Sentencia EP-483-20 — Registro 10834
Resumen
Acto recurrido de mantener en peligro la salud del impetrante debido a la pandemia del coronavirus, en relación al proceso penal pendiente, que se analice el caso para el cambio de la prisión preventiva a la medida cautelar del articulo 173 numeral 4 del Código Procesal Penal y se aplique la legislación que mas le favorezca
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
.." Que si bien es cierto, en virtud de la pandemia provocada por la propagación del virus COVID-19, se ha interpuesto el presente recurso de habeas corpus, con la pretensión de lograr salvaguardar y garantizar el derecho a la salud, a la integridad física y hasta la vida de los privados de libertar mediante un cambio de la medida cautelar impuesta en el proceso penal incoado en contra del petente, esta sala de lo Constitucional señala que la acción extraordinaria de Habeas Corpus, no es el procedimiento diseñado por el legislador para ello, sino que el mismo lo constituye el procedimiento ordinario para la aplicación de las medida cautelares, en la cual se llevará a cabo una audiencia Ad hoc en la que el Jue de Instrucción analizará si los privados de libertad, cumplen ciertos requisitos necesarios a ponderar, siendo fundamentales aquellos que demuestren vulnerabilidad a adquirir el COVID-19, siendo la atribución de los Jueces de Instrucción decretar si es procedente o no la sustitución de la medida cautelar de prisión preventiva impuesta. Así las cosas, se concluye que es procedente declarar SIN LUGAR el recurso de habeas Corpus, por no haberse constatado las violaciones establecidas en el artículo 13.1.a y b de la Ley Sobre Justicia Constitucional..."
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 38 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, seis de agosto de dos mil veinte. VISTAS: Las presentes diligencias para dictar Sentencia en el Recurso de Exhibición Personal interpuesto vía correo electrónico por el Abogado Cesar Arturo Heller Portillo, quien manifestó que: “…recurre a favor del señor LEONEL LUCIANO SAUCEDA GUIFARRO, quien se encuentra recluido en el Batallón de la Aldea El Ocotal, Municipio del Distrito Central, contra actuaciones de AUTORIDAD NO DETERMINADA POR EL PETICIONARIO, solicitando que en virtud de tener proceso penal pendiente y debido a la pandemia del coronavirus, se analice el caso para el cambio de la prisión preventiva a la medida cautelar del articulo 173 numeral 4 del Código Procesal Penal, por haber entrado en vigencia las reformas del artículo 184 de dicho código, publicadas en el Diario Oficial La Gaceta en el mes de junio del 2020 y el día entró en vigencia el nuevo Código Penal, por lo que tiene el derecho que se le aplique la ley que más le favorezca, asimismo, que por la edad y el estado de salud del agraviado considera que se debe garantizar su estado de salud ante el Covid-19…” A N T E C E D E N T E S 1) Que, en fecha veinticinco de junio de dos mil veinte, el Abogado Cesar Arturo Héller Portillo, interpuso ante esta Sala, vía correo electrónico recurso de exhibición personal, mediante el cual manifestó que: “…recurre a favor del señor LEONEL LUCIANO SAUCEDA GUIFARRO, quien se encuentra recluido en el Batallón de la Aldea El Ocotal, Municipio del Distrito Central, contra actuaciones de AUTORIDAD NO DETERMINADA POR EL PETICIONARIO, solicitando que en virtud de tener proceso penal pendiente y debido a la pandemia del coronavirus, se analice el caso para el cambio de la prisión preventiva a la medida cautelar del articulo 173 numeral 4 del Código Procesal Penal, por haber entrado en vigencia las reformas del artículo 184 de dicho código, publicadas en el Diario Oficial La Gaceta en el mes de junio del 2020 y el día entró en vigencia el nuevo Código Penal, por lo que tiene el derecho que se le aplique la ley que más le favorezca, asimismo, que por la edad y el estado de salud del agraviado considera que se debe garantizar su estado de salud ante el Covid-19…” (Folios 1-2/3 del recurso) 2) En fecha veinticinco de junio de dos mil veinte, ésta Sala, admitió el recurso de exhibición personal interpuesto por el Abogado Cesar Arturo Héller Portillo, designando como Juez Ejecutor para conocer del recurso de mérito, al Abogado Giancarlo Mendieta Moncada, para que constará los extremos narrados por el recurrente y rindiera el informe correspondiente de sus actuaciones. (Folio 4 del recurso) 3) En fecha seis de julio de dos mil veinte, el Juez Ejecutor nombrado, en el ejercicio de las responsabilidades inherentes a su cargo, compareció ante esta Sala, rindiendo el informe correspondiente, mediante el cual concluyó:PRIMERO:…SEGUNDO:…TERCERO:…CUARTO:…QUINTO:…SEXTO:…SEPTIMO:… OCTAVO: Que en base a los argumentos detallados, este Juez Ejecutor llega a la siguiente conclusión: 1) Que el imputado señor LEONEL LUCIANO SAUCEDA GUIFARRO se encuentra cumpliendo la medida de prisión preventiva enmarcado en el Código Procesal Penal en su artículo 178, dicha resolución fue emitida por el Juez de Letras la cual se encuentra apegada a derecho, 2) Que el imputado el señor LEONEL LUCIANO SAUCEDA GUIFARRO, se encuentra recibiendo la debida atención medica cada vez que lo solicita por parte del CENTRO PENITENCIARIO NACIONAL DE TAMARA, así como lo establece el artículo 63 de la Ley del Sistema Penitenciario que establece: “El régimen penitenciario de asegurar y promover el bienestar psicofísico de las personas internas los (as) Directores (as) de los establecimientos penitenciarios deben dictar las medidas profilácticas e higiénicas necesarias para la protección de la integridad, el mantenimiento de la salud y el bienestar de la población privada de libertad, de acuerdo con los servicios médicos del establecimiento” y lo detalla el informe entregado al suscrito Juez Ejecutor por parte del señor Director del CENTRO PENITENCIARIO NACIONAL DE TAMARA. POR TANTO: Por todo lo anterior expuesto este Juez Ejecutor RESUELVE: NO HA LUGAR el RECURSO DE EXHIBICIÓN PERSONAL a favor del señor LEONEL LUCIANO SAUCEDA GUIFARRO, en vista que el suscrito se constituyó en las instalaciones del CENTRO PENITENCIARIO NACIONAL DE TAMARA, y se logra establecer y constatar a través del informe rendido CPNT-DM-630-2020, de evaluación médica realizada por el Doctor FERNANDO FIGUEROA PADILLA, medico asistencial del CENTRO PENITENCIARIO NACIONAL DE TAMARA, que el detenido tiene un buen estado general de salud y que no ha sido sujeto de torturas, ni vejámenes y también establece el señor Director del Centro Penitenciario Nacional de Tamara en su informe establece que es la segunda vez que se da respuesta a esta EXHIBICIÓN PERSONAL, ya que la primera también fue presentada por el Abogado CESAR HELLER y fue nombrada Juez Ejecutor a la Abogada ELBA CAROLINA LARA ORELLANA No. SCO-273-20; en cuanto a la peticionado por el Abogado Cesar Arturo Héller Portillo al cambio de medida, no es competencia del suscrito Juez Ejecutor el reexamen de la medida impuesta por el Juez de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal… CONSIDERANDO (1): Que el Habeas Corpus, es una garantía constitucional reconocida por el Estado de Honduras en consecuencia en esta acción constitucional, toda persona agraviada o cualquiera en nombre de esta, tiene derecho a promoverla solamente cuando ocurran las circunstancias siguientes: 1.- Cuando se encuentre ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad, y 2.- Cuando en su detención o prisión legal, se aplique al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción molesta innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión.[1] CONSIDERANDO (2): Que la Constitución de la República, en el artículo 316 numeral 1, otorga a la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, la atribución de conocer de la garantía de Habeas Corpus. Así mismo la ley especial, Ley Sobre Justicia Constitucional, establece un control difuso para conocer de la garantía habeas Corpus[2], otorgando capacidad para conocer y resolver de esta acción a todo lo titular de órganos jurisdiccionales señalando a la Sala de lo Constitucional como la competente para conocer de la acción de habeas Corpus en el máximo Tribunal de Justicia.