Sentencia EP-318-20 — Registro 10734
Resumen
Se interpuso Recurso de Exhibición Personal contra actuaciones del Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional En Materia Penal y La Dirección del Instituto Nacional Penitenciario (INP); manifestando las peticionarias, que dadas las circunstancias personales de salud de los imputados, la situación de calamidad pública que se vive en los actuales momentos (por la pandemia de COVID-19 que ha causado miles de muertes a nivel mundial, y más de 20, hasta ahora, en nuestro territorio), existen otras medidas menos gravosas con las cuales el órgano jurisdiccional puede garantizar los fines y objetivos de las medidas cautelares
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO (12): Que el artículo 38 de la Ley sobre Justicia Constitucional textualmente dispone: “DE LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN. Se declarará con lugar la exhibición personal, cuando se constate la violación de alguno (s) de los supuestos establecidos en los Artículos 13 y 24 de esta Ley. En caso contrario se declarará sin lugar.” –Énfasis suplido- CONSIDERANDO (13): Que el recurso de Exhibición Personal o Hábeas Corpus procede cuando por actos de la autoridad se vea vulnerado en forma arbitraria el derecho a la libertad individual o personal de los ciudadanos, en contravención a las normas legales y constitucionales establecidas; asimismo, contra aquellos actos de la autoridad pública que atenten contra la integridad física, síquica y moral de los ciudadanos en situación de privación de libertad.– no evidenciándose al tenor de lo dispuesto en el artículo 1 de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, infracción a lo dispuesto en el artículo 13 y 24 de la ley Sobre Justicia Constitucional; estimándose procedente, por tanto, declarar NO HA LUGAR la presente garantía de Hábeas Corpus.”
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 38 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los tres días del mes de junio del año dos mil veinte.- VISTA: Para dictar Sentencia en el Recurso de Exhibición Personal interpuesto por las abogadas RITZA YOLANDA ANTUNES REYES Y DORIS IMELDA MADRID ZERON, a favor de los señores RIGOBERTO BENITEZ GUERRA Y AMANDA EDITH PALMA BARNICA, contra actuaciones del JUZGADO DE LETRAS CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL EN MATERIA PENAL y la DIRECCIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO (INP); manifestando las peticionarias, que dadas las circunstancias personales de salud de los imputados, la situación de calamidad pública que se vive en los actuales momentos (por la pandemia de COVID-19 que ha causado miles de muertes a nivel mundial, y más de 20, hasta ahora, en nuestro territorio), existen otras medidas menos gravosas con las cuales el órgano jurisdiccional puede garantizar los fines y objetivos de las medidas cautelares. Conforme a la doctrina jurisprudencial de la Corte IDH, puede concluirse que la prisión preventiva, impuesta a los señores Rigoberto Benítez Guerra y Amanda Edith Palma, en las circunstancias actuales, ya no es compatible con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ni con la Constitución de la República. aunado a lo anterior como se acredita con las respectivas certificaciones médicas nuestros representados adolecen de enfermedades que les vuelven altamente vulnerables e irremisiblemente le conducirán a la muerte en caso de ser contagiados por el COVID-19.- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha diez (10) de abril del año dos mil veinte (2020), comparecieron ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, las abogadas RITZA YOLANDA ANTUNES REYES Y DORIS IMELDA MADRID ZERON, interponiendo acción de Hábeas Corpus o Exhibición Personal a favor de los señores RIGOBERTO BENITEZ GUERRA Y AMANDA EDITH PALMA BARNICA, manifestando las peticionarias, que dadas las circunstancias personales de salud de los imputados, la situación de calamidad pública que se vive en los actuales momentos (por la pandemia de COVID-19 que ha causado miles de muertes a nivel mundial, y más de 20, hasta ahora, en nuestro territorio), existen otras medidas menos gravosas con las cuales el órgano jurisdiccional puede garantizar los fines y objetivos de las medidas cautelares. Conforme a la doctrina jurisprudencial de la Corte IDH, puede concluirse que la prisión preventiva, impuesta a los señores Rigoberto Benítez Guerra y Amanda Edith Palma, en las circunstancias actuales, ya no es compatible con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ni con la Constitución de la República. aunado