Sentencia EP-524-20 — Registro 11924
Resumen
manifestando el peticionario, que su representada adolece de enfermedades crónicas, como ser Hipertensión, Diabetes, Tiroides e Insuficiencia Cardiaca, desde antes de su ingreso al Centro Penitenciario; asimismo sostiene que el Soberano Congreso Nacional, ante la eventual y presente emergencia sanitaria en uso de sus atribuciones, procedió a reformar el artículo 184 del Código Procesal Penal, con el fin de que el grupo en situación de vulnerabilidad como persona mayores, diabéticas, hipertensas etc. considero en el inciso 4) la revisión obligatoria de la medida cautelar de la Prisión Preventiva.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."(5): Que en la misma fecha uno de julio del presente año dos mil veinte, el Juzgado de letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa del Departamento de Francisco Morazán, conociendo a prevención, admitió el Recurso de Exhibición Personal relacionado, designando como Juez Ejecutor a la Abogada LUCIA NAVAS, Defensora Pública de la ciudad de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, a efecto de verificar los extremos planteados por el recurrente, debiendo rendir el informe en el plazo legal correspondiente. CONSIDERANDO (6): Que la Abogada LUCIA NAVAS, en su condición preindicada y en el ejercicio de las facultades inherentes a su cargo, rindió informe en fecha diez (10) de julio del año dos mil veinte (2020), consignando entre otros extremos los enunciados en el numeral tres de los antecedentes del presente libelo. CONSIDERANDO (7): Que consta del informe presentado por el Juez Ejecutor, ante esta Sala de lo Constitucional, en el Recurso de Exhibición Personal relacionado, la no concurrencia de los presupuestos establecidos en los artículos 13 y 24 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, en virtud que el pedidor de la garantía constitucional de Hábeas Corpus, relaciona hechos que no son factibles a resolver por el mecanismo de Hábeas Corpus O Exhibición Personal, pues su petición se relaciona a la Revisión y Modificación de la Medida Cautelar de Prisión Preventiva impuesta a la Privada de Libertad señora ANA ELIA ALVARADO AMADOR, en consecuencia no presenta argumentos relacionados a la vulneración del derecho a la libertad personal; el peticionario relaciona que el derecho a la salud en condiciones de privación de libertad y sin visitas, constituye tortura psicológica, no obstante a ello no se cumplen con los elementos que enuncia la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes[3], a efecto de configurarse la Tortura en el caso planteado por el peticionario; es por ello que esta Sala es del criterio que los argumentos expuestos por el recurrente no son situaciones a resolverse a través de la Garantía Constitucional de Hábeas Corpus o Exhibición Personal, los argumentos del peticionario es en relación a que se modifique la Medida Cautelar de Prisión Preventiva, impuesta a la Privada de Libertad ANA ELIA ALVARADO AMADOR, a quien se le instruye proceso por el delito de Estafa Continuada; actuación procesal propia de los tribunales de instancia que por su jurisdicción y competencia conocen del proceso iniciado en contra de la referida ciudadana, debiendo avocarse el peticionario de la presente acción constitucional, ante el órgano jurisdiccional a ejercer su derecho de petición reconocido en el Artículo 80 de la Constitución de la República, ello acorde y observando las disposiciones contenidas en el Acuerdo N° CSJ-02-2020 de fecha cuatro (4) de junio del año dos mil vente (2020), emitido por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, en relación al Proceso de Reincorporación Gradual y Responsable de los Servidores Judiciales a Labores Presenciales. CONSIDERANDO (8): Que el artículo 38 de la Ley sobre Justicia Constitucional textualmente dispone: “DE LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN. Se declarará con lugar la exhibición personal, cuando se constate la violación de alguno (s) de los supuestos establecidos en los Artículos 13 y 24 de esta Ley. En caso contrario se declarará sin lugar.” –Énfasis suplido- CONSIDERANDO (9): Que el recurso de Exhibición Personal o Hábeas Corpus procede cuando por actos de la autoridad se vea vulnerado en forma arbitraria el derecho a la libertad individual o personal de los ciudadanos, en contravención a las normas legales y constitucionales establecidas; asimismo, contra aquellos actos de la autoridad