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Sentencia EP-359-20 — Registro 10594

Resumen

Se interpuso Recurso de Hábeas Corpus o Exhibición Personal en su condición de Procuradora de Derechos Humanos del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Honduras (COFADEH), a favor de sus representadas de nacionalidad cubana, contra actuaciones del Ministerio Público (MP) y la Dirección Policial de Investigación (DPI) de San Marcos de Colón, departamento de Choluteca; manifestando la peticionaria, que las agraviadas se encontraban retenidas en las instalaciones de la Aduana El Espino, en condiciones infra humanas, durmiendo en bancas y sin proveerles alimentación, expuestas a cualquier enfermedad, como a contagiarse del COVID-19, que fueron remitidas a evaluación a Medicina Forense en fecha cinco de mayo de 2020 y una vez terminada la evaluación el Fiscal y Agentes de la DPI se las llevaron con rumbo desconocido sin que hasta la fecha (6/5/2020), se sepa de su paradero.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO (11): Que, del informe presentado por la Juez Ejecutora, es importante a efecto de dar respuesta a la garantía constitucional invocada, lo consignado en relación a que el Agente de la Dirección Policial de Investigación (DPI) Jimmy Argenis Zambrano Fúnez, en fecha 5 de mayo del presente año, solicitó información a los delegados de Migración, manifestando dichos funcionarios que las ciudadanas cubanas fueron rechazadas para poder ingresar al país, a raíz del cierre de las fronteras, por lo que se le ordenó a la Policía Nacional de Honduras llevarlas a tierras nicaragüenses, dicha orden se cumplió en días anteriores a la denuncia, pero las ciudadanas regresaron a dicha frontera con el objetivo de ingresar al país. Asimismo, el Fiscal del Ministerio Público requerido, Abogado Rigoberto Duarte Trochez, manifestó que las ciudadanas cubanas nunca fueron detenidas por parte de la DPI, ni el Ministerio Público, únicamente fueron evaluadas para verificar su estado de salud, ya que eran parte ofendida en la denuncia promovida por la señora Martha Lidia Maradiaga, en su condición de Coordinadora de la Acción ECUMNICA por los Derechos Humanos, en contra de funcionarios de Migración.CONSIDERANDO (12): Que consta del informe presentado por el Juez Ejecutor, en el Recurso de Exhibición Personal relacionado, la no concurrencia de los presupuestos establecidos en los artículos 13 y 24 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, en virtud que la pedidora de la garantía constitucional de Hábeas Corpus, relaciona hechos que no son constitutivos de vulneración a la libertad personal, ni hace relación al sufrimiento de tormentos, torturas o vejámenes por parte de autoridades del Ministerio Público y la Dirección de Investigación Policial (DPI); la recurrente invoca motivos de cuestiones migratorias en relación al ingreso al territorio nacional de ciudadanas extranjeras, situaciones no vinculantes a resolverse por medio del mecanismo de la garantía de Hábeas Corpus o Exhibición Personal.”

Legislación citada

Sentencia

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CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente Dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los tres días del mes de junio del año dos mil veinte. VISTA: Para dictar Sentencia en el Recurso de Hábeas Corpus o Exhibición Personal interpuesto por la abogada KAROL JANETH CÁRDENAS CHINCHILLA, en su condición de Procuradora de Derechos Humanos del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Honduras (COFADEH), a favor de las señoras MARILUZ MUÑOZ BALDEZ Y YANAISA GONZALES, ambas de nacionalidad cubana, contra actuaciones del MINISTERIO PÚBLICO (MP) Y LA DIRECCIÓN POLICIAL DE INVESTIGACIÓN (DPI) DE SAN MARCOS DE COLÓN, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA; manifestando la peticionaria, que las agraviadas se encontraban retenidas en las instalaciones de la Aduana El Espino, en condiciones infra humanas, durmiendo en bancas y sin proveerles alimentación, expuestas a cualquier enfermedad, como a contagiarse del COVID-19, que fueron remitidas a evaluación a Medicina Forense en fecha cinco de mayo de 2020 y una vez terminada la evaluación el Fiscal y Agentes de la DPI se las llevaron con rumbo desconocido sin que hasta la fecha (6/5/2020), se sepa de su paradero. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha seis (6) de mayo del presente año dos mil veinte (2020), compareció ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, la abogada KAROL JANETH CÁRDENAS CHINCHILLA, interponiendo Recurso de Exhibición Personal a favor de las señoras MARILUZ MUÑOZ BALDEZ Y YANAISA GONZALES, contra actuaciones de MINISTERIO PÚBLICO (MP) Y LA DIRECCIÓN POLICIAL DE INVESTIGACIÓN (DPI) DE SAN MARCOS DE COLÓN, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA. Manifestando la peticionaria: que las señoras Mariluz Muñoz Baldez y Yanaisa Gonzales, son de nacionalidad cubana, se encontraban retenidas en las instalaciones de la aduana “El Espino”, en condiciones infrahumanas y con riesgo a contagiarse con COVID-19, pues es un lugar de mucho tránsito, y tras una crisis de hipertensión que tuvo la señora MARILUZ MUÑOZ VALDEZ, en fecha cinco (5) de mayo de dos mil veinte (2020), ambas fueron llevadas con rumbo desconocido, después de una evaluación médica en medicina Forense, y se desconoce su paradero. (Folios del 2 al 4 de los autos) 2) Que, en la misma fecha, seis de mayo del año dos mil veinte, el citado Juzgado admitió el recurso relacionado y en consecuencia nombró como Juez Ejecutor al abogado JOSE HERNAN LAGOS COREA, Defensor Público, a quien se debería librar atenta comunicación, debiendo rendir informe en un término prudencial. (Folios 5 y 6 de los autos) 3) Que en fecha siete (7) de mayo de dos mil veinte (2020), en el ejercicio de las facultades inherentes a su cargo, el Juez Ejecutor envió vía WhatsApp, a la juez coordinadora del mencionado juzgado, el informe correspondiente, consignando entre otros extremos, lo siguiente: A) Que se personó en las instalaciones de la aduana “El Espino”, de San Marcos de Colón, departamento de Choluteca, en donde se entrevistó con el delegado de migración, el señor JOSÉ REINERIO BARAHONA, quien le manifestó: que las señoras MARILUZ MUÑOZ VALDEZ Y YANAISA GONZALES, fueron rechazadas de las oficinas de migración, pues entraron de forma ilegal al país; fueron expulsadas del país retornando nuevamente a Nicaragua, y que estas personas no se encontraban en dicha aduana, hecho que pudo confirmar, tras una inspección in situ de las instalaciones de dicha aduana; B) Que se personó en las instalaciones de la Dirección Policial de Investigación (DPI), con sede en San Marcos de Colón, departamento de Choluteca, en donde su jefe regional, el señor EYSER GUSTAVO RUBIO, le manifestó: que desconoce la situación migratoria de las señoras MARILUZ MUÑOZ BALDEZ Y YANAISA GONZALES; no ha recibido ninguna denuncia, u orden de investigación, por parte de ningún fiscal del Ministerio Público (MP); C) Que se personó en las instalaciones del Ministerio Público (MP), en donde el fiscal RIGOBERTO DUARTE TROCHEZ, le manifestó: que en fecha cuatro (4) de mayo de dos mil veinte (2020), se interpuso una denuncia por parte de las señora MARTHA LIDIA MARADIAGA, en su condición de Coordinadora de la Acción Ecumnica por los Derechos Humanos, en contra de Carolina Menjivar Gutiérrez y Erik Omar Arias, por el delito de ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOLACIÓN A LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS, en la que se alegaba que las señoras MARILUZ MUÑOZ BALDEZ Y YANAISA GONZALES, se encontraban en custodia del personal de migración de la frontera en “El Espino”, en una situación precaria y vulnerando sus derechos; se solicitó a la Dirección Policial de Investigación (DPI) de Choluteca, departamento de Choluteca, verificar los extremos de la denuncia, y en fecha cinco (5) de mayo de dos mil veinte (2020), el agente JIMMY ARGENIS ZAMBRANO FÚNEZ, constató que dichas ciudadanas cubanas fueron rechazadas para ingresar al país, en vista de que las fronteras se encuentran cerradas, por lo que se ordenó a la Policía Nacional de Honduras, a llevarlas a Nicaragua; el fiscal recalca, que nunca estuvo en el lugar de los hechos, que las ciudadanas cubanas nunca fueron detenidas por la Dirección Policial de Investigación (DPI) o el Ministerio Público (MP), solo sabe que fueron evaluadas para saber su estado de salud ya que son la parte ofendida de la denuncia; D) Que del informe rendido por la doctora TERESA DE JESÚS BARHONA RUIZ, pudo constatar: que de un oficio girado por el fiscal RIGOBERTO DUARTE, se le ordenó realizar evaluaciones a las señoras MARILUZ MUÑOZ VALDEZ Y YANAISA GONZALES, pues una de ellas se encontraba con problemas de salud, y; concluida las evaluaciones, solicitó por escrito a abogados defensores de derechos humanos, que las señoras MARILUZ MUÑOZ VALDEZ Y YANAISA GONZALES, deberían recibir asistencia médica; F) En vista de todo lo expuesto anteriormente, el Juez Ejecutor Resolvió: (Sic) “… declarar SIN LUGAR el Recurso de Exhibición Personal, ya que todas estas diligencias investigativas se originaron a raíz de una denuncia lo cual de forma inmediata y oportuna se verifican los extremos y se les proporciona asistencia medica a las ciudadanas cubanas tomando en cuenta la situación de la pandemia a nivel mundial ya que son personas de nacionalidad cubana que según la información proporcionada fueron expulsadas nuevamente del territorio por entrar de manera ilegal al país en vistas de que las fronteras están cerradas a raíz del COVID-19 y se vive un estado de emergencia por lo que este juez ejecutor tiene conocimiento de que estas dos mujeres de nacionalidad cubana fueron expulsadas del país por lo que no se aprecia que están detenidas ilegalmente o que están siendo objeto de tratos crueles e inhumanos…”. (Folios del 11 al 15 de los autos) 4) Que mediante auto de fecha once de mayo del presente año dos mil veinte, el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, resolvió tener por recibido el informe presentado por el Juez Ejecutor, asimismo se inhibió de seguir conociendo las diligencias y orden la remisión de las mismas a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. (Folio 37fv de los autos) CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia a través de su Sala Constitucional el conocimiento de las acciones de Hábeas Corpus o Exhibición Personal, acorde a lo preceptuado en los artículos 182 y 316 numeral primero de la Constitución de la República, en relación a lo preceptuado en los artículos 3 numeral primero y 13 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, resultando procedente la misma cuando se constate que la persona agraviada se encuentre ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad, o bien, cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción o molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión. CONSIDERANDO (2): Que la Constitución de la República en el artículo 182 precitado, establece en su literalidad: “El Estado reconoce la garantía de Hábeas Corpus o Exhibición Personal, y de Hábeas Data. En consecuencia en el Hábeas Corpus o Exhibición Personal toda persona agraviada o cualquier otra en nombre de ésta tiene derecho a promoverla; y en el Hábeas Data únicamente puede promoverla la persona cuyos datos personales o familiares consten en los archivos, registros públicos o privados de la siguiente manera: 1) EL HÁBEAS CORPUS O EXHIBICIÓN PERSONAL: a) Cuando se encuentre ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad; y, b) Cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión”…[1] CONSIDERANDO (3): Que la justicia constitucional tiene por objeto desarrollar las garantías constitucionales y las defensas del orden jurídico constitucional, en virtud de ello, en la aplicación de la Ley Sobre Justicia Constitucional, las disposiciones contenidas en la misma, se interpretarán y aplicarán siempre de manera que aseguren una eficaz protección de los derechos humanos y el adecuado funcionamiento de las defensas del orden jurídico constitucional; de igual forma la justicia constitucional se aplicará e interpretará de conformidad con los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales sobre derechos humanos vigentes en la República de Honduras, tomando en consideración las interpretaciones que de ellos hagan los tribunales internacionales[2]. En ese orden de ideas, nuestra Ley Suprema declara en su artículo 59 que la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado, teniendo todos la obligación de respetarla y protegerla, siendo en consecuencia inviolable la dignidad del ser humano, declaración