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Sentencia EP-488-20 — Registro 10837

Resumen

Juez Ejecutora declaró no ha lugar recurso de mérito a favor de recurrente, quien está recluído en centro penitenciario y aduce que no ha sido evaluado por personal médico por sus problemas mentales; se concluyó que no se le ha violentado ninguna garantía constitucional por considerar que la condición médica de recurrente está bajo monitoreo constante del centro penitenciario y realiza valoraciones psicológicas

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Juez Ejecutora nombrada para conocer de la presente garantía constitucional, rindió en tiempo y forma el informe que legalmente le fuera requerido; siendo del parecer no haber lugar al RECURSO DE EXHIBICIÓN PERSONAL descrito y circunstanciado; en vista a la entrevista realizada al beneficiario del presente recurso e informes requeridos de las autoridades competentes, verificándose que no ha existido violación a los derechos y garantías constitucionales del agraviado; fundamentalmente por considerar que la condición médica del señor MARLON GEOVANY ORELLANA ESCOTO se encuentra bajo monitoreo constante del centro penitenciario; incluyéndose la realización de valoraciones psicológicas, las cuales no han sido aún retiradas por la representación procesal que actúa en su defensa; no comprobándose tampoco necesidad de atención siquiátrica para el privado de libertad beneficiario del presente recurso..."..."el estudio de la presente garantía de Habeas Corpus o Exhibición Personal, así como el informe emitido por la Juez Ejecutora, el cual se aprueba. Considera este Alto Tribunal, que la petición excarcelatoria a favor del privado de libertad, formulada por el garantista, no es de recibo; por no enmarcarse en las disposiciones constitucionales, ni en lo convencionalmente dispuesto por el artículo 1 de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; no pudiendo subsumirse el recurso, acorde el Informe de la Juez Ejecutora, en los presupuestos que, para su otorgamiento, precave el artículo 13 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; por todo lo cual, debe declararse SIN LUGAR la presente garantía de Hábeas Corpus..."