pública que atenten contra la integridad física, síquica y moral de los ciudadanos en situación de privación de libertad. Por todo lo cual, siendo esta una situación no comprendida en ninguno de los supuestos para invocar la garantía de Hábeas Corpus, no procede decretar el cese de restricción alguna a favor del beneficiario de la presente garantía, ciudadana ANA ELIA ALVARADO AMADOR; estimándose procedente, por tanto, aprobar el informe emitido por la Juez Ejecutor nombrada y en consecuencia declarar SIN LUGAR la presente garantía de Hábeas Corpus. CONSIDERANDO (10): Que Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos[4], la que una vez en vigor forma parte del derecho interno[5]; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el artículo 5 el Derecho a la integridad personal y textualmente señala: “1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. 2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano…”. CONSIDERANDO (11): Que no obstante no configurarse los presupuestos a efecto de declarar cese de restricción alguna a favor de la Privada de Libertad ANA ELIA ALVARADO AMADOR, este Alto Tribunal no desconoce que el Estado como garante de la dignidad de la persona humana y de su bienestar y salud en general, está obligado a proporcionar los medios adecuados de servicios de salud con el fin de proteger el derecho a la vida y la integridad personal de los privados de libertad, tal y como lo ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos[6] y como bien lo indica la Juez Ejecutora, por ello mediante Nota enviada en fecha nueve (9) de Julio del año dos mil veinte (2020), a la Directora de la Penitenciaría Nacional de Adaptación Social, solicita se tengan las medidas de seguridad a efecto de evitar el contagio por Covid-19 de la Privada de Libertad Ana Elia Alvarado Amador, al padecer de enfermedades base, como ser Hipertensión Arterial, Diabetes, Tiroides e Insuficiencia Cardiaca, asimismo se le permita a sus familiares el ingreso de los medicamentos que sean requeridos y se le brinde cualquiera otra asistencia a efecto de preservar su derecho a la salud"
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 13 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 24 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinte días de agosto del año dos mil veinte. VISTA: Para dictar Sentencia en el Recurso de Exhibición Personal interpuesto por el abogado PEDRO ANTONIPO NUÑEZ VELASQUEZ, a favor de la señora ANA ELIA ALVARADO AMADOR, contra actuaciones de la DIRECTORA DE LA PENITENCIARÍA NACIONAL FEMENINA DE ADAPTACIÓN SOCIAL (PNFAS); manifestando el peticionario, que su representada adolece de enfermedades crónicas, como ser Hipertensión, Diabetes, Tiroides e Insuficiencia Cardiaca, desde antes de su ingreso al Centro Penitenciario; asimismo sostiene que el Soberano Congreso Nacional, ante la eventual y presente emergencia sanitaria en uso de sus atribuciones, procedió a reformar el artículo 184 del Código Procesal Penal, con el fin de que el grupo en situación de vulnerabilidad como persona mayores, diabéticas, hipertensas etc. considero en el inciso 4) la revisión obligatoria de la medida cautelar de la Prisión Preventiva. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha uno (1) de julio del año dos mil veinte (2020), compareció ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, el abogado PEDRO ANTONIO NUÑEZ VELASQUEZ, interponiendo Recurso de Hábeas Corpus Humanitario a favor de la señora ANA ELIA ALVARADO AMADOR, contra actuaciones de la DIRECTORA DE LA PENITENCIARIA NACIONAL FEMENINA DE ADAPTACIÓN SOCIAL (PNFAS). Manifestando el peticionario, que su representada adolece de enfermedades crónicas, como ser Hipertensión, Diabetes, Tiroides e Insuficiencia Cardiaca, desde antes de su ingreso al Centro Penitenciario; asimismo sostiene que el Soberano Congreso Nacional, ante la eventual y presente emergencia sanitaria en uso de sus atribuciones, procedió a reformar el artículo 184 del Código Procesal Penal, con el fin de que el grupo en situación de vulnerabilidad como persona mayores, diabéticas, hipertensas etc. considero en el inciso 4) la revisión obligatoria de la medida cautelar de la Prisión Preventiva. (Folios del 2-4 de los autos) 2) Que, en la misma fecha, el relacionado Juzgado admitió el recurso de mérito y, en consecuencia, nombró como Juez Ejecutora a la abogada LUCIA NAVAS, Defensora Pública de la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., departamento