[3] CONSIDERANDO (3): Que el abogado CESAR ARTURO HELLER PORTILLO, vía correo electrónico, interpuso acción constitucional de Habeas Corpus, ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Supremo de Justicia, a favor del señor LEONEL LUCIANO SAUCEDA GUIFARRO y contra las actuaciones de una autoridad no determinada por el recurrente, sin embargo debe entenderse que se trata del encargado del Batallón de la Aldea El Ocotal, del Municipio del Distrito Central, lugar en el cual esta privado de libertad el recurrente, solicitando cambio de la medida cautelar de privación de libertad, por la de arresto domiciliario, ello con el objeto de que se le garantice su derecho fundamental a la salud, a la integridad física y mental, en este tiempo que el mundo atraviesa por la pandemia del Covid-19; así como por el hecho de haberse reformado el artículo 184 del Código Procesal Penal y haber entrado en vigencia el nuevo Código Penal, planteamientos que solamente fueron enunciados más no fueron desarrollados. Es menester mencionar que la acción constitucional de exhibición personal fue interpuesta en fecha veinticinco de junio de dos mil veinte. CONSIDERANDO (4): Que habiendo sido admitido el recurso de exhibición personal, y como lo ordena el procedimiento, se nombró como Juez Ejecutor al Abogado GIANCARLO MENDDIETA MONCADA, Defensor Público de la ciudad de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, a efecto de que constatara de manera inmediata los hechos narrados por la recurrente, ordenándole que de existir alguna irregularidad, haga cesar de manera inmediata cualquier tormento, tortura, vejamen, exacción ilegal y toda coacción, restricción o molestia innecesaria para la seguridad individual, debiendo ordenar a la autoridad recurrida, rendir el informe correspondiente dentro del plazo y con las formalidades establecidas en el artículo 26 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, y una vez habiendo conocido a prevención, ordenó la remisión de las diligencias a la Sala de lo Constitucional quien es la competente para conocer. Que el Abogado GIANCARLO MENDIETA MONCADA, actuando en su condición antes indicada, compareció ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Supremo de Justicia, en fecha seis de julio de dos mil veinte, el Juez Ejecutor nombrado, y en el ejercicio de las funciones inherentes a su cargo, rindió el informe correspondiente, en el cual consignó: a) que es la segunda vez que se da respuesta a esta EXHIBICIÓN PERSONAL, ya que la primera también fue presentada por el Abogado CESAR HELLER y fue nombrada Juez Ejecutor a la Abogada ELBA CAROLINA LARA ORELLANA No. SCO-273-20. b) Que se llevó a cabo el procedimiento de rigor, y después de haber analizado la situación Jurídica del señor LEONEL LUCIANO SAUCEDA GUIFARRO, y de los informes recibidos, el Juez Ejecutor, resolvió: “DECLARA: I) No ha lugar a la Acción de Exhibición Personal o Habeas Corpus a favor del privado de libertad Leonel Luciano Sauceda Guifarro, ya que se encuentra detenido legalmente contando con mandato escrito de autoridad competente. II) No sufre de ningunos de los tratos inhumanos que la ley protege y ordena que cesen de inmediato mediante esta acción. CONSIDERANDO (5): Que se debe mencionar que la Sala de lo Constitucional han revisado la documentación que conforma el expediente EP SCO-0483-202, en las cuales no se encuentra un hecho nuevo que haga que esta Sala tome una decisión distinta a la determinada en sentencia definitiva dictada en el Recurso de Exhibición Personal SCO-273-2020, en la cual se declaró SIN LUGAR EL RECURSO DE EXHIBICIÓN PERSONAL interpuesto en esa ocasión. Asimismo se debe mencionar, que si bien, se expone en el escrito de petición de Exhibición Personal, que el artículo 184 del Código Procesal Penal ha sufrido una reforma así como la entrada en vigencia del Nuevo Código Penal, es preciso afirmar que no se expone a esta Sala de lo Constitucional, ningún planteamiento