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Sentencia EP-476-20 — Registro 10830

Resumen

Acto recurrido de negarle el acceso a su dieta alimentaria, que el Estado no cuenta con la capacidad para la atención que necesita su representada, pues ella no ha podido tener acceso a la dieta especial referida por su médico, cosa que la lleva al sufrimiento de sus padecimientos, y hace que se le vulnere y se le ponga en riesgo su salud, en perjuicio del impetrante

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…" Por lo tanto procede declarar sin lugar la presente acción, al quedar constatado con los informes, que no se están vulnerando sus garantías y especialmente que se esté negando atención médica, se le realizan su evaluación médica y si bien es cierto que está prohibida la visita de familiares por la adopción de medidas para evitar contagios por COVID-19, no menos cierto es que en el informe está autorizado el ingreso de medicamentos y dietas especiales a los que padecen cierto tipo de enfermedades y que así lo requieren, por tanto la recurrente o familiares pueden hacer llegar a la privada de libertad los medicamentos y dietas especiales tal como ha quedado establecido, con lo que se descarta que se estaría vulnerando garantías y derechos reconocidos por la Constitución de la República a la privada de libertad, en consecuencia las disposiciones contenidas en la Ley Sobre Justicia Constitucional, se interpretarán y aplicarán de manera que aseguren una efectiva protección de los derechos humanos y las defensas del orden jurídico constitucional aplicándose e interpretándose en atención a los tratados, convenciones y todos aquellos instrumentos internacionales vigentes en la República de Honduras. En tal sentido, esta Sala de lo Constitucional acompaña el contenido del informe rendido por la Juez Ejecutora, en el sentido que no se han vulnerado garantías individuales a la supuesta agraviada procede por tanto declarar no ha lugar el Recurso de Habeas Corpus o Exhibición Personal solicitado a su favor..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, seis de agosto de dos mil veinte.- VISTA: Para dictar Sentencia en el Recurso de Exhibición Personal interpuesto por la abogada LIZET MORALES RODRIGUEZ, a favor de la señora CONSUELO SILVA SORIANO, contra actuaciones de la DIRECTORA DE LA PENITENCIARÍA NACIONAL FEMENINA DE ADAPTACIÓN SOCIAL (PNFAS); manifestando la peticionaria, que su representada se encuentran en una situación de peligro y alto riesgo a su vida. Situación que, a criterio de la peticionaria, violenta en perjuicio de su representada, los derechos contenidos en los artículos 59, 60, 61, 65 82.2 y 145 de la Constitución de la República; 1, 3, 8 y 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 2 y 7 del Pacto Internacional de los Derechos Humanos, y; 4, 7 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha veintidós (22) de junio de dos mil veinte (2020), mediante correo electrónico dirigido al Secretario de la Sala de lo Constitucional, la abogada WENDY LIZET MORALES RODRIGUEZ, interpuso Recurso de Exhibición Personal a favor de la señora CONSUELO SILVA SORIANO, contra actuaciones de la DIRECTORA DE LA PENITENCIARÍA NACIONAL FEMENINA DE ADAPTACIÓN SOCIAL (PNFAS). Manifestando la peticionaria, que el Estado no cuenta con la capacidad para la atención que necesita su representada, pues ella no ha podido tener acceso a la dieta especial referida por su médico, cosa que la lleva al sufrimiento de sus padecimientos, y hace que se le vulnere y se le ponga en riesgo su salud. Situación que, a criterio de la peticionaria, violenta en perjuicio de su representada, los derechos contenidos en los artículos 59, 60, 61, 65 82.2 y 145 de la Constitución de la República; 1, 3, 8 y 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 2 y 7 del Pacto Internacional de los Derechos Humanos, y; 4, 7 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. (Folios 1-5 del presente Recurso)- 2) Que, en la misma fecha, este Alto Tribunal admitió el presente recurso y, en consecuencia, nombró como Juez Ejecutora, a la abogada EDA VELÁSQUEZ, Defensora Pública de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, a efecto de que rindiera un informe sobre los extremos consignados en el presente recurso. (Folio 6 del presente Recurso)- 3) Que en fecha veinte (20) de julio de dos mil veinte (2020), la Juez Ejecutora compareció ante esta Sala, y en el ejercicio de las responsabilidades inherentes a su cargo, rindió el informe correspondiente, consignando entre otros extremos, lo siguiente: A) Que en fecha veintinueve (29) de junio de dos mil veinte (2020), recibió el informe solicitado a la Directora de la Penitenciaria Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), la subcomisionada de policía NOLVIA CRISTINA SORTO HERRERA, en donde pudo constatar, que las medidas de prevención que se están llevando a cabo en dicho centro penitenciario, son: la prohibición del ingreso de personas ajenas a dicho centro penitenciario, incluyendo visitas de familiares, sin embargo, si se le está dando ingreso a los alimentos, medicamentos y frutas autorizados, que estos mismos traen; charlas para los privados de libertad y personal administrativo y de seguridad de dicho centro penitenciario, para disminuir el contagio de COVID-19; dotación de kit de higiene persona, mascarillas e implementos de aseo, para las privadas de libertad; se han establecido aéreas de aislamiento para cualquier privada de libertad sospechosa, las personas que ingresan para guarda y custodia, y las personas de primer ingreso; fumigación de los espacios físicos en el interior y exterior de dicho centro penitenciario, así como a las cosas pertenecientes al personal administrativo y operativo, y los productos permitidos que traen los familiares, antes de su ingreso a las instalaciones; evaluaciones médicas periódicas; la creación de un protocolo de manejo, para identificar a las privadas de libertad bajo crisis, estrés y pánico, y; la creación de un grupo de apoyo que incluye al consejo técnico interdisciplinario y el departamento médico del centro, para la toma de decisiones; B) Asimismo, informa que la señora CONSUELO SILVA SORIANO, se encuentra ubicada en el hogar No.3; ingreso a dicho centro penitenciario en fecha cinco (5) de febrero de dos mil diecinueve (2019); que es acusada del delito de TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS AGRAVADO, en perjuicio de la SALUD DE LA POBLACIÓN HONDUREÑA; fue remitida bajo orden del Juzgado de Letras Penal con Jurisdicción Nacional, y; su condición jurídica es de procesada; C) Que en atención a las medidas adoptadas para salvaguardar la vida de las mujeres internas en dicho centro penitenciario, no considera que sea necesaria la entrevista a la señora CONSUELO SILVA SORIANO, ya que lo que motiva el presente recurso, es un reclamo a las medidas de prevención adoptadas por la Penitenciaria Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS); D) En vista de todo lo expuesto anteriormente, la Juez Ejecutora Resolvió: (SIC) “DECLARA: NO HA LUGAR la acción del recurso de exhibición personal, interpuesto por el Abogada WENDY LIZETH MORALES RODRIGUEZ.” (Folios 16–22 del presente Recurso).- CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte suprema de Justicia, a través de la Sala de lo constitucional conocer la Garantía de Exhibición Personal según lo preceptuado en los artículos 313 numeral 3) y 5) en relación directa con el 182 de la Constitución de la República; de igual forma a lo previsto en el artículo 39 párrafo último, de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto 244-2003.- CONSIDERANDO (2): Que la acción de Exhibición Personal es una garantía constitucional de carácter excepcional, en la que toda persona agraviada o cualquier otra en nombre de ésta tiene derecho a promoverla como lo establece el artículo 182 Constitucional en correspondencia con lo citado en el artículo 13 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, debiendo adoptarse sin demora las medidas necesarias para la averiguación del caso concreto, tomando en cuenta que es deber del Estado garantizar la libertad personal y la integridad de la persona humana, cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción restricción o molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión.- CONSIDERANDO (3): Que la Sala conoce el Recurso de Exhibición Personal, promovido por la abogada Wendy Lizeth Morales Rodríguez actuando como defensora de la señora Consuelo Silva Soriano, contra actuaciones del Director (a) General de la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), ubicada en Tamara, Francisco Morazán, manifestando en su extenso recurso que su representada padece de distintas enfermedades diagnosticadas como hipertensión, problemas gastrointestinales entre otros, que ocupa medicamentos para mantenerse controlada y dietas para evitar el detrimento de su salud. Que durante esta pandemia su representada no ha podido recibir asistencia médica de calidad, cuando las garantías constitucionales están suspendidas por el Estado de Emergencia, vulnerando el derecho a la vida, salud, alimenticio, asistencia médica adecuada; se ha constatado una serie de violaciones entre estas, sufren tortura, tratos crueles e inhumanos o degradantes, manifestando que el Estado no cuenta con la capacidad para atender a cada privado de libertad con la llegada del Covid 19. Que su representada no ha podido tener acceso a la correspondiente dieta lo que con lleva al sufrimiento de padecimientos, siendo un vejamen a la seguridad individual de su representada así como al no suministro de sus medicamentos de conformidad a lo indicado por el médico de turno, con lo que se está vulnerando y poniendo y riesgo la salud de su representada, cuando el sistema penitenciario está en la obligación de asegurar y promover el bienestar psicofísico de las personas internas, deben dictar las medidas profilácticas e higiénicas necesaria para la protección de la integridad y mantenimiento de salud y el bienestar de la población privada de libertad, de acuerdo con los servicios médicos del establecimiento y solicita que se autorice la entrada por parte de los familiares, las dietas y medicamentos a la privada de libertad que representa.- CONSIDERANDO (4): Que la Corte Suprema de Justicia a través de la Sala de lo Constitucional, en fecha veintidós de junio del presente año, vía correo electrónico recibe y admite el recurso de exhibición personal de parte de la abogada Wendy Morales a favor de la privada de libertada Consuelo Silva Soriano con cuatro folios útiles y designa como Juez Ejecutora a la abogada Eda Velásquez, Defensora Pública de la ciudad de Tegucigalpa, instruyéndole que para que constate los extremos narrados por la recurrente, constituirse a lugar donde se encuentra detenida la señora Consuelo Silva Soriano haciendo cesar de manera inmediata cualquier tormento, tortura, vejamen , exacción ilegal y toda coacción, restricción o molestia innecesaria para su seguridad individual, asimismo, que las autoridades señaladas, rindan el informe de conformidad a lo establecido en el artículo 26 de la Ley Sobre Justicia constitucional, librando la comunicación con las inserciones de estilo, notificando al Fiscal del Despacho el proveído para los efectos de ley para que se dé estricto cumplimento a los deberes inherentes al cargo que ostenta.- CONSIDERANDO (5): Que la Juez Ejecutora, cumpliendo lo ordenado en la providencia de fecha 22 de junio del corriente año, procedió a dar cumplimiento a lo ordenado por la Corte Suprema de Justicia a través de la Sala de lo Constitucional, tal como se aprecia de autos requirió en fecha 23 de junio del 2020 a la directora de la Penitenciaria Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), como corre a folio 19 donde se le hace conocer el recurso interpuesto así como los motivos del mismo entre estos, que el Estado no cuenta con la capacidad de atención que cada privado de libertad necesita, por lo que el suministro de medicamentos está a cargo de familiares, así como las dietas de alimentación especial que se les ha recomendado, las que no se han podido ingresar los días que el centro tiene establecido, que con la llegada del Covid-19 al país ha sido imposible el ingreso de medicamentos y dietas así como la restricción de visitas lo que lleva al sufrimiento de sus padecimientos, siendo un vejamen a la seguridad individual de su representada, por lo que es evidente la violación de garantías constitucionales, cuando el fin supremo es la vida y que todos somos iguales ante la ley, teniendo el derecho a la salud, lo que no se está cumpliendo poniendo en riesgo la misma de su representada, por lo que requiere un informe detallado en el plazo que ordena y formalidades del artículo 26 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- CONSIDERANDO (6): Que corre a folio 20 y 21 de las diligencias investigativas, el informe rendido por la directora de PNFAS-INP, Sub Comisionada, Nolvia Cristina Sorto Herrera, en el que entre otros asuntos señala, que pone a la vista a la señora Consuelo Silva Soriano para entrevista, asimismo informa que la Dra. Bessy Ávila, medico asistencial de la Penitenciaria es quien atiende junto a su equipo en lo relacionado a su salud y el Covid-19. Que las medidas tomadas para evitar que la interna se contagie consisten en: a) Se prohibió a nivel de autoridades superiores del INP el ingreso de personas ajenas al establecimiento penitenciario entre ellas familiares, sin embargo, se está permitiendo a los familiares traerles cualquier alimento, medicamentos y frutas permitidas; b) Se brindó charlas por parte del departamento médico para la prevención del covid-19 (lavado correcto manos, manera correcta uso de mascarillas): c) Dotó de kit de higiene personal para prevención covid-19; d) Doto de mascarillas e implementos de aseo, cloro jabón líquido, desinfectante, guantes, gel de manos y papel toalla; e)Se creó área de aislamiento en el interior de la Penitenciaria para cualquier privada de libertad que resulte sospechosa de Covid-19;f) Habilitación de espacio físico para las personas que ingresan para guarda y custodia de primera ingreso; g) Fumigación de todos los espacios físicos al interior y exterior de la Penitenciaria con liquido antiséptico para evitar contagios; h) Se realiza evaluación médica periódica a la privada de libertad, asimismo se realiza fumigación a todo el personal administrativo y operativo antes de ingresar a laborar a estas instalaciones (ropa, zapatos y carteras y bolsos; i) Se fumiga todos los productos alimenticios embolsados que traen los familiares, Banasupro, si como el agua purificada en bolsa y botellones: j) Se creó un protocolo de manejo de privadas de liberta para identificar cuando las privadas están en crisis, stress y pánico; k) Se creó un grupo de apoyo que incluye Consejo Técnico Interdisciplinario de la Prisión en coordinación con el Departamento Medico que está equipado con siete médicos generales, un gineco-obstetra, dos odontólogos, 1 pediatra y siete enfermeras; l) La privada de libertad, Consuelo Silva Soriano, está ubicada en el Hogar No.3, ingresó a la Penitenciaria Nacional Femenina de Adaptación Social el 5 de febrero del 2019, por el delito de Tráfico Ilícito de Drogas Agravado en perjuicio de la Salud de la Población del estado de Honduras a la orden del Juzgado de Letras Penal con Jurisdicción Nacional, su condición jurídica es de procesada.- CONSIDERANDO (7): Que en fecha treinta de junio del presente año, obra a folio del 16 al 18 el informe final rendido por la Juez Ejecutora en el que expone lo siguiente; que se constituyó en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Especial para hacer saber a la autoridad denunciada sobre los motivos del recurso así como requerir informe respectivo con las formalidades del artículo 26 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, en el que transcribe cada una de las medidas de prevención y de bioseguridad que se implementan en dicho centro penitenciario para evitar contagios de Covid-19 y que se destacan en el considerando que antecede; en cuanto a la vulneración del derecho a la salud refiere que a las privadas de libertad se les está brindando todas las atenciones en el departamento medico el que está debidamente equipado con siete médicos generales, un gineco-obstetra, dos odontólogos, un pediatra y siete enfermeras; que Consuelo Silva Soriano se encuentra en el Hogar No.3 y que ingresó al recinto penitenciario el 5 de febrero del 2019 por el delito de Tráfico Ilícito de Drogas Agravado en perjuicio de la Salud de la Población Hondureña a la orden del Juzgado de Letras Penal con Jurisdicción Nacional, su condición jurídica es de procesada. Que la emergencia que impera en el país y todo el mundo, con la pandemia Covid-19 obliga a tomar todas las medidas de prevención con responsabilidad, por lo que la Penitenciaría ha tomado con responsabilidad todas las medidas pertinentes para evitar el contagio por Covid-19, cuyo fundamento son las normas nacionales e internacionales que incluyen recomendaciones de conformidad al contexto penitenciario, que tiene como objeto reducir la probabilidad de ingreso del virus dentro de reclusorio, que pudiere generar el colapso de servicios de salud. En lo referente al motivo que expresa la recurrente que el Estado no está capacitado para atender los servicios de salud de los privados de libertad, por lo que los suministros de medicamentos y dietas que se les han recomendado está a cargo de sus familiares, las que no han podido ingresar debido a la emergencia por la pandemia Covid-19, la penitenciaria entre sus medidas ha prohibido la visita de familiares a nivel de autoridades superiores del INP, de personal ajeno a las instalaciones; sin embargo, si se está permitiendo a los familiares llevarles alimentos, medicamentos y algunas frutas permitidas, en ese sentido los recurrentes o familiares pueden hacer llegar los medicamentos y alimentación especial que requiera la privada de libertad Consuelo Silva Soriano; expresa además la Juez Ejecutora en su informe, que en atención a la restricción y que fue adoptada para salvaguardar la vida de las internas y la protección de la Salud de la suscrita, a su criterio no fue necesaria la entrevista, ya que lo que motivo el recurso es un reclamo a las medidas de prevención adoptadas por la Penitenciaria Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS). En tal sentido es del criterio que se declare No ha Lugar la Acción de Exhibición Personal, ya que la misma procede cuando una persona se encuentra ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad y cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción o molestias innecesarias para su seguridad individual o para el orden de la prisión, contenidas en el artículo 13 de la Ley Sobre Justicia constitucional, en el presente caso no se cumplen con los presupuestos del artículo que antecede y 182 de la Constitución de la República.