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Sentencia EP-361-20 — Registro 10742

Resumen

Se interpuso Recurso de Exhibición Personal contra actuaciones del Director de la Penitenciaria Nacional Femenina de Adaptación Social, manifiesta el peticionario que la agraviada se encuentra en una situación precaria de salud y hasta el día de hoy no la han atendido mediante especialista ya que su padecimiento de diabetes y vomito no se ha podido detener, debido también al padecimiento de circulación sus venas las tiene súper inflamadas por lo que solicita sea atendida fuera del Centro Penal por especialistas en el Hospital Público correspondiente, por lo que solicita se adopten sin tardanza, las medidas necesarias para la averiguación del caso y para proteger la vida de la señora.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

“CONSIDERANDO (14): Que el recurso de Hábeas Corpus o Exhibición Personal, procede cuando por actos de la autoridad se vea vulnerado en forma arbitraria el derecho a la libertad individual o personal de los ciudadanos, en contravención a las normas legales y constitucionales establecidas; asimismo, contra aquellos actos de la autoridad pública que atenten contra la integridad física, síquica y moral de los ciudadanos en situación de privación de libertad; no constatándose, en definitiva, vulneración a la integridad personal de la Privada de Libertad EDITH ONEYDA FUNEZ SALINAS, ello se desprende de las diligencias de investigación realizadas por la Juez Ejecutor. De la entrevista realizada a la Privada de Libertad y los informes brindados por la autoridad requerida la Juez Ejecutor concluye que no procede otorgar la acción constitucional promovida, ello porque se ha logrado acreditar que la referida señora no se encuentra en una situación precaria de salud, ya que ha sido atendida por los Doctores de la Penitenciaria Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), recibiendo la atención médica y tratamientos recomendados, así como el constante monitoreo médico. Evidenciándose que no ha existido violación alguna de derechos y garantías constitucionales, de igual forma se pudo constatar que la Privada de Libertad señora Edith Oneyda Fúnez Salinas, no ha sido víctima de vejámenes, tortura o molestia innecesaria para su seguridad personal; estimándose procedente, por tanto, declarar SIN LUGAR la presente garantía de Hábeas Corpus.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintidós días del mes de julio del año dos mil veinte.- VISTA: Para dictar Sentencia en el Recurso de Exhibición Personal interpuesto por el Abogado MARLON DUARTE AMADOR, a favor de la señora EDITH ONEYDA FUNEZ SALINAS, contra actuaciones del Director de la Penitenciaria Nacional Femenina de Adaptación Social, ubicada en la Aldea de Támara departamento de Francisco Morazán, manifiesta el peticionario que la agraviada se encuentra en una situación precaria de salud y hasta el día de hoy no la han atendido mediante especialista ya que su padecimiento de diabetes y vomito no se ha podido detener, debido también al padecimiento de circulación sus venas las tiene súper inflamadas por lo que solicita sea atendida fuera del Centro Penal por especialistas en el Hospital Público correspondiente, por lo que solicita se adopten sin tardanza, las medidas necesarias para la averiguación del caso y para proteger la vida de la señora EDITH ONEYDA FUNEZ SALINAS.-ANTECEDENTES: 1) Que en fecha trece (13) de mayo del presente año dos mil veinte (2020), vía correo electrónico se recibió en la Secretaría de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, recurso de Hábeas Corpus o Exhibición Personal interpuesto por el Abogado MARLON DUARTE AMADOR, a favor de la señora EDITH ONEYDA FUNEZ SALINAS, contra actuaciones del Director de la Penitenciaria Nacional Femenina de Adaptación Social, ubicada en la Aldea de Támara departamento de Francisco Morazán, manifiesta el peticionario que la agraviada se encuentra en una situación precaria de salud y hasta el día de hoy no la han atendido mediante especialista ya que su padecimiento de diabetes y vomito no se ha podido detener, debido también al padecimiento de circulación sus venas las tiene súper inflamadas por lo que solicita sea atendida fuera del Centro Penal por especialistas en el Hospital Público correspondiente, por lo que solicita se adopten sin tardanza, las medidas necesarias para la averiguación del caso y para proteger la vida de EDITH ONEYDA FUNEZ SALINAS. (folio 1 y 2 de los autos).