a lo anterior como se acredita con las respectivas certificaciones médicas nuestros representados adolecen de enfermedades que les vuelven altamente vulnerables e irremisiblemente le conducirán a la muerte en caso de ser contagiados por el COVID-19. (Folios del 2 al 17 de los autos)- 2) Que, en la misma fecha, el citado Juzgado admitió la garantía constitucional relacionada y, en consecuencia, nombró como Juez Ejecutora a la abogada CLAUDIA ANABELLA PEREIRA, a efecto que rindiera el informe correspondiente, en relación a los extremos alegados por las peticionarias. (Folios 23 y 24fv de los autos)- 3) Que en fecha veinticuatro (24) de abril del año dos mil veinte (2020), la Juez Ejecutora compareció ante el mencionado Juzgado, y en el ejercicio de las facultades inherentes a su cargo, rindió el informe correspondiente, consignando entre otros extremos, lo siguiente: A) Que según el informe rendido por las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario (INP), se pudo constatar: que la señora AMANDA EDITH PALMA BARNICA, se encuentra recluida en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), en Támara, departamento de Francisco Morazán, por orden del Juzgado de Letras con Competencia Nacional Territorial; su condición jurídica es de procesada; se encuentra en hogar seis (6), con la población privada de libertad que padece de patologías crónicas y que son de tercera edad; recibe los alimentos necesarios para una dieta equilibrada; tiene tiempo libre en la mañana, todos los días; se le han prestado servicios médicos dentro del centro penitenciario, las veces que han sido solicitados, y; se le facilita el ingreso de medicamentos que necesita, para el tratamiento de sus enfermedades crónicas. En cuanto al señor RIGOBERTO BENITEZ GUERRA, informan: que se encuentra recluido en el Centro Nacional Penitenciario de Támara, departamento de Francisco Morazán, en el módulo de diagnóstico, por orden del Juzgado de Letras con Competencia Nacional Territorial; su condición jurídica es de procedo; que se le ha garantizado sus tres (3) tiempos de comida; tiene tiempo libre fuera del módulo; se ha reforzado el equipo médico con el fin de poder contar con atención médica para poder prestar los servicios de salud dentro del Centro Penitenciario; que al momento de hacérsele su examen físico, no presenta sintomatología respiratoria, y; como medida de seguridad, le han proporcionado con mascarillas quirúrgicas, tiene limitada las visitas de familiares, pero se le da el ingreso a los medicamentos que estos le traen; B) Del mismo informe rendido por el Instituto Nacional Penitenciario (INP), también se pudo constatar, que se están implementando las siguientes medidas de bioseguridad: al ingresar cualquier persona, se realiza la desinfección al rociarlo con solución desinfectante en sus ropas y extremidades; se realiza una evaluación médica por parte del personal de salud del centro penitenciario, en donde si encuentras sintomatología de COVID-19, no se les permite el ingreso; se realiza la desinfección completa de vehículos; a los recién ingresados se les asigna a la sala de aislamiento por un tiempo y se les realiza una evaluación médica diaria; han brindado a los detenidos cloro, jabón, toallas de papel, guantas, y se les brinda charlas educativas periódicamente en el tema COVID-19 con el fin de mantenerles informados sobre esta enfermedad y que puedan tomar las medidas de prevención pertinentes; C) Que en fecha catorce (14) de abril de dos mil veinte (2020), se constituyó en las instalaciones del Centro Nacional Penitenciario de Támara, departamento de Francisco Morazán, para entrevistarse con el señor RIGOBERTO BENITEZ GUERRA, quien le manifestó: que padece de hipertensión y diabetes; que no ha tenido acceso a su medicamento; que ha intentado ir al hospital, pero no ha podido porque están en reuniones; que se encuentra privado de libertad por una injusticia y no les han dado el derecho de defenderse en libertad, y; que se encuentran en una situación de hacinamiento y no les han dotado de mascarillas y gel. En la misma fecha, se constituyó en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), para entrevistarse con la señora AMANDA EDITH PALMA BARNICA, quien le manifestó: que tiene cinco (5) meses de estar detenida; que comparte habitación con su hija; que es diabética, hipertensa y tiene problemas de colon; la medicina se la traen de afuera; el hacinamiento en dicho centro es tremendo, no hay limitación de llamadas, pero el teléfono esta malo; D) Que del informe rendido por el Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional Territorial, se puede constatar: que en fecha veintidós (22) de noviembre de dos mil diecinueve (2019), se presentó un requerimiento fiscal contra los señores RIGOBERTO BENITEZ GUERRA, AMANDA EDITH PALMA BARNICA Y OTROS, por suponerlos responsables del delito de LAVADO DE ACTIVOS, en perjuicio de la ECONOMÍA DEL ESTADO DE HONDURAS; que en fecha veintinueve (29) de noviembre de dos mil diecinueve (2019), se les decretó auto de formal procesamiento y se les impuso la medida cautelar de prisión preventiva, mismo que hasta la fecha aún no se encuentra vencido, y; que en fecha cuatro (4) de diciembre de dos mil diecinueve, las abogadas defensoras presentaron recurso de apelación, mismo que se encuentra en trámite; E) En vista de todo lo expuesto anteriormente, la Juez Ejecutora Resolvió: (Sic) “DECLARA NO HA LUGAR la Acción de Habeas Corpus o Exhibición Personal, interpuesta por las abogadas RITZA YOLANDA ANTUNES REYES Y DORIS IMELDA MADRID ZERON en fecha diez de abril del año dos mil veinte a favor de la señora AMANDA EDITH PALMA BARNICA y el señor RIGOBERTO BENITEZ GUERRA, en virtud de que en fecha 29 de noviembre de 2019 se realizó audiencia inicial en la cual se les decreto AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO y la media cautelar contenida en el artículo 173 numeral 3 del Código Procesal Penal, consistente en la PRISION PREVENTIVA, como consecuencia de la reforma al artículo 184 del Código Procesal Penal, del Decreto 56-2013, que prohíbe la sustitución de la medida de la Prisión Preventiva por otra medida cautelar en los delitos cometidos por miembros del crimen organizado, entre ellos el delito de LAVADO DE ACTIVOS; así mismo de los informes presentados, la visita y entrevista realizada a la señora AMANDA EDITH PALMA BARNICA y el señor RIGOBERTO BENITEZ GUERRA no se pudo constatar que su situación dentro de los centros respectivos pueda enmarcarse en los preceptos de tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda clase de coacción, restricción o molestias innecesarias para su seguridad individual o para el orden de la prisión….” (Folios del 63 al 78 de los autos)- 4) Que mediante Auto de fecha veintisiete de abril del año dos mil veinte, el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, resolvió tener por recibido el Informe presentado por la Juez Ejecutora, asimismo se inhibió de seguir conociendo las diligencias, ordenando la remisión de los antecedentes contentivos de la Garantía de Hábeas Corpus, a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. (Folio 146fv de los autos)- CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia a través de su Sala Constitucional el conocimiento de las acciones de Hábeas Corpus o Exhibición Personal, acorde a lo preceptuado en los artículos 182 y 316 numeral uno de la Constitución de la República, en relación a lo preceptuado en los artículos 3 numeral uno y 13 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, resultando procedente la misma cuando se constate que la persona agraviada se encuentre ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad, o bien, cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción o molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión.- CONSIDERANDO (2): Que la Constitución de la República en el artículo precitado, establece en su literalidad: “El Estado reconoce la garantía de Hábeas Corpus o Exhibición Personal, y de Hábeas Data. En consecuencia en el Hábeas Corpus o Exhibición Personal toda persona agraviada o cualquier otra en nombre de ésta tiene derecho a promoverla; y en el Hábeas Data únicamente puede promoverla la persona cuyos datos personales o familiares consten en los archivos, registros públicos o privados de la siguiente manera: 1) EL HÁBEAS CORPUS O EXHIBICIÓN PERSONAL: a) Cuando se encuentre ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad; y, b) Cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión”…[1]- CONSIDERANDO (3): Que la justicia constitucional tiene por objeto desarrollar las garantías constitucionales y las defensas del orden jurídico constitucional, en virtud de ello, en la aplicación de la Ley Sobre Justicia Constitucional, las disposiciones contenidas en la misma, se interpretarán y aplicarán siempre de manera que aseguren una eficaz protección de los derechos humanos y el adecuado funcionamiento de las defensas del orden jurídico constitucional; de igual forma la justicia constitucional se aplicará e interpretará de conformidad con los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales sobre derechos humanos vigentes en la República de Honduras, tomando en consideración las interpretaciones que de ellos hagan los tribunales internacionales[2]. En ese orden de ideas, nuestra Carta Magna declara en su artículo 59 que la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado, teniendo todos la obligación de respetarla y protegerla, siendo en consecuencia inviolable la dignidad del ser humano, declaración íntimamente relacionada con el derecho individual que recoge la misma normativa constitucional en el artículo 68, que textualmente establece: “Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, síquica y moral”.- CONSIDERANDO (4): Que en fecha diez de abril del presente año dos mil veinte, comparecieron ante el Juzgado de Letras penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, las Abogadas Ritza Yolanda Antunes Reyes y Doris Imelda Madrid Zeron, interponiendo Garantía de Hábeas Corpus o Exhibición Personal a favor de los Privados de Libertad señores RIGOBERTO BENITEZ GUERRA y AMANDA EDITH PALMA BARNICA, contra actuaciones del Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal y la Dirección del Instituto nacional Penitenciario, según las peticionarias dadas las circunstancias personales de salud de los imputados, la situación de calamidad pública que se vive en los actuales momentos (por la pandemia de COVID-19 que ha causado miles de muertes a nivel mundial, y más de 20, hasta ahora, en nuestro territorio), existen otras medidas menos gravosas con las cuales el órgano jurisdiccional puede garantizar los fines y objetivos de las medidas cautelares. Conforme a la doctrina jurisprudencial de la Corte IDH, puede concluirse que la prisión preventiva, impuesta a los señores Rigoberto Benítez Guerra y Amanda Edith Palma, en las circunstancias actuales, ya no es compatible con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ni con la Constitución de la República. aunado a lo anterior como se acredita con las respectivas certificaciones médicas nuestros representados adolecen de enfermedades que les vuelven altamente vulnerables e irremisiblemente le conducirán a la muerte en caso de ser contagiados por el COVID-19.- CONSIDERANDO (5): Que en fecha veinticuatro de abril del presente año dos mil veinte, la Juez Ejecutora nombrada a prevención por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, para conocer de la garantía constitucional promovida, Abogada Claudia Anabelle Pereira Flores, rindió el informe correspondiente, mediante el cual concluye declarar No Ha Lugar la acción de Hábeas Corpus interpuesto, al concluir que los privados de libertad señores Rigoberto Benítez Guerra y Amanda Edith Palma Barnica, se encuentran cumpliendo medida cautelar de Prisión Preventiva, como consecuencia del Auto de Formal Procesamiento dictado en su contra en fecha 29 de noviembre del año 2019, por el delito de Lavado de Activos, no constatando asimismo, que los Privados de Libertad sean víctimas de tratos crueles al interior de los Centros Penitenciarios.- CONSIDERANDO (6): Que Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos[3], la que una vez en vigor forma parte del derecho interno[4]; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el artículo 5 el Derecho a la integridad personal y textualmente señala: “1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. 2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano…”.- CONSIDERANDO (7): Que, en el ejercicio de sus atribuciones, le corresponde a esta Sala de lo Constitucional conocer de la presente acción, observando como resultado del análisis de los antecedentes, que la Juez Ejecutora nombrada, ha conocido del recurso de Hábeas Corpus y ha resuelto como si se tratara de un procedimiento más, sin tener en cuenta el tiempo de Pandemia por el esparcimiento del virus COVID-19, que vive actualmente nuestro país y el mundo entero. En ese sentido, se debe mencionar que el Presidente Constitucional de la República, en Consejo de Ministros, emitió el Decreto Ejecutivo PCM-005-2020, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 3,171, de fecha 1 de febrero de 2020, mediante el cual se decretó declarar Estado de Emergencia Sanitaria en todo el territorio nacional, con el propósito de continuar y fortalecer las acciones de prevención y control entre otros, para garantizar la atención a la personas ante el posible contagio del virus denominado COVID-19.- En fecha posterior, el 16 de marzo de 2020, se emitió el Decreto Ejecutivo PCM-021-220, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 35,201, de fecha 16 de marzo de 2020, mediante el cual se decretó la restricción de garantías constitucionales por siete días, restricciones que se han venido extendiendo en el tiempo hasta esta fecha. Se debe mencionar que las restricciones ordenadas, han venido a contribuir aún más, con el deterioro de las ya existentes deficiencias de salubridad e higiene en la mayoría de los centros penitenciarios, por lo que corresponde al Estado de Honduras el garantizar los derechos fundamentales aludidos a la luz de la declaración constitucional que la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado, señalando la obligatoriedad de protegerla.- CONSIDERANDO (8): Que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en fecha diez de abril de dos mil veinte, emitió la Resolución No.01/2020 “PANDEMIA Y DERECHOS HUMANOS EN LA AMERICAS”, estimando que la pandemia del COVID-19 puede afectar gravemente la plena vigencia de los derechos humanos de la población, en virtud de los serios riesgos para la vida, y siendo que el derecho humano afectado por esta pandemia es precisamente el más preciado –la vida- como consecuencia de una afectación grave y directa al derecho humano a la Salud, es ahora el momento de tomar decisiones urgentes que garanticen los derechos fundamentales a la vida, a la salud, y a la integridad personal de todas aquellos personas que se encuentren privadas de libertad, siempre y cuando adolezcan de enfermedades crónicas como diabetes Mellitus, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, personas mayores de 60 años, personas que padezcan de enfermedades respiratorias crónicas como neumonía, tuberculosis, VIH y otras enfermedades que debido a su condición inmunológica pongan en riesgo la salud de las Personas privadas de su libertad. Se recomienda adoptar medidas para enfrentar el hacinamiento de las unidades de privación de libertad incluida la reevaluación de los casos de prisión preventiva para identificar aquellos que pueden ser convertidos en medidas alternativas a la privación de la libertad, dando prioridad a las poblaciones con mayor riesgo de salud frente a un eventual contagio del COVID-19, principalmente las personas mayores y mujeres embarazadas o con hijos lactantes.- CONSIDERANDO (9): Que después de realizado el estudio de los autos que forman la Pieza de la Garantía de Hábeas Corpus o Exhibición Personal y del informe y documentación presentada junto con el mismo, por la Juez Ejecutora nombrada, este Alto Tribunal, observa que los beneficiarios de la presente garantía se encuentran privados de su libertad en virtud de orden emanada de autoridad competente; la revisión de la medida cautelar de la Prisión Preventiva y su posible sustitución por otra medida cautelar en libertad, no es una situación a ser dilucidada a través de la Garantía Constitucional de Hábeas Corpus o Exhibición Personal, pues los argumentos expuestos por las peticionarias no se encuentran enmarcados en las disposiciones constitucionales ut supra relacionadas, ni en el artículo 13 de la Ley sobre Justicia Constitucional. Aunado a ello de la entrevista personal realizada a los Privados de Libertad expresan que su temor es en relación al COVID-19; no obstante, a ello de los informes emitidos se advierte que los Centros Penales están adoptando todas las medidas necesarias para evitar la propagación del COVID-19 al interior de los recintos penales. Con el objetivo de evitar la propagación del virus, se han impartido charlas informativas, los Privados de Libertad han recibido los insumos de higiene, se ha prohibido el ingreso de personas ajenas a los establecimientos penitenciarios, se han creado áreas de aislamiento, se ha fumigado todos los espacios físicos, se están realizando evaluaciones medicas periódicas, desinfección de productos alimenticios que llevan los familiares, entre otras medidas adoptadas que se relacionan en los informes emitidos. En ese orden de ideas, esta Sala de lo Constitucional no desconoce que el Estado como garante de la dignidad de la persona humana y de su bienestar y salud en general, está obligado a proporcionar los medios adecuados de servicios de salud con el fin de proteger el derecho a la vida y la integridad personal de los privados de libertad, tal y como lo ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos.- CONSIDERANDO (10): Que, como corolario de lo anterior, esta Sala concluye que los argumentos expuestos por las recurrentes a saber: a) La idoneidad de una medida cautelar impuesta en un proceso; y, b) Proporcionalidad de la medida cautelar impuesta; no son situaciones a resolverse a través de la Garantía Constitucional de Hábeas Corpus o Exhibición Personal. Los argumentos de las peticionarias son cuestiones procesales en relación a la imposición y modificación de la medida cautelar de Prisión Preventiva, situaciones que son propias de resolverse con la interposición de la Garantía Constitucional de Amparo, o bien ante la autoridad administrativa correspondiente en relación a las actuaciones de los funcionarios judiciales contrarias a la ley.- CONSIDERANDO (11): Que la libertad y la seguridad comportan la ausencia de perturbaciones procedentes de medidas tales como la detención y otras similares que, adoptadas arbitraria e ilegalmente, restringen o amenazan la libertad de toda persona de organizar en todo momento y lugar, dentro del territorio nacional, su vida individual y social con arreglo a sus propias convicciones (STC 15/1986, de 31 de enero). Este derecho fundamental, como cualquier otro, no se puede concebir como un derecho absoluto y no susceptible de restricciones, si bien teniendo en cuenta que sólo la Ley podrá establecer los casos y la forma en que aquellas restricciones o privaciones de libertad son posibles[5].- CONSIDERANDO (12): Que el artículo 38 de la Ley sobre Justicia Constitucional textualmente dispone: “DE LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN. Se declarará con lugar la exhibición personal, cuando se constate la violación de alguno (s) de los supuestos establecidos en los Artículos 13 y 24 de esta Ley. En caso contrario se declarará sin lugar.” –Énfasis suplido- CONSIDERANDO (13): Que el recurso de Exhibición Personal o Hábeas Corpus procede cuando por actos de la autoridad se vea vulnerado en forma arbitraria el derecho a la libertad individual o personal de los ciudadanos, en contravención a las normas legales y constitucionales establecidas; asimismo, contra aquellos actos de la autoridad pública que atenten contra la integridad física, síquica y moral de los ciudadanos en situación de privación de libertad.– no evidenciándose al tenor de lo dispuesto en el artículo 1 de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, infracción a lo dispuesto en el artículo 13 y 24 de la ley Sobre Justicia Constitucional; estimándose procedente, por tanto, declarar NO HA LUGAR la presente garantía de Hábeas Corpus. POR TANTO: La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 69, 68, 71, 80, 84, 182, 303, 304, 313 atribución 5a. y 316 de la Constitución de la República; 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 5, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1 de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; 1o., 78 atribución 5ª y 137 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 9, 13, 14, 17, 19, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 38, 39, 72, 119 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: DECLARAR NO HA LUGAR EL RECURSO DE HÁBEAS CORPUS O EXHIBICIÓN PERSONAL promovido por las Abogadas RITZA YOLANDA ANTUNES REYES y DORIS IMELDA MADRID ZERON, a favor de los Privados de Libertad señores RIGOBERTO BENITEZ GUERRA y AMANDA EDITH PALMA BARNICA, contra actuaciones del Juzgado de letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal y la Dirección del instituto Nacional Penitenciario, por las razones que se dejan aquí señaladas. Y MANDA: 1.- Que se notifique esta sentencia, a la defensa de los Privados de Libertad señores RIGOBERTO BENITEZ GUERRA y AMANDA EDITH PALMA BARNICA. 2.-Que una vez notificada y firme la presente sentencia, se proceda al archivo de las diligencias en esta Sala de lo Constitucional. Redactó la Magistrada Reina Auxiliadora Hercules Rosa. NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diez (10) días del mes de junio del año dos mil veinte (2020), certificación de la Sentencia de fecha tres (3) de junio del año dos mil veinte (2020), recaída en el Recurso de Exhibición Personal, registrado en este Tribunal bajo el número 0318-2020.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1] Ver el artículo 182 de la Constitución de la República.
[2] Ver artículo 2 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, Decreto Legislativo No. 244-2003.
[3] Suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, y entro en vigor en julio de 1978, publicado en La Gaceta No. 22287 del 1 de septiembre de 1977.
[4] Artículo 16, segundo párrafo de la Constitución de la República de Honduras.
[5] Antonio Zárate Conde (Coordinador) et al, Derecho Constitucional, Obra adaptada al temario de oposición para el acceso a la Carrera Judicial y Fiscal, Citando la sentencia del Tribunal Constitucional español STC 178/1985 de 19 de diciembre. Editorial Universitaria Ramón Areces, S.A. Primera Edición: febrero 2018, Madrid, España. Pág. 135.