- CONSIDERANDO (8): Que esta Sala de lo Constitucional ha examinado las actuaciones realizadas por la Juez Ejecutora, estimando que ha cumplimentado las mismas de conformidad a lo ordenado en la providencia de admisión del recurso, cuyo propósito es conocer y constatar los hechos denunciados, para concluir con lo investigado si los hechos narrados en el recurso a presuntas violaciones a derechos y garantías constitucionales contra la privada de libertad en el Centro de Reclusión donde guarda prisión se están dando por parte de las autoridades denunciadas, rindiendo el informe final en el que declare si concurren o no los presupuestos de Ley relativos a la figura del Habeas Corpus según dispone la Ley Sobre Justicia Constitucional en su artículo 13 relacionado al 182 de la Constitución de la República.- CONSIDERANDO (9): Que esta Sala ha verificado que la Juez Ejecutora se constituyó en las instalaciones del Centro Penitenciario para requerir de la Directora el informe respectivo; relativos a presuntas violaciones de derechos a la privada de libertad Consuelo Silva Soriano referente a que no se le está permitiendo la entrada de sus medicamentos y las dietas recomendadas por el médico de turno para atender sus padecimientos, lo que estaría perjudicando su salud debido a que con las implementación de medidas de seguridad por la Pandemia que azota al país, medidas con las que se ha prohibido entre otras, la visita de familiares todo con la implementación del Decreto de Emergencia emitido por el Gobierno de la República, que si bien es para evitar contagios por Covid-19, también es cierto que al no permitir la entrada de sus medicamentos para atender sus padecimientos y los alimentos de dietas especiales, esto va en detrimento del derecho a su salud a la que está obligada el Estado en salvaguardar la vida de las internas, ya que la privada de libertad está bajo su custodia.- CONSIDERANDO (11): Que Se desprende del informe rendido por la Directora del Centro Penal, que la interna está recibiendo asistencia médica por la Dra. Ávila medico asistencial de la penitenciaría, quien es evaluada por el equipo de trabajo encargado de la salud, que se adoptaron una serie de medidas de bioseguridad para evitar contagios por Covid-19 entre estas, la prohibición de visitas tanto de familiares como de personas ajenas del Recinto Penitenciario, que el motivo del recurso se fundamenta principalmente en que no se le permite la entrada de medicamentos y alimentos de dieta especial recomendados por el médico de turno debido a sus padecimientos, hecho que ha quedado descartado con el informe rendido por la autoridad penitenciaria, en el mismo se señala en el inciso :”a)Se prohíbe a nivel de autoridades superiores del INP el ingreso de personas ajenas a este establecimiento penitenciario entre ellas las visitas de los familiares, sin embargo, se está permitiendo a los familiares traerles cualquier alimento, medicamentos y frutas permitidas”.(lo subrayado es nuestro), de otro lado, la privada de libertad Consuelo Silva Soriano se encuentra ubicada en el Hogar No.3 de dicho Centro Penitenciario, ingreso desde el 5 de febrero del 2019 por el delito de Tráfico Ilícito de Drogas Agravado en perjuicio de la Salud de la Población del Estado de Honduras a la orden del Juzgado de Letras Penal con Jurisdicción Nacional, su condición jurídica es de procesada.- CONSIDERANDO (12): Que esta Sala de lo Constitucional ha dictado diversas sentencias, en donde ha establecido medidas correctivas al funcionamiento del sistema penitenciario del país, entre las cuales se señala con precisión, que las autoridades penitencias procedan a garantizar el acceso a los medicamentos prescritos, alimentación e insumos de higiene que requieren los privados de libertad indicados, que serán distribuidos por parte de la Autoridad Pública, así como los que suministren sus familiares, mediante los protocolos apropiados para su entrega, que afiancen la seguridad interna de la prisión, medida que ya se está implementado como se deduce del informe rendido, tomando en cuenta que el derecho a la protección de la salud se encuentra constitucionalizado en el artículo 145 de nuestra Carta Magna, así como en las convenciones y pactos internacionales de protección la salud y la vida de los que Honduras es signataria.- CONSIDERANDO (13): Que la Constitución de la República dispone en su artículo 68: “Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, síquica y moral. Nadie debe ser sometido a torturas, ni penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”. De otro lado, la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, y de la cual Honduras forma parte, Artículo 5. Derecho a la Integridad Personal: “1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. 2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”.