Sentencia EP-552-20 — Registro 17517
Resumen
Se interpuso Recurso de Hábeas Corpus o Exhibición Personal, manifestado el peticionario que el agraviado se encuentra recluido en el Centro Penitenciario de Juticalpa, departamento de Olancho, cuyo expediente judicial se encuentra pendiente de casación desde el año 2016 y cuyo número es S.P.428-2016, asimismo, que el agraviado se encuentra guardando prisión desde el año 2014, siendo condenado a 15 años de prisión en fecha nueve de junio de dos mil dieciséis; dicha sentencia fue recurrida el 14 de septiembre de ese mismo año, sin que a la fecha se haya resuelto la misma; por otra parte, que al haber entrado en vigencia reformas al Código Procesal Penal que permiten la excarcelación de personas en población de riesgo por padecer enfermedades de base y ser de la tercera edad (74 años), que lo ponen en riesgo de muerte ante la pandemia del COVID-19, por lo que a su criterio se le está restringiendo de forma innecesaria e injustificada su libertad.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO (12): Que de todo lo actuado y establecido en la tramitación del presente recurso de Hábeas Corpus, esta Sala Constitucional ha logrado constatar, de acuerdo con lo expuesto e informado por la juez ejecutora designada en la ciudad de Tegucigalpa, que el señor FAUSTO PONCE ARGEÑAL, tiene condición jurídica de condenado, pues se le dictó sentencia condenatoria en fecha nueve de junio del año dos mil dieciséis, si bien es cierto la sentencia condenatoria no tiene aún el carácter de firme al encontrase pendiente de resolución un Recuro de Casación interpuesto por la Defensa, el plazo legal máximo establecido por el Artículo 181 del Código Procesal Penal, una vez dictada sentencia condenatoria no se encuentra vencido, por ello no se puede establecer la existencia de vulneración a los preceptos 13 y 24 de la Ley sobre Justicia Constitucional, siendo procedente en consecuencia declarar NO HA LUGAR la presente garantía de Hábeas Corpus; debiendo reiterar que las peticiones de revisión de medida cautelar de Prisión Preventiva a la luz de las reformas operadas en el Artículo 184 del Código Procesal Penal, como consecuencia de la emergencia sanitaria por la enfermedad de la COVID-19, deben presentarse ante los órganos jurisdiccionales de instancia con jurisdicción y competencia para conocer de los diferentes procesos penales.”
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 13 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 24 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinte días del mes de agosto del año dos mil veinte. VISTAS: Las presentes diligencias para dictar Sentencia en el Recurso de Hábeas Corpus o Exhibición Personal interpuesto por el señor Kerin Alexander Ponce Gonzalez, a favor del señor Fausto Ponce Argeñal, contra actuaciones de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, manifestado el peticionario que: El agraviado se encuentra recluido en el Centro Penitenciario de Juticalpa, departamento de Olancho, cuyo expediente judicial se encuentra pendiente de casación desde el año 2016 y cuyo número es S.P.428-2016, asimismo, que el agraviado se encuentra guardando prisión desde el año 2014, siendo condenado a 15 años de prisión en fecha nueve de junio de dos mil dieciséis; dicha sentencia fue recurrida el 14 de septiembre de ese mismo año, sin que a la fecha se haya resuelto la misma; por otra parte, que al haber entrado en vigencia reformas al Código Procesal Penal que permiten la excarcelación de personas en población de riesgo por padecer enfermedades de base y ser de la tercera edad (74 años), que lo ponen en riesgo de muerte ante la pandemia del COVID-19, por lo que a su criterio se le está restringiendo de forma innecesaria e injustificada su libertad. ANTECEDENTES 1) Que, en fecha dieciséis de junio del año dos mil veinte, compareció ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de El Progreso, departamento de Yoro, el señor Kerin Alexander Ponce Gonzales, interponiendo exhibición personal favor del señor Fausto Ponce Argeñal, contra actuaciones de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, manifestado el peticionario que: El agraviado se encuentra recluido en el Centro Penitenciario de Juticalpa, departamento de Olancho, cuyo expediente judicial se encuentra pendiente de casación desde el año 2016 y cuyo número es S.P.428-2016, asimismo, que el agraviado se encuentra recluido desde año 2014, siendo condenado a 15 años de prisión en fecha nueve de junio de dos mil dieciséis; dicha sentencia fue recurrida el 14 de septiembre de ese mismo año, sin que a la fecha se haya resuelto la misma; por otra parte, que al haber entrado en vigencia reformas al Código Procesal Penal que permiten la excarcelación de personas en población de riesgo por padecer enfermedades de base y ser de la tercera edad (74 años), que lo ponen en riesgo de muerte ante la pandemia del COVID-19, por lo que a su criterio se le está restringiendo de forma innecesaria e injustificada su libertad. (Folios 1 y 2 de los autos) 2) En fecha dieciséis de junio del año dos mil veinte, el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de El Progreso, departamento de Yoro, se declaró incompetente para conocer del presente recurso, y a prevención designó como Jueza Ejecutora, a las Abogadas Wilda Amalia Olivera, en su condición de Defensora Pública de la ciudad de Juticalpa, Departamento de Olancho y Yerlin Patricia Rivera, en su condición de Defensora Pública de la ciudad de Tegucigalpa, a efecto de rendir el informe correspondiente, conforme a las diligencias investigativas enunciadas, asimismo, dispuso remitir las diligencias a la Sala de lo Constitucional. (Folio 4fv de los autos) 3) En fecha dieciocho de junio del año dos mil veinte, la Juez Ejecutora nombrada en la ciudad de Juticalpa, Abogada Wilda Amalia Olivera, en el ejercicio de las facultades inherentes a su cargo, compareció ante esta Sala de lo Constitucional, a rendir el informe correspondiente, consignando entre otras actuaciones lo siguiente: PRIMERO:… SEGUNDO: En fecha diecisiete (17) de junio de 2020, me desplace a la granja penal de Juticalpa Olancho, en la cual se me puso a la vista al señor FAUSTO PONCE ARGEÑAL, a quien le realicé una entrevista interrogándolo sobre su salud actual y si lo habían tratado de maltratar durante el tiempo que ha estado recluido en la granja penal, a lo cual manifestó que no lo han maltratado de ninguna manera y que no ha ido al hospital últimamente porque se ha sentido bien de salud dentro de lo que cabe ya que es diabético, hipertenso y se le nubla la vista. TERCERO: En la misma fecha diecisiete (17) de junio de 2020, consulté con el medico asignado a la granja penal, el doctor DANIEL MATAMOROS quien manifestó que el señor ARGEÑAL se encontraba tomando diferentes tipos de medicamentos (Irbersartan, furosemida, Metformina, Glibenclamida) para tratar la hipertensión arterial, la diabetes tipo 2, que presenta enfermedades que se encuentran controladas con su medicacion y se le toma sus niveles de azúcar mensual. CONCLUSIONES: Siendo que esta defensora fue nombrada a efecto de verificar si ha habido maltratos, vejámenes contra el señor PONDE ARGEÑAL, se concluye que NO se ha ejecutado ningún tipo de actos que conlleven maltrato, torturas, vejámenes contra el señor FAUSTO PONCE ARGEÑAL, consecuentemente se declara SIN LUGAR el recurso de HABEAS CORPUS en referencia a maltratos y vejámenes en su contra por no existir los mismos. (Folio 10 de los autos) 4) En fecha veinticuatro de junio del año dos mil veinte, la Juez Ejecutora nombrada en la ciudad de Tegucigalpa, Abogada Yerlin Patricia Rivera Lozano, en el ejercicio de las facultades inherentes a su cargo, compareció ante esta Sala de lo Constitucional, rindiendo el informe correspondiente, consignando entre otras actuaciones lo siguiente: PRIMERO:… SEGUNDO:…TERCERO: Honorables Magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en el caso específico que nos ocupa y según informe rendido por la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, así como de la revisión realizada al expediente número TST/FM 4-446-2015, mismo que se encuentra en la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, se aprecia lo