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Sentencia EP-343-20 — Registro 10740

Resumen

Se interpuso sentencia en la garantía de Exhibición Personal contra actuaciones del Director del Centro Penitenciario de Támara, manifestando la peticionaria que sus representados se encuentran en una situación de alto riesgo y peligro a su vida.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “(14): Que también señala ese Tribunal Interamericano que toda persona privada de libertad tiene derecho a vivir en condiciones de detención compatibles con su dignidad personal. Esto implica el deber del Estado de salvaguardar la salud y el bienestar de las personas privadas de libertad y de garantizar que la manera y el método de privación de libertad no excedan el nivel inevitable de sufrimiento inherente a la misma. Por ello, con base en el principio de no discriminación, el derecho a la vida de las personas privadas de libertad también implica la obligación del Estado de garantizar su salud física y mental, específicamente mediante la provisión de revisión médica regular y, cuando así se requiera, de un tratamiento médico adecuado, oportuno y, en su caso, especializado y acorde a las especiales necesidades de atención que requieran las personas detenidas en cuestión.- Considerando (15): Que, por los fundamentos legales antes señalados frente a lo constatado por el juez ejecutor, está Sala de lo Constitucional procede declarar ha lugar la garantía de exhibición personal en cuanto a que se enmienden las condiciones en que se desarrolla la detención o prisión de las personas por las que se interpuso la acción, por cumplir lo señalado en el artículo 13 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, debiendo permitirse y dar acceso a los medicamentos, insumos de higiene y alimentación adecuada que ha sido determinado por el personal médico del Centro de Detención.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, tres de junio de dos mil veinte.- Visto: Para dictar sentencia en la garantía de Exhibición Personal interpuesto por la abogada Brenda Janeth Cruz Hernández, a favor de los señores Jorge Luis Bulgin Thorpe y Candido Mena Ortega, contra actuaciones del Director Del Centro Penitenciario de Támara, departamento de Francisco Morazán; manifestando la peticionaria que sus representados se encuentran en una situación de alto riesgo y peligro a su vida. Situación que, a criterio la peticionaria, violenta en perjuicio de sus representados, los derechos contenidos en los artículos 59, 60, 65, 82, 87, 90 y 145 de la Constitución de la República; y, 1, 2, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos.- Antecedentes.- 1) Que en fecha diecisiete de abril de dos mil veinte, compareció ante el Juzgado de Ejecución de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, la abogada Brenda Janeth Cruz Hernández, interponiendo garantía de Exhibición Personal a favor de los señores Jorge Luis Bulgin Thorpe y Candido Mena Ortega, manifestando la peticionaria, que sus representados son personas que padecen de enfermedades crónicas, y con el actual hacinamiento en los centros penitenciados de la república, corren un alto riesgo de contagio de COVID-19. Situación que, a criterio la peticionaria, violenta en perjuicio de sus representados, los derechos contenidos en los artículos 59, 60, 65, 82, 87, 90 y 145 de la Constitución de la República, y; 1, 2, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. (Folios núm. 1 al 10 del expediente de la garantía).- 2) Que, en la misma fecha, el citado Juzgado admitió el presente recurso y, en consecuencia, nombró como Juez Ejecutora a la abogada Encina Del Carmen Andino, Defensora Pública de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, a efecto de que rindiera un informe sobre los extremos consignados en el presente recurso. (Folios núm. 11 al 12 del expediente de la garantía).- 3) Que en fecha veinte de abril de dos mil veinte, el referido Juzgado remitió los antecedentes del presente recurso, al Juzga de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en virtud de inhibirse el mismo de seguir conociendo de dicho trámite; siendo recibido por dicho Juzgado en la misma fecha. (Folio 16 al 17 del expediente de la garantía).- 4) Que en fecha veintiocho de abril de dos mil veinte, la jueza ejecutora compareció ante el citado Juzgado de Letras, y en el ejercicio de las responsabilidades inherentes a su cargo, rindió el informe correspondiente, consignando entre otros extremos, lo siguiente: A) Que en fecha veinte de abril de dos mil veinte, entrevistó a los señores Jorge Luis Bulgin Thorpe y Candido Mena Ortega, quienes manifestaron: que el señor Jorge Luis Bulgin, es hipertenso y tiene una uropatía producto de la diabetes, que el año pasado estuvo interno en el Hospital Escuela por seis días, que se inyecta insulina y toma inversartan, y su familia lo visita frecuentemente; mientras que el señor Candido Mena Ortega, dice padecer de una cardiopatía y presión arterial alta; ambos manifiestan ser tratados en el hospital de Támara, no ser objetos de tortura, malos tratos, golpes o amenazas, y no tienen acceso a mascarillas y gel para manos; B) Que del informe rendido por el Director del Centro Penitenciario de Tamara, el teniente Jaime Orlando Espinoza López, pudo constatar: que los señores Jorge Luis Bulgin Thorpe y Candido Mena Ortega ingresaron en fecha diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete, por seguírsele un proceso por el delito de Lavado de Activos, en perjuicio de la Economía del Estado De Honduras; que la dicha causa está siendo conocida por el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal; y entre ambos, padecen de diabetes miellitus, hipertensión arterial sobrepeso y cardiopatía hipertensiva, y toman los medicamentos para sus respectivas condiciones, y; que el centro penitenciario ha tomado todas las medidas para la prevención y manejo del COVID-19; C) En vista de todo lo expuesto anteriormente, la Juez Ejecutora Resolvió: (SIC) “Declarar No Ha Lugar la Acción De Exhibición Personal o Hábeas Corpus interpuesta por la abogada Brenda Janeth Cruz Hernández, a favor de los señores Jorge Luis Bulgin Thorpe y Candido Mena Ortega”. (Folios núm. 39 al 41 del expediente de la garantía).- 5) Que en fecha veintinueve de abril de dos mil veinte, el mencionado Juzgado de Letras remitió los antecedentes del presente recurso a esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en virtud de inhibirse el mismo de seguir conociendo de dicho trámite. (Folios núm. 42 y 42 del expediente de la garantía).- Fundamentación Jurídica.- Considerando (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia a través de la Sala de lo Constitucional, el conocimiento de las acciones de Hábeas Corpus o Exhibición Personal, acorde a lo preceptuado en los artículos 182, 313 y 316 de la Constitución de la República, en relación a lo preceptuado en los artículos 3, 9 y 13 de la Ley de Justicia Constitucional, resultando procedente la misma cuando se constate que la persona agraviada se encuentre ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad, o bien, cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción o molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión.- Considerando (2): Que siguiendo lo preceptuado en el mismo artículo 7 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, encontramos que en el numeral quinto (Toda persona… tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso…) está referido a las personas que han sido detenidas en un proceso penal y está inescindiblemente ligado al contemplado a ser juzgado dentro de un plazo razonable. Se puede establecer también que, si alguien es detenido en virtud de un proceso penal, es presentando ante un juez que determinara la licitud de la privación de la libertad frente a la presunción de inocencia y cuya culpabilidad o responsabilidad no ha sido establecida.- Considerando (3): Que el Presidente de la República en Consejo de Secretarios de Estado en el Decreto Ejecutivo PCM-005-2020 se declaró el estado de emergencia sanitaria en todo el territorio nacional, con el propósito de continuar y fortalecer las acciones de prevención y control y garantizar la atención a las personas que están padeciendo de dengue; asimismo fortalecer las acciones de vigilancia, prevención, control y garantizar la atención a las personas ante la probable ocurrencia de infección por coronavirus (COVID-19).- Considerando (4): Que se han publicado diversos Decretos Ejecutivos ratificados por el Congreso Nacional, donde se estableció la restricción de los derechos constitucionales. en todo el territorio nacional; asimismo se han emitieron otros Decretos Ejecutivos contentivos de otras prorrogas a la restricción de derechos constitucionales antes citados, por lo que estando vigente una limitación al derecho de circulación y habiéndose establecido medidas de aislamiento social en vista de la pandemia de la enfermedad del Coronavirus (COVID-19).- Considerando (5): Que la jueza ejecutora presentó el informe requerido por el órgano jurisdiccional donde concluye: declarar sin lugar la exhibición personal a favor de los señores Jorge Luis Bulgin Thorpe y Candido Mena Ortega señalada en el preámbulo de esta sentencia, por no acreditarse a su criterio ninguno de los presupuestos procesales para el otorgamiento de la causal, aunque también señalo aspecto sobre el acceso a medicamentos a la cárcel.