Sentencia EP-534-20 — Registro 17481
Resumen
Recurrente se encuentra recluido en centro penitenciario en el módulo denominado “Adulto Mayor”, por los delitos de Fraude y Otros, en perjuicio de la Administración Pública, y actualmente se encuentra en estado crítico de salud (alta presión, diabetes, estrés), asimismo, que su proceso está en espera de un recurso de casación, por lo que no existe una sentencia condenatoria firme
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."(9): Que después de realizado el estudio de los autos que forman la Pieza de la Garantía de Hábeas Corpus o Exhibición Personal y del informe y documentación presentada junto con el mismo, por la Juez Ejecutora nombrada, este Alto Tribunal, observa que el beneficiario de la presente garantía se encuentra privado de su libertad en virtud de orden emanada de autoridad competente; por ello los argumentos expuestos por el peticionario no se encuentran enmarcados en las disposiciones constitucionales ut supra relacionadas, ni en el artículo 13 de la Ley sobre Justicia Constitucional. Aunado a ello del informe emitido por la autoridad recurrida, se advierte que al Privado de Libertad señor Isidro Domínguez Velásquez se le está proporcionando el medicamento, a efecto de controlar las enfermedades que padece de Hipertensión Arterial, Hipotiroidismo y Diabetes Mellitus Tipo 2. Asimismo, fue remitido a la emergencia del Hospital Escuela por sospecha de Covid-19 en fecha dieciocho de junio del año dos mil veinte. En ese orden de ideas esta Sala de lo Constitucional no desconoce que el Estado como garante de la dignidad de la persona humana y de su bienestar y salud en general, está obligado a proporcionar los medios adecuados de servicios de salud con el fin de proteger el derecho a la vida y la integridad personal del privado de libertad, tal y como lo ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos. CONSIDERANDO (10): Que el recurso de Exhibición Personal o Hábeas Corpus procede cuando por actos de la autoridad se vea vulnerado en forma arbitraria el derecho a la libertad individual o personal de los ciudadanos, en contravención a las normas legales y constitucionales establecidas; asimismo, contra aquellos actos de la autoridad pública que atenten contra la integridad física, síquica y moral de los ciudadanos en situación de privación de libertad, no evidenciándose al tenor de lo dispuesto en el artículo 1 de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, infracción a lo dispuesto en el artículo 13 y 24 de la ley Sobre Justicia Constitucional; estimándose procedente, por tanto, aprobar el Informe emitido por la Juez Ejecutor nombrada y declarar NO HA LUGAR la presente garantía de Hábeas Corpus. CONSIDERANDO (11): Que no obstante no configurarse los presupuestos a efecto de declarar cese de restricción alguna a favor del Privado de Libertad ISIDRO DOMINGUEZ VELASQUEZ, como líneas arriba se dijo, este Alto Tribunal no desconoce que el Estado como garante de la dignidad de la persona humana y de su bienestar y salud en general, está obligado a proporcionar los medios adecuados de servicios de salud con el fin de proteger el derecho a la vida y la integridad personal de los privados de libertad, tal y como lo ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos[5], por ello se hace necesario mantener las medidas que sean necesarias a efecto de salvaguardar el derecho a la salud e integridad personal del señor Isidro Domínguez Velásquez, al padecer de enfermedades como ser Hipertensión Arterial, Hipotiroidismo y Diabetes Mellitus Tipo 2, debiendo enviar el oficio correspondiente al Director del Centro Penitenciario “Marco Aurelio Soto” ubicado en Támara, departamento de Francisco Morazán, asimismo se le permita a sus familiares el ingreso de los medicamentos que sean requeridos y se le brinde cualquiera otra asistencia a efecto de preservar el derecho a la salud del señor ISIDRO DOMINGUEZ VELASQUEZ"
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 13 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 24 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinte días de agosto del año dos mil veinte. VISTAS: Las presentes diligencias para dictar Sentencia en el Recurso de Exhibición Personal interpuesto por el Abogado Carlos Francisco Herrera Orellana, a favor del señor Isidro Domínguez Velásquez, contra actuaciones del Director del Centro Penitenciario “Marco Aurelio Soto” ubicado en Támara, departamento de Francisco Morazán, manifestando el recurrente que su representado se encuentra recluido en dicho centro penitenciario en el módulo denominado “Adulto Mayor”, por los delitos de Fraude y Otros, en perjuicio de la Administración Pública, y actualmente se encuentra en estado crítico de salud (alta presión, diabetes, estrés), asimismo, que su proceso está en espera de un recurso de casación, por lo que no existe una sentencia condenatoria firme, agregando que en el módulo en el que se encuentra han muerto nueve internos por la pandemia del Covid-19, considerando que el señor Isidro Domínguez Velásquez está en peligro inminente de muerte. ANTECEDENTES 1) Que, en fecha dieciséis de junio del año dos mil veinte, compareció ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa Departamento de Francisco Morazán, el Abogado Carlos Francisco Herrera Orellana, interponiendo Recurso de Hábeas Corpus a favor del señor Isidro Domínguez Velásquez, contra actuaciones del Director del Centro Penitenciario “Marco Aurelio Soto” ubicado en Támara, departamento de Francisco Morazán, manifestando el recurrente que su representado se encuentra recluido en dicho Centro Penitenciario en el módulo denominado “Adulto Mayor”, por los delitos de Fraude y Otros, en perjuicio de la Administración Pública, y actualmente se encuentra en estado crítico de salud (alta presión, diabetes, estrés), asimismo, que su proceso está en espera de un recurso de casación, por lo que no existe una sentencia condenatoria firme, agregando que en el módulo en el que se encuentra han muerto nueve internos por la pandemia del Covid-19, considerando que el señor Isidro Domínguez Velásquez está en peligro inminente de muerte.(Folios del 2-4 de los autos) 2) En la misma fecha dieciséis de junio del año dos mil veinte, el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa departamento de Francisco Morazán, resolvió: 1) Se tiene por recibido EL RECURSO DE HÁBEAS CORPUS O EXHIBICIÓN PERSONAL interpuesto por el Abogado CARLOS FRANCISCO HERRERA ORELLANA, a favor del señor ISIDRO DOMINGUEZ VELASQUEZ. 2) Para los efectos de investigación y constatación de los hechos narrados en el escrito de interposición del recurso, se nombra como Juez Ejecutor a la Defensora Pública MIRNA YANETH BRICEÑO SANCHEZ. (Folio 5fv de los autos) 3) En fecha veintinueve de junio de dos mil veinte, la Juez Ejecutora nombrada, en el ejercicio de las facultades inherentes a su cargo, presentó ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, el informe correspondiente, consignando entre otras actuaciones lo siguiente: PRIMERO:… SEGUNDO:… TERCERO: Señor Juez de Letras de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en el caso específico que nos ocupa y según informe rendido por el Director del Centro Penal, y según constan los mismos tanto del Centro Penal, como los respectivos dictámenes del Médico Adscrito al Centro Penal, donde se constata que el privado de libertad el señor ISIDRO DOMINGUEZ VELASQUEZ efectivamente tiene padecimientos específicos, los cuales se encuentran controlados y estables, se encuentran actualmente en calidad de procesado, de igual manera se refirió las medidas precisas que el centro penal ha tomado a consecuencia de la pandemia Covid-19. CUARTO: … QUINTO: Que el artículo 8 numeral 3 de la Ley del Sistema Penitenciario en las atribuciones del Instituto Nacional Penitenciario establece: “…3) Velar por la seguridad, atención, custodia, asistencia médica, educativas, laboral u otros servicios inherentes a los fines de esta Ley, de las personas privadas de libertad a su cargo, en prisión preventiva, cumpliendo penas o medidas de seguridad.” CONSIDERANDO: Que la Convención Americana para Prevenir y Sancionar la Tortura en su artículo 2 establece: “Para los efectos de la presente convención se entenderá por tortura todo acto realizado intencionalmente por el cual se inflijan a una persona penas o sufrimientos físicos o mentales, con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, como medida preventiva, como pena o cualquier otro fin. Se entenderá también como tortura la aplicación sobre una persona de métodos tendientes a anular la personalidad de la víctima o a disminuir su capacidad física o mental, aunque no causen dolor físico o angustia psíquica. POR TANTO: La Suscrita Jueza Ejecutora DECLARA: NO HA LUGAR la presente EXHIBICIÓN PERSONAL, a favor del señor ISIDRO DOMINGUEZ VELASQUEZ en vista de que se ha podido verificar con los informes requeridos a las autoridades competentes, así como cada una de las diligencias practicadas por mi persona evidenciando que no ha existido ninguna violación de derechos y garantías constitucionales, de igual manera se pudo constatar de que nunca ha existido una detención ilegal y mucho menos vejámenes o torturas contra el encausado. (Folios del 10-12 de los autos) 4) En fecha seis de julio del año dos mil veinte, el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, resolvió admitiendo el informe presentado por la Defensora Pública, Abogada Mirna Yaneth Briceño Sánchez, en su condición de Juez Ejecutora, asimismo, ordenó la remisión a la Sala de lo Constitucional, las diligencias que contienen la Garantía Constitucional de Hábeas Corpus relacionada y promovida a favor del señor Isidro Domínguez Velásquez. (Folios 62 y 63 de los autos) 5) Esta Sala de lo Constitucional, en fecha veintiuno de julio del año dos mil veinte, tuvo por recibidas las diligencias que contienen el recurso de exhibición personal interpuesto por el Abogado Carlos Francisco Herrera Orellana, a favor del señor Isidro Domínguez Velásquez. (Folio 64 de los autos) CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia a través de su Sala Constitucional el conocimiento de las acciones de Hábeas Corpus o Exhibición Personal, acorde a lo preceptuado en los artículos 182 y 316 numeral uno de la Constitución de la República, en relación a lo preceptuado en los artículos 3 numeral uno y 13 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, resultando procedente la misma cuando se constate que la persona agraviada se encuentre ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad, o bien, cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción o molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión. CONSIDERANDO (2): Que la Constitución de la República en el artículo precitado, establece en su literalidad: “El Estado reconoce la garantía de Hábeas Corpus o Exhibición Personal, y de Hábeas Data. En consecuencia en el Hábeas Corpus o Exhibición Personal toda persona agraviada o cualquier otra en nombre de ésta tiene derecho a promoverla; y en el Hábeas Data únicamente puede promoverla la persona cuyos datos personales o familiares consten en los archivos, registros públicos o privados de la siguiente manera: 1) EL HÁBEAS CORPUS O EXHIBICIÓN PERSONAL: a) Cuando se encuentre ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad; y, b) Cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión”…[1] CONSIDERANDO (3): Que la justicia constitucional tiene por objeto desarrollar las garantías constitucionales y las defensas del orden jurídico constitucional, en virtud de ello, en la aplicación de la Ley Sobre Justicia Constitucional, las disposiciones contenidas en la misma, se interpretarán y aplicarán siempre de manera que aseguren una eficaz protección de los derechos humanos y el adecuado funcionamiento de las defensas del orden jurídico constitucional; de igual forma la justicia constitucional se aplicará e interpretará de conformidad con los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales sobre derechos humanos vigentes en la República de Honduras, tomando en consideración las interpretaciones que de ellos hagan los tribunales internacionales[2]. En ese orden de ideas, nuestra Carta Magna declara en su artículo 59 que la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado, teniendo todos la obligación de respetarla y protegerla, siendo en consecuencia inviolable la dignidad del ser humano, declaración íntimamente relacionada con el derecho individual que recoge la misma normativa constitucional en el artículo 68, que textualmente establece: “Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, síquica y moral”. CONSIDERANDO (4): Que en fecha dieciséis de junio del presente año dos mil veinte, compareció ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán el Abogado CARLOS FRANCISCO HERRERA ORELLANA, interponiendo Garantía de Hábeas Corpus a favor del Privado de Libertad señor ISIDRO DOMINGEZ VELASQUEZ, contra actuaciones del Director del Centro Penitenciario “Marco Aurelio Soto” ubicado en Támara, departamento de Francisco Morazán, según el peticionario su representado se encuentra recluido en dicho centro penitenciario en el módulo denominado “Adulto Mayor”, por los delitos de Fraude y Otros, en perjuicio de la Administración Pública, y actualmente se encuentra en estado crítico de salud (alta presión, diabetes, estrés), asimismo, que su proceso está en espera de un recurso de casación, por lo que no existe una sentencia condenatoria firme, agregando que en el módulo en el que se encuentra han muerto nueve internos por la pandemia del Covid-19, considerando que el señor Isidro Domínguez Velásquez está en peligro inminente de muerte. CONSIDERANDO (5): Que en fecha veintinueve de junio del presente año dos mil veinte, la Juez Ejecutora nombrada a prevención por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, para conocer de la garantía constitucional promovida, Abogada Mirna Yaneth Briceño Sánchez, rindió el informe correspondiente, mediante el cual concluye declarar No Ha Lugar el recurso de Hábeas Corpus interpuesto, al concluir que los motivos objeto del presente recurso no se encuentran contemplados en el Artículo 13 de la Ley sobre Justicia Constitucional, al constatar que nunca ha existido Detención Ilegal y mucho menos vejámenes o torturas contra el encausado. CONSIDERANDO (6): Que Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos[3], la que una vez en vigor forma parte del derecho interno[4]; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el artículo 5 el Derecho a la integridad personal y textualmente señala: “1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. 2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano…”. CONSIDERANDO (7): Que, en el ejercicio de sus atribuciones, le corresponde a esta Sala de lo Constitucional conocer de la presente acción, observando como resultado del análisis de los antecedentes, que la Juez Ejecutora nombrada, ha conocido del recurso de Hábeas Corpus y ha emitido el Informe correspondiente dando estricto cumplimiento a lo ordenado por el Órgano Jurisdiccional. En ese sentido, se debe mencionar que el Presidente Constitucional de la República, en Consejo de Ministros, emitió el Decreto Ejecutivo PCM-005-2020, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 3,171, de fecha 1 de febrero de 2020, mediante el cual se decretó declarar Estado de Emergencia Sanitaria en todo el territorio nacional, con el propósito de continuar y fortalecer las acciones de prevención y control entre otros, para garantizar la atención a la personas ante el posible contagio del virus denominado COVID-19.- En fecha posterior, el 16 de marzo de 2020, se emitió el Decreto Ejecutivo PCM-021-220, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 35,201, de fecha 16 de marzo de 2020, mediante el cual se decretó la restricción de garantías constitucionales por siete días, restricciones que se han venido extendiendo en el tiempo hasta esta fecha. Se debe mencionar que las restricciones ordenadas, han venido a contribuir aún más, con el deterioro de las ya existentes deficiencias de salubridad e higiene en la mayoría de los centros penitenciarios, por lo que corresponde al Estado de Honduras el garantizar los derechos fundamentales aludidos a la luz de la declaración constitucional que la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado, señalando la obligatoriedad de protegerla. CONSIDERANDO (8): Que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en fecha diez de abril de dos mil veinte, emitió la Resolución No.01/2020 “PANDEMIA Y DERECHOS HUMANOS EN LA AMERICAS”, estimando que la pandemia del COVID-19 puede afectar gravemente la plena vigencia de los derechos humanos de la población, en virtud de los serios riesgos para la vida, y siendo que el derecho humano afectado por esta pandemia es precisamente el más preciado –la vida- como consecuencia de una afectación grave y directa al derecho humano a la Salud, es ahora el momento de tomar decisiones urgentes que garanticen los derechos fundamentales a la vida, a la salud, y a la integridad personal de todas aquellos personas que se encuentren privadas de libertad, siempre y cuando adolezcan de enfermedades crónicas como diabetes Mellitus, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, personas mayores de 60 años, personas que padezcan de enfermedades respiratorias crónicas como neumonía, tuberculosis, VIH y otras enfermedades que debido a su condición inmunológica pongan en riesgo la salud de las Personas privadas de su libertad. Se recomienda adoptar medidas para enfrentar el hacinamiento de las unidades de privación de libertad incluida la reevaluación de los casos de prisión preventiva para identificar aquellos que pueden ser convertidos en medidas alternativas a la privación de la libertad, dando prioridad a las poblaciones con mayor riesgo de salud frente a un eventual contagio del COVID-19, principalmente las personas mayores y mujeres embarazadas o con hijos lactantes. CONSIDERANDO (9): Que después de realizado el estudio de los autos que forman la Pieza de la Garantía de Hábeas Corpus o Exhibición Personal y del informe y documentación presentada junto con el mismo, por la Juez Ejecutora nombrada, este Alto Tribunal, observa que el beneficiario de la presente garantía se encuentra privado de su libertad en virtud de orden emanada de autoridad competente; por ello los argumentos expuestos por el peticionario no se encuentran enmarcados en las disposiciones constitucionales ut supra relacionadas, ni en el artículo 13 de la Ley sobre Justicia Constitucional. Aunado a ello del informe emitido por la autoridad recurrida, se advierte que al Privado de Libertad señor Isidro Domínguez Velásquez se le está proporcionando el medicamento, a efecto de controlar las enfermedades que padece de Hipertensión Arterial, Hipotiroidismo y Diabetes Mellitus Tipo 2. Asimismo, fue remitido a la emergencia del Hospital Escuela por sospecha de Covid-19 en fecha dieciocho de junio del año dos mil veinte. En ese orden de ideas esta Sala de lo Constitucional no desconoce que el Estado como garante de la dignidad de la persona humana y de su bienestar y salud en general, está obligado a proporcionar los medios adecuados de servicios de salud con el fin de proteger el derecho a la vida y la integridad personal del privado de libertad, tal y como lo ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos. CONSIDERANDO (10): Que el recurso de Exhibición Personal o Hábeas Corpus procede cuando por actos de la autoridad se vea vulnerado en forma arbitraria el derecho a la libertad individual o personal de los ciudadanos, en contravención a las normas legales y constitucionales establecidas; asimismo, contra aquellos actos de la autoridad pública que atenten contra la integridad física, síquica y moral de los ciudadanos en situación de privación de libertad, no evidenciándose al tenor de lo dispuesto en el artículo 1 de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, infracción a lo dispuesto en el artículo 13 y 24 de la ley Sobre Justicia Constitucional; estimándose procedente, por tanto, aprobar el Informe emitido por la Juez Ejecutor nombrada y declarar NO HA LUGAR la presente garantía de Hábeas Corpus. CONSIDERANDO (11): Que no obstante no configurarse los presupuestos a efecto de declarar cese de restricción alguna a favor del Privado de Libertad ISIDRO DOMINGUEZ VELASQUEZ, como líneas arriba se dijo, este Alto Tribunal no desconoce que el Estado como garante de la dignidad de la persona humana y de su bienestar y salud en general, está obligado a proporcionar los medios adecuados de servicios de salud con el fin de proteger el derecho a la vida y la integridad personal de los privados de libertad, tal y como lo ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos[5], por ello se hace necesario mantener las medidas que sean necesarias a efecto de salvaguardar el derecho a la salud e integridad personal del señor Isidro Domínguez Velásquez, al padecer de enfermedades como ser Hipertensión Arterial, Hipotiroidismo y Diabetes Mellitus Tipo 2, debiendo enviar el oficio correspondiente al Director del Centro Penitenciario “Marco Aurelio Soto” ubicado en Támara, departamento de Francisco Morazán, asimismo se le permita a sus familiares el ingreso de los medicamentos que sean requeridos y se le brinde cualquiera otra asistencia a efecto de preservar el derecho a la salud del señor ISIDRO DOMINGUEZ VELASQUEZ. POR TANTO: La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 69, 68, 71, 80, 84, 182, 303, 304, 313 atribución 5a. y 316 de la Constitución de la República; 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 5, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1 de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; 1o., 78 atribución 5ª y 137 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 9, 13, 14, 17, 19, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 38, 39, 72, 119 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: I) DECLARAR NO HA LUGAR EL RECURSO DE HÁBEAS CORPUS O EXHIBICIÓN PERSONAL promovido por el Abogado CARLOS FRANCISCO HERRERA ORELLANA, a favor del Privado de Libertad señor ISIDRO DOMINGUEZ VELASQUEZ, contra actuaciones del Director del Centro Penitenciario “Marco Aurelio Soto” ubicado en Támara, departamento de Francisco Morazán, por las razones que se dejan aquí señaladas. II) ORDENA: Al Director del Centro Penitenciario Nacional de Támara, el mantenimiento y cumplimiento de los protocolos y lineamientos de bioseguridad, establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Secretaría de Salud de Honduras, para la prevención y manejo del COVID-19, así como cualesquiera otras medidas que sean necesarias para salvaguardar el derecho a la salud de los privados de libertad, que se encuentren en los Centros de Privación de Libertad, dependientes del Instituto Nacional Penitenciario, con especial énfasis en la población con padecimientos de enfermedades base, por ser más propensos a contagiarse con el COVID-19, u otras enfermedades; mantener las revisiones médicas periódicas y suministro de medicamentos necesarios al señor ISIDRO DOMINGUEZ VELASQUEZ. III) Para el cumplimiento de esta sentencia la autoridad encargada de la administración del Centro Penitenciario Marco Aurelio Soto debe proceder de inmediato con el acatamiento de las recomendaciones indicadas, a partir de la notificación del presente fallo al recurrente. El incumplimiento de esta sentencia dará lugar a lo que en derecho corresponda conforme la Ley Sobre Justicia Constitucional. Y MANDA: Que para su efectiva ejecución se notifique el presente fallo a las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario, como ente encargado de la organización, administración y funcionamiento del Sistema Penitenciario Nacional, enviando la correspondiente certificación, asimismo se notifique el presente fallo al Director del Centro Penitenciario Nacional de Támara Marco Aurelio Soto; asimismo se notifique esta sentencia, a la defensa del Privado de Libertad señor ISIDRO DOMINGUEZ VELASQUEZ y una vez notificada y firme la presente sentencia, se proceda a su archivo en esta Sala de lo Constitucional. Redactó la magistrada Reina Auxiliadora Hercules Rosa.- NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cuatro días del mes de septiembre de dos mil veinte, certificación de la sentencia de fecha veinte de agosto de dos mil veinte, recaída en el Recurso de Exhibición Personal bajo el número SCO-534-2020.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1] Ver el artículo 182 de la Constitución de la República.
[2] Ver artículo 2 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, Decreto Legislativo No. 244-2003.
[3] Suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, y entro en vigor en julio de 1978, publicado en La Gaceta No. 22287 del 1 de septiembre de 1977.
[4] Artículo 16, segundo párrafo de la Constitución de la República de Honduras.
[5] “toda persona privada de libertad tiene derecho a vivir en condiciones de detención compatibles con su dignidad personal y el Estado debe garantizarle el derecho a la vida y a la integridad personal. En consecuencia, el Estado, como responsable de los establecimientos de detención, es el garante de estos derechos de los detenidos…” Caso Cantoral Benavides Vs. Perú, sentencia de 18 de agosto de 2000, párrafo 87.