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Sentencia EP-365-20 — Registro 10931

Resumen

En revisión las diligencias que contienen la sentencia que declaró sin lugar el Recurso de Exhibición Personal interpuesto contra actuaciones del Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional Especial en Materia de Corrupción; en donde manifiesta el peticionario que su representado se encuentra en una situación de detención ilegal y de grave peligro a su vida.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO (12): Que de todo lo actuado esta Sala advierte que al emitirse la sentencia objeto de estudio, la referida Alzada ha hecho acopio en forma oportuna, de las disposiciones y normas que rigen y rectoran la justicia constitucional, aplicándolas debidamente al caso que fue sometido a su conocimiento y resolución, al no ser de recibo los argumentos del recurrente, no cumpliéndose así con los requisitos que la ley exige para declarar la procedencia de esta acción constitucional, y al no haberse demostrado de las actuaciones ordenadas al efecto por el Juez Ejecutor designado, la violación de alguno o algunos de los supuestos establecidos en los Artículos 13 y 24 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, procedía, de acuerdo con lo estipulado por el Artículo 38 de ese mismo cuerpo normativo, declarar la improcedencia del recurso de exhibición personal de mérito, como así se hizo, y en tal virtud, resulta procedente, a criterio de esta Sala de lo Constitucional, CONFIRMAR la sentencia que se revisa y así debe declararse. CONSIDERANDO (13): Que lo anterior no es óbice para que esta Sala haga hincapié en la necesidad e importancia de que las autoridades del país implementen y continúen implementando todas las acciones y medidas que sean oportunas y eficaces para prevenir, contener y evitar la propagación y contagio del virus COVID 19 por lo que deben ser exhortadas para tal fin, y así debe ser declarado a su vez en el presente fallo.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, tres de junio de dos mil veinte. VISTAS: En revisión las diligencias que contienen la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE CORRUPCIÓN, en fecha once (11) de mayo de dos mil veinte (2020), que declaró SIN LUGAR el Recurso de Exhibición Personal interpuesto por el abogado FÉLIX ANTONIO ÁVILA ORTIZ, a favor del señor MIGUEL RODRIGO PASTOR MEJÍA, contra actuaciones del TRIBUNAL DE SENTENCIA CON COMPETENCIA NACIONAL ESPECIAL EN MATERIA DE CORRUPCIÓN; en donde manifiesta el peticionario que su representado se encuentra en una situación de detención ilegal y de grave peligro a su vida. Situación que, a criterio del peticionario, violenta en perjuicio de su representado, los derechos contenidos en los artículos 69 y 84 de la Constitución de la República; 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 7 y 9.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y; 5 y 7 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. ANTECEDENTES 1) Que en fecha ocho (8) de abril de dos mil veinte (2020), compareció ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, el abogado FÉLIX ANTONIO ÁVILA ORTIZ, interponiendo Recurso de Exhibición Personal a favor del señor MIGUEL RODRIGO PASTOR MEJÍA, contra actuaciones del TRIBUNAL DE SENTENCIA CON COMPETENCIA NACIONAL ESPECIAL EN MATERIA DE CORRUPCIÓN. Al señor MIGUEL RODRIGO PASTOR MEJÍA, se le sigue proceso por suponerlo responsable del delito de ABUSO DE AUTORIDAD, COHECHO, FRAUDE, FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS Y LAVADO DE ACTIVOS, en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS. A criterio del peticionario, su representado se encuentra en una situación de detención ilegal y de grave peligro a su vida; lo cual violenta, según afirmó, los derechos contenidos en los artículos 69 y 84 de la Constitución de la República; 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 7 y 9.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y; 5 y 7 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. (Folios 2–19 del antecedente) 2) Que en fecha la misma fecha, el citado Juzgado admitió dicho recurso y, nombró Juez Ejecutor al abogado JULIO FRANCISCO BACA DURÁN, Defensor Público de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, a efecto de que rindiera un informe sobre los extremos consignados en el presente recurso. (Folios 20-29 del antecedente) 3) Que en fecha veintidós (22) de abril de dos mil veinte (2020), el Juez Ejecutor compareció ante el mencionado Juzgado, y en el ejercicio de las responsabilidades inherentes a su cargo, rindió el informe correspondiente, consignando entre otros extremos, lo siguiente: A) Que en fecha diez (10) de abril de dos mil veinte (2020), se personó en las instalaciones del Centro Nacional Penitenciario “Marco Aurelio Soto”, ubicado en Támara, departamento de Francisco Morazán, para entrevistarse con el señor MIGUEL RODRIGO PASTOR MEJÍA, quien le manifestó que se le declaró la medida de detención judicial, en la audiencia inicial celebrada en mayo de dos mil diecinueve (2019), y no tiene fecha para su juicio oral y público; que adolece de una hipertensión severa desde el dos mil diez (2010), así como de rinitis alérgica crónica, hiperplasia prostática severa, cardiopatía hipertensiva, pre diabetes y artritis reactiva crónica, y que las autoridades del centro penitenciario lo tratan de manera cordial y de respeto; B) Que en la misma fecha, recibió informe del Juzgado de Letras de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, en donde pudo constatar: que debido a la actual pandemia de COVID-19, solo están turnando los Juzgados de Letras de lo Penal en Materia de Corrupción, y el resto del personal se encuentra en sus casas, por el toque de queda otorgado por el gobierno central, y que el expediente contentivo de la causa seguida al señor MIGUEL RODRIGO PASTOR MEJIA, fue remitido el cinco (5) de diciembre de dos mil diecinueve (2019) al Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Materia de Corrupción; C) Que en esa misma fecha, se comunicó vía teléfono con el coordinador del Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, siendo atendido por el abogado FERNANDO GABRIEL MORAZÁN AGUILERA, quien le manifestó que efectivamente, la copia del expediente contentivo de la causa instruida contra el señor MIGUEL RODRIGO PASTOR MEJÍA, se encuentra en dicho tribunal; que el original se encuentra en la Sala de lo Constitucional, en virtud de una acción de amparo, presentada por el abogado HÉCTOR EFRAIN FORTÍN PAVÓN, en fecha siete (7) de enero de dos mil veinte (2020), y; que se tiene agendada audiencia de exanimación de diligencias, para los días dos (2) al cinco (5) de junio de dos mil veinte (2020); D) Que en fecha diez (5) de abril de dos mil veinte (2020), recibió el informe del director del Centro Penitenciario Nacional “Marco Aurelio Soto”, ubicado en Támara, departamento de Francisco Morazán, el coronel JAIME ESPINOZA LÓPEZ, quien informó que el señor MIGUEL RODRIGO PASTOR MEJÍA, ingresó a dicho centro penitenciario el veinticuatro (24) de mayo de dos mil diecinueve (2019), por una causa que se le instruye por los delitos de ABUSO DE AUTORIDAD, COHECHO, FRAUDE, FACILITACIÓN PARA EL LAVADO DE ACTIVOS Y FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS, en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS, todo bajo la orden del Juzgado de Letras de lo Penal con Competencia en Materia de Corrupción, y; actualmente se encuentra con la calidad de procesado; E) Que del informe rendido por el medico asistencial del Centro Nacional Penitenciario “Marco Aurelio Soto”, ubicado en Támara, departamento de Francisco Morazán, el doctor LEONEL ÁVILA, se puede constatar: que el señor MIGUEL RODRIGO PASTOR MEJÍA, se encuentra en un estado lúcido, consciente y orientado, y; tiene una cardiopatía hipertensiva, rinitis alérgica, prediabetes e hiperplasia prostática, todas manejadas con medicamentos; F) En vista de todo lo expuesto anteriormente, el Juez Ejecutor Resolvió: (SIC) “DECLARA SIN LUGAR EL RECURSO DE HABEAS CORPUS O EXHIBICIÓN PERSONAL: En virtud de no haberse violentado garantías constitucionales como ser privación injusta de la libertad a la persona antes indicada, en virtud de haber un Estado de Emergencia por la Pandemia COVID- 19, y evitar el contagio de toda la población hondureña, ya que los privados de libertad que se encuentran recluidos en el primer batallón de infantería son sometidos a los protocolos y lineamientos establecidos por la Secretaria de Salud por la Pandemia del Coronavirus Covid-19, mismos que son dictados por la Secretaria de Salud y por la Organización Mundial de la Salud (OMS), y la Oficina Panamericana de la Salud (OPS), sustentados en el Decreto Ejecutivo PCM 021-2020, y la Constitución de la República, …”. (Folios 85–91 del antecedente) 4) Que en fecha veintiocho (28) de abril de dos mil veinte (2020), el referido Juzgado remitió los antecedentes del presente recurso a esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (C.S.J.), en virtud de inhibirse el mismo de seguir conociendo de dicho trámite. (Folio 94 del presente Recurso) 5) Que en fecha treinta (30) de abril de dos mil veinte (2020), esta Sala Resolvió: (SIC) “1º Tener por recibidas las diligencias provenientes del Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, referentes al recurso de Exhibición Personal interpuesto por el Abogado FÉLIX ANTONIO ÁVILA ORTIZ a favor del señor MIGUEL RODRIGO PASTOR MEJÍA; 2º DECLARARSE INCOMPETENTE PARA CONOCER DEL RECURSO DE MERITO; y 3º REMITIR DE INMEDIATO LAS PRESENTES DILIGENCIAS A LA CORTE DE APELACIONES PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE CORRUPCIÓN, para los efectos legales consiguientes.” A lo que la Corte de Apelaciones antes citada, tuvo por recibido el Recurso de Exhibición Personal de mérito, en fecha ocho (8) de mayo de dos mil veinte (2020). (Folios del 96–97 y 100-101 del antecedente) 6) Que en fecha once (11) de mayo de dos mil veinte (2020), la mencionada Corte de Apelaciones, dictó sentencia Declarando: (SIC) “ÚNICO: DECLARA SIN LUGAR EL RECURSO DE HÁBEAS CORPUS O EXHIBICIÓN PERSONAL pretendido por el señor Abogado FÉLIX ANTONIO ÁVILA ORTIZ, a favor del ciudadano MIGUEL RODRIGO PASTOR MEJÍA contra el Tribunal de Sentencias con Competencia Nacional en Materia de Corrupción.” (Folios 102–109 del antecedente) 7) Que en fecha trece (13) de mayo de dos mil veinte (2020), esta Sala recibió para su revisión el expediente que contiene el Recurso de Exhibición Personal de mérito, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 39 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. (Folio 1 del presente Recurso) CONSIDERANDO (1): Que de conformidad con lo establecido en el artículo 182 de la Constitución de la República: “El Estado reconoce la garantía de Hábeas Corpus o de Exhibición Personal. En consecuencia, toda persona agraviada o cualquier otra en nombre de ésta tiene derecho a promoverla: 1º Cuando se encuentre ilegalmente presa, detenida o cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad individual; y 2º. Cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción o molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión”. CONSIDERANDO (2): Que se revisa la precitada sentencia pronunciada por la Corte de Apelaciones Penal de Francisco Morazán, de fecha once de mayo de dos mil veinte (2020), que declaró NO HA LUGAR el recurso de exhibición personal de que se ha hecho mérito, mismo que fuera presentado, como ya se dijo, a favor del señor Miguel Rodrigo Pastor Mejía, contra actuaciones del Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional Especial en Materia de Corrupción. En la argumentación de su recurso y luego de una extensa –y en su mayor parte innecesaria—explicación conceptual del derecho a la libertad personal y de aspectos relacionados con la prisión preventiva, el recurrente básicamente ha fundado su recurso en cuestionar la idoneidad de la medida cautelar de la prisión preventiva que se impuso a su representado, ello, según se entiende, a razón de la pandemia del virus COVID 19, cuya propagación, según el impetrante ha vuelto ilegal la privación de la libertad que le fue impuesta al agraviado. CONSIDERANDO (3): Que como ya lo ha pronunciado esta Sala en forma reiterada, el recurso de Habeas Corpus o Exhibición Personal ha sido establecido con el fin de resguardar la libertad personal frente a la arbitrariedad y establecer remedios eficaces y rápidos para eventuales supuestos de detenciones de la persona, no justificados legalmente o que transcurran en condiciones ilegales. El Habeas Corpus se configura como una comparecencia del detenido ante el Juez, comparecencia de la que proviene etimológicamente la expresión que da nombre al procedimiento[1] y que permite al ciudadano, privado de libertad, exponer sus alegaciones contra las causas de la detención y las condiciones de la misma[2], con el fin de que el órgano jurisdiccional que la conoce se pronuncie sobre la conformidad a derecho de la detención. CONSIDERANDO (4): Que de acuerdo con la motivación de la sentencia que se revisa, se estableció por parte de la referida Alzada, que la idoneidad o no de la medida cautelar impuesta al agraviado, corresponde ser tratada por la justicia ordinaria, estimando que la existencia de la pandemia ante la propagación del virus COVID 19 en nuestro país, no justifica, en sí misma, la excarcelación del agraviado, explicando que la garantía del habeas corpus no puede utilizarse inter alia, para sustituir los procedimientos judiciales comunes ni desplazar la autoridad del órgano jurisdiccional competente. Así, se consideró que en el caso que nos ocupa no se acreditó ilegalidad en la detención de la que es objeto el señor Pastor Mejía, quien cumple la medida de prisión preventiva en instalaciones militares que han sido acondicionadas, pero no predestinadas para funcionar como un centro penal, por ende, al no encontrándose el asunto de mérito dentro de los supuestos establecidos en la ley para su otorgamiento, el Tribunal de Alzada estimó la denegatoria de la garantía invocada. CONSIDERANDO (5): Que esta Sala observa que la decisión del Tribunal de Alzada acoge el parecer del juez ejecutor designado para este caso, quien consideró no haberse dado ninguna ilegalidad en la detención de la que en un momento fue acordada en contra del afectado, toda vez que, según verificó, en el Primer Batallón de Infantería, lugar en donde se encuentra recluido el agraviado, se ha seguido el protocolo y se han acatado las recomendaciones que las autoridades sanitarias han dispuesto con ocasión de la pandemia derivada del virus COVID 19, siendo además que el imputado ha estado bajo control y tratamiento médico a razón de las dolencias de las que padece, tal y como consta de las actuaciones que son objeto de examen por parte de esta Sala. CONSIDERANDO (6): Que en este sentido, y atendiendo a las razones que se han externado para la interposición del presente recurso, es importante insistir que la acción constitucional de Habeas Corpus tiene claramente señalados en la ley, tanto su origen como su finalidad, por ende sabemos que no es concerniente a esta acción constitucional, el conocimiento de aspectos relacionados con el proceso cautelar en materia penal o lo referente a la regulación, imposición, revisión o revocación de las medidas cautelares que se impongan a un imputado con ocasión del proceso penal que se siga en su contra, a menos que las mismas fueren dispuestas de manera ilegal o arbitraria por parte de la autoridad, o se apliquen al detenido cualquiera de los vejámenes establecidos en el artículo 182.1 de la Constitución de la República. Como esta Sala lo ha señalado ya en anteriores pronunciamientos, la decisión de imponer medidas cautelares en el proceso penal compete a los jueces y tribunales de la materia, quienes las determinan con base en las particularidades de cada caso y de acuerdo con la finalidad referida en el artículo 172 del Código Procesal Penal,[3] siendo en consecuencia, un juicio propio de instancia, que si bien es susceptible de ser impugnado mediante los recursos ordinarios que franquea la ley, no corresponde su revisión al recurso de habeas corpus, salvo que sea advertido, como se dijo ya, la ilegalidad de la privación de la libertad, la imposición arbitraria de la detención o prisión, o la aplicación al agraviado de tormentos, torturas y cualquier otro vejamen de los consignados en el texto constitucional y en el artículo 13.1 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, que recoge a su vez las estipulaciones normativas constitucionales. El objeto de esta acción constitucional es la de garantizar en forma efectiva los derechos del agraviado ante una detención ilegal o arbitraria y hacer cesar toda conducta o acción encaminada o emergente de una violación de derechos individuales. CONSIDERANDO (7): Que, de las actuaciones llevadas a cabo por el Juez Ejecutor designado en el presente trámite, se logró acreditar que el agraviado ha sido imputado por la supuesta comisión de delitos por parte del Ministerio Público como ente encargado del ejercicio de la acción penal pública, habiéndole sido impuesta la medida cautelar de prisión preventiva por autoridad judicial competente, de ahí entonces que la privación de su libertad ha sido dispuesta por la autoridad, dentro de los requerimientos de la ley. El juez designado constató además que el peticionario tampoco ha sufrido ningún tipo de torturas, malos tratos, vejámenes o exacciones ilegales, ello de acuerdo con lo consignado y verificado por dicho funcionario, así entonces, la acción pretendida no resulta admisible, al menos en lo que concierne a los supuestos establecidos por la ley para el otorgamiento de la garantía constitucional que se ha invocado. CONSIDERANDO (8): Que no obstante lo anterior, el agraviado ha externado su preocupación ante la propagación en nuestro país del virus COVID19, estimando que su condición de salud le hace susceptible a que, de contagiarse de dicho virus, su vida corra peligro, atendiendo a su condición de salud. Al respecto, del informe rendido por el juez ejecutor nominado se advierte que, de acuerdo con lo manifestado por el médico designado para el tratamiento de personas recluidas en el Primer Batallón de Infantería, al imputado se le dado tratamiento y seguimiento a su condición de salud, asimismo se dijo, que en las instalaciones militares referidas se han tomado las recomendadas medidas de bioseguridad, como el uso de mascarillas, el ingreso restringido y controlado de personas, así como acciones de desinfección en el interior del recinto. CONSIDERANDO (9): Que no obstante lo anterior, es importante destacar que la salud de los privados de libertad en los distintos centros carcelarios y de detención en el país, es responsabilidad del Estado de Honduras, por ende, todos los empleados y funcionarios del orden administrativo, policial y judicial deben tomar todas las medidas que sean necesarias para salvaguardar la vida, salud e integridad física de las personas recluidas, de sus familiares, del personal penitenciario y judicial, y en general de todas las demás personas que, por alguna razón u otra, ingresen o tengan acceso a los mismos, implementando además medidas de control de ingreso apropiadas para evitar la propagación del virus COVID19. Así entonces, esta Sala debe exhortar a las autoridades referidas a que acaten sin reserva ni dilación las instrucciones y recomendaciones que han sido dadas a conocer por las autoridades de salud del gobierno, y además por la Organización Mundial de la Salud en torno a la prevención, cuidado y tratamiento de la pandemia del COVID19, debiéndose hacer valer el mandato constitucional de preservar a la persona humana, así como sus derechos y garantías. CONSIDERANDO (10): Que en lo referente a la procedencia de la acción de habeas corpus, el artículo 38 de la Ley Sobre Justicia Constitucional dispone que se declarará con lugar la exhibición personal, cuando se constate la violación de alguno (s) de los supuestos establecidos en los Artículos 13 y 24[4] de esta Ley. En caso contrario se declarará sin lugar. CONSIDERANDO (11): Que, con fundamento en las anteriores consideraciones, esta Sala advierte que no se dan en el presente caso los supuestos establecidos en la ley para el otorgamiento de la presente garantía constitucional, siendo que la privación de la libertad impuesta al supuesto agraviado ha sido ordenada y cumplida conforme a los requisitos de ley y a las formalidades del proceso, de ahí que no se advierta arbitrariedad, ilegalidad ni abuso en su determinación por parte del órgano jurisdiccional competente. CONSIDERANDO (12): Que de todo lo actuado esta Sala advierte que al emitirse la sentencia objeto de estudio, la referida Alzada ha hecho acopio en forma oportuna, de las disposiciones y normas que rigen y rectoran la justicia constitucional, aplicándolas debidamente al caso que fue sometido a su conocimiento y resolución, al no ser de recibo los argumentos del recurrente, no cumpliéndose así con los requisitos que la ley exige para declarar la procedencia de esta acción constitucional, y al no haberse demostrado de las actuaciones ordenadas al efecto por el Juez Ejecutor designado, la violación de alguno o algunos de los supuestos establecidos en los Artículos 13 y 24 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, procedía, de acuerdo con lo estipulado por el Artículo 38 de ese mismo cuerpo normativo, declarar la improcedencia del recurso de exhibición personal de mérito, como así se hizo, y en tal virtud, resulta procedente, a criterio de esta Sala de lo Constitucional, CONFIRMAR la sentencia que se revisa y así debe declararse. CONSIDERANDO (13): Que lo anterior no es óbice para que esta Sala haga hincapié en la necesidad e importancia de que las autoridades del país implementen y continúen implementando todas las acciones y medidas que sean oportunas y eficaces para prevenir, contener y evitar la propagación y contagio del virus COVID 19 por lo que deben ser exhortadas para tal fin, y así debe ser declarado a su vez en el presente fallo. POR TANTO: La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, POR UNANIMIDAD de votos, y en aplicación de los artículos: 1, 64, 69, 182, 303, 304, 313 atribución 5ta., 316 numeral 1 Y 321 de la Constitución de la República; 1, 2, 5 y 7 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 12 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 No.1, 13 No.1, 14, 17, 19, 31, 37 y 38 de la Ley sobre Justicia Constitucional; F A L L A: 1) CONFIRMANDO la sentencia venida en revisión, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, en fecha once (11) de mayo de dos mil veinte (2020), que declaró sin lugar el recurso de Exhibición Personal interpuesto por el abogado Félix Ávila Ortiz, a favor del señor Miguel Rodrigo Pastor Mejía, contra actuaciones del TRIBUNAL DE SENTENCIA CON COMPETENCIA NACIONAL ESPECIAL EN MATERIA DE CORRUPCIÓN; 2) EXHORTAR a la autoridad referida, así como a la encargada de la custodia del encartado, a que acaten sin reserva ni dilación las instrucciones y recomendaciones que han sido dadas a conocer por las autoridades de salud de la República y además por la Organización Mundial de la Salud en torno a la prevención, cuidado y tratamiento de la pandemia del COVID19, debiéndose hacer valer el mandato constitucional de preservar a la persona humana, así como sus derechos y garantías; 3) EXHORTAR a su vez a todos los empleados y funcionarios del orden administrativo, policial y judicial a que tomen todas las medidas que sean necesarias para salvaguardar la vida, salud e integridad física de las personas recluidas en centros penales, de sus familiares, del personal penitenciario y judicial, y en general de todas las demás personas que, por alguna razón u otra, ingresen o tengan acceso a los mismos, implementando además medidas de control de ingreso apropiadas para evitar la propagación del virus COVID19; 4) EXHORTAR a las autoridades penitenciarias y demás autoridades estatales a tomar acciones apropiadas para mitigar el hacinamiento en los centros penitenciarios, adoptando medidas de control sanitario apropiadas, en favor del distanciamiento de personas como medida necesaria para evitar su propagación del virus COVID19; Y MANDA: 1. Que con certificación de esta sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, para los efectos legales consiguientes; 2. Que se remita certificación de este fallo a las siguientes dependencias: i) Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional Especial en Materia de Corrupción; ii) Instituto Nacional Penitenciario; y, iii) Comandante del Primero Batallón de Infantería ubicado en este departamento de Francisco Morazán. Redactó el Magistrado EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. NOTIFÍQUESE. Firmas y sello. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA, PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES SAGASTUME. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los quince días del mes de junio de dos mil veinte, certificación de la sentencia de fecha tres de junio de dos mil veinte, recaída en el Recurso de Exhibición Personal venido en Revisión registrado en este Tribunal con el número SCO-0365-2020.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA

SALA DE LO CONTITUCIONAL

[1] Etimológicamente habeas corpus significa tener el cuerpo o presentar el cuerpo

[2] Amparo, Habeas Corpus y Habeas Data. Rubén Flores Dapkevicius

[3] Las medidas cautelares tienen como finalidad, asegurar la eficacia del procedimiento, garantizando la presencia del imputado y la regular obtención de las fuentes de prueba.

[4] El Artículo 13 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, dispone que el Estado reconoce la garantía de Hábeas Corpus o Exhibición Personal en los siguientes casos: a) Cuando se encuentre ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad; y, b) Cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacciones ilegales y toda coacción, restricción o molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión.

El artículo 24 de la misma ley establece que es ilegal y arbitraria: 1) Toda orden verbal de prisión o arresto, salvo si tiene como finalidad impedir la inminente comisión de un delito, la fuga de quienes hayan participado en aquél o evitar daños graves a las personas o a la propiedad; 2) Toda orden de prisión o arresto que no emane de autoridad competente o que haya sido expedida sin las formalidades legales o por motivos que no hayan sido previamente establecidos en la ley; y, 3) Toda detención o arresto que no se cumpla en los centros destinados para el efecto por el Estado.