-2) Que en fecha catorce de mayo del año dos mil veinte, este Alto Tribunal admitió el recurso de Exhibición Personal relacionado y en consecuencia, nombró como Juez Ejecutor a la Abogada ANDREA MARCELA INESTROZA, Defensora Pública de la ciudad de Tegucigalpa, a efecto de constatar los extremos narrados por el recurrente, debiendo constituirse al lugar en donde se encuentra detenida la señora Edith Oneyda Fúnez Salinas, haciendo cesar de manera inmediata cualquier tormento, tortura, vejamen, exacción ilegal y toda coacción, restricción o molestia innecesaria para su seguridad individual, asimismo ordenar a dichas autoridades rendir informe de conformidad a lo establecido en el artículo 26 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. (Folio 4 de los autos).-3) Que en fecha veinte (20) de mayo del año dos mil veinte (2020), la Juez Ejecutora Abogada ANDREA MARCELA INESTROZA BRAVO, compareció ante la Secretaría de la Sala de lo Constitucional y en el ejercicio de las facultades inherentes a su cargo, rindió su informe correspondiente, consignando entre otros extremos, lo siguiente: PRIMERO: Que en fecha quince (15) de mayo del año en curso (2020), la Juez Ejecutora se personó en las Instalaciones de la Penitenciaria Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), con el objeto de requerir a la Directora de dicha penitenciaria siendo recibido dicho requerimiento por la Subdirectora JESSICA AGUILAR, a efecto que en un plazo que no exceda de veinticuatro horas (24 hrs) rinda informe sobre lo siguiente: 1) La situación de salud de la privada de libertad EDITH ONEYDA FUNEZ SALINAS, ya que el penitenciario del presente recurso manifiesta que hasta el día trece (13) de mayo del presente año (2020) no la han atendido mediante el correspondiente especialista, ya que la misma padece de diabetes y vómito, asimismo presenta padecimiento de circulación en sus venas las cuales las tiene inflamadas, solicitando de igual manera que la referida privada de libertad sea atendida fuera de la penitenciaria por especialista en un hospital público. 2) Informe si se le está garantizando el derecho a la salud a la referida interna. 3) Informe sobre el diagnóstico y tratamiento que se le está bridando a la interna, y su estado actual de salud. 4) Que informe si es necesaria la revisión de la interna por un especialista para los padecimientos que presenta y si de igual manera es necesario que la misma sea remitida a un hospital público. 5) Brinde Copia fotostática del expediente clínico de la interna Edith Oneyda Fúnez Salinas. En cuanto a lo solicitado, se recibió respuesta por parte de la Subcomisionada de Policía NOLVIA CRISTINA SORTO HERRERA, en su condición de directora de la Penitenciaria Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), siendo recibido por esta Juez Ejecutora el informe rendido en fecha dieciocho (18) de mayo del presente año (2020), adjuntándose la documentación al presente informe. SEGUNDO: En misma fecha (15/05/2020) y en esa misma penitenciaria procedió a entrevistar a la señora EDITH ONEYDA FUNEZ SALINAS, quien manifiesta que se enfermó en fecha nueve de mayo de este año (2020), comenzó con dolores de cabeza y vómitos al día siguiente se presentó a la clínica de la Penitenciaria donde la atendieron como se debía detectándole azúcar y presión alta, dándole sus respectivos medicamentos los cuales ha estado tomando, manifiesta que la han estado atendiendo bien y se le quitaron los vómitos y en cuanto a la venas manifiesta que no se le han inflamado y manifiesta que ella no ha solicitado ser trasladada a un hospital público. TERCERO: Honorables Magistrados de la Sala de lo Constitucional, Corte Suprema de Justicia, en el caso específico que nos ocupa y según informe rendido por la Directora de la Penitenciaria Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS) y lo constatado a través de la entrevista realizada a la señora EDITH ONEYDA FUNEZ SALINAS, se aprecia lo siguiente: a) Según Informe rendido por la Directora de la Penitenciaria Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), la señora EDITH ONEYDA FUNEZ SALINAS, ingresó a dicha penitenciaria el cuatro de noviembre del año dos mil dieciocho por el delito de TRAFICO ILICITO DE DROGAS AGRAVADO, en perjuicio de la Salud de la Población del Estado de Honduras, ingresando por orden del Juzgado de Letras Penal con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, siendo su actual condición jurídica de procesada. b) con el mismo informe rendido por PNFAS se acredita que la señora EDITH ONEYDA FUNEZ SALINAS, es evaluada por la Doctora BESSY PAOLA AVILA, quien es Médico Asistencial de la penitenciaria, asimismo por el personal de la clínica, siendo atendida la referida interna cada seis horas con el fin de detectar cualquier anomalía relacionada con su salud y el COVID 19, adjuntando al informe rendido lo que es el informe médico o el expediente clínico emitido por la Doctora MERARI AVILES, quien de igual manera es Médico Asistencial de la Penitenciaría. c) Al mismo tiempo, en el informe médico anexado se establece que la paciente EDITH ONEYDA FUNEZ SALINAS, al momento de ingresar a PNFAS no presentó antecedentes personales patológicos extremo que es coincidente con la entrevista realizada a la misma interna al manifestar que se enfermó hasta en fecha nueve de mayo del dos mil veinte, continuando con lo establecido en el informe médico, la interna hasta fecha quince de mayo del año dos mil veinte, ha recibido cuatro atenciones médicas con crisis de ansiedad, por lo que está siendo evaluada para descartar lo que es Diabetes Mellitus tipo 2 e Hipertensión Arterial ya que como manifestó la misma interna ha presentado azúcar y presión alta, manifiesta la doctora que mediante el seguimiento que se le está dando a la paciente esta ha presentado una crisis de ansiedad. CUARTO: Siendo que la Constitución de la República en su artículo 59 ya establece que “la persona humana es fin supremo de la Sociedad y del Estado todos tiene la obligación de respetarla y protegerla la Dignidad del ser humano es inviolable…” el artículo 87 establece que las cárceles son establecimientos de seguridad y defensa social en relación con la salud ya que establece el artículo 145 que “se reconoce el derecho a la protección de la Salud enmarcándose en estos artículos la juez ejecutora logró constatar que la señora EDITH ONEYDA FUNEZ SALINAS, ha estado recibiendo la atención médica adecuada según lo informado por la Doctora médico asistencial recibiendo el seguimiento adecuado a sus problemas de salud cada seis horas (6) así como su tratamiento, padecimientos que se han presentado acompañados de una crisis de ansiedad que sufre la referida interna, siendo evaluada de manera constante para descartar una Diabetes Mellitus tipo 2 e Hipertensión Arterial, no estableciendo la necesidad de trasladar a la paciente a un hospital público para que sea tratada por un especialista, por lo que el extremo alegado por el peticionario respecto que a la señora EDIT FUNEZ SALINAS, se le están violentando su derecho de salud y por ende el derecho a la vida no ha sido constatado ya que la misma señora refiere que se le ha brindado la atención médica solicitada y que la misma hasta el momento no ha solicitado remisión a un hospital público de manera que la Juez Ejecutora pudo constatar que sus síntomas han ido mejorando y que en ningún momento la interna ha padecido de problemas de circulación, manifestando la misma que en ningún momento ha tenido las venas inflamadas. QUINTO: Siendo que la garantía de Habeas Corpus o Exhibición Personal como ya se establece en la Ley Sobre Justicia Constitucional tiene como propósito fundamental tutelar el derecho constitucional de la libertad personal en el más amplio sentido teniendo como finalidad una función reparadora, corrosiva o preventiva, encaminada a tomar la medida necesaria e inmediatas con el propósito de hacer cesar las violaciones a la libertad personal buscando con ello la reintegración al orden constitucional cuando este ha sido desconocido o violado por la autoridad pública o persona de cualquier índole, En ese sentido la acción de Habeas Corpus o Exhibición Personal establece el artículo 13 de la Ley Sobre Justicia Constitucional procede cuando se cumple cualquiera de los dos presupuestos siguientes: 1) Cuando una persona se encuentra ilegalmente presa o detenida o cohibida de cualquier modo del goce de su libertad. 2) cuando en su detención o prisión legal se apliquen al detenido o preso, torturas, vejámenes exacción ilegal y toda clase de coacción restricción o molestias innecesarias para su seguridad individual o para el orden de la prisión…. Y siendo que los artículos 13 y 24 de la Ley Sobre Justicia Constitucional ya establece cuales son las violaciones de las garantías constitucionales y las privaciones de libertad que se consideran ilegales y arbitrarias lo cual no sucede en el presente caso, por lo anterior expuesto este Juez Ejecutora en nombre del Estado de Honduras en aplicación de los artículos 59, 87, 145 y 182 de la Constitución de la República; 13 14, 15, 16, 17, 24, 25, 26, 27, 28, 34 de la Ley Sobre Justicia Constitucional y con las facultades a ella concedida resolvió: (Sic) “DECLARAR: 1. NO HA LUGAR la Acción de HABEAS CORPUS O EXHIBICIÓN PERSONAL presentada por el abogado MARLON DARTE AMADOR a favor de la señora EDITH ONEYDA FUNEZ SALINAS, ya que se ha logrado acreditar que la referida señora no se encuentra en una situación precaria de salud y que la misma ha sido atendida por los doctores de la Penitenciaria Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS) recibiendo la atención médica y tratamiento recomendados, así como el constante monitoreo médico; por lo tanto no se pudo constatar que su situación dentro de la respectiva penitenciaria pueda enmarcarse en los preceptos de tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda clase de coacción, restricción, o molestias innecesarias para su seguridad individual o para el orden de la prisión…” (Folios del 10 al 12 de los autos).-CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia a través de su Sala Constitucional el conocimiento de las acciones de Hábeas Corpus o Exhibición Personal, acorde a lo preceptuado en los artículos 182 y 316 numeral primero de la Constitución de la República, en relación a lo preceptuado en los artículos 3 numeral primero y 13 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, resultando procedente la misma cuando se constate que la persona agraviada se encuentre ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad, o bien, cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción o molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión.-CONSIDERANDO (2): Que la Constitución de la República en el artículo 182 precitado, establece en su literalidad: “El Estado reconoce la garantía de Hábeas Corpus o Exhibición Personal, y de Hábeas Data. En consecuencia en el Hábeas Corpus o Exhibición Personal toda persona agraviada o cualquier otra en nombre de ésta tiene derecho a promoverla; y en el Hábeas Data únicamente puede promoverla la persona cuyos datos personales o familiares consten en los archivos, registros públicos o privados de la siguiente manera: 1) EL HÁBEAS CORPUS O EXHIBICIÓN PERSONAL: a) Cuando se encuentre ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad; y, b) Cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión”…[1]-CONSIDERANDO (3): Que la justicia constitucional tiene por objeto desarrollar las garantías constitucionales y las defensas del orden jurídico constitucional, en virtud de ello, en la aplicación de la Ley Sobre Justicia Constitucional, las disposiciones contenidas en la misma, se interpretarán y aplicarán siempre de manera que aseguren una eficaz protección de los derechos humanos y el adecuado funcionamiento de las defensas del orden jurídico constitucional; de igual forma la justicia constitucional se aplicará e interpretará de conformidad con los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales sobre derechos humanos vigentes en la República de Honduras, tomando en consideración las interpretaciones que de ellos hagan los tribunales internacionales[2]. En ese orden de ideas, nuestra Ley Suprema declara en su artículo 59 que la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado, teniendo todos la obligación de respetarla y protegerla, siendo en consecuencia inviolable la dignidad del ser humano, declaración íntimamente relacionada con el derecho individual que recoge la misma normativa constitucional en el artículo 68, que textualmente establece: “Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, síquica y moral”.-CONSIDERANDO (4): Que en fecha trece de mayo del presente año dos mil veinte, mediante correo electrónico enviado a la Secretaría de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, el Abogado Marlon Duarte Amador, interpuso Garantía de Hábeas Corpus o Exhibición Personal a favor de la Privada de Libertad señora Edith Oneyda Fúnez Salinas, contra actuaciones del DIRECTOR DE LA PENITENCIARÍA NACIONAL FEMENINA DE ADAPTACIÓN SOCIAL (PNFAS), UBICADO EN LA ALDEA DE TÁMARA, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, según el peticionario la agraviada se encuentra en una situación precaria de salud y hasta el día de hoy no la han atendido mediante especialista ya que su padecimiento de diabetes y vomito no se ha podido detener, debido también al padecimiento de circulación sus venas las tiene súper inflamadas por lo que solicita sea atendida fuera del Centro Penal por especialistas en el Hospital Público correspondiente.-CONSIDERANDO (5): Que en fecha catorce de mayo del presente año dos mil veinte, este Alto Tribunal admitió el Recurso de Exhibición Personal relacionado, designando como Juez Ejecutor a la Abogada ANDREA MARCELA INESTROZA, en su condición de Defensora Pública, a efecto de requerir de la autoridad recurrida el informe pertinente dentro del plazo y con las formalidades establecidas en el artículo 26 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.-CONSIDERANDO (6): Que la Abogada ANDREA MARCELA INESTROZA BRAVO, en su condición preindicada y en el ejercicio de las facultades inherentes a su cargo, rindió informe en fecha veinte (20) de mayo del presente año dos mil veinte (2020), consignando entre otros extremos los enunciados en el numeral tres de los antecedentes del presente libelo.-CONSIDERANDO (7): Que es importante relacionar que el Hábeas Corpus es una institución jurídica que persigue “evitar los arrestos y detenciones arbitrarias” asegurando los derechos básicos de la persona, como estar vivo y consciente, ser escuchado por la justicia y saber de qué se le acusa. El hábeas corpus, tutela dos derechos fundamentales: la libertad individual relativa a la libertad de movimiento y, por tanto, a no ser objeto de detenciones arbitrarias, y el derecho a la integridad personal, a no ser objeto de daños en su persona, como lesiones, tortura o muerte. En ese sentido, tiene como propósito el reponer las cosas al estado anterior a la privación, perturbación o amenaza de dichos derechos.-CONSIDERANDO (8): Que mediante Decreto Legislativo No. 64-2012, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 32,990 de fecha 3 de diciembre del año 2012, se crea la Ley del Sistema Penitenciario Nacional, la que tiene como propósito regular la organización y el funcionamiento del Sistema Penitenciario Nacional, el cual está integrado por: 1) El Instituto Nacional Penitenciario (INP); y, 2) Los Establecimientos Penitenciarios. El Sistema Penitenciario Nacional tiene como fines primordiales inter alia, “la retención y custodia de toda persona detenida, en prisión preventiva o cumpliendo condena privativa de libertad.”[3] La precitada ley determina en el artículo 2 que la actividad penitenciaria se debe desarrollar con las garantías y dentro de los límites establecidos por la Constitución de la República, los Tratados Internacionales ratificados por Honduras, las Leyes, los Reglamentos, y las Sentencias Judiciales. El artículo 3 expresamente prohíbe el someter a las personas privadas de libertad a torturas y cualquier trato cruel, inhumano o degradante u otro lesivo a su dignidad. El artículo 8 enumera las atribuciones que tiene el INP, y de interés a la presente sentencia, las establecidas en el numeral 3 y 17, que consisten en: 3) Velar por la seguridad, atención, custodia, asistencia médica, educativa, laboral u otros servicios inherentes a los fines de la ley, de las personas privadas de libertad a su cargo, en prisión preventiva, cumpliendo penas o medidas de seguridad; y, 17) Coordinar con las autoridades judiciales competentes, los ingresos, traslados y egresos de las personas privadas de libertad a su cargo, de acuerdo a lo establecido en la legislación aplicable y la presente Ley.- CONSIDERANDO (9): Que Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos[4], la que una vez en vigor forma parte del derecho interno[5]; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el artículo 5 el Derecho a la integridad personal y textualmente señala: “1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. 2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano…”.-CONSIDERANDO (10): Que la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes[6], brinda un concepto a lo que se debe entender por el término “tortura”, y en el artículo 1.1 dice: “A los efectos de la presente Convención, se entenderá por el término “tortura” todo acto por el cual se inflija intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de sus funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia. No se considerarán torturas los dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas, o sean inherentes o incidentales a éstas…”.-CONSIDERANDO (11): Que tanto la Declaración de Naciones Unidas de 1975 como la Convención contra la Tortura de 1984, definen la tortura como aquella cuyo propósito es conseguir: a) información, sea que quien deba proporcionarla sea la propia víctima o un tercero; b) un medio de castigo, por un hecho que ha cometido o se sospeche que ha cometido; c) como medio para intimidar, coaccionarla a ella o a un tercero; d) por razón de discriminación. Para la Abogada Liliana Galdámez[7] La Convención Interamericana, por su parte, amplia los criterios anteriores, teniendo como finalidad: a) servir como “medio de investigación criminal”; b) “castigo”; c) “medida preventiva”; d) como “pena”, o, e) “con cualquier otro fin”. También considera como tortura aquella cuya finalidad es: f) “anular la personalidad de la víctima” o, g) “disminuir su capacidad física o mental aunque no causen dolor físico o angustia psíquica”. Afirma la autora que, a diferencia de la Declaración y la Convención en contra de la Tortura del Sistema de Naciones Unidas, en el Sistema interamericano se introduce un tipo abierto: “cualquier otro fin” que implica que la conducta debe tener una finalidad, sin que sea determinante su contenido.-CONSIDERANDO (12): Que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha referido que la infracción del derecho a la integridad física y psíquica de las personas varía según los factores endógenos y exógenos que deberán ser demostrados en cada situación concreta[8]; la Corte Interamericana también ha manifestado que “toda persona privada de libertad tiene derecho a vivir en condiciones de detención compatibles con su dignidad personal y el Estado debe garantizarle el derecho a la vida y a la integridad personal. En consecuencia, el Estado, como responsable de los establecimientos de detención, es el garante de estos derechos de los detenidos…”[9] (Énfasis nuestro).-CONSIDERANDO (13): Que consta del informe presentado por la Juez Ejecutor, en el Recurso de Exhibición Personal relacionado, la no concurrencia de los presupuestos establecidos en los artículos 13 y 24 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, relacionados con lo establecido en el artículo 15[10] de la misma normativa legal, en virtud que, al momento de realizar las diligencias de investigación a efecto de constatar los hechos denunciados por el impetrante, la supuesta agraviada expresó en la entrevista brindada a la Juez Ejecutor que en la Clínica –de PNFAS- la atendieron bien, le dieron medicamento para controlar el azúcar porque la tenía alta, no le negaron nada y que todos los días ha estado yendo a la clínica y le dieron medicina para toda la semana; indicó la señora Fúnez Salinas que la ha atendido la Doctora Bessy y que la ha tratado muy bien; en relación a las venas, expresó que no se le han inflamado y que no ha solicitado el traslado a un hospital público, que debía ser su mamá quien estaba preocupada por su salud, ue desde que le detectaron que tiene el azúcar y presión alta le han estado tratando en la clínica de PNFAS. (folios 15fv de los autos contentivo del recurso de Hábeas Corpus).-CONSIDERANDO (14): Que el recurso de Hábeas Corpus o Exhibición Personal, procede cuando por actos de la autoridad se vea vulnerado en forma arbitraria el derecho a la libertad individual o personal de los ciudadanos, en contravención a las normas legales y constitucionales establecidas; asimismo, contra aquellos actos de la autoridad pública que atenten contra la integridad física, síquica y moral de los ciudadanos en situación de privación de libertad; no constatándose, en definitiva, vulneración a la integridad personal de la Privada de Libertad EDITH ONEYDA FUNEZ SALINAS, ello se desprende de las diligencias de investigación realizadas por la Juez Ejecutor. De la entrevista realizada a la Privada de Libertad y los informes brindados por la autoridad requerida la Juez Ejecutor concluye que no procede otorgar la acción constitucional promovida, ello porque se ha logrado acreditar que la referida señora no se encuentra en una situación precaria de salud, ya que ha sido atendida por los Doctores de la Penitenciaria Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), recibiendo la atención médica y tratamientos recomendados, así como el constante monitoreo médico. Evidenciándose que no ha existido violación alguna de derechos y garantías constitucionales, de igual forma se pudo constatar que la Privada de Libertad señora Edith Oneyda Fúnez Salinas, no ha sido víctima de vejámenes, tortura o molestia innecesaria para su seguridad personal; estimándose procedente, por tanto, declarar SIN LUGAR la presente garantía de Hábeas Corpus.-POR TANTO: La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 59, 80, 182, 303, 304, 313 atribución 5a. y 316 de la Constitución de la República; 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 5, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1o., 78 atribución 5ª y 137 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 9, 13, 14, 17, 19, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 38, 39, 72, 119 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: DECLARAR SIN LUGAR EL RECURSO DE HÁBEAS CORPUS O EXHIBICIÓN PERSONAL impetrado por el Abogado MARLON DUARTE AMADOR a favor de la Privada de Libertad EDITH ONEYDA FUNEZ SALINAS, por las razones que se dejan aquí señaladas. Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente sentencia, se proceda a su archivo en esta Sala de lo Constitucional. Redactó la Magistrada Reina Auxiliadora Hercules Rosa. NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los cinco (5) días del mes de agosto del año dos mil veinte (2020), Certificación de la Sentencia de fecha veintidós (22) de julio del año dos mil veinte (2020) recaída en el Recurso de Exhibición Personal registrado en este Tribunal bajo el número 0361-2020 .

