Sentencia EP-314-20 — Registro 10732
Resumen
Se interpuso Recurso de Exhibición Personal contra actuaciones del Director del Centro Penitenciario de la Ciudad de La Ceiba, Departamento de Atlántida; manifestando la peticionaria, que su representado se encuentra en una situación de detención ilegal, alto riego y peligro a su vida. Situación que, a criterio de la peticionaria, violenta en perjuicio de su representado, los derechos contenidos en los artículos 59, 60, 65, 82, 87, 90 y 145 de la Constitución de la República, y; 1, 2, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO (8): Que en lo referente a la procedencia de la acción de habeas corpus, el artículo 38 de la Ley Sobre Justicia Constitucional dispone que se declarará con lugar la exhibición personal, cuando se constate la violación de alguno (s) de los supuestos establecidos en los Artículos 13 y 24 de esta Ley. En caso contrario se declarará sin lugar.-CONSIDERANDO (9): Que con fundamento en las anteriores consideraciones, al no cumplirse los supuestos establecidos en el artículo 38 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, de acuerdo con el parecer del juez ejecutor nombrado al efecto, esta Sala es del criterio porque la presente acción de exhibición personal debe ser denegada, al resultar infundados los argumentos de la recurrente, no cumpliéndose así con los requisitos que la ley exige para declarar la procedencia de esta acción constitucional, pues no se ha verificado violación alguna de derechos en perjuicio de las personas consideradas agraviadas, no constando de lo actuado que se haya dado alguno de los supuestos establecidos en los artículos 13 y 24 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.”
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 13 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 24 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 38 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, trece de mayo de dos mil veinte.-VISTA: Para dictar Sentencia en el Recurso de Exhibición Personal interpuesto por la abogada BRENDA JANETH CRUZ HERNANDEZ, a favor del señor LINDOM BYMES FAGOT COLOMER, contra actuaciones del DIRECTOR DEL CENTRO PENITENCIARIO DE LA CIUDAD DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA; manifestando la peticionaria, que su representado se encuentra en una situación de detención ilegal, alto riego y peligro a su vida. Situación que, a criterio de la peticionaria, violenta en perjuicio de su representado, los derechos contenidos en los artículos 59, 60, 65, 82, 87, 90 y 145 de la Constitución de la República, y; 1, 2, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos.-ANTECEDENTES.-1) Que en fecha diecisiete (17) de abril de dos mil veinte (2020), compareció ante el Juzgado de Ejecución de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, la abogada BRENDA JANETH CRUZ HERNANDEZ, interponiendo Recurso de Exhibición Personal a favor del señor LINDOM BYMES FAGOT COLOMER, manifestando la peticionaria que: su representado se encuentra con una prisión preventiva vencida, desde el siete (7) de abril de dos mil veinte (2020), y; padece de presión alta y gastritis crónica, que lo hacen altamente vulnerable al contagio de COVID-19, y que esta misma se empeora, por el hacinamiento que se vive en dicho centro penitencia. Situación que, a criterio de la peticionaria, violenta en perjuicio de su representado, los derechos contenidos en los artículos 59, 60, 65, 82, 87, 90 y 145 de la Constitución de la República, y; 1, 2, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. (Folios 3-10 del presente Recurso).-2) Que en la misma fecha, el citado Juzgado admitió el presente recurso y, en consecuencia: nombró como Juez Ejecutora a la abogada DINA SUYAPA GIRON LOZANO, Defensora Pública de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, a efecto de que rindiera un informe sobre los extremos consignados en el presente recurso, y; una vez presentado el mismo, que se remitieran las presentas actuaciones a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, para que sigan conociendo del mismo. (Folios 11-12 del presente Recurso).-3) Que en fecha veinte (20) de abril de dos mil veinte (2020), el mencionado Juzgado de oficio Resolvió: (SIC) “1). INHIBIRSE de seguir conociendo del Recurso presentado, y Remitir las diligencias al Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, del Departamento de Francisco Morazán.- 2). Líbrese la correspondiente nota.-” (Folio 16 del presente Recurso).-3) Que en fecha veinticuatro (24) de abril de dos mil veinte (2020), la Juez Ejecutora compareció ante el Juzgado de Ejecución antes citado, y en el ejercicio de las responsabilidades inherentes a su cargo, rindió el informe correspondiente, consignando entre otros extremos, lo siguiente: A) Que en fecha veinte (20) de abril de dos mil veinte (2020), solicitó auxilio judicial a la abogada RITA VASQUEZ, Defensora Pública de La Ceiba, departamento de Atlántida, quien acudió en fecha veintiuno (21) de abril de dos mil veinte (2020) al Centro Penitenciario de La Ceiba, departamento de Atlántida, para entrevistar al señor LINDOM BYMES FAGOT COLOMER, quien le manifestó: que es originario de Puerto Lempira, departamento de Gracias a Dios; que se encuentra efectivamente en prisión desde el nueve (9) de abril de dos mil dieciocho (2018), en el Centro Penitenciario denominado “El Pozo” ubicado en Ilama, departamento de Santa Bárbara; que fue trasladado al actual centro penitenciario en fecha diecinueve (19) de abril de dos mil dieciocho (2018); padece de problemas de la columna, que un tiempo estuvo tomando medicamento para la presión, y actualmente se esta auto-medicando con medicina natural y otros medicamentos; que ha ido al Hospital Medicentro, Dantony y Atlántida; que se siente triste por sus problemas de salud; que le quieren quitar su habitación, y; que tiene miedo de ser trasladado a otro centro penal, a causa de esta entrevista; B) Que del informe que recibió la abogada RITA VASQUEZ, del director de dicho centro penitenciario, el teniente coronel FREDY OMAR RODRIGUEZ DEGRANDEZ, se puede constatar: que el señor LINDOM BYMES FAGOT COLOMER, ingreso a dicho centro penitenciario en fecha diecinueve (19) de abril de dos mil dieciocho (2018), habiendo sido trasladado del Centro Penitenciario denominado “El Pozo”, ubicado en Ilama, departamento de Santa Bárbara, bajo orden el Juzgado de Letras con Jurisdicción Nacional; que el señor LINDOM BYMES FAGOT COLOMER, ha asistido a consultas médicas, ha sido evaluados por los médicos de dicho centro penitenciario y, ha tenido salidas a varios centros hospitalarios públicos y privados; que ha sido diagnosticado con ácido péptico (EAP) y hipertrigliceridemia, mismas que han estado bajo control médico, se le ha brindado medicamentos, y mantenido estable, y; que goza de un muy buen estado general de salud; C) Que en fecha veintitrés (23) de abril de dos mil veinte (2020), se personó en las instalaciones del Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, en donde el abogado JOSÉ ANAIM ORELLANA ESPINOZA, le informó: que ellos conocen la causa instruida contra el señor LINDOM BYMES FAGOT COLOMER; que las últimas actuaciones realizadas, fue la Audiencia de Proposición de Prueba, celebrada en fecha seis (6) de noviembre de dos mil diecinueve (2019); que se le señaló Audiencia de Juicio Oral y Público, en las fechas veintiuno (21) al veinticuatro (24) de julio de dos mil veinte (2020), y; que la prisión preventiva vence hasta el siete (7) de octubre de dos mil veinte (2020), pues esta misma fue ampliada por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia; D) En vista de todo lo expuesto anteriormente, la Juez Ejecutora Resolvió: (SIC) “DECLARA NO HA LUGAR LA ACCION DE EXHIBICIÓN PERSONAL, interpuesta en fecha 17 de abril del año dos mil veinte y recibida la comunicación en fecha 20 de abril de los corrientes , ante los Juzgados de Ejecución de la Sección Judicial de Tegucigalpa por la Abogada BRENDA JANETH CRUZ HERNANDEZ, a favor de LINDOM BAYNES FAGOT COLOMER, …”. (Folios 18–26 del presente Recurso).-4) Que en fecha veintinueve (29) de abril de dos mil veinte (2020), el citado Juzgado de Letras remitió los antecedentes del presente recurso a esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (C.S.J.), en virtud de inhibirse el mismo de seguir conociendo de dicho trámite. (Folio 76 del presente Recurso).-CONSIDERANDO (1): Que de conformidad con lo establecido en el artículo 182 de la Constitución de la República: “El Estado reconoce la garantía de Hábeas Corpus o de Exhibición Personal. En consecuencia, toda persona agraviada o cualquier otra en nombre de ésta tiene derecho a promoverla: 1º Cuando se encuentre ilegalmente presa, detenida o cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad individual; y 2º Cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción o molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión”.-CONSIDERANDO (2): Que la acción de Habeas Corpus o Exhibición Personal tiene por objeto hacer valer los derechos del agraviado ante una detención ilegal o arbitraria y hacer cesar toda conducta o acción encaminada o emergente de una violación de derechos individuales que se lleva a cabo en perjuicio de quien se encuentre o haya sido privado de su libertad.-CONSIDERANDO (3): Que, bajo esta premisa, como ya lo ha pronunciado esta Sala en forma reiterada, el Habeas Corpus ha sido establecido con el fin de resguardar la libertad personal frente a la arbitrariedad y establecer remedios eficaces y rápidos para eventuales supuestos de detenciones de la persona, no justificados legalmente o que transcurran en condiciones ilegales. -El Habeas Corpus se configura como una comparecencia del detenido ante el Juez, comparecencia de la que proviene etimológicamente la expresión que da nombre al procedimiento[1] y que permite al ciudadano, privado de libertad, exponer sus alegaciones contra las causas de la detención y las condiciones de la misma[2], con el fin que el órgano jurisdiccional que la conoce se pronuncie sobre la conformidad a derecho de la detención.-CONSIDERANDO (4): Que en este sentido, y atendiendo a las razones que se han externado para la interposición del presente recurso, es menester recordar a la recurrente que la acción constitucional de Habeas Corpus tiene claramente señalados en la ley, tanto su origen como su finalidad, por ende sabemos que no es concerniente a esta acción constitucional, el conocimiento de aspectos relacionados con el proceso cautelar en materia penal o lo concerniente a la regulación, imposición, revisión o revocación de las medidas cautelares que se impongan a un imputado con ocasión del proceso penal que se siga en su contra, a menos que las mismas fueren dispuestas de manera ilegal o arbitraria por parte de la autoridad, o se apliquen al detenido cualquiera de los vejámenes establecidos en el artículo 182.1 de la Constitución de la República.-Como esta Sala lo ha señalado ya en anteriores pronunciamientos, la decisión de imponer medidas cautelares en el proceso penal compete a los jueces y tribunales de la materia, quienes las determinan con base en las particularidades de cada caso y de acuerdo con la finalidad referida en el artículo 172 del Código Procesal Penal,[3] siendo en consecuencia un juicio propio de instancia, que si bien es susceptible de ser impugnado mediante los recursos ordinarios que franquea la ley, no corresponde su revisión al recurso de habeas corpus, salvo que sea advertido, como se dijo ya, la ilegalidad de la privación de la libertad, la imposición arbitraria de la detención o prisión, o la aplicación al agraviado de tormentos, torturas y cualquier otro vejamen de los consignados en el texto constitucional y en el artículo 13.1 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, que recoge a su vez las estipulaciones normativas constitucionales.- El objeto de esta acción constitucional es la de garantizar en forma efectiva los derechos del agraviado ante una detención ilegal o arbitraria y hacer cesar toda conducta o acción encaminada o emergente de una violación de derechos individuales. -CONSIDERANDO (5): Que, de las actuaciones llevadas a cabo por la Juez Ejecutora designada en el presente trámite, se logró acreditar que el agraviado ha sido imputado por la supuesta comisión de delitos por parte del Ministerio Público como ente encargado del ejercicio de la acción penal pública, habiéndole sido impuesta la medida cautelar de prisión preventiva por autoridad judicial competente y que la prisión preventiva vence hasta el siete (7) de octubre de dos mil veinte (2020), pues esta misma fue ampliada por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de ahí entonces que la privación de su libertad ha sido dispuesta por la autoridad, dentro de los requerimientos de la ley.-La juez designada constató además que el peticionario tampoco ha sufrido ningún tipo de torturas, malos tratos, vejámenes o exacciones ilegales, ello de acuerdo con lo consignado y verificado por dicha funcionaria, así entonces, la protección solicitada por esta vía no resultaría admisible, al menos en lo que concierne a los supuestos establecidos por la ley para el otorgamiento de la garantía constitucional que se ha invocado.-CONSIDERANDO (6): Que no obstante lo anterior, el agraviado ha externado su preocupación ante la propagación en nuestro país del virus COVID19, estimando que su condición de salud le hace susceptible a que, de contagiarse de dicho virus, su vida corra peligro, siendo que en el recinto penitenciario en donde se encuentra recluido, las condiciones de salubridad resultan ser insuficientes para garantizar su salud.