Sentencia EP-464-20 — Registro 10985
Resumen
Se interpuso recurso de Exhibición Personal a favor de los señores, contra actuaciones de los Directores del Centro Penal Femenino de Adaptación Social (PNFAS) y de la Penitenciaría Nacional “Marco Aurelio Soto”, Ambos Ubicados En Támara, Departamento de Francisco Morazán; manifestando el peticionario, que sus representados se encuentran en una situación de peligro y alto riesgo a su vida. Situación que, a criterio del peticionario, violenta en perjuicio de sus representados, los derechos contenidos en los Artículos 59, 80 y 82 de la Constitución de la República.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO: Que las pretensiones expuestas por la recurrente, en el recurso de reposición no son de recibo ya que en la Sentencia emitida por este Alto Tribunal, que corre agregado en autos se establece el caso no se enmarca entre aquellos, que la Ley Sobre Justicia Constitucional contempla como ilegalmente preso, detenido o cohibido de cualquier modo en el goce de su libertad individual; o como tormentos, torturas, vejámenes, restricciones, molestias innecesarias; de ahí que el recurso de Hábeas Corpus interpuesto a su favor al ser denegado por el Juez Ejecutor está apegado a derecho. Teniendo expeditos los medios ordinarios para la consecución de la aplicación de medidas sustitutivas o beneficios de una pronta liberación; previo acreditar los requisitos exigidos.”
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 4 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 7 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 8 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 119 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 124 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia y la resolución que literalmente dicen: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, seis de agosto de dos mil veinte. VISTA: Para dictar Sentencia en los Recursos de Exhibición Personal interpuestos por el Abogado PABLO REYES SANCHEZ, a favor de los señores MARTHA ALICIA HERNANDEZ ZEPEDA, MAGDA EDY LOPEZ SIERRA, DELIA LIZETH LOPEZ SIERRA, VICTORIA DEL CARMEN FLORES ESCOBAR, ISIDRO DOMINGUEZ VELASQUEZ Y JAVIER ANIBAL ZELAYA OCHOA, contra actuaciones de los DIRECTORES DEL CENTRO PENAL FEMENINO DE ADAPTACIÓN SOCIAL (PNFAS) Y DE LA PENITENCIARÍA NACIONAL “MARCO AURELIO SOTO”, AMBOS UBICADOS EN TÁMARA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN; manifestando el peticionario, que sus representados se encuentran en una situación de peligro y alto riesgo a su vida. Situación que, a criterio del peticionario, violenta en perjuicio de sus representados, los derechos contenidos en los Artículos 59, 80 y 82 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha dieciocho (18) de junio de dos mil veinte (2020), compareció ante la Sala de lo Constitucional, el Abogado PABLO REYES SANCHEZ, interponiendo Recursos de Exhibición Personal, el primero a favor de los señores MARTHA ALICIA HERNANDEZ ZEPEDA, MAGDA EDY LOPEZ SIERRA, DELIA LIZETH LOPEZ SIERRA, VICTORIA DEL CARMEN FLORES ESCOBAR, ISIDRO DOMINGUEZ VELASQUEZ Y JAVIER ANIBAL ZELAYA OCHOA; y el segundo, a favor de la señora MARTHA ALICIA HERNANDEZ ZEPEDA; ambos contra actuaciones de los DIRECTORES DEL CENTRO PENAL FEMENINO DE ADAPTACIÓN SOCIAL (PNFAS) Y DE LA PENITENCIARÍA NACIONAL “MARCO AURELIO SOTO”. Manifestando el peticionario, que sus representados padecen de la salud y son hipertensos, y con la actual pandemia de COVID-19, temen por sus vidas; consideran que es urgente que se les de tratamiento y una atención médica pronta; en particular, la señora MARTHA ALICIA HERNANDEZ ZEPEDA, pues tiene problemas con otra mujer privada de libertad perteneciente a la “Mara 18” y se le pide que se le traslade a otro centro penitenciario, por temor a su vida. Situación que, a criterio del peticionario, violenta en perjuicio de sus representados, los derechos contenidos en los artículos 59, 80 y 82 de la Constitución de la República. (Folios 1-9 del presente Recurso) 2) Que en la misma fecha, este Alto Tribunal admitió los presentes recursos y, en consecuencia, nombró como Juez Ejecutor, al Abogado JACOBO NOEL REYES, Defensor Público de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, a efecto de que rindiera un informe sobre los extremos consignados en el presente recurso. (Folio 10 del presente Recurso) 3) Que en fecha veintinueve (29) de junio de dos mil veinte (2020), el Juez Ejecutor compareció ante esta Sala, y en el ejercicio de las responsabilidades inherentes a su cargo, rindió el informe correspondiente, consignando entre otros extremos, lo siguiente: A) Que del informe recibido por la Abogada RUTH ELIZABETH MEJÍA, Secretaria General del Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, pudo constatar que: que los expedientes de los recurrentes, ingresaron a dicho tribunal en fecha once (11) de diciembre de dos mil dieciocho (2018) y once (11) de enero de dos mil diecinueve (2019); que se dictó un fallo condenatorio contra la señora MAGDA EDY LOPEZ SIERRA, por encontrarla responsable de los delitos de LAVADO DE ACTIVOS Y FRAUDE CONTINUADO, en perjuicio de la ECONOMÍA DEL ESTADO DE HONDURAS Y LA COOPERATIVA COMIXMUL, y a OCHO (8) DELITOS DE OPERACIONES FINANCIERAS ILÍCITAS, en perjuicio del SISTEMA FINANCIERO NACIONAL; a la señora DELIA LIZETH LOPEZ SIERRA, se le dicto un fallo condenatorio por los delitos de FRAUDE CONTINUADO, en su grado de participación de cómplice necesario, en perjuicio de la COOPERATIVA COMIXMUL, y por el delito de OPERACIONES FINANCIERAS ILÍCITAS, en su grado de participación como cómplice necesario, en perjuicio del SISTEMA FINANCIERO NACIONAL; al señor ISIDRO DOMINGUEZ VELASQUEZ, se le dicto un fallo condenatorio por los delitos de LAVADO DE ACTIVOS Y FRAUDE CONTINUADO, en perjuicio de la ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDRUAS Y LA COOPERATIVA COMIXMUL, y a OCHO (8) DELITOS DE OPERACIONES FINANCIERAS ILÍCITAS, en perjuicio del SISTEMA FINANCIERO NACIONAL; a la señora MARTHA ALICIA HERNANDEZ ZEPEDA, se le dicto un fallo condenatorio por los delitos de FRAUDE CONTINUADO, en perjuicio de la COOPERATIVA COMIXMUL, y a OCHO (8) DELITOS DE OPERACIONES FINANCIERAS ILICITAS, en perjuicio del SISTEMA FINANCIERO NACIONAL; a la señora VICTORIA DEL CARMEN FLORES ESCOBAR, se le dicto un fallo condenatorio por los delitos de FRAUDE CONTINUADO, en perjuicio de la COOPERATIVA COMIXMUL, y UN (1) DELITO DE OPERACIONES FINANCIERAS ILÍCITAS, en perjuicio del SISTEMA FINANCIERO NACIONAL; al señor JAVIER ANIBAL ZELAYA OCHOA, se le dicto un fallo condenatorio por CINCO (5) DELITOS DE OPERACIONES FINANCIERAS ILÍCITAS en su grado de participación como cómplice, en perjuicio del SISTEMA FINANCIERO NACIONNAL; la sentencia se encuentra en proceso de redacción; B) Que del informe rendido por la Directora de la Penitenciaria Nacional Femenina de Adaptación social, la subcomisionada de policía NOLVIA CRISTINA SORTO HERRERA, se pudo constatar que: las señoras MARTHA ALICIA HERNANDEZ ZEPEDA Y VICTORIA DEL CARMEN FLORES ESCOBAR, ingresaron a dicho centro penitenciario en fecha nueve (9) de marzo de dos mil diecisiete (2017), mientras que las señoras MAGDA EDY LOPEZ SIERRA Y DELIA LIZETH LOPEZ SIERRA, ingresaron en fecha trece (13) de marzo de dos mil diecisiete (2017); todas ingresaron por orden del Juzgado de Letras Penal con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal; que en cuanto a la situación de la señora MARTHA ALICIA HERNANDEZ ZEPEDA, en fecha veintisiete (27) de mayo de dos mil veinte (2020), bajo solicitud de presentada por ella misma, fue trasladada al Centro Penitenciario de El Porvenir, Departamento de Francisco Morazán; que las medidas de seguridad implementadas durante la pandemia de COVID-19 son: cordón de seguridad en el interior del centro penitenciario, para hacer rondines; apoyo del grupo de reacción del Instituto Nacional Penitenciario (INP); y que de los informes médicos de las sentenciadas, se encuentran sanas, en una condición estable de salud, algo deprimidas y ansiosas