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Sentencia EP-387-20 — Registro 10936

Resumen

Se interpuso recurso de exhibición personal interpuesto, contra actuaciones del Instituto Nacional Penitenciario, intervenido por la Fuerza Nacional de Seguridad Institucional (FUSINA) y contra el Director(A) de la Penitenciaria Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), manifiesta la peticionaria que: “…el sábado veintitrés de mayo de dos mil veinte, a las 10:30 pm se dio un amotinamiento en dicho Centro Penitenciario e inició un conato de incendio en los Hogares 5, 6 y 7 donde estaban recluidas privadas en condición de pre liberación, (aquí narra los hechos acontecidos), a consecuencia de ello solicita se realice inspección de manera inmediata y que se entreviste a la Señora ERIKA JULISSA BANDY GARCÍA como afectada directa, quien, se encuentra en estado shock complicándosele su debilitado estado de salud, por retrotraérsele los sucesos mediante los cuales perdió la vida su esposo (Nery Orlando López Sanabria conocido también como Magdaleno Meza Fúnez)…”.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO (10): Que, por todo lo antes expresado, valorando, asimismo, lo resuelto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Comisión IDH), en la precitada Resolución No. 01/2020; reconociéndose, asimismo, después de realizado el estudio de autos en la presente garantía de Hábeas Corpus o Exhibición Personal, así como el Informe de la Juez Ejecutora, así validado; reitera este Alto Tribunal, que la garantía de exhibición personal o habeas corpus, se encuentra configurada como un mecanismo de defensa para el derecho a la libertad individual frente a los actos de autoridad que, con infracción, violación o inobservancia del bloque de constitucionalidad, la perturben o priven de ella; así como también, frente a los que, en iguales circunstancias, atenten en cualquier caso contra la integridad física, síquica y moral del detenido (a). Por todo ello al no subsumirse la presente garantía de Hábeas Corpus en los presupuestos que, para su otorgamiento, precaven los artículos 13 y 24 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; ni en lo convencionalmente dispuesto por el artículo 1 de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; procede declararla SIN LUGAR, sin perjuicio las recomendaciones supramencionadas, las cuales se encuentran fundamentadas en la ratio pro persona, según establecida sistemática y coherentemente en el Bloque de Convencionalidad, al cual adscribe el Estado de Honduras.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintinueve de julio de dos mil veinte. VISTA: Para dictar sentencia de recurso de exhibición personal interpuesto vía correo electrónico por la Abogada ZAIDA ELIZABETH RAMIREZ BENITEZ a favor de la señora ERIKA JULISSA BANDY GARCÍA, contra actuaciones del INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO, INTERVENIDO POR LA FUERZA NACIONAL DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL (FUSINA) Y CONTRA EL DIRECTOR(A) DE LA PENITENCIARIA NACIONAL FEMENINA DE ADAPTACION SOCIAL (PNFAS). ANTECEDENTES 1) Que en fecha veinticinco (25) de mayo de dos mil veinte (2020), vía correo electrónico se recibió en la Secretaría de la Sala de lo Constitucional Recurso de Exhibición Personal interpuesto por la Abogada ZAIDA ELIZABETH RAMIREZ BENITEZ a favor de la señora ERIKA JULISSA BANDY GARCÍA, contra actuaciones del INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO, INTERVENIDO POR LA FUERZA NACIONAL DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL (FUSINA) Y CONTRA EL DIRECTOR(A) DE LA PENITENCIARIA NACIONAL FEMENINA DE ADAPTACION SOCIAL (PNFAS), manifiesta la peticionaria que: “…el sábado veintitrés de mayo de dos mil veinte, a las 10:30 pm se dio un amotinamiento en dicho Centro Penitenciario e inició un conato de incendio en los Hogares 5, 6 y 7 donde estaban recluidas privadas en condición de pre liberación, (aquí narra los hechos acontecidos), a consecuencia de ello solicita se realice inspección de manera inmediata y que se entreviste a la Señora ERIKA JULISSA BANDY GARCÍA como afectada directa, quien, se encuentra en estado shock complicándosele su debilitado estado de salud, por retrotraérsele los sucesos mediante los cuales perdió la vida su esposo (Nery Orlando López Sanabria conocido también como Magdaleno Meza Fúnez) derivando en crisis psiquiátrica, emocional, física e inestabilidad moral, por no existir protocolos o métodos de reacción pronta y oportuna para atender a las privadas de libertad, ni medidas mínimas de seguridad, por lo que solicita se garantice el derecho a la vida y a la integridad física de la Señora ERIKA JULISSA BANDY GARCÍA …”. (Folios 1-7 del presente Recurso) 2) Que en fecha veintiséis (26) de mayo de dos mil veinte (2020), este Alto Tribunal admitió el presente recurso y, en consecuencia, nombró como Juez Ejecutora a la Abogada MARYORI XIOMARA SALGADO RODRIGUEZ, Defensora Pública de la Ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, a efecto de que rindiera un informe sobre los extremos consignados en el presente recurso. (Folio 9 del presente Recurso) 3) Que en fecha veintiséis (26) de mayo de dos mil veinte (2020), la Juez Ejecutora tiene por recibida la comunicación con procedencia de la Honorable Sala de lo Constitucional, y en el ejercicio de las responsabilidades inherentes a su cargo, rindió el informe correspondiente en fecha cinco (05) de junio de dos mil veinte (2020), consignando entre otros extremos, lo siguiente: (SIC) “PRIMERO: Que esta Jueza Ejecutora en fecha veintisiete de Mayo del año dos mil veinte se trasladó al Centro Penitenciario Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFA), con el Objeto de requerir a la señora DIRECTORA DEL CENTRO PENAL FEMENINO SUBCOMISIONADA DE POLICIA NOLVIA SORTO HERRERA, que el mismo fue requerido para que rindiera informe dentro del plazo legal de veinticuatro horas; protocolo o métodos de reacción pronta y oportuna para atender a las privadas de libertad de para garantizar de manera inmediata la protección de los derechos fundamentales, universales y constitucionales de la vida, así mismo se solicita que se me exhiba a la señora ERIKA JULISA BANDY GARCIA. SEGUNDO: Que en fecha veintisiete de mayo del año dos mil veinte, esta Jueza ejecutora se trasladó al Centro Penitenciario Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFA), con el objeto de entrevistar a la señora ERIKA JULISA BANDY GARCIA, manifestando que el día que ocurrió el incendio el día sábado 23 de mayo del 2020, se encontraba encerrada en los cuartos del módulo de reflexión y las puertas de las habitaciones se encontraban cerrados con candados por fuera de las puertas de cada dormitorio, manifestó que en el motín no abrieron las puertas ya que ninguno de los custodios se encontraban ya que la custodia que se encontraba asignada al módulo no estaba en su puesto, la custodia que se le ha asignado no se encontraba en su puesto, ha solicitado dos guardias y cual solo se le ha dado uno por parte del instituto Nacional Penitenciario, ella solicita que se le brinde mas seguridad ya que el Instituto Nacional Penitenciario (INP) es incapaz de brindarle la seguridad necesaria para su persona, ella vive con 16 personas en su módulo, a partir del día sábado el ambiente ha estado hostil y caliente, casi no ha podido dormir del miedo, se le ha subida la presión, altas de azúcar, Psicológicamente se encuentra mal, ella solicita que se les pueda poner más seguridad por lo menos unos cuatro guardias para que así ella se sienta más protegida, su habitación tienen una puerta reforzada no hay forma de romperla, pido que se me mantenga la nueva medida que se implementó desde el incendio es de mantener las puertas de las habitaciones abiertas ya que antes se dejaban cerradas con llaves por fuera y que se dejen solo los portones principales cerrados ya que teme que vuelva a suceder algo, piden que se les ponga una zaranda en la parte de atrás donde se encuentra la pila ya que quieren que nadie pueda entrar por ese lado, se pidió que el área de castigo dominada la plancha no entren ya que son personas que pertenecen a grupos delictivos, y también personas de nuevo ingreso que pueden traer COVID-19, el cual responsabiliza al Estado de Honduras y al Instituto Nacional Penitenciario (INP) si algo le pasa a su vida ya que es de conocimiento público que se le quiere dar de baja, ella teme por su vida ya que hay una compañera de modulo que pertenece a crimen organizado y que tiene que ver con diferentes grupos delictivos, manifestó que Jurisdicción Nacional ordeno sobre el proyecto de las cámaras, doña Nolvia pidió el INP por solicitud de las reclusas que solicitara guardias, pero el INP manifestó que no cuenta con suficiente personal. Ella reintegra en varias ocasiones que tiene miedo por su vida ya que sabe que su esposo murió por grupos delictivos ya que los grupos delictivos que lo mataron creen que tiene información que su esposo le paso, así mismo por lo que solicita sea traslada a otro centro con mayor seguridad, también reintegra que se haga el traslado de la reclusa Paola Monse Fraga, ya que ese traslado que se pidió desde que su esposo murió. TERCERO: Que en fecha primero de junio del año dos mil veinte fue proporcionado el informe de la Penitenciaria Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFA) por la Directora, el cual refiere que se pone a la vista a la Privada de libertad ERIKA JULISSA BANDY GARCIA, con el fin de que se realice la entrevista, así mismo se refiere en el mismo Protocolo de Seguridad con que cuenta la Penitenciaria Nacional para brindársele a las Privadas de libertad recluidas en la misma es: 1) El cordón de seguridad en el interior de esta penitenciaria como ser rondines, policías femeninas asignadas en los diferentes hogares, policías asignados que custodian los diferentes torrones, comandante de guardia y la encargada del Centro Pena que puede ser la Directora o en su defecto la Sub/Directora; 2) Apoyo del grupo de reacción del INP, asignadas a la Academia Nacional Penitenciara; 3) Apoyo al personal de Seguridad de la Policía Nacional asignados en el Centro de Menores Renaciendo; 4) Apoyo de la unidad de reacción de la Policía Nacional UMOS; 5) Apoyo brindado por el Segundo Batallón de Infantería Aerotransportado en el área externa de este Establecimiento. CUARTO: Que esta Jueza Ejecutora habiendo realizado un análisis exhaustivo, y en aplicación a lo que ya nos contempla el artículo 13 de la Ley de Justicia Constitucional, que se interpondrá la misma por dos vías específicamente en el numeral 1) Cuando se encuentre ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad; 2) Cuando en su detención o prisión legal se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción, o molestia innecesaria, para su seguridad individual o para el orden de la prisión, por lo que al haber sido entrevistada la señora ERIKA JULISSA BANDY GARCIA, refiere ella misma que no está detenidos ilegalmente que efectivamente cuentan con un proceso judicial y el misma están recluidos por orden emanada por un Juez competente, que también manifestaron que no han sufrido tratos crueles inhumanos por parte de las autoridades, encargadas de su guarda y custodia, que tal acción fue interpuesta por la exposición a riesgo a morir por no contar el Instituto Nacional Penitenciario protocolos o métodos de reacción pronta y oportuna atender a las privadas de libertad. Negligencia por parte por parte del cuerpo de seguridad y de las autoridades por no brindar medidas de seguridad. Que se garantice de inmediato la protección de los derechos fundamentales, universales y constitucionales de la vida, a la persona Humana, La Salud e Integridad Moral y Física de las privadas de libertad por exposición de peligro inevitable como consecuencia a las deficiencias de los sistemas jurídicos penitenciario a nivel nacional; que analizando también lo preceptuado en nuestra ley de justicia Constitucional artículo 38, establece de la procedencia de la acción se declarara con lugar la exhibición personal la violación de alguno de los supuestos establecidos en los artículos 13 y 25 de esta ley caso contrario se declara sin lugar. Hemos observado que no se ha infringido ninguno de los artículos preceptuado, POR TANTO: este Juez Ejecutor nombrado por la Honorable Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán en nombre del estado de Honduras y aplicación de los artículos 13 numeral 2, 25, 26, 38, 40 de Ley de Justicia Constitucional, DECLARA NO HA LUGAR: la acción del recurso de EXHIBICION PERSONAL interpuesto por la abogada ZAIDA ELIZABETH RAMIREZ BENITEZ a favor de la señora ERIKA JULISSA BANDY GARCIA. Pero considerando que la señora ERIKA JULISSA BANDY GARCIA manifestó que se había ordenado medidas de seguridad para su persona, desde que su esposo murió medidas que hasta el momento no se han cumplido según manifiesta; Recomiendo como Juez Ejecutor a las Autoridades del Instituto Nacional Penitenciario (INO); 1) Establecer mayores medidas de seguridad a favor de la señora ERIKA JULISSA BANDY GARCIA; 2) Trasladar a la señora ERIKA JULISSA BANDY GARCIA a otro centro penitenciario que sea más seguro. Todo con el objeto de salvaguardar la vida de la señora ERIKA JULISSA BANDY GARCIA.” (Folios 17–30 del presente Recurso) CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia a través de su Sala Constitucional el conocimiento de las acciones de Hábeas Corpus o Exhibición Personal, acorde a lo preceptuado en los artículos 182 y 316 numeral uno de la Constitución de la República, en relación a lo preceptuado en los artículos 3 numeral uno y 13 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, resultando procedente la misma cuando se constate que la persona agraviada se encuentre ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad, o bien, cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción o molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión. CONSIDERANDO (2): Que la Constitución de la República en el artículo precitado, establece en su literalidad: “El Estado reconoce la garantía de Hábeas Corpus o Exhibición Personal, y de Hábeas Data. En consecuencia en el Hábeas Corpus o Exhibición Personal toda persona agraviada o cualquier otra en nombre de ésta tiene derecho a promoverla; y en el Hábeas Data únicamente puede promoverla la persona cuyos datos personales o familiares consten en los archivos, registros públicos o privados de la siguiente manera: 1) EL HÁBEAS CORPUS O EXHIBICIÓN PERSONAL: a) Cuando se encuentre ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad; y, b) Cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión”…[1] CONSIDERANDO (3): Que la justicia constitucional tiene por objeto desarrollar las garantías constitucionales y las defensas del orden jurídico constitucional, en virtud de ello, en la aplicación de la Ley Sobre Justicia Constitucional, las disposiciones contenidas en la misma, se interpretarán y aplicarán siempre de manera que aseguren una eficaz protección de los derechos humanos y el adecuado funcionamiento de las defensas del orden jurídico constitucional; de igual forma la justicia constitucional se aplicará e interpretará de conformidad con los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales sobre derechos humanos vigentes en la República de Honduras, tomando en consideración las interpretaciones que de ellos hagan los tribunales internacionales.[2] CONSIDERANDO (4): Que el Estado de Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos[3], la que una vez en vigor forma parte del derecho interno[4]; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el artículo 5 el Derecho a la integridad personal y textualmente señala: “1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. 2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano…”. En congruencia a lo postulado por la Carta de San José, nuestra Carta Magna declara en su artículo 59 que la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado, sosteniendo la obligación de respetarla y protegerla, siendo en consecuencia inviolable la dignidad del ser humano, declaración íntimamente relacionada con el derecho individual que recoge la normativa constitucional en el artículo 68, que textualmente establece: “Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, síquica y moral”. CONSIDERANDO (5): Que, en ese orden de ideas y aun con mayor intensidad, señala también la jurisprudencia interamericana en materia de derechos humanos, que toda persona privada de libertad tiene derecho a vivir en condiciones de detención compatibles con su dignidad personal. Esto implica el deber del Estado de salvaguardar la salud y el bienestar de las personas privadas de libertad y de garantizar que la manera y el método de privación de libertad no excedan el nivel inevitable de sufrimiento inherente a la misma. Por ello, con base en el principio de no discriminación, el derecho a la vida de las personas privadas de libertad también implica la obligación del Estado de garantizar su salud física y mental, específicamente mediante la provisión de revisión médica regular y, cuando así se requiera, de un tratamiento médico adecuado, oportuno y, en su caso, especializado y acorde a las especiales necesidades de atención que requieran las personas detenidas en cuestión. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos también ha identificado la obligación de los Estados de proveer atención médica a los privados de libertad y de proporcionar cuidados especiales en situaciones de emergencia o debido cuidado en caso de enfermedad severa o terminal. Asimismo, el Comité de Derechos Humanos de la ONU ha establecido que cuando los Estados detienen a una persona asumen una especial responsabilidad de su vida, por lo que corresponde asegurar una protección de este derecho, incluyendo la atención médica adecuada, la cual debe ser ofrecida de oficio, sin necesidad de que sea haga un requerimiento especial por parte de quien se encuentra detenido; estándares de derechos humanos que son aplicables en el caso de mérito, dado que no pueden ser objeto de suspensión, aun en caso de estado de emergencia o excepción legalmente decretado.[5] CONSIDERANDO (6): Que, mediante Decreto Legislativo No. 64-2012, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 32,990 de fecha 3 de diciembre del año 2012, se crea la Ley del Sistema Penitenciario Nacional, la que tiene como propósito regular la organización y el funcionamiento del Sistema Penitenciario Nacional, el cual está integrado por: 1) El Instituto Nacional Penitenciario (INP); y, 2) Los Establecimientos Penitenciarios. El Sistema Penitenciario Nacional tiene como fines primordiales inter alia, “la retención y custodia de toda persona detenida, en prisión preventiva o cumpliendo condena privativa de libertad.”[6] La precitada ley determina en el artículo 2 que la actividad penitenciaria se debe desarrollar con las garantías y dentro de los límites establecidos por la Constitución de la República, los Tratados Internacionales ratificados por Honduras, las Leyes, los Reglamentos, y las Sentencias Judiciales. El artículo 3 expresamente prohíbe el someter a las personas privadas de libertad a torturas y cualquier trato cruel, inhumano o degradante u otro lesivo a su dignidad. El artículo 8 enumera las atribuciones que tiene el INP, y de interés a la presente sentencia, las establecidas en el numeral 3 y 17, que consisten en: 3) Velar por la seguridad, atención, custodia, asistencia médica, educativa, laboral u otros servicios inherentes a los fines de la ley, de las personas privadas de libertad a su cargo, en prisión preventiva, cumpliendo penas o medidas de seguridad; y, 17) Coordinar con las autoridades judiciales competentes, los ingresos, traslados y egresos de las personas privadas de libertad a su cargo, de acuerdo a lo establecido en la legislación aplicable y la presente Ley. CONSIDERANDO (7): Que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha referido que la infracción del derecho a la integridad física y psíquica de las personas varía según los factores endógenos y exógenos que deberán ser demostrados en cada situación concreta;[7] manifestando, a la vez, que: “toda persona privada de libertad tiene derecho a vivir en condiciones de detención compatibles con su dignidad personal y el Estado debe garantizarle el derecho a la vida y a la integridad personal. En consecuencia, el Estado, como responsable de los establecimientos de detención, es el garante de estos derechos de los detenidos…”.[8] CONSIDERANDO (8): Que, por otra parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, emitió la Resolución No. 01/2020 “PANDEMIA Y DERECHOS HUMANOS EN LAS AMERICAS”, en fecha diez de abril del año dos mil veinte, estimando que la pandemia del COVID-19 puede afectar gravemente la plena vigencia de los derechos humanos de la población, en virtud de los serios riesgos para la vida y siendo que es este el derecho humano más afectado por esta pandemia, como consecuencia de una afectación grave y directa del derecho humano a la salud, es ahora el momento de tomar decisiones urgentes que garanticen los derechos fundamentales a la vida, la salud, y a la integridad personal de todas aquellas personas que se encuentren privadas de libertad; siempre y cuando adolezcan de enfermedades crónicas como diabetes Mellitus, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, personas mayores de 60 años, personas que padezcan de enfermedades respiratorias crónicas como neumonía, tuberculosis, VIH y otras enfermedades que debido a su condición inmunológica pongan en riesgo la salud de las Personas privadas de su libertad. Se recomienda, por lo tanto, adoptar medidas para enfrentar el hacinamiento de las unidades de privación de libertad, incluida la reevaluación de los casos de prisión preventiva, para identificar aquellos que pueden ser convertidos en medidas alternativas a la privación de la libertad; dando prioridad a las poblaciones con mayor riesgo de salud frente a un eventual contagio del COVID-19, principalmente las personas mayores y mujeres embarazadas o con hijos lactantes; lo cual no se identificó como el supuesto del presente caso. CONSIDERANDO (9): Que, en principio, la petición securitaria y de determinación de lugar distinto para cumplimiento de pena, expuesta por la apoderada defensora de la señora ERIKA JULISSA BANDY GARCÍA, no se enmarcaría en las disposiciones constitucionales relacionadas ut supra, ni en el artículo 13 de la Ley sobre Justicia Constitucional. Ello, sin perjuicio de aprobar el Informe con recomendaciones que emitiera, en su oportunidad legal, la Juez Ejecutora, Abogada MARYORI XIOMARA SALGADO RODRIGUEZ; según el cual, si bien procedía DECLARAR NO HA LUGAR la acción del recurso de EXHIBICION PERSONAL interpuesto por la abogada ZAIDA ELIZABETH RAMIREZ BENITEZ a favor de la señora ERIKA JULISSA BANDY GARCIA, por las razones jurídicas antes fundamentadas; debía también tomarse en consideración que la señora ERIKA JULISSA BANDY GARCIA manifestó que se habían ordenado medidas de seguridad para su persona, desde que su esposo, Sr. NERY ORLANDO LÓPEZ SANABRIA, también conocido como MAGDALENO MEZA FÚNEZ, murió; medidas que hasta el momento no se habrían cumplido; recomendando la Juez Ejecutora a las Autoridades del Instituto Nacional Penitenciario, lo siguiente: “1) Establecer mayores medidas de seguridad a favor de la señora ERIKA JULISSA BANDY GARCIA; 2) Trasladar a la señora ERIKA JULISSA BANDY GARCIA a otro centro penitenciario que se de mayo seguro. (Sic.) Todo con el objeto de salvaguardar la vida de la señora ERIKA JULISSA BANDY GARCIA.” CONSIDERANDO (10): Que, por todo lo antes expresado, valorando, asimismo, lo resuelto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (ComisiónIDH), en la precitada Resolución No. 01/2020; reconociéndose, asimismo, después de realizado el estudio de autos en la presente garantía de Hábeas Corpus o Exhibición Personal, así como el Informe de la Juez Ejecutora, así validado; reitera este Alto Tribunal, que la garantía de exhibición personal o habeas corpus, se encuentra configurada como un mecanismo de defensa para el derecho a la libertad individual frente a los actos de autoridad que, con infracción, violación o inobservancia del bloque de constitucionalidad, la perturben o priven de ella; así como también, frente a los que, en iguales circunstancias, atenten en cualquier caso contra la integridad física, síquica y moral del detenido (a). Por todo ello al no subsumirse la presente garantía de Hábeas Corpus en los presupuestos que, para su otorgamiento, precaven los artículos 13 y 24 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; ni en lo convencionalmente dispuesto por el artículo 1 de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; procede declararla SIN LUGAR, sin perjuicio las recomendaciones supramencionadas, las cuales se encuentran fundamentadas en la ratio pro persona, según establecida sistemática y coherentemente en el Bloque de Convencionalidad, al cual adscribe el Estado de Honduras. POR TANTO: La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 1, 4, 59, 60, 68, 69, 71, 80, 84, 182, 303, 304, 313 atribución 5a. y 316 de la Constitución de la República; 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 5, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1 de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; 1o., 78 atribución 5ª y 137 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 9, 13, 14, 17, 19, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 38, 39, 72, 119 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: DECLARAR SIN LUGAR EL RECURSO DE EXHIBICIÓN PERSONAL impetrado por la abogada ZAIDA ELIZABETH RAMÍREZ, a favor de la señora ERIKA JULISSA BANDY GARCÍA, contra actuaciones del INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO, INTERVENIDO POR LA FUERZA NACIONAL DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL (FUSINA) Y CONTRA EL DIRECTOR(A) DE LA PENITENCIARIA NACIONAL FEMENINA DE ADAPTACION SOCIAL (PNFAS), por las razones aquí motivadas; sin perjuicio de validar las recomendaciones efectuadas por la Juez Ejecutora a la autoridad denunciada, referente al establecimiento efectivo de las medidas de seguridad que, según manifiesta la agraviada, fueron otorgadas a su favor y no cumplimentadas; efectuando, asimismo, traslado de la señora ERIKA JULISSA BANDY GARCIA a otro centro penitenciario, de mayor seguridad, en salvaguarda de su vida. Y MANDA: 1.- Que se notifique esta sentencia a la Abogada Impetrante de la presente garantía constitucional. 2.- Que notificado que sea el presente fallo se certifique y comunique al INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO (INP) para los efectos preventivos de la vida, seguridad e integridad personal de la señora ERIKA JULISSA BANDY GARCÍA; 3.- Que notificada y firme que sea la presente sentencia, se proceda al archivo de las diligencias en Sala de lo Constitucional. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. PRESIDENTE SALA CONSTITUCIONAL. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinte días del mes de agosto del año dos mil veinte, certificación de la sentencia de fecha veintinueve de julio del año dos mil veinte, recaída en el Recurso de Exhibición Personal bajo el número SCO-0387-2020.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1] Ver el artículo 182 de la Constitución de la República.

[2] Ver artículo 2 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, Decreto Legislativo No. 244-2003.

[3] Suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, y entro en vigor en julio de 1978, publicado en La Gaceta No. 22287 del 1 de septiembre de 1977.

[4] Artículo 16, segundo párrafo de la Constitución de la República de Honduras.

[5] Ver: CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Cuadernillo de Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos No. 26: Restricción y suspensión de derechos humanos / Corte Interamericana de Derechos Humanos y Cooperación Alemana (GIZ). -- San José, C.R., 2020. Págs. 150-151.

[6] Artículo 1, último párrafo, de la Ley del Sistema Penitenciario Nacional.

[7] Caso Loayza Tamayo Vs. Perú, sentencia de 17 de septiembre de 1997, párrafo 57. “El carácter degradante se expresa en un sentimiento de miedo, ansia e inferioridad con el fin de humillar, degradar y de romper la resistencia física y moral de la víctima…”.

[8] Caso Cantoral Benavides Vs. Perú, sentencia de 18 de agosto de 2000, párrafo 87.