Sentencia EP-407-20 — Registro 11921
Resumen
Confirmatoria de denegatoria de Recurso de Exhibición Personal a favor de supuesto agraviado al encontrase detenido ilegalmente y en hacinamiento, considerando el riesgo que corre con la pandemia del COVID-19, pero la Sala considera confirmar denegatoria al no estar subsumida dentro de los presupuestos de otorgamiento del recurso de mérito y al haberse acreditado que en dicho centro se están tomando todas las medidas de bioseguridad
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."(8): Que, mediante Decreto Legislativo No. 64-2012, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 32,990 de fecha 3 de diciembre del año 2012, se crea la Ley del Sistema Penitenciario Nacional, la que tiene como propósito regular la organización y el funcionamiento del Sistema Penitenciario Nacional, el cual está integrado por: 1) El Instituto Nacional Penitenciario (INP); y, 2) Los Establecimientos Penitenciarios. El Sistema Penitenciario Nacional tiene como fines primordiales inter alia, “la retención y custodia de toda persona detenida, en prisión preventiva o cumpliendo condena privativa de libertad.” La precitada ley determina en el artículo 2 que la actividad penitenciaria se debe desarrollar con las garantías y dentro de los límites establecidos por la Constitución de la República, los Tratados Internacionales ratificados por Honduras, las Leyes, los Reglamentos, y las Sentencias Judiciales. El artículo 3 expresamente prohíbe el someter a las personas privadas de libertad a torturas y cualquier trato cruel, inhumano o degradante u otro lesivo a su dignidad. El artículo 8 enumera las atribuciones que tiene el INP, y de interés a la presente sentencia, las establecidas en el numeral 3 y 17, que consisten en: 3) Velar por la seguridad, atención, custodia, asistencia médica, educativa, laboral u otros servicios inherentes a los fines de la ley, de las personas privadas de libertad a su cargo, en prisión preventiva, cumpliendo penas o medidas de seguridad; y, 17) Coordinar con las autoridades judiciales competentes, los ingresos, traslados y egresos de las personas privadas de libertad a su cargo, de acuerdo a lo establecido en la legislación aplicable y la presente Ley. CONSIDERANDO (9): Que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha referido que la infracción del derecho a la integridad física y psíquica de las personas varía según los factores endógenos y exógenos que deberán ser demostrados en cada situación concreta; manifestando, a la vez, que: “toda persona privada de libertad tiene derecho a vivir en condiciones de detención compatibles con su dignidad personal y el Estado debe garantizarle el derecho a la vida y a la integridad personal. En consecuencia, el Estado, como responsable de los establecimientos de detención, es el garante de estos derechos de los detenidos…”. CONSIDERANDO (10): Que como consecuencia de la llegada del COVID-19 al territorio nacional, el Presidente de la República, en Consejo de Ministros, emitió el Decreto Ejecutivo PCM-005-2020, publicado en el Diario oficial La Gaceta No. 3,171 de fecha 1 de febrero del año 2020, mediante el cual se decretó declarar Estado de Emergencia Sanitaria en todo el territorio nacional, con el propósito de continuar y fortalecer las acciones de prevención y control entre otros, para garantizar la atención a las personas ante el posible contagio del virus denominado COVID-19. Posterior a ello, en fecha 16 de marzo del año 2020 se emitió el Decreto Ejecutivo PCM-021-220, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 35,201 de fecha 16 de marzo mediante el cual se decretó la restricción de garantías constitucionales por siete días, restricciones que se han prologando hasta la fecha con el propósito de evitar la propagación del COVID-19. Se debe garantizar, por consiguiente, que las restricciones ordenadas, no vengan a deteriorar aún más, las preexistentes deficiencias de salubridad e higiene en la mayoría de los Centros Penitenciarios; por lo que corresponde al Estado de Honduras el deber de respetar, garantizar y promover el goce y ejercicio de los derechos fundamentales, optimizando la declaración constitucional de que la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado. CONSIDERANDO (11): Que, por