- Considerando (6): Que dentro de los presupuestos procesales del Hábeas Corpus se establece su procedencia cuando se constante que en la detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción o molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión; esta órgano jurisdiccional ha dictado diversas sentencias en donde ha dictado medidas correctivas al funcionamiento del sistema penitenciario del país.[1]- Considerando (7): Que en lo referente a la procedencia de la acción de habeas corpus, el artículo 38 de la Ley Sobre Justicia Constitucional dispone que se declarará con lugar la exhibición personal, cuando se constate la violación de alguno (s) de los supuestos establecidos en los Artículos 13 y 24 de esta Ley. En caso contrario se declarará sin lugar.- Considerando (8): Que se ha señalado por parte de este Tribunal[2] que el derecho a la protección de la salud se encuentra constitucionalizado en el artículo 145 de la Constitución de la República, en donde se reconoce que es deber de todos y todas participar en la promoción y preservación de la salud personal y de la comunidad, debiendo orientarse las actividades del Estado y de las entidades públicas y privadas sujetarse a esta disposición.- Considerando (9): Que también se ha señalado en la jurisprudencia constitucional que el Estado de Honduras se ha suscrito al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, donde se reconoce en su artículo 12 que los Estados partes reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, debiendo realizar medidas que aseguren la plena efectividad de este derechos, a través de la reducción de la mortinatalidad y de las mortalidad infantil, y en el sano desarrollo de las y los niños; el mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del medio ambiente; la prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas; la creación de condiciones que aseguren a todas y todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad. Mientras que en el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, conocido como Protocolo de San Salvador, el que establece en su artículo 10 que toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social; para hacer efectivo esto, los Estados deben adoptar medidas para garantizar la atención primaria de la salud, entendiendo como la asistencia sanitaria esencial puesta al alcance de todos los individuos y familiares de la comunidad; extensión de los beneficios de los servicios de salud a todas y todos los individuos sujetos a la jurisdicción del Estado; la satisfacción de las necesidades de salud de los grupos de más alto riego y que por sus condiciones de pobreza sean más vulnerables, entre otros criterios.- Considerando (10): Que el derecho a la salud contiene los elemento de disponibilidad de establecimientos, bienes y servicios públicos de salud, además de agua potable, condiciones sanitarias básicas, hospitales y centro de salud profesionales capacitados; un acceso a la salud sin discriminación, con alcance geográfico razonable, asequibilidad, incluido la económica, para todas y todos con base al principio de equidad; respeto a la ética médica y con las diferentes culturas, y; métodos aceptables desde el punto de vista culturas, científico y médico, de buena calidad.[3] Las obligaciones básicas del reconocimiento del derecho a la salud se debe destacar el aseguramiento del acceso a una alimentación esencial mínima, un correcto suministro de agua potable, la facilitación de medicamentos esenciales, una distribución equitativa de todas las instalaciones, bienes y servicios de salud.- Considerando (11): Que el derecho a la vida comprende por lo menos, el derecho de toda y todo ser humano de no ser privado de la vida arbitrariamente, también el derecho a que no se le impida el acceso a las condiciones que le garanticen una existencia digna, teniendo el Estado de Honduras la obligación de garantizar la creación de las condiciones que se requieran para que no se produzca violaciones de ese derecho básico y, en particular, el deber de impedir que sus agente o terceros atente contra él.[4]- Considerando (12): Que la garantía de hábeas corpus o de exhibición personal, es un mecanismo de defensa dirigido a garantizar el derecho a la libertad individual o personal de los ciudadanos, frente a los actos de autoridad que con infracción, violación o inobservancia de normas constitucionales y legales la perturben o priven de ella, así como también, frente a los que, en iguales circunstancias, atenten en cualquier caso contra la integridad física, síquica y moral del detenido.