Sentencia EP-401-20 — Registro 10819
Resumen
Jueza Ejecutora declaró sin lugar recurso de mérito a favor de recurrente en vista que sentencia del recurso de casación emitida por la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia no es firme; dicho recurso se declaró ha lugar a favor de recurrente que fue condenada por delitos de apropiación indebida y fraude en perjuicio del Patrimonio del Estado de Honduras y la Administración Pùblica; dicha Sala ordenó que se celebre un nuevo juicio oral y público en virtud de haberse declarado la nulidad de la sentencia recurrida en casación; se concluyó que el Centro Penitenciario donde se encuentra la recurrente ha tomado medidas de bioseguridad para evitar el contagio del COVID-19
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Concluye su informe la Juez Ejecutora: “DECLARANDO NO HA LUGAR la acción del Recurso de exhibición personal interpuesta a favor de la señora ROSA ELENA BONILLA AVILA, en vista de que no se ha podido NOTIFICAR al Ministerio Público con el fin de que la SENTENCIA tenga el carácter de FIRME...”..."la privación de libertad impuesta a la señora Rosa Elena Bonilla Ávila, debe considerarse legal hasta el 28 de febrero de 2020, día en el cual se cumplió el término de dos años referido en el segundo párrafo del artículo 181 del Código Procesal Penal[4], ello en virtud de no haberse solicitado la ampliación de este plazo, posibilidad procesal que otorga el párrafo tercero de esa misma disposición legal[5]. Así las cosas, a partir del día 29 de febrero de 2020, la situación jurídica de la recurrente pudo haberse corregido, y al no hacerlo, se torna en ilegal, hecho que se subsumen en el numeral uno literal a) del artículo 181 constitucional que señala “…1.- … a) Cuando se encuentre ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad;…”..."la Sala de lo Constitucional ha sido clara en su posición, en lo casos de interposición de habeas corpus cuando el tema decidendi es eminentemente procesal y deviene de la petición de sustitución de medidas cautelares, específicamente cuando se trata de la aplicación del artículo 181 del Código Procesal Penal que manda: "Duración de la prisión preventiva. La prisión preventiva podrá durar, como regla general, hasta un año. Cuando la pena aplicable al delito sea superior a seis años, la prisión preventiva podrá durar hasta dos años. Excepcionalmente, y habida cuenta del grado de dificultad, dispersión o amplitud de la prueba que deba rendirse, la Corte Suprema de Justicia podrá ampliar hasta por seis meses los plazos a que este artículo se refiere, a solicitud fundada del Ministerio Público. Una vez dictada la sentencia condenatoria, la prisión preventiva podrá prorrogarse durante la tramitación del recurso que contra ella puede interponerse hasta la mitad de la pena impuesta en la sentencia recurrida…. Dentro de dicho plazo, no se contará el tiempo que hayan durado las demoras producidas por gestiones de la defensa, que hayan sido declaradas sin lugar… Si vencido el plazo no ha llegado a su fin el proceso, el imputado será puesto en libertad provisional y sometido a cualquiera de las medidas cautelares previstas en el artículo 173, sin perjuicio de la continuación del proceso, hasta que la sentencia adquiera el carácter de firme.” En el caso que nos ocupa, si bien es cierto, es determinante el tema de la duración de la prisión preventiva, se sobrepone a éste, la inaplicación del artículo 372[6] de la ley adjetiva, y la vulneración al principio de legalidad que contiene la argumentación jurídica en la cual la Juez Ejecutora fundamenta su decisión de declarar SIN LUGAR el recuro de habeas corpus interpuesto, señalando que no hay detención ilegal, puesto que la sentencia no ha adquirido firmeza. Asimismo, se observa que constituye una causa que provoca la detención ilegal, la actuación de la Secretaría de la Sala de lo Penal, órgano jurisdiccional que aduce que no se continuó con el procedimiento, pues se está a la espera de la notificación del Ministerio Público, deduciendo claramente que la detención se convierte en legal y seguiría siendo legal hasta que el Ministerio público decida cuándo notificarse, olvidando la Secretaría de Sala Penal y la Secretaría General, lo dispuesto en los artículos 151, 152 y 153 del Código Procesal Penal[7], máxime cuando se trata de las sentencia de casación, por no caber contra ellas ningún recuro, lo que las convierte en firmes desde que son emitidas y firmadas según lo dispone el artículo 144 procesal..."..."esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, reitera que se ha constatado la violación al artículo 13 numeral 1 literal a) de la Ley obre Justicia Constitucional –detención ilegal-; y al artículo 182 numeral 1 literal a) de la Constitución de la República, por lo que desaprueba el informe rendido por la Juez ejecutora y declara CON LUGAR LA ACCIÓN DE HABEAS CORPUS interpuesta. En ese sentido, en aplicación del segundo párrafo del artículo 39 de la Ley Sobre Justicia Constitucional[10], decreta y ordena la inmediata libertad de la agraviada, señora ROSA ELENA BONILLA AVILA, mediante la sustitución de la medida cautelar de Prisión Preventiva. No obstante lo anterior, esta Sala de lo Constitucional, en consonancia con lo dispuesto por la Sala Penal en su sentencia emitida en nombre de la Corte Suprema de Justicia, mediante la cual ordena la celebración de un nuevo juicio, procurando que no haya impunidad, se le ordena a la Sala Penal se le imponga a la señora ROSA ELENA BONILLA AVILA, las medidas cautelares que aseguren la eficacia del procedimiento y garanticen la presencia de la imputada y la regular intención de las fuentes de pruebas adoptando una o más de las medidas cautelares distintas a la prisión preventiva que señala el artículo 173 del Código Procesal Penal, a efecto de garantizar su presencia en el nuevo juicio a celebrarse por mandato de la Sala de lo Penal en la sentencia emitida en virtud de recurso de casación supra. Esta sentencia tiene el carácter de firme, por lo que es de inmediato cumplimiento..