de Francisco Morazán, a efecto de verificar los extremos planteados, debiendo rendir el informe en el plazo legal correspondiente. (Folio 6 y 7fv de los autos) 3) Que en fecha diez (10) de julio del año dos mil veinte (2020), la Juez Ejecutora compareció ante el Juzgado de Letras penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa del Departamento de Francisco Morazán, y en el ejercicio de las facultades inherentes a su cargo, rindió el informe correspondiente, consignando entre otros extremos, lo siguiente: A) Que con la situación que se presenta actualmente, con el COVID-19, no se desconoce el hecho que visitar los distintos centros penitenciarios del país, pone en grave riesgo la salud y vida de los jueces ejecutoras, así como la de los internos en dichos centros. Por lo que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda el distanciamiento social, para respetar el derecho a la vida y a la salud reconocidos por los instrumentos internacionales de derechos humanos, tanto para los internos, como para los jueces ejecutores; también haciendo constancia en lo dispuesto en el Plan de Reincorporación Gradual y Responsable al Trabajo Presencial del Poder Judicial, en donde se clasifica a los defensores públicos, en el grupo de personas con un alto riesgo de exposición al COVID-19, por lo que los centros penales han prohibido nuestras visitas a los centros penales, a menos de que lo estimen necesario; B) Que es de conocimiento público, que los centros penales en donde se han presentado casos de COVID-19, han sido intervenidos por: la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud (SESAL); el Instituto Nacional Penitenciario (INP); el apoyo técnico del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y; las instituciones que integran el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER); para dar los tratamientos correspondientes y elaborar los lineamientos para la prevención y manejo de estos casos, basándose en normativa nacional e internacional, y con recomendaciones que se enfocan en los cuidados a la salud de la población penitenciaria; C) Que según la doctrina, la Ley Sobre Justicia Constitucional, y lo relatado en el escrito de interposición del recurrente, no se cumplen ninguno de los supuestos legales para incoar un recurso de exhibición personal, por lo que es criterio de la Juez Ejecutor no requerir a las autoridades penitenciarias para rendir los respectivos informes; D) Que el Congreso Nacional de la República, reformó el artículo 184 del Código Procesal Penal, mediante el decreto legislativo no. 36-2020, en fecha veinticuatro (24) de abril de dos mil veinte (2020), y publicado en el diario oficial “La Gaceta” en fecha diez (10) de junio de dos mil veinte (2020), en donde faculta a los jueces conocedores de las causas penales a que, de oficio o a petición de parte, pueda imponer al imputado otras medidas menos gravosas a la prisión preventiva, cuando conste en sus respectivos expedientes judiciales o penitenciarios, que padecen de una enfermedad de base (pacientes con VIH, oncológicos, hipertensos, diabéticos, otras enfermedades autoinmunes, etc. que los ponga dentro de la población con riesgo a contraer COVID-19, y estos sean respaldados por los exámenes clínicos y de laboratorio necesarios. Por lo tanto, el recurrente puede gestionar ante dichos órganos jurisdiccionales, su excarcelación, mediante el cambio de medida cautelar, y de no obtener los resultados esperados, hacer uso de los recursos ordinarios correspondientes; E) Que del informe enviado por la Directora de la Penitenciaria Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS) y el informe médico firmado por la doctora MERARY AVILÉS, se hace de su conocimiento que se han tomado las medidas de seguridad necesarias, para salvaguardar la vida e integridad física de la Privada de Libertad señora ANA ELIA ALVARADO AMADOR; así mismo, se le está brindando la atención médica adecuada, para la vigilancia y protección de su salud, y se ha dispuesto que los familiares de los privados de libertad, puedan ingresar medicamentos cualquier día de la semana, limitando solamente los días de acceso de los objetos lícitos y alimentos; F) En vista de todo lo expuesto anteriormente, la Juez Ejecutora Resolvió: (Sic) “DECLARA: No ha lugar la acción del recurso de exhibición personal, interpuesto por el abogado PEDRO ANTONIO NUÑEZ VELAZQUEZ, a favor de la señora ANA ELIA ALVARADO AMADOR; pero reconociendo que el derecho a la Salud de la señora antes mencionada se enviara oficio a la Penitenciaria Nacional de Adaptación Social ya que ante la pandemia se encuentra en un grupo vulnerable, por lo que solicita que se tengan las medidas de seguridad a efecto de que no sea contagiada, así como, si el centro penal no tiene la capacidad para brindar los medicamentos que se le prescriben se le dé la oportunidad a sus familiares le permitan ingresar dichos medicamentos y cualquier otra asistencia para preservar su derecho a la salud….”. (Folios del 14–16fv de los autos) 4) Que en fecha veintiuno (21) de julio de dos mil veinte (2020), se recibió en la Secretaría de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), los antecedentes enviados por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, en virtud de haber conocido a prevención de la Garantía Constitucional interpuesto por carecer de competencia para seguir conociendo de dicho trámite. (Folios 24 y 27 de los autos) CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia a través de su Sala Constitucional el conocimiento de las acciones de Hábeas Corpus o Exhibición Personal, acorde a lo preceptuado en los artículos 182 y 316 numeral primero de la Constitución de la República, en relación a lo preceptuado en los artículos 3 numeral primero y 13 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, resultando procedente la misma cuando se constate que la persona agraviada se encuentre ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad, o bien, cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción o molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión. CONSIDERANDO (2): Que la Constitución de la República en el artículo 182 precitado, establece en su literalidad: “El Estado reconoce la garantía de Hábeas Corpus o Exhibición Personal, y de Hábeas Data. En consecuencia en el Hábeas Corpus o Exhibición Personal toda persona agraviada o cualquier otra en nombre de ésta tiene derecho a promoverla; y en el Hábeas Data únicamente puede promoverla la persona cuyos datos personales o familiares consten en los archivos, registros públicos o privados de la siguiente manera: 1) EL HÁBEAS CORPUS O EXHIBICIÓN PERSONAL: a) Cuando se encuentre ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad; y, b) Cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión”…[1] CONSIDERANDO (3): Que la justicia constitucional tiene por objeto desarrollar las garantías constitucionales y las defensas del orden jurídico constitucional, en virtud de ello, en la aplicación de la Ley Sobre Justicia Constitucional, las disposiciones contenidas en la misma, se interpretarán y aplicarán siempre de manera que aseguren una eficaz protección de los derechos humanos y el adecuado funcionamiento de las defensas del orden jurídico constitucional; de igual forma la justicia constitucional se aplicará e interpretará de conformidad con los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales sobre derechos humanos vigentes en la República de Honduras, tomando en consideración las interpretaciones que de ellos hagan los tribunales internacionales[2]. En ese orden de ideas, nuestra Carta Magna declara en su artículo 59 que la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado, teniendo todos la obligación de respetarla y protegerla, siendo en consecuencia inviolable la dignidad del ser humano, declaración íntimamente relacionada con el derecho individual que recoge la misma normativa constitucional en el artículo 68, que textualmente establece: “Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, síquica y moral” y el artículo 69 cuando indica que: “La libertad personal es inviolable y sólo con arreglo a las leyes podrá ser restringida o suspendida temporalmente”. CONSIDERANDO (4): Que en fecha uno de julio del año dos mil veinte, compareció ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa del Departamento de Francisco Morazán, el Abogado PEDRO ANTONIO NUÑEZ VELASQUEZ, interponiendo Recurso de Hábeas Corpus O Exhibición Personal a favor de la Privada de Libertad ciudadana ANA ELIA ALVARADO AMADOR, contra actuaciones de la DIRECTORA DE LA PENITENCIARIA NACIONAL FEMENINA DE ADAPTACIÓN SOCIAL (PNFAS), según el peticionario su representada adolece de enfermedades crónicas, como ser Hipertensión, Diabetes, Tiroides e Insuficiencia Cardiaca, desde antes de su ingreso al Centro Penitenciario; asimismo sostiene que el Soberano Congreso Nacional, ante la eventual y