Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia EP-339-20 — Registro 10848

Resumen

Se interpuso recurso de exhibición personal interpuesto contra actuaciones de la Directora de la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social, por considerar la peticionaria que la agraviada se encuentra en vulnerabilidad por padecer de enfermedades crónicas y que por su condición inmunológica se pone en riesgo su salud y su vida ante la pandemia del COVID-19.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

... "CONSIDERANDO (7): Que en lo referente a la procedencia de la acción de habeas corpus, el artículo 38 de la Ley Sobre Justicia Constitucional dispone que se declarará con lugar la exhibición personal, cuando se constate la violación de alguno (s) de los supuestos establecidos en los Artículos 13 y 24[3] de esta Ley. En caso contrario se declarará sin lugar. CONSIDERANDO (8): Que, con fundamento en las anteriores consideraciones, esta Sala advierte que no se dan en el presente caso los supuestos establecidos en la ley para el otorgamiento de la presente garantía constitucional, siendo que la privación de la libertad impuesta a la supuesta agraviada ha sido ordenada y cumplida conforme a los requisitos de ley y a las formalidades del proceso, de ahí que no se advierta arbitrariedad, ilegalidad ni abuso en su determinación por parte del órgano jurisdiccional competente. En tal virtud, esta Sala es del criterio, ratificando el parecer del juez ejecutor nombrado al efecto, porque la presente acción de exhibición personal debe ser denegada, al no ser de recibo los argumentos de la recurrente, no cumpliéndose así con los requisitos que la ley exige para declarar la procedencia de esta acción constitucional, al no resultar de lo actuado que se haya dado alguno de los supuestos establecidos en los artículos 13 y 24 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, como ya queda dicho."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, tres de junio de dos mil veinte. VISTO: Para dictar sentencia el recurso de exhibición personal interpuesto por la Abogada CARMEN CARELIA RIVERA RODRÍGUEZ, a favor de la señora CINTHIA MARÍA VALLE BARRIENTOS, contra actuaciones de la DIRECTORA DE LA PENITENCIARÍA NACIONAL FEMENINA DE ADAPTACIÓN SOCIAL, por considerar la peticionaria que la agraviada se encuentra en vulnerabilidad por padecer de enfermedades crónicas y que por su condición inmunológica se pone en riesgo su salud y su vida ante la pandemia del COVID-19. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha veintisiete de abril de dos mil veinte, la Abogada CARMEN CARELIA RIVERA RODRÍGUEZ, compareció ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, presentando Recurso de Exhibición Personal a favor la señora CINTHIA MARÍA VALLE BARRIENTOS, contra actuaciones de la DIRECTORA DE LA PENITENCIARÍA NACIONAL FEMENINA DE ADAPTACIÓN SOCIAL, en vista que según la peticionaria, su representada: “se encuentra privada de su libertad en el Centro Penitenciario Femenino de Adaptación Social “CPFAS” aldea de Támara, Francisco Morazán, desde el 20 de noviembre del dos mil diecinueve y que siendo una persona adulta mayor, su salud se ha deteriorado y siendo proclive por la vulnerabilidad de las condiciones en que se encuentra y la edad a ser contagiada de Epidemia COVID-19, por carecer de los requisitos esenciales para salvaguardar su salud, como el distanciamiento con otros privados de libertad, medicinas, atención médica especializada, agua potable, condiciones higiénicas, distanciamiento como lo recomienda la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD, espacios adecuados, por el hacinamiento en el que se encuentra el Centro Penal, y corre el inminente riesgo de contagio y una muerte inminente y a un contagio masivo,….” (Folios 02 y 03 del recurso). 2) Que, en esa misma fecha, el Juzgado de Letras Penal del Departamento de Francisco Morazán, admitió el recurso de exhibición personal de mérito y nombró como Juez Ejecutor al Abogado JOSÉ ROBERTO IZAGUIRRE SANTOS, Defensor Público de la ciudad de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, a efecto de que constatara de manera inmediata los hechos narrados por la recurrente. (Folios 04 y 05 del recurso) 3) Que a el Abogado JOSÉ ROBERTO IZAGUIRRE SANTOS, actuando en su condición antes indicada, compareció ante el Juzgado de Letras Penal del Departamento de Francisco Morazán, en fecha cuatro de mayo de dos mil veinte, y en el ejercicio de las funciones inherentes a su cargo, rindió el informe correspondiente, en el cual se establece entre otros extremos, lo siguiente: a) Que en fecha veintisiete de abril de dos mil veinte, el Juez Ejecutor se personó en las instalaciones Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social, siendo atendido por su Directora la Comisionada de Policía NOLVIA CRISTINA SORTO, a efecto de que le rindiera un informe sobre los extremos señalados en el recurso de exhibición personal, siendo entregado dicho informe en fecha veintinueve de abril de dos mil veinte, en el cual se establece que la señora CINTHIA MARÍA VALLE BARRIENTOS ingresó a esa Penitenciaría el veinte (20) de noviembre de 2019, por el delito de FACILITACIÓN DE LOCAL PARA EL TRAFICO ILÍCITO DE ESTUPEFACIENTES, en perjuicio de la SALUD DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE HONDURAS, por orden del Juzgado de Letras con Competencia Nacional en Materia Penal, habiéndosele dictado Auto de Formal Procesamiento y la Medida Cautelar de Prisión Preventiva en fecha veinticinco (25) de noviembre dos mil diecinueve (2019). Que la privada de libertad es tratada en ese centro penitenciario por la Doctora Bessy Paola Ávila y asimismo la Doctora Merary Avilés realizó la evaluación para determinar su estado de Salud actual, lográndose establecer de dicha evaluación que la señora CINTHIA MARÍA VALLE BARRIENTOS, cursa la quinta década de su vida, con antecedente patológico personal de diabetes Mellitus tipo 2, controlada con medicamentos, dieta y ejercicio, y que en ese centro se le brindaba la atención médica para controlar su patología de base. En el informe rendido por la directora de la penitenciaría se establece que no consta en su expediente criminológico que la privada de libertad padezca de alguna enfermedad o patología. Que en la Penitenciaría se han tomado varias medidas para evitar el contagio y la propagación del COVID-19, entre ellas prohibir el ingreso de personas ajenas al establecimiento, como ser las visitas de los familiares, pero que se les estaba permitiendo a los familiares llevarles medicamentos, alimentos y otros insumos necesarios, observando las medidas de higienización, habilitándose un espacio físico para las personas que ingresan para su guarda y custodia de primer ingreso, fumigación constante de los espacios físicos, en exterior e interior de las instalaciones con liquido antiséptico, para evitar el contagio del virus, además se creó un protocolo de manejo de privados de libertad para identificar cuando las privadas de libertad están en crisis, estrés y pánico, entre otras medidas sanitarias. b) Que se puso a la vista del Juez Ejecutor a la señora CINTHIA MARÍA VALLE BARRIENTOS, para su respectiva entrevista, manifestando en la misma que padece de diabetes, la cual le fue diagnosticada en la Penitenciaría Nacional Femenina, tomando medicamento el cual es proporcionado por dicho centro, que padecía de hipertensión, pero que casi no tomaba medicamento además de padecer de rinitis. Manifestado además que no recibía golpes ni tratos crueles o inhumanos en la penitenciaría. c) Que el Juez Ejecutor concluyó que en relación a lo peticionado por la impetrante, de revocar la medida de prisión preventiva por resolución suya, es una potestad exclusiva de los órganos jurisdiccionales, pues son los conocedores de la causa, así como de la medida cautelar a imponer, por lo que el Juez Ejecutor resolvió: “Declarar: SIN LUGAR el habeas corpus presentado a favor de la señora CINTHIA MARÍA VALLE BARRIENTOS, por no encontrarse los hechos denunciados dentro de los presupuestos legitimadores de la acción,…” (Folios 16 al 21 de recurso) 4) Que, una vez recibido el informe del Juez Ejecutor, el Juzgado se inhibe de seguir conociendo del recurso de mérito, y ordenó remitir las diligencias a la Sala de lo Constitucional, las cuales fueron recibidas en fecha siete de mayo de dos mil veinte. CONSIDERANDO (1): Que de conformidad con lo establecido en el artículo 182 de la Constitución de la República: “El Estado reconoce la garantía de Hábeas Corpus o de Exhibición Personal. En consecuencia, toda persona agraviada o cualquier otra en nombre de ésta tiene derecho a promoverla: 1º Cuando se encuentre ilegalmente presa, detenida o cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad individual; y 2º Cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción o molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión”. CONSIDERANDO (2): Que la acción de Habeas Corpus o Exhibición Personal tiene por objeto hacer valer los derechos del agraviado ante una detención ilegal o arbitraria y hacer cesar toda conducta o acción encaminada o emergente de una violación de derechos individuales que se lleva a cabo en perjuicio de quien se encuentre o haya sido privado de su libertad. CONSIDERANDO (3): Que, bajo esta premisa, como ya lo ha pronunciado esta Sala en forma reiterada, el Habeas Corpus ha sido establecido con el fin de resguardar la libertad personal frente a la arbitrariedad y establecer remedios eficaces y rápidos para corregir eventuales supuestos de detenciones de la persona, no justificados legalmente o que transcurran en condiciones ilegales. El Habeas Corpus se configura como una comparecencia del detenido ante el