Sentencia EP-322-20 — Registro 11155
Resumen
Se interpuso Recurso de Hábeas Corpus o Exhibición Personal contra actuaciones de las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario, manifestando el peticionario que sus representados, se encuentran recluidos en el Primer Batallón De Infantería de Las Fuerzas Armadas de Honduras, ubicado en la aldea El Ocotal y en la Penitenciaría Nacional de Tamara, Francisco Morazán, respectivamente; asimismo, que se ha acreditado ante el Instituto Nacional Penitenciario, los documentos que acreditan sus padecimientos, para que se adopten las medidas necesarias de liberación, en aplicación de antecedentes judiciales y preservación de los Derechos de la Salud que les asiste en el marco de la pandemia del COVID-19.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
CONSIDERANDO (12): Que el artículo 38 de la Ley sobre Justicia Constitucional textualmente dispone: “DE LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN. Se declarará con lugar la exhibición personal, cuando se constate la violación de alguno (s) de los supuestos establecidos en los Artículos 13 y 24 de esta Ley. En caso contrario se declarará sin lugar.” –Énfasis suplido- CONSIDERANDO (13): Que el recurso de Exhibición Personal o Hábeas Corpus procede cuando por actos de la autoridad se vea vulnerado en forma arbitraria el derecho a la libertad individual o personal de los ciudadanos, en contravención a las normas legales y constitucionales establecidas; asimismo, contra aquellos actos de la autoridad pública que atenten contra la integridad física, síquica y moral de los ciudadanos en situación de privación de libertad.– No evidenciándose al tenor de lo dispuesto en el artículo 1 de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, infracción a lo dispuesto en el artículo 13 y 24 de la ley Sobre Justicia Constitucional; estimándose procedente, por tanto, declarar NO HA LUGAR la presente garantía de Hábeas Corpus.
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 13 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 14 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 24 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 38 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 39 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiocho días del mes octubre del dos mil veinte.- VISTA: Para dictar Sentencia en el Recurso de Hábeas Corpus o Exhibición Personal interpuesto por el Abogado GERMAN SALOMON AMADOR BERRIOS, a favor de los Privados de Libertad señores JOSE JACOBO REGALADO WEINZEMBLUT y ANGEL ARNOLDO JUAREZ REYES, contra actuaciones de las autoridades del INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO, manifestando el peticionario que sus representados, se encuentran recluidos en el PRIMER BATALLON DE INFANTERIA DE LAS FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS, ubicado en la aldea El Ocotal y en la PENITENCIARIA NACIONAL DE TAMARA, Francisco Morazán, respectivamente; asimismo, que se ha acreditado ante el Instituto Nacional Penitenciario, los documentos que acreditan sus padecimientos, para que se adopten las medidas necesarias de liberación, en aplicación de antecedentes judiciales y preservación de los Derechos de la Salud que les asiste en el marco de la pandemia del COVID-19, a los señores JOSE JACOBO REGALADO WEINZEMBLUT y ANGEL ARNOLDO JUAREZ REYES.- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha cuatro mayo del año dos mil veinte, mediante correo electrónico recibido en la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, el Abogado GERMAN SALOMON AMADOR BERRIOS, interpuso Acción Constitucional de Hábeas Corpus Correctivo a favor de los señores JOSE JACOBO REGALADO WEINZEMBLUT y ANGEL ARNOLDO JUAREZ REYES, contra actuaciones de las autoridades del INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO, manifestando el peticionario que sus representados, se encuentran recluidos en el PRIMER BATALLON DE INFANTERIA DE LAS FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS, ubicado en la aldea El Ocotal y en la PENITENCIARIA NACIONAL MARCO AURELIO SOTO, ubicada en la aldea de Támara, Francisco Morazán, respectivamente; asimismo, que se ha acreditado ante el Instituto Nacional Penitenciario, los documentos que acreditan sus padecimientos, para que se adopten las medidas necesarias de liberación, en aplicación de antecedentes judiciales y preservación de los Derechos de la Salud que les asiste en el marco de la pandemia del COVID-19, a los señores JOSE JACOBO REGALADO WEINZEMBLUT y ANGEL ARNOLDO JUAREZ REYES. (Folios del 01 al 06 de los autos).- 2) Que en la misma fecha cuatro de mayo del presente año dos mil veinte, la Sala de lo Constitucional, admitió el recurso de exhibición personal de mérito y nombró como Juez Ejecutor al Abogado JACOBO NOEL REYES MATUTE Defensor Público de la ciudad de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, a efecto de requerir de la autoridad recurrida, el informe pertinente dentro del plazo y con las formalidades establecidas en el artículo 26 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; debiendo verificar la existencia o no de los hechos alegados por el recurrente, haciendo cesar de manera inmediata cualquier tormento, tortura, vejamen, exacción ilegal y toda coacción restricción o molestia innecesaria para la seguridad individual de los señores JOSE JACOBO REGALADO WEINZEMBLUT y ANGEL ARNOLDO JUAREZ REYES. (Folio 10 de los autos)- 3) Que el Abogado JACOBO NOEL REYES MATUTE actuando en su condición antes indicada, compareció ante esta Sala de lo Constitucional, en fecha trece de mayo del año dos mil veinte y en el ejercicio de las facultades inherentes a su cargo, rindió el informe correspondiente, en el cual consignó entre otras situaciones lo siguiente: a) Que en fecha cinco de mayo de dos mil veinte, el Juez Ejecutor, se personó en las instalaciones de la Penitenciaría Nacional, ubicada en la Aldea de Támara, Francisco Morazán, solicitando la exhibición del señor ANGEL ARNOLDO JUAREZ REYES, manifestando en la entrevista, que tenía como dos años de estar preso nuevamente, y que antes había estado preso por el mismo caso, que sabía que ya había sido condenado por un delito de homicidio y que no sabía exactamente de cuanto era su condena. Estableció, además, que ese mismo día había estado en el hospital de la penitenciaría para su revisión, y que en dicho hospital le daban sus medicinas y que algunas otras permitían que se las llevara su hija cuando iba de visita. b) Que habiendo sido informado que el señor JOSE JACOBO REGALADO WEINZEMBLUT, se encontraba recluido en el Primer Batallón de Infantería, ubicado en la aldea el Ocotal, Francisco Morazán, el Juez Ejecutor se personó en dichas instalaciones y solicitó que éste le fuera exhibido, quien en la entrevista manifestó que se encontraba recluido desde finales de julio de 2018, por tener un proceso pendiente por delitos en contra de la Administración Pública, asimismo, que padecía de algunas enfermedades, y que le daban atención médica proveniente del Centro Penitenciario de Támara, cada semana y le daban algunas medicinas, que también sus familiares estaban autorizados para llevarles medicamentos, que no tenía problemas con los alimentos, solo que tenía preocupación por la pandemia que se vive actualmente en el país. c) En esa misma fecha, procedió a requerir al Director del mismo, Teniente Coronel JAIME ALBERTO ESPINOZA, a efecto de que rindiera un informe sobre la situación de los señores JOSE JACOBO REGALADO WEINZEMBLUT y ANGEL ARNOLDO JUAREZ REYES. Posteriormente en fecha seis de mayo de dos mil veinte, se comunicó vía teléfono con la Abogada Alba Leticia Suazo, Secretaria Adjunta del Juez Natural que conoce de la causa contra el señor JOSE JACOBO REGALADO WEINZEMBLUT, para que le rindiera un informe a efecto de establecer la situación legal del mismo, dicho informe le fue entregado en esa misma fecha. Luego se trasladó al Juzgado de Letras de Ejecución de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, a efecto de requerir un informe sobre la situación legal del señor ANGEL ARNOLDO JUAREZ REYES. d) De los informes brindados por las autoridades antes mencionadas, se desprende lo siguiente: que el señor JOSE JACOBO REGALADO WEINZEMBLUT, se le instruye proceso judicial junto a otras personas, ante el Juzgado de Letras Natural Designado por la Corte Suprema de Justicia, por los delitos de ABUSO DE AUTORIDAD, FRAUDE Y MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS, en perjuicio de LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA, habiéndosele decretado Auto de Formal Procesamiento en fecha 28 de julio de 2018, imponiéndosele la medida cautelar de prisión preventiva, cumpliendo la misma en el Primer Batallón de Infantería, ubicado en el Ocotal, Francisco Morazán, estando la causa en la Corte de Apelaciones Natural Designada, en virtud de un recurso de apelación interpuesto por los Defensores del señor Regalado Weinzemblut. Según el informe emitido por el Director del Centro Penitenciario Nacional de Támara y el Instituto Nacional Penitenciario, se estableció que el señor JOSE JACOBO REGALADO WEINZEMBLUT, se encuentra recluido desde el 24 de julio de 2018, por la causa anteriormente descrita, por orden del Juzgado