íntimamente relacionada con el derecho individual que recoge la misma normativa constitucional en el artículo 68, que textualmente establece: “Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, síquica y moral”. CONSIDERANDO (4): Que en fecha seis de mayo del presente año dos mil veinte, vía correo electrónico enviado al Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, la Abogada KAROL JANETH CARDENAS CHINCHILLA, actuando en su condición de Procuradora de Derechos Humanos del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), interpuso Garantía de Hábeas Corpus o Exhibición personal a favor de las señoras MARILUZ MUÑOZ BALDEZ y YANAISA GONZALES, ambas de nacionalidad cubana, contra actuaciones del MINISTERIO PÚBLICO (MP) Y LA DIRECCIÓN POLICIAL DE INVESTIGACIÓN (DPI) DE SAN MARCOS DE COLÓN, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA, según la peticionaria las agraviadas se encontraban retenidas en las instalaciones de la Aduana El Espino, en condiciones infra humanas, durmiendo en bancas y sin proveerles alimentación, expuestas a cualquier enfermedad, como a contagiarse del COVID-19, que fueron remitidas a evaluación a Medicina Forense en fecha cinco de mayo de 2020 y una vez terminada la evaluación el Fiscal y Agentes de la DPI se las llevaron con rumbo desconocido sin que hasta la fecha (6/5/2020), se sepa de su paradero. CONSIDERANDO (5): Que, en la fecha supra indicada, el Juzgado de Letras penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, conociendo a prevención, admitió el Recurso de Exhibición Personal relacionado, designando como Juez Ejecutor al Abogado JOSE HERNAN LAGOS COREA, Defensor Público de la ciudad de Choluteca, departamento de Choluteca, debiendo librarse la respectiva comunicación, debiendo rendir el informe en un término prudencial. CONSIDERANDO (6): Que el Abogado JOSE HERNAN LAGOS COREA, en su condición preindicada y en el ejercicio de las facultades inherentes a su cargo, rindió informe en fecha siete (7) de mayo del presente año dos mil veinte (2020), consignando entre otros extremos los enunciados en el numeral tres de los antecedentes del presente libelo. CONSIDERANDO (7): Que es importante relacionar que el Hábeas Corpus es una institución jurídica que persigue “evitar los arrestos y detenciones arbitrarias” asegurando los derechos básicos de la persona, como estar vivo y consciente, ser escuchado por la justicia y saber de qué se le acusa. El hábeas corpus, tutela dos derechos fundamentales: la libertad individual relativa a la libertad de movimiento y, por tanto, a no ser objeto de detenciones arbitrarias, y el derecho a la integridad personal, a no ser objeto de daños en su persona, como lesiones, tortura o muerte. En ese sentido, tiene como propósito el reponer las cosas al estado anterior a la privación, perturbación o amenaza de dichos derechos. CONSIDERANDO (8): Que Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos[3], la que una vez en vigor forma parte del derecho interno[4]; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el artículo 5 el Derecho a la integridad personal y textualmente señala: “1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. 2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano…”. CONSIDERANDO (9): Que la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes[5], brinda un concepto a lo que se debe entender por el término “tortura”, y en el artículo 1.1 dice: “A los efectos de la presente Convención, se entenderá por el término “tortura” todo acto por el cual se inflija intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de sus funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia. No se considerarán torturas los dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas, o sean inherentes o incidentales a éstas…”. CONSIDERANDO (10): Que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha referido que la infracción del derecho a la integridad física y psíquica de las personas varía según los factores endógenos y exógenos que deberán ser demostrados en cada situación concreta[6]; la Corte Interamericana también ha manifestado que “toda persona privada de libertad tiene derecho a vivir en condiciones de detención compatibles con su dignidad personal y el Estado debe garantizarle el derecho a la vida y a la integridad personal. En consecuencia, el Estado, como responsable de los establecimientos de detención, es el garante de estos derechos de los detenidos…”[7] (Énfasis nuestro). CONSIDERANDO (11): Que, del informe presentado por la Juez Ejecutora, es importante a efecto de dar respuesta a la garantía constitucional invocada, lo consignado en relación a que el Agente de la Dirección Policial de Investigación (DPI) Jimmy Argenis Zambrano Fúnez, en fecha 5 de mayo del presente año, solicitó información a los delegados de Migración, manifestando dichos