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Sentencia EP-487-20 — Registro 10836

Resumen

Acto recurrido de mantener reclución en pandemia, y en virtud de que el Congreso Nacional emitió decreto donde se señala que las personas que padecen de enfermedades bases como ser diabetes, hipertensión entre otras en el presente caso del impetrante, que tiene fuertes fiebres, tos y presión arterial y posiblemente diagnosticado con Covid-19, por lo que solicita la libertad inmediata de los agraviados para garantizar el derecho a la libertad y la integridad personal

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…" Que se ha verificado, en definitiva, el estudio de la presente garantía de Habeas Corpus o Exhibición Personal, así como el informe emitido por el Juez Ejecutor, el cual se aprueba. Considera este Alto Tribunal, que la petición excarcelatoria a favor de los privados de libertad, HECTOR ANTONIO ROMERO CORTES y JULIO CESAR CRUZ ROMERO, formulada por el garantista, no es de recibo; por no enmarcarse en las disposiciones constitucionales, ni en lo convencionalmente dispuesto por el artículo 1 de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; no pudiendo subsumirse el recurso, acorde el Informe del Juez Ejecutor, en los presupuestos que, para su otorgamiento, precave el artículo 13 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; quedándoles expedita a los apoderados las vías legales para solicitar ante la Corte Suprema de Justicia la revisión de la medida de prisión preventiva a la cual se encuentran sujetos; por lo cual, debe declararse SIN LUGAR la presente garantía de Hábeas Corpus..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, seis de agosto del dos mil veinte. VISTA: Para dictar Sentencia de Recurso de Exhibición Personal interpuesto por el Abogado JOSE MANUEL ANDRADE AVILA, a favor de los señores HECTOR ANTONIO ROMERO CORTES y JULIO CESAR CRUZ ROMERO, contra actuaciones del Director del Centro Penal de Trujillo, departamento de Colon, manifestando que los agraviados se encuentran recluidos en dicho Centro Penitenciario y en virtud de que el Congreso Nacional emitió decreto donde se señala que las personas que padecen de enfermedades bases como ser diabetes, hipertensión entre otras en el presente caso el señor HECTOR ANTONIO ROMERO CORTES, tiene fuertes fiebres, tos y presión arterial y posiblemente diagnosticado con Covid-19 por lo que solicita la libertad inmediata de los agraviados para garantizar el derecho a la libertad y la integridad personal. ANTECEDENTES 1) Que en fecha veinticinco (25) de junio del año dos mil veinte (2020), compareció ante la Secretaria de la Sala de lo Constitucional el Abogado JOSE MANUEL ANDRADE AVILA, interponiendo recurso de Exhibición Personal a favor de los señores HECTOR ANTONIO ROMERO CORTES y JULIO CESAR CRUZ ROMERO, contra actuaciones del Director del Centro Penal de Trujillo departamento de Colon, manifestando que los agraviados se encuentran recluidos en dicho Centro Penitenciario y en virtud de que el Congreso Nacional emitió decreto donde se señala que las personas que padecen de enfermedades bases como ser diabetes, hipertensión entre otras en el presente caso el señor HECTOR ANTONIO ROMERO CORTES, tiene fuertes fiebres, tos y presión arterial y posiblemente diagnosticado con Covid-19 por lo que solicita la libertad inmediata de los agraviados para garantizar el derecho a la libertad y la integridad personal.-(folio 1 al 2 de la pieza del Recurso) 2) Que en fecha veinticinco (25) de junio del año dos mil veinte (2020), este Alto Tribunal admitió el recurso de Exhibición Personal y en consecuencia, nombró como Juez Ejecutor al Abogado MIGUEL ANGEL MARADIAGA VALERIO, a efecto de que rinda un informe sobre los extremos consignados en el presente recurso. (Folio 4 de la pieza del Recurso) 3) Que en fecha veintisiete (27) de junio del año dos mil veinte (2020), el Juez Ejecutor, Abogado MIGUEL ANGEL MARADIAGA VALERIO, en el ejercicio de las responsabilidades inherentes a su cargo, rindió su informe correspondiente, consignando entre otros extremos, lo siguiente: Que en evacuación de la Garantía Constitucional de Habeas Corpus o Exhibición Personal, se personó a las instalaciones del Centro Penal de Trujillo, donde fue atendido por el Clase II ORLIN JOEL OCHOA, Director del Centro Penal, a quién se le puso en conocimiento del nombramiento como Juez Ejecutor con el fin de constatar el estado de Salud de los privados de libertad si estos adolecen de enfermedades crónicas y que estén dentro de la población de riesgo del Corona Virus, COVID-19, manifestándole que le proporcionara toda la información atreves de la clínica médica penitenciaria, poniéndole a la vista dictámenes médicos de ambos internos en los cuales el médico del Centro Penal, Doctor LUIS FERNANDO TERCERO, concluye que ambos internos no adolecen de enfermedades crónicas como diabetes mellitus, hipertensión arterial, cardiopatías enfermedades pulmonares obstructivas, patológicas infectocontagiosas (TUBERCULOSIS, VIH) refiere que presentaron fiebre por un lapso de una semana y que por los momentos no presentan síntomas de alarma respiratoria y con relación al paciente HECTOR ANTONIO ROMERO CORTES, este presenta antecedentes de asma bronquial y obesidad grado 2 y es un paciente de alto riesgo de contraer el virus COVID-19, debido a la falta de insumos, medicamentos, medidas de saneamiento ambiental, personal de asistencia sanitaria, falta de lugares de aislamiento para alejar a los sospechosos o confirmados de COVID-19, de manera inmediata se le puso a la orden a los señores en mención quienes le manifestaron que estuvieron con síntomas de COVID-19 como ser fiebre, tos, dolor de cabeza pero que fueron atendidos por el médico del centro penal, y que están tomando medicina natural que les han disminuido los síntomas que presentaban, se les pregunto si al momento de su detención o dentro del Centro Penal han sido objeto de algún maltrato físico verbal o psicológico por parte de la autoridad penitenciaria a lo cual respondieron que no, dicho Juez Ejecutor se presentó al Tribunal de Sentencias a solicitar el expediente de los privados de libertad pero la secretaria BELKIS BUSTILLO, le manifestó que no podía ponerle a la vista el expediente por que este porque se había remitido a la Sala Penal en Casación contra el fallo condenatorio de fecha catorce de abril del año dos mil diecisiete, por el delito de TENTATIVA DE HURTO Y PRIVACION INJUSTA DE LA LIBERTAD, en perjuicio de ORLANDO ORTIZ Y NELSON RAMIRO PONCE, en vista de todo lo anterior se DECLARA NO HA LUGAR la acción de HABEAS CORPUS o EXHIBICION PERSONAL, interpuesta por el Abogado JOSE MANUEL ANDRADE AVILA, a favor de HECTOR ANTONIO ROMERO CORTES Y JULIO CESAR CRUZ ROMERO. CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia a través de su Sala Constitucional el conocimiento de las acciones de Hábeas Corpus o Exhibición Personal, acorde a lo preceptuado en los artículos 182 y 316 numeral uno de la Constitución de la República, en relación a lo preceptuado en los artículos 3 numeral uno y 13 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, resultando procedente la misma cuando se constate que la persona agraviada se encuentre ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad, o bien, cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción o molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión. CONSIDERANDO (2): Que la Constitución de la República en el artículo precitado, establece en su literalidad: “El Estado reconoce la garantía de Hábeas Corpus o Exhibición Personal, y de Hábeas Data. En consecuencia en el Hábeas Corpus o Exhibición Personal toda persona agraviada o cualquier otra en nombre de ésta tiene derecho a promoverla; y en el Hábeas Data únicamente puede promoverla la persona cuyos datos personales o familiares consten en los archivos, registros públicos o privados de la siguiente manera: 1) EL HÁBEAS CORPUS O EXHIBICIÓN PERSONAL: a) Cuando se encuentre ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad; y, b) Cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión”…[1] CONSIDERANDO (3): Que la justicia constitucional tiene por objeto desarrollar las garantías y las defensas del orden jurídico constitucional. En virtud de ello, establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, que sus disposiciones se interpretarán y aplicarán siempre de manera que aseguren una eficaz protección de los derechos humanos y el adecuado funcionamiento de las defensas del orden jurídico constitucional. De igual manera, la justicia constitucional se aplicará e interpretará de conformidad con los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales sobre derechos humanos vigentes en la República de Honduras, tomando en consideración las interpretaciones que de ellos hagan los tribunales internacionales.[2] CONSIDERANDO (4): Que el Estado de Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (CADH),[3] la que una vez en vigor forma parte del derecho interno[4]; comprometiéndose el Estado a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el artículo 5 el Derecho a la integridad personal y textualmente señala: “1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. 2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano…”. En congruencia a ello, nuestra Carta Magna declara en su artículo 59 que la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado, sosteniendo la obligación de respetarla y protegerla, siendo en consecuencia inviolable la dignidad del ser humano; declaración íntimamente relacionada con el derecho individual que recoge la normativa constitucional en el artículo 68, que textualmente establece: “Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, síquica y moral”. CONSIDERANDO (5): Que, en ese orden de ideas, señala también la jurisprudencia interamericana en materia de derechos humanos, que toda persona privada de libertad tiene derecho a vivir en condiciones de detención compatibles con su dignidad personal. Esto implica el deber del Estado de salvaguardar la salud y el bienestar de las personas privadas de libertad y de garantizar que la manera y el método de privación de libertad no excedan el nivel inevitable de sufrimiento inherente a la misma. Por ello, con base en el principio de no discriminación, el derecho a la vida de las personas privadas de libertad también implica la obligación del Estado de garantizar su salud física y mental, específicamente mediante la provisión de revisión médica regular y, cuando así se requiera, de un tratamiento médico adecuado, oportuno y, en su caso, especializado y acorde a las especiales necesidades de atención que requieran las personas detenidas en cuestión. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos también ha identificado la obligación de los Estados de proveer atención médica a los privados de libertad y de proporcionar cuidados especiales en situaciones de emergencia o debido cuidado en caso de enfermedad severa o terminal. Asimismo, el Comité de Derechos Humanos de la ONU ha establecido que cuando los Estados detienen a una persona asumen una especial responsabilidad de su vida, por lo que corresponde asegurar una protección de este derecho, incluyendo la atención médica adecuada, la cual debe ser ofrecida de oficio, sin necesidad de que sea haga un requerimiento especial por parte de quien se encuentra detenido; estándares de derechos humanos que son aplicables en el caso de mérito, dado que no pueden ser objeto de suspensión, aun en caso de estado de emergencia o excepción legalmente decretado.[5] CONSIDERANDO (6): Que manifiesta el peticionario de habeas corpus, Abogado JOSE MANUEL ANDRADE AVILA, en sustento de su recurso, que los señores HECTOR ANTONIO ROMERO CORTES y JULIO CESAR CRUZ ROMERO, se encuentran guardando prisión preventiva en el Centro Penal de Trujillo, departamento de Colon en situación calificada de riesgo a su libertad e integridad personal; debido a que se encuentran padeciendo de enfermedades bases como ser diabetes, hipertensión entre otras. Asimismo, que, en el presente caso, el señor HECTOR ANTONIO ROMERO CORTES, tiene fuertes fiebres, tos y presión arterial y posiblemente diagnosticado con Covid-19; por lo que, a su criterio, cabe solicitar de la Sala, la libertad inmediata de los agraviados para garantizar el derecho a la libertad y la integridad personal. CONSIDERANDO (7): Que el Abogado MIGUEL ANGEL MARADIAGA VALERIO, Juez Ejecutor nombrado para conocer de la presente garantía constitucional, rindió en tiempo y forma el informe legalmente requerido; siendo del parecer no haber lugar al RECURSO DE EXHIBICIÓN PERSONAL descrito y circunstanciado; en vista a las entrevistas realizadas a los privados de libertad beneficiarios del presente recurso e informes requeridos de las autoridades competentes; de los cuales se verifica que no ha existido violación a los derechos y garantías constitucionales de los agraviados; fundamentalmente por considerar que su condición médica no adolece de enfermedades crónicas como diabetes mellitus, hipertensión arterial, cardiopatías enfermedades pulmonares obstructivas, patológicas infectocontagiosas (TUBERCULOSIS, VIH). Ha referido el Juez Ejecutor, asimismo, que presentaron fiebre por un lapso de una semana, pero que por los momentos no presentan síntomas de alarma respiratoria y que; con relación al paciente HECTOR ANTONIO ROMERO CORTES, este presenta antecedentes de asma bronquial y obesidad grado 2 y es un paciente de alto riesgo de contraer el virus COVID-19, debido a la falta de insumos, medicamentos, medidas de saneamiento ambiental, personal de asistencia sanitaria, falta de lugares de aislamiento. Finalmente, que se le puso a la orden a los beneficiarios del recurso, quienes le manifestaron que estuvieron con síntomas de COVID-19 (fiebre, tos, dolor de cabeza) pero que fueron atendidos por el médico del Centro Penal, prescribiéndosele medicina natural que les ha disminuido tales síntomas. Preguntados si al momento de su detención o dentro del Centro Penal, han sido objeto de maltrato físico verbal, o psicológico, por parte de la autoridad penitenciaria a lo cual respondieron negativamente. ONSIDERANDO (8): Que, mediante Decreto Legislativo No. 64-2012, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 32,990 de fecha 3 de diciembre del año 2012, se crea la Ley del Sistema Penitenciario Nacional, la que tiene como propósito regular la organización y el funcionamiento del Sistema Penitenciario Nacional, el cual está integrado por: 1) El Instituto Nacional Penitenciario (INP); y, 2) Los Establecimientos Penitenciarios. El Sistema Penitenciario Nacional tiene como fines primordiales inter alia, “la retención y custodia de toda persona detenida, en prisión preventiva o cumpliendo condena privativa de libertad.”[6] La precitada ley determina en el artículo 2 que la actividad penitenciaria se debe desarrollar con las garantías y dentro de los límites establecidos por la Constitución de la República, los Tratados Internacionales ratificados por Honduras, las Leyes, los Reglamentos, y las Sentencias Judiciales. El artículo 3 expresamente prohíbe el someter a las personas privadas de libertad a torturas y cualquier trato cruel, inhumano o degradante u otro lesivo a su dignidad. El artículo 8 enumera las atribuciones que tiene el INP, y de interés a la presente sentencia, las establecidas en el numeral 3 y 17, que consisten en: 3) Velar por la seguridad, atención, custodia, asistencia médica, educativa, laboral u otros servicios inherentes a los fines de la ley, de las personas privadas de libertad a su cargo, en prisión preventiva, cumpliendo penas o medidas de seguridad; y, 17) Coordinar con las autoridades judiciales competentes, los ingresos, traslados y egresos de las personas privadas de libertad a su cargo, de acuerdo a lo establecido en la legislación aplicable y la presente Ley. CONSIDERANDO (9): Que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por su parte, ha referido que la infracción del derecho a la integridad física y psíquica de las personas varía según los factores endógenos y exógenos que deberán ser demostrados en cada situación concreta;[7] manifestando, a la vez, que: “toda persona privada de libertad tiene derecho a vivir en condiciones de detención compatibles con su dignidad personal y el Estado debe garantizarle el derecho a la vida y a la integridad personal. En consecuencia, el Estado, como responsable de los establecimientos de detención, es el garante de estos derechos de los detenidos…”.[8] CONSIDERANDO (10): Que se ha verificado, en definitiva, el estudio de la presente garantía de Habeas Corpus o Exhibición Personal, así como el informe emitido por el Juez Ejecutor, el cual se aprueba. Considera este Alto Tribunal, que la petición excarcelatoria a favor de los privados de libertad, HECTOR ANTONIO ROMERO CORTES y JULIO CESAR CRUZ ROMERO, formulada por el garantista, no es de recibo; por no enmarcarse en las disposiciones constitucionales, ni en lo convencionalmente dispuesto por el artículo 1 de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; no pudiendo subsumirse el recurso, acorde el Informe del Juez Ejecutor, en los presupuestos que, para su otorgamiento, precave el artículo 13 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; quedándoles expedita a los apoderados las vías legales para solicitar ante la Corte Suprema de Justicia la revisión de la medida de prisión preventiva a la cual se encuentran sujetos; por lo cual, debe declararse SIN LUGAR la presente garantía de Hábeas Corpus. POR TANTO: La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 1, 4, 59, 60, 68, 69, 70, 80, 82, 303, 304, 313 atribución 5a. y 316 de la Constitución de la República; 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 5, 7, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1 de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; 1o., 78 atribución 5ª y 137 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 9, 13, 14, 17, 19, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 38, 39, 72 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: DECLARAR SIN LUGAR EL RECURSO DE EXHIBICIÓN PERSONAL impetrado por el Abogado JOSE MANUEL ANDRADE AVILA, a favor de los señores HECTOR ANTONIO ROMERO CORTES y JULIO CESAR CRUZ ROMERO contra actuaciones del DIRECTOR DEL CENTRO PENAL DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE COLON. Y MANDA: 1.- Que se notifique esta sentencia al Abogado impetrante de la presente garantía constitucional. 2.- Que notificada y firme que sea la presente sentencia, se proceda al archivo de las diligencias en Sala de lo Constitucional. NOTIFÍQUESE. Firmas y sello. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA, PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiséis días del mes de agosto de dos mil veinte, certificación de la sentencia de fecha seis de agosto de dos mil veinte, recaída en el Recurso de Exhibición Personal registrado en este Tribunal con el número SCO-0487-2020.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA

SALA DE LO CONSTITUCIONAL.

[1] Ver el artículo 182 de la Constitución de la República.

[2] Ver artículo 2 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, Decreto Legislativo No. 244-2003.

[3] Suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, y entro en vigor en julio de 1978, publicado en La Gaceta No. 22287 del 1 de septiembre de 1977.

[4] Artículo 16, segundo párrafo de la Constitución de la República de Honduras.

[5] Ver: CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Cuadernillo de Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos No. 26: Restricción y suspensión de derechos humanos / Corte Interamericana de Derechos Humanos y Cooperación Alemana (GIZ). -- San José, C.R., 2020. Págs. 150-151.

[6] Artículo 1, último párrafo, de la Ley del Sistema Penitenciario Nacional.

[7] Ver: Caso Loayza Tamayo v. Perú. Sentencia de 17 de septiembre de 1997, párrafo 57.

[8] Caso Cantoral Benavides v. Perú, sentencia de 18 de agosto de 2000, párrafo 87.