presente emergencia sanitaria en uso de sus atribuciones, procedió a reformar el artículo 184 del Código Procesal Penal, con el fin de que el grupo en situación de vulnerabilidad como persona mayores, diabéticas, hipertensas etc., considero en el inciso 4) la revisión obligatoria de la medida cautelar de la Prisión Preventiva. CONSIDERANDO (5): Que en la misma fecha uno de julio del presente año dos mil veinte, el Juzgado de letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa del Departamento de Francisco Morazán, conociendo a prevención, admitió el Recurso de Exhibición Personal relacionado, designando como Juez Ejecutor a la Abogada LUCIA NAVAS, Defensora Pública de la ciudad de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, a efecto de verificar los extremos planteados por el recurrente, debiendo rendir el informe en el plazo legal correspondiente. CONSIDERANDO (6): Que la Abogada LUCIA NAVAS, en su condición preindicada y en el ejercicio de las facultades inherentes a su cargo, rindió informe en fecha diez (10) de julio del año dos mil veinte (2020), consignando entre otros extremos los enunciados en el numeral tres de los antecedentes del presente libelo. CONSIDERANDO (7): Que consta del informe presentado por el Juez Ejecutor, ante esta Sala de lo Constitucional, en el Recurso de Exhibición Personal relacionado, la no concurrencia de los presupuestos establecidos en los artículos 13 y 24 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, en virtud que el pedidor de la garantía constitucional de Hábeas Corpus, relaciona hechos que no son factibles a resolver por el mecanismo de Hábeas Corpus O Exhibición Personal, pues su petición se relaciona a la Revisión y Modificación de la Medida Cautelar de Prisión Preventiva impuesta a la Privada de Libertad señora ANA ELIA ALVARADO AMADOR, en consecuencia no presenta argumentos relacionados a la vulneración del derecho a la libertad personal; el peticionario relaciona que el derecho a la salud en condiciones de privación de libertad y sin visitas, constituye tortura psicológica, no obstante a ello no se cumplen con los elementos que enuncia la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes[3], a efecto de configurarse la Tortura en el caso planteado por el peticionario; es por ello que esta Sala es del criterio que los argumentos expuestos por el recurrente no son situaciones a resolverse a través de la Garantía Constitucional de Hábeas Corpus o Exhibición Personal, los argumentos del peticionario es en relación a que se modifique la Medida Cautelar de Prisión Preventiva, impuesta a la Privada de Libertad ANA ELIA ALVARADO AMADOR, a quien se le instruye proceso por el delito de Estafa Continuada; actuación procesal propia de los tribunales de instancia que por su jurisdicción y competencia conocen del proceso iniciado en contra de la referida ciudadana, debiendo avocarse el peticionario de la presente acción constitucional, ante el órgano jurisdiccional a ejercer su derecho de petición reconocido en el Artículo 80 de la Constitución de la República, ello acorde y observando las disposiciones contenidas en el Acuerdo N° CSJ-02-2020 de fecha cuatro (4) de junio del año dos mil vente (2020), emitido por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, en relación al Proceso de Reincorporación Gradual y Responsable de los Servidores Judiciales a Labores Presenciales. CONSIDERANDO (8): Que el artículo 38 de la Ley sobre Justicia Constitucional textualmente dispone: “DE LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN. Se declarará con lugar la exhibición personal, cuando se constate la violación de alguno (s) de los supuestos establecidos en los Artículos 13 y 24 de esta Ley. En caso contrario se declarará sin lugar.” –Énfasis suplido- CONSIDERANDO (9): Que el recurso de Exhibición Personal o Hábeas Corpus procede cuando por actos de la autoridad se vea vulnerado en forma arbitraria el derecho a la libertad individual o personal de los ciudadanos, en contravención a las normas legales y constitucionales establecidas; asimismo, contra aquellos actos de la autoridad pública que atenten contra la integridad física, síquica y moral de los ciudadanos en situación de privación de libertad. Por todo lo cual, siendo esta una situación no comprendida en ninguno de los supuestos para invocar la garantía de Hábeas Corpus, no procede decretar el cese de restricción alguna a favor del beneficiario de la presente garantía, ciudadana ANA ELIA ALVARADO AMADOR; estimándose procedente, por tanto, aprobar el informe emitido por la Juez Ejecutor nombrada y en consecuencia declarar SIN LUGAR la presente garantía de Hábeas Corpus. CONSIDERANDO (10): Que Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos[4], la que una vez en vigor forma parte del derecho interno[5]; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el artículo 5 el Derecho a la integridad personal y textualmente señala: “1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. 