siguiente: a)Con el informe rendido por la Abogada Maria del Carmen Godoy, Receptora Adscrita de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia se logra establecer que en fecha 08 de octubre del 2014 se llevó a cabo audiencia de declaración de imputado, en la cual se le impuso la medida cautelar de DETENCIÓN JUDICIAL. Asimismo, en fecha trece (13) de octubre del dos mil catorce (2014) se realizó audiencia inicial en la cual se decretó AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO contra FAUSTO PONCE ARGEÑAL, por el delito de HOMICIDIO SIMPLE en perjuicio de VICTOR MANUEL QUEZADA VELASQUEZ, imponiéndosele la medida cautelar de prisión preventiva (lo que se verificó al revisar las fotografías del expediente de mérito). b) Igualmente en dicho informe se estable que en fecha nueve (9) de junio del año dos mil dieciséis (2016), el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, dictó sentencia en la cual resuelve en relación al señor FAUSTO PONCE ARGEÑAL, CONDENAR al señor FAUSTO PONCE ARGEÑAL, como autor responsable penalmente por el delito de HOMICDIO SIMPLE en perjuicio de VICTOR MANUEL QUEZADA VELASQUEZ, a la pena de quince (15) años de reclusión, descontándose el tiempo que se ha encontrado privado de libertad por esta causa, asimismo, se le condena a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo que dure la condena principal, así como también a trabajar por el tiempo de su condena en obras públicas o en labores dentro del establecimiento de conformidad con la ley que regula el sistema penitenciario…CUARTO:…QUINTO: Siendo que la garantía de hábeas corpus o exhibición personal tiene como propósito fundamental tutelar el derecho constitucional de la libertad personal y la integridad en su más amplio sentido, teniendo como finalidad una función reparadora, correctiva o preventiva, encaminada a tomar las medidas necesarias e inmediatas con el propósito de hacer cesar las violaciones a la libertad personal buscando con ello la reintegración al orden constitucional cuando este ha sido desconocido o violado por cualquier autoridad, funcionario o persona que pueda vulnerar dichos derechos; Para lo cual el artículo 13 de la Ley sobre Justicia Constitucional establece…., asimismo el artículo 24 de la precitada ley señala las privaciones de libertad que se consideran ilegales y arbitrarais…. Lo cual no sucede en el presente caso, puesto que como se ha señalado en fecha nueve (9) de junio del dos mil dieciséis (2016) el Tribunal de Sentencia dictó sentencia condenatoria contra el señor FAUSTO PONCE ARGEÑAL, como autor penalmente responsable de un HOMICIDIO SIMPLE en perjuicio de VICTOR MANUEL QUEZADA VELASQUEZ, imponiéndole la pena principal de quince (15) años de reclusión, sentencia contra la cual se interpuso recurso de casación, encontrándose actualmente las diligencias en la Sala de lo Penal, pendientes de que se emita la sentencia correspondiente, por lo que tomando en cuenta el artículo 181 del Código Procesal Penal que señala que la prisión preventiva podrá prolongarse durante la tramitación y resolución del recurso que contra ella pueda interponerse hasta la mitad de la pena impuesta en la sentencia recurrida, y en el caso que nos ocupa debe entenderse que la mitad de la pena impuesta en la sentencia recurrida es de SIETE (7) AÑOS SEIS (6) MESES, y tomando en cuenta la fecha desde la cual el señor FAUSTO PONCE ARGEÑAL, guarda prisión por esta causa (08 de octubre del año 2014, fecha en que fue capturado) a la fecha no han transcurrido los siete años seis meses, es decir, la mitad de la pena impuesta en la sentencia, al hacer el cálculo la mitad de la pena la cumpliría el 08 de abril del 2022. Por lo tanto lo alegado esencialmente por el peticionario respecto a que su defendido se encuentra con la medida de prisión preventiva vencida por haber alcanzado la mitad de la pena, no se encuentra apegado a lo que ha sido verificado y constatado por esta Juez Ejecutora; asimismo, en cuanto a los beneficios de pre liberación y libertad condicional no son aplicables al caso concreto en vista de que como se ha establecido la sentencia emitida no ha alcanzado firmeza, encontrándose en trámite el recurso de casación, sin embargo ya la normativa procesal penal en su artículo 181 párrafo 7 establece lo procedente en caso de vencimiento del plazo de la mitad de la pena impuesta en la sentencia recurrida. SEXTO: Por lo anteriormente expuesto esta Juez Ejecutora en nombre del Estado de Honduras…DECLARA: 1.NO HA LUGAR la Acción de HABEAS CORPUS O EXHIBICIÓN PERSONAL presentada por el señor KERIN ALEXANDER PONCE GONZALES a favor del señor FAUSTO PONCE ARGEÑAL. 2…. (Folios del 26-30 de los autos) CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia a través de su Sala Constitucional el conocimiento de las acciones de Hábeas Corpus o Exhibición Personal, acorde a lo preceptuado en los artículos 182 y 316 numeral primero de la Constitución de la República, en relación a lo preceptuado en los artículos 3 numeral primero y 13 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, resultando procedente la misma cuando se constate que la persona agraviada se encuentre ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad, o bien, cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción o molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión. CONSIDERANDO (2): Que la acción de Hábeas Corpus o Exhibición Personal tiene por objeto hacer valer los derechos del agraviado ante una detención ilegal o arbitraria y hacer cesar toda conducta o acción encaminada o emergente de una violación de derechos individuales que se lleva a cabo en perjuicio de quien se encuentre o haya sido privado de su libertad. CONSIDERANDO (3): Que, bajo esta premisa, como ya lo ha pronunciado esta Sala en forma reiterada, el Hábeas Corpus ha sido establecido con el fin de resguardar la libertad personal frente a la arbitrariedad y establecer remedios eficaces y rápidos para eventuales supuestos de detenciones de la persona, no justificados legalmente o que transcurran en condiciones ilegales. El Hábeas Corpus se configura como una comparecencia del detenido ante el Juez, comparecencia de la que proviene etimológicamente la expresión que da nombre al procedimiento[1] y que permite al ciudadano, privado de libertad, exponer sus alegaciones contra las causas de la detención y las condiciones de la misma[2], con el fin que el órgano jurisdiccional que la conoce se pronuncie sobre la conformidad a derecho de la detención. CONSIDERANDO (4): Que un examen detenido de los antecedentes y de las actuaciones efectuadas por las jueces ejecutoras designadas en las ciudades de Juticalpa, Departamento de Olancho y Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, revela, que al Privado de Libertad señor FAUSTO PONCE ARGEÑAL se le realizó Audiencia de Declaración de Imputado, en fecha 8 de octubre del año 2014, imponiéndole medida cautelar de detención judicial; se realizó Audiencia Inicial en fecha 13 de octubre del año 2014, en la que se le decretó Auto de Formal Procesamiento, por el delito de Homicidio Simple, dictando la medida cautelar de Prisión Preventiva. Seguido que fue el proceso, se dictó en su contra, sentencia condenatoria en fecha 9 de junio del año 2016, por el delito de Homicidio Simple y se le condenó a la pena de Quince (15) años de Reclusión. De lo cual se colige a la fecha, el referido señor ha permanecido en prisión preventiva por espacio de CINCO (5) AÑOS, DIEZ (10) MESES, haciendo el cálculo al mes de agosto del año 2020, estando pendiente de resolver el Recurso de Casación, interpuesto por la Defensa, contra la sentencia condenatoria dictada en fecha 9 de junio del año 2016. Conforme a ello el tiempo máximo de duración de la prisión preventiva fijada por la ley, no se ha superado en relación a que una vez dictada la sentencia condenatoria, la prisión preventiva podrá prolongarse durante la tramitación y resolución del recurso que contra ella pueda interponerse, hasta la mitad de la pena impuesta en la sentencia recurrida. (Vid. art. 181 del Código Procesal Penal). CONSIDERANDO (5): Que, es importante hacer énfasis en relación a que Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos[3], la que una vez en vigor forma parte del derecho interno[4]; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar y salvaguardar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el artículo 5 el Derecho a la integridad personal y textualmente señala: “1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. 2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano…”. Asimismo, el artículo 7 establece: “Derecho a la libertad personal. 1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. 2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas. 3. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios…” CONSIDERANDO (6): Que la Corte Interamericana de Derechos Humanos[5], ha establecido en su jurisprudencia que el derecho a la libertad personal admite restricciones, que Deben ajustarse a los artículos 30 y 32.2 de la Convención. Siguiendo la posibilidad de adoptar injerencias en este derecho, el Artículo 181 del Código Procesal Penal establece el tiempo máximo de duración de la medida cautelar de prisión preventiva. CONSIDERANDO (7): Que el recurso de Exhibición Personal o Hábeas Corpus, procede contra aquellos actos de la autoridad en los que se vea vulnerado el derecho a la libertad individual o personal de los ciudadanos al inobservar las normas legales y constitucionales, y también, contra los actos de la autoridad pública que atenten contra la integridad física, síquica y moral de los detenidos. CONSIDERANDO (8): Que en lo referente a la procedencia de la acción de Hábeas Corpus el artículo 38 de la Ley sobre Justicia Constitucional textualmente dispone: “DE LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN. Se declarará con lugar la exhibición personal, cuando se constate la violación de alguno (s) de los supuestos establecidos en los Artículos 13 y 24 de esta Ley. En caso contrario se declarará sin lugar.” –Énfasis suplido- CONSIDERANDO (9): Que de conformidad con lo establecido por el Artículo 13 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, el Estado reconoce la garantía de Hábeas Corpus o Exhibición Personal en los siguientes casos: a) Cuando se encuentre ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad; y, b) Cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacciones ilegales y toda coacción, restricción o molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión. CONSIDERANDO (10): Que según dispone el artículo 24 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es ilegal y arbitraria: 1) Toda orden verbal de prisión o arresto, salvo si tiene como finalidad impedir la inminente comisión de un delito, la fuga de quienes hayan participado en aquél o evitar daños graves a las personas o a la propiedad; 2) Toda orden de prisión o arresto que no emane de autoridad competente o que haya sido expedida sin las formalidades legales o por motivos que no hayan sido previamente establecidos en la ley; y, 3) Toda detención o arresto que no se cumpla en los centros destinados para el efecto por el Estado. CONSIDERANDO (11): Que consta del informe emitido por las Juezas Ejecutoras nombradas Abogadas Wilda Amalia Olivera y Yerlin Patricia Rivera, en el Recurso de Exhibición Personal relacionado, la no concurrencia de los presupuestos establecidos en los artículos 13 y 24 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, ello porque la Privación de Libertad del señor Fausto Ponce Argeñal, responde al cumplimiento de la medida cautelar de Prisión Preventiva que fue impuesta en su contra, en audiencia inicial celebrada en fecha trece de octubre del año dos mil catorce, a raíz del proceso penal que se sigue en su contra por suponerlo responsable del delito de Homicidio Simple, en perjuicio de Víctor Manuel Quezada Velásquez; siendo condenado a la pena de Quince años de Reclusión, en sentencia dictada en fecha 9 de junio del año 2016, por La Sala Cuarta del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, estando pendiente de resolverse un Recurso de Casación presentado por la Defensa; en consecuencia el plazo establecido en el Artículo 181 del Código Procesal Penal, una vez dictada la sentencia, no se encuentra vencido, pues al ser la condena de quince años