otra parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, emitió la Resolución No. 01/2020 “PANDEMIA Y DERECHOS HUMANOS EN LAS AMERICAS”, en fecha diez de abril del año dos mil veinte, estimando que la pandemia del COVID-19 puede afectar gravemente la plena vigencia de los derechos humanos de la población, en virtud de los serios riesgos para la vida y siendo que es este el derecho humano más afectado por esta pandemia, como consecuencia de una afectación grave y directa del derecho humano a la salud, es ahora el momento de tomar decisiones urgentes que garanticen los derechos fundamentales a la vida, la salud, y a la integridad personal de todas aquellas personas que se encuentren privadas de libertad; particularmente cuando adolezcan de enfermedades crónicas como diabetes Mellitus, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, personas mayores de 60 años, personas que padezcan de enfermedades respiratorias crónicas como neumonía, tuberculosis, VIH y otras enfermedades que debido a su condición inmunológica pongan en riesgo la salud de las Personas privadas de su libertad. Se recomienda, por lo tanto, adoptar medidas para enfrentar el hacinamiento de las unidades de privación de libertad, incluida la reevaluación de los casos de prisión preventiva, para identificar aquellos que pueden ser convertidos en medidas alternativas a la privación de la libertad; dando prioridad a las poblaciones con mayor riesgo de salud frente a un eventual contagio del COVID-19, principalmente las personas mayores y mujeres embarazadas o con hijos lactantes; lo cual no se identificó como supuesto concurrente al presente caso. CONSIDERANDO (12): Que se ha efectuado el estudio de autos en la presente garantía de Habeas Corpus o Exhibición Personal, así como el informe emitido por la Juez Ejecutora, el cual se aprueba. Considera este Alto Tribunal, que la petición excarcelatoria a favor del privado de libertad, formulada por el garantista, no es de recibo; por no enmarcarse en las disposiciones constitucionales relacionadas, ni en lo convencionalmente dispuesto por el artículo 1 de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Acorde el Informe de la Juez Ejecutora, tampoco se subsumiría el recurso en alguno de los presupuestos que, para su otorgamiento, precaven los artículos 13 y 24 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. Cabe reiterar aquí lo manifestado por la Sala, en fallos anteriores, en el sentido que correspondería a la jurisdicción ordinaria resolver planteamientos como el establecido por el garantista; acorde el principio de legalidad y a lo dispuesto en el bloque de constitucionalidad; por todo lo cual, debe declararse SIN LUGAR la presente garantía de Hábeas Corpus"
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 13 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 24 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintidós de julio del dos mil veinte. VISTA: Para dictar Sentencia en el Recurso de Exhibición Personal interpuesto por el abogado ROGER ORELLANA PINEL, a favor del señor OSCAR ALEXANDER ROJAS ALVARADO, contra actuaciones del DIRECTOR DEL CENTRO PENAL DE LA CIUDAD DE CHOLUTECA, DETPARTAMENTO DE CHOLUTECA; manifestando el peticionario, que su representa se encuentra en un situación de grave peligro y riesgo a su vida; todo con relación a la causa instruida contra el señor OSCAR ALEXANDER ROJAS ALVARADO, por suponerlo responsable del delito de TRÁFICO DE DROGAS, en perjuicio de la SALUD DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE HONDURAS. ANTECEDENTES 1) Que en fecha veintidós (22) de mayo de dos mil veinte (2020), compareció ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán el abogado ROGER ORELLANA PINEL, interponiendo Recurso de Exhibición Personal a favor del señor OSCAR ALEXANDER ROJAS ALVARADO, contra actuaciones del DIRECTOR DEL CENTRO PENAL DE LA CIUDAD DE CHOLUTECA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA. Manifestando el peticionario, que su representado está guardando prisión preventiva en dicho centro penitenciario, mismo que se encuentra en hacinamiento, por lo que es muy propenso a adquirir el COVID-19; situación que pone en riesgo su vida y libertad; todo con relación a la causa instruida contra el señor OSCAR ALEXANDER