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Sentencia EP-414-20 — Registro 11080

Resumen

Acto recurrido que declaró sin lugar el recurso de exhibición personal, en relación a una situación de detención ilegal, pues la Medida Cautelar de Prisión Preventiva se encuentra ya vencida; ello en relación a la causa instruida contra su representado Juan Saúl Montalván Pavón, por suponerlo responsable del delito de Homicidio en su grado de ejecución de tentativa

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…" Que para esta Sala de lo Constitucional, la sentencia que se revisa es apegada a derecho, toda vez que no se ha observado por parte de la Corte Tercera de Apelaciones violación a lo prescrito en el artículo 13 en relación con lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, comprobando que el supuesto agraviado, señor JUAN SAUL MONTALVAN PAVON, en ningún momento se encontró detenido en forma ilegal, según lo expuesto por la pedidora de la acción constitucional de Hábeas Corpus, pues la detención del referido señor, responde a un proceso iniciado en su contra por el delito de Homicidio en su Grado de Ejecución de Tentativa, en perjuicio de Angelo Felipe Cáceres Cáceres, no obstante a ello, la medida cautelar de Prisión Preventiva impuesta por el plazo de un año, se encuentra ya vencida, siendo procedente la revisión inmediata de la Medida Cautelar impuesta, por el Tribunal de Sentencia de Danli, ello por ser dicho Tribunal quien tiene la jurisdicción y competencia para resolver sobre esta situación, pues la privación de libertad del ciudadano JUAN SAUL MONTALVAN PAVON no se considera arbitraria[2] al tenor de lo establecido en el Artículo 24 de la Ley sobre Justicia Constitucional; no obstante a ello el plazo establecido en la ley para el mantenimiento de la medida cautelar de Prisión Preventiva es ya vencido, al tenor de lo preceptuado en el artículo 181 del CPP, debiendo en consecuencia el Tribunal de Sentencia proceder a su revisión inmediata, observando las disposiciones contenidas en el Acuerdo N° CSJ-02-2020 de fecha cuatro (4) de junio del año dos mil vente (2020), emitido por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, en relación al Proceso de Reincorporación Gradual y Responsable de los Servidores Judiciales a Labores Presenciales; por tanto, resulta apegada a derecho la declaratoria sin lugar de la presente acción constitucional, toda vez que no se acreditó haber detención ilegal en contra del señor JUAN SAUL MONTALVAN PAVON, no habiéndose comprobado ninguno de los extremos que establece la Ley Sobre Justicia Constitucional para el otorgamiento de la Acción de Hábeas Corpus o Exhibición Personal, procedía su declaratoria sin lugar, como en efecto se pronunció la ya referida Corte Tercera de Apelaciones. ..." ..." Que en suma, de la resolución de la Corte Tercera de Apelaciones, y del Informe emitido por la Juez Ejecutor designada se desprende la no existencia de trasgresión alguna a los derechos fundamentales de libertad personal e integridad personal del señor JUAN SAUL MONTALVAN PAVON, por lo cual se hace procedente en derecho confirmar la sentencia de Hábeas Corpus venida en revisión y que se tenga por definitiva, acorde a lo prescrito en el último párrafo del artículo 39 de la Ley Sobre Justicia Constitucional precitado..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta días del mes de septiembre del año dos mil veinte. VISTA: En Revisión las diligencias que contienen la Sentencia dictada por la CORTE TERCERA DE APELACIONES con sede en Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en fecha veinticuatro (24) de abril del presente año dos mil veinte (2020), que declaró SIN LUGAR el Recurso de Exhibición Personal interpuesto por la abogada INGRID GARCIA, a favor del Privado de Libertad señor JUAN SAUL MONTALVAN PAVON, contra actuaciones del TRIBUNAL DE SENTENCIA DE DANLÍ, DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO; manifestando la peticionaria, que su representado se encuentra en una situación de detención ilegal, pues la Medida Cautelar de Prisión Preventiva se encuentra ya vencida; ello en relación a la causa instruida contra su representado JUAN SAUL MONTALVAN PAVON, por suponerlo responsable del delito de HOMICIDIO EN SU GRADO DE EJECUCIÓN DE TENTATIVA, en perjuicio del señor ANGELO FELIPE CÁCERES CÁCERES. Situación que, a criterio de la peticionaria, violenta en perjuicio de su representado las disposiciones contenidas en los Artículos 181 y 188 del Código Procesal Penal. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha veinte (20) de abril del año dos mil veinte (2020), compareció ante el Juzgado de letras de la Sección Judicial de Danli, Departamento de El Paraíso, la abogada INGRID GARCIA, interponiendo Recurso de Hábeas Corpus o Exhibición Personal a favor del Privado de Libertad señor JUAN SAUL MONTALVAN PAVON, contra actuaciones del TRIBUNAL DE SENTENCIA DE DANLÍ, DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO; manifestando la peticionaria, que a su representado se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva, en fecha siete (7) de febrero de dos mil diecinueve (2019), por el término de un año; a la fecha, dicha medida se encuentra vencida, por lo que su representado se encuentra en una situación de detención ilegal. Todo con relación a la causa instruida contra el señor JUAN SAUL MONTALVAN PAVON, por suponerlo responsable del delito de HOMICIDIO EN SU GRADO DE EJECUCIÓN DE TENTATIVA, en perjuicio del señor ANGELO FELIPE CÁCERES CÁCERES. Situación que, a criterio de la peticionaria, violenta en perjuicio de su representado las disposiciones contenidas en los Artículos 181 y 188 del Código Procesal Penal. (Folio 1fv de la pieza de antecedentes) 2) Que en la misma fecha, el referido Juzgado admitió el recurso relacionado, en consecuencia, nombró como Juez Ejecutora a la abogada DANIELA MARÍA MIDENCE ELVIR, Defensora Pública de la ciudad de Danlí, departamento de El Paraíso, a efecto de constituirse en las instalaciones de la Penitenciaria Nacional de esa ciudad de Danli, asimismo en las instalaciones del Tribunal de Sentencia a fin de constatar los extremos narrados por la pedidora de la Garantía Constitucional, debido requerir de las autoridades recurridas el informe pertinente dentro del plazo y con las formalidades establecidas en el Artículo 26 de la Ley sobre Justicia Constitucional. (Folios 2 y 3 de la pieza de antecedentes) 3) Que en fecha veinticuatro (24) de abril de dos mil veinte (2020), la Juez Ejecutora compareció ante la Corte Tercera de Apelaciones, con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán y en el ejercicio de las facultades inherentes a su cargo, rindió el informe correspondiente, consignando entre otros extremos, lo siguiente: A) Que en fecha veintidós (22) de abril de dos mil veinte (2020), se personó ante las oficinas del Tribunal de Sentencia de Danlí, departamento de El Paraíso, donde fue atendida por los abogados JORGE ALBERTO AMAYA Y CAMILO AVILA, que de inmediato le permitieron la revisión del expediente TST/DP/(4) 0703-2019-00040, en donde pudo corroborar: que al señor JUAN SAUL MONTALVAN PAVON, se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva, en fecha cuatro (4) de febrero de dos mil diecinueve (2019), y; que dicha medida debe cumplirse en el Centro Penitenciario de Danlí, departamento de El Paraíso; B) Que en la misma fecha, se personó en las instalaciones de la Penitenciaria Nacional de Danlí, departamento de el Paraíso, para entrevistarse con el señor JUAN SAUL MONTALVAN PAVON, quien le manifestó: que fue detenido por orden de captura en fecha cuatro (4) de febrero de dos mil diecinueve (2019); se le impuso la medida de detención judicial el siete (7) de febrero de dos mil diecinueve (2019), y que tiene más de un (1) año con dicha medida; los mismos asesores del penal le dijeron que su medida estaba vencida y que hablará con su defensor al respecto, y este le dijo que tenía juicio en abril y que está en respuesta de lo mismo; C) En vista de todo lo expuesto anteriormente, la Juez Ejecutora Resolvió: “DECLARAR CON LUGAR el Recurso de Habeas Corpus o de Exhibición Personal, presentado a favor del PRIVADO DE LIBERTAD DEL CENTRO PENITENCIARIO DE DANLI, EL PARAÍSO JUAN SAUL MONTALVAN PAVON interpuesto por la abogada INGRID LIZETH GARCIA GAITAN Así mismo RECOMIENDA al Tribunal de Sentencia señalar Audiencia de revisión de medidas excarcelando al privado de libertad en Imponiendo las medidas cautelare o en su defecto sea la CORTE TERCERA DE APELACIOENS que interponga las medidas cautelares correspondientes y necesarias al procesado y dé el visto bueno para la carta de excarcelación del hoy privado de Libertad en base al artículo 39 DE LA LEY DE JUSTICIA CONSTITUCIONAL, RESUELVASE CONFORME A DERECHO CORRESPONDA….” (Folios del 7-9 de la pieza de antecedentes) 4) Que en fecha veinticuatro (24) de abril de dos mil veinte (2020), la referida Corte de Apelaciones, dictó sentencia Fallando: (Sic) “1.- DECLARANDO SIN LUGAR el Recurso de EXHIBICIÓN PERSONAL, interpuesto por la Abogada INGRID GARCÍA, a favor del Señor JUAN SAÚL MONTALVÁN PAVÓN.- 2.- ORDENA al Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Danlí, departamento de El Paraíso que de estricto cumplimiento a lo establecido en el artículo 174 del Código Procesal Penal. 3.- Y MANDA: Que se remitan las presentes diligencias en Revisión a la Sala Constitucional de la Honorable Corte Suprema de Justicia.-” (Folios del 23-25fv de la pieza de antecedentes) 5) Posteriormente, mediante auto de fecha treinta (30) de abril de dos mil veinte (2020), la Corte de Apelaciones rectifico de oficio la sentencia referida anteriormente, específicamente la Parte Dispositiva, la que deberá leerse: (Sic) “…FALLA: 1)…2) ORDENA al Tribunal de Sentencia de Danlí, departamento de El Paraíso que dé estricto cumplimiento a lo establecido en el artículo 174 del Código Procesal Penal para lo cual deberá librarse el Oficio correspondiente…”. (Folios 27 y 28 de la pieza de antecedentes) 5) Que en fecha dos (2) de junio de dos mil veinte (2020), esta Sala de lo Constitucional, recibió para su revisión el expediente que contiene el Recurso de Exhibición Personal de mérito, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 39 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. (Folios del 1-3 de los autos) CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia a través de su Sala de lo Constitucional el conocimiento de las acciones de Hábeas Corpus o Exhibición Personal, acorde a lo preceptuado en los artículos 182 y 316 numeral primero de la Constitución de la República, en relación a lo establecido en los artículos 3 numeral primero y 13 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, resultando procedente la misma cuando se constate que la persona agraviada se encuentre ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad, o bien, cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción o molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión. CONSIDERANDO (2): Que de lo anteriormente expuesto se desprende que la Acción de Hábeas Corpus intentada por la Abogada INGRID GARCIA a favor del Privado de Libertad señor JUAN SAUL MONTALVAN PAVON, contra actuaciones de las autoridades del TRIBUNAL DE SENTENCIA DE DANLI, DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, en relación a la detención ilegal del señor JUAN SAUL MONTALVAN PAVON, no se enmarca en ninguno de los presupuestos establecidos en los artículos 13 y 24 de la Ley Sobre Justicia Constitucional para que se declare con lugar la acción de Hábeas Corpus o Exhibición Personal intentada. Argumenta la Corte Tercera de Apelaciones, haciendo referencia a lo dispuesto en el Artículo 174 del Código Procesal Penal, que la imposición revocación y reforma de las resoluciones medidas cautelares, puede hacerse de oficio o a petición de arte, cualquiera que sea el estado en que se encuentre el proceso; siendo el Juzgado de Primera Instancia quien al imponer la medida cautelar por el plazo de un año, el que se encuentra ya vencido, el llamado a revisarla para determinar su revocación o reforma. CONSIDERANDO (3): Que consta en autos y según el informe rendido por la Juez Ejecutor, que ésta, en fecha veintidós de abril del presente año dos mil veinte, se constituyó en las instalaciones del Tribunal de Sentencia de la ciudad de Danli, a solicitar el expediente en relación al proceso instruido en contra del señor Juan Saúl Montalván Pavón; en el que pudo constatar que al Privado de Libertad se le impuso medida cautelar de Prisión Preventiva en fecha cuatro (4) de febrero del año dos mil diecinueve (2019), por lo que la medida cautelar es ya vencida, por ello a criterio de la Juez ejecutor el Privado de Libertad señor Juan Saúl Montalván Pavón, se encuentra ilegalmente detenido. CONSIDERANDO (4): Que un examen detenido de los antecedentes y de las actuaciones efectuadas por la juez ejecutora designada revela, que al Privado de Libertad señor Juan Saúl Montalván Pavón, se le impuso medida cautelar de Prisión Preventiva en fecha cuatro (4) de febrero del año dos mil diecinueve (2019). De lo cual se colige a la fecha, el referido señor ha permanecido en prisión preventiva por UN (1) AÑO, CUATRO (4) MESES, haciendo el cálculo al 4 de junio del año 2020, sin que hasta el momento exista ampliación del plazo dictado de un año, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 181 del Código Procesal Penal y la escasa información brindada por la Juez Ejecutor en el Informe emitido. No obstante, de ello, se advierte que se ha superado así el tiempo máximo de duración de la prisión preventiva fijada por la ley, que inicialmente es por el plazo de un año por regla general, con las excepciones que el mismo precepto establece. (Vid. art. 181 del Código Procesal Penal). CONSIDERANDO (5): Que la Corte Interamericana de Derechos Humanos[1], ha establecido en su jurisprudencia que el derecho a la libertad personal admite restricciones, que Deben ajustarse a los artículos 30 y 32.2 de la Convención. Siguiendo la posibilidad de adoptar injerencias en este derecho, el Artículo 181 del Código Procesal Penal establece el tiempo máximo de duración de la medida cautelar de prisión preventiva. CONSIDERANDO (6): Que según dispone el artículo 24 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es ilegal y arbitraria: 1) Toda orden verbal de prisión o arresto, salvo si tiene como finalidad impedir la inminente comisión de un delito, la fuga de quienes hayan participado en aquél o evitar daños graves a las personas o a la propiedad; 2) Toda orden de prisión o arresto que no emane de autoridad competente o que haya sido expedida sin las formalidades legales o por motivos que no hayan sido previamente establecidos en la ley; y, 3) Toda detención o arresto que no se cumpla en los centros destinados para el efecto por el Estado. CONSIDERANDO (7): Que, como lo ha expresado ya esta Sala, la prolongación de la prisión preventiva en las circunstancias antes mencionadas, constituye no sólo una restricción indebida del derecho a la libertad personal garantizada por el artículo 69 de la Constitución de la República, sino que además una violación a la garantía genérica del debido proceso, consagrada en el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República, conforme a la cual se establece el derecho que toda persona tiene para ser juzgada por un Juez competente con arreglo a las formalidades, derechos y garantías previstas por la ley, siendo una de estas la de no ser sometido a un período de prisión preventiva excesivo y por lo tanto con la naturaleza propia de una pena anticipada, derecho que por otro lado encuentra reconocimiento expreso en un instrumento jurídico internacional suscrito por el Estado de Honduras como lo es la Convención Americana de Derechos Humanos, al prever en su artículo 8 No. 1) que toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y en plazo razonable en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella. CONSIDERANDO (8): Que para esta Sala de lo Constitucional, la sentencia que se revisa es apegada a derecho, toda vez que no se ha observado por parte de la Corte Tercera de Apelaciones violación a lo prescrito en el artículo 13 en relación con lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, comprobando que el supuesto agraviado, señor JUAN SAUL MONTALVAN PAVON, en ningún momento se encontró detenido en forma ilegal, según lo expuesto por la pedidora de la acción constitucional de Hábeas Corpus, pues la detención del referido señor, responde a un proceso iniciado en su contra por el delito de Homicidio en su Grado de Ejecución de Tentativa, en perjuicio de Angelo Felipe Cáceres Cáceres, no obstante a ello, la medida cautelar de Prisión Preventiva impuesta por el plazo de un año, se encuentra ya vencida, siendo procedente la revisión inmediata de la Medida Cautelar impuesta, por el Tribunal de Sentencia de Danli, ello por ser dicho Tribunal quien tiene la jurisdicción y competencia para resolver sobre esta situación, pues la privación de libertad del ciudadano JUAN SAUL MONTALVAN PAVON no se considera arbitraria[2] al tenor de lo establecido en el Artículo 24 de la Ley sobre Justicia Constitucional; no obstante a ello el plazo establecido en la ley para el mantenimiento de la medida cautelar de Prisión Preventiva es ya vencido, al tenor de lo preceptuado en el artículo 181 del CPP, debiendo en consecuencia el Tribunal de Sentencia proceder a su revisión inmediata, observando las disposiciones contenidas en el Acuerdo N° CSJ-02-2020 de fecha cuatro (4) de junio del año dos mil vente (2020), emitido por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, en relación al Proceso de Reincorporación Gradual y Responsable de los Servidores Judiciales a Labores Presenciales; por tanto, resulta apegada a derecho la declaratoria sin lugar de la presente acción constitucional, toda vez que no se acreditó haber detención ilegal en contra del señor JUAN SAUL MONTALVAN PAVON, no habiéndose comprobado ninguno de los extremos que establece la Ley Sobre Justicia Constitucional para el otorgamiento de la Acción de Hábeas Corpus o Exhibición Personal, procedía su declaratoria sin lugar, como en efecto se pronunció la ya referida Corte Tercera de Apelaciones. CONSIDERANDO (9): Que esta Sala ha sostenido que la revisión, revocación e imposición de medidas cautelares en el proceso penal es una potestad propia de la jurisdicción penal, por ende, en el trámite de la exhibición personal los jueces ejecutores designados no ostentan —en principio— esta potestad en forma taxativa, por lo que se ha dispuesto en el pasado que lo pertinente es que, cuando el caso lo amerite, el ejecutor debe ordenar a la autoridad judicial denunciada responsable de la actuación indebida que proceda a imponer las medidas bajo las formalidades exigidas en el proceso, cuando sea legalmente exigible y bajo las condiciones y circunstancias previstas por la ley. CONSIDERANDO (10): Que en suma, de la resolución de la Corte Tercera de Apelaciones, y del Informe emitido por la Juez Ejecutor designada se desprende la no existencia de trasgresión alguna a los derechos fundamentales de libertad personal e integridad personal del señor JUAN SAUL MONTALVAN PAVON, por lo cual se hace procedente en derecho confirmar la sentencia de Hábeas Corpus venida en revisión y que se tenga por definitiva, acorde a lo prescrito en el último párrafo del artículo 39 de la Ley Sobre Justicia Constitucional precitado. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, haciendo aplicación de los artículos Números 59, 60, 69, 80, 82, 90, 182, 303, 304, 313 atribución 5 y 316 de la Constitución de la República; 2, 5, 8, 9, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 1, 5, 7, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; y, 1, 2, 3 numeral primero, 5, 13, 24, 25, 26, 37, 39 y 120 de la Ley sobre Justicia Constitucional, FALLA: CONFIRMANDO la sentencia que se revisa y que se ha hecho mérito. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada Reina Auxiliadora Hercules Rosa. -NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL.LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los catorce días del mes de octubre de dos mil veinte, certificación de la sentencia de fecha treinta de septiembre de dos mil veinte, recaída en el Recurso de Exhibición Personal Venido en Revisión bajo el número SCO-414-2020.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1] Jesús María Casal, Convención Americana sobre Derechos Humanos, Artículo 7. Derecho a la Libertad Personal, Konrad Adenauer. Magna Terra Editores, Guatemala, diciembre de 2014, Pág. 187. En refuerzo a la injerencia del Estado en el derecho a la Libertad Personal, la Corte ha dejado establecido, que como principio nadie puede ser privado de su libertad física, según lo dispuesto en el Artículo 7.2 de la Convención, pero a continuación deja a salvo la posibilidad de adoptar injerencias a este derecho, “por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas”. Esto implica una remisión a la facultad de los Estados partes a dictar normas contemplen supuestos de privación de la libertad, pero tal remisión no es indeterminada sino contiene ciertos parámetros, ya que, además de la necesidad de que tales normas estén contenidas en la Constitución o en las leyes cónsonas con ellas, se exige que las mismas precisen las “causas” y las “condiciones” en las cuales la privación de libertad puede ordenarse.

[2] En relación a las privaciones de libertad arbitrarais e ilegales el citado autor Jesús María Casal, sostiene que la prohibición de privaciones ilegales de la libertad atiende a un criterio formal y proccidental, mientras que la prohibición de privaciones arbitrarias de la libertad responde a un criterio fundamentalmente material o sustancial. No basta que una detención sea conforme a la Constitución y las leyes de un país para considerarla licita o legitima, ya que es preciso adicionalmente que esta normatividad de ajuste a principios materiales de razonabilidad o proporcionalidad. Al examinar la prohibición de arbitrariedad del artículo 7.3 de la Convención, ha de tenerse en cuenta que: […] se está en presencia de una condición según la cual nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento por causas o métodos que –aun calificados de legales- puedan reputarse como incompatibles con el respeto a los derechos fundamentales del individuo por ser, entre otras cosas, irrazonables, imprevisibles, o faltos de proporcionalidad. Citando a la Corte IDH. Caso Gangaram Panday vs. Surinam, op. cit., párr. 47.