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 182 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 316 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 7 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 13, 1,a (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 26 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Penal, art. 173 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Penal, art. 181 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintidós de julio de dos mil veinte. VISTA: Para dictar Sentencia el Recurso de Exhibición Personal interpuesto por el Abogado JUAN CARLOS BERGANZA GODOY, a favor de la señora ROSA ELENA BONILLA AVILA, contra actuaciones de la SALA PENAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, manifestando el peticionario que la agraviada se encuentra Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), detenida ilegalmente y arbitrariamente, al mantenerla con una medida cautelar de prisión preventiva, cuyo término ya venció, impuesta por el Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, la que fue mantenida por el Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, durante todo el proceso, siendo condenada el cuatro de septiembre de dos mil diecinueve, por el referido Tribunal. En dichas diligencias procesales, nunca se pidió prórroga sobre la prisión preventiva. El cuatro de diciembre de dos mil diecinueve, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, declaró Con Lugar un Recurso de Casación a favor de la señora ROSA ELENA BONILLA AVILA, ordenando se celebrara un nuevo Juicio Oral y Público, en virtud de haberse declarado la nulidad de la sentencia, por lo que en vista de dicha nulidad, a criterio del peticionario, resulta inaplicable la extensión de la duración de la prisión preventiva, en el trámite del recurso de casación, hasta la mitad de la pena impuesta por la sentencia emitida por el Tribunal de Sentencia, ya que por efecto de la nulidad que contiene el fallo de casación, la pena impuesta, desaparece. Agrega además el Peticionario, que por efectos de la Suspensión de Derechos y la Declaración de Emergencia Nacional por el COVID-19, la sentencia de casación no se logró notificar al Fiscal del Ministerio Público, desconociéndose hasta esa fecha, si ya se logró notificar; por lo anterior se solicitó el cambio de Medida de Prisión Preventiva a la Sala Penal, sin embargo a la fecha, dicha petición no había sido resuelta, por lo que solicita poner en inmediata libertad a la señora ROSA ELENA BONILLA AVILA. ANTECEDENTES 1) Que en fecha veintiocho de mayo de dos mil veinte, el Abogado JUAN CARLOS BERGANZA GODOY, compareció ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, presentando Recurso de Exhibición Personal a favor de la señora ROSA ELENA BONILLA AVILA, contra actuaciones de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, manifestando el peticionario que su representada: “se encuentra en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), detenida ilegalmente y arbitrariamente, al mantenerla con una medida cautelar de prisión preventiva, cuyo término ya venció, medida impuesta por el Juzgado de Letras de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, la que fue mantenida por el Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, durante todo el proceso, siendo condenada el cuatro de septiembre de dos mil diecinueve, por el referido Tribunal. En dichas diligencias procesales, nunca se pidió prórroga sobre la prisión preventiva. El cuatro de diciembre de dos mil diecinueve, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, declaró Con Lugar un Recurso de Casación a favor de la señora ROSA ELENA BONILLA AVILA, ordenando se celebrara un nuevo Juicio Oral y Público, en virtud de haberse declarado la nulidad de la sentencia, por lo que en vista de dicha nulidad, a criterio del peticionario, resulta inaplicable la extensión de la duración de la prisión preventiva, en el trámite del recurso de casación, hasta la mitad de la pena impuesta por la sentencia emitida por el Tribunal de Sentencia, ya que por efecto de la nulidad que contiene el fallo de casación, la pena impuesta, desaparece. Agrega además el Peticionario, que por efectos de la Suspensión de Derechos y la Declaración de Emergencia Nacional por el COVID-19, la sentencia de casación no se logró notificar al Fiscal del Ministerio Público, desconociéndose hasta esa fecha, si ya se logró notificar; por lo anterior se solicitó el cambio de Medida de Prisión Preventiva a la Sala Penal, sin embargo a la fecha, dicha petición no había sido resuelta, por lo que solicita poner en inmediata libertad a la señora ROSA ELENA BONILLA AVILA. (Folios 02 al 05 del recurso).” 2) Que en esa misma fecha, -veintiocho de mayo de dos mil veinte- esta Sala, admitió el recurso de exhibición personal de mérito y nombró como Juez Ejecutor a la Abogada ADELA MIRANDA GUDIEL, quien es Defensora Pública de la ciudad de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, a efecto de requerir a la autoridad recurrida el informe correspondiente, dentro del plazo y con las formalidades establecidas en el artículo 26 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, y constatar de manera inmediata los hechos narrados por el recurrente, haciendo cesar de manera inmediata cualquier tormento, tortura, vejamen, exacción ilegal y toda coacción, restricción o molestia innecesaria para la seguridad individual de la señora ROSA ELENA BONILLA AVILA . (Folio 06 del recurso) 3) Que la Abogada ADELA MIRANDA GUDIEL, actuando en su condición antes indicada, compareció ante la Sala de lo Constitucional en fecha tres de junio de dos mil veinte, y en el ejercicio de las funciones inherentes a su cargo, rindió el informe correspondiente, en el cual consignó entre otros extremos lo siguiente: a) Que en fecha veintiocho de mayo de dos mil veinte, la Juez Ejecutora se personó en las oficinas de la Directora de la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social, a efecto de que rindiera un informe sobre la situación de la señora ROSA ELENA BONILLA AVILA, rindiéndose dicho informe en fecha 29 de mayo de 2020, en el cual se establece que la señora ROSA ELENA BONILLA AVILA, fue remitida a ese centro penitenciario mediante Nota de Reclusión de fecha 28 de febrero de 2018, por suponerla responsable de la comisión de los delitos de MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS, ASOCIACIÓN ILÍCITA Y LAVADO DE ACTIVOS, en perjuicio de LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y LA ECONOMÍA DEL ESTADO DE HONDURAS, por orden del Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción. En fecha 20 de agosto de 2019, el Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, remitió nota a la Penitenciaría Nacional Femenina, en la cual informan que la señora ROSA ELENA BONILLA AVILA, fue declarada culpable de tres (3) delitos de APROPIACIÓN INDEBIDA COMO UN SOLO DELITO CONTINUADO, a Titulo de Autora en perjuicio del PATRIMONIO DEL ESTADO DE HONDURAS, de ocho (8) delitos de FRAUDE EN CONCURSO REAL, a Titulo de Inductora, en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN PUBLICA. La señora ROSA ELENA BONILLA AVILA, se encuentra ubicada en el área destinada para privadas de libertad que gozan de medidas de seguridad otorgadas por los diferentes entes judiciales del país. Que en la Penitenciaría se han tomado varias medidas para evitar el contagio y la propagación del COVID-19, entre ellas prohibir el ingreso de personas ajenas al establecimiento, como ser las visitas de los familiares, pero que se les estaba permitiendo a los familiares llevarles medicamentos, alimentos y otros insumos necesarios, obedeciendo las medidas de higienización, habilitándose un espacio físico para las personas que ingresan para su guarda y custodia de primer ingreso, fumigación constante de los espacios físicos, en exterior e interior de las instalaciones con liquido antiséptico, para evitar el contagio del virus, además se creó un protocolo de manejo de privados de libertad para identificar cuando las privadas de libertad están en crisis, estrés y pánico, entre otras medidas sanitarias. b) Que en la entrevista realizada a la señora ROSA ELENA BONILLA AVILA, ésta manifestó que se le estaban violando sus derechos y garantías constitucionales como ser humano, ya que estaba pagando una Prisión Preventiva ya vencida desde el 28 de febrero de 2020, ya que habían interpuesto un recurso de casación, que se declaró Con Lugar y dio como resultado que se anulara el juicio, y se celebrase nuevamente el Juicio Oral y Público, asimismo, que el Ministerio Público no había solicitado la prórroga de la prisión preventiva, lo que deriva en una detención ilegal y arbitraria. Asimismo manifestó que temía por su vida, ya que tiene una familia que la espera, a la vez, pidiendo justicia para ella, ya que tenía respaldos y amparo para estar en libertad. c) En fecha veintinueve de mayo de 2020, la Juez Ejecutora se personó en el Juzgado de Letras con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, requiriendo en legal y debida forma a la Abogada Vera Barahona, en su condición de Juez del citado Juzgado, para que informara sobre el expediente de la señora ROSA ELENA BONILLA AVILA, rindiendo su informe el uno de junio de dos mil veinte, y del cual se desprende en otros, lo siguiente: Que la causa se conoció bajo el expediente No. 0801-2018-00007, presentándose Requerimiento Fiscal el 28 de febrero de 2018, por parte de la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC), contra la señora ROSA ELENA BONILLA AVILA, y otras personas más, por los delitos de MALVERSACIÓN DE CAUDALES PUBLICOS, ASOCIACIÓN ILÍCITA Y LAVADO DE ACTIVOS en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y LA ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS, celebrándose la Audiencia de Declaración de Imputado en fecha 28 de febrero de 2018, en la cual se le decretó la medida cautelar de prisión preventiva, siendo remitida a la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social, para su guarda y custodia. En fecha 02 de marzo de 2018, se celebró la Audiencia Inicial, donde se le dictó Auto de Formal Procesamiento con la prisión preventiva, habiéndose dictado Sobreseimiento Provisional por el delito de ASOCIACIÓN O CONFABULACIÓN ILÍCITA PARA EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS. Que contra el Auto de Formal Procesamiento se interpuso Recurso de Apelación, el cual en fecha 24 de abril de 2018, la Corte de Apelaciones Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, REVOCO la calificación jurídica del Auto de Formal Procesamiento, por los delitos de MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS Y LAVADO DE ACTIVOS, CONFIRMA EL SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL por el delito de ASOCIACIÓN O CONFABULACIÓN ILÍCITA PARA EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS, dictando Auto de Formal Procesamiento por tres(3) delitos de APROPIACIÓN INDEBIDA, apreciado como un solo delito continuado a Título de Autora y seis (6) delitos de FRAUDE a Título de Inductora, en fecha 28 de junio de 2018, se celebró la Audiencia Preliminar, y en fecha 20 de julio de 2018, se decretó Auto de Apertura a Juicio, por los tres(3) delitos de APROPIACIÓN INDEBIDA, apreciado como un solo delito continuado a Título de Autora y seis (6) delitos de FRAUDE a Título de Inductora, y se ordenó remitir las diligencias al Tribunal de Sentencia. d) Que en fecha uno de junio de dos mil veinte, la Juez Ejecutora se personó en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, solicitando el informe sobre el expediente de la señora ROSA ELENA BONILLA AVILA, informe en el cual se establece entre otros lo siguiente: En fecha 31 de octubre de 2019, se recibió el Recurso de Casación interpuesto por Infracción de Ley, Quebrantamiento de Forma y por Infracción de Precepto Constitucional, a favor de la señora ROSA ELENA BONILLA AVILA y otros, contra la sentencia de fecha cuatro de septiembre de dos mil diecinueve, dictada por el Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, mediante la cual se CONDENÓ a la señora ROSA ELENA BONILLA AVILA, por los delitos de APROPIACIÓN INDEBIDA Y FRAUDE, en perjuicio del PATRIMONIO DEL ESTADO DE HONDURAS Y LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA, a la pena de CINCUENTA Y OCHO AÑOS DE RECLUSIÓN, MAS UNA MULTA DE UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON SETENTA Y TRES CENTAVOS. Asimismo se le ABSOLVIÓ de los delitos de MALVERSACIÓN DE CAUDALES PUBLICOS Y LAVADO DE ACTIVOS en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN PUBLICA Y LA ECONOMÍA DEL ESTADO DE HONDURAS. En fecha cuatro de diciembre de dos mil diecinueve, la Sala Penal dictó sentencia, en la cual falló entre otros: “…PRIMERO:… 4) No Ha Lugar los dos motivos de Casación de Infracción de Precepto Constitucional, los dos motivos casación de Infracción de Ley, invocados por la defensa de la señora Rosa Elena Bonilla Avila; 5) Ha Lugar, el primero y segundo motivos de casación por Quebrantamiento de forma, invocados por la defensa privada de la acusada Rosa Elena Bonilla Ávila , en la causa en que: 1) Se condenó a la señora Rosa Elena Bonilla Ávila, como autora del delito de Apropiación Indebida, en perjuicio del Patrimonio del Estado de Honduras; 2) Se condenó a la señora Rosa Elena Bonilla Avila como autora por inducción de ocho delitos de Fraude en Concurso Real en perjuicio de la Administración Pública SEGUNDO: Declarar FIRME Y EJECUTABLE la sentencia de fecha cuatro de septiembre de dos mil diecinueve, dictada por el Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, en la que: 1) Se absolvió a la señora Rosa Elena Bonilla Ávila, de los delitos de Malversación de Caudales Públicos y Lavado de Activos en perjuicio de la Administración Pública y la Economía del Estado de Honduras;…TERCERO: En virtud de haber prosperado el motivo único de casación de Quebrantamiento de Forma, invocado por la defensa pública del acusado Saúl Fernando Escobar Puerto, y el primero y segundo motivos de casación por Quebrantamiento de Forma invocados por la defensa privada de la acusada Rosa Elena Bonilla Avila, Casa la sentencia recurrida, declara la nulidad parcial de la sentencia impugnada de fecha cuatro de septiembre del año dos mil diecinueve, dictada por el Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, en la parte en que: 1) Se condenó a la señora Rosa Elena Bonilla Avila, como autora del delito de Apropiación Indebida, en perjuicio del Patrimonio del Estado de Honduras; 2) Se condenó a la señora Rosa Elena Bonilla Avila como autora por inducción de ocho delitos de Fraude en Concurso Real en perjuicio de la Administración Pública… MANDA: Que el Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, celebre nuevo juicio contra la señora Rosa Elena Bonilla Avila, a quien se supone responsable como autora del delito de Apropiación Indebida, en perjuicio del Patrimonio del Estado de Honduras y como autora por inducción de ocho delitos de Fraude en Concurso Real en perjuicio de la Administración Pública…” Señala en su informe la Sala Penal que en fecha once de marzo de 2020, dicho expediente fue remitido a la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia, para notificar a las partes y remitir los antecedentes al Tribunal de origen, habiéndose notificado en esa misma fecha los Abogados Juan Carlos Berganza Godoy, Arnaldo Alcides García y el Representante de la Procuraduría General de la República, Abogado Romeo Isaac Carpintero, quedando pendiente de notificar al Fiscal del Ministerio Público, llamando al Jefe de la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción, para solicitar el número de teléfono de la Fiscal Abogada Abigail Merary Ramos, quien manifestó que le daría el mensaje para que se comunicara con la Receptora Adscrita de la Secretaría General; la Abogada Abigail Merary Ramos, se personó en la Secretaría General de la Corte Suprema para ser notificada, pero en virtud de un Reclamo presentado por uno de los Abogados defensores, el expediente no se encontraba en ese momento en la Secretaría General. En fecha 16 de marzo de 2020 la Abogada Abigail Merary Ramos, se comunicó con la Receptora Adscrita para manifestarle que el 23 de marzo de 2016, se iría a notificar, suponiendo que para esa fecha se estaría laborando, ya que el día 16 de marzo se habían suspendido las labores a partir del mediodía en la Corte Suprema de Justicia debido a la Pandemia del COVID-19. e) Que la Juez Ejecutora en base a todo lo expuesto resolvió: “DECLARAR NO HA LUGAR la acción del Recurso de exhibición personal interpuesta a favor de la señora ROSA ELENA BONILLA AVILA, en vista de que no se ha podido NOTIFICAR al Ministerio Público con el fin de que la SENTENCIA tenga el carácter de FIRME.…” (Folios 11 al 13 de recurso) Que entre las medidas de bioseguridad y prevención que se han tomado para evitar el contagio del COVID-19. CONSIDERANDO (1): Que el artículo 182 de la Constitución de la República reconoce la garantía de Habeas Corpus: “Artículo 182. El Estado reconoce la garantía de Hábeas Corpus o de exhibición Personal, y de Hábeas Data. En consecuencia en el Hábeas Corpus o exhibición Personal, toda persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta tiene derecho a promoverla; y en el Hábeas Data únicamente puede promoverla la persona cuyos datos personales o familiares consten en los archivos, registros públicos o privados de la siguiente manera: 1) EL HÁBEAS CORPUS O EXHIBICIÓN PERSONAL: a) Cuando se encuentre ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad; y, b) Cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción o molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión.[1] CONSIDERANDO (2): Que la Constitución de la República, en el artículo 316 numeral 1, otorga a la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, la atribución de conocer de la garantía de Habeas Corpus. Así mismo la ley especial, Ley Sobre Justicia Constitucional, establece un control difuso para conocer de la garantía habeas Corpus[2], otorgando capacidad para conocer y resolver de esta acción a todo lo titular de órganos jurisdiccionales señalando a la Sala de lo Constitucional como la competente para conocer de la acción de habeas Corpus en el máximo Tribunal de Justicia.[3] CONSIDERANDO (3): Que el impetrante de la presente garantía constitucional de exhibición personal manifiesta que el Juzgado de Letras con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, impuso a la Señora ROSA HELENA BONILLA, la medida cautelar de prisión preventiva en fecha veintiocho de febrero de do mil dieciocho, la que fue mantenida por el Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, durante todo el proceso, siendo condenada el cuatro de septiembre de dos mil diecinueve, por el referido Tribunal. Señala el recurrente que en fecha cuatro de diciembre de dos mil diecinueve, la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Penal, declaró Con Lugar un Recurso de Casación interpuesto a favor de la señora ROSA ELENA BONILLA AVILA, sentencia en la cual se ordena que se celebrara un nuevo Juicio Oral y Público, en virtud de haberse declarado la nulidad de la sentencia. El petente señala como basamento legal los artículos 181, 372, 191 párrafo último todo del Código Procesal Penal. Concluye el recurrente que: “En el presente caso es evidente, que la prisión preventiva ya cumplió su fin procesal y el termino común ordinario ha vencido, no siendo legalmente procedente que continúe su imposición en perjuicio grave del ESTADO DE INOCENCIA y el DERECHO A LA LIBERTAD PERSONAL garantizados en los artículos 7 y 8.2 de la CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS, por lo que solicitamos respetuosamente a esta honorable Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia verificar los extremos expuesto ya que nos encontramos ante una situación de indefensión absoluta al no tener respuesta de ningún órgano jurisdiccional en perjuicio de la libertado de uno ciudadana, por lo que solicita poner en inmediato libertad o la señora ROSA ELENA BONILLA ÁVILA. CONSIDERANDO (4): Que un vez admitido el recurso de exhibición personal de mérito, se nombró como Juez Ejecutora a la Abogada ADELA MIRANDA GUDIEL, Defensora Pública de la ciudad de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán. En el informe que por mandato legal emitió la Juez Ejecutora, señala que: La señora ROSA ELENA BONILLA ÁVILA, fue remitida a la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), mediante nota de Reclusión en fecha 28 de febrero de 2018, por suponerla responsable de la comisión de los delitos de MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS, ASOCIACIÓN ILÍCITA Y LAVADO DE ACTIVOS, en perjuicio de LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y LA ECONOMÍA DEL ESTADO DE HONDURAS, por orden del Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción. Hace constar que el veinte (20) de agosto de dos mil diecinueve (2019), el Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, remitió nota a la Penitenciaría Nacional Femenina, en la cual informan que la señora ROSA ELENA BONILLA AVILA, fue declarada culpable de tres (3) delitos de APROPIACIÓN INDEBIDA COMO UN SOLO DELITO CONTINUADO, a Titulo de Autora en perjuicio del PATRIMONIO DEL ESTADO DE HONDURAS, de ocho (8) delitos de FRAUDE EN CONCURSO REAL, a Titulo de Inductora, en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN PUBLICA. Manifiesta que en fecha 31 de octubre de 2019, se recibió el Recurso de Casación interpuesto por Infracción de Ley, Quebrantamiento de Forma y por Infracción de Precepto Constitucional, a favor de la señora ROSA ELENA BONILLA AVILA y otros, contra la sentencia de fecha cuatro de septiembre de dos mil diecinueve, dictada por el Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, mediante la cual se CONDENÓ a la señora ROSA ELENA BONILLA AVILA, por los delitos de APROPIACIÓN INDEBIDA Y FRAUDE, en perjuicio del PATRIMONIO DEL ESTADO DE HONDURAS Y LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA, a la pena de CINCUENTA Y OCHO AÑOS DE RECLUSIÓN, MAS UNA MULTA DE UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON SETENTA Y TRES CENTAVOS. Asimismo se le ABSOLVIÓ de los delitos de MALVERSACIÓN DE CAUDALES PUBLICOS Y LAVADO DE ACTIVOS en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN PUBLICA Y LA ECONOMÍA DEL ESTADO DE HONDURAS. En fecha cuatro de diciembre de dos mil diecinueve, la Sala Penal dictó sentencia, en la cual falló entre otros: “…PRIMERO:… 4) No Ha Lugar los dos motivos de Casación de Infracción de Ley, invocados por la defensa de la señora Rosa Elena Bonilla Avila; 5) Ha Lugar, el primero y segundo motivos de casación por Quebrantamiento de forma, invocados por la defensa privada de la acusada Rosa Elena Bonilla Avila , en la causa en que: 1) Se condenó a la señora Rosa Elena Bonilla Avila, como autora del delito de Apropiación Indebida, en perjuicio del Patrimonio del Estado de Honduras; 2) Se condenó a la señora Rosa Elena Bonilla Avila como autora por inducción de ocho delitos de Fraude en Concurso Real en perjuicio de la Administración Pública SEGUNDO: Declarar FIRME Y EJECUTABLE la sentencia de fecha cuatro de septiembre de dos mil diecinueve, dictada por el Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, en la que: 1) Se absolvió a la señora Rosa Elena Bonilla Avila, de los delitos de Malversación de Caudales Públicos y Lavado de Activos en perjuicio de la Administración Pública y la Economía del Estado de Honduras;…TERCERO: En virtud de haber prosperado el motivo único de casación de Quebrantamiento de Forma, invocado por la defensa pública del acusado Saúl Fernando Escobar Puerto, y el primero y segundo motivos de casación por Quebrantamiento de Forma invocados por la defensa privada de la acusada Rosa Elena Bonilla Avila, Casa la sentencia recurrida, declara la nulidad parcial de la sentencia impugnada de fecha cuatro de septiembre del año dos mil diecinueve, dictada por el Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, en la parte en que: 1) Se condenó a la señora Rosa Elena Bonilla Ávila, como autora del delito de Apropiación Indebida, en perjuicio del Patrimonio del Estado de Honduras; 2) Se condenó a la señora Rosa Elena Bonilla Ávila como autora por inducción de ocho delitos de Fraude en Concurso Real en perjuicio de la Administración Pública… MANDA: Que el Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, celebre nuevo juicio contra la señora Rosa Elena Bonilla Ávila, a quien se supone responsable como autora del delito de Apropiación Indebida, en perjuicio del Patrimonio del Estado de Honduras y como autora por inducción de ocho delitos de Fraude en Concurso Real en perjuicio de la Administración Pública…” CONSIDERANDO (5): Que continúa manifestando la Juez Ejecutora que en el informe solicitado a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia sobre las actuaciones de esta en el recurso de casación, señala que la Secretaria de dicha Sala de lo Penal informó que en fecha once de marzo de 2020, dicho expediente fue remitido a la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia, para notificar a las partes y remitir los antecedentes al Tribunal de origen, habiéndose notificado en esa misma fecha los Abogados Juan Carlos Berganza Godoy, Arnaldo Alcides García y el Representante de la Procuraduría General de la República, Abogado Romeo Isaac Carpintero, quedando pendiente de notificar al Fiscal del Ministerio Público, llamando al Jefe de la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción, para solicitar el número de teléfono de la Fiscal Abogada Abigail Merary Ramos, quien manifestó que le daría el mensaje para que se comunicara con la Receptora Adscrita de la Secretaría General; la Abogada Abigail Merary Ramos, se personó en la Secretaría General de la Corte Suprema para ser notificada, pero en virtud de un Reclamo presentado por uno de los Abogados defensores, el expediente no se encontraba en ese momento en la Secretaría General. En fecha 16 de marzo de 2020 la Abogada Abigail Merary Ramos, se comunicó con la Receptora Adscrita para manifestarle que el 23 de marzo de 2016, se iría a notificar, suponiendo que para esa fecha se estaría laborando, ya que el día 16 de marzo se habían suspendido las labores a partir del mediodía en la Corte Suprema de Justicia debido a la Pandemia del COVID-19. CONSIDERANDO (6): Concluye su informe la Juez Ejecutora: “DECLARANDO NO HA LUGAR la acción del Recurso de exhibición personal interpuesta a favor de la señora ROSA ELENA BONILLA AVILA, en vista de que no se ha podido NOTIFICAR al Ministerio Público con el fin de que la SENTENCIA tenga el carácter de FIRME.…”. CONSIDERANDO (7): Que con todo lo antes expuesto, la Sala de Constitucional debe manifestar, que la privación de libertad producto de la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva, que ha venido cumpliendo la señora ROSA ELENA BONILLA AVILA, en principio, ha sido legal, producto de la respectiva valoración de la carga probatoria y de los prepuestos legitimadores de las medidas cautelares, realizada por los Jueces competentes en las audiencias de las etapa respectivas del proceso penal, así: 1.- La privación de libertad tuvo comienzo en fecha: 28 de febrero de 2018, fecha en la cual, por orden del Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, se envió nota de reclusión a la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), informando la imposición de la medida de prisión preventiva, por suponerla responsable de la comisión de los delitos de MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS, ASOCIACIÓN ILÍCITA Y LAVADO DE ACTIVOS, en perjuicio de LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y LA ECONOMÍA DEL ESTADO DE HONDURAS. 2.- En fecha 20 de agosto de dos mil 2019, el Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, envía nota a la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), haciendo de su conocimiento que en juicio oral y público celebrado contra la señora ROSA ELENA BONILLA AVILA, se dictó sentencia de fecha cuatro de septiembre de dos mil diecinueve, mediante la cual fue declarada culpable de tres (3) delitos de APROPIACIÓN INDEBIDA COMO UN SOLO DELITO CONTINUADO, a Titulo de Autora en perjuicio del PATRIMONIO DEL ESTADO DE HONDURAS, de ocho (8) delitos de FRAUDE EN CONCURSO REAL, a Titulo de Inductora, en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN PUBLICA. La situación jurídica de la señora Rosa Helena Bonilla Ávila continúa siendo, privada de libertad. 3.- En fecha cuatro de diciembre de dos mil diecinueve, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, dictó sentencia en el recurso de casación interpuesto a favor de la señora Rosa Helena Bonilla Ávila, sentencia en la cual determinó, entre otros: a) Declarar FIRME Y EJECUTABLE la sentencia de fecha cuatro de septiembre de dos mil diecinueve, dictada por el Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, en la que: 1) Se absolvió a la señora Rosa Elena Bonilla Avila, de los delitos de Malversación de Caudales Públicos y Lavado de Activos en perjuicio de la Administración Pública y la Economía del Estado de Honduras; b) En virtud de haber prosperado el primero y segundo motivos de casación por Quebrantamiento de Forma invocados por la defensa privada de la acusada Rosa Elena Bonilla Avila, Casa la sentencia recurrida y en consecuencia, declara la nulidad parcial de la sentencia impugnada de fecha cuatro de septiembre del año dos mil diecinueve, dictada por el Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, en la parte en que: 1) Se condenó a la señora Rosa Elena Bonilla Ávila, como autora del delito de Apropiación Indebida, en perjuicio del Patrimonio del Estado de Honduras; 2) Se condenó a la señora Rosa Elena Bonilla Ávila como autora por inducción de ocho delitos de Fraude en Concurso Real en perjuicio de la Administración Pública… MANDA: Que el Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, celebre nuevo juicio contra la señora Rosa Elena Bonilla Ávila, a quien se supone responsable como autora del delito de Apropiación Indebida, en perjuicio del Patrimonio del Estado de Honduras y como autora por inducción de ocho delitos de Fraude en Concurso Real en perjuicio de la Administración Pública…”.- CONSIDERANDO (8): Que la privación de libertad impuesta a la señora Rosa Elena Bonilla Ávila, debe considerarse legal hasta el 28 de febrero de 2020, día en el cual se cumplió el término de dos años referido en el segundo párrafo del artículo 181 del Código Procesal Penal[4], ello en virtud de no haberse solicitado la ampliación de este plazo, posibilidad procesal que otorga el párrafo tercero de esa misma disposición legal[5]. Así las cosas, a partir del día 29 de febrero de 2020, la situación jurídica de la recurrente pudo haberse corregido, y al no hacerlo, se torna en ilegal, hecho que se subsumen en el numeral uno literal a) del artículo 181 constitucional que señala “…1.- … a) Cuando se encuentre ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad;…”. CONSIDERANDO (9): Que la Sala de lo Constitucional ha sido clara en su posición, en lo casos de interposición de habeas corpus cuando el tema decidendi es eminentemente procesal y deviene de la petición de sustitución de medidas cautelares, específicamente cuando se trata de la aplicación del artículo 181 del Código Procesal Penal que manda: "Duración de la prisión preventiva. La prisión preventiva podrá durar, como regla general, hasta un año. Cuando la pena aplicable al delito sea superior a seis años, la prisión preventiva podrá durar hasta dos años. Excepcionalmente, y habida cuenta del grado de dificultad, dispersión o amplitud de la prueba que deba rendirse, la Corte Suprema de Justicia podrá ampliar hasta por seis meses los plazos a que este artículo se refiere, a solicitud fundada del Ministerio Público. Una vez dictada la sentencia condenatoria, la prisión preventiva podrá prorrogarse durante la tramitación del recurso que contra ella puede interponerse hasta la mitad de la pena impuesta en la sentencia recurrida…. Dentro de dicho plazo, no se contará el tiempo que hayan durado las demoras producidas por gestiones de la defensa, que hayan sido declaradas sin lugar… Si vencido el plazo no ha llegado a su fin el proceso, el imputado será puesto en libertad provisional y sometido a cualquiera de las medidas cautelares previstas en el artículo 173, sin perjuicio de la continuación del proceso, hasta que la sentencia adquiera el carácter de firme.” En el caso que nos ocupa, si bien es cierto, es determinante el tema de la duración de la prisión preventiva, se sobrepone a éste, la inaplicación del artículo 372[6] de la ley adjetiva, y la vulneración al principio de legalidad que contiene la argumentación jurídica en la cual la Juez Ejecutora fundamenta su decisión de declarar SIN LUGAR el recuro de habeas corpus interpuesto, señalando que no hay detención ilegal, puesto que la sentencia no ha adquirido firmeza. Asimismo, se observa que constituye una causa que provoca la detención ilegal, la actuación de la Secretaría de la Sala de lo Penal, órgano jurisdiccional que aduce que no se continuó con el procedimiento, pues se está a la espera de la notificación del Ministerio Público, deduciendo claramente que la detención se convierte en legal y seguiría siendo legal hasta que el Ministerio público decida cuándo notificarse, olvidando la Secretaría de Sala Penal y la Secretaría General, lo dispuesto en los artículos 151, 152 y 153 del Código Procesal Penal[7], máxime cuando se trata de las sentencia de casación, por no caber contra ellas ningún recuro, lo que las convierte en firmes desde que son emitidas y firmadas según lo dispone el artículo 144 procesal. CONSIDERANDO (10): Se debe mencionar que el legislador proveyó a la Ley Sobre Justicia Constitucional, de un procedimiento especial y completo para efecto de la aplicación de la garantía constitucional del Habeas Corpus, lo que hace innecesario la aplicación supletoria de otras leyes, en virtud de que dentro de la ley especial aplicable, es ésta garantía constitucional, la prioritaria[8], pues es un mecanismo protector contra las vulneraciones al derecho fundamental a la libertad, a la integridad física y psíquica y hasta la vida, por lo que, interpretar de otra manera, sería dar prioridad a la forma sobre el fondo, vulnerando el numeral 5 del artículo 4 de la ley Sobre Justicia Constitucional[9], así como el principio de legalidad y de especialidad de la Ley. Así la cosas, esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, reitera que se ha constatado la violación al artículo 13 numeral 1 literal a) de la Ley obre Justicia Constitucional –detención ilegal-; y al artículo 182 numeral 1 literal a) de la Constitución de la República, por lo que desaprueba el informe rendido por la Juez ejecutora y declara CON LUGAR LA ACCIÓN DE HABEAS CORPUS interpuesta. En ese sentido, en aplicación del segundo párrafo del artículo 39 de la Ley Sobre Justicia Constitucional[10], decreta y ordena la inmediata libertad de la agraviada, señora ROSA ELENA BONILLA AVILA, mediante la sustitución de la medida cautelar de Prisión Preventiva. No obstante lo anterior, esta Sala de lo Constitucional, en consonancia con lo dispuesto por la Sala Penal en su sentencia emitida en nombre de la Corte Suprema de Justicia, mediante la cual ordena la celebración de un nuevo juicio, procurando que no haya impunidad, se le ordena a la Sala Penal se le imponga a la señora ROSA ELENA BONILLA AVILA, las medidas cautelares que aseguren la eficacia del procedimiento y garanticen la presencia de la imputada y la regular intención de las fuentes de pruebas adoptando una o más de las medidas cautelares distintas a la prisión preventiva que señala el artículo 173 del Código Procesal Penal, a efecto de garantizar su presencia en el nuevo juicio a celebrarse por mandato de la Sala de lo Penal en la sentencia emitida en virtud de recurso de casación supra. Esta sentencia tiene el carácter de firme, por lo que es de inmediato cumplimiento. POR TANTO: La Sala Constitucional en nombre de la Corte Suprema de Justicia e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, POR UNANIMIDAD de votos, y en aplicación de los artículos: 1, 59, 64, 69, 182, 303, 304, 313 atribución 5ta., 316 numeral 1 y 321 de la Constitución de la República; 1, 2, 4, 5, 7 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 12 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 No.1, 13 No.1, 14, 17, 19, 27, 28, 31, 35, 37, 38, 39 y 73 de la Ley sobre Justicia Constitucional; 144, 151, 152, 153, 181, 372 del Código Procesal Penal, FALLA: 1.- Declarando CON LUGAR la garantía de exhibición personal o habeas corpus, interpuesta por el Abogado JUAN CARLOS BERGANZA GODOY, a favor de la señora ROSA ELENA BONILLA AVILA, 2.- Previo a su excarcelación que la Sala de lo Penal proceda a imponer a la señora ROSA ELENA BONILLA, las medidas cautelares distintas a la prisión preventiva que señala el artículo 173 del Código Procesal Penal; ello con la finalidad de garantizar la presencia de la señora ROSA ELENA BONILLA AVILA, en la realización del nuevo juicio oral y público ordenado en la sentencia de casación emitida por Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en fecha cuatro de diciembre de dos mil diecinueve; Y MANDA: 1.- Que una vez firme la presente sentencia la Secretaria de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, envíe certificación de este fallo a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia y al Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, para los efectos legales correspondientes; 2.- Asimismo, que la Secretaría de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, envié certificación al Instituto Nacional Penitenciario (INP) y a la Penitenciaria Nacional Femenina de Adopción Social (PNFAS); 3.- Que una vez realizadas dichas actuaciones se proceda al archivo de las presentes diligencias, sin trámites ulteriores. Redactó el Magistrado SERRANO VILLANUEVA. NOTIFÍQUESE. Firmas y sello. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA, PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ, REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. Firmas y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiocho días del mes de julio de dos mil veinte, certificación de la sentencia de fecha veintidós de julio de dos mil veinte, recaída en el Recurso de Exhibición Personal registrado en este Tribunal con el número SCO-0401-2020.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA
SALA DE LO CONSTITUCIONAL.
[1] Artículo 182.1 de la Constitución de la República, Decreto No. 131 del 11 de enero de 1982, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 23,612 del 2 de enero de 1982.
[2] Artículo 17 de la LSJC.
[3] Artículo 3.1, 9.1 de la LSJC
[4] Párrafo segundo, Art. 181 del Código Procesal Penal, “Cuando la pena aplicable al delito sea superior a seis (6) años, la prisión preventiva podrá durar hasta dos años.”
[5]Excepcionalmente, y habida cuenta del grado de dificultad, dispersión o amplitud de la prueba que deba rendirse, la Corte Suprema de Justicia podrá ampliar hasta por seis (6) meses los plazos a que éste artículo se refiere, a solicitud fundada del Ministerio Público.
[6]Artículo 372. Deberes de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia. Durante el trámite del recurso, corresponderá a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, la aplicación de las reglas relativas a la prisión preventiva y a las medidas sustitutivas de la misma.
Se ordenará inmediatamente la libertad del imputado cuando por efecto de la sentencia de casación, deba cesar la detención.
[7] Artículo del Código Procesal Penal, relativos a las notificaciones.
[8]ARTÍCULO 4.- REGLAS ESPECIALES DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL. En el ejercicio de la justicia constitucional los órganos jurisdiccionales observarán las siguientes reglas: 1)…2)…3) La tramitación y resolución de la acción de hábeas corpus o exhibición personal será prioritaria respecto de cualquier otro asunto de que estuviere conociendo el correspondiente órgano jurisdiccional. En defecto de tal acción, la prioridad le corresponderá por su orden a la de habeas data, amparo y a la de inconstitucionalidad.
[9]
Artículo 4 numeral 3 de la Ley Sobre Justicia Constitucional: ARTÍCULO 4.- REGLAS ESPECIALES DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL. En el ejercicio de la justicia constitucional los órganos jurisdiccionales observarán las siguientes reglas: 1)…2)…3)…4)…5) En la tramitación de las acciones de exhibición personal, habeas data, amparo e inconstitucionalidad, prevalecerá el fondo sobre la forma, por lo que los defectos procesales no impedirán la expedita sustanciación de los asuntos. Las partes podrán corregir sus propios errores, siempre que fueren subsanables. No obstante los órganos jurisdiccionales que conozcan del asunto podrán hacerlo de oficio;
[10]
Ley Sobre Justicia Constitucional. ARTÍCULO 39.- DEL EFECTO LAS RESOLUCIONES PROCEDENTES. Si del estudio de los antecedentes a que se refieren los artículos precedentes, resulta que la detención, restricción o amenaza es ilegal, el ejecutor decretará la orden de libertad del agraviado o la cesación de las restricciones, vejámenes, tratos crueles, inhumanos o degradantes, amenazas, apremios ilegales o de cualquier otra coacción, restricción o molestia innecesaria para la seguridad individual o para el orden de la prisión, y pondrá esos hechos en conocimiento del Ministerio Público con el objeto de que se ejerza la acción penal correspondiente.
Igual obligación tendrá el juez o magistrado que conozca de la acción una vez dictada la sentencia que declare con lugar la misma.
Las resoluciones anteriores tendrán el carácter de Sentencias Definitivas, una vez revisadas en su caso por la Sala de lo Constitucional.