Legislación citada

  • Constitución de la República, art. 80 (Rango Constitucional)
  • Constitución de la República, art. 132 (Rango Constitucional)
  • Constitución de la República, art. 316 (Rango Constitucional)
  • Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 7 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, art. 1 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 72 (Jerarquía Ordinaria)
  • Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 120 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, seis de agosto de dos mil veinte.-VISTO: Para dictar Sentencia el Recurso de Exhibición Personal interpuesto por el Abogado JOSE MANUEL ANDRADE AVILA, a favor del señor MARLON GEOVANY ORELLANA, contra actuaciones del Director del Centro Penal penitenciario de Moroceli, departamento del Paraíso, manifestando que el agraviado se encuentra recluido en dicho Centro penitenciario y tiene problemas mentales y necesita atención siquiátrica agregando que hace más de seis meses que se solicito su evaluación y a la fecha no han tenido respuesta alguna, por lo que solicita la libertad inmediata del agraviado para garantizarle el derecho a la libertad y el de integridad personal.-ANTECEDENTES.-1) Que en fecha veinticinco (25) de junio del año dos mil veinte (2020), compareció ante la Secretaria de la Sala de lo Constitucional el Abogado JOSE MANUEL ANDRADE AVILA, interponiendo recurso de Exhibición Personal a favor del señor MARLON GEOVANY ORELLANA, contra actuaciones del Director del Centro Penal penitenciario de Moroceli, departamento del Paraíso, manifestando que el agraviado se encuentra recluid en dicho Centro penitenciario y tiene problemas mentales y necesita atención siquiátrica agregando que hace más de seis meses que se solicitó su evaluación y a la fecha no han tenido respuesta alguna, por lo que solicita la libertad inmediata del agraviado para garantizarle el derecho a la libertad y el de integridad personal.- (Folio 1 al 2 de la pieza del Recurso).-2) Que en fecha veinticinco (25) de junio del año dos mil veinte (2020), este Alto Tribunal admitió el recurso de Exhibición Personal y en consecuencia, nombró como Juez Ejecutor a la Abogada INGRID LIZETH GARCIA GAYTAN, a efecto de que rinda un informe sobre los extremos consignados en el presente recurso. (Folio 4 de la pieza del Recurso).-3) Que en fecha veintiséis (26) de junio del año dos mil veinte (2020), la Juez Ejecutora, Abogada INGRID LIZZETH GARCIA, en el ejercicio de las responsabilidades inherentes a su cargo, rindió su informe correspondiente, consignando entre otros extremos, lo siguiente: Que se persono a las instalaciones del Centro Penitenciario de Moroceli, departamento del Paraíso, siendo atendida por el señor Director del Centro Penitenciario Coronel Luis Enrique Maradiaga, en donde le notifique mi nombramiento recaído, quien prestó toda la colaboración necesaria y manifiesto que ya se había presentado anteriormente una exhibición Personal a favor del señor MARLON GEOVANY ORELLANA, de la misma naturaleza y bajo las mismas circunstancias, se le solicito que exhibiera a privado de libertad objeto del recurso a quien se le hizo saber el motivo de la visita , manifestando el privado de libertad que desconocía la interposición de este recurso, se le pregunto si ha sido evaluado psicológicamente por el personal del Centro Penitenciario de Moroceli, aduciendo que no ha sido evaluado por el personal médico, aduce que tiene un trauma psicológico ya que sufrió un atentado contra su vida y que le mataron un hermano producto de este atentado a raíz de eso toma Fermovitan, loxatina diariamente mañana y tarde, asiste al Centro hospitalario Mario Mendoza, donde le dan los medicamentos que consume, manifiesto que hace siete meses fue su última evaluación en el hospital Mario Mendoza, y que por parte del Centro Penitenciario nunca le ha evaluado, manifiesta que el catorce de septiembre del dos mil veinte obtendrá su libertad, se le pregunto si tenía algo más que agregar a la entrevista y manifestó que el recibe un buen trato de sus compañeros de modulo, que la alimentación que le proporciona el Centro Penitenciario no es la adecuada, en la entrevista con el médico del Centro Penitenciario muestra el expediente clínico del privado de libertad quien a su ingreso manifestó que adolece de epilepsia, no traía tratamiento médico por ese padecimiento y que padecía de ataques de ansiedad , y se le lleva a sus citas médicas y no presenta ningún síntoma de enfermedad, el ocho de mayo del año dos mil veinte, se le llevo al hospital psiquiátrico Mario Mendoza, y el médico refirió que se encontraba lucido y se le solicito que se le bajara la dosis del medicamento porque le daba mucho sueño, el Juez Ejecutor solicito copia del expediente clínico pero se le manifestó que no era posible, pero si le facilito una copia de la evaluación que realiza el doctor MGPO6 CON numero de colegiación 16306, toda las diligencias se hicieron de forma inmediata, el Juez Ejecutor es de la opinión que según lo investigado no se le ha violentado al privado de libertad ninguna garantía constitucional que motive la interposición del Recurso de Exhibición Personal, porque no se le han violentado sus derechos constitucionales POR TANTO: Con las facultades otorgadas en el artículo 13, 28 y 31 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, 69 71 y 376 de la Constitución de la República RESUELVE: Declara NO HA LUGAR el recurso de Exhibición Personal presentado por el Abogado JOSE MANUEL ANDRADE AVILA a favor de MARLON GEOVANY ORELLANA ESCOTO.- NOTIFIQUESE.-CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia a través de su Sala Constitucional el conocimiento de las acciones de Hábeas Corpus o Exhibición Personal, acorde a lo preceptuado en los artículos 182 y 316 numeral uno de la Constitución de la República, en relación a lo preceptuado en los artículos 3 numeral uno y 13 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, resultando procedente la misma cuando se constate que la persona agraviada se encuentre ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad, o bien, cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción o molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión.-CONSIDERANDO (2): Que la Constitución de la República en el artículo precitado, establece en su literalidad: “El Estado reconoce la garantía de Hábeas Corpus o Exhibición Personal, y de Hábeas Data. En consecuencia en el Hábeas Corpus o Exhibición Personal toda persona agraviada o cualquier otra en nombre de ésta tiene derecho a promoverla; y en el Hábeas Data únicamente puede promoverla la persona cuyos datos personales o familiares consten en los archivos, registros públicos o privados de la siguiente manera: 1) EL HÁBEAS CORPUS O EXHIBICIÓN PERSONAL: a) Cuando se encuentre ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad; y, b) Cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión”…[1]-CONSIDERANDO (3): Que la justicia constitucional tiene por objeto desarrollar las garantías y las defensas del orden jurídico constitucional. En virtud de ello, establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, que sus disposiciones se interpretarán y aplicarán siempre de manera que aseguren una eficaz protección de los derechos humanos y el adecuado funcionamiento de las defensas del orden jurídico constitucional. De igual manera, la justicia constitucional se aplicará e interpretará de conformidad con los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales sobre derechos humanos vigentes en la República de Honduras, tomando en consideración las interpretaciones que de ellos hagan los tribunales internacionales.[2]-CONSIDERANDO (4): Que el Estado de Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (CADH),[3] la que una vez en vigor forma parte del derecho interno[4]; comprometiéndose el Estado a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el artículo 5 el Derecho a la integridad personal y textualmente señala: “1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. 2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano…”. En congruencia a ello, nuestra Carta Magna declara en su artículo 59 que la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado, sosteniendo la obligación de respetarla y protegerla, siendo en consecuencia inviolable la dignidad del ser humano; declaración íntimamente relacionada con el derecho individual que recoge la normativa constitucional en el artículo 68, que textualmente establece: “Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, síquica y moral”. -CONSIDERANDO (5): Que, en ese orden de ideas, señala también la jurisprudencia interamericana en materia de derechos humanos, que toda persona privada de libertad tiene derecho a vivir en condiciones de detención compatibles con su dignidad personal. Esto implica el deber del Estado de salvaguardar la salud y el bienestar de las personas privadas de libertad y de garantizar que la manera y el método de privación de libertad no excedan el nivel inevitable de sufrimiento inherente a la misma. Por ello, con base en el principio de no discriminación, el derecho a la vida de las personas privadas de libertad también implica la obligación del Estado de garantizar su salud física y mental, específicamente mediante la provisión de revisión médica regular y, cuando así se requiera, de un tratamiento médico adecuado, oportuno y, en su caso, especializado y acorde a las especiales necesidades de atención que requieran las personas detenidas en cuestión. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos también ha identificado la obligación de los Estados de proveer atención médica a los privados de libertad y de proporcionar cuidados especiales en situaciones de emergencia o debido cuidado en caso de enfermedad severa o terminal. Asimismo, el Comité de Derechos Humanos de la ONU ha establecido que cuando los Estados detienen a una persona asumen una especial responsabilidad de su vida, por lo que corresponde asegurar una protección de este derecho, incluyendo la atención médica adecuada, la cual debe ser ofrecida de oficio, sin necesidad de que sea haga un requerimiento especial por parte de quien se encuentra detenido; estándares de derechos humanos que son aplicables en el caso de mérito, dado que no pueden ser objeto de suspensión, aun en caso de estado de emergencia o excepción legalmente decretado.[5]-CONSIDERANDO (6): Que manifiesta el peticionario de habeas corpus, Abogado JOSE MANUEL ANDRADE AVILA, en sustento de su recurso, que el señor MARLON GEOVANY ORELLANA, se encuentra guardando prisión preventiva en el Centro Penitenciario de Moroceli, departamento del Paraíso en situación de riesgo a su libertad e integridad personal; debido a que se encuentra recluido padeciendo problemas mentales y necesitando atención siquiátrica, habiéndose solicitado hace más de seis (6) meses su evaluación, sin respuesta alguna a la fecha; situación que, a su criterio, fundamentaría una petición excarcelatoria a favor del privado de libertad beneficiario del presente recurso. -CONSIDERANDO (7): Que la Abogada INGRID LIZZETH GARCIA, Juez Ejecutora nombrada para conocer de la presente garantía constitucional, rindió en tiempo y forma el informe que legalmente le fuera requerido; siendo del parecer no haber lugar al RECURSO DE EXHIBICIÓN PERSONAL descrito y circunstanciado; en vista a la entrevista realizada al beneficiario del presente recurso e informes requeridos de las autoridades competentes, verificándose que no ha existido violación a los derechos y garantías constitucionales del agraviado; fundamentalmente por considerar que la condición médica del señor MARLON GEOVANY ORELLANA ESCOTO se encuentra bajo monitoreo constante del centro penitenciario; incluyéndose la realización de valoraciones psicológicas, las cuales no han sido aún retiradas por la representación procesal que actúa en su defensa; no comprobándose tampoco necesidad de atención siquiátrica para el privado de libertad beneficiario del presente recurso. -ONSIDERANDO (8): Que, mediante Decreto Legislativo No. 64-2012, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 32,990 de fecha 3 de diciembre del año 2012, se crea la Ley del Sistema Penitenciario Nacional, la que tiene como propósito regular la organización y el funcionamiento del Sistema Penitenciario Nacional, el cual está integrado por: 1) El Instituto Nacional Penitenciario (INP); y, 2) Los Establecimientos Penitenciarios. El Sistema Penitenciario Nacional tiene como fines primordiales inter alia, “la retención y custodia de toda persona detenida, en prisión preventiva o cumpliendo condena privativa de libertad.”[6] La precitada ley determina en el artículo 2 que la actividad penitenciaria se debe desarrollar con las garantías y dentro de los límites establecidos por la Constitución de la República, los Tratados Internacionales ratificados por Honduras, las Leyes, los Reglamentos, y las Sentencias Judiciales. El artículo 3 expresamente prohíbe el someter a las personas privadas de libertad a torturas y cualquier trato cruel, inhumano o degradante u otro lesivo a su dignidad. El artículo 8 enumera las atribuciones que tiene el INP, y de interés a la presente sentencia, las establecidas en el numeral 3 y 17, que consisten en: 3) Velar por la seguridad, atención, custodia, asistencia médica, educativa, laboral u otros servicios inherentes a los fines de la ley, de las personas privadas de libertad a su cargo, en prisión preventiva, cumpliendo penas o medidas de seguridad; y, 17) Coordinar con las autoridades judiciales competentes, los ingresos, traslados y egresos de las personas privadas de libertad a su cargo, de acuerdo a lo establecido en la legislación aplicable y la presente Ley. -CONSIDERANDO (9): Que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por su parte, ha referido que la infracción del derecho a la integridad física y psíquica de las personas varía según los factores endógenos y exógenos que deberán ser demostrados en cada situación concreta;[7] manifestando, a la vez, que: “toda persona privada de libertad tiene derecho a vivir en condiciones de detención compatibles con su dignidad personal y el Estado debe garantizarle el derecho a la vida y a la integridad personal. En consecuencia, el Estado, como responsable de los establecimientos de detención, es el garante de estos derechos de los detenidos…”.[8] -CONSIDERANDO (10): Que se ha verificado, en definitiva, el estudio de la presente garantía de Habeas Corpus o Exhibición Personal, así como el informe emitido por la Juez Ejecutora, el cual se aprueba. Considera este Alto Tribunal, que la petición excarcelatoria a favor del privado de libertad, formulada por el garantista, no es de recibo; por no enmarcarse en las disposiciones constitucionales, ni en lo convencionalmente dispuesto por el artículo 1 de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; no pudiendo subsumirse el recurso, acorde el Informe de la Juez Ejecutora, en los presupuestos que, para su otorgamiento, precave el artículo 13 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; por todo lo cual, debe declararse SIN LUGAR la presente garantía de Hábeas Corpus.-POR TANTO: La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 1, 4, 59, 60, 68, 69, 70, 80, 82, 303, 304, 313 atribución 5a. y 316 de la Constitución de la República; 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 5, 7, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1 de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; 1o., 78 atribución 5ª y 137 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 9, 13, 14, 17, 19, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 38, 39, 72 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: DECLARAR SIN LUGAR EL RECURSO DE EXHIBICIÓN PERSONAL impetrado por el Abogado JOSE MANUEL ANDRADE AVILA, a favor del señor MARLON GEOVANY ORELLANA, contra actuaciones del DIRECTOR DEL CENTRO PENAL DE MOROCELI, DEPARTAMENTO DEL PARAÍSO. Y MANDA: 1.- Que se notifique esta sentencia al Abogado impetrante de la presente garantía constitucional. 2.- Que notificada y firme que sea la presente sentencia, se proceda al archivo de las diligencias en Sala de lo Constitucional. NOTIFÍQUESE.-Firmas y Sello. Abogado JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los diecisiete (17) días del mes de agosto del año dos mil veinte (2020), Certificación de la Sentencia de fecha seis (6) de agosto del año dos mil veinte (2020) recaída en el Recurso de Exhibición Personal, registrado en este Tribunal bajo el número 0488-2020 .

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1] Ver el artículo 182 de la Constitución de la República.

[2] Ver artículo 2 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, Decreto Legislativo No. 244-2003.

[3] Suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, y entro en vigor en julio de 1978, publicado en La Gaceta No. 22287 del 1 de septiembre de 1977.

[4] Artículo 16, segundo párrafo de la Constitución de la República de Honduras.

[5] Ver: CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Cuadernillo de Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos No. 26: Restricción y suspensión de derechos humanos / Corte Interamericana de Derechos Humanos y Cooperación Alemana (GIZ). -- San José, C.R., 2020. Págs. 150-151.

[6] Artículo 1, último párrafo, de la Ley del Sistema Penitenciario Nacional.

[7] Ver: Caso Loayza Tamayo v. Perú. Sentencia de 17 de septiembre de 1997, párrafo 57.

[8] Caso Cantoral Benavides v. Perú, sentencia de 18 de agosto de 2000, párrafo 87.