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1] Ver el artículo 182 de la Constitución de la República.

[2] Ver artículo 2 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, Decreto Legislativo No. 244-2003.

[3] Artículo 1, último párrafo de la Ley del Sistema Penitenciario Nacional.

[4] Suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, y entro en vigor en julio de 1978, publicado en La Gaceta No. 22287 del 1 de septiembre de 1977.

[5] Artículo 16, segundo párrafo de la Constitución de la República de Honduras.

[6] Adoptada y abierta a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución 39/46, de 10 de diciembre de 1984. Entrada en vigor el 26 de junio de 1987.

[7] www.corteidh.or.cr. Revista CEJL Debates sobre Derechos Humanos y Sistema Interamericano. Artículo “La noción de tortura en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”. Abogada. En ese entonces de publicación del articulo en el año 2006, cursando estudios de doctorado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Valladolid, España.

[8] Caso Loayza Tamayo Vs. Perú, sentencia de 17 de septiembre de 1997, párrafo 57. “El carácter degradante se expresa en un sentimiento de miedo, ansia e inferioridad con el fin de humillar, degradar y de romper la resistencia física y moral de la víctima…”.

[9] Caso Cantoral Benavides Vs. Perú, sentencia de 18 de agosto de 2000, párrafo 87.

[10] DE LA RESOLUCIÓN DE OTRAS VIOLACIONES A LA LIBERTAD. Cuando en la exhibición personal se aleguen otras violaciones que guarden relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas y los hechos fueren conexos con el acto tenido como legítimo por constituir su causa o su finalidad, se resolverá también sobre estas violaciones.