Juez, comparecencia de la que proviene etimológicamente la expresión que da nombre al procedimiento[1] y que permite al ciudadano, privado de libertad, exponer sus alegaciones contra las causas de la detención y las condiciones de la misma[2], con el fin que el órgano jurisdiccional que la conoce se pronuncie sobre la conformidad a derecho de la detención. CONSIDERANDO (4): Que, de las actuaciones llevadas a cabo por el Juez Ejecutor designado en el presente trámite, se logró acreditar que la agraviada ha sido imputada por el Ministerio Público ante la supuesta comisión de un delito, habiéndole sido impuesta la medida cautelar de prisión preventiva por autoridad judicial competente, de ahí entonces que la privación de su libertad ha sido dispuesta por la autoridad, dentro de los requerimientos de la ley. El juez ejecutor constató además que la peticionaria no ha sufrido ningún tipo de torturas, malos tratos, vejámenes o exacciones ilegales, ello de acuerdo con lo consignado y verificado por dicho funcionario, el cual ha realizado las acciones pertinentes para constatar tales extremos. CONSIDERANDO (5): Que la pretensión de excarcelación de la recurrente se deriva del hecho que la agraviada ha externado su preocupación ante la propagación en nuestro país del virus COVID19, estimando que su condición de salud actual le hace susceptible a que, de contagiarse de dicho virus, su vida correría peligro, siendo que en el recinto penitenciario en donde se encuentra recluida, las condiciones de salubridad son deficientes. Al respecto, el juez ejecutor nominado logró constatar que en el centro de reclusión femenino se han tomado medidas de bioseguridad recomendadas por las autoridades de salud gubernamentales, como ser el uso obligatorio de mascarillas, el ingreso restringido y controlado de personas, así como acciones de distanciamiento en el interior del recinto. También se informó que las internas han sido instruidas sobre las formas de contagio y de prevención del virus y se ha exigido el uso de equipo sanitario al personal penitenciario. En el caso de la peticionaria, consta de lo informado por el ejecutor, que ha sido sometida a controles médicos, debido a la enfermedad de base que padece, siendo evaluada y tratada por una profesional de la medicina en forma periódica. Dicho lo anterior, si bien esta Sala, asiente que las medidas dispuestas por el centro penal para prevenir el contagio del virus COVID 19 resultan oportunas y deben continuar siendo aplicadas, la Sala reitera su preocupación en torno a las condiciones de hacinamiento que persisten en nuestros centros penales, por lo que considera que deben tomarse acciones apropiadas para mitigar esta situación que sin duda favorece la insalubridad y compromete las medidas de control sanitario que estén siendo o puedan ser aplicadas por las autoridades penitenciarias y el personal de salud, siendo que, sobre todo tratándose de esta particular enfermedad, el distanciamiento social y el aislamiento resultan ser imprescindibles para evitar su propagación. CONSIDERANDO (6): Que en este respecto, resulta meritorio señalar, como ya lo ha señalado esta Sala, que la salud de los privados de libertad en los distintos centros carcelarios y de detención en el país, es responsabilidad del Estado de Honduras, por ende, todos los empleados y funcionarios del orden administrativo, policial y judicial deben tomar todas las medidas que sean necesarias para salvaguardar la vida, salud e integridad física de las personas recluidas, de sus familiares, del personal penitenciario y judicial, y en general de todas las demás personas que, por alguna razón u otra, ingresen o tengan acceso a los mismos, implementando además medidas de control de ingreso apropiadas para evitar la propagación del virus COVID19. Así entonces, esta Sala debe exhortar a las autoridades referidas a que acaten sin reserva ni dilación las instrucciones y recomendaciones que han sido dadas a conocer por las autoridades de salud de la República y además por la Organización Mundial de la Salud en torno a la prevención, cuidado y tratamiento de la pandemia del COVID19, debiéndose hacer valer el mandato constitucional de preservar a la persona humana, así como sus derechos y garantías. CONSIDERANDO (7): Que en lo referente a la procedencia de la acción de habeas corpus, el artículo 38 de la Ley Sobre Justicia Constitucional dispone que se declarará con lugar la exhibición personal, cuando se constate la violación de alguno (s) de los supuestos establecidos en los Artículos 13 y 24[3] de esta Ley. En caso contrario se declarará sin lugar. CONSIDERANDO (8): Que, con fundamento en las anteriores consideraciones, esta Sala advierte que no se dan en el presente caso los supuestos establecidos en la ley para el otorgamiento de la presente garantía constitucional, siendo que la privación de la libertad impuesta a la supuesta agraviada ha sido ordenada y cumplida conforme a los requisitos de ley y a las formalidades del proceso, de ahí que no se advierta arbitrariedad, ilegalidad ni abuso en su determinación por parte del órgano jurisdiccional competente. En tal virtud, esta Sala es del criterio, ratificando el parecer del juez ejecutor nombrado al efecto, porque la presente acción de exhibición personal debe ser denegada, al no ser de recibo los argumentos de la recurrente, no cumpliéndose así con los requisitos que la ley exige para declarar la procedencia de esta acción constitucional, al no resultar de lo actuado que se haya dado alguno de los supuestos establecidos en los artículos 13 y 24 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, como ya queda dicho. POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Constitucional y en aplicación de los artículos 80, 182, 303, 304, 313 atribución 5a. y 316 de la Constitución de la República; 5, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1o., 78 atribución 5a. y 137 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 9, 13, 17, 38, 72, 119 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: 1) DECLARAR SIN LUGAR EL RECURSO DE EXHIBICIÓN PERSONAL del cual se ha hecho mérito, interpuesto por la Abogada CARMEN CARELIA RIVERA RODRÍGUEZ, a favor de la señora CINTHIA MARÍA VALLE BARRIENTOS, contra actuaciones de la DIRECTORA DE LA PENITENCIARÍA NACIONAL FEMENINA DE ADAPTACIÓN SOCIAL; 2) EXHORTAR a la autoridad referida a que acaten sin reserva ni dilación las instrucciones y recomendaciones que han sido dadas a conocer por las autoridades de salud de la República y además por la Organización Mundial de la Salud en torno a la prevención, cuidado y tratamiento de la pandemia del COVID19, debiéndose hacer valer el mandato constitucional de preservar a la persona humana, así como sus derechos y garantías; 3) EXHORTAR a su vez a todos los empleados y funcionarios del orden administrativo, policial y judicial a que tomen todas las medidas que sean necesarias para salvaguardar la vida, salud e integridad física de las personas recluidas en centros penales, de sus familiares, del personal penitenciario y judicial, y en general de todas las demás personas que, por alguna razón u otra, ingresen o tengan acceso a los mismos, implementando además medidas de control de ingreso apropiadas para evitar la propagación del virus COVID19; 4) EXHORTAR a las autoridades penitenciarias y demás autoridades estatales a tomar acciones apropiadas para mitigar el hacinamiento en los centros penitenciarios, adoptando medidas de control sanitario apropiadas, en favor del distanciamiento de personas como medida necesaria para evitar su propagación del virus COVID19; Y MANDA: 1. Que se notifique de la presente sentencia a la peticionaria, por los medios legales que correspondan; 2. Que se remita certificación de este fallo a las siguientes dependencias: i) Juzgado de Letras Penal de Tegucigalpa; ii) Instituto Nacional Penitenciario; y, iii) Dirección de la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social de Támara, departamento de Francisco Morazán; y, se proceda oportunamente al archivo de las presentes diligencias. Redactó el Magistrado EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. NOTIFÍQUESE. Firmas y sello. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA, PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciocho días del mes de junio de dos mil veinte, certificación de la sentencia de fecha tres de junio de dos mil veinte, recaída en el Recurso de Exhibición Personal registrado en este Tribunal con el número SCO-0339-2020.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA

SALA DE LO CONSTITUCIONAL.

[1] Etimológicamente habeas corpus significa tener el cuerpo o presentar el cuerpo

[2] Amparo, Habeas Corpus y Habeas Data. Rubén Flores Dapkevicius

[3] El Artículo 13 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, dispone que el Estado reconoce la garantía de Hábeas Corpus o Exhibición Personal en los siguientes casos: a) Cuando se encuentre ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad; y, b) Cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacciones ilegales y toda coacción, restricción o molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión.

El artículo 24 de la misma ley establece que es ilegal y arbitraria: 1) Toda orden verbal de prisión o arresto, salvo si tiene como finalidad impedir la inminente comisión de un delito, la fuga de quienes hayan participado en aquél o evitar daños graves a las personas o a la propiedad; 2) Toda orden de prisión o arresto que no emane de autoridad competente o que haya sido expedida sin las formalidades legales o por motivos que no hayan sido previamente establecidos en la ley; y, 3) Toda detención o arresto que no se cumpla en los centros destinados para el efecto por el Estado.