por la situación; C) Que del informe rendido por las autoridades del Centro Penitenciario “Marco Aurelio Soto”, ubicado en Támara, departamento de Francisco Morazán, pudo constatar: que los señores ISIDRO DOMINGUEZ VELASQUEZ Y JAVIER ANIBAL ZELAYA OCHOA, ingresaron en fecha nueve (9) y trece (13) de marzo de dos mil diecisiete (2017), respectivamente; fueron remitidos bajo orden del Juzgado de Letras Penal con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal; referente a su estado de salud el señor JAVIER ANIBAL ZELAYA OCHOA, se encuentra bien; pero el señor ISIDRO DOMINGUEZ VELASQUEZ, se le sospechaba de padecer de COVID-19, así que fue remitido de emergencia la Hospital Escuela Universitario, y; como medidas de seguridad para evitar el contagio de COVID-19, implementadas en dicho centro penitenciario, han sido las siguientes: evaluación médica diaria de los lugares de aislamiento, charlas informativas para la población penitenciaria y el personal administrativo y de seguridad, prohibir el ingreso de personas ajenas al establecimiento, permitir la entrada de alimentos y medicamentos especiales, fumigar y desinfectar todos los centros de retención y productos que ingresan al centro, y la creación de un grupo interdisciplinario en coordinación con el departamento médico, para la toma de decisiones; D) En vista de todo lo expuesto anteriormente, el Juez Ejecutor Resolvió: (SIC) “DECLARA LA NO PROCEDENCIA DE LA ACCION DE EXHIBICION PERSONAL o HABEAS CORPUS número SCO-0464 y 465-2020, interpuesto por el Abogado Pablo Reyes Sánchez a favor de las señoras Martha Alicia Hernández Zepeda, Magda Edy López Sierra, Dilia Lizeth López Sierra, Victoria del Carmen Flores Escobar, Isidro Domínguez Velásquez y Javier Aníbal Zelaya Ochoa, contra las actuaciones de los Directores del Centro Penal Femenino de Adaptación social y de La Penitenciaria Nacional Marco Aurelio Soto ambos ubicados en la localidad de Tamara, departamento de Francisco Morazán.-” (Folios 23–53 del presente Recurso) CONSIDERANDO UNO (1): Que la Ley Sobre Justicia Constitucional tiene por objeto desarrollar las garantías constitucionales y las defensas del orden jurídico constitucional. CONSIDERANDO DOS (2): Que el recurso de Habeas Corpus o de Exhibición Personal, es un mecanismo de defensa dirigido a garantizar el derecho a la libertad individual o personal de los ciudadanos, frente a los actos de autoridad que con infracción, violación o inobservancia de normas constitucionales y legales la perturben o priven de ella, así como también, frente a los que, en iguales circunstancias, atenten en cualquier caso contra la integridad física, síquica y moral del detenido. CONSIDERANDO TRES (3): Que con arreglo a lo prescrito por el Artículo 182 de la Constitución de la República, el Estado reconoce la garantía de Habeas Corpus o de Exhibición Personal, de tal manera que toda persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta tiene derecho a promoverla cuando concurran las siguientes circunstancias: 1. Cuando se encuentre ilegalmente presa, detenida o cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad individual; y 2. Cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción o molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión. CONSIDERANDO CUATRO (4): Que en su condición indicada el Juez Ejecutor, y en el ejercicio de las responsabilidades inherentes a su cargo, rindió el informe correspondiente, en el que concluye que las privadas de libertad se encuentran sanas, en una condición estable de salud, algo deprimidas y ansiosas por la situación; así también referente al estado de salud el señor JAVIER ANIBAL ZELAYA OCHOA, se encuentra bien; pero el señor ISIDRO DOMINGUEZ VELASQUEZ, se le sospechaba de padecer de COVID-19, así que fue remitido de emergencia la Hospital Escuela Universitario. De igual manera se refirió las medidas precisas que los centros penales han tomado a consecuencia de la Pandemia Covid-19. Constatándose entonces que no adolecen de ningún maltrato físico ni tampoco se encuentran sometidos a ningún tipo de vejamen ni tortura. Por lo que, en base a lo actuado por el Juez Ejecutor, resolvió: declarar sin lugar la acción de Recurso de Exhibición Personal interpuesto por el Abogado PABLO REYES SANCHEZ, a favor de los señores MARTHA ALICIA HERNANDEZ ZEPEDA, MAGDA EDY LOPEZ SIERRA, DELIA LIZETH LOPEZ SIERRA, VICTORIA DEL CARMEN FLORES ESCOBAR, ISIDRO DOMINGUEZ VELASQUEZ Y JAVIER ANIBAL ZELAYA OCHOA, contra actuaciones de los DIRECTORES DEL CENTRO PENAL FEMENINO DE ADAPTACIÓN SOCIAL (PNFAS) Y DE LA PENITENCIARÍA NACIONAL “MARCO AURELIO SOTO”, AMBOS UBICADOS EN TÁMARA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN. CONSIDERANDO CINCO (5): Que por las razones anteriormente expuestas, la Sala de lo Constitucional concluye, al igual que lo ha hecho el Juez Ejecutor, que al no haberse confirmado las circunstancias señaladas sobre la situación de los señores MARTHA ALICIA HERNANDEZ ZEPEDA, MAGDA EDY LOPEZ SIERRA, DELIA LIZETH LOPEZ SIERRA, VICTORIA DEL CARMEN FLORES ESCOBAR, ISIDRO DOMINGUEZ VELASQUEZ Y JAVIER ANIBAL ZELAYA OCHOA, el caso que no se enmarca entre aquellos, que la Ley Sobre Justicia Constitucional contempla como ilegalmente preso, detenido o cohibido de cualquier modo en el goce de su libertad individual; o como tormentos, torturas, vejámenes, restricciones, molestias innecesarias; de ahí que el recurso de Hábeas Corpus interpuesto a su favor al ser denegado por la Juez Ejecutora está apegado a derecho. Teniendo expeditos los medios ordinarios para la consecución de la aplicación de medidas sustitutivas o beneficios de una pronta liberación; previo acreditar los requisitos exigidos. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y con fundamento en los Artículos 1, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1, 3 No. 1), 9 Nº. 1, 13 Nº. 1) literal a), 24, 68 y 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, FALLA: Declarar SIN LUGAR el Recurso de Exhibición Personal interpuesto por el Abogado PABLO REYES SANCHEZ, a favor de los señores MARTHA ALICIA HERNANDEZ ZEPEDA, MAGDA EDY LOPEZ SIERRA, DELIA LIZETH LOPEZ SIERRA, VICTORIA DEL CARMEN FLORES ESCOBAR, ISIDRO DOMINGUEZ VELASQUEZ Y JAVIER ANIBAL ZELAYA OCHOA, contra actuaciones de los DIRECTORES DEL CENTRO PENAL FEMENINO DE ADAPTACIÓN SOCIAL (PNFAS) Y DE LA PENITENCIARÍA NACIONAL “MARCO AURELIO SOTO”, AMBOS UBICADOS EN TÁMARA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN; sin perjuicio de que se adopten las medidas señaladas en su momento por el Juez ejecutor. Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente sentencia, se proceda a su archivo en esta Sala de lo Constitucional. Redactó el Magistrado ZELAYA.- NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, diez de septiembre de dos mil veinte. VISTO: el recurso de reposición interpuesto por el Abogado PABLO REYES SANCHEZ; contra la sentencia dictada por esta Sala en fecha seis de agosto de dos mil veinte, en la que se declaró SIN LUGAR el Recurso de Exhibición Personal interpuesto por el Abogado PABLO REYES SANCHEZ, a favor de los señores MARTHA ALICIA HERNANDEZ ZEPEDA, MAGDA EDY LOPEZ SIERRA, DELIA LIZETH LOPEZ SIERRA, VICTORIA DEL CARMEN FLORES ESCOBAR, ISIDRO DOMINGUEZ VELASQUEZ Y JAVIER ANIBAL ZELAYA OCHOA, contra actuaciones de los DIRECTORES DEL CENTRO PENAL FEMENINO DE ADAPTACIÓN SOCIAL (PNFAS) Y DE LA PENITENCIARÍA NACIONAL “MARCO AURELIO SOTO”, AMBOS UBICADOS EN TÁMARA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN. CONSIDERANDO: Que consta de los antecedentes de la revisión del presente recurso, que en fecha dieciocho (18) de junio de dos mil veinte (2020), compareció ante la Sala de lo Constitucional, el Abogado PABLO REYES SANCHEZ, interponiendo Recursos de Exhibición Personal, el primero a favor de los señores MARTHA ALICIA HERNANDEZ ZEPEDA, MAGDA EDY LOPEZ SIERRA, DELIA LIZETH LOPEZ SIERRA, VICTORIA DEL CARMEN FLORES ESCOBAR, ISIDRO DOMINGUEZ VELASQUEZ Y JAVIER ANIBAL ZELAYA OCHOA; y el segundo, a favor de la señora MARTHA ALICIA HERNANDEZ ZEPEDA; ambos contra actuaciones de los DIRECTORES DEL CENTRO PENAL FEMENINO DE ADAPTACIÓN SOCIAL (PNFAS) Y DE LA PENITENCIARÍA NACIONAL “MARCO AURELIO SOTO”. Manifestando el peticionario, que sus representados padecen de la salud y son hipertensos, y con la actual pandemia de COVID-19, temen por sus vidas; consideran que es urgente que se les de tratamiento y una atención médica pronta; en particular, la señora MARTHA ALICIA HERNANDEZ ZEPEDA, pues tiene problemas con otra mujer privada de libertad perteneciente a la “Mara 18” y se le pide que se le traslade a otro centro penitenciario, por temor a su vida. Situación que, a criterio del peticionario, violenta en perjuicio de sus representados, los derechos contenidos en los artículos 59, 80 y 82 de la Constitución de la República.; y, una vez efectuado el trámite que determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la Corte Suprema de Justicia a través de la Sala de lo Constitucional, dictó sentencia en fecha seis de agosto de dos mil veinte, en la que se declaró SIN LUGAR el Recurso de Exhibición Personal interpuesto. CONSIDERANDO: Que el recurrente, Abogado PABLO REYES SANCHEZ, en fecha trece de agosto de dos mil veinte, eleva a conocimiento de esta Sala, recurso de reposición contra la sentencia que emitiera este Alto Tribunal, por considerar que la misma no se encuentra dictada conforme a derecho; insiste en que se están violentado derechos constitucionales que le asisten. CONSIDERANDO: Que como se dijo en la resolución recurrida, el recurso de Habeas Corpus o de Exhibición Personal, es un mecanismo de defensa dirigido a garantizar el derecho a la libertad individual o personal de los ciudadanos, frente a los actos de autoridad que con infracción, violación o inobservancia de normas constitucionales y legales la perturben o priven de ella, así como también, frente a los que, en iguales circunstancias, atenten en cualquier caso contra la integridad física, síquica y moral del detenido. Esta garantía no está dirigida a sustituir o suplir las facultades de la jurisdicción ordinaria. CONSIDERANDO: Que las pretensiones expuestas por la recurrente, en el recurso de reposición no son de recibo ya que en la Sentencia emitida por este Alto Tribunal, que corre agregado en autos se establece el caso no se enmarca entre aquellos, que la Ley Sobre Justicia Constitucional contempla como ilegalmente preso, detenido o cohibido de cualquier modo en el goce de su libertad individual; o como tormentos, torturas, vejámenes, restricciones, molestias innecesarias; de ahí que el recurso de Hábeas Corpus interpuesto a su favor al ser denegado por el Juez Ejecutor está apegado a derecho. Teniendo expeditos los medios ordinarios para la consecución de la aplicación de medidas sustitutivas o beneficios de una pronta liberación; previo acreditar los requisitos exigidos. CONSIDERANDO: Que el Tribunal ante quien se pida la reposición deberá, sin más trámite, denegar o enmendar la providencia o sentencia, según lo creyere de derecho. POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Constitucional y en aplicación de los artículos 183, 303, 304, 313 atribución 5ta. y 316 de la Constitución de la República; 78 atribución 5ta., 187, 188 y 189 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 914 del Código Procesal Civil; 4 Nº 7 Y Nº 8, 119, 124 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: DECLARAR SIN LUGAR el recurso de reposición interpuesto por el Abogado PABLO REYES SANCHEZ, por las razones que se dejan ya señaladas y MANDA: Que el Secretario del Despacho notifique lo resuelto a la recurrente para los efectos legales que en derecho correspondan.- NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dos días del mes de octubre de dos mil veinte, certificación de la sentencia de fecha seis de agosto de dos mil veinte y la resolución de fecha diez de septiembre de dos mil veinte, recaídas en los Recursos de Exhibición Personal (acumulados) bajo los números SCO-464 y 465-2020.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL