Sentencia EP-531-20 — Registro 10845
Resumen
Resolución de Juez Ejecutor declaró no ha lugar acción del recurso de exhibición personal a favor de recurrentes; el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, se inhibió de seguir conociendo dicho trámite; la Sala de lo Constituicional concluye que no es esta acción extraordinaria sino el procedimiento ordinario para la aplicación de medida cautelares
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."en observancia a las recomendaciones dadas por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos a sus Estados miembros, en la Resolución No.01/2020, entre otras, la recomendación número uno consistente en adoptar de manera inmediata y urgente las medidas adecuada para proteger los derechos a la vida e integridad personal de las personas, en este caso, privadas de libertad, que se encuentren frente al riesgo que representa la pandemia, la Sala de lo Constitucional, instituye resolver las acciones de habeas corpus, elevándolas a un recurso humanitario, por lo que, que de ser el caso, decretaría el cambio de la prisión preventiva por la medida cautelar de arresto domiciliario, sobreponiendo razones humanitarias por sobre el análisis de los presupuestos de las medidas cautelares, pues estamos ante una situación extraordinaria de pandemia mundial por la proliferación del virus COVID-19, ayudando así, no solo al beneficiario de esta acción constitucional, sino que a la reducción del hacinamiento en los centros penales. Que en el mismo cuerpo convencional, en el numeral 46 relativo a las recomendaciones a los privados de libertad, señala que en el caso de personas condenadas por graves violaciones a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad, atendiendo el bien jurídico afectado, la gravedad de los hechos y la obligación de los Estados de sancionar a los responsables de tales violaciones, tales evaluaciones requieren de un análisis y requisitos más exigentes, con apego al principio de proporcionalidad y a los estándares interamericanos aplicables..."..."esta sala de lo Constitucional señala que la acción extraordinaria de Habeas Corpus, no es el procedimiento diseñado por el legislador para ello, sino que el mismo lo constituye el procedimiento ordinario para la aplicación de las medida cautelares, en la cual se llevará a cabo una audiencia Ad hoc en la que el Jue de Instrucción analizará si los privados de libertad, cumplen ciertos requisitos necesarios a ponderar, siendo fundamentales aquellos que demuestren vulnerabilidad a adquirir el COVID-19, siendo la atribución de los Jueces de Instrucción decretar si es procedente o no la sustitución de la medida cautelar de prisión preventiva impuesta. Así las cosas, se concluye que es procedente declarar SIN LUGAR el recurso de habeas Corpus, por no haberse constatado las violaciones establecidas en el artículo 13.1.a y b de la Ley Sobre Justicia Constitucional..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 182 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 316 (Rango Constitucional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 10 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 9 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 10 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 24 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veinte de agosto de dos mil veinte. VISTA: Para dictar Sentencia en el Recurso de Exhibición Personal interpuesto por el abogado JOSE MANUEL ANDRADE AVILA, a favor de los señores ELVIN JOVANY CUELLO, ELVIN DEONEDIS GUITIERREZ CUELLO Y MARVIN ORLANDO LAGOS GUTIERREZ, contra actuaciones del DIRECTOR DEL CENTRO PENITENCIARIO “MARCO AURELIO SOTO” UBICADO EN TÁMARA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN; manifestando el peticionario, que su representada se encuentra en una situación de grave peligro y riesgo a su vida. Situación que, a criterio del peticionario, violenta en perjuicio de sus representados, los derechos contenidos en los artículos 80, 82, 84 y 321 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha uno (1) de julio de dos mil veinte (2020), compareció ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, el abogado JOSE MANUEL ANDRADE AVILA, interponiendo Recurso de Exhibición Personal a favor de los señores ELVIN JOVANY CUELLO, ELVIN DEONEDIS GUITIERREZ CUELLO Y MARVIN ORLANDO LAGOS GUTIERREZ, contra actuaciones de la DIRECTOR DEL CENTRO PENITENCIARIO “MARCO AURELIO SOTO” UBICADO EN TÁMARA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN. Manifestando el peticionario, que sus representados presentan sintomatología de COVID-19, por lo que solicita a que se proceda ordenar su libertad inmediata. Situación que, a criterio del peticionario, violenta en perjuicio de sus representados, los derechos contenidos en los artículos 80, 82, 84 y 321 de la Constitución de la República. (Folio 2 del presente Recurso)
- Que, en la misma fecha, dicho Juzgado admitió el presente recurso y, en consecuencia, nombró como Juez Ejecutora al abogado LUIS ROSALES, Defensor Público de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, a efecto de que rindiera un informe sobre los extremos consignados en el presente recurso. (Folio 3-4v del presente Recurso) 3) Que en fecha tres (3) de julio de dos mil veinte (2020), el Juez Ejecutor compareció ante el citado Juzgado, y en el ejercicio de las responsabilidades inherentes a su cargo, rindió el informe correspondiente, consignando entre otros extremos, lo siguiente: A) Que con la situación que se presenta actualmente, con el COVID-19, no se desconoce el hecho que visitar los distintos centros penitenciarios del país, pone en grave riesgo la salud y vida de los jueces ejecutoras, así como la de los internos en dichos centros. Por lo que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda el distanciamiento social, para respetar el derecho a la vida y a la salud reconocidos por los instrumentos internacionales de derechos humanos, tanto para los internos, como para los jueces ejecutores; también haciendo constancia en lo dispuesto en el Plan de Reincorporación Gradual y Responsable al Trabajo Presencial del Poder Judicial, en donde se clasifica a los defensores públicos, en el grupo de personas con un alto riesgo de exposición al COVID-19; B) Que es de conocimiento público, que los centros penales en donde se han presentado casos de COVID-19, han sido intervenidos por: la Secretaria de Estado en el Despacho de Salud (SESAL); el Instituto Nacional Penitenciario (INP); el apoyo técnico del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) , y; las instituciones que integran el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER); para dar los tratamientos correspondientes y elaborar los lineamientos para la prevención y manejo de estos casos, basándose en normativa nacional e internacional, y con recomendaciones que se enfocan en los cuidados a la salud de la población penitenciaria; C) Que según la doctrina, la Ley Sobre Justicia Constitucional, y lo relatado en el escrito de interposición del recurrente, no se cumplen ninguno de los supuestos legales para incoar un recurso de exhibición personal, por lo que no es de su criterio recurrir a las autoridades penitenciarias para rendir los respectivos informes; D) En vista de todo lo expuesto anteriormente, la Juez Ejecutora Resolvió: (SIC) “DECLARA: No ha lugar la acción del recurso de exhibición personal, interpuesto por el abogado JOSE MANUEL ANDRADE AVILA, a favor de los señores ELVIN JOVANY LAGOS CUELLO, ELVIN DEONEDES GUTIERREZ COELLO y MARVIN ORLANDO LAGOS GUTIERREZ; …”. (Folios 8–10v del presente Recurso) 4) Que en fecha veintiuno (21) de julio de dos mil veinte (2020), se recibió en la Secretaria de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), los antecedentes enviados por el referido Juzgado, en virtud de inhibirse el mismo, de seguir conociendo de dicho trámite. (Folio 13 del presente Recurso) CONSIDERANDO (1): Que el artículo 182 de la Constitución de la República reconoce la garantía de Habeas Corpus: “Artículo 182. El Estado reconoce la garantía de Hábeas Corpus o de exhibición Personal, y de Hábeas Data. En consecuencia en el Hábeas Corpus o exhibición Personal, toda persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta tiene derecho a promoverla; y en el Hábeas Data únicamente puede promoverla la persona cuyos datos personales o familiares consten en los archivos, registros públicos o privados de la siguiente manera: 1) EL HÁBEAS CORPUS O EXHIBICIÓN PERSONAL: a) Cuando se encuentre ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad; y, b) Cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción o molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión.[1] CONSIDERANDO (2): Que la Constitución de la República, en el artículo 316 numeral 1, otorga a la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, la atribución de conocer de la garantía de Habeas Corpus. Así mismo la ley especial, Ley Sobre Justicia Constitucional, establece un control difuso para conocer de la garantía habeas Corpus[2], otorgando capacidad para conocer y resolver de esta acción a todo lo titular de órganos jurisdiccionales señalando a la Sala de lo Constitucional como la competente para conocer de la acción de habeas Corpus en el máximo Tribunal de Justicia.[3] CONSIDERANDO (3): Que el impetrante de la presente garantía constitucional de exhibición personal ejerce la presente acción contra las actuaciones del DIRECTOR DE LA PENITENCIARIA NACIONAL “MARCO AURELIO SOTO”, UBICADA EN TÁMARA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN. Manifestando el peticionario, que sus representados, los señores ELVIN JOVANY CUELLO, ELVIN DEONEDIS GUITIERREZ CUELLO Y MARVIN ORLANDO LAGOS GUTIERREZ, quienes ha sido diagnosticados con síntomas de COVID-19, por lo que es procedente ordenar su libertad inmediata. Situación que, a criterio del peticionario, violenta en perjuicio de su representado, los derechos contenidos en los artículos 80, 82, 84 y 321 de la Constitución de la República. Solicita cambio de la medida cautelar de privación de libertad, por la de arresto domiciliario, ello con el objeto de que se les garantice su derecho fundamental a la salud, a la integridad física y mental, en este tiempo que el mundo atraviesa por la pandemia del Covid-19. CONSIDERANDO (4): Que una vez admitido el recurso de exhibición personal de mérito, se nombró Juez Ejecutor como lo manda la ley, quien emitió el informe de rigor detectando que en el presente caso, no se materializan ninguna de las circunstancias exigidas en el artículo 182 numeral uno (1) de la Constitución de la República, ni en el artículo 13 numeral uno (1) de la Ley Sobre Justicia Constitucional, ya que el planteamiento realizado por el impetrante se basa únicamente en que sus representados han sido diagnosticados que está padeciendo de la Enfermedad COVID-19, por lo que pide si excarcelación inmediata. CONSIDERANDO (5): Que el Presidente Constitucional de la República, en Consejo de Ministros, emitió el Decreto Ejecutivo PCM-005-2020, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 3,171, de fecha 1 de febrero de 2020, mediante el cual se decretó declarar Estado de Emergencia Sanitaria en todo el territorio nacional, con el propósito de continuar y fortalecer las acciones de prevención y control entre otros, para garantizar la atención a la personas ante el posible contagio del virus denominado COVID-19.- En fecha posterior, el 16 de marzo de 2020, se emitió el Decreto Ejecutivo PCM-021-220, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 35,201, de fecha 16 de marzo de 2020, mediante el cual se decretó la restricción de garantías constitucionales por siete días, restricciones que se han venido extendiendo en el tiempo hasta esta fecha y son de obligatorio cumplimiento para la sociedad en general, para detener o evitar un contagio masivo, por lo que le corresponde al Estado de Honduras el garantizar los derechos fundamentales aludidos, a la luz de la declaración constitucional que la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado, señalando la obligatoriedad de protegerla. CONSIDERANDO (6): Que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en fecha diez de abril de dos mil veinte, emitió la Resolución No.01/2020 “PANDEMIA Y DERECHOS HUMANO EN LA AMERICAS”, estimando que la pandemia del COVID-19 puede afectar gravemente la plena vigencia de los derechos humanos de la población, en virtud de los serios riesgos para la vida, y siendo que el derecho humano afectado por esta pandemia es precisamente el más preciado –la vida- como consecuencia de una afectación grave y directa al derecho humano a la Salud, es ahora el momento de tomar decisiones urgentes que garanticen los derechos fundamentales a la vida, a la salud, y a la integridad personal de todas aquellos personas que se encuentren privadas de libertad, siempre y cuando adolezcan de enfermedades crónicas como diabetes Mellitus, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, personas mayores de 60 años, personas que padezcan de enfermedades respiratorias crónicas como neumonía, tuberculosis, VIH y otras enfermedades que debido a su condición inmunológica pongan en riesgo la salud de las Personas privadas de su libertad. CONSIDERANDO (7): Que en observancia a las recomendaciones dadas por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos a sus Estados miembros, en la Resolución No.01/2020, entre otras, la recomendación número uno consistente en adoptar de manera inmediata y urgente las medidas adecuada para proteger los derechos a la vida e integridad personal de las personas, en este caso, privadas de libertad, que se encuentren frente al riesgo que representa la pandemia, la Sala de lo Constitucional, instituye resolver las acciones de habeas corpus, elevándolas a un recurso humanitario, por lo que, que de ser el caso, decretaría el cambio de la prisión preventiva por la medida cautelar de arresto domiciliario, sobreponiendo razones humanitarias por sobre el análisis de los presupuestos de las medidas cautelares, pues estamos ante una situación