de Letras Natural Designado y recluido en el Primer Batallón de Infantería. Que, del requerimiento efectuado a las autoridades penitenciarias, resultó una evaluación médica efectuada por la Doctora Reina Gabriela Aplícano, en el cual se establece que el señor JOSE JACOBO REGALADO WEINZEMBLUT, tiene como antecedentes patológicos, Pre diabetes y apnea del sueño, no tiene hábitos tóxicos, estableciendo en sus conclusiones que el privado de libertad se encontraba en buen estado general de salud, recibiendo la atención médica cuando él lo requiere. Dentro de las medidas de salubridad tomadas para cerrar los puntos de entrada del COVID-19, se estableció la restricción de visitas de los familiares, dándoles charlas educativas a los privados de libertad y en la entrada del anexo se encuentra un área de desinfección y toma de temperatura a todo el personal que ingrese al batallón, lo cual consta al Juez Ejecutor ya que antes de la entrada a dicho centro tomaron todas las medidas antes indicadas. e) Con respecto al señor ANGEL ARNOLDO JUAREZ REYES, establecen que éste se encuentra recluido desde el dos de octubre del año dos mil dieciocho, por orden del Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, siendo condenado a la pena de treinta (30) años de reclusión. Dicho informe se complementa con la evaluación médica solicitada, y realizada por la Doctora Reina Gabriela Aplícano, en el que se establece que el señor ANGEL ARNOLDO JUAREZ REYES, tiene como antecedentes patológicos que padece de Diabetes Mellitus tipo 2, que no tiene hábitos tóxicos, en su examen físico el paciente estuvo lúcido, consiente, orientado y colaborador y en sus conclusiones determinó que el señor ANGEL ARNOLDO JUAREZ REYES, estaba con buen estado general de salud y recibiendo la atención médica cuando él lo requiere, recibiendo sus tratamientos de medicina cada día. Que en cuanto a las medidas de seguridad que se han adoptado para prevención del COVID-19 están, la de restricción de visita de los familiares de los privados de libertad, charlas educativas, área de desinfección y toma de temperatura a todo el personal médico, legal o militar que ingresa a dicho centro penitenciario. f) Que el Juez Ejecutor en base a todo lo expuesto resolvió: (Sic) “1) DECLARA LA NO PROCEDENCIA DE LA ACCION DE EXHIBICION PERSONAL o HABEAS CORPUS, interpuesta por el Abogado German Salomón Amador a favor de los señores José Jacobo Regalado Weinzemblut y Ángel Arnoldo Juárez Reyes, …” (Folios del 34 al 44 de los autos)- CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia a través de su Sala Constitucional el conocimiento de las acciones de Hábeas Corpus o Exhibición Personal, acorde a lo preceptuado en los artículos 182 y 316 numeral uno de la Constitución de la República, en relación a lo preceptuado en los artículos 3 numeral uno y 13 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, resultando procedente la misma cuando se constate que la persona agraviada se encuentre ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad, o bien, cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción o molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión.- CONSIDERANDO (2): Que la Constitución de la República en el artículo precitado, establece en su literalidad: “El Estado reconoce la garantía de Hábeas Corpus o Exhibición Personal, y de Hábeas Data. En consecuencia en el Hábeas Corpus o Exhibición Personal toda persona agraviada o cualquier otra en nombre de ésta tiene derecho a promoverla; y en el Hábeas Data únicamente puede promoverla la persona cuyos datos personales o familiares consten en los archivos, registros públicos o privados de la siguiente manera: 1) EL HÁBEAS CORPUS O EXHIBICIÓN PERSONAL: a) Cuando se encuentre ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad; y, b) Cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión”…[1]- CONSIDERANDO (3): Que la justicia constitucional tiene por objeto desarrollar las garantías constitucionales y las defensas del orden jurídico constitucional, en virtud de ello, en la aplicación de la Ley Sobre Justicia Constitucional, las disposiciones contenidas en la misma, se interpretarán y aplicarán siempre de manera que aseguren una eficaz protección de los derechos humanos y el adecuado funcionamiento de las defensas del orden jurídico constitucional; de igual forma la justicia constitucional se aplicará e interpretará de conformidad con los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales sobre derechos humanos vigentes en la República de Honduras, tomando en consideración las interpretaciones que de ellos hagan los tribunales internacionales[2]. En ese orden de ideas, nuestra Carta Magna declara en su artículo 59 que la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado, teniendo todos la obligación de respetarla y protegerla, siendo en consecuencia inviolable la dignidad del ser humano, declaración íntimamente relacionada con el derecho individual que recoge la misma normativa constitucional en el artículo 68, que textualmente establece: “Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, síquica y moral”.