primera Edición: febrero 2018, Madrid, España. Pág. 135.

[4] Ver Antecedentes 12), 15), 17) y 19) de la presente sentencia.

[5] En relación a las privaciones de libertad arbitrarais e ilegales el citado autor Jesús María Casal, sostiene que la prohibición de privaciones ilegales de la libertad atiende a un criterio formal y proccidental, mientras que la prohibición de privaciones arbitrarias de la libertad responde a un criterio fundamentalmente material o sustancial. No basta que una detención sea conforme a la Constitución y las leyes de un país para considerarla licita o legitima, ya que es preciso adicionalmente que esta normatividad de ajuste a principios materiales de razonabilidad o proporcionalidad. Al examinar la prohibición de arbitrariedad del artículo 7.3 de la Convención, ha de tenerse en cuenta que: […] se está en presencia de una condición según la cual nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento por causas o métodos que –aun calificados de legales- puedan reputarse como incompatibles con el respeto a los derechos fundamentales del individuo por ser, entre otras cosas, irrazonables, imprevisibles, o faltos de proporcionalidad. Citando a la Corte IDH. Caso Gangaram Panday vs. Surinam, op. cit., párr. 47.

[6]

Ley Sobre Justicia Constitucional. ARTÍCULO 39.- DEL EFECTO LAS RESOLUCIONES PROCEDENTES. Si del estudio de los antecedentes a que se refieren los artículos precedentes, resulta que la detención, restricción o amenaza es ilegal, el ejecutor decretará la orden de libertad del agraviado o la cesación de las restricciones, vejámenes, tratos crueles, inhumanos o degradantes, amenazas, apremios ilegales o de cualquier otra coacción, restricción o molestia innecesaria para la seguridad individual o para el orden de la prisión, y pondrá esos hechos en conocimiento del Ministerio Público con el objeto de que se ejerza la acción penal correspondiente.

Igual obligación tendrá el juez o magistrado que conozca de la acción una vez dictada la sentencia que declare con lugar la misma.

Las resoluciones anteriores tendrán el carácter de Sentencias Definitivas, una vez revisadas en su caso por la Sala de lo Constitucional.