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Sentencia EP-342-20 — Registro 10739

Resumen

Se interpuso Recurso de Exhibición Personal contra actuaciones del Director de la Penitenciaria Nacional Marco Aurelio Soto, ubicado en Támara, departamento de Francisco Morazán, manifestando el peticionario que su representado se encuentra recluido en la Penitenciaría Nacional Támara Francisco Morazán, y hasta la fecha no se le ha dictado sentencia, por lo que la prisión preventiva ya venció, no habiéndose solicitado prórroga, por lo que solicita se ponga en inmediata libertad o se modifique la medida cautelar decretada.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."CONSIDERANDO (15): Que se ha efectuado el estudio de autos en la presente garantía de Habeas Corpus o Exhibición Personal, así como el informe emitido por el Juez Ejecutor, el cual se aprueba. Considera este Alto Tribunal, que, en cuanto a la petición excarcelatoria planteada directamente por el garantista, a favor del privado de libertad, señor SANTOS ENRIQUE PEREZ FIALLOS, no es de recibo. Sin embargo, si bien del Informe del Juez Ejecutor, tampoco se desprende la subsunción del recurso en alguno de los presupuestos que, para su otorgamiento, precaven los artículos 13 y 24 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; es de aplicabilidad conforme al principio de legalidad y a lo dispuesto en el bloque de constitucionalidad, lo anteriormente manifestado por la Sala, en el sentido que correspondería a la jurisdicción ordinaria resolver planteamientos como el ut supra fundamentado; por lo cual se aprueba también la exhortación realizada por el Juez Ejecutor, en el caso concreto a la SALA TERCERA DEL TRIBUNAL DE SENTENCIA DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN; a efecto de que revise oficiosamente la medida cautelar de prisión preventiva impuesta al procesado, señor SANTOS ENRIQUE PEREZ FIALLOS, con los recaudos de ley pertinentes y en el marco de respeto al principio constitucional de independencia de los jueces y magistrados. Lo anterior deberá tomarse en consideración, cómo efecto útil por el órgano jurisdiccional competente, sin perjuicio la declaratoria NO HA LUGAR de la presente garantía de exhibición personal, o habeas corpus."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, tres de junio de dos mil veinte.- VISTA: Para dictar Sentencia el Recurso de Exhibición Personal interpuesto por el Abogado JOSUE ISRAEL CACERES ALVARADO, a favor del señor SANTOS ENRIQUE PEREZ FIALLOS, contra actuaciones del DIRECTOR DE LA PENITENCIARIA NACIONAL MARCO AURELIO SOTO, ubicado en Támara, departamento de Francisco Morazán, manifestando el peticionario que su representado se encuentra recluido en la Penitenciaría Nacional Támara Francisco Morazán, y hasta la fecha no se le ha dictado sentencia, por lo que la prisión preventiva ya venció, no habiéndose solicitado prórroga, por lo que solicita se ponga en inmediata libertad al señor SANTOS ENRIQUE PEREZ FIALLOS, o se modifique la medida cautelar decretada.- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha veintitrés de abril de dos mil veinte, el Abogado JOSUE ISRAEL CACERES ALVARADO, compareció ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, presentando Recurso de Exhibición Personal a favor del señor SANTOS ENRIQUE PEREZ FIALLOS, contra actuaciones del DIRECTOR DE LA PENITENCIARIA NACIONAL MARCO AURELIO SOTO, ubicado en Támara, departamento de Francisco Morazán, manifestando el peticionario que su representado se encuentra recluido en la Penitenciaría Nacional Támara Francisco Morazán, desde el 19 de abril de 2018, por suponerlo responsable del delito de Robo de Vehículo y Robo Agravado, por orden del Juzgado de Letras Penal de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán y hasta la fecha no se le ha dictado sentencia condenatoria, por lo que la prisión preventiva ya venció, no habiéndose solicitado prórroga, por lo que solicita se ponga en inmediata libertad al señor SANTOS ENRIQUE PEREZ FIALLOS, o se modifique la medida cautelar decretada. (Folios 02 al 04 del recurso).

  1. Que, en esa misma fecha, el citado Juzgado, admitió el recurso de exhibición personal de mérito y nombró como Juez Ejecutor al Abogado LUIS ALBERTO SIERRA HERNANDEZ, Defensor Público de la ciudad de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, a efecto de que constatara de manera inmediata los hechos narrados por la recurrente, y rindiera el informe correspondiente dentro del plazo y con las formalidades establecidas en el artículo 26 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. (Folios 05 y 06 del recurso)- 3) Que el Abogado LUIS ALBERTO SIERRA HERNANDEZ, actuando en su condición antes indicada, compareció ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa departamento de Francisco Morazán, en fecha cuatro de mayo de dos mil veinte, y en el ejercicio de las funciones inherentes a su cargo, rindió el informe correspondiente, en el cual consignó entre otros lo siguiente: a) Que el Juez Ejecutor se personó en las instalaciones del Centro Penitenciario Nacional de Támara, procediendo a requerir al Director de ese centro penal Teniente Coronel JAIME ORLANDO ESPINOZA, a efecto de que le rindiera un informe sobre los extremos señalados en el recurso de exhibición personal, específicamente, sobre la situación del señor JOSE DEL CARMEN AGUILERA MONTOYA, además se le pusiera a la vista dicho privado de libertad. b) Que entrevistó al señor SANTOS ENRIQUE PEREZ FIALLOS, quien le manifestó que según su abogado, y el mismo, la prisión preventiva es vencida y que según él, se debería hacer cambio por una medida menos gravosa, y que por sugerencia de su abogado, se interpuso el recurso de exhibición personal. c) Que habiendo requerido al Director de la Penitenciaria Nacional Támara, éste rindió su informe, en el cual establece que el señor SANTOS ENRIQUE PEREZ FIALLOS, ingresó a la Penitenciaría Nacional el 28 de abril de 2018, por los delitos de Robo de Vehículo y Robo Agravado, en perjuicios de Testigos Protegidos, y que por estos delitos tenia Auto de Formal Procesamiento, estando en calidad de procesado, que según su expediente, había ingresado a ese centro penitenciario en dos ocasiones anteriores. d) Que el Juez Ejecutor, solicitó información sobre el expediente del señor SANTOS ENRIQUE PEREZ FIALLOS al Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, estableciéndose de dicho informe, que se había realizado la Audiencia Inicial en fecha tres de mayo de dos mil dieciocho, decretándose el Auto de Formal Procesamiento, habiéndose presentado recurso de apelación el cual fue declarado NO HA LUGAR en fecha siete de febrero de 2019, el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, recibió las diligencias en fecha 16 de mayo de 2019, siguiendo el trámite normal, y en fecha 31 de junio de 2019, celebró la audiencia de proposición de pruebas, habiéndose señalado Juicio Oral y Público para el 11 de marzo de 2020, la cual no se realizó ya que el fiscal no contaba con los medios para sustentar la acusación, por lo cual se reprogramó la audiencia para el día 15 de abril de 2020, pero por motivos de la Emergencia por la Pandemia del COVID-19, ha sido imposible realizar la misma, sin embargo el Fiscal del Ministerio Público, ha realizado las diligencias para tramitar la ampliación de la Prisión Preventiva, la que está a la espera de que emita la resolución. e) Que el Juez Ejecutor resolvió: “DECLARAR NO HA LUGAR A LA ACCIÓN HABEAS CORPUS interpuesto a favor del privado de libertad SANTOS ENRIQUE PEREZ FIALLOS, y con ello se pudo constatar que no hubo violación de derechos o algún tipo de torturas, vejámenes o malos tratos, mencionados por el mismo, y que según se desprende de los informes tanto de la PENITENCIARÍA NACIONAL DE TÁMARA, DEL TRIBUNAL DE SENTENCIA DE TEGUCIGALPA Y ASÍ COMO EL DEL HONORABLE SALA PENAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA este privado de libertad está legalmente recluido,- Y SE ORDENA A LA SALA TERCERA DEL TRIBUNAL QUE SE CONSTITUYA A FIN DE REVISAR LA MEDIDA CAUTELAR CONFORMM AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN LA LEY PENAL (…)”. (Folios 32 al 37 de recurso)- 4) Que en fecha cuatro de mayo de dos mil veinte, el Juzgado de Letras Penal del Departamento de Francisco Morazán tuvo por recibido el informe del Juez Ejecutor, a la vez se inhibe de seguir conociendo del recurso de mérito, remitiendo las diligencias a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, para que siguiera conociendo del mismo, los que fueron recibidos en fecha siete de mayo de dos mil veinte.- CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia a través de su Sala Constitucional el conocimiento de las acciones de Hábeas Corpus o Exhibición Personal, acorde a lo preceptuado en los artículos 182 y 316 numeral uno de la Constitución de la República, en relación a lo preceptuado en los artículos 3 numeral uno y 13 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, resultando procedente la misma cuando se constate que la persona agraviada se encuentre ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad, o bien, cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción o molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión.- CONSIDERANDO (2): Que la Constitución de la República en el artículo precitado, establece en su literalidad: “El Estado reconoce la garantía de Hábeas Corpus o Exhibición Personal, y de Hábeas Data. En consecuencia en el Hábeas Corpus o Exhibición Personal toda persona agraviada o cualquier otra en nombre de ésta tiene derecho a promoverla; y en el Hábeas Data únicamente puede promoverla la persona cuyos datos personales o familiares consten en los archivos, registros públicos o privados de la siguiente manera: 1) EL HÁBEAS CORPUS O EXHIBICIÓN PERSONAL: a) Cuando se encuentre ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad; y, b) Cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión”…[1]- CONSIDERANDO (3): Que la justicia constitucional tiene por objeto desarrollar las garantías y las defensas del orden jurídico constitucional. En virtud de ello, establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, que sus disposiciones se interpretarán y aplicarán siempre de manera que aseguren una eficaz protección de los derechos humanos y el adecuado funcionamiento de las defensas del orden jurídico constitucional. De igual manera, la justicia constitucional se aplicará e interpretará de conformidad con los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales sobre derechos humanos vigentes en la República de Honduras, tomando en consideración las interpretaciones que de ellos hagan los tribunales internacionales.[2]- CONSIDERANDO (4): Que el Estado de Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (CADH),[3] la que una vez en vigor forma parte del derecho interno[4]; comprometiéndose el Estado a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el artículo 5 el Derecho a la integridad personal y textualmente señala: “1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. 2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano…”. En congruencia a ello, nuestra Carta Magna declara en su artículo 59 que la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado, sosteniendo la obligación de respetarla y protegerla, siendo en consecuencia inviolable la dignidad del ser humano; declaración íntimamente relacionada con el derecho individual que recoge la normativa constitucional en el artículo 68, que textualmente establece: “Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, síquica y moral”.- CONSIDERANDO (5): Que, en ese orden de ideas, señala también la jurisprudencia interamericana en materia de derechos humanos, que toda persona privada de libertad tiene derecho a vivir en condiciones de detención compatibles con su dignidad personal. Esto implica el deber del Estado de salvaguardar la salud y el bienestar de las personas privadas de libertad y de garantizar que la manera y el método de privación de libertad no excedan el nivel inevitable de sufrimiento inherente a la misma. Por ello, con base en el principio de no discriminación, el derecho a la vida de las personas privadas de libertad también implica la obligación del Estado de garantizar su salud física y mental, específicamente mediante la provisión de revisión médica regular y, cuando así se requiera, de un tratamiento médico adecuado, oportuno y, en su caso, especializado y acorde a las especiales necesidades de atención que requieran las personas detenidas en cuestión. Asimismo, el Comité de Derechos Humanos de la ONU ha establecido que cuando los Estados detienen a una persona asumen una especial responsabilidad de su vida, por lo que corresponde asegurar una protección de este derecho, incluyendo la atención médica adecuada, la cual debe ser ofrecida de oficio, sin necesidad de que sea haga un requerimiento especial por parte de quien se encuentra detenido; estándares de derechos humanos que son aplicables en el caso de mérito, dado que no pueden ser objeto de suspensión, aun en caso de estado de emergencia o excepción legalmente decretado.[5]- CONSIDERANDO (6): Que en fecha veintitrés de abril de dos mil veinte, compareció ante el Juzgado de Letras Penal de la ciudad de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, el abogado JOSUE ISRAEL CACERES ALVARADO, interponiendo recurso de habeas corpus a favor del señor SANTOS ENRIQUE PEREZ FIALLOS contra actuaciones del DIRECTOR DE LA PENITENCIARIA NACIONAL “MARCO AURELIO SOTO”, ubicada en Támara, departamento de Francisco Morazán. Ha manifestado que el Sr. PEREZ FIALLOS se encuentra allí recluido sin que hasta la fecha se le ha dictado sentencia, por lo que la prisión preventiva es vencida, no habiéndose tampoco solicitado prórroga; por lo que solicita se le ponga en inmediata libertad, o que se le modifique la medida cautelar impuesta.- CONSIDERANDO (7): Que el Juez Ejecutor nombrado por el Juzgado de Letras Penal de la ciudad de Tegucigalpa, Abogado LUIS ALBERTO SIERRA HERNÁNDEZ, rindió en tiempo y forma su informe, siendo del parecer no haber lugar a la garantía constitucional de habeas corpus así promovida, en vista no deducirse de las diligencias realizadas que hubiere existido violación a los derechos y garantías constitucionales del señor SANTOS ENRIQUE PEREZ FIALLOS; o algún tipo de torturas, vejámenes o malos tratos en su contra; encontrándose el privado de libertad legalmente recluido. No obstante, lo cual dispuso lo siguiente: “(…) SE ORDENA A LA SALA TERCERA DEL TRIBUNAL QUE SE CONSTITUYA A FIN DE REVISAR LA MEDIDA CAUTELAR CONFORMM AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN LA LEY PENAL (…)”; lo cual tuvo como fundamento el haberse señalado audiencia de Juicio Oral y Público para el 11 de marzo de 2020, la cual no se realizó por no contar el fiscal con los medios para sustentar la acusación, por lo cual se reprogramó la audiencia para el día 15 de abril de 2020, la cual fue imposible realizar con motivo en la Emergencia por la Pandemia del COVID-19.- CONSIDERANDO (8): Que, mediante Decreto Legislativo No. 64-2012, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 32,990 de fecha 3 de diciembre del año 2012, se crea la Ley del Sistema Penitenciario Nacional, la que tiene como propósito regular la organización y el funcionamiento del Sistema Penitenciario Nacional, el cual está integrado por: 1) El Instituto Nacional Penitenciario (INP); y, 2) Los Establecimientos Penitenciarios. El Sistema Penitenciario Nacional tiene como fines primordiales inter alia, “la retención y custodia de toda persona detenida, en prisión preventiva o cumpliendo condena privativa de libertad.”[6] La precitada ley determina en el artículo 2 que la actividad penitenciaria se debe desarrollar con las garantías y dentro de los límites establecidos por la Constitución de la República, los Tratados Internacionales ratificados por Honduras, las Leyes, los Reglamentos, y las Sentencias Judiciales. El artículo 3 expresamente prohíbe el someter a las personas privadas de libertad a torturas y cualquier trato cruel, inhumano o degradante u otro lesivo a su dignidad. El artículo 8 enumera las atribuciones que tiene el INP, y de interés a la presente sentencia, las establecidas en el numeral 3 y 17, que consisten en: 3) Velar por la seguridad, atención, custodia, asistencia médica, educativa, laboral u otros servicios inherentes a los fines de la ley, de las personas privadas de libertad a su cargo, en prisión preventiva, cumpliendo penas o medidas de seguridad; y, 17) Coordinar con las autoridades judiciales competentes, los ingresos, traslados y egresos de las personas privadas de libertad a su cargo, de acuerdo a lo establecido en la legislación aplicable y la presente Ley.- CONSIDERANDO (9): Que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha referido que la infracción del derecho a la integridad física y psíquica de las personas varía según los factores endógenos y exógenos que deberán ser demostrados en cada situación concreta;[7] manifestando, a la vez, que: “toda persona privada de libertad tiene derecho a vivir en condiciones de detención compatibles con su dignidad personal y el Estado debe garantizarle el derecho a la vida y a la integridad personal. En consecuencia, el Estado, como responsable de los establecimientos de detención, es el garante de estos derechos de los detenidos…”.[8]- CONSIDERANDO (10): Que como consecuencia de la llegada del COVID-19 al territorio nacional, el Presidente de la República, en Consejo de Ministros, emitió el Decreto Ejecutivo PCM-005-2020, publicado en el Diario oficial La Gaceta No. 3,171 de fecha 1 de febrero del año 2020, mediante el cual se decretó declarar Estado de Emergencia Sanitaria en todo el territorio nacional, con el propósito de continuar y fortalecer las acciones de prevención y control entre otros, para garantizar la atención a las personas ante el posible contagio del virus denominado COVID-19. Posterior a ello, en fecha 16 de marzo del año 2020 se emitió el Decreto Ejecutivo PCM-021-220, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 35,201 de fecha 16 de marzo mediante el cual se decretó la restricción de garantías constitucionales por siete días, restricciones que se han prologando hasta la fecha con el propósito de evitar la propagación del COVID-19. Se debe garantizar, por consiguiente, que las restricciones ordenadas, no vengan a deteriorar aún más, las preexistentes deficiencias de salubridad e higiene en la mayoría de los Centros Penitenciarios; lo cual corresponde al Estado de Honduras garantizar.- CONSIDERANDO (11): Que, de todo ello se sigue de forma categórica el deber del Estado de Honduras de respetar, garantizar y promover el goce y ejercicio de los derechos fundamentales, optimizando así la declaración constitucional de que la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado, que conlleva a la obligatoriedad de su protección y al cumplimiento efectivo de lo establecido en el bloque de convencionalidad, a favor de la persona humana.- CONSIDERANDO (12): Que, en el plano de la legalidad procesal constitucional, el artículo 39 de la Ley Sobre Justicia Constitucional indica los efectos de la procedencia de la garantía de hábeas corpus, existe un deber legal de ordenar el cese de toda restricción, vejamen, trato cruel, inhumano o degradante, amenaza, apremio ilegal o cualquier otra coacción, restricción o molestia innecesaria para la seguridad individual, o para el orden de la prisión, también se podrá ordenar la libertad del agraviado.- CONSIDERANDO (13): Que, en el presente caso, se aprecia del informe rendido por el Juez Ejecutor, que diversas ejecutorias procesales de la defensa técnica, fiscalía del Ministerio Público y del órgano judicial competente, han dado lugar a que la celebración de la audiencia de juicio oral en el caso del señor SANTOS ENRIQUE PEREZ FIALLOS sea postergada en más de una ocasión, atribuyendo las autoridades públicas competentes tal actuar omisivo, a los efectos de la emergencia por la Pandemia COVID-19 en el normal desempeño de la Administración de Justicia. Sin embargo, observa la Sala de lo Constitucional, que para los efectos de Habeas Corpus humanitario, nada obsta para dar cumplimiento a lo que manda la juridicidad. En efecto, examinado el Decreto Ejecutivo nomenclatura PCM-021-2020, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 35,201 de fecha 16 de marzo de los corrientes; ninguna de sus disposiciones constituye impedimento para que los funcionarios y empleados del sector justicia, circulen por todo el territorio nacional, ejerciendo los actos propios de su función constitucional, o los que resulten auxiliares a la misma (actos de comunicación judicial, para el caso), garantizando así el ejercicio de la justicia penal pronta y cumplida, en la medida de las posibilidades fácticas y jurídicas existentes; a diferencia de los demás habitantes, en quienes sí incidiría la restricción temporal en el libre y pleno ejercicio de diversos derechos constitucionales.- CONSIDERANDO (14): Que, por otra parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, emitió la Resolución No. 01/2020 “PANDEMIA Y DERECHOS HUMANOS EN LAS AMERICAS”, en fecha diez de abril del año dos mil veinte, estimando que la pandemia del COVID-19 puede afectar gravemente la plena vigencia de los derechos humanos de la población, en virtud de los serios riesgos para la vida y siendo que es este el derecho humano más afectado por esta pandemia, como consecuencia de una afectación grave y directa del derecho humano a la salud, es ahora el momento de tomar decisiones urgentes que garanticen los derechos fundamentales a la vida, la salud, y a la integridad personal de todas aquellas personas que se encuentren privadas de libertad; particularmente cuando adolezcan de enfermedades crónicas como diabetes Mellitus, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, personas mayores de 60 años, personas que padezcan de enfermedades respiratorias crónicas como neumonía, tuberculosis, VIH y otras enfermedades que debido a su condición inmunológica pongan en riesgo la salud de las Personas privadas de su libertad. Se recomienda, por lo tanto, adoptar medidas para enfrentar el hacinamiento de las unidades de privación de libertad, incluida la reevaluación de los casos de prisión preventiva, para identificar aquellos que pueden ser convertidos en medidas alternativas a la privación de la libertad; dando prioridad a las poblaciones con mayor riesgo de salud frente a un eventual contagio del COVID-19, principalmente las personas mayores y mujeres embarazadas o con hijos lactantes.- CONSIDERANDO (15): Que se ha efectuado el estudio de autos en la presente garantía de Habeas Corpus o Exhibición Personal, así como el informe emitido por el Juez Ejecutor, el cual se aprueba. Considera este Alto Tribunal, que, en cuanto a la petición excarcelatoria planteada directamente por el garantista, a favor del privado de libertad, señor SANTOS ENRIQUE PEREZ FIALLOS, no es de recibo. Sin embargo, si bien del Informe del Juez Ejecutor, tampoco se desprende la subsunción del recurso en alguno de los presupuestos que, para su otorgamiento, precaven los artículos 13 y 24 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; es de aplicabilidad conforme al principio de legalidad y a lo dispuesto en el bloque de constitucionalidad, lo anteriormente manifestado por la Sala, en el sentido que correspondería a la jurisdicción ordinaria resolver planteamientos como el ut supra fundamentado; por lo cual se aprueba también la exhortación realizada por el Juez Ejecutor, en el caso concreto a la SALA TERCERA DEL TRIBUNAL DE SENTENCIA DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN; a efecto de que revise oficiosamente la medida cautelar de prisión preventiva impuesta al procesado, señor SANTOS ENRIQUE PEREZ FIALLOS, con los recaudos de ley pertinentes y en el marco de respeto al principio constitucional de independencia de los jueces y magistrados. Lo anterior deberá tomarse en consideración, cómo efecto útil por el órgano jurisdiccional competente, sin perjuicio la declaratoria NO HA LUGAR de la presente garantía de exhibición personal, o habeas corpus.- POR TANTO: La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 1, 4, 59, 60, 68, 69, 70, 80, 82, 303, 304, 313 atribución 5a. y 316 de la Constitución de la República; 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 5, 25, 27 y 30 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1 de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; 1o., 78 atribución 5ª y 137 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 9, 13, 14, 17, 19, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 38, 39, 72, 119 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: DECLARAR SIN LUGAR EL RECURSO DE EXHIBICIÓN PERSONAL impetrado por el Abogado JOSUÉ ISRAEL CÁCERES ALVARADO, a favor del ciudadano SANTOS ENRIQUE PEREZ FIALLOS, contra actuaciones del DIRECTOR DE LA PENITENCIARIA NACIONAL “MARCO AURELIO SOTO” UBICADA EN TÁMARA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN”, en el sentido aquí motivado. Y MANDA: 1.- Que se notifique al Abogado impetrante de la presente garantía constitucional. 2.- Que notificado que sea el fallo, se certifique y comunique al INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO (INP) para los efectos preventivos de la vida e integridad personal del privado de libertad SANTOS ENRIQUE PEREZ FIALLOS, y a la SALA TERCERA DEL TRIBUNAL DE SENTENCIA DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, a efecto de proceder a revisar la medida cautelar de prisión preventiva que concierne al procesado, señor SANTOS ENRIQUE PEREZ FIALLOS, con los recaudos de ley pertinentes; resolviendo, en el marco de la independencia judicial, lo que resulte en derecho procedente, y; 3.- Procédase, finalmente, al archivo de las presentes diligencias en sede de la SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Redacto La Magistrada Álvarez Sagastume.- Notifiquese.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los quince (15) días del mes de junio del año dos mil veinte (2020), certificación de la Sentencia de fecha tres (3) de junio del año dos mil veinte (2020), recaída en el Recurso de Exhibición Personal, registrado en este Tribunal bajo el número 0342-2020.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1] Ver el artículo 182 de la Constitución de la República.

[2] Ver artículo 2 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, Decreto Legislativo No. 244-2003.

[3] Suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, y entro en vigor en julio de 1978, publicado en La Gaceta No. 22287 del 1 de septiembre de 1977.

[4] Artículo 16, segundo párrafo de la Constitución de la República de Honduras.

[5] Ver: CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Cuadernillo de Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos No. 26: Restricción y suspensión de derechos humanos / Corte Interamericana de Derechos Humanos y Cooperación Alemana (GIZ). -- San José, C.R., 2020. Págs. 150-151.

[6] Artículo 1, último párrafo, de la Ley del Sistema Penitenciario Nacional.

[7] Ver: Caso Loayza Tamayo v. Perú. Sentencia de 17 de septiembre de 1997, párrafo 57.

[8] Caso Cantoral Benavides v. Perú, sentencia de 18 de agosto de 2000, párrafo 87.