-En el caso del peticionario, se le ha sometido a estrictos controles médicos, concluyéndose de examen médico que el peticionario se encuentra con buen estado de salud, encontrándose en tratamiento por enfermedad Acido Péptica y dislipidemia, en estos momentos asintomáticos, y en el caso del peticionarios, las medidas de atención médica que se le han facilitado deben mantenerse, así como las que estén orientadas a su seguridad individual, como hasta ahora ha sido establecido. -CONSIDERANDO (7): Que en este respecto, resulta meritorio insistir que la salud de los privados de libertad en los distintos centros carcelarios y de detención en el país, es responsabilidad del Estado de Honduras, por ende, todos los empleados y funcionarios del orden administrativo, policial y judicial deben tomar todas las medidas que sean necesarias para salvaguardar la vida, salud e integridad física de las personas recluidas, de sus familiares, del personal penitenciario y judicial, y en general de todas las demás personas que, por alguna razón u otra, ingresen o tengan acceso a los mismos, implementando además medidas de control de ingreso apropiadas para evitar la propagación del virus COVID19.-Así entonces, esta Sala exhorta a las autoridades referidas a que acaten sin reserva ni dilación las instrucciones y recomendaciones que han sido dadas a conocer por las autoridades de salud de la República y además por la Organización Mundial de la Salud en torno a la prevención, cuidado y tratamiento de la pandemia del COVID19, debiéndose hacer valer el mandato constitucional de preservar a la persona humana, así como sus derechos y garantías.-CONSIDERANDO (8): Que en lo referente a la procedencia de la acción de habeas corpus, el artículo 38 de la Ley Sobre Justicia Constitucional dispone que se declarará con lugar la exhibición personal, cuando se constate la violación de alguno (s) de los supuestos establecidos en los Artículos 13 y 24 de esta Ley. En caso contrario se declarará sin lugar.-CONSIDERANDO (9): Que con fundamento en las anteriores consideraciones, al no cumplirse los supuestos establecidos en el artículo 38 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, de acuerdo con el parecer del juez ejecutor nombrado al efecto, esta Sala es del criterio porque la presente acción de exhibición personal debe ser denegada, al resultar infundados los argumentos de la recurrente, no cumpliéndose así con los requisitos que la ley exige para declarar la procedencia de esta acción constitucional, pues no se ha verificado violación alguna de derechos en perjuicio de las personas consideradas agraviadas, no constando de lo actuado que se haya dado alguno de los supuestos establecidos en los artículos 13 y 24 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.-POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Constitucional y en aplicación de los artículos 80, 182, 303, 304, 313 atribución 5a. y 316 de la Constitución de la República; 5, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1o., 78 atribución 5a. y 137 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 9, 13, 17, 38, 72, 119 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: 1) DECLARAR NO HA LUGAR EL RECURSO DE EXHIBICIÓN PERSONAL del cual se ha hecho mérito, interpuesto por la abogada BRENDA JANETH CRUZ HERNANDEZ, a favor del señor LINDOM BYMES FAGOT COLOMER, contra actuaciones del DIRECTOR DEL CENTRO PENITENCIARIO DE LA CIUDAD DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA; 2) EXHORTAR a la autoridad referida a que acate sin reserva ni dilación las instrucciones y recomendaciones que han sido dadas a conocer por las autoridades de salud de la República y además por la Organización Mundial de la Salud en torno a la prevención, cuidado y tratamiento de la pandemia del COVID19, debiéndose hacer valer el mandato constitucional de preservar a la persona humana, así como sus derechos y garantías; 3) EXHORTAR a su vez a todos los empleados y funcionarios del orden administrativo, policial y judicial a que tomen todas las medidas que sean necesarias para salvaguardar la vida, salud e integridad física de las personas recluidas en centros penales, de sus familiares, del personal penitenciario y judicial, y en general de todas las demás personas que, por alguna razón u otra, ingresen o tengan acceso