2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano…”. CONSIDERANDO (11): Que no obstante no configurarse los presupuestos a efecto de declarar cese de restricción alguna a favor de la Privada de Libertad ANA ELIA ALVARADO AMADOR, este Alto Tribunal no desconoce que el Estado como garante de la dignidad de la persona humana y de su bienestar y salud en general, está obligado a proporcionar los medios adecuados de servicios de salud con el fin de proteger el derecho a la vida y la integridad personal de los privados de libertad, tal y como lo ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos[6] y como bien lo indica la Juez Ejecutora, por ello mediante Nota enviada en fecha nueve (9) de Julio del año dos mil veinte (2020), a la Directora de la Penitenciaría Nacional de Adaptación Social, solicita se tengan las medidas de seguridad a efecto de evitar el contagio por Covid-19 de la Privada de Libertad Ana Elia Alvarado Amador, al padecer de enfermedades base, como ser Hipertensión Arterial, Diabetes, Tiroides e Insuficiencia Cardiaca, asimismo se le permita a sus familiares el ingreso de los medicamentos que sean requeridos y se le brinde cualquiera otra asistencia a efecto de preservar su derecho a la salud. POR TANTO: La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 59, 69, 80, 182, 303, 304, 313 atribución 5a. y 316 de la Constitución de la República; 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 5, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1o., 78 atribución 5ª y 137 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 9, 13, 14, 17, 19, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 38, 39, 72, 119 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: DECLARAR SIN LUGAR EL RECURSO DE HÁBEAS CORPUS O EXHIBICIÓN PERSONAL impetrado por el Abogado PEDRO ANTONIO NUÑEZ VELASQUEZ a favor de la Privada de Libertad ciudadana ANA ELIA ALVARADO AMADOR, contra actuaciones de la DIRECTORA DE LA PENITENCIARÍA NACIONAL FEMENINA DE ADAPTACIÓN SOCIAL (PNFAS), por las razones que se dejan aquí señaladas. Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente sentencia, se proceda al archivo de las diligencias en esta Sala de lo Constitucional. Redactó la magistrada Reina Auxiliadora Hercules Rosa.- NOTIFÍQUESE. Firmas y sello. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los cuatro días del mes de septiembre de dos mil veinte, certificación de la sentencia de fecha veinte de agosto de dos mil veinte, recaída en el recurso de exhibición personal registrada en este Tribunal con el número SCO-0524-2020.
ABOG. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.
[1] Ver el artículo 182 de la Constitución de la República.
[2] Ver artículo 2 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, Decreto Legislativo No. 244-2003.
[3] La Convención brinda brinda un concepto a lo que se debe entender por el término “tortura”, y en el artículo 1.1 dice: “A los efectos de la presente Convención, se entenderá por el término “tortura” todo acto por el cual se inflija intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de sus funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia. No se considerarán torturas los dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas, o sean inherentes o incidentales a éstas…”.
[4] Suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, y entro en vigor en julio de 1978, publicado en La Gaceta No. 22287 del 1 de septiembre de 1977.
[5] Artículo 16, segundo párrafo de la Constitución de la República de Honduras.
[6] “toda persona privada de libertad tiene derecho a vivir en condiciones de detención compatibles con su dignidad personal y el Estado debe garantizarle el derecho a la vida y a la integridad personal. En consecuencia, el Estado, como responsable de los establecimientos de detención, es el garante de estos derechos de los detenidos…” Caso Cantoral Benavides Vs. Perú, sentencia de 18 de agosto de 2000, párrafo 87.