- Considerando (13): Que la Corte Interamericana ha señalado sobre el derecho a la salud en el caso de los privados, al desarrollar la sentencia Chinchilla Sandoval vs. Guatemala, estableciendo que los derechos a la vida y a la integridad personal se hallan directa e inmediatamente vinculados con la atención a la salud humana, el Estado se encuentra en una posición especial de garante, toda vez que las autoridades penitenciarias ejercen un fuerte control o dominio sobre quienes se encuentran sujetos a su custodia. Lo anterior, como resultado de la interacción especial de sujeción entre la persona privada de libertad y el Estado, caracterizada por la particular intensidad con que el Estado puede regular sus derechos y obligaciones y por las circunstancias propias del encierro, en donde al privado de libertad se le impide satisfacer por cuenta propia una serie de necesidades básicas esenciales para el desarrollo de una vida digna, en los términos que sean posibles en esas circunstancias.- Considerando (14): Que también señala ese Tribunal Interamericano que toda persona privada de libertad tiene derecho a vivir en condiciones de detención compatibles con su dignidad personal. Esto implica el deber del Estado de salvaguardar la salud y el bienestar de las personas privadas de libertad y de garantizar que la manera y el método de privación de libertad no excedan el nivel inevitable de sufrimiento inherente a la misma. Por ello, con base en el principio de no discriminación, el derecho a la vida de las personas privadas de libertad también implica la obligación del Estado de garantizar su salud física y mental, específicamente mediante la provisión de revisión médica regular y, cuando así se requiera, de un tratamiento médico adecuado, oportuno y, en su caso, especializado y acorde a las especiales necesidades de atención que requieran las personas detenidas en cuestión.- Considerando (15): Que, por los fundamentos legales antes señalados frente a lo constatado por el juez ejecutor, está Sala de lo Constitucional procede declarar ha lugar la garantía de exhibición personal en cuanto a que se enmienden las condiciones en que se desarrolla la detención o prisión de las personas por las que se interpuso la acción, por cumplir lo señalado en el artículo 13 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, debiendo permitirse y dar acceso a los medicamentos, insumos de higiene y alimentación adecuada que ha sido determinado por el personal médico del Centro de Detención.- Por tanto: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, haciendo aplicación de los artículos Números 80, 82, 182, 303, 304 y 316 numeral 1) de la Constitución de la República; 1, 2, 5, 7, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1, 74 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; y, 1, 2, 3 numeral primero, 5, 13, 25, 26, 37, 38, 39 y 120 de la Ley de Justicia Constitucional; falla: 1) declarar No ha lugar la garantía de Hábeas Corpus correctiva interpuesta por la abogada Brenda Janeth Cruz Hernández, a favor de los señores Jorge Luis Bulgin Thorpe y Candido Mena Ortega; 2) Se ordena que las autoridades penitencias proceder a garantizar el acceso a los medicamentos prescritos, alimentación e insumos de higiene que requieren los privados de libertad indicados, que serán distribuidos por parte de la Autoridad Pública, así como los que suministren sus familiares a ellos, mediante los protocolos apropiados para su entrega, que afiancen la seguridad interna de la prisión. Y manda: Que una vez notificada y firmé la presente sentencia, se devuelvan los antecedentes al órgano en revisión. Redactó la magistrada Álvarez Sagastume. Notifíquese.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diez (10) días del mes de junio del año dos mil veinte (2020), certificación de la Sentencia de fecha tres (3) de junio del año dos mil veinte (2020), recaída en el Recurso de Exhibición Personal, registrado en este Tribunal bajo el número 0343-2020.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1] Cfr. Las sentencias dictadas en los hábeas corpus SCO-1079-19 y SCO-1131-2019.

[2] Cfr., sentencia SCO-0197-2017 acumulada con la SCO-0203-2017.

[3] Ver Observación General No 14 en el informe de la Conferencia sobre la Atención Primaria de Salud, capítulo 3.

[4] Ver de la Corte Interamericana Sobre Derechos Humanos el Caso Instituto de Reeducación del Menor vs. Paraguay. Sentencia de dos de septiembre de 2004, párr. 156.