- CONSIDERANDO (4): Que en fecha cuatro de mayo del presente año dos mil veinte, mediante correo electrónico enviado a la Secretaría de la Sala de lo Constitucional, el Abogado German Salomón Amador Berrios, interpuso Garantía de Hábeas Corpus o Exhibición Personal a favor de los Privados de Libertad señores JOSE JACOBO REGALADO WEINZEMBLUT y ANGEL ARNOLDO JUAREZ REYES, contra actuaciones de la Dirección del Instituto Nacional Penitenciario, según el peticionario la situación restrictiva de prisión preventiva en el primer batallón de Infantería con sede en el Ocotal, no se cumple en dicha celda protocolo de salud establecidos por la OMS y el Estado de Honduras; el señor Regalado Weinzemblut, se encuentra recluido en ese lugar sin haberse resuelto la apelación franqueada y vedado toda posibilidad de medidas cautelares alternas a la prisión preventiva, por ello y ante la vulnerabilidad de riesgo por las enfermedades de diabetes, hipertensión arterial y demás, se encuentra expuesto a contagiarse por el COVID-19 y solo en su casa podría ser atendido con las condiciones de salud y atenciones de su familia con medidas cautelares alternas que eviten una degradación mayúscula a su salud y atención de medicamentos. En relación al señor Juárez Reyes, condenado por un delito y restringido en su libertad, por sus padecimientos de Diabetes e Hipertensión Arterial lo hacen vulnerable y expuesto al contagio en un Centro Penal en donde no se observa protocolos de sanidad, ni los implementados por la OMS; consecuencia de ello cabe la procedencia del Hábeas Corpus Correctivo, pues los agraviados se encuentra sometidos a una situación de exposición innecesaria e inadecuada por parte del Instituto nacional Penitenciario, en la privación de libertad que se encuentran cumpliendo. En suma, se pide justicia, para que se corrija de manera inmediata el trato indebido, irrazonable o desproporcionado en prisión por la latente exposición a un contagio o afectación mayor, precaviendo un cambio de lugar como medida necesaria de liberación, para la sustitución de la prisión que perfectamente puede cumplirse con Arresto Domiciliario.- CONSIDERANDO (5): Que en fecha trece de mayo del presente año dos mil veinte, el Juez Ejecutor nombrado por esta Sala de lo Constitucional, para conocer de la garantía constitucional promovida, Abogado Jacobo Noel Reyes Matute, rindió el informe correspondiente, mediante el cual concluye declarar la No Procedencia de la acción de Hábeas Corpus o Exhibición Personal interpuesto, al concluir que de las diligencias pertinentes para la averiguación de los argumentos expuestos en la interposición de la solicitud de Exhibición Personal, con las entrevistas y los informes acreditados por las autoridades requeridas no se han corroborado los extremos alegados por el recurrente, por el contrario se ha verificado el cumplimiento de todas las medidas necesarias que salvaguardan la integridad personal y sobre todo de salud de los exhibidos, que el Instituto nacional Penitenciario a través del Centro Penitenciario Nacional de Tamara encargado de su custodia desde el inicio de la emergencia nacional ha tomado medidas estrictas de bioseguridad para tratar de evitar la entrada o focos de infección de la enfermedad denominada COVID-19, también se ha logrado establecer la situación jurídica sobre los motivos de privación de libertad de los señores José Jacobo Regalado Weinzemblut y Ángel Arnoldo Juárez Reyes.- CONSIDERANDO (6): Que Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos[3], la que una vez en vigor forma parte del derecho interno[4]; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el artículo 5 el Derecho a la integridad personal y textualmente señala: “1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. 2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano…”.