al respecto, y en caso de haberse hecho, no podría ser otro planteamiento más que uno estrictamente procesal, el cual debe ser decidido por jueces de instancia y no por la justicia constitucional. Así las cosas, esta Sala se auxilia de nuevo de la motivación de aquella decisión, (distinta a la determinada en sentencia definitiva dictada en el Recurso de Exhibición Personal SCO-273-2020), misma que se apunta a continuación. CONSIDERANDO (6): Que el Presidente Constitucional de la República, en Consejo de Ministros, emitió el Decreto Ejecutivo PCM-005-2020, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 3,171, de fecha 1 de febrero de 2020, mediante el cual se decretó declarar Estado de Emergencia Sanitaria en todo el territorio nacional, con el propósito de continuar y fortalecer las acciones de prevención y control entre otros, para garantizar la atención a la personas ante el posible contagio del virus denominado COVID-19.- En fecha posterior, el 16 de marzo de 2020, se emitió el Decreto Ejecutivo PCM-021-220, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 35,201, de fecha 16 de marzo de 2020, mediante el cual se decretó la restricción de garantías constitucionales por siete días, restricciones que se han venido extendiendo en el tiempo hasta esta fecha y son de obligatorio cumplimiento para la sociedad en general, para detener o evitar un contagio masivo, por lo que le corresponde al Estado de Honduras el garantizar los derechos fundamentales aludidos, a la luz de la declaración constitucional que la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado, señalando la obligatoriedad de protegerla. CONSIDERANDO (7): Que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en fecha diez de abril de dos mil veinte, emitió la Resolución No.01/2020 “PANDEMIA Y DERECHOS HUMANOS EN LA AMERICAS”, estimando que la pandemia del COVID-19 puede afectar gravemente la plena vigencia de los derechos humanos de la población, en virtud de los serios riesgos para la vida, y siendo que el derecho humano afectado por esta pandemia es precisamente el más preciado –la vida- como consecuencia de una afectación grave y directa al derecho humano a la Salud, es ahora el momento de tomar decisiones urgentes que garanticen los derechos fundamentales a la vida, a la salud, y a la integridad personal de todas aquellos personas que se encuentren privadas de libertad, siempre y cuando adolezcan de enfermedades crónicas como diabetes Mellitus, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, personas mayores de 60 años, personas que padezcan de enfermedades respiratorias crónicas como neumonía, tuberculosis, VIH y otras enfermedades que debido a su condición inmunológica pongan en riesgo la salud de las Personas privadas de su libertad. CONSIDERANDO (8): Que en observancia a las recomendaciones dadas por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos a sus Estados miembros, en la Resolución No.01/2020, entre otras, la recomendación número uno consistente en adoptar de manera inmediata y urgente las medidas adecuada para proteger los derechos a la vida e integridad personal de las personas, en este caso, privadas de libertad, que se encuentren frente al riesgo que representa la pandemia, la Sala de lo Constitucional, instituye resolver las acciones de habeas corpus, elevándolas a un recurso humanitario, por lo que, que de ser el caso, decretaría el cambio de la prisión preventiva por la medida cautelar de arresto domiciliario, sobreponiendo razones humanitarias por sobre el análisis de los presupuestos de las medidas cautelares, pues estamos ante una situación extraordinaria de pandemia mundial por la proliferación del virus COVID-19, ayudando así, no solo al beneficiario de esta acción constitucional, sino que a la reducción del hacinamiento en los centros penales. Que en el mismo cuerpo convencional, en el numeral 46 relativo a las recomendaciones a los privados de libertad, señala que en el caso de personas condenadas por graves violaciones a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad, atendiendo el bien jurídico afectado, la gravedad de los hechos y la obligación de los Estados de sancionar a los responsables de tales violaciones, tales evaluaciones requieren de un análisis y requisitos más exigentes, con apego al principio de proporcionalidad y a los estándares interamericanos aplicables. CONSIDERANDO (9): Que el artículo 182.1.b, de la Constitución de la República manda que cuando en su detención o prisión legal, se aplique al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción o molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión, tiene derecho a pedir su exhibición ante órgano jurisdiccional para que se le restituya, en este caso, su libertad. Asimismo, el artículo 13 de la Ley Sobre Justicia Constitucional ha sido redactado en iguales términos que el artículo 182.1.b constitucional, siendo procedente la aplicación del artículo 14 de la Ley Sobre Justicia Constitucional referente a la restitución o aseguramiento a la libertad o cese de los tormentos. CONSIDERANDO (10): Que si bien es cierto, en virtud de la pandemia provocada por la propagación del virus COVID-19, se ha interpuesto el presente recurso de habeas corpus, con la pretensión de lograr salvaguardar y garantizar el derecho a la salud, a la integridad física y hasta la vida de los privados de libertar mediante un cambio de la medida cautelar impuesta en el proceso penal incoado en contra del petente, esta sala de lo Constitucional señala que la acción extraordinaria de Habeas Corpus, no es el procedimiento diseñado por el legislador para ello, sino que el mismo lo constituye el procedimiento ordinario para la aplicación de las medida cautelares, en la cual se llevará a cabo una audiencia Ad hoc en la que el Jue de Instrucción analizará si los privados de libertad, cumplen ciertos requisitos necesarios a ponderar, siendo fundamentales aquellos que demuestren vulnerabilidad a adquirir el COVID-19, siendo la atribución de los Jueces de Instrucción decretar si es procedente o no la sustitución de la medida cautelar de prisión preventiva impuesta. Así las cosas, se concluye que es procedente declarar SIN LUGAR el recurso de habeas Corpus, por no haberse constatado las violaciones establecidas en el artículo 13.1.a y b de la Ley Sobre Justicia Constitucional. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos, en aplicación de los artículos 80, 82, 182.1, 303, 304, 313 numerales 5 , 316 numeral 1) de la Constitución de la República; 8 y 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 9 y 10 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos; 5, 7, 8, 24, y 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos; 1, 74, 78 numeral 5) de la Ley de Organización y Atribución de los Tribunales; 9 numeral 1), 10 numeral 1), 12, 13, 14, 17, 19, 25, 26,31, 34, 37, 38 y 70 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, recomendación número uno y cuarenta y seis de la Resolución No.01/2020 “PANDEMIA Y DERECHOS HUMANOS EN LA AMERICAS”; FALLA: DECLARAR SIN LUGAR, el Recurso de Exhibición Personal o Habeas Corpus por el abogado CESAR ARTURO HELLER PORTILLO, a favor del señor LEONEL LUCIANO SAUCEDA GUIFARRO, contra las actuaciones del director del Batallón de la Aldea El Ocotal, Municipio del Distrito Central. Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente sentencia, se proceda al archivo de las presentes diligencias. Redactó el Magistrado SERRANO VILLANUEVA.- NOTIFIQUESE.- Firmas y sello. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los dieciocho días del mes de agosto de dos mil veinte, certificación de la sentencia de fecha seis de agosto de dos mil veinte, recaída en el recurso de exhibición personal registrada en este Tribunal con el número SCO-0483-2020.
ABOG. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.
[1] Artículo 182.1 de la Constitución de la República, Decreto No. 131 del 11 de enero de 1982, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 23,612 del 2 de enero de 1982.
[2] Artículo 17 de la LSJC.
[3] Artículo 3.1, 9.1 de la LSJC