funcionarios que las ciudadanas cubanas fueron rechazadas para poder ingresar al país, a raíz del cierre de las fronteras, por lo que se le ordenó a la Policía Nacional de Honduras llevarlas a tierras nicaragüenses, dicha orden se cumplió en días anteriores a la denuncia, pero las ciudadanas regresaron a dicha frontera con el objetivo de ingresar al país. Asimismo, el Fiscal del Ministerio Público requerido, Abogado Rigoberto Duarte Trochez, manifestó que las ciudadanas cubanas nunca fueron detenidas por parte de la DPI, ni el Ministerio Público, únicamente fueron evaluadas para verificar su estado de salud, ya que eran parte ofendida en la denuncia promovida por la señora Martha Lidia Maradiaga, en su condición de Coordinadora de la Acción ECUMNICA por los Derechos Humanos, en contra de funcionarios de Migración. CONSIDERANDO (12): Que consta del informe presentado por el Juez Ejecutor, en el Recurso de Exhibición Personal relacionado, la no concurrencia de los presupuestos establecidos en los artículos 13 y 24 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, en virtud que la pedidora de la garantía constitucional de Hábeas Corpus, relaciona hechos que no son constitutivos de vulneración a la libertad personal, ni hace relación al sufrimiento de tormentos, torturas o vejámenes por parte de autoridades del Ministerio Público y la Dirección de Investigación Policial (DPI); la recurrente invoca motivos de cuestiones migratorias en relación al ingreso al territorio nacional de ciudadanas extranjeras, situaciones no vinculantes a resolverse por medio del mecanismo de la garantía de Hábeas Corpus o Exhibición Personal. CONSIDERANDO (13): Que el recurso de Exhibición Personal o Hábeas Corpus procede cuando por actos de la autoridad se vea vulnerado en forma arbitraria el derecho a la libertad individual o personal de los ciudadanos, en contravención a las normas legales y constitucionales establecidas; asimismo, contra aquellos actos de la autoridad pública que atenten contra la integridad física, síquica y moral de los ciudadanos en situación de privación de libertad.– no evidenciándose al tenor de lo dispuesto en el artículo uno de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, infracción a lo dispuesto en el artículo 13 y 24 de la ley Sobre Justicia Constitucional; siendo en consecuencia el asunto estudiado, una cuestión administrativa migratoria de ingreso al territorio nacional de ciudadanas extranjeras de nacionalidad cubana, que corresponde dilucidar a las autoridades de Migración correspondiente; estimándose procedente, por tanto, declarar SIN LUGAR la presente garantía de Hábeas Corpus. POR TANTO: La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 59, 80, 182, 303, 304, 313 atribución 5a. y 316 de la Constitución de la República; 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 5, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1o., 78 atribución 5ª y 137 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 9, 13, 14, 17, 19, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 38, 39, 72, 119 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: DECLARAR SIN LUGAR EL RECURSO DE HÁBEAS CORPUS O EXHIBICIÓN PERSONAL interpuesto por la Abogada KAROL JANETH CARDENAS CHINCHILLA a favor de las ciudadanas de nacionalidad cubana MARILUZ MUÑOZ BALDEZ y YANAISA GONZALES, por las razones que se dejan aquí señaladas. Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente sentencia, se proceda a su archivo en esta Sala de lo Constitucional. Redactó la Magistrada Reina Auxiliadora Hercules Rosa. NOTIFÍQUESE. Firmas y sello. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los once días del mes de junio de dos mil veinte, certificación de la sentencia de fecha tres de junio de dos mil veinte, recaída en el recurso de exhibición personal registrado en este Tribunal con el número SCO-0359-2020.

ABOG. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.

[1] Ver el artículo 182 de la Constitución de la República.

[2] Ver artículo 2 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, Decreto Legislativo No. 244-2003.

[3] Suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, y entro en vigor en julio de 1978, publicado en La Gaceta No. 22287 del 1 de septiembre de 1977.

[4] Artículo 16, segundo párrafo de la Constitución de la República de Honduras.

[5] Adoptada y abierta a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución 39/46, de 10 de diciembre de 1984. Entrada en vigor el 26 de junio de 1987.

[6] Caso Loayza Tamayo Vs. Perú, sentencia de 17 de septiembre de 1997, párrafo 57. “El carácter degradante se expresa en un sentimiento de miedo, ansia e inferioridad con el fin de humillar, degradar y de romper la resistencia física y moral de la víctima…”.

[7] Caso Cantoral Benavides Vs. Perú, sentencia de 18 de agosto de 2000, párrafo 87.