de reclusión, tendrían que transcurrir siete (7) años, seis (6) meses de Prisión Preventiva para concluir que los plazos establecidos en la ley penal adjetiva han sido quebrantados. CONSIDERANDO (12): Que de todo lo actuado y establecido en la tramitación del presente recurso de Hábeas Corpus, esta Sala Constitucional ha logrado constatar, de acuerdo con lo expuesto e informado por la juez ejecutora designada en la ciudad de Tegucigalpa, que el señor FAUSTO PONCE ARGEÑAL, tiene condición jurídica de condenado, pues se le dictó sentencia condenatoria en fecha nueve de junio del año dos mil dieciséis, si bien es cierto la sentencia condenatoria no tiene aún el carácter de firme al encontrase pendiente de resolución un Recuro de Casación interpuesto por la Defensa, el plazo legal máximo establecido por el Artículo 181 del Código Procesal Penal, una vez dictada sentencia condenatoria no se encuentra vencido, por ello no se puede establecer la existencia de vulneración a los preceptos 13 y 24 de la Ley sobre Justicia Constitucional, siendo procedente en consecuencia declarar NO HA LUGAR la presente garantía de Hábeas Corpus; debiendo reiterar que las peticiones de revisión de medida cautelar de Prisión Preventiva a la luz de las reformas operadas en el Artículo 184 del Código Procesal Penal, como consecuencia de la emergencia sanitaria por la enfermedad de la COVID-19, deben presentarse ante los órganos jurisdiccionales de instancia con jurisdicción y competencia para conocer de los diferentes procesos penales. POR TANTO: La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 59, 80, 182, 303, 304, 313 atribución 5a. y 316 de la Constitución de la República; 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 5, 7, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1o., 78 atribución 5ª y 137 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 9, 13, 14, 17, 19, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 38, 39, 72, 119 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: DECLARAR NO HA LUGAR EL RECURSO DE HÁBEAS CORPUS O EXHIBICIÓN PERSONAL promovido por el señor KERIN ALEXANDER PONCE GONZALEZ a favor del Privado de Libertad señor FAUSTO PONCE ARGEÑAL, por las razones que se dejan aquí señaladas. Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente sentencia, se proceda a su archivo en esta Sala de lo Constitucional. Redactó la Magistrada Reina Auxiliadora Hercules Rosa. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cuatro días del mes de septiembre de dos mil veinte, certificación de la sentencia de fecha veinte de agosto de dos mil veinte, recaída en el Recurso de Exhibición Personal bajo el número SCO-552-2020.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1] Etimológicamente hábeas corpus significa tener el cuerpo o presentar el cuerpo
[2] Amparo, Hábeas Corpus y Hábeas Data. Rubén Flores Dapkevicius
[3] Suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, y entro en vigor en julio de 1978, publicado en La Gaceta No. 22287 del 1 de septiembre de 1977.
[4] Artículo 16, segundo párrafo de la Constitución de la República de Honduras.
[5] Jesús María Casal, Convención Americana sobre Derechos Humanos, Artículo 7. Derecho a la Libertad Personal, Konrad Adenauer. Magna Terra Editores, Guatemala, diciembre de 2014, Pág. 187. En refuerzo a la injerencia del Estado en el derecho a la Libertad Personal, la Corte ha dejado establecido, que como principio nadie puede ser privado de su libertad física, según lo dispuesto en el Artículo 7.2 de la Convención, pero a continuación deja a salvo la posibilidad de adoptar injerencias a este derecho, “por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas”. Esto implica una remisión a la facultad de los Estados partes a dictar normas contemplen supuestos de privación de la libertad, pero tal remisión no es indeterminada sino contiene ciertos parámetros, ya que, además de la necesidad de que tales normas estén contenidas en la Constitución o en las leyes cónsonas con ellas, se exige que las mismas precisen las “causas” y las “condiciones” en las cuales la privación de libertad puede ordenarse.