- CONSIDERANDO (7): Que, en el ejercicio de sus atribuciones, le corresponde a esta Sala de lo Constitucional conocer de la presente acción, observando como resultado del análisis de los antecedentes, que el Juez Ejecutor nombrado, ha conocido del recurso de Hábeas Corpus y ha resuelto sin demora la garantía constitucional promovida, sin tener en cuenta el tiempo de Pandemia por el esparcimiento del virus COVID-19, que vive actualmente nuestro país y el mundo entero. En ese sentido, se debe mencionar que el Presidente Constitucional de la República, en Consejo de Ministros, emitió el Decreto Ejecutivo PCM-005-2020, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 3,171, de fecha 1 de febrero de 2020, mediante el cual se decretó declarar Estado de Emergencia Sanitaria en todo el territorio nacional, con el propósito de continuar y fortalecer las acciones de prevención y control entre otros, para garantizar la atención a la personas ante el posible contagio del virus denominado COVID-19.- En fecha posterior, el 16 de marzo de 2020, se emitió el Decreto Ejecutivo PCM-021-220, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 35,201, de fecha 16 de marzo de 2020, mediante el cual se decretó la restricción de garantías constitucionales por siete días, restricciones que se han venido extendiendo en el tiempo hasta esta fecha. Se debe mencionar que las restricciones ordenadas, han venido a contribuir aún más, con el deterioro de las ya existentes deficiencias de salubridad e higiene en la mayoría de los centros penitenciarios, por lo que corresponde al Estado de Honduras el garantizar los derechos fundamentales aludidos a la luz de la declaración constitucional que la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado, señalando la obligatoriedad de protegerla.- CONSIDERANDO (8): Que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en fecha diez de abril de dos mil veinte, emitió la Resolución No.01/2020 “PANDEMIA Y DERECHOS HUMANOS EN LA AMERICAS”, estimando que la pandemia del COVID-19 puede afectar gravemente la plena vigencia de los derechos humanos de la población, en virtud de los serios riesgos para la vida, y siendo que el derecho humano afectado por esta pandemia es precisamente el más preciado –la vida- como consecuencia de una afectación grave y directa al derecho humano a la Salud, es ahora el momento de tomar decisiones urgentes que garanticen los derechos fundamentales a la vida, a la salud, y a la integridad personal de todas aquellos personas que se encuentren privadas de libertad, siempre y cuando adolezcan de enfermedades crónicas como diabetes Mellitus, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, personas mayores de 60 años, personas que padezcan de enfermedades respiratorias crónicas como neumonía, tuberculosis, VIH y otras enfermedades que debido a su condición inmunológica pongan en riesgo la salud de las Personas privadas de su libertad. Se recomienda adoptar medidas para enfrentar el hacinamiento de las unidades de privación de libertad incluida la reevaluación de los casos de prisión preventiva para identificar aquellos que pueden ser convertidos en medidas alternativas a la privación de la libertad, dando prioridad a las poblaciones con mayor riesgo de salud frente a un eventual contagio del COVID-19, principalmente las personas mayores y mujeres embarazadas o con hijos lactantes.- CONSIDERANDO (9): Que después de realizado el estudio de los autos que forman la Pieza de la Garantía de Hábeas Corpus o Exhibición Personal y del informe y documentación presentada junto con el mismo, por el Juez Ejecutor nombrado, este Alto Tribunal, observa que los beneficiarios de la presente garantía se encuentran privados de su libertad en virtud de orden emanada de autoridad competente; la revisión de la medida cautelar de la Prisión Preventiva y su posible sustitución por otra medida cautelar en libertad, y la revisión de una condena impuesta mediante sentencia firme, en las que pueda beneficiarse al condenado con una medida de Libertad Condicional u otras establecidas en la ley, no es una situación a ser dilucidada a través de la Garantía Constitucional de Hábeas Corpus o Exhibición Personal, pues los argumentos expuestos por el peticionario no se encuentran enmarcados en las disposiciones constitucionales ut supra relacionadas, ni en el artículo 13 y 15 de la Ley sobre Justicia Constitucional. Aunado a ello de la entrevista personal realizada a los Privados de Libertad expresan que se les está proporcionando el medicamento que requieren y son asistido por personal médico, su temor es en relación al COVID-19; no obstante, a ello, de los informes emitidos se advierte que los Centros Penales están adoptando todas las medidas necesarias para evitar la propagación del COVID-19. Con el objetivo de evitar la propagación del virus, se han impartido charlas informativas a los privados de libertad, para darles a conocer las medidas de bioseguridad, se han restringido las visitas, se han creado áreas de aislamiento, se cuenta con área de desinfección y toma de temperatura a todo el personal médico, legal etc., se están realizando evaluaciones medicas periódicas, entre otras medidas adoptadas que se relacionan en los informes emitidos. En ese orden de ideas, esta Sala de lo Constitucional no desconoce que el Estado como garante de la dignidad de la persona humana y de su bienestar y salud en general, está obligado a proporcionar los medios adecuados de servicios de salud con el fin de proteger el derecho a la vida y la integridad personal de los privados de libertad, tal y como lo ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos.- CONSIDERANDO (10): Que, como corolario de lo anterior, esta Sala concluye que los argumentos expuestos por el recurrente en relación a un cambio de lugar como medida necesaria de libración para la sustitución de la prisión que pueda cumplirse con Arresto Domiciliario, no son situaciones a resolverse a través de la Garantía Constitucional de Hábeas Corpus o Exhibición Personal. Los argumentos del peticionario son cuestiones procesales en relación a la imposición y modificación de la medida cautelar de Prisión Preventiva y Revisión de Condenas Firmes impuesta por autoridad competente, situaciones que son propias de resolverse con la interposición de la Garantía Constitucional de Amparo y de Revisión Penal. No obstante, se hace necesario instruir a las autoridades del Sistema Nacional Penitenciario a mantener las medidas de bioseguridad que le están siendo proporcionadas a los privados de libertad, así como la revisión medida periódica que sus casos ameritan, sin perjuicio de adoptar otras medidas que sean necesarias a efecto de salvaguardar la salud de los peticionarios.- CONSIDERANDO (11): Que la libertad y la seguridad comportan la ausencia de perturbaciones procedentes de medidas tales como la detención y otras similares que, adoptadas arbitraria e ilegalmente, restringen o amenazan la libertad de toda persona de organizar en todo momento y lugar, dentro del territorio nacional, su vida individual y social con arreglo a sus propias convicciones (STC 15/1986, de 31 de enero). Este derecho fundamental, como cualquier otro, no se puede concebir como un derecho absoluto y no susceptible de restricciones, si bien teniendo en cuenta que sólo la Ley podrá establecer los casos y la forma en que aquellas restricciones o privaciones de libertad son posibles[5].- CONSIDERANDO (12): Que el artículo 38 de la Ley sobre Justicia Constitucional textualmente dispone: “DE LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN. Se declarará con lugar la exhibición personal, cuando se constate la violación de alguno (s) de los supuestos establecidos en los Artículos 13 y 24 de esta Ley. En caso contrario se declarará sin lugar.” –Énfasis suplido- CONSIDERANDO (13): Que el recurso de Exhibición Personal o Hábeas Corpus procede cuando por actos de la autoridad se vea vulnerado en forma arbitraria el derecho a la libertad individual o personal de los ciudadanos, en contravención a las normas legales y constitucionales establecidas; asimismo, contra aquellos actos de la autoridad pública que atenten contra la integridad física, síquica y moral de los ciudadanos en situación de privación de libertad.– No evidenciándose al tenor de lo dispuesto en el artículo 1 de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, infracción a lo dispuesto en el artículo 13 y 24 de la ley Sobre Justicia Constitucional; estimándose procedente, por tanto, declarar NO HA LUGAR la presente garantía de Hábeas Corpus. POR TANTO: La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 69, 68, 71, 80, 84, 182, 303, 304, 313 atribución 5a. y 316 de la Constitución de la República; 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 5, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1 de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; 1o., 78 atribución 5ª y 137 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 9, 13, 14, 17, 19, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 38, 39, 72, 119 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: I) DECLARAR NO HA LUGAR EL RECURSO DE HÁBEAS CORPUS O EXHIBICIÓN PERSONAL CORRECTIVO promovido por el Abogado GERMAN SALOMON AMADOR BERRIOS, a favor de los Privados de Libertad señores JOSE JACOBO REGALADO WEINZEMBLUT y ANGEL ARNOLDO JUAREZ REYES, contra actuaciones de las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario, por las razones que se dejan aquí señaladas. II) ORDENA: a) A las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario y al Director del Centro Penitenciario Nacional de Támara, el mantenimiento y cumplimiento de los protocolos y lineamientos de bioseguridad, establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Secretaría de Salud de Honduras, para la prevención y manejo del COVID-19, así como cualesquiera otras medidas que sean necesarias para salvaguardar el derecho a la salud de los privados de libertad, que se encuentren en los Centros de Privación de Libertad, dependientes del Instituto Nacional Penitenciario, con especial énfasis en la población con padecimientos de enfermedades base, por ser más propensos a contagiarse con el COVID-19, u otras enfermedades; mantener las revisiones médicas periódicas y suministro de medicamentos necesarios a los señores JOSE JACOBO REGALADO WEINZEMBLUT y ANGEL ARNOLDO JUAREZ REYES; b) Al Juez de Ejecución de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, proceda de forma inmediata a practicar el Cómputo de la Pena en el Expediente No. 16873-2002, del proceso instruido en contra del señor Ángel Arnoldo Juárez Reyes, por el delito de Homicidio en perjuicio de Martin Carranza Ponce, quien se encuentra en efectiva reclusión en el Centro Penitenciario Nacional de Támara y una vez practicado el Cómputo de la pena, se haga del conocimiento del condenado y de la correspondiente autoridad penitenciaria. III) Para el cumplimiento de esta sentencia la autoridad encargada de la administración del Sistema Penitenciario Nacional debe proceder de inmediato con el acatamiento de las recomendaciones indicadas, a partir de la notificación del presente fallo al recurrente; de igual forma debe proceder el Juez de Ejecución que conoce del expediente del privado de Libertad Ángel Arnoldo Juárez Reyes. El incumplimiento de esta sentencia dará lugar a lo que en derecho corresponda conforme la Ley Sobre Justicia Constitucional. Y MANDA: Que para su efectiva ejecución se notifique el presente fallo a las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario, como ente encargado de la organización, administración y funcionamiento del Sistema Penitenciario Nacional, enviando la correspondiente certificación, asimismo se notifique el presente fallo al Director del Centro Penitenciario Nacional de Támara y al Juez de Ejecución del Juzgado de Letras de Ejecución de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán; asimismo se notifique esta sentencia, a la defensa de los Privados de Libertad señores JOSE JACOBO REGALADO WEINZEMBLUT y ANGEL ARNOLDO JUAREZ REYES y una vez notificada y firme la presente sentencia, se proceda a su archivo en esta Sala de lo Constitucional. Redactó la Magistrada Reina Auxiliadora Hercules Rosa.- NOTIFÍQUESE.-
Firmas y Sello. Abogado JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE.- RINA AUXILIADORA ALVARADO MORENO.- EDGARDO CÁCERES CASTELLANOS.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los siete (7) días del mes de diciembre del año dos mil veinte (2020), certificación de la Sentencia de fecha veintiocho (28) de octubre del año dos mil veinte (2020), recaída en el Recurso de Exhibición Personal, registrado en este Tribunal bajo el número 0322-2020.
Y para ser entregada al DIRECTOR DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO (INP)/DIRECTOR DEL CENTRO PENITENCIARIO NACIONAL “MARCO AURELIO SOTO”, UBICADO EN TÁMARA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN/JUZGADO DE EJECUCIÓN DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, de conformidad a lo ordenado en la presente Sentencia, se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los siete (7) días del mes de diciembre del año dos mil veinte (2020), certificación de la Sentencia de fecha veintiocho (28) de octubre del año dos mil veinte (2020), recaída en el Recurso de Exhibición Personal, registrado en este Tribunal bajo el número 0322-2020.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1] Ver el artículo 182 de la Constitución de la República.
[2] Ver artículo 2 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, Decreto Legislativo No. 244-2003.
[3] Suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, y entro en vigor en julio de 1978, publicado en La Gaceta No. 22287 del 1 de septiembre de 1977.
[4] Artículo 16, segundo párrafo de la Constitución de la República de Honduras.
[5] Antonio Zárate Conde (Coordinador) et al, Derecho Constitucional, Obra adaptada al temario de oposición para el acceso a la Carrera Judicial y Fiscal, Citando la sentencia del Tribunal Constitucional español STC 178/1985 de 19 de diciembre. Editorial Universitaria Ramón Areces, S.A. Primera Edición: febrero 2018, Madrid, España. Pág. 135.