Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia EP-388-20 — Registro 10861

Resumen

Se interpuso Recurso de Exhibición Personal Correctivo iniciado de oficio a favor de todas las privadas de libertad que se encuentran en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), contra actuaciones del Instituto Nacional Penitenciario Intervenido Por La Fuerza Nacional De Seguridad Interinstitucional (FUSINA) y la Directora de dicho Centro Penitenciario, en relación a las noticias que han trascendido, y que éste Tribunal ha tenido conocimiento sobre los hechos acaecidos en dicho Centro de Detención, el día veintitrés de mayo de dos mil veinte, donde fallecieron por lo menos seis mujeres, quienes según los medios de comunicación, respondían a los nombres de Wendy Yolanda Salinas Alvarez, Lisseth Abigail Moreno Carranza, Margarita Elizabeth Gomez Diaz, Gilda Janeth Ruiz, Karla Joselyn Vallecillo Y Patricia Nicole Velásquez. A efecto de la constatación de los hechos ocurridos y para salvaguardar la seguridad individual de las demás detenidas y para mantener el orden del Centro Penitenciario.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO (11): Que, por otra parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado, que las personas privadas de libertad tendrán derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel posible de bienestar físico, mental y social, que incluye, entre otros, la atención médica, psiquiátrica y odontológica adecuada; a la disponibilidad permanente de personal médico idóneo e imparcial; el acceso a tratamiento y medicamentos apropiados y gratuitos; la implementación de programas de educación y promoción en salud, inmunización, prevención y tratamiento de enfermedades infecciosas, endémicas y de otra índole; y las medidas especiales para satisfacer las necesidades particulares de salud de las personas privadas de libertad pertenecientes a grupos vulnerables o de alto riesgo, tales como: las personas adultas mayores, las mujeres, los niños y las niñas, las personas con discapacidad, las personas portadoras del VIH-SIDA, tuberculosis, y las personas con enfermedades en fase terminal; tratamiento que deberá basarse en principios científicos y aplicando las mejores prácticas. Asimismo, el Tribunal interamericano ha indicado que la falta de atención médica adecuada podría considerarse, en sí misma, violatoria al artículo 5.1 y 5.2 de la Convención; dependiendo de las circunstancias concretas de la persona en particular, el tipo de dolencia que padece, el lapso transcurrido sin atención y sus efectos acumulativos y, en algunos casos, el sexo y la edad de la misma, entre otros; lo cual deberá ser tenido en cuenta por la autoridad penitenciaria al momento de su implementación. CONSIDERANDO (12): Que, con fundamento en la legislación interna y a lo dispuesto en las convenciones, tratados y pactos de los que Honduras es signataria en materia de Derechos Humanos, así como a lo constatado por la señora Juez Ejecutora, Abogada ANDREA MARCELA INESTROZA BRAVO; la Sala de lo Constitucional aprueba lo informado por la Juez Ejecutora, concluyendo que existe infracción a lo señalado en el artículo 182.1, literal b) de la Constitución de la República; con relación a los artículos 13.1, literal b) y 15 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; procediendo a declarar ha lugar el presente Recurso de Exhibición Personal Correctivo iniciado de OFICIO, refrendando las observaciones y, en su totalidad, las recomendaciones dimanadas del Informe rendido por la Juez Ejecutora ante esta Sala.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintidós de julio del dos mil veinte. VISTA: Para dictar Sentencia de Recurso de Exhibición Personal Correctivo iniciado de OFICIO, a favor de TODAS LAS PRIVADAS DE LIBERTAD QUE SE ENCUENTRAN EN LA PENITENCIARIA NACIONAL FEMENINA DE ADAPTACIÓN SOCIAL (PNFAS), contra actuaciones del INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO INTERVENIDO POR LA FUERZA NACIONAL DE SEGURIDAD INTERINSTITUCIONAL (FUSINA) Y LA DIRECTORA DE DICHO CENTRO PENITENCIARIO, en relación a las noticias que han trascendido, y que éste Tribunal ha tenido conocimiento sobre los hechos acaecidos en dicho Centro de Detención, el día veintitrés de mayo de dos mil veinte, donde fallecieron por lo menos seis mujeres, quienes según los medios de comunicación, respondían a los nombres de WENDY YOLANDA SALINAS ALVAREZ, LISSETH ABIGAIL MORENO CARRANZA, MARGARITA ELIZABETH GOMEZ DIAZ, GILDA JANETH RUIZ, KARLA JOSELYN VALLECILLO y PATRICIA NICOLE VELASQUEZ. A efecto de la constatación de los hechos ocurridos y para salvaguardar la seguridad individual de las demás detenidas y para mantener el orden del Centro Penitenciario. A N T E C E D E N T E S. 1) Que en fecha veintiséis de mayo de dos mil veinte, la Sala de lo Constitucional, inició de OFICIO Recurso de Exhibición Personal a favor de TODAS LAS PRIVADAS DE LIBERTAD QUE SE ENCUENTRAN EN LA PENITENCIARÍA NACIONAL DE TÁMARA, contra actuaciones del INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO INTERVENIDO POR LA FUERZA NACIONAL DE SEGURIDAD INTERINSTITUCIONAL (FUSINA) Y LA DIRECTORA DE DICHO CENTRO PENITENCIARIO, en relación a las noticias que han trascendido, y que éste Tribunal ha tenido conocimiento sobre los hechos acaecidos en dicho Centro de Detención, el día veintitrés de mayo de dos mil veinte, donde fallecieron por lo menos seis mujeres, quienes según los medios de comunicación, respondían a los nombres de WENDY YOLANDA SALINAS ALVAREZ, LISSETH ABIGAIL MORENO CARRANZA, MARGARITA ELIZABETH GOMEZ DIAZ, GILDA JANETH RUIZ, KARLA JOSELYN VALLECILLO y PATRICIA NICOLE VELASQUEZ, lo anterior, para efectos de la constatación de los hechos ocurridos y para salvaguardar la seguridad individual de las demás detenidas y para mantener el orden de dicho Centro de Detención. (Folio 01 del recurso). 2) Que en esa misma fecha, la Sala, nombró como Juez Ejecutora a la Abogada ANDREA MARCELA INESTROZA BRAVO, Defensora Pública de la ciudad de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, para que de manera inmediata se constituyera a la PENITENCIARÍA NACIONAL FEMENINA DE ADAPTACIÓN SOCIAL, a efecto de que constatara de manera inmediata los hechos ocurridos en dicho Centro y de ser procedente, tomar las medidas correspondientes a fin de hacer cesar cualquier tormento, tortura, vejamen, exacción ilegal y toda coacción, restricción o molestia innecesaria para la seguridad individual de las privadas de libertad de la PENITENCIARÍA NACIONAL FEMENINA DE ADAPTACIÓN SOCIAL, debiendo requerir a la autoridad recurrida, para que rindiera un informe dentro del plazo y con las formalidades establecidas en el artículo 26 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. (Folios 09 y 10 del recurso) 3) Que la Abogada ANDREA MARCELA INESTROZA BRAVO, actuando en su condición antes indicada, compareció ante la Sala de lo Constitucional, en fecha cuatro de junio de dos mil veinte, y en el ejercicio de las funciones inherentes a su cargo, rindió el informe correspondiente, en el cual consignó entre otros lo siguiente: a) Que en fecha veintiséis de mayo de dos mil veinte, se personó en las Oficinas del Instituto Nacional Penitenciario a efecto de requerir en legal y debida forma al Director del mismo, recibiendo dicho requerimiento el Secretario General Abogado PABLO ARTURO HERRERA LAGOS, a efecto de que rindieran un informe dentro de un plazo que no excediera las 24 horas. Que dicho fue rendido el veintisiete de mayo de dos mil veinte, estableciéndose, que el día 23 de mayo de 2020, perdieron la vida al interior de la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social las privadas de libertad Wendy Yolanda Salinas Álvarez, Karla Josselin Vallecillo Mejía, Patricia Nicolle Velásquez Zelaya, Margarita Elizabeth Gómez Díaz, Lizeth Abigail Moreno Carranza y Guilda Yaneth Cruz. Manifiestan que el día sábado 23 de mayo de 2020, a las once de la noche, en el Hogar de Preliberación, se dio inicio un incendio, lugar donde se encontraban las privadas de libertad TIFANY GODOY y EVELYN JULISSA AGUILAR CASTRO, procediéndose a evacuarlas, asimismo se encontraba la privada de libertad MARYORI LISBETH MEJIA MEJIA, quien estaba aislada por motivos de seguridad en el área de la Secretaría, debido a conflictos suscitados en el interior de la penitenciaría con otras privadas de libertad, refiriendo que ésta última fue quien ocasionó el incendio, rompiendo algunas láminas para ingresar donde se encontraban TIFANY GODOY y EVELYN JULISSA AGUILAR CASTRO, informando una policía, que luego de esto, unas privadas de libertad pertenecientes a la mara 18, salieron debido al incendio que se estaba dando, con el fin de agredir a MARYORI LISBETH MEJIA MEJIA, por lo que rompieron los portones del gimnasio y se supone dieron muerte a las seis privadas de libertad. A las once de la noche ingresaron los bomberos para apagar el fuego, luego a las doce de la madrugada, surgió un amotinamiento al interior del centro penitenciario y a las 12:10 am, ingresaron miembros de la Cruz Roja para apoyar lo sucedido con Wendy Yolanda Salinas Álvarez, Karla Josselin Vallecillo Mejía, Patricia Nicolle Velásquez Zelaya, Margarita Elizabeth Gómez Díaz, Lizeth Abigail Moreno Carranza y Guilda Yaneth Cruz, identificadas como miembros de la mara MS-13, quienes estaban aisladas en el área del gimnasio por prevención y contagios del COVID-19, quienes perdieron la vida en el amotinamiento que se dio, saliendo también herida la privada de libertad Tifany Godoy. En ese mismo informe, se establece que se adoptaron varias medidas en la Penitenciaría Nacional Femenina, con el fin de salvaguardar la seguridad de las internas, a partir de los hechos suscitados objeto del presente recurso, de igual manera, en fecha 27 de mayo de 2020, se autorizó y se llevó a cabo el traslado como medida de seguridad, de 59 privadas de libertad, hacia el Centro Penal de Siria, Municipio de El Porvenir, Francisco Morazán, y se autorizó también el traslado de MARYORI LISBETH MEJIA MEJIA, hacia el Centro Penitenciario de Nacaome, departamento de Valle, a través de las correspondientes resoluciones emitidas por el Instituto Nacional Penitenciario, lo cual fue constatado por la Juez Ejecutora, ya que ese día se encontraba en la Penitenciaría presentando los requerimientos. b) Que según el informe presentado por la Directora de la Penitenciaría Nacional Femenina NOLVIA CRISTINA SORTO, confirmando lo informado por las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario, y que el incendio se suscitó en el Módulo de Preliberación, en donde se encontraban las privadas de libertad TIFANY GODOY Y EVELYN JULISSA AGUILAR CASTRO, ésta última con su hija recién nacida, las que se encontraban aisladas con fines preventivos, procediendo a sacarlas de ese lugar para salvaguardar sus vidas e integridad física, habiendo llamado a los bomberos para que brindaran la asistencia necesaria y procediendo a solicitar apoyo del personal operativo. En el área de la Secretaría se encontró a la interna MARYORI LISBETH MEJIA MEJIA, a quien se identificó como miembro de la mara MS-13, la que estaba allí con fines de seguridad, ya que amenazaba a otras internas, de igual manera se verificó que internas de los hogares 5 y 7, y a quienes se les identificó como miembros de la pandilla 18, se encontraban fuera de sus módulos, minutos antes de las 12:00 am, momento en que entraron los bomberos para apagar el incendio. La guardia interna de la Policía Penitenciaria informó que se estaba dando un amotinamiento en el centro y a las 12:10 am, se presentaron miembros de la Cruz Roja, a fin de dar apoyo y a las 12:40 am, se informó que habían muertos en el área del gimnasio, en donde estaban aisladas por prevención y contagio del COVID-19, DULCE MARIA HERNANDEZ, GUILDA YANETH CRUZ, WENDY YOLANDA SALINAS, LIZETH ABIGAIL MORENO, MARGARITA ELIZABETH GÓMEZ E INGRID YAMILETH RUIZ. Que, debido a los hechos, se establecieron medidas de seguridad, a fin de salvaguardar la vida de todas las privadas de libertad. Que debido a las condiciones de seguridad en que se encuentran las privadas de libertad en la PENITENCIARIA NACIONAL FEMENINA DE ADAPTACION SOCIAL (PNFAS), no son acordes a los estándares internacionales, y que se tuvo que llamar a los bomberos, solicitando también apoyo de la Academia Penitenciaria y personal policial de reacción del INAMI, por lo que se entiende que la situación se saliera de control y el personal de seguridad trató de controlarlo y al no lograrlo, se solicitó colaboración, ejercitándose las acciones fuera del tiempo oportuno. c) Que en esa misma fecha, la Juez Ejecutora, entrevistó a dos privadas de libertad elegidas al azar a fin de conocer la situación, siendo la primera RAQUEL TATIANA NUÑEZ, quien manifestó que se encontraba privada de su libertad desde junio de 2017, y estaba ubicada en el área de Reflexión, manifestando que al momento del incendio, ellas y todas las privadas que se encontraban en su área se desesperaron y comenzaron a pedir ayuda, sin embargo ninguna autoridad acudió en su auxilio, además manifestó que la muchacha que inició el incendio, era pandillera, sino que se refiere que era callejera; que el día del incendio, quien estaba a cargo era la Sub-Directora y que desde los hechos no ha mejorado la seguridad, y se mira la desidia y desinterés de las autoridades. La segunda privada de libertad que fue entrevistar fue la señora LAURA LILA AGUILERA, quien manifestó que ingresó a esa penitenciaría hacía cinco años y seis meses, y se encontraba recluida en el hogar 1 y que consideraba que desde los hechos del 23 de mayo de 2020, había más seguridad en el centro, pero que el día 26 de mayo de 2020, se había formado otro amotinamiento, debido a las amenazas hechas por los antimotines. El día de los hechos la Sub-Directora salió hablar con algunas y luego se retiró, dentro del centro no quedó ningún policía, asimismo refirió que el pleito se había dado debido a rivalidades entre la mara 18 y la MS, y que se veían más policías en el centro. d) Que de las investigaciones realizadas la Juez Ejecutora estableció: Que debido a las condiciones de seguridad en que se encuentran las privadas de libertad en la PENITENCIARIA NACIONAL FEMENINA DE ADAPTACION SOCIAL (PNFAS), no son acordes a los estándares internacionales a pesar de que Honduras es suscriptor de convenios y tratados internacionales en materia de Derechos Humanos, por lo que deviene la obligación de cumplirlos, verificando que las autoridades de dicha penitenciaría no pudieron ejecutar a totalidad los controles y protocolos de seguridad a fin de evitar la pérdida de vidas humanas, por lo que fue del criterio de: “…DECLARAR: 1) HA LUGAR LA ACCIÓN DE HABEAS CORPUS CORRECTIVO O EXHIBICIÓN PERSONAL interpuesta de oficio por la Sala Constitucional a favor de TODAS LAS PRIVADAS DE LIBERTAD QUE SE ENCUENTRAN EN LA PENITENCIARIA NACIONAL FEMENINA DE ADAPTACIÓN SOCIAL (PNFAS), ubicada en la Aldea de Támara, Francisco Morazán…” (Folios 24 al 29) CONSIDERANDO (1): Que la Corte Suprema de Justicia a través de la Sala de lo Constitucional, tiene atribuida por ley el conocimiento de las acciones de Hábeas Corpus o Exhibición Personal, según lo dispone los artículos 182 de la Constitución de la República, relacionado con los artículos 3, 9 y 13 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (2): Que el Estado reconoce la garantía de Habeas Corpus o de Exhibición Personal. En consecuencia, toda persona agraviada o cualquier otra en nombre de ésta tiene derecho a promoverla, cuando se encuentre ilegalmente presa, detenida o cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad individual; y, cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción o molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión, tal y como lo establece el artículo 182 de la Carta Magna. CONSIDERANDO (3): Que en tramitación de la garantía constitucional instaurada de oficio, a favor de TODAS LAS PRIVADAS DE LIBERTAD QUE SE ENCUENTRAN EN LA PENITENCIARIA NACIONAL FEMENINA DE ADAPTACIÓN SOCIAL (PNFAS), contra actuaciones del INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO INTERVENIDO POR LA FUERZA NACIONAL DE SEGURIDAD INTERINSTITUCIONAL (FUSINA) Y LA DIRECTORA DE DICHO CENTRO PENITENCIARIO, la Sala nombró como Juez Ejecutora a la Abogada ANDREA MARCELA INESTROZA BRAVO, instruyéndola a constituirse al Centro Penitenciario en referencia, a efecto de constatar de manera inmediata los hechos ocurridos en dicho Centro, de los cuales se tiene noticia; dictando, de resultar procedente, todas las medidas correspondientes a fin de hacer cesar cualquier tormento, tortura, vejamen, exacción ilegal y toda coacción, restricción o molestia innecesaria para la seguridad individual de las privadas de libertad, a cuyo favor se ha instaurado el presente recurso de habeas corpus humanitario; debiendo remitir sus conclusiones e informes según lo actuado, dentro del plazo prudencial, a esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. CONSIDERANDO (4): Que, en cumplimentación de su nombramiento constitucional, en el Recurso de Habeas Corpus promovido DE OFICIO por esta Sala, la abogada ANDREA MARCELA INESTROZA BRAVO, en su condición precitada, presentó en fecha cuatro de junio de dos mil veinte, el informe correspondiente, en el cual investigó las noticias que habían trascendido al conocimiento público sobre los hechos acaecidos en dicho Centro de Detención, en fecha veintitrés de mayo de dos mil veinte; verificando que las autoridades penitenciarías no pudieron ejecutar a totalidad los controles y protocolos de seguridad requeridos a fin de evitar la pérdida de vidas humanas; por lo cual, fue del siguiente criterio: “…DECLARAR: 1) HA LUGAR LA ACCIÓN DE HABEAS CORPUS CORRECTIVO O EXHIBICIÓN PERSONAL interpuesta de oficio por la Sala Constitucional a favor de TODAS LAS PRIVADAS DE LIBERTAD QUE SE ENCUENTRAN EN LA PENITENCIARIA NACIONAL FEMENINA DE ADAPTACIÓN SOCIAL (PNFAS), ubicada en la Aldea de Támara, Francisco Morazán…”; informe que obra transcripto en detalle, en el Antecedente 3) de la presente sentencia, cuyas recomendaciones obran consignadas íntegramente a folios veintisiete (27) y subsiguientes del expediente respectivo. CONSIDERANDO (5): Que esta Sala de lo Constitucional, una vez, ha revisado las actuaciones descritas en el Antecedente inmediato anterior, así como la documentación, adjuntada al informe final rendido por la Juez Ejecutora designada; quien manifiesta que, en fecha veintiséis de mayo de dos mil veinte, se personó en las Oficinas del Instituto Nacional Penitenciario (INP), a efecto de requerir en legal y debida forma al Director del mismo, recibiendo dicho Informe el 27 de mayo de 2020; por el cual se establece que el día sábado 23 de mayo de 2020, perdieron la vida al interior de la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social las privadas de libertad Wendy Yolanda Salinas Álvarez, Karla Josselin Vallecillo Mejía, Patricia Nicolle Velásquez Zelaya, Margarita Elizabeth Gómez Díaz, Lizeth Abigail Moreno Carranza y Guilda Yaneth Cruz; identificadas como miembros de la mara MS-13, quienes estaban aisladas en el área del gimnasio por prevención y contagios del COVID-19; saliendo también herida la privada de libertad Tifany Godoy. En el mismo informe, se establece que se adoptaron varias medidas en la Penitenciaría Nacional Femenina, con el fin de salvaguardar la seguridad de las internas, a partir de los hechos suscitados objeto del presente recurso. De igual manera, que en fecha 27 de mayo de 2020, se autorizó y se llevó a cabo el traslado como medida de seguridad, de 59 privadas de libertad, hacia el Centro Penal de Siria, Municipio de El Porvenir, Francisco Morazán; autorizándose también el traslado de MARYORI LISBETH MEJIA, hacia el Centro Penitenciario de Nacaome, departamento de Valle, por resolución del Instituto Nacional Penitenciario; lo cual fue constatado por la Juez Ejecutora. CONSIDERANDO (6): Que esta Sala de lo Constitucional, una vez, revisadas que fueron las actuaciones descritas en el Antecedente inmediato anterior, aprueba en todas y cada una de sus partes las conclusiones a las que arriba la Juez Ejecutora, así como las recomendaciones vertidas en orden correctivo a la desviación de los estándares internacionales de tratamiento a las reclusas, las cuales obran consignadas en el Informe respectivo; pues se ha constatado el riesgo efectivo a que están sometidas la salud y la vida de las privadas de libertad, así como las deficientes condiciones de seguridad en que se encuentran internas en la PENITENCIARIA NACIONAL FEMENINA DE ADAPTACION SOCIAL (PNFAS); las cuales tampoco se encuentran acordes a los estándares internacionales en materia de Derechos Humanos, a los cuales adscribe el Estado de Honduras. CONSIDERANDO (7): Que la Constitución de la República reconoce en el artículo 145 el derecho a la protección de la salud. Es deber de todos participar en la promoción y preservación de la salud personal y de la comunidad. El Estado conservará el medio ambiente adecuado para proteger la salud de las personas, considerando que la salud es el estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades, en ese sentido, las instituciones relacionados con el tema de salud, sean estas públicas o privadas se someterán a la normativa vigente. CONSIDERANDO (8): Que el derecho a la salud, reviste tanta importancia, que se encuentra también regulado en el artículo 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador), el cual dispone, que toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social y para su efectividad, los Estados Partes se comprometen a reconocer la salud como un bien público y particularmente adoptaran las medidas que garanticen este derecho. Asimismo, el artículo doce del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y Suscrito por Honduras reconoce que los Estados Partes en el Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental; debiendo los Estados Partes adoptar las medidas establecidas en el Pacto a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho, particularmente las necesarias para el mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del medio ambiente; y para la prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas; creando las condiciones que aseguren a todos asistencia y servicios médicos en caso de enfermedad. CONSIDERANDO (9): Que, en lo pertinente a la protección de la seguridad y vida, a favor de TODAS LAS PRIVADAS DE LIBERTAD QUE SE ENCUENTRAN EN LA PENITENCIARÍA NACIONAL DE TÁMARA, contra actuaciones del INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO INTERVENIDO POR LA FUERZA NACIONAL DE SEGURIDAD INTERINSTITUCIONAL (FUSINA) Y LA DIRECTORA DE DICHO CENTRO PENITENCIARIO; es clara la falencia en que se ha incurrido, pues se ha verificado que las autoridades de dicha penitenciaría no pudieron cumplimentar, con la diligencia debida, los controles y protocolos de seguridad establecidos; a fin de evitar la pérdida de vidas humanas y la amenaza inminente a la integridad de los derechos de las internas, beneficiarias de la presente garantía constitucional. CONSIDERANDO (10): Que la Ley del Sistema penitenciario Nacional entre otros aspectos dispone, la actividad penitenciaria se debe desarrollar con las garantías y dentro de los límites establecidos por la Constitución de la República, los Tratados Internacionales ratificados por Honduras, las Leyes, los Reglamentos, y las Sentencias Judiciales, por lo que es imperativo el respeto a los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad. Dispone, además, que los centros deben contar con las condiciones necesarias para proporcionar una vida digna a las internas y el respeto de sus derechos humanos, tanto en su infraestructura como en su equipamiento. CONSIDERANDO (11): Que, por otra parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado, que las personas privadas de libertad tendrán derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel posible de bienestar físico, mental y social, que incluye, entre otros, la atención médica, psiquiátrica y odontológica adecuada; a la disponibilidad permanente de personal médico idóneo e imparcial; el acceso a tratamiento y medicamentos apropiados y gratuitos; la implementación de programas de educación y promoción en salud, inmunización, prevención y tratamiento de enfermedades infecciosas, endémicas y de otra índole; y las medidas especiales para satisfacer las necesidades particulares de salud de las personas privadas de libertad pertenecientes a grupos vulnerables o de alto riesgo, tales como: las personas adultas mayores, las mujeres, los niños y las niñas, las personas con discapacidad, las personas portadoras del VIH-SIDA, tuberculosis, y las personas con enfermedades en fase terminal; tratamiento que deberá basarse en principios científicos y aplicando las mejores prácticas. Asimismo, el Tribunal interamericano ha indicado que la falta de atención médica adecuada podría considerarse, en sí misma, violatoria al artículo 5.1 y 5.2 de la Convención; dependiendo de las circunstancias concretas de la persona en particular, el tipo de dolencia que padece, el lapso transcurrido sin atención y sus efectos acumulativos y, en algunos casos, el sexo y la edad de la misma, entre otros; lo cual deberá ser tenido en cuenta por la autoridad penitenciaria al momento de su implementación. CONSIDERANDO (12): Que, con fundamento en la legislación interna y a lo dispuesto en las convenciones, tratados y pactos de los que Honduras es signataria en materia de Derechos Humanos, así como a lo constatado por la señora Juez Ejecutora, Abogada ANDREA MARCELA INESTROZA BRAVO; la Sala de lo Constitucional aprueba lo informado por la Juez Ejecutora, concluyendo que existe infracción a lo señalado en el artículo 182.1, literal b) de la Constitución de la República; con relación a los artículos 13.1, literal b) y 15 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; procediendo a declarar ha lugar el presente Recurso de Exhibición Personal Correctivo iniciado de OFICIO, refrendando las observaciones y, en su totalidad, las recomendaciones dimanadas del Informe rendido por la Juez Ejecutora ante esta Sala. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos, haciendo aplicación de los artículos Números 65, 68, 80, 82, 145, 182, 303, 304 y 316 numeral 1) de la Constitución de la República; 1, 2, 5, 7, 8, 25 y 27 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1, 74 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; y, 1, 2, 3 numeral primero, 5, 13, 25, 26, 37, 38, 39 y 120 de la Ley de Justicia Constitucional; FALLA: 1) Declarar HA LUGAR la garantía de hábeas corpus correctiva colectiva promovida DE OFICIO a favor de TODAS LAS PRIVADAS DE LIBERTAD QUE SE ENCUENTRAN EN LA PENITENCIARÍA NACIONAL DE TÁMARA, contra actuaciones del INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO INTERVENIDO POR LA FUERZA NACIONAL DE SEGURIDAD INTERINSTITUCIONAL (FUSINA) Y LA DIRECTORA DE DICHO CENTRO PENITENCIARIO; 2) Que la autoridad recurrida adopté de INMEDIATO las recomendaciones dimanadas del Informe rendido por la Juez Ejecutora, según obran consignadas en el expediente; en orden a hacer cesar la vulneración a los derechos humanos de las privadas de libertad; particularmente y con carácter de urgente, las siguientes: 2.1 Que se distribuya de una forma adecuada la población penitenciaria, separando debidamente las personas procesadas, de las personas sentenciadas; sin perjuicio adecuar las instalaciones físicas de la Penitenciaria, a efecto garantizar a todas las personas privadas de libertad una estadía digna y segura, con el suficiente espacio físico necesario para ello; 2.2 Realizar constantes capacitaciones al personal penitenciario, policial, así como auxiliar administrativo en la gestión penitenciaria; tanto en seguridad interna y manejo (reacción y contención) de contingencias, tales como amotinamientos, incendios, fenómenos naturales, etcétera; como formación especializada relativa a las necesidades específicas de las reclusas y sus derechos humanos; en particular observancia a lo establecido en las Reglas de Bangkok (Regla 33). 2.3 Colocar a corto plazo cámaras de filmación y seguridad, tanto en el interior, como exterior de las instalaciones penitenciarias, en innovación a los protocolos de seguridad ya existentes; 2.4 Habilitar con carácter urgente un módulo de seguridad con todas las condiciones para albergar a aquellas privadas de libertad que refieran sentirse amenazadas en su vida e integridad personal por otras internas; 2.5 Exigir a la Dirección de la Penitenciaria la mayor diligencia ante las expectativas que demanden las privadas de libertad, así como también el personal de seguridad; recomendándose establecer canales de atención para escuchar las solicitudes, o necesidades de las privadas de libertad, con el fin de evitar riesgo a la vida e integridad física de las personas; 2.6 Socializar el Reglamento Interno de la Penitenciaria desde el momento en que ingresa cada interna y se le realiza el expediente criminológico correspondiente; todo en aras de que conozcan e internalicen sus derechos, obligaciones y las medidas disciplinarias a imponer, en caso de incumplimiento; 2.7 Trasladar copia de la presente sentencia a la Fiscalía del Ministerio Público en aras de que se realicen las investigaciones fidedignas que permitan esclarecer, las causas y manera de muerte de las internas WENDY YOLANDA SALINAS ALVAREZ, LISSETH ABIGAIL MORENO CARRANZA, MARGARITA ELIZABETH GOMEZ DIAZ, GILDA JANETH RUIZ, KARLA JOSELYN VALLECILLO y PATRICIA NICOLE VELASQUEZ; hechos acaecidos la noche del veintitrés (23) de mayo de dos mil veinte (2020) en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS); garantizando así el acceso a la justicia y a la verdad. Adicionalmente a ello, realizar todas las prácticas y medidas tendientes a: 2.8 Mantener atención en el área médica con el objeto de prevenir al máximo la aparición de focos epidémicos, reforzando especialmente los protocolos de prevención a la Pandemia COVID-19; 2.9 Elaboración de un Plan de Emergencia y contingencia para evitar se repitan incidentes lesivos a la vida y seguridad de las internas; 2.10 Preparar y poner en práctica un sistema de protección contra incendios, el cual deberá ser certificado por el benemérito Cuerpo de Bomberos; 2.11 Adoptar, de consiguiente, las medidas necesarias para inspeccionar permanentemente y mejorar las instalaciones eléctricas, asegurando su mantenimiento preventivo; 2.12 Adoptar medidas urgentes, para el asegurar el abastecimiento de agua potable, a fin de procurar el aseo e higiene de las internas y del Centro Penitenciario. Asimismo, la construcción de más áreas de baño y servicio sanitarios para las personas privadas de libertad, y finalmente; 2.13) Las demás atribuidas por la Ley del Sistema penitenciario Nacional en aras asegurar una vida digna a las internas y el respeto debido a sus derechos humanos. 3) La autoridad encargada de la administración del Sistema Penitenciario Nacional debe proceder de inmediato a implementar las recomendaciones indicadas, enviando informes mensuales de lo ordenado al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos y la Fiscalía Especial de Derechos Humanos, dependiente del Ministerio Público, a efecto coadyuvar al cumplimiento de los deberes propios de su cargo. Se hace saber, asimismo, que el incumplimiento de lo prescrito dará lugar a lo que en derecho corresponda, conforme a la Ley Sobre Justicia Constitucional. Y MANDA: Que para su efectiva ejecución se notifique el presente fallo a las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario, como ente encargado de la organización, administración y funcionamiento del Sistema Penitenciario Nacional, mediante envío de certificación de la presente sentencia. Cumplimentado que sea lo anterior, se proceda a su archivo en Sala de lo Constitucional. Redactó la Magistrada ÁLVAREZ SAGASTUME. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL.LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiocho días del mes de julio de dos mil veinte, certificación de la sentencia de fecha veintidós de julio de dos mil veinte, recaída en el Recurso de Exhibición Personal bajo el número SCO-388-2020.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL