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Sentencia EP-391-20 — Registro 10750

Resumen

Se interpuso Recurso de Exhibición Personal a favor de los señores, contra actuaciones del Director de la Penitenciaría ubicada en Ilama, departamento de Santa Bárbara (El Pozo), manifestando la peticionaria que los agraviados son vulnerables al contagio del covid-19, por lo que considera aplicable el decreto de emergencia para descongestionar las cárceles, emitido por el Congreso Nacional de la República, el 2 de abril de dos mil veinte, tomando en consideración que son personas con enfermedades crónicas.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO (16): Que realizado el estudio de los autos en la presente garantía de Habeas Corpus o Exhibición Personal, así como el informe y documentación acompañada por la Juez Ejecutora; considera este Alto Tribunal, que la petición garante formulada por la Abogada Brenda Janeth Cruz Hernández, a favor de los señores Netball William Watson, Eduardo Emilio Pardo Quintero, Fredison Bautista Escobar y Luis Fernando Rehnals Medrano, contra actuaciones del Director de la Penitenciaría ubicada en Ilama, departamento de Santa Bárbara (El Pozo), no ha sido tramitada de conformidad a las disposiciones constitucionales relacionadas ut supra, ni a lo señalado en los artículos 13 y 24 de la Ley sobre Justicia Constitucional; por lo cual se imprueba el informe rendido por la Juez Ejecutora ante la Sala, en tanto y en cuanto no se constate los extremos manifestados en la petición de habeas corpus, respecto a que los agraviados resultan vulnerables al contagio del COVID-19; por lo que se estaría solicitando la aplicabilidad del Decreto de emergencia para descongestionar las cárceles, emitido por el Congreso Nacional de la República, en fecha 2 de abril de dos mil veinte, tomando en consideración que son personas que adolecen de enfermedades crónicas; todo lo cual amerita la realización efectiva de la garantía de habeas corpus, la cual deberá resolverse, en su oportunidad, con base a derecho.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintinueve de julio de dos mil veinte.- VISTAS: Las presentes diligencias para dictar Sentencia en el Recurso de Exhibición Personal interpuesto por la Abogada Brenda Janeth Cruz Hernández, a favor de los señores Netball William Watson, Eduardo Emilio Pardo Quintero, Fredison Bautista Escobar y Luis Fernando Rehnals Medrano, contra actuaciones del Director de la Penitenciaría ubicada en Ilama, departamento de Santa Bárbara (El Pozo), manifestando la peticionaria que los agraviados son vulnerables al contagio del covid-19, por lo que considera aplicable el decreto de emergencia para descongestionar las cárceles, emitido por el Congreso Nacional de la República, el 2 de abril de dos mil veinte, tomando en consideración que son personas con enfermedades crónicas.- ANTECEDENTES.- 1) Que, en fecha diecisiete de abril de dos mil veinte, compareció ante el Juzgado de Ejecución del departamento de Francisco Morazán, la Abogada Brenda Janeth Cruz Hernández, interponiendo exhibición personal a favor de los señores Netball William Watson, Eduardo Emilio Pardo Quintero, Fredison Bautista Escobar y Luis Fernando Rehnals Medrano, contra actuaciones del Director de la Penitenciaría ubicada en Ilama, departamento de Santa Bárbara (El Pozo), manifestando la peticionaria que los agraviados son vulnerables al contagio del covid-19, por lo que considera aplicable el decreto de emergencia para descongestionar las cárceles, emitido por el Congreso Nacional de la República, el 2 de abril de dos mil veinte, tomando en consideración que son personas con enfermedades crónicas.(Folios 3-11 del recurso)- 2) En fecha diecisiete de abril de dos mil veinte, el Juzgado de Ejecución del departamento de Francisco Morazán, resolvió: 1) Tener por presentado y admitida la Garantía Constitucional de HABEAS CORPUS O EXHIBICIÓN PERSONAL INTERPUESTO la Abogada BRENDA JANETH CRUZ HERNANDEZ. -Actuando en su condición de Apoderada Defensora de los señores NETBALL WILLIAM WATSON, EDUARDO EMILIO PARDO QUINTERO, FREDISON BAUTISTA ESCOBAR Y LUIS FERNANDO REHNALS MEDRANO. 2) Nómbrese a la Abogada CARMEN REINA ORTIZ CANALES, como Jueza Ejecutora. (Folios 12-13 vuelto del recurso)- 3) En fecha veinte de abril de dos mil veinte, el Juzgado de Ejecución del departamento de Francisco Morazán, remitió al Juzgado de Letras Penal del departamento de Francisco Morazán, las diligencias correspondientes del recurso de mérito, por ser incompetente para conocer del caso. (Folio 18 del recurso)- 4) En fecha (sic) veinte de mayo de dos mil veinte, el Juzgado de Letras Penal del departamento de Francisco Morazán, tuvo por recibidas las diligencias del recurso de exhibición personal interpuesto por la Abogada Brenda Janeth Cruz Hernández, a favor de los señores Netball William Watson, Eduardo Emilio Pardo Quintero, Fredison Bautista Escobar Y Luis Fernando Rehnals Medrano. (Folio 18 vuelto del recurso)- 5) En fecha (sic) diecinueve de mayo de dos mil veinte, la Jueza Ejecutora nombrada, mediante acta hace saber que: siendo las ocho de la noche y fracción se comunicó conmigo la Abogada Sindy Anduray coordinadora de la Defensa Pública de Tegucigalpa, informándome que tenía que entregar exhibiciones pendientes, razón por la cual no me queda más que entregarla aun no estando de acuerdo por faltar las entrevistas con los beneficiarios objeto de esta exhibición personal. Presente la suscrita Jueza Ejecutora en las instalaciones de la Defensa Pública con el objeto de dar cumplimiento a la comunicación recibida por parte del Juzgado de Letras de lo Penal de Tegucigalpa, conforme a lo establecido en el artículo 26 de la Ley Sobre Justicia Constitucional los pormenores del caso. Siendo todo cuanto pude constar e investigar firma la presente. Haciendo acompañar el informe realizado por el Juez Ejecutor abogado HERNANDEZ asignado para el auxilio judicial elaborado el veintiuno de abril del mismo mes y año. Y a su vez el informe brindado por el DIRECTOR de la Penitenciaría ILAMA SANTA BÁRBARA el veintidós de abril del año dos mil veinte y recibidos en Tegucigalpa, el veintitrés del año en curso por medio de bolsa a la Institución de la Defensa Pública. En su informe el Director de dicho centro penal hace saber que los ya condenados NETBALL WILLIAM WATSON, EDUARDO EMILIO PARDO QUINTERO, FREDISON BAUTISTA ESCOBAR Y LUIS FERNANDO REHNALS MEDRANO, son evaluados en el centro médico interno de la penitenciaría, que no presentan signos de agravamiento, continúan con tratamiento ya establecido según sus patologías de base ya conocidas, en ese momento se mantienen estables pendientes de su evolución. Pacientes aparentemente sanos tratados en sus consultas médicas, sin complicaciones, tensión arterial en límites normales, sin antecedentes de elevación súbita, los cuales continúan en observación por alguna patología, que surja. No les realizaron exámenes sanguíneos por no contar con insumos apropiados. (lo subrayado es nuestro) (Folio 37 del recurso)- 6) En fecha (sic) veintiuno de mayo de dos mil veinte, la Jueza Ejecutora nombrada, en el ejercicio de las responsabilidades inherentes a su cargo, compareció ante el Juzgado de Letras Penal del departamento de Francisco Morazán, rindiendo el informe correspondiente, mediante el cual concluyó:… PRIMERO:… SEGUNDO: Al analizar la suscrita los documentos proporcionados, esta Jueza Ejecutora pudo determinar lo siguiente: 1.-No existe fundamentos jurídicos para determinar una detención ilegal o vejámenes para los señores NETBALL WILLIAM WATSON, EDUARDO EMILIO PARDO QUINTERO, FREDISON BAUTISTA ESCOBAR Y LUIS FERNANDO REHNALS MEDRANO, por parte de la Penitenciaría de Ilama SANTA BÁRBARA denominada el POZO. Y que existe una normativa de protección a personas, según la población objeto o beneficiaria de la cual formen parte; la representante de los beneficiarios debió hacer uso de su derecho, ante los canales correspondientes, mismos que ya son de su conocimiento. En el presente caso y al encontrarnos ante un caso donde no existe detención ilegal alguna, ni incumplimiento de medidas y tal como lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, la Acción de Exhibición Personal o Habeas Corpus tiene como finalidad, que al agraviado se le restituya o asegure su libertad, para hacer cesar así la violación que exista en su contra; sin embargo no se encontró que se le estuviera violentando ningún derecho señalado en la Ley Sobre Justicia Constitucional…TERCERO: Después de haber analizado jurídicamente la situación legal de los señores beneficiarios, así como los antecedentes del caso anteriormente explicados, esta Jueza Ejecutora en uso de las facultades que le confiere la Ley DECLARA: I) No ha lugar a la Acción de Exhibición Personal o Habeas Corpus a favor de los señores NETBALL WILLIAM WATSON, EDUARDO EMILIO PARDO QUINTERO, FREDISON BAUTISTA ESCOBAR Y LUIS FERNANDO REHNALS MEDRANO, ya que como se manifestó no nos encontramos en caso de detención ilegal o vejámenes y considerando que los centros penitenciarios proporcionan en base a lo que tienen, como es de conocimiento público. II)… (Folios 33/39-40 del recurso)- 7) Según el informe rendido mediante auxilio judicial por el Juez Ejecutor, el Abogado Wilmer Candelario Hernández Erazo, se desprende del mismo que se constituyó en el Centro Penal de Ilama, Santa Bárbara, a efecto de solicitar al Director del Centro Penal, que se exhibiera a los privados de libertad para poder verificar las condiciones en las que se encuentran, asimismo, informó que no pudo ser posible poder realizar las correspondientes entrevistas con los privados de libertad, ya que por las medidas de bioseguridad por la pandemia covid-19, que tienen en dicho centro penal, que los internos permanecen totalmente aislados y no permiten el ingreso a las celdas donde ellos se encuentran… (subrayado es nuestro) (Folio 42 del recurso)- 8) En fecha veintiuno de mayo de dos mil veinte, el Juzgado de Letras Penal del departamento de Francisco Morazán, resolvió: 1) Tener por recibido el informe presentado por la Abogada CARMEN REINA ORTIZ CANALES, en su condición de Jueza Ejecutora, nombrada en la Garantía Constitucional de HABEAS CORPUS O EXHICIÓN PERSONAL HUMANITARIO, interpuesto por la Abogada BRENDA JANETH CRUZ HERNANDEZ, a favor de los señores NETBALL WILLIAM WATSON, EDUARDO EMILIO PARDO QUINTERO, FREDISON BAUTISTA ESCOBAR Y LUIS FERNANDO REHNALS MEDRANO; 2) Este Juzgado se inhibe de seguir conociendo y ordena la remisión de las diligencias que contienen la garantía de Habeas Corpus o Exhibición Personal, a favor de los señores antes mencionados, a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, para que siga conociendo de la presente garantía. (Folio 390 vuelto del recurso)- 9) En fecha veintiséis de mayo de dos mil veinte, esta Sala tuvo por recibidas las diligencias del recurso de mérito.- CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia a través de su Sala Constitucional el conocimiento de las acciones de Hábeas Corpus o Exhibición Personal, acorde a lo preceptuado en los artículos 182 y 316 numeral uno de la Constitución de la República, en relación a lo preceptuado en los artículos 3 numeral uno y 13 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, resultando procedente la misma cuando se constate que la persona agraviada se encuentre ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad, o bien, cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción o molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión.- CONSIDERANDO (2): Que la Constitución de la República en el artículo precitado, establece en su literalidad: “El Estado reconoce la garantía de Hábeas Corpus o Exhibición Personal, y de Hábeas Data. En consecuencia en el Hábeas Corpus o Exhibición Personal toda persona agraviada o cualquier otra en nombre de ésta tiene derecho a promoverla; y en el Hábeas Data únicamente puede promoverla la persona cuyos datos personales o familiares consten en los archivos, registros públicos o privados de la siguiente manera: 1) EL HÁBEAS CORPUS O EXHIBICIÓN PERSONAL: a) Cuando se encuentre ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad; y, b) Cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión”…[1]- CONSIDERANDO (3): Que la justicia constitucional tiene por objeto desarrollar las garantías y las defensas del orden jurídico constitucional. En virtud de ello, en la aplicación de la Ley Sobre Justicia Constitucional, las disposiciones allí contenidas se interpretarán y aplicarán siempre de manera que aseguren una eficaz protección de los derechos humanos y el adecuado funcionamiento de las defensas del orden jurídico constitucional. De igual manera, la justicia constitucional se aplicará e interpretará de conformidad con los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales sobre derechos humanos vigentes en la República de Honduras, tomando en consideración las interpretaciones que de ellos hagan los tribunales internacionales.[2]- CONSIDERANDO (4): Que el Estado de Honduras es suscriptor originario de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (CADH, en lo sucesivo),[3] la que una vez en vigor forma parte del derecho interno[4]; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el artículo 5 el Derecho a la integridad personal y textualmente señala: “1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. 2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano…”. En congruencia a lo postulado por la Carta de San José, nuestra Carta Magna declara en su artículo 59 que la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado, sosteniendo la obligación de respetarla y protegerla, siendo en consecuencia inviolable la dignidad del ser humano, declaración íntimamente relacionada con el derecho individual que recoge la normativa constitucional en el artículo 68, que textualmente establece: “Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, síquica y moral”.- CONSIDERANDO (5): Que, en ese orden de ideas y aun con mayor intensidad, señala la jurisprudencia interamericana en materia de derechos humanos, que toda persona privada de libertad tiene derecho a vivir en condiciones de detención compatibles con su dignidad personal. Esto implica el deber del Estado de salvaguardar la salud y el bienestar de las personas privadas de libertad y de garantizar que la manera y el método de privación de libertad no excedan el nivel inevitable de sufrimiento inherente a la misma. Asimismo, con base al principio de no discriminación, el derecho a la vida de las personas privadas de libertad también implica la obligación del Estado de garantizar la salud física y mental de las personas privadas de libertad. En congruencia a lo anterior, el Comité de Derechos Humanos de la ONU ha establecido que cuando los Estados detienen a una persona asumen una especial responsabilidad de su vida, por lo que corresponde asegurar su protección; estándar de derechos humanos que no puede ser objeto de suspensión, aun en caso de estado de emergencia o excepción legalmente decretado.[5]- CONSIDERANDO (6): Que, en congruencia a lo anterior, la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) garantiza que el alcance de las restricciones permitidas, acorde con dicha Convención, al goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidas en la misma: “… no pueden ser aplicadas sino conforme a leyes que se dictaren por razones de interés general y con el propósito para el cual han sido establecidas”.[6] La doctrina convencional se refiere a este respecto, no sólo enfatizando la obligación estatal de que la implementación de tales restricciones obedezca al principio de legalidad, sino que también sea acorde al principio de proporcionalidad; es decir, que se ejerzan sólo en la medida indispensable en que una sociedad, que se precie de democrática, pueda permitírselo: … para impedir infracciones penales o para proteger la seguridad nacional, la seguridad o el orden público, la moral o la salud pública o los derechos y libertades de los demás”;[7] lo cual es predicable, desde luego, a la necesaria racionalidad que debe imperar en las restricciones al ejercicio de circulación y residencia en los Estados miembros.[8]- CONSIDERANDO (7): Que como consecuencia de la llegada del COVID-19 al territorio nacional, el Presidente de la República, en Consejo de Ministros, emitió el Decreto Ejecutivo PCM-005-2020, publicado en el Diario oficial La Gaceta No. 3,171 de fecha 1 de febrero del año 2020, mediante el cual se decretó declarar Estado de Emergencia Sanitaria en todo el territorio nacional, con el propósito de continuar y fortalecer las acciones de prevención y control entre otros, para garantizar la atención a las personas ante el posible contagio del virus denominado COVID-19. Posterior a ello, en fecha 16 de marzo del año 2020 se emitió el Decreto Ejecutivo PCM-021-220, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 35,201 de fecha 16 de marzo mediante el cual se decretó la restricción de garantías constitucionales por siete días, las cuales se han prologando hasta la fecha con el objetivo legítimo de evitar la propagación del COVID-19. Debiendo observar tales restricciones, en todo caso, la modalidad proporcional de aplicación que prevé el precitado artículo 30 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos.- CONSIDERANDO (8): Que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha manifestado que la infracción del derecho a la integridad física y psíquica de las personas varía, según los factores endógenos y exógenos que deberán ser demostrados en cada situación concreta;[9] declarando, a la vez, que: “toda persona privada de libertad tiene derecho a vivir en condiciones de detención compatibles con su dignidad personal y el Estado debe garantizarle el derecho a la vida y a la integridad personal. En consecuencia, el Estado, como responsable de los establecimientos de detención, es el garante de estos derechos de los detenidos…”.[10]- CONSIDERANDO (9): Que en continencia a lo anterior, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Comisión IDH), ha emitido la Resolución No. 01/2020 “PANDEMIA Y DERECHOS HUMANOS EN LAS AMERICAS”, en fecha diez de abril del año dos mil veinte, estimando que la pandemia del COVID-19 puede afectar gravemente la plena vigencia de los derechos humanos de la población, en virtud de los serios riesgos para la vida y siendo que es este el derecho humano más afectado por esta pandemia, como consecuencia de una afectación grave y directa del derecho humano a la salud; recomendando la adopción de medidas urgentes que garanticen los derechos fundamentales a la vida, la salud y a la integridad personal de todas aquellas personas que se encuentren privadas de libertad; particularmente cuando adolezcan de enfermedades crónicas como diabetes Mellitus, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, personas mayores de 60 años, personas que padezcan de enfermedades respiratorias crónicas como neumonía, tuberculosis, VIH y otras enfermedades que debido a su condición inmunológica pongan en riesgo la salud de las Personas privadas de su libertad; recomendándose, asimismo, adoptar medidas para enfrentar el hacinamiento en las unidades de privación de libertad, la reevaluación de los casos de prisión preventiva y la facilitación de su conversión a medidas penitenciarias alternativas; dando prioridad a las poblaciones con mayor vulnerabilidad o riesgo de salud, frente a la pandemia de COVID-19.- CONSIDERANDO (10): Que, de todo ello se sigue de forma categórica el deber del Estado de Honduras de respetar, garantizar y promover el goce y ejercicio de los derechos fundamentales, optimizando así la declaración constitucional de que la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado, que conlleva a la obligatoriedad de su protección y al cumplimiento efectivo de lo establecido en el bloque de convencionalidad, a favor de la persona humana.- CONSIDERANDO (11): Que, en el plano de la legalidad procesal constitucional, el artículo 39 de la Ley Sobre Justicia Constitucional indica los efectos de la procedencia de la garantía de hábeas corpus, existe un deber legal de ordenar el cese de toda restricción, vejamen, trato cruel, inhumano o degradante, amenaza, apremio ilegal o cualquier otra coacción, restricción o molestia innecesaria para la seguridad individual, o para el orden de la prisión, también se podrá ordenar la libertad del agraviado.- CONSIDERANDO (12): Que el “ARTÍCULO 29.- DE LAS OBLIGACIONES DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL EN CASO DE NO DAR CON EL PARADERO DEL AGRAVIADO”, de la Ley Sobre Justicia Constitucional, manda: “Si la autoridad o persona requerida negare haber restringido la libertad del beneficiario del recurso de hábeas corpus, el tribunal deberá ordenar todas las medidas pertinentes para lograr la ubicación del mismo, reservando las actuaciones hasta que la persona aparezca o sea encontrada.”- CONSIDERANDO (13): Que, concatenado a lo anterior, el “ARTÍCULO 31.- DE LA EXHIBICIÓN OBLIGATORIA” de la Ley Sobre Justicia Constitucional, manda: El detenido o preso deberá ser presentado al ejecutor, aún cuando la detención o prisión sea consecuencia de una orden de autoridad judicial competente y de un procedimiento regular.”- CONSIDERANDO (14): Que, en el presente caso, se aprecia del informe rendido por la Juez Ejecutora, la realización de diversas ejecutorias procesales constitucionales, la cuales se considera por la Sala, han quedado inconclusas, al no constatarse fehacientemente el paradero real y legal de los señores Netball William Watson, Eduardo Emilio Pardo Quintero, Fredison Bautista Escobar y Luis Fernando Rehnals Medrano; quienes, según manifestación propia de la recurrente en habeas corpus, se encuentran recluidos en la Penitenciaría ubicada en Ilama, departamento de Santa Bárbara (El Pozo). Considera la Sala de lo Constitucional, que si bien la autoridad concernida esgrimió justificación documental, respecto a las medidas de bioseguridad adoptadas en razón a la Pandemia del COVID-19 que mantienen en dicho Centro Penal, por la cual los internos permanecen totalmente aislados y no se permite el acceso a sus celdas; esto no debería constituir óbice para la realización plena y efectiva de la garantía constitucional de habeas corpus, por los medios que resulten disponibles, con base al test de razonabilidad. Lo anterior teniendo en consideración prevenir el contagio de dicha Pandemia; tanto en los beneficiarios del recurso, como en quienes ejecutan la garantía constitucional concernida.- CONSIDERANDO (15): Que por las razones anteriormente expuestas, la Sala de lo Constitucional concluye, con autorización de lo estipulado en el artículo 119 y en analogía a lo que establecen los precitados artículos 29 y 31, ambos de la Ley de Justicia Constitucional, que siendo el caso no haberse permitido entrevistar personalmente a las personas agraviadas, por parte de las autoridades constituidas; esgrimiendo para ello, justificación documental, respecto a las medidas de bioseguridad adoptadas, en razón a la Pandemia del COVID-19, que se mantienen en dicho Centro Penal; se hace procedente ordenar el reenvío de las presentes diligencias, a la Juez Ejecutora nombrada, a efecto realice y lleve a cabo todas las medidas conducentes a hacer constar fehacientemente la ubicación real y legal de los señores NETBALL WILLIAM WATSON, EDUARDO EMILIO PARDO QUINTERO, FREDISON BAUTISTA ESCOBAR y LUIS FERNANDO REHNALS MEDRANO; efectuando exhibición personal de los mismos, conforme manda la Ley Sobre Justicia Constitucional; tomando las medidas usuales de bioseguridad que son del caso y advirtiendo a la autoridad denunciada, como es el señor Director de la Penitenciaría ubicada en Ilama, departamento de Santa Bárbara (El Pozo), las consecuencias que legalmente le acarrearía obstaculizar, o constituir impedimento, a la misión constitucional asignada a la Juez Ejecutora, y auxiliares que fuere del caso nombrar, en realización completa de su cometido. Mientras tanto, ha de ordenarse que las presentes diligencias se mantengan en reserva, bajo la guarda y custodia de la Secretaria General, para los propósitos de ley conducentes.- CONSIDERANDO (16): Que realizado el estudio de los autos en la presente garantía de Habeas Corpus o Exhibición Personal, así como el informe y documentación acompañada por la Juez Ejecutora; considera este Alto Tribunal, que la petición garante formulada por la Abogada Brenda Janeth Cruz Hernández, a favor de los señores Netball William Watson, Eduardo Emilio Pardo Quintero, Fredison Bautista Escobar y Luis Fernando Rehnals Medrano, contra actuaciones del Director de la Penitenciaría ubicada en Ilama, departamento de Santa Bárbara (El Pozo), no ha sido tramitada de conformidad a las disposiciones constitucionales relacionadas ut supra, ni a lo señalado en los artículos 13 y 24 de la Ley sobre Justicia Constitucional; por lo cual se imprueba el informe rendido por la Juez Ejecutora ante la Sala, en tanto y en cuanto no se constate los extremos manifestados en la petición de habeas corpus, respecto a que los agraviados resultan vulnerables al contagio del COVID-19; por lo que se estaría solicitando la aplicabilidad del Decreto de emergencia para descongestionar las cárceles, emitido por el Congreso Nacional de la República, en fecha 2 de abril de dos mil veinte, tomando en consideración que son personas que adolecen de enfermedades crónicas; todo lo cual amerita la realización efectiva de la garantía de habeas corpus, la cual deberá resolverse, en su oportunidad, con base a derecho.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y con fundamento en los Artículos 1, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1, 3 No. 1), 5, 7, 9 Nº. 1, 13 Nº. 1), 24, 25, 26, 27, 29, 31, 37, 119 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, FALLA: Declarar EN RESERVA el Recurso de Exhibición Personal interpuesto por la Abogada BRENDA JANETH CRUZ HERNÁNDEZ a favor de los Sres. NETBALL WILLIAM WATSON, EDUARDO EMILIO PARDO QUINTERO, FREDISON BAUTISTA ESCOBAR y LUIS FERNANDO REHNALS MEDRANO contra actuaciones del DIRECTOR DE LA PENITENCIARÍA UBICADA EN ILAMA, DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA (EL POZO). Y MANDA: 1) ORDENAR a la Juez Ejecutora, Abg. CARMEN REINA ORTIZ CANALES, realice todas las medidas conducentes a hacer constar la ubicación real y legal de los señores NETBALL WILLIAM WATSON, EDUARDO EMILIO PARDO QUINTERO, FREDISON BAUTISTA ESCOBAR y LUIS FERNANDO REHNALS MEDRANO; efectuando exhibición personal de los mismos, conforme manda la Ley Sobre Justicia Constitucional; informando a la brevedad posible a esta Sala, lo que resulte procedente en derecho. 2) RESERVAR las presentes actuaciones hasta que resulte debidamente cumplimentado lo anterior. Redactó la Magistrada ÁLVAREZ SAGASTUME.- NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticuatro (24) días del mes de agosto del año dos mil veinte (2020), certificación de la Sentencia de fecha veintinueve (29) de julio del año dos mil veinte (2020), recaída en el Recurso de Exhibición Personal, registrado en este Tribunal bajo el número 0391-2020.

Y para ser entregada a la abogada CARMEN REINA ORTIZ CANALES, de conformidad a lo ordenado en la presente Sentencia, se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticuatro (24) días del mes de agosto del año dos mil veinte (2020), certificación de la Sentencia de fecha veintinueve (29) de julio del año dos mil veinte (2020), recaída en el Recurso de Exhibición Personal, registrado en este Tribunal bajo el número 0391-2020.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1] Ver el artículo 182 de la Constitución de la República.

[2] Ver artículo 2 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, Decreto Legislativo No. 244-2003.

[3] Suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, y entro en vigor en julio de 1978, publicado en La Gaceta No. 22287 del 1 de septiembre de 1977.

[4] Artículo 16, segundo párrafo de la Constitución de la República de Honduras.

[5] Ver: CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Cuadernillo de Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos No. 26: Restricción y suspensión de derechos humanos / Corte Interamericana de Derechos Humanos y Cooperación Alemana (GIZ). -- San José, C.R., 2020. Págs. 150-151.

[6] Ver artículo 30 de la CADH.

[7] Convención Americana Sobre Derechos Humanos: Comentario. Steiner, Christian / Uribe, Patricia (Editores). Konrad Adenauer Stiftung. Guatemala: Magna Terra Editores, 2014. Pág. 716.

[8] Ver artículo 22.3 de la CADH.

[9] Ver: CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, Caso Loayza Tamayo v. Perú. Sentencia de 17 de septiembre de 1997, párrafo 57.

[10] Ver: CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS Caso Cantoral Benavides v. Perú. Sentencia de 18 de agosto de 2000, párrafo 87.