ROJAS ALVARADO, por suponerlo responsable del delito de TRÁFICO DE DROGAS, en perjuicio de la SALUD DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE HONDURAS. (Folios 1-5 del presente Recurso) 2) Que en fecha veinticinco (25) de mayo de dos mil veinte (2020), el citado Juzgado admitió el presente recurso y, en consecuencia, nombró como Juez Ejecutora a la abogada ESLYA MAHELY MATAMOROS ZEPEDA, a efecto de que rindiera un informe sobre los extremos consignados en el presente recurso. (Folios 6–7v del presente Recurso) 3) Que en fecha veintisiete (27) de mayo de dos mil veinte (2020), la Juez Ejecutora compareció ante el mencionado Juzgado, y en el ejercicio de las responsabilidades inherentes a su cargo, rindió el informe correspondiente, consignando entre otros extremos, lo siguiente: A) Que se personó a las instalaciones del Centro Penitenciario de la ciudad de Choluteca, departamento de Choluteca, para realizar la respectiva entrevista al señor OSCAR ALEXANDER ROJAS ALVARADO, quien le manifestó: que se encuentre recluido en dicho centro, por el delito de TRAFICO DE DROGAS, en perjuicio de la SALUD DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE HONDURAS, desde el once (11) de noviembre de dos mil dieciocho (2018); durante su estadía en dicho centro penitenciario, no ha sufrido tratos crueles, maltrato físico, verbal o psicológico, no le han impedido comunicarse con sus familiares o abogado; sospecha que padece de la presión desde que ingreso a dicho centro penitenciario, pues sufre de dolores de cabeza y adormecimiento de su brazo izquierdo, debido a las altas temperaturas, y toma las pastillas Enalapril, que son pastillas que le recetaron a su hermano para la presión; que cuando fue a la enfermería para que lo revisaran, su presión estaba bien y no registraba presión alta; duerme con dos (2) personas más; B) Que del informe rendido por el director de dicho centro penitenciario, el teniente coronel VÍCTOR MANUEL LÓPEZ FLORES, pudo constatar: que el señor OSCAR ALEXANDER ROJAS ALVARADO, ingresó en fecha once (11) de noviembre de dos mil dieciocho (2018), por orden del Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Choluteca, por seguírsele un proceso en el que se le supone responsable del delito de TRÁFICO DE DROGAS, en perjuicio de la SALUD DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE HONDUAS; que el Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, le dictó su correspondiente auto de formal procesamiento; que en dicho centro penitenciario se han implementado medidas como charlas preventivas para los privados de libertad y el personal, la distribución de material de higiene al personal y a los privados de libertad, la habilitación de un área especial para los recién ingresados, esterilización de los productos que entran al centro, restricción de visitas y alimentos, suspensión de actividades religiosas y recreativas, suspensión de salidas a audiencias por recomendación judicial, suspensión temporal de los beneficios de pre-liberación, y suspensión de los relevos del personal militar y los agenten penitenciarios; en cuanto a la condición médica del señor OSCAR ALEXANDER ROJAS ALVARADO, el médico de dicho establecimiento informa que se encuentra a la espera del estudio para investigar la enfermedad de hipertensión arterial, se le explico las medidas para la correcta toma de la presión y se le solicito que no se auto-medicara; C) Que en fecha veinticinco (25) de mayo de dos mil veinte (2020), se personó en las instalaciones del Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Choluteca, departamento de Choluteca, en donde le informaron que, efectivamente, se instruye un proceso contra el señor OSCAR ALEXANDER ROJAS ALVARADO, por suponerlo responsable del delito de TRÁFICO DE DROGAS, en perjuicio de la SALUD DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE HONDURAS; DEF) En vista de todo lo expuesto anteriormente, la Juez Ejecutora Resolvió: (SIC) “declarar SIN LUGAR el Recurso de Exhibición Personal, en razón de que el señor OSCAR ALEXANDER ROJAS ALVARADO no se encuentra ilegalmente preso, detenido ni cohibido de cualquier modo ya que el mismo manifestó que sabe las razones por lo que se encuentra con la medida de prisión preventiva asimismo no ha vencido la prisión preventiva ya que no ha terminado los dos años para dicha medida, asimismo el CENTRO PENITENCIARIO DE ESTA CIUDAD DE CHOLUTECA este cumpliendo con los cuidados y resguardo la que esta obligado ya que solo un ente jurisdicción competente puede cambiar modificar las medidas que se le impone a cualquier imputado que este bajo un proceso legal que es el que le compete, y siendo que el CENTRO PENITENCIARIO ha tomado a bien poner en práctica una serie de cuidados de revisión para el resguardo de la salud del señor OSCAR ALEXANDER ROJAS ALVARADO.” (Folios 13–29v del presente Recurso) 4) Que en fecha uno (1) de junio de dos mil veinte (2020), el referido Juzgado remitió los antecedentes del presente recurso a esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (C.S.J.), en virtud de inhibirse el mismo de seguir conociendo de dicho trámite. (Folio 31 del presente Recurso) CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia a través de su Sala Constitucional el conocimiento de las acciones de Hábeas Corpus o Exhibición Personal, acorde a lo preceptuado en los artículos 182 y 316 numeral uno de la Constitución de la República, en relación a lo preceptuado en los artículos 3 numeral uno y 13 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, resultando procedente la misma cuando se constate que la persona agraviada se encuentre ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad, o bien, cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción o molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión. CONSIDERANDO (2): Que la Constitución de la República en el artículo precitado, establece en su literalidad: “El Estado reconoce la garantía de Hábeas Corpus o Exhibición Personal, y de Hábeas Data. En consecuencia en el Hábeas Corpus o Exhibición Personal toda persona agraviada o cualquier otra en nombre de ésta tiene derecho a promoverla; y en el Hábeas Data únicamente puede promoverla la persona cuyos datos personales o familiares consten en los archivos, registros públicos o privados de la siguiente manera: 1) EL HÁBEAS CORPUS O EXHIBICIÓN PERSONAL: a) Cuando se encuentre ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad; y, b) Cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión”…[1] CONSIDERANDO (3): Que la justicia constitucional tiene por objeto desarrollar las garantías y las defensas del orden jurídico constitucional. En virtud de ello, establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, que sus disposiciones se interpretarán y aplicarán siempre de manera que aseguren una eficaz protección de los derechos humanos y el adecuado funcionamiento de las defensas del orden jurídico constitucional. De igual manera, la justicia constitucional se aplicará e interpretará de conformidad con los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales sobre derechos humanos vigentes en la República de Honduras, tomando en consideración las interpretaciones que de ellos hagan los tribunales internacionales.[2] CONSIDERANDO (4): Que el Estado de Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (CADH),[3] la que una vez en vigor forma parte del derecho interno[4]; comprometiéndose el Estado a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el artículo 5 el Derecho a la integridad personal y textualmente señala: “1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. 2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano…”. En congruencia a ello, nuestra Carta Magna declara en su artículo 59 que la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado, sosteniendo la obligación de respetarla y protegerla, siendo en consecuencia inviolable la dignidad del ser humano; declaración íntimamente relacionada con el derecho individual que recoge la normativa constitucional en el artículo 68, que textualmente establece: “Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, síquica y moral”. CONSIDERANDO (5): Que, en ese orden de ideas, señala también la jurisprudencia interamericana en materia de derechos humanos, que toda persona privada de libertad tiene derecho a vivir en condiciones de detención compatibles con su dignidad personal. Esto implica el deber del Estado de salvaguardar la salud y el bienestar de las personas privadas de libertad y de garantizar que la manera y el método de privación de libertad no excedan el nivel inevitable de sufrimiento inherente a la misma. Por ello, con base en el principio de no discriminación, el derecho a la vida de las personas privadas de libertad también implica la obligación del Estado de garantizar su salud física y mental, específicamente mediante la provisión de revisión médica regular y, cuando así se requiera, de un tratamiento médico adecuado, oportuno y, en su caso, especializado y acorde a las especiales necesidades de atención que requieran las personas detenidas en cuestión. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos también ha identificado la obligación de los Estados de proveer atención médica a los privados de libertad y de proporcionar cuidados especiales en situaciones de emergencia o debido cuidado en caso de enfermedad severa o terminal. Asimismo, el Comité de Derechos Humanos de la ONU ha establecido que cuando los Estados detienen a una persona asumen una especial responsabilidad de su vida, por lo que corresponde asegurar una protección de este derecho, incluyendo la atención médica adecuada, la cual debe ser ofrecida de oficio, sin necesidad de que sea haga un requerimiento especial por parte de quien se encuentra detenido; estándares de derechos humanos que son aplicables en el caso de mérito, dado que no pueden ser objeto de suspensión, aun en caso de estado de emergencia o excepción legalmente decretado.[5] CONSIDERANDO (6): Que manifiesta el peticionario de habeas corpus, en sustento de su recurso, que su representado, señor OSCAR ALEXANDER ROJAS ALVARADO, se encuentra guardando prisión preventiva en el Centro Penitenciario de la ciudad de Choluteca, departamento de Choluteca, en situación de hacinamiento; por lo que es muy propenso a adquirir el COVID-19, lo que conlleva riesgo a su vida y libertad. Lo anterior, en la causa penal contra él seguida, por suponerle responsable del delito de TRÁFICO DE DROGAS, en perjuicio de la SALUD DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE HONDURAS; situación que, a su criterio, fundamentaría una petición excarcelatoria a su favor, vía revisión de la medida cautelar privativa de libertad a la cual se encuentra sujeto. CONSIDERANDO (7): Que la abogada ESLYA MAHELY MATAMOROS ZEPEDA, Juez Ejecutora nombrada a prevención por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, para conocer de la garantía constitucional promovida, rindió en tiempo y forma el informe que legalmente le fuera requerido; siendo del parecer no haber lugar al RECURSO DE EXHIBICIÓN PERSONAL anteriormente descrito y circunstanciado; en vista a las entrevistas realizadas al beneficiario del presente recurso e informes requeridos de las autoridades competentes, verificándose que no ha existido violación a los derechos y garantías constitucionales del señor OSCAR ALEXANDER ROJAS ALVARADO; particularmente, porque en dicho centro penitenciario se han implementado medidas como charlas preventivas para los privados de libertad y el Personal, la distribución de material de higiene al personal y a los privados de libertad, la habilitación de un área especial para los recién ingresados, esterilización de los productos que entran al centro, restricción de visitas y alimentos, suspensión de actividades religiosas y recreativas, suspensión de salidas a audiencias por recomendación judicial, suspensión temporal de los beneficios de pre-liberación, y suspensión de los relevos del personal militar y los agenten penitenciarios. Y que, en cuanto a la condición médica del señor OSCAR ALEXANDER ROJAS ALVARADO, el médico de dicho establecimiento informa que se encuentra a la espera del estudio para investigar la enfermedad de hipertensión arterial, explicándosele, mientras tanto, las medidas para la correcta toma de la presión y solicitándole al beneficiario del presente recurso que no se auto-medicara. CONSIDERANDO (8): Que, mediante Decreto Legislativo No. 64-2012, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 32,990 de fecha 3 de diciembre del año 2012, se crea la Ley del Sistema Penitenciario Nacional, la que tiene como propósito regular la organización y el funcionamiento del Sistema Penitenciario Nacional, el cual está integrado por: 1) El Instituto Nacional Penitenciario (INP); y, 2) Los Establecimientos Penitenciarios. El Sistema Penitenciario Nacional tiene como fines primordiales inter alia, “la retención y custodia de toda persona detenida, en prisión preventiva o cumpliendo condena privativa de libertad.”[6] La precitada ley determina en el artículo 2 que la actividad penitenciaria se debe desarrollar con las garantías y dentro de los límites establecidos por la Constitución de la República, los Tratados Internacionales ratificados por Honduras, las Leyes, los Reglamentos, y las Sentencias Judiciales. El artículo 3 expresamente prohíbe el someter a las personas privadas de libertad a torturas y cualquier trato cruel, inhumano o degradante u otro lesivo a su dignidad. El artículo 8 enumera las atribuciones que tiene el INP, y de interés a la presente sentencia, las establecidas en el numeral 3 y 17, que consisten en: 3) Velar por la seguridad, atención, custodia, asistencia médica, educativa, laboral u otros servicios inherentes a los fines de la ley, de las personas privadas de libertad a su cargo, en prisión preventiva, cumpliendo penas o medidas de seguridad; y, 17) Coordinar con las autoridades judiciales competentes, los ingresos, traslados y egresos de las personas privadas de libertad a su cargo, de acuerdo a lo establecido en la legislación aplicable y la presente Ley. CONSIDERANDO (9): Que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha referido que la infracción del derecho a la integridad física y psíquica de las personas varía según los factores endógenos y exógenos que deberán ser demostrados en cada situación concreta;[7] manifestando, a la vez, que: “toda persona privada de libertad tiene derecho a vivir en condiciones de detención compatibles con su dignidad personal y el Estado debe garantizarle el derecho a la vida y a la integridad personal. En consecuencia, el Estado, como responsable de los establecimientos de detención, es el garante de estos derechos de los detenidos…”.[8] CONSIDERANDO (10): Que como consecuencia de la llegada del COVID-19 al territorio nacional, el Presidente de la República, en Consejo de Ministros, emitió el Decreto Ejecutivo PCM-005-2020, publicado en el Diario oficial La Gaceta No. 3,171 de fecha 1 de febrero del año 2020, mediante el cual se decretó declarar Estado de Emergencia Sanitaria en todo el territorio nacional, con el propósito de continuar y fortalecer las acciones de prevención y control entre otros, para garantizar la atención a las personas ante el posible contagio del virus denominado COVID-19. Posterior a ello, en fecha 16 de marzo del año 2020 se emitió el Decreto Ejecutivo PCM-021-220, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 35,201 de fecha 16 de marzo mediante el cual se decretó la restricción de garantías constitucionales por siete días, restricciones que se han prologando hasta la fecha con el propósito de evitar la propagación del COVID-19. Se debe garantizar, por consiguiente, que las restricciones ordenadas, no vengan a deteriorar aún más, las preexistentes deficiencias de salubridad e higiene en la mayoría de los Centros Penitenciarios; por lo que corresponde al Estado de Honduras el deber de respetar, garantizar y promover el goce y ejercicio de los derechos fundamentales, optimizando la declaración constitucional de que la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado. CONSIDERANDO (11): Que, por otra parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, emitió la Resolución No. 01/2020 “PANDEMIA Y DERECHOS HUMANOS EN LAS AMERICAS”, en fecha diez de abril del año dos mil veinte, estimando que la pandemia del COVID-19 puede afectar gravemente la plena vigencia de los derechos humanos de la población, en virtud de los serios riesgos para la vida y siendo que es este el derecho humano más afectado por esta pandemia, como consecuencia de una afectación grave y directa del derecho humano a la salud, es ahora el momento de tomar decisiones urgentes que garanticen los derechos fundamentales a la vida, la salud, y a la integridad personal de todas aquellas personas que se encuentren privadas de libertad; particularmente cuando adolezcan de enfermedades crónicas como diabetes Mellitus, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, personas mayores de 60 años, personas que padezcan de enfermedades respiratorias crónicas como neumonía, tuberculosis, VIH y otras enfermedades que debido a su condición inmunológica pongan en riesgo la salud de las Personas privadas de su libertad. Se recomienda, por lo tanto, adoptar medidas para enfrentar el hacinamiento de las unidades de privación de libertad, incluida la reevaluación de los casos de prisión preventiva, para identificar aquellos que pueden ser convertidos en medidas alternativas a la privación de la libertad; dando prioridad a las poblaciones con mayor riesgo de salud frente a un eventual contagio del COVID-19, principalmente las personas mayores y mujeres embarazadas o con hijos lactantes; lo cual no se identificó como supuesto concurrente al presente caso. CONSIDERANDO (12): Que se ha efectuado el estudio de autos en la presente garantía de Habeas Corpus o Exhibición Personal, así como el informe emitido por la Juez Ejecutora, el cual se aprueba. Considera este Alto Tribunal, que la petición excarcelatoria a favor del privado de libertad, formulada por el garantista, no es de recibo; por no enmarcarse en las disposiciones constitucionales relacionadas, ni en lo convencionalmente dispuesto por el artículo 1 de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Acorde el Informe de la Juez Ejecutora, tampoco se subsumiría el recurso en alguno de los presupuestos que, para su otorgamiento, precaven los artículos 13 y 24 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. Cabe reiterar aquí lo manifestado por la Sala, en fallos anteriores, en el sentido que correspondería a la jurisdicción ordinaria resolver planteamientos como el establecido por el garantista; acorde el principio de legalidad y a lo dispuesto en el bloque de constitucionalidad; por todo lo cual, debe declararse SIN LUGAR la presente garantía de Hábeas Corpus. POR TANTO: La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 1, 4, 59, 60, 68, 69, 70, 80, 82, 303, 304, 313 atribución 5a. y 316 de la Constitución de la República; 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 5 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1 de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; 1o., 78 atribución 5ª y 137 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 9, 13, 14, 17, 19, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 38, 39, 72, 119 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: DECLARAR SIN LUGAR EL RECURSO DE EXHIBICIÓN PERSONAL impetrado por el Abogado ROGER ORELLANA PINEL, a favor del ciudadano Sr. OSCAR ALEXANDER ROJAS ALVARADO, contra actuaciones del DIRECTOR DEL CENTRO PENAL DE LA CIUDAD DE CHOLUTECA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA. Y MANDA: 1.- Que se notifique esta sentencia al Abogado impetrante de la presente garantía constitucional. 2.- Que notificada y firme que sea la presente sentencia, se proceda al archivo de las diligencias en Sala de lo Constitucional. Redacto la Magistrada Álvarez Sagastume.- NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. PRESIDENTE SALA CONSTITUCIONAL. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiocho días del mes de julio del año dos mil veinte, certificación de la sentencia de fecha veintidós de julio del año dos mil veinte, recaída en el Recurso de Exhibición Personal, bajo el número SCO-0407-2020.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA CONSTITUCIONAL
[1] Ver el artículo 182 de la Constitución de la República.
[2] Ver artículo 2 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, Decreto Legislativo No. 244-2003.
[3] Suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, y entro en vigor en julio de 1978, publicado en La Gaceta No. 22287 del 1 de septiembre de 1977.
[4] Artículo 16, segundo párrafo de la Constitución de la República de Honduras.
[5] Ver: CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Cuadernillo de Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos No. 26: Restricción y suspensión de derechos humanos / Corte Interamericana de Derechos Humanos y Cooperación Alemana (GIZ). -- San José, C.R., 2020. Págs. 150-151.
[6] Artículo 1, último párrafo, de la Ley del Sistema Penitenciario Nacional.
[7] Ver: Caso Loayza Tamayo v. Perú. Sentencia de 17 de septiembre de 1997, párrafo 57.
[8] Caso Cantoral Benavides v. Perú, sentencia de 18 de agosto de 2000, párrafo 87.