extraordinaria de pandemia mundial por la proliferación del virus COVID-19, ayudando así, no solo al beneficiario de esta acción constitucional, sino que a la reducción del hacinamiento en los centros penales. Que en el mismo cuerpo convencional, en el numeral 46 relativo a las recomendaciones a los privados de libertad, señala que en el caso de personas condenadas por graves violaciones a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad, atendiendo el bien jurídico afectado, la gravedad de los hechos y la obligación de los Estados de sancionar a los responsables de tales violaciones, tales evaluaciones requieren de un análisis y requisitos más exigentes, con apego al principio de proporcionalidad y a los estándares interamericanos aplicables. CONSIDERANDO (8): Que el artículo 182.1.b, de la Constitución de la República manda que cuando en su detención o prisión legal, se aplique al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción o molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión, tiene derecho a pedir su exhibición ante órgano jurisdiccional para que se le restituya, en este caso, su libertad. Asimismo, el artículo 13 de la Ley Sobre Justicia Constitucional ha sido redactado en iguales términos que el artículo 182.1.b constitucional, siendo procedente la aplicación del artículo 14 de la Ley Sobre Justicia Constitucional referente a la restitución o aseguramiento a la libertad o cese de los tormentos. CONSIDERANDO (9): Que si bien es cierto, en virtud de la pandemia provocada por la propagación del virus COVID-19, se ha interpuesto el presente recurso de habeas corpus, con la pretensión de lograr salvaguardar y garantizar el derecho a la salud, a la integridad física y hasta la vida de los privados de libertar mediante un cambio de la medida cautelar impuesta en el proceso penal incoado en contra del petente, esta sala de lo Constitucional señala que la acción extraordinaria de Habeas Corpus, no es el procedimiento diseñado por el legislador para ello, sino que el mismo lo constituye el procedimiento ordinario para la aplicación de las medida cautelares, en la cual se llevará a cabo una audiencia Ad hoc en la que el Jue de Instrucción analizará si los privados de libertad, cumplen ciertos requisitos necesarios a ponderar, siendo fundamentales aquellos que demuestren vulnerabilidad a adquirir el COVID-19, siendo la atribución de los Jueces de Instrucción decretar si es procedente o no la sustitución de la medida cautelar de prisión preventiva impuesta. Así las cosas, se concluye que es procedente declarar SIN LUGAR el recurso de habeas Corpus, por no haberse constatado las violaciones establecidas en el artículo 13.1.a y b de la Ley Sobre Justicia Constitucional. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos, en aplicación de los artículos 80, 82, 182.1, 303, 304, 313 numerales 5 , 316 numeral 1) de la Constitución de la República; 8 y 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 9 y 10 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos; 5, 7, 8, 24, y 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos; 1, 74, 78 numeral 5) de la Ley de Organización y Atribución de los Tribunales; 9 numeral 1), 10 numeral 1), 12, 13, 14, 17, 19, 25, 26,31, 34, 37, 38 y 70 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, recomendación número uno y cuarenta y seis de la Resolución No.01/2020 “PANDEMIA Y DERECHOS HUMANO EN LA AMERICAS”; FALLA: DECLARAR SIN LUGAR, el Recurso de Exhibición Personal o Habeas Corpus por el abogado JOSE MANUEL ANDRADE AVILA, a favor de los señores ELVIN JOVANY CUELLO, ELVIN DEONEDIS GUITIERREZ CUELLO Y MARVIN ORLANDO LAGOS GUTIERREZ, contra actuaciones del DIRECTOR DEL CENTRO PENITENCIARIO “MARCO AURELIO SOTO” UBICADO EN TÁMARA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN; manifestando el peticionario, que su representada se encuentra en una situación de grave peligro y riesgo a su vida. Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente sentencia, se proceda al archivo de las presentes diligencias. Redactó el Magistrado SERRANO VILLANUEVA.- NOTIFIQUESE.- Firmas y sello. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los cuatro días del mes de septiembre de dos mil veinte, certificación de la sentencia de fecha veinte de agosto de dos mil veinte, recaída en el recurso de exhibición personal registrada en este Tribunal con el número SCO-0531-2020.
ABOG. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.
[1] Artículo 182.1 de la Constitución de la República, Decreto No. 131 del 11 de enero de 1982, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 23,612 del 2 de enero de 1982.
[2] Artículo 17 de la LSJC.
[3] Artículo 3.1, 9.1 de la LSJC