- CONSIDERANDO (14): Que el artículo 69 de nuestra Carta Magna señala, que la libertad individual es inviolable y solo con arreglo a las leyes podrá ser restringida o suspendida temporalmente; por tanto procede la restricción únicamente con la intervención del órgano jurisdiccional competente, en el presente caso, su condición jurídica es de procesada y se le sigue causa por suponerla responsable del Delito de Tráfico Ilícito de Drogas Agravado en perjuicio de la Salud de la Población Hondureña a la orden del Juzgado de Letra Penal con Jurisdicción Nacional, por tanto su detención emana de autoridad competente.- CONSIDERANDO (15): Que de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 38 de la Ley Sobre Justicia se declarara con lugar la exhibición personal, cuando se constate la violación de alguno (s) de los supuestos establecidos en los artículos 13 y 24 de esta Ley. En caso contrario se declarará sin lugar. El artículo 13.1 de esta ley, preceptúa que procede el habeas corpus: a) Cuando se encuentre ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo del goce de su libertad; y b) Cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción o molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión.- Artículo 24. Las privaciones de libertad se consideran arbitrarias e ilegales: 1) Toda orden verbal de prisión o arresto, salvo si tiene como finalidad impedir la inminente comisión de un delito, la fuga de quienes hayan participado en aquel o evitar daños graves a las personas o a la propiedad; 2) Toda orden de prisión o arresto que no emane de autoridad competente o que haya sido expedida sin las formalidades legales o por motivos que no hayan sido previamente establecidos en la ley; y 3) Toda detención o arresto que no se cumpla en los centros destinados para el efecto por el Estado. Que a la privada de libertada no le comprenden los presupuestos de ley en los artículos anteriormente citados y transcritos de los artículos 13 y 24 de la Ley de Justicia Constitucional; por lo tanto procede declarar sin lugar la presente acción, al quedar constatado con los informes, que no se están vulnerando sus garantías y especialmente que se esté negando atención médica, se le realizan su evaluación médica y si bien es cierto que está prohibida la visita de familiares por la adopción de medidas para evitar contagios por COVID-19, no menos cierto es que en el informe está autorizado el ingreso de medicamentos y dietas especiales a los que padecen cierto tipo de enfermedades y que así lo requieren, por tanto la recurrente o familiares pueden hacer llegar a la privada de libertad los medicamentos y dietas especiales tal como ha quedado establecido, con lo que se descarta que se estaría vulnerando garantías y derechos reconocidos por la Constitución de la República a la privada de libertad, en consecuencia las disposiciones contenidas en la Ley Sobre Justicia Constitucional, se interpretarán y aplicarán de manera que aseguren una efectiva protección de los derechos humanos y las defensas del orden jurídico constitucional aplicándose e interpretándose en atención a los tratados, convenciones y todos aquellos instrumentos internacionales vigentes en la República de Honduras. En tal sentido, esta Sala de lo Constitucional acompaña el contenido del informe rendido por la Juez Ejecutora, en el sentido que no se han vulnerado garantías individuales a la supuesta agraviada procede por tanto declarar no ha lugar el Recurso de Habeas Corpus o Exhibición Personal solicitado a su favor.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos, en aplicación de los artículos 80, 82, 182, 303, 304, 313 numerales 5, 316 numeral 1) de la Constitución de la República; 8 y 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 9 y 10 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos; 5, 7, 8, 24, y 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos; 1, 74, 78 numeral 5) de la Ley de Organización y Atribución de los Tribunales; 9 numeral 1), 10 numeral 1), 12, 13, 14, 17, 19, 25, 26, 31, 34, 37, 38 y 70 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, FALLA: DECLARAR SIN LUGAR, el Recurso de Exhibición Personal o Habeas Corpus promovido por la Wendy Lizet Morales Rodríguez a favor de Consuelo Silva Soriano. Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente sentencia, se proceda al archivo de las presentes diligencias. Redactó el Magistrado SERRANO VILLANUEVA.- NOTIFIQUESE. – Firmas y Sello. Abogado JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticuatro (24) días del mes de agosto del año dos mil veinte (2020), certificación de la Sentencia de fecha seis (6) de agosto del año dos mil veinte (2020), recaída en el Recurso de Exhibición Personal, registrado en este Tribunal bajo el número 0476-2020.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL