Sentencia EP-433-20 — Registro 10863
Resumen
Se interpuso recurso exhibición personal contra actuaciones del Director del Centro Penitenciario Nacional “Marco Aurelio Soto” ubicado en Támara, departamento de Francisco Morazán; manifestando el peticionario, que sus representados se encuentra en una situación de peligro y alto riesgo a su vida, violentándose en perjuicio de sus representados, los derechos contenidos en los artículos 59, 68 y 80 de la Constitución de la República; 4 y 5 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; y, 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
... "CONSIDERANDO TRES (3): Diligencias efectuadas por la juez ejecutora en cumplimiento de la garantía constitucional de exhibición personal. La juez ejecutora, abogada Ónix Jaqueline Manzanares, cumpliendo con el mandato de su cargo procedió a rendir el presente informe: “A) Que en fecha quince de junio de dos mil veinte, recibió el informe solicitado al coronel JAIME ESPINOZA LÓPEZ, director de la Penitenciaria Nacional “Marco Aurelio Soto”, ubicada en Támara, departamento de Francisco Morazán, en donde pudo constatar lo siguiente: Que el señor ELIS AMÍLCAR FLORES RODRÍGUEZ, ingresó a dicho centro penitenciario en fecha ocho de mayo de dos mil dieciséis, por suponerlo responsable de los delitos de ASESINATO y VIOLACIÓN DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS, en perjuicio del señor JOSÉ DANILO ENAMORADO COTO y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS; que su informe médico relata que tiene antecedentes patológicos familiares de gastritis crónica, antecedentes hospitalarios por una fractura en su muñeca izquierda, y que se encontró al paciente en estado lúcido, consiente, orientado y colaborador, con un diagnóstico de gastritis crónica, y un tratamiento de ranitidina y omeprazol. Por otro lado, el señor JOSÉ ROBERTO AGUILAR, ingresó a dicho centro en fecha veintisiete de febrero de dos mil veinte, por suponerlo responsable de los delitos de VIOLACIÓN ESPECIAL y ACTOS DE LUJURIA AGRAVADOS, en perjuicio de LIZZY MICHELL MONCADA ZÚNIGA y KATERIN YICEL MONCADA ZUNIGA; que su informe médico relata que tiene un antecedente patológico familiar de hipertensión arterial y reflujo gástrico, es un paciente lúcido, consiente, orientado y colaborador, y fue diagnosticado como paciente eutrófico; B) Que de las entrevistas realizadas mediante auxilio judicial, en fecha nueve de junio de dos mil veinte, a los señores ELIS AMÍLCAR FLORES RODRÍGUEZ y JOSÉ ROBERTO AGUILAR, manifestaron: El señor ELIS AMÍLCAR FLORES RODRÍGUEZ, manifestó estuvo mal de salud, pero mejoró; padece de ansiedad y del estómago, ha tenido fiebre y dificultad respiratoria; le realizaron una prueba de COVID-19 en fecha tres de junio de dos mil veinte, pero aún está pendiente de los resultados; está tomando acetaminofén, suero y ranitidina, y su situación se ha comunicado al hospital y a los médicos en turno. Por otro lado, el señor JOSÉ ROBERTO AGUILAR, manifestó: que es hipertenso, padece de la garganta y ha estado nervioso; esta estable, pero teme por su vida y el no volver a ver a su familia, y que su estado de salud va de mal en peor; no se le han practicado pruebas de covid-19, porque primero van las personas de tercera edad, él aun está pendiente; está tomando inhalaprin y ranitidina, y; desde si ingreso, lo han tratado en el hospital para sus problemas de salud; C) En vista de todo lo expuesto anteriormente, la juez ejecutora resolvió: (sic) “DECLARA SIN LUGAR EL RECURSO DE HABEAS CORPUS O EXHIBICIÓN PERSONAL: En virtud de no haberse violentado garantías constitucionales como ser una vulnerabilidad por parte de las autoridades del Centro Penal de Támara por la pandemia de covid-19, y por ende restricción y suspensión de derechos constitucionales a fin evitar el contagio de toda la población hondureña, …”. (Folios 9–58 de la presente garantía constitucional de exhibición personal). CONSIDERANDO CUATRO (4): Examen de la Sala de lo Constitucional de los hechos y el resultado de las actuaciones realizadas por la juez ejecutora, en relación con la garantía de exhibición personal de mérito. Este alto tribunal de justicia, al examinar las diligencias de mérito determina que lo expresado por la defensora pública, abogada Ónix Jaqueline Manzanares, en su condición de juez ejecutora, es correcto y por ende procede declarar sin lugar la garantía constitucional de exhibición personal de que se hace mérito. Dicha decisión se fundamenta en que con el análisis de las diligencias se observa que ambos internos han recibido atención diaria, tratamiento con medicinas y cuidados médicos. Asimismo, se han practicado pruebas rápidas para detectar si se encuentran contagiados con el covid-19. En consecuencia, procede declarar sin lugar la garantía constitucional de exhibición personal de que se hace mérito."
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 13 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 24 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, seis de agosto de dos mil veinte. VISTA: Para dictar sentencia en la garantía constitucional de exhibición personal interpuesta por el abogado JORGE ALBERTO MENDOZA ESTRADA, a favor de los señores ELIS AMÍLCAR FLORES RODRÍGUEZ y JOSÉ ROBERTO AGUILAR, contra actuaciones del DIRECTOR DEL CENTRO PENITENCIARIO NACIONAL “MARCO AURELIO SOTO” UBICADO EN TÁMARA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN; manifestando el peticionario, que sus representados se encuentra en una situación de peligro y alto riesgo a su vida, violentándose en perjuicio de sus representados, los derechos contenidos en los artículos 59, 68 y 80 de la Constitución de la República; 4 y 5 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; y, 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ANTECEDENTES PROCESALES. 1. En fecha ocho de junio de dos mil veinte, compareció ante la Sala de lo Constitucional, el abogado JORGE ALBERTO MENDOZA ESTRADA, interponiendo garantía constitucional de exhibición personal a favor de los señores ELIS AMÍLCAR FLORES RODRÍGUEZ y JOSÉ ROBERTO AGUILAR, contra actuaciones del DIRECTOR DEL CENTRO PENITENCIARIO NACIONAL “MARCO AURELIO SOTO” UBICADO EN TÁMARA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN. Manifestando el peticionario que, según reporte de familiares, sus representados se encuentra posiblemente contagiados de Covid-19, y las autoridades de dicho centro no les han brindado ninguna ayuda o medicamento, por lo que solicita su libertad inmediata. Señala que dicha situación violenta en perjuicio de sus representados, los derechos contenidos en los artículos 59, 68 y 80 de la Constitución de la República; 4 y 5 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; y, 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. (Folios 1-4 de la presente garantía constitucional de exhibición personal). 2. En la misma fecha, este alto tribunal admitió la presente garantía constitucional y, en consecuencia, nombró juez ejecutora a la abogada ÓNIX JAQUELINE MANZANARES, defensora pública de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, a efecto de dar cumplimiento la presente garantía, rindiendo el informe correspondiente. (Folio 5 de la presente garantía constitucional de exhibición personal). 3. En fecha diecinueve de junio de dos mil veinte, la juez ejecutora compareció ante esta Sala, y en el ejercicio de las responsabilidades inherentes a su cargo, rindió el informe correspondiente, declarando sin lugar la garantía de habeas corpus o exhibición personal, en virtud de no haberse violentado los derechos constitucionales invocados. FUNDAMENTOS DE DERECHO. CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la garantía constitucional de exhibición personal o habeas corpus. Que de conformidad con el artículo 182 de la Constitución de la República, el Estado hondureño reconoce la garantía de hábeas corpus o de exhibición personal. En consecuencia, toda persona agraviada o cualquier otra en nombre de ésta tiene derecho a promoverla ante los supuestos siguientes: 1) Cuando se encuentre ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad. 2) Cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción o molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión. CONSIDERANDO DOS (2): Resumen de lo expuesto por el garantista en el escrito de interposición de la garantía constitucional de exhibición personal. El impetrante de la presente garantía constitucional de exhibición personal refiere que el ciudadano ELIS AMÍLCAR FLORES RODRÍGUEZ le manifestó por vía telefónica a unos familiares que se encontraba mal de salud, con fiebre, dolor de cabeza y vomitando sangre, pero que las autoridades del centro no le habían prestado atención alguna y que no le había dado medicación para su malestar. Que desde entonces sus familiares no saben nada de él y que se encuentran preocupados acudiendo a él como abogado para que interviniera en su favor. En referencia al ciudadano JOSÉ ROBERTO AGUILAR, señala que éste le ha referido que no ha recibido el trato de bioseguridad adecuado, estando cinco compañeros contagiados por covid-19 compartiendo espacio con él, y que teme por su vida en virtud de que el padece de hipertensión arterial. CONSIDERANDO TRES (3): Diligencias efectuadas por la juez ejecutora en cumplimiento de la garantía constitucional de exhibición personal. La juez ejecutora, abogada Ónix Jaqueline Manzanares, cumpliendo con el mandato de su cargo procedió a rendir el presente informe: “A) Que en fecha quince de junio de dos mil veinte, recibió el informe solicitado al coronel JAIME ESPINOZA LÓPEZ, director de la Penitenciaria Nacional “Marco Aurelio Soto”, ubicada en Támara, departamento de Francisco Morazán, en donde pudo constatar lo siguiente: Que el señor ELIS AMÍLCAR FLORES RODRÍGUEZ, ingresó a dicho centro penitenciario en fecha ocho de mayo de dos mil dieciséis, por suponerlo responsable de los delitos de ASESINATO y VIOLACIÓN DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS, en perjuicio del señor JOSÉ DANILO ENAMORADO COTO y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS; que su informe médico relata que tiene antecedentes patológicos familiares de gastritis crónica, antecedentes hospitalarios por una fractura en su muñeca izquierda, y que se encontró al paciente en estado lúcido, consiente, orientado y colaborador, con un diagnóstico de gastritis crónica, y un tratamiento de ranitidina y omeprazol. Por otro lado, el señor JOSÉ ROBERTO AGUILAR, ingresó a dicho centro en fecha veintisiete de febrero de dos mil veinte, por suponerlo responsable de los delitos de VIOLACIÓN ESPECIAL y ACTOS DE LUJURIA AGRAVADOS, en perjuicio de LIZZY MICHELL MONCADA ZÚNIGA y KATERIN YICEL MONCADA ZUNIGA; que su informe médico relata que tiene un antecedente patológico familiar de hipertensión arterial y reflujo gástrico, es un paciente lúcido, consiente, orientado y colaborador, y fue diagnosticado como paciente eutrófico; B) Que de las entrevistas realizadas mediante auxilio judicial, en fecha nueve de junio de dos mil veinte, a los señores ELIS AMÍLCAR FLORES RODRÍGUEZ y JOSÉ ROBERTO AGUILAR, manifestaron: El señor ELIS AMÍLCAR FLORES RODRÍGUEZ, manifestó estuvo mal de salud, pero mejoró; padece de ansiedad y del estómago, ha tenido fiebre y dificultad respiratoria; le realizaron una prueba de COVID-19 en fecha tres de junio de dos mil veinte, pero aún está pendiente de los resultados; está tomando acetaminofén, suero y ranitidina, y su situación se ha comunicado al hospital y a los médicos en turno. Por otro lado, el señor JOSÉ ROBERTO AGUILAR, manifestó: que es hipertenso, padece de la garganta y ha estado nervioso; esta estable, pero teme por su vida y el no volver a ver a su familia, y que su estado de salud va de mal en peor; no se le han practicado pruebas de covid-19, porque primero van las personas de tercera edad, él aun está pendiente; está tomando inhalaprin y ranitidina, y; desde si ingreso, lo han tratado en el hospital para sus problemas de salud; C) En vista de todo lo expuesto anteriormente, la juez ejecutora resolvió: (sic) “DECLARA SIN LUGAR EL RECURSO DE HABEAS CORPUS O EXHIBICIÓN PERSONAL: En virtud de no haberse violentado garantías constitucionales como ser una vulnerabilidad por parte de las autoridades del Centro Penal de Támara por la pandemia de covid-19, y por ende restricción y suspensión de derechos constitucionales a fin evitar el contagio de toda la población hondureña, …”. (Folios 9–58 de la presente garantía constitucional de exhibición personal). CONSIDERANDO CUATRO (4): Examen de la Sala de lo Constitucional de los hechos y el resultado de las actuaciones realizadas por la juez ejecutora, en relación con la garantía de exhibición personal de mérito. Este alto tribunal de justicia, al examinar las diligencias de mérito determina que lo expresado por la defensora pública, abogada Ónix Jaqueline Manzanares, en su condición de juez ejecutora, es correcto y por ende procede declarar sin lugar la garantía constitucional de exhibición personal de que se hace mérito. Dicha decisión se fundamenta en que con el análisis de las diligencias se observa que ambos internos han recibido atención diaria, tratamiento con medicinas y cuidados médicos. Asimismo, se han practicado pruebas rápidas para detectar si se encuentran contagiados con el covid-19. En consecuencia, procede declarar sin lugar la garantía constitucional de exhibición personal de que se hace mérito. PARTE DISPOSITIVA O FALLO. POR TANTO: La Sala Constitucional en nombre de la Corte Suprema de Justicia e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, POR UNANIMIDAD de votos, y en aplicación de los artículos: 1, 59, 64, 69, 182, 303, 304, 313 atribución 5ta., 316 numeral 1 y 321 de la Constitución de la República; 1, 2, 4, 5, 7 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 12 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 No.1, 13 No.1, 14, 17, 19, 27, 28, 31, 35, 37, 38 y 39 de la Ley sobre Justicia Constitucional; FALLA: Declarando SIN LUGAR la garantía de exhibición personal o habeas corpus, interpuesto por el abogado JORGE ALBERTO MENDOZA ESTRADA, a favor de los señores ELIS AMÍLCAR FLORES RODRÍGUEZ y JOSÉ ROBERTO AGUILAR, contra actuaciones del director del centro penitenciario nacional “MARCO AURELIO SOTO” ubicado en Támara, departamento de Francisco Morazán. Y MANDA: Que una vez notificado el presente fallo, la secretaría de este alto tribunal de justicia proceda al archivo de las presentes diligencias, sin trámites ulteriores. Redactó el Magistrado EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL.LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiún días del mes de agosto de dos mil veinte, certificación de la sentencia de fecha seis de agosto de dos mil veinte, recaída en el Recurso de Exhibición Personal bajo el número SCO-433-2020.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL