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Sentencia EP-364-20 — Registro 10859

Resumen

Se interpuso Recurso de Hábeas Corpus o Exhibición Personal a favor de los ciudadanos, contra actuaciones de las autoridades de la Posta Policial Core 7, ubicado en el Barrio Abajo de la ciudad de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán; manifestando el peticionario, que dicha autoridad tiene detenidos a los agraviados y no le permitieron comunicarse con ellos, lo que constituye un abuso de autoridad.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO (11): Que, del informe presentado por el Juez Ejecutora, es importante a efecto de dar respuesta a la garantía constitucional invocada, lo consignado en relación a que de la respectiva documentación soporte, se puede verificar que se han respetado los derechos humanos de los ciudadanos Elvin Jovany Castro Pérez y Gamaniel Echeverría Ramírez, ya que en las instalaciones de la Jefatura Metropolitana Numero Uno (CORE 7), se le brindó la información necesaria al Abogado Marco Antonio Zelaya Reyes, en relación a la persona encargada de la custodia de sus representados, no siendo la UMEP-1, sino la Oficial Clase III Jessica Archaga de la Dirección Nacional Policial Antidrogas, hecho que se encuentra registrado en el Libro de Novedades. Aunado a ello en el Informe rendido por el Juzgado de Letras con Competencia Territorial nacional en Materia Penal, encargado de la causa instruida contra los ciudadanos Elvin Jovany Castro Pérez y Gamaniel Echeverría Ramírez, se logra determinar el debido proceso en dicho expediente 35-2020, al indicar que el Abogado Zelaya Reyes se entrevistó con sus representados previo a la realización de la respectiva Audiencia de Declaración de Imputado. CONSIDERANDO (12): Que consta del informe presentado por el Juez Ejecutor, en el Recurso de Exhibición Personal relacionado, la no concurrencia de los presupuestos establecidos en los artículos 13 y 24 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, en virtud que el pedidor de la garantía constitucional de Hábeas Corpus, relaciona hechos que no son constitutivos de vulneración a la libertad personal, ni hace relación al sufrimiento de tormentos, torturas o vejámenes por parte de autoridades de la Unidad Metropolitana Número 1 (UMEP-1); el recurrente invoca motivos de Abuso de Autoridad, lo que es constitutivo de delito, así como actuaciones de los Agentes de Policía, que constituyen situaciones de orden disciplinario a ser dilucidadas ante las autoridades de mayor Jerarquía en la Secretaría de Seguridad, situaciones no vinculantes a resolverse por medio del mecanismo de la garantía de Hábeas Corpus o Exhibición Personal.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los tres días del mes de junio del año dos mil veinte. VISTA: Para dictar Sentencia en el Recurso de Hábeas Corpus o Exhibición Personal interpuesto por el Abogado MARCO ANTONIO ZELAYA R., a favor de los ciudadanos ELVIN JOVANY CASTRO PEREZ Y GAMANIEL ECHEVERRIA RAMIREZ, contra actuaciones de las autoridades DE LA POSTA POLICIAL CORE 7, ubicado en el Barrio Abajo de la ciudad de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán; manifestando el peticionario, que dicha autoridad tiene detenidos a los agraviados y no le permitieron comunicarse con ellos, lo que constituye un abuso de autoridad. A N T E C E D E N T E S. 1) Que en fecha veintiocho (28) de abril del año dos mil veinte (2020), compareció ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, el Abogado MARCO ANTONIO ZELAYA R., interponiendo Recurso de Hábeas Corpus a favor a favor de los jóvenes ELVIN JOVANY CASTRO PEREZ Y GAMANIEL ECHEVERRIA RAMIREZ, contra actuaciones de las autoridades DE LA POSTA POLICIAL CORE 7, ubicada en el Barrio Abajo de la ciudad de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán; manifestando el peticionario, que a sus representados: (Sic) “…se les detuvo por parte de la Autoridad siendo remitidos al Core 7 y custodiados sin permitirme el ingreso para asistirlos legalmente negándoseles ese Derecho y Garantía establecidos en la Constitución de la República artículos 82, 83, 89, 90 y 182 respectivamente, por lo que pongo a las autoridades del conocimiento de este hecho ya que los funcionarios Ambar Gonzalez Merlo Oficial de día juntamente con el Comandante de guardia de apellido Padilla ya que no quiso bridar su nombre NO ME PERMITIERON COMUNICARME CON MIS CLIENTES EN FRAGANTE VIOLACION A LA CONSTITUCION Y AL CODIGO PROCESAL PENAL.…” (Folio 2 de los autos) 2) Que, en la misma fecha, el citado Juzgado admitió el recurso relacionado y en consecuencia nombró como Juez Ejecutor al Abogado ERICK ROLANDO HERNANDEZ HERNANDEZ, a quien debería librarse la debida comunicación, hacerle saber el nombramiento en él recaído para su aceptación y demás efectos legales y rendir el informe correspondiente. (Folios 3 y 4 de los autos) 3) Que en fecha siete (7) de mayo del año dos mil veinte (2020), el Juez Ejecutor compareció ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán y en el ejercicio de las facultades inherentes a su cargo, rindió el informe correspondiente, consignando entre otros extremos, lo siguiente: A) Que en fecha veintinueve (29) de abril de dos mil veinte (2020), siendo las 10:45 de la mañana, se constituyó en las instalaciones de la Jefatura Metropolitana Numero uno (CORE 7), procediendo a requerir al señor Jose Osmin Gómez Romero, en su condición de Comisionado de Policía para que dentro del término señalado procediera a rendir informe acerca de las situaciones ya mencionadas en el requerimiento, rindiendo su informe en fecha treinta de abril de dos mi veinte, en cual ponen en conocimiento que el día 28 de abril de 2020, se hizo presente en las instalaciones de la Unidad Metropolitana de Policía UMEP No. 1, el abogado Marco Antonio Zelaya Reyes, en su condición de representante legal de los señores ELVIN YOVANY CASTRO PEREZ Y GAMANIEL ECHEVERRIA RAMIREZ, hecho que no acreditó con la respectiva documentación legal, siendo atendida por la oficial de servicio de atención al ciudadano, la sub Inspectora de Policía Ámbar Joslenny Gonzalez Merlo, quien seguidamente realizó una inspección a los libros de detenidos, el de novedades y el de control de ingreso a las celdas, comunicando al Abogado Marco Antonio Zelaya que los ciudadanos que buscaba no se encontraban en esas instalaciones, quien reaccionó de manera airada haciendo conjeturas tales como “no quieren dejar ingresar”, yo los vi ingresar a las instalaciones”, solicitándole que se calmara ya que se continuaba buscando con los demás agentes en servicio, informando uno de los agentes que los señores ELVIN YOVANY CASTRO PEREZ Y GAMANIEL ECHEVERRIA RAMIREZ, si habían ingresado a dicha unidad, pero que los mismos no estaban a cargo de esa unidad policial, sino que estaban a cargo de la Oficial Clase III Jessica Archaga de la Dirección Nacional Policial Antidrogas, siendo que la presencia de dichos ciudadanos en a UMEP No.1 se debía a la elaboración de la reseña para ser trasladados a los Juzgados correspondientes, dicha información fue comunicada al Abogado Marco Antonio Zelaya, quien reaccionó en tono molesto y amenazó con denunciar los hechos, trasladándose a la Fiscalía del Ministerio Público a poner en conocimiento los hechos. Posteriormente en horas de la tarde, (2:45 p.m.), se presentaron los agentes de Policía de la Dirección Nacional Policial Antidrogas, para hacer el respectivo traslado de los señores ELVIN JOVANY CASTRO PEREZ Y GAMANIEL ECHEVERRIA RAMIREZ, a los Juzgados de Letras Penal con Jurisdicción Nacional. B) En fecha cinco de mayo de dos mil veinte, el Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, rindió un informe, en el cual pone en conocimiento, que en fecha 28 de abril de 2020, se presentó requerimiento fiscal contra los señores ELVIN JOVANY CASTRO PEREZ Y GAMANIEL ECHEVERRIA RAMIREZ, por suponerlos responsables del delito de Tráfico Ilícito de Drogas, en perjuicio de la Salud de la Población del Estado de Honduras, manifiestan además que a los imputados se les permitió hablar con el Abogado Marco Antonio Zelaya Reyes, acto seguido se celebró la Audiencia de Imputados, en donde se les decretó la medida cautelar de Detención Judicial por el término de Ley, la deberían cumplir en la Penitenciaría Nacional de Támara, Francisco Morazán, habiéndose señalado la Audiencia Inicial para el cuatro de mayo de dos mil veinte, en la cual se les decretó Auto de Formal Procesamiento, por el delito de FACILITACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE PARA EL TRAFICO ILICITO DE DROGAS, en perjuicio de la Salud de la Población del Estado de Honduras, se les decretó la Medida Cautelar de Prisión Preventiva. C) Que analizado el informe rendido por el Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, el Juez Ejecutor logró determinar el debido proceso en el expediente, estableciéndose en el informe que su representante logró hablar con los imputados, extremo que se acreditó con la copia fotostática de la audiencia de imputado, por lo tanto el Juez Ejecutor: (Sic) “…ES DEL CRITERIO DECLARAR NO HA LUGAR LA ACCIÓN DEL RECURSO DE EXHIBICIÓN PERSONAL, interpuesto por el Abogado MARCO ANTONIO ZELAYA REYES a favor de los señores ELVIN JOVANY CASTRO PEREZ Y GAMANIEL ECHEVERRIA RAMIREZ. …” (Folios del 59 al 62 de los autos) 4) Que mediante auto de fecha siete (7) de mayo del presente año dos mil veinte (2020), el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, resolvió tener por recibido el Informe emitido por el Juez Ejecutor, se inhibió de seguir conociendo de la Garantía relacionada, ordenando la remisión de las diligencias a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. (Folio 63 de los autos) CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia a través de su Sala Constitucional el conocimiento de las acciones de Hábeas Corpus o Exhibición Personal, acorde a lo preceptuado en los artículos 182 y 316 numeral primero de la Constitución de la República, en relación a lo preceptuado en los artículos 3 numeral primero y 13 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, resultando procedente la misma cuando se constate que la persona agraviada se encuentre ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad, o bien, cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción o molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión. CONSIDERANDO (2): Que la Constitución de la República en el artículo 182 precitado, establece en su literalidad: “El Estado reconoce la garantía de Hábeas Corpus o Exhibición Personal, y de Hábeas Data. En consecuencia en el Hábeas Corpus o Exhibición Personal toda persona agraviada o cualquier otra en nombre de ésta tiene derecho a promoverla; y en el Hábeas Data únicamente puede promoverla la persona cuyos datos personales o familiares consten en los archivos, registros públicos o privados de la siguiente manera: 1) EL HÁBEAS CORPUS O EXHIBICIÓN PERSONAL: a) Cuando se encuentre ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad; y, b) Cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión”…[1] CONSIDERANDO (3): Que la justicia constitucional tiene por objeto desarrollar las garantías constitucionales y las defensas del orden jurídico constitucional, en virtud de ello, en la aplicación de la Ley Sobre Justicia Constitucional, las disposiciones contenidas en la misma, se interpretarán y aplicarán siempre de manera que aseguren una eficaz protección de los derechos humanos y el adecuado funcionamiento de las defensas del orden jurídico constitucional; de igual forma la justicia constitucional se aplicará e interpretará de conformidad con los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales sobre derechos humanos vigentes en la República de Honduras, tomando en consideración las interpretaciones que de ellos hagan los tribunales internacionales[2]. En ese orden de ideas, nuestra Ley Suprema declara en su artículo 59 que la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado, teniendo todos la obligación de respetarla y protegerla, siendo en consecuencia inviolable la dignidad del ser humano, declaración íntimamente relacionada con el derecho individual que recoge la misma normativa constitucional en el artículo 68, que textualmente establece: “Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, síquica y moral”. CONSIDERANDO (4): Que en fecha veintiocho de abril del presente año dos mil veinte, compareció ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, el Abogado MARCO ANTONIO ZELAYA R., actuando en su condición de Defensor Privado, interponiendo Recurso de Hábeas Corpus o Exhibición personal a favor de los jóvenes ELVIN JOVANY CASTRO PEREZ y GAMANIEL ECHEVERRIA RAMIREZ, contra actuaciones de las autoridades de la UNIDAD METROPLITANA NÚMERO 1 (UMEP-1), según el peticionario que dicha autoridad tenia detenidos a los agraviados y no le permitieron comunicarse con ellos, lo que constituye un abuso de autoridad; de igual forma desconociendo el motivo de la detención de los referidos jóvenes. CONSIDERANDO (5): Que, en la fecha supra indicada, el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, conociendo a prevención, admitió el Recurso de Exhibición Personal relacionado, designando como Juez Ejecutor al Abogado ERICK ROLANDO HERNANDEZ HERNANDEZ, en su condición de Defensor Público, debiendo librarse la respectiva comunicación, haciéndole saber el nombramiento en él recaído, debiendo rendir el informe correspondiente. CONSIDERANDO (6): Que el Abogado ERICK ROLANDO HERNANDEZ HERNANDEZ, en su condición preindicada y en el ejercicio de las facultades inherentes a su cargo, rindió informe en fecha siete (7) de mayo del presente año dos mil veinte (2020), consignando entre otros extremos los enunciados en el numeral tres de los antecedentes del presente libelo. CONSIDERANDO (7): Que es importante relacionar que el Hábeas Corpus es una institución jurídica que persigue “evitar los arrestos y detenciones arbitrarias” asegurando los derechos básicos de la persona, como estar vivo y consciente, ser escuchado por la justicia y saber de qué se le acusa. El hábeas corpus, tutela dos derechos fundamentales: la libertad individual relativa a la libertad de movimiento y, por tanto, a no ser objeto de detenciones arbitrarias, y el derecho a la integridad personal, a no ser objeto de daños en su persona, como lesiones, tortura o muerte. En ese sentido, tiene como propósito el reponer las cosas al estado anterior a la privación, perturbación o amenaza de dichos derechos. CONSIDERANDO (8): Que Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos[3], la que una vez en vigor forma parte del derecho interno[4]; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el artículo 5 el Derecho a la integridad personal y textualmente señala: “1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. 2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano…”. CONSIDERANDO (9): Que la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes[5], brinda un concepto a lo que se debe entender por el término “tortura”, y en el artículo 1.1 dice: “A los efectos de la presente Convención, se entenderá por el término “tortura” todo acto por el cual se inflija intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de sus funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia. No se considerarán torturas los dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas, o sean inherentes o incidentales a éstas…”. CONSIDERANDO (10): Que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha referido que la infracción del derecho a la integridad física y psíquica de las personas varía según los factores endógenos y exógenos que deberán ser demostrados en cada situación concreta[6]; la Corte Interamericana también ha manifestado que “toda persona privada de libertad tiene derecho a vivir en condiciones de detención compatibles con su dignidad personal y el Estado debe garantizarle el derecho a la vida y a la integridad personal. En consecuencia, el Estado, como responsable de los establecimientos de detención, es el garante de estos derechos de los detenidos…”[7] (Énfasis nuestro). CONSIDERANDO (11): Que, del informe presentado por el Juez Ejecutora, es importante a efecto de dar respuesta a la garantía constitucional invocada, lo consignado en relación a que de la respectiva documentación soporte, se puede verificar que se han respetado los derechos humanos de los ciudadanos Elvin Jovany Castro Pérez y Gamaniel Echeverría Ramírez, ya que en las instalaciones de la Jefatura Metropolitana Numero Uno (CORE 7), se le brindó la información necesaria al Abogado Marco Antonio Zelaya Reyes, en relación a la persona encargada de la custodia de sus representados, no siendo la UMEP-1, sino la Oficial Clase III Jessica Archaga de la Dirección Nacional Policial Antidrogas, hecho que se encuentra registrado en el Libro de Novedades. Aunado a ello en el Informe rendido por el Juzgado de Letras con Competencia Territorial nacional en Materia Penal, encargado de la causa instruida contra los ciudadanos Elvin Jovany Castro Pérez y Gamaniel Echeverría Ramírez, se logra determinar el debido proceso en dicho expediente 35-2020, al indicar que el Abogado Zelaya Reyes se entrevistó con sus representados previo a la realización de la respectiva Audiencia de Declaración de Imputado. CONSIDERANDO (12): Que consta del informe presentado por el Juez Ejecutor, en el Recurso de Exhibición Personal relacionado, la no concurrencia de los presupuestos establecidos en los artículos 13 y 24 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, en virtud que el pedidor de la garantía constitucional de Hábeas Corpus, relaciona hechos que no son constitutivos de vulneración a la libertad personal, ni hace relación al sufrimiento de tormentos, torturas o vejámenes por parte de autoridades de la Unidad Metropolitana Número 1 (UMEP-1); el recurrente invoca motivos de Abuso de Autoridad, lo que es constitutivo de delito, así como actuaciones de los Agentes de Policía, que constituyen situaciones de orden disciplinario a ser dilucidadas ante las autoridades de mayor Jerarquía en la Secretaría de Seguridad, situaciones no vinculantes a resolverse por medio del mecanismo de la garantía de Hábeas Corpus o Exhibición Personal. CONSIDERANDO (13): Que el recurso de Exhibición Personal o Hábeas Corpus procede cuando por actos de la autoridad se vea vulnerado en forma arbitraria el derecho a la libertad individual o personal de los ciudadanos, en contravención a las normas legales y constitucionales establecidas; asimismo, contra aquellos actos de la autoridad pública que atenten contra la integridad física, síquica y moral de los ciudadanos en situación de privación de libertad.– no evidenciándose al tenor de lo dispuesto en el artículo uno de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, infracción a lo dispuesto en el artículo 13 y 24 de la ley Sobre Justicia Constitucional; siendo en consecuencia el asunto estudiado, una cuestión constitutiva de Delito, según el peticionario, o una cuestión de orden administrativa disciplinaria, que corresponde dilucidar a las autoridades correspondientes del Ministerio Público, o en su caso a la Secretaría de Seguridad; estimándose procedente, por tanto, declarar SIN LUGAR la presente garantía de Hábeas Corpus. POR TANTO: La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 59, 80, 182, 303, 304, 313 atribución 5a. y 316 de la Constitución de la República; 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 5, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1o., 78 atribución 5ª y 137 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 9, 13, 14, 17, 19, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 38, 39, 72, 119 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: DECLARAR SIN LUGAR EL RECURSO DE HÁBEAS CORPUS O EXHIBICIÓN PERSONAL interpuesto por el Abogado MARCO ANTONIO ZELAYA R. a favor de los ciudadanos ELVIN JOVANY CASTRO PEREZ y GAMANIEL ECHEVERRIA RAMIREZ, por las razones que se dejan aquí señaladas. Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente sentencia, se proceda a su archivo en esta Sala de lo Constitucional. Redactó la Magistrada Reina Hercules Rosa.- NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL.LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciséis días del mes de junio de dos mil veinte, certificación de la sentencia de fecha tres de junio de dos mil veinte, recaída en el Recurso de Exhibición Personal bajo el número SCO-364-2020.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1] Ver el artículo 182 de la Constitución de la República.

[2] Ver artículo 2 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, Decreto Legislativo No. 244-2003.

[3] Suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, y entro en vigor en julio de 1978, publicado en La Gaceta No. 22287 del 1 de septiembre de 1977.

[4] Artículo 16, segundo párrafo de la Constitución de la República de Honduras.

[5] Adoptada y abierta a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución 39/46, de 10 de diciembre de 1984. Entrada en vigor el 26 de junio de 1987.

[6] Caso Loayza Tamayo Vs. Perú, sentencia de 17 de septiembre de 1997, párrafo 57. “El carácter degradante se expresa en un sentimiento de miedo, ansia e inferioridad con el fin de humillar, degradar y de romper la resistencia física y moral de la víctima…”.

[7] Caso Cantoral Benavides Vs. Perú, sentencia de 18 de agosto de 2000, párrafo 87.