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Sentencia EP-363-20 — Registro 10744

Resumen

Se interpuso recurso de exhibición personal contra actuaciones del director del Centro nacional penitenciario “Marco Aurelio Soto” ubicado en Támara, departamento de Francisco Morazán; manifestando el peticionario, que su representado se encuentra en una situación de alto riesgo y peligro a su vida.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO CUATRO (4): Examen de la Sala de lo Constitucional de los hechos y el resultado de las actuaciones realizadas por la jueza ejecutora, en relación con la garantía de exhibición personal de mérito. Este alto tribunal de justicia, al examinar las diligencias de mérito determina que lo expresado por la defensora pública, abogada Reina Suyapa Sánchez Espinoza, en su condición de juez ejecutora, es correcto y por ende procede declarar sin lugar la garantía constitucional de amparo de que se hace mérito. Dicha decisión se fundamenta en que el ciudadano José Lino de la O Vásquez no se encuentra ilegalmente privada de libertad, tampoco ha sido sometida a tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal, coacción o molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión, habida cuenta que este alto tribunal, estima que las autoridades del centro penal han tomado las medidas de bioseguridad adecuadas para proteger la vida y salud de los internos; lo que permite a este alto tribunal de justicia, dentro de lo racional y razonable asumir que, existe cierto grado de confianza para afirmar que la población recluida en la Penitenciaria nacional Marco Aurelio Soto, que se encuentra ubicada en la aldea de Támara, departamento de Francisco Morazán, se encuentra bajo medidas de protección idóneas que ofrecen un grado aceptable de credibilidad. Rechazando, por tanto, hasta este momento, lo referido por el impetrante en cuanto al peligro que corre su poderdante ante un inminente contagio por el Covid-19. Por otra parte, el ciudadano José Lino de la O Vásquez goza de buena salud y no reporta ninguna condición que haga prever que se encuentra en peligro, por lo que procede declarar sin lugar la garantía constitucional de exhibición personal de que se hace mérito.”

Legislación citada

Sentencia

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CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, tres de junio de dos mil veinte. VISTA: Para dictar sentencia en la garantía constitucional de exhibición personal interpuesto por el estudiante de derecho, ciudadano MILTON ANTONIO CASTILLO LEIVA, a favor del señor JOSÉ LINO DE LA O VÁSQUEZ, contra actuaciones del director del Centro nacional penitenciario “Marco Aurelio Soto” ubicado en Támara, departamento de Francisco Morazán; manifestando el peticionario, que su representado se encuentra en una situación de alto riesgo y peligro a su vida; todo con relación a la causa instruida contra el señor JOSÉ LINO DE LA O VÁSQUEZ, por suponerlo responsable del delito de ACTOS DE LUJURIA AGRAVADOS, en perjuicio de NAZZARY ALESSANDRA RODRÍGUEZ DUBÓN. ANTECEDENTES PROCESALES. 1. En fecha cuatro de mayo de dos mil veinte, compareció ante el Juzgado de Letras Penal de la sección judicial del departamento de Francisco Morazán, el señor MILTON ANTONO CASTILLO LEIVA, interponiendo garantía constitucional de exhibición personal a favor del señor JOSÉ LINO DE LA O VÁSQUEZ, contra actuaciones del director del Centro nacional penitenciario “Marco Aurelio Soto” ubicado en Támara, departamento de Francisco Morazán. Manifestando el peticionario, que su representado es un adulto mayor de sesenta y siete años, por lo que es una persona con alto riego a contagiarse de COVID-19, situación que se agrava, debido a las condiciones de hacinamiento que se vive en dicho centro penitenciario, por lo que estima procedente la sustitución de medida. (Folios 2-3 la presente garantía constitucional). 2. En la misma fecha, el citado juzgado admitió la presente garantía constitucional y, en consecuencia, nombró juez ejecutora a la abogada REINA SUYAPA SÁNCHEZ ESPINOZA, defensora pública de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, a efecto de evacuar la exhibición personal y rindiera un informe sobre las actuaciones practicadas. (Folio 4-5 la presente garantía constitucional). 3. En fecha ocho de mayo de dos mil veinte, la juez ejecutora compareció ante el mencionado juzgado, y en el ejercicio de las responsabilidades inherentes a su cargo, rindió el informe correspondiente, declarando no ha lugar la garantía constitucional de exhibición personal de mérito. 4. En fecha trece de mayo de dos mil veinte, el referido juzgado remitió los antecedentes de la presente exhibición personal a esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en virtud de inhibirse el mismo de seguir conociendo de dicho trámite. (Folio 29 la presente garantía constitucional). FUNDAMENTOS DE DERECHO. CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la garantía constitucional de exhibición personal o habeas corpus. Que de conformidad con el artículo 182 de la Constitución de la República, el Estado hondureño reconoce la garantía de hábeas corpus o de exhibición personal. En consecuencia, toda persona agraviada o cualquier otra en nombre de ésta tiene derecho a promoverla ante los supuestos siguientes: 1) Cuando se encuentre ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad. 2) Cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción o molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión. CONSIDERANDO DOS (2): Resumen de lo expuesto por el garantista en el escrito de interposición de la garantía constitucional de exhibición personal. El impetrante de la presente garantía constitucional de exhibición personal refiere que, la vida del ciudadano José Lino de la O Vásquez corre riesgo por el posible contagio con el Covid-19, lo que por su edad (sesenta y siete años) podría ser fatal. Señala que su poderdante que es inocente porque no ha sido condenado y que su privación de libertad es una medida cautelar que puede sustituirse por arresto domiciliario. Se suma a su edad, el hacinamiento que aqueja al centro penitenciario y el aumento de casos en Tegucigalpa, lo que incrementa las posibilidades de contagio. Finalmente, el peticionario estima que las condiciones antes mencionadas constituyen un trato inhumano en contra del señor José Lino de la O Vásquez. CONSIDERANDO TRES (3): Resumen de las diligencias efectuadas por la jueza ejecutora en cumplimiento de la garantía constitucional de exhibición personal. La jueza ejecutora Reina Suyapa Sánchez Espinoza, cumpliendo con el mandato impuesto a su cargo procede a informar lo siguiente: “A) Que en fecha seis de mayo de dos mil veinte, se personó en las instalaciones del Centro nacional penitenciario “Marco Aurelio Soto”, ubicado en Támara, departamento de Francisco Morazán, en donde entrevistó al señor JOSÉ LINO DE LA O VÁSQUEZ, quien le manifestó: que tiene sesenta y siete años; es una persona saludable, no padece de dolor o depresión; ingresó a dicho centro penitenciario, el diez de octubre de dos mil diecinueve; no es hipertenso o padece de otra enfermedad crónica, y nunca ha estado hospitalizado, y; las autoridades de dicho centro le dotaron de un kit de higiene personal, para la prevención del COVID-19; B) Que en fecha siete de mayo de dos mil veinte, se volvió a personar a dicho centro penitenciario, para recoger el informe rendido por el director, teniente coronel JAIME ESPINOZA, en donde pudo constatar: que el señor JOSÉ LINO DE LA O VÁSQUEZ, ingresó a dicho centro penitenciario el diez de octubre de dos mil diecinueve; tiene sesenta y siete años de edad; es acusado de tres delitos de ACTOS DE LUJURIA AGRAVADOS, en perjuicio de NAZZARY ALESSANDRA RODRÍGUEZ DURON; su condición jurídica es de procesado, y; del informe rendido por la doctora STEPHANIE MARTÍNEZ, se establece que el seis de mayo de dos mil veinte, realizó una evaluación al señor JOSÉ LINO DE LA O VÁSQUEZ, en donde concluyó que se encuentra bien de salud, lúcido, consiente, orientado, sin ninguna patología crónica, y que es un paciente adulto mayor sano; C) En cuanto a las medidas implementadas para evitar el contagio del COVID-19, mencionan en el mismo informe: que se creó un área de aislamiento en el interior del centro penitenciario, para cualquier privado de libertad que resulte sospechoso de COVID-19; se están realizando evaluaciones médicas periódicas a los privados de libertad, así como la fumigación a todo personal administrativo y operativo, antes de ingresar a laborar a dicho centro penitenciario, situación que la juez ejecutora pudo comprobar personalmente; D) En vista de todo lo expuesto anteriormente, la juez ejecutora resolvió: (SIC) “DECLARA: NO HA LUGAR la acción del recurso de exhibición personal interpuesto por el abogado MILTON ANTONIO CASTILLO LEIVA a favor de JOSÉ LINO DE LA O VÁSQUEZ.” CONSIDERANDO CUATRO (4): Examen de la Sala de lo Constitucional de los hechos y el resultado de las actuaciones realizadas por la jueza ejecutora, en relación con la garantía de exhibición personal de mérito. Este alto tribunal de justicia, al examinar las diligencias de mérito determina que lo expresado por la defensora pública, abogada Reina Suyapa Sánchez Espinoza, en su condición de juez ejecutora, es correcto y por ende procede declarar sin lugar la garantía constitucional de amparo de que se hace mérito. Dicha decisión se fundamenta en que el ciudadano José Lino de la O Vásquez no se encuentra ilegalmente privada de libertad, tampoco ha sido sometida a tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal, coacción o molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión, habida cuenta que este alto tribunal, estima que las autoridades del centro penal han tomado las medidas de bioseguridad adecuadas para proteger la vida y salud de los internos; lo que permite a este alto tribunal de justicia, dentro de lo racional y razonable asumir que, existe cierto grado de confianza para afirmar que la población recluida en la Penitenciaria nacional Marco Aurelio Soto, que se encuentra ubicada en la aldea de Támara, departamento de Francisco Morazán, se encuentra bajo medidas de protección idóneas que ofrecen un grado aceptable de credibilidad. Rechazando, por tanto, hasta este momento, lo referido por el impetrante en cuanto al peligro que corre su poderdante ante un inminente contagio por el Covid-19. Por otra parte, el ciudadano José Lino de la O Vásquez goza de buena salud y no reporta ninguna condición que haga prever que se encuentra en peligro, por lo que procede declarar sin lugar la garantía constitucional de exhibición personal de que se hace mérito. PARTE DISPOSITIVA O FALLO. POR TANTO: La Sala Constitucional en nombre de la Corte Suprema de Justicia e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, POR UNANIMIDAD de votos, y en aplicación de los artículos: 1, 59, 64, 69, 182, 303, 304, 313 atribución 5ta., 316 numeral 1 y 321 de la Constitución de la República; 1, 2, 4, 5, 7 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 12 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 No.1, 13 No.1, 14, 17, 19, 27, 28, 31, 35, 37, 38 y 39 de la Ley sobre Justicia Constitucional; FALLA: Declarando SIN LUGAR la garantía de exhibición personal o habeas corpus, interpuesto por el estudiante de derecho, ciudadano MILTON ANTONIO CASTILLO LEIVA, a favor del señor JOSÉ LINO DE LA O VÁSQUEZ, contra actuaciones del director del Centro nacional penitenciario “Marco Aurelio Soto” ubicado en Támara, departamento de Francisco Morazán. Y MANDA: Que una vez notificado el presente fallo, la secretaría de este alto tribunal de justicia proceda al archivo de las presentes diligencias, sin trámites ulteriores. Redactó el Magistrado EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. NOTIFÍQUESE. Firmas y sello. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA, PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciocho días del mes de junio de dos mil veinte, certificación de la sentencia de fecha tres de junio de dos mil veinte, recaída el Recurso de Exhibición Personal registrado en este Tribunal con el número SCO-0363-2020.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA

SALA DE LO CONSTITUCIONAL.