Sentencia EP-520-20 — Registro 17524
Resumen
Se interpuso Recurso de Exhibición Personal, manifestando la recurrente que su representado se encuentra ilegalmente recluido en la Penitenciaría Nacional de Nacaome, departamento de Valle, en virtud de que la Sala Penal no ha resuelto un recurso de Casación con número S.P.415-15, lo que impide que el Tribunal de Sentencia de Choluteca y Valle resuelva una petición de revisión de medidas de prisión preventiva por medidas menos gravosa.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO (14): Que de todo lo actuado y establecido en la tramitación del presente recurso de Hábeas Corpus, esta Sala Constitucional ha logrado constatar, de acuerdo con lo expuesto e informado por el juez ejecutor designado, que el señor JOSUE SALOMON CARDENAS REYES, ha permanecido en prisión preventiva más allá del plazo legal máximo establecido por el Artículo 181 del Código Procesal Penal, por consiguiente, aún y cuando su detención y posterior reclusión fuera efectuada dentro del marco legal aplicable, al haberse excedido el término legalmente estipulado para la duración de la prisión preventiva, se le ha cohibido en forma indebida del goce de su libertad, vulnerado con ello el debido proceso y el plazo razonable a efecto de resolver su situación jurídica como líneas arriba de dijo. No obstante a ello la situación de privación de libertad planteada no responde a los supuestos enunciados en los artículos 13 y 24 de la Ley sobre Justicia Constitucional, siendo procedente en consecuencia declarar SIN LUGAR la presente garantía de Hábeas Corpus; empero y conforme lo preceptuado en el Artículo 15 de la Ley sobre Justicia Constitucional, ante el vencimiento del plazo establecido en el Artículo 181 del CPP, procede la revisión inmediata de la Medida Cautelar de Prisión Preventiva impuesta al Privado de Libertad, actuación que corresponde realizar al Tribunal de Casación, por ser el competente para resolver la petición de la Defensa del imputado.”
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 13 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 15 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 24 (Rango Constitucional)
- Código Procesal Penal, art. 181 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. -Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinte días de agosto del año dos mil veinte. VISTAS: Las presentes diligencias para dictar Sentencia en el Recurso de Exhibición Personal interpuesto por la Abogada Ritza Yolanda Antúnes Reyes, a favor del señor Josué Salomón Cárdenas Reyes, contra actuaciones de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, manifestando la recurrente que su representado se encuentra ilegalmente recluido en la Penitenciaría Nacional de Nacaome, departamento de Valle, en virtud de que la Sala Penal no ha resuelto un recurso de Casación con número S.P.415-15, lo que impide que el Tribunal de Sentencia de Choluteca y Valle resuelva una petición de revisión de medidas de prisión preventiva por medidas menos gravosa; con relación a la causa instruida contra el señor José Salomón Cárdenas Reyes quien fue condenado por el delito de Homicidio Simple en perjuicio de Carlos Roberto Díaz Pineda. ANTECEDENTES 1) Que, en fecha uno de julio del año dos mil veinte, compareció ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, del departamento de Francisco Morazán, la Abogada Ritza Yolanda Antúnes Reyes, interponiendo acción de Hábeas Corpus o Exhibición Personal a favor del señor Josué Salomón Cárdenas Reyes, contra actuaciones de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, manifestando la recurrente que su representado se encuentra ilegalmente recluido en la Penitenciaría Nacional de Nacaome, departamento de Valle, en virtud de que la Sala Penal no ha resuelto un recurso de casación con número S.P.415-15, lo que impide que el Tribunal de Sentencia de Choluteca y Valle resuelva una petición de revisión de medidas de prisión preventiva por medidas menos gravosa; con relación a la causa instruida contra el señor José Salomón Cárdenas Reyes quien fue condenado por el delito de Homicidio Simple en perjuicio del señor Carlos Roberto Díaz Pineda. (Folios del 2-6 de los autos) 2) En fecha uno de julio de dos mil veinte, el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, del departamento de Francisco Morazán, resolvió: (Sic) “1) Tener por presentado y admitido La Garantía Constitucional de HABEAS CORPUS O EXHIBICION PERSONAL INTERPUESTO por la Abogada RITZA YOLANDA ANTUNEZ REYES.- Actuando en su condición de Defensora Privada del señor JOSUE SALOMON CARDENAS REYES, en la causa que se le condenó por el delito de HOMICIDIO SIMPLE en perjuicio de CARLOS ROBERTO DIAZ PINEDA.- 2) Nómbrese al Abogado JOSE ROBERTO IZAGUIRREZ inscrito en el Colegio de Abogados de Honduras con carnet N0. 8440 Adscrito a la Defensa Pública como Juez Ejecutor…. 3) Una vez que el Juez ejecutor rinda su Informe remítanse las presentes actuaciones a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, para que sigan conociendo del mismo en virtud de que este Juzgado conoce a prevención la dicha garantía.” (Folios 10 y 11 de los autos) 3) En fecha trece de julio del año dos mil veinte, el Juez Ejecutor nombrado, en el ejercicio de las facultades inherentes a su cargo, presentó ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa del departamento de Francisco Morazán, el informe correspondiente, consignando entre otras actuaciones lo siguiente: PRIMERO:… SEGUNDO:… TERCERO:… CUARTO: En relación a lo anterior, la normativa procesal penal establece en el artículo 174: “Las medidas cautelares personales habrán de ser dispuestas por el órgano jurisdiccional competente, por auto motivado, en el que se justificará la concurrencia de los presupuestos legitimadores, invocando los indicios que resulten de las investigaciones realizadas. El órgano jurisdiccional, al seleccionar la medida aplicable, deberá tener en cuenta su idoneidad y proporcionalidad en relación con los fines que se pretende conseguir, teniendo en cuenta la gravedad del hecho y de la pena que, en caso de condena, podría ser impuesta y las circunstancias personales del imputado.” Es así que queda establecido que la imposición, revocación y reformas de las resoluciones sobre medidas cautelares es una potestad exclusiva de los órganos jurisdiccionales y no del Juez Ejecutor tal como lo establece la normativa procesal penal, pues son ellos los conocedores de la causa, así como de la medida cautelar a imponer, esto relacionado con la finalidad de las mismas que en todo caso es garantizar la presencia del imputado en el proceso, y serán los órganos jurisdiccionales quienes impondrán la medida más idónea según sea el caso. QUINTO: De lo anteriormente ilustrado y ya en nuestro caso, según informe emitido por la Sala de lo Penal, se logra establecer que existe un fallo de culpabilidad por un delito de HOMICIDIO SIMPLE en perjuicio de CARLOS ROBERTO DIAZ PINEDA, mismo que todavía no ha adquirido el carácter de firme por encontrarse pendiente que la referida Sala resuelva recurso de casación presentado por la defensa del mencionado señor. Si bien es cierto la defensa presentó escritos de revisión de medida cautelar de prisión preventiva, no le compete a este Juez Ejecutor imponer, revocar o modificar medidas cautelares ya sean limitativas o no de la libertad, siendo el órgano jurisdiccional competente quien resolverá sobre el fondo del asunto, así como la imposición de las mismas. En este caso en concreto si no le resuelven la petición a la apoderada defensora puede hacer uso de un pronto despacho, y de no encontrar respuesta interponer un recurso de queja al tenor de lo establecido en el artículo 143 del Código Procesal Penal. Es así que, analizado el caso, dicha circunstancia no se puede subsumir en lo establecido en la Ley Sobre Justicia Constitucional para determinar si hay una detención ilegal o arbitraria. SEXTO: …De lo investigado se puede deducir que hay una orden de imposición de medida cautelar de prisión preventiva o provisional, misma que fue decretada por juez competente y que la está cumpliendo en un centro destinado para ello, es decir la Penitenciaria Nacional de Nacaome, Departamento de Valle, por lo tanto, no se dan los presupuestos establecidos para considerar una detención ilegal y arbitraria. Por Tanto: Este Juez Ejecutor, …falla: 1) Declarar SIN LUGAR el habeas corpus presentado a favor del señor JOSUÉ SALOMÓN CÁRDENAS REYES, por no encontrarse los hechos denunciados dentro de los presupuestos legitimadores de la acción, dados en la Ley Sobre Justicia Constitucional…. (Folios del 24-27 de los autos) 4) En fecha trece de julio del año dos mil veinte, el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa del departamento de Francisco Morazán, resolvió: (Sic) “1) Tener por recibido el Informe juntamente con la documentación presentada por el Abogado JOSE ROBERTO IZAGUIRREZ en su condición de Juez Ejecutor, nombrado en la Garantía Constitucional de HABEAS CORPUS O EXHICION PERSONAL, interpuesto por la Abogada RITZA YOLANDA ANTUNEZ REYES, a favor del señor JOSUE SALOMON CARDENAS REYES.-2) Este Juzgado se inhibe de seguir conociendo y ordena la remisión de las Diligencias que contiene la Garantía de Habeas Corpus o Exhibición Personal, a favor del señor antes mencionado, a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, para que sea ésta la que proceda a emitir la Sentencia correspondiente….” (Folio 29fv de los autos) 5) Esta Sala de lo Constitucional, en fecha veintiuno de julio del año dos mil veinte, tuvo por recibidas las diligencias que contienen el recurso de exhibición personal interpuesto por el Abogado Ritza Yolanda Antúnes Reyes, a favor del señor Josué Salomón Cárdenas Reyes. (Folio 32 de los autos) CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia a través de su Sala Constitucional el conocimiento de las acciones de Hábeas Corpus o Exhibición Personal, acorde a lo preceptuado en los artículos 182 y 316 numeral primero de la Constitución de la República, en relación a lo preceptuado en los artículos 3 numeral primero y 13 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, resultando procedente la misma cuando se constate que la persona agraviada se encuentre ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad, o bien, cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción o molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión. CONSIDERANDO (2): Que la acción de Hábeas Corpus o Exhibición Personal tiene por objeto hacer valer los derechos del agraviado ante una detención ilegal o arbitraria y hacer cesar toda conducta o acción encaminada o emergente de una violación de derechos individuales que se lleva a cabo en perjuicio de quien se encuentre o haya sido privado de su libertad. CONSIDERANDO (3): Que, bajo esta premisa, como ya lo ha pronunciado esta Sala en forma reiterada, el Hábeas Corpus ha sido establecido con el fin de resguardar la libertad personal frente a la arbitrariedad y establecer remedios eficaces y rápidos para eventuales supuestos de detenciones de la persona, no justificados legalmente o que transcurran en condiciones ilegales. El Hábeas Corpus se configura como una comparecencia del detenido ante el Juez, comparecencia de la que proviene etimológicamente la expresión que da nombre al procedimiento[1] y que permite al ciudadano, privado de libertad, exponer sus alegaciones contra las causas de la detención y las condiciones de la misma[2], con el fin que el órgano jurisdiccional que la conoce se pronuncie sobre la conformidad a derecho de la detención. CONSIDERANDO (4): Que un examen detenido de los antecedentes y de las actuaciones efectuadas por el juez ejecutor designado revela, que al Privado de Libertad señor JOSUE SALOMON CARDENAS REYES se le presentó Requerimiento Fiscal en fecha 7 de febrero del año 2011; decretando en Audiencia Inicial Auto de Formal Procesamiento, dictando la medida cautelar de Prisión Preventiva. Seguido que fue el proceso, se dictó en su contra, sentencia condenatoria en fecha 19 de enero del año 2015, por el delito de Homicidio Simple y se le condenó a la pena de Quince años de Reclusión. De lo cual se colige a la fecha, el referido señor ha permanecido en prisión preventiva por mas de NUEVE (9) AÑOS, haciendo el cálculo al mes de marzo del año 2020, sin que hasta el momento se haya resuelto el Recurso de Casación, interpuesto por la Defensa, contra la sentencia condenatoria dictada en fecha 19 de enero del año 2015. Superando así el tiempo máximo de duración de la prisión preventiva fijada por la ley, en relación a que una vez dictada la sentencia condenatoria, la prisión preventiva podrá prolongarse durante la tramitación y resolución del recurso que contra ella pueda interponerse, hasta la mitad de la pena impuesta en la sentencia recurrida. (Vid. art. 181 del Código Procesal Penal). CONSIDERANDO (5): Que la Corte Interamericana de Derechos Humanos[3], ha establecido en su jurisprudencia que el derecho a la libertad personal admite restricciones, que Deben ajustarse a los artículos 30 y 32.2 de la Convención. Siguiendo la posibilidad de adoptar injerencias en este derecho, el Artículo 181 del Código Procesal Penal establece el tiempo máximo de duración de la medida cautelar de prisión preventiva. CONSIDERANDO (6): Que, como lo ha expresado ya esta Sala, la prolongación de la prisión preventiva en las circunstancias antes mencionadas, constituye no solo una restricción indebida del derecho a la libertad personal garantizada por el artículo 69 de la Constitución de la República, sino que además una violación a la garantía genérica del debido proceso, consagrada en el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República, conforme a la cual se establece el derecho que toda persona tiene para ser juzgada por un Juez competente con arreglo a las formalidades, derechos y garantías previstas por la ley, siendo una de estas la de no ser sometido a un período de prisión preventiva excesivo y por lo tanto con la naturaleza propia de una pena anticipada, derecho que por otro lado encuentra reconocimiento expreso en un instrumento jurídico internacional suscrito por el Estado de Honduras como lo es la Convención Americana de Derechos Humanos, al prever en su artículo 8 No. 1) que toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y en plazo razonable en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella. CONSIDERANDO (7): Que el recurso de Exhibición Personal o Hábeas Corpus, procede contra aquellos actos de la autoridad en los que se vea vulnerado el derecho a la libertad individual o personal de los ciudadanos al inobservar las normas legales y constitucionales, y también, contra los actos de la autoridad pública que atenten contra la integridad física, síquica y moral de los detenidos. CONSIDERANDO (8): Que en lo referente a la procedencia de la acción de Hábeas Corpus, el artículo 38 de la Ley Sobre Justicia Constitucional dispone que se declarará con lugar la exhibición personal, cuando se constate la violación de alguno (s) de los supuestos establecidos en los Artículos 13 y 24 de esta Ley. En caso contrario se declarará sin lugar. CONSIDERANDO (9): Que de conformidad con lo establecido por el Artículo 13 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, el Estado reconoce la garantía de Hábeas Corpus o Exhibición Personal en los siguientes casos: a) Cuando se encuentre ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad; y, b) Cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacciones ilegales y toda coacción, restricción o molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión. CONSIDERANDO (10): Que según dispone el artículo 24 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es ilegal y arbitraria: 1) Toda orden verbal de prisión o arresto, salvo si tiene como finalidad impedir la inminente comisión de un delito, la fuga de quienes hayan participado en aquél o evitar daños graves a las personas o a la propiedad; 2) Toda orden de prisión o arresto que no emane de autoridad competente o que haya sido expedida sin las formalidades legales o por motivos que no hayan sido previamente establecidos en la ley; y, 3) Toda detención o arresto que no se cumpla en los centros destinados para el efecto por el Estado. CONSIDERANDO (11): Que consta del informe emitido por el Juez Ejecutor nombrado Abogado José Roberto Izaguirre Santos, en el Recurso de Exhibición Personal relacionado, la no concurrencia de los presupuestos establecidos en los artículos 13 y 24 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, ello porque la Privación de Libertad del señor Josué Salomón Cárdenas Reyes, responde al cumplimiento de la medida cautelar de Prisión Preventiva que fue impuesta en su contra, en audiencia inicial celebrada en fecha seis de marzo del año dos mil once, por el Juzgado de Letras del Departamento de Valle, a raíz del proceso penal que se sigue en su contra por suponerlo responsable del delito de Homicidio Simple, en perjuicio de Carlos Roberto Díaz; no obstante no configurarse los presupuestos establecidos en los preceptos antes relacionados, el artículo 15[4] de la misma normativa legal, indica que se resolverá sobre otras situaciones relacionadas con la libertad personal en cualquiera de sus formas. CONSIDERANDO (12): Que siendo evidente el vencimiento de la Medida Cautelar de Prisión Preventiva, sin haber finalizado el proceso, al estar pendiente de resolución el Recurso de Casación promovido contra la sentencia condenatoria dictada en contra del señor Josué Salomón Cárdenas Reyes, el informe emitido por el Juez Ejecutor Abogado José Roberto Izaguirre Santos concluye que es el Tribunal que conoce del proceso, en este caso específico la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, quien deberá realizar la Audiencia de Revisión de Medida; a criterio de este Alto Tribunal, de manera urgente, ello por ser dicho Tribunal quien tiene la jurisdicción y competencia para resolver sobre esta situación, pues la privación de libertad del ciudadano Josué Salomón Cárdenas Reyes no se considera arbitraria[5] al tenor de lo establecido en el Artículo 24 de la Ley sobre Justicia Constitucional; no obstante a ello el plazo establecido en la ley para el mantenimiento de la medida cautelar de Prisión Preventiva es ya vencido, al tenor de lo preceptuado en el artículo 181 del CPP, debiendo en consecuencia el Tribunal de Casación proceder a su revisión inmediata, observando las disposiciones contenidas en el Acuerdo N° CSJ-02-2020 de fecha cuatro (4) de junio del año dos mil vente (2020), emitido por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, en relación al Proceso de Reincorporación Gradual y Responsable de los Servidores Judiciales a Labores Presenciales. CONSIDERANDO (13): Que esta Sala ha sostenido que la revisión, revocación e imposición de medidas cautelares en el proceso penal es una potestad propia de la jurisdicción penal, por ende, en el trámite de la exhibición personal los jueces ejecutores designados no ostentan —en principio— esta potestad en forma taxativa, por lo que se ha dispuesto en el pasado que lo pertinente es que, cuando el caso lo amerite, el ejecutor debe ordenar a la autoridad judicial denunciada responsable de la actuación indebida que proceda a imponer las medidas bajo las formalidades exigidas en el proceso, cuando sea legalmente exigible y bajo las condiciones y circunstancias previstas por la ley. CONSIDERANDO (14): Que de todo lo actuado y establecido en la tramitación del presente recurso de Hábeas Corpus, esta Sala Constitucional ha logrado constatar, de acuerdo con lo expuesto e informado por el juez ejecutor designado, que el señor JOSUE SALOMON CARDENAS REYES, ha permanecido en prisión preventiva más allá del plazo legal máximo establecido por el Artículo 181 del Código Procesal Penal, por consiguiente, aún y cuando su detención y posterior reclusión fuera efectuada dentro del marco legal aplicable, al haberse excedido el término legalmente estipulado para la duración de la prisión preventiva, se le ha cohibido en forma indebida del goce de su libertad, vulnerado con ello el debido proceso y el plazo razonable a efecto de resolver su situación jurídica como líneas arriba de dijo. No obstante a ello la situación de privación de libertad planteada no responde a los supuestos enunciados en los artículos 13 y 24 de la Ley sobre Justicia Constitucional, siendo procedente en consecuencia declarar SIN LUGAR la presente garantía de Hábeas Corpus; empero y conforme lo preceptuado en el Artículo 15 de la Ley sobre Justicia Constitucional, ante el vencimiento del plazo establecido en el Artículo 181 del CPP, procede la revisión inmediata de la Medida Cautelar de Prisión Preventiva impuesta al Privado de Libertad, actuación que corresponde realizar al Tribunal de Casación, por ser el competente para resolver la petición de la Defensa del imputado. POR TANTO: La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 59, 80, 182, 303, 304, 313 atribución 5a. y 316 de la Constitución de la República; 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 5, 7, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1o., 78 atribución 5ª y 137 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 9, 13, 14, 17, 19, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 38, 39, 72, 119 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: I) DECLARAR SIN LUGAR EL RECURSO DE HÁBEAS CORPUS O EXHIBICIÓN PERSONAL impuesto por la Abogada RITZA YOLANDA ANTUNES REYES a favor del Privado de Libertad señor JOSUE SALOMON CARDENAS REYES, por las razones que se dejan aquí señaladas. II) ORDENA: Al Tribunal de Casación, Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, proceda de inmediato a revisar la Medida Cautelar de Prisión Preventiva impuesta al imputado JOSUE SALOMON CARDENAS REYES, ante el vencimiento de los plazos establecidos en el Artículo 181 del Código Procesal Penal. III) Para el cumplimiento de esta sentencia el Tribunal de Casación, Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, debe proceder de inmediato con el acatamiento de las recomendaciones indicadas, a partir de la notificación del presente fallo al recurrente. El incumplimiento de esta sentencia dará lugar lo que en derecho corresponda conforme la Ley Sobre Justicia Constitucional. Y MANDA: Que para su efectiva ejecución se notifique el presente fallo al Tribunal de Casación, Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, por ser el Órgano Jurisdiccional con competencia para resolver sobre la revisión de la Medida Cautelar de Prisión Preventiva impuesta al ciudadano JOSUE SALOMON CARDENAS REYES, enviando la correspondiente certificación y una vez notificada y firme la presente sentencia, se proceda a su archivo en esta Sala de lo Constitucional. Redactó la magistrada Reina Auxiliadora Hercules Rosa.- NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. PRESIDENTE SALA CONSTITUCIONAL. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los tres días del mes de septiembre del año dos mil veinte, certificación de la sentencia de fecha veinte de agosto del año dos mil veinte, recaída en el Recurso Exhibición Personal bajo el número SCO-0520=2020.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1] Etimológicamente habeas corpus significa tener el cuerpo o presentar el cuerpo
[2] Amparo, Hábeas Corpus y Hábeas Data. Rubén Flores Dapkevicius
[3] Jesús María Casal, Convención Americana sobre Derechos Humanos, Artículo 7. Derecho a la Libertad Personal, Konrad Adenauer. Magna Terra Editores, Guatemala, diciembre de 2014, Pág. 187. En refuerzo a la injerencia del Estado en el derecho a la Libertad Personal, la Corte ha dejado establecido, que como principio nadie puede ser privado de su libertad física, según lo dispuesto en el Artículo 7.2 de la Convención, pero a continuación deja a salvo la posibilidad de adoptar injerencias a este derecho, “por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas”. Esto implica una remisión a la facultad de los Estados partes a dictar normas contemplen supuestos de privación de la libertad, pero tal remisión no es indeterminada sino contiene ciertos parámetros, ya que, además de la necesidad de que tales normas estén contenidas en la Constitución o en las leyes cónsonas con ellas, se exige que las mismas precisen las “causas” y las “condiciones” en las cuales la privación de libertad puede ordenarse.
[4] DE LA RESOLUCIÓN DE OTRAS VIOLACIONES A LA LIBERTAD. Cuando en la exhibición personal se aleguen otras violaciones que guarden relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas y los hechos fueren conexos con el acto tenido como legítimo por constituir su causa o su finalidad, se resolverá también sobre estas violaciones.
[5] En relación a las privaciones de libertad arbitrarais e ilegales el citado autor Jesús María Casal, sostiene que la prohibición de privaciones ilegales de la libertad atiende a un criterio formal y proccidental, mientras que la prohibición de privaciones arbitrarias de la libertad responde a un criterio fundamentalmente material o sustancial. No basta que una detención sea conforme a la Constitución y las leyes de un país para considerarla licita o legitima, ya que es preciso adicionalmente que esta normatividad de ajuste a principios materiales de razonabilidad o proporcionalidad. Al examinar la prohibición de arbitrariedad del artículo 7.3 de la Convención, ha de tenerse en cuenta que: […] se está en presencia de una condición según la cual nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento por causas o métodos que –aun calificados de legales- puedan reputarse como incompatibles con el respeto a los derechos fundamentales del individuo por ser, entre otras cosas, irrazonables, imprevisibles, o faltos de proporcionalidad. Citando a la Corte IDH. Caso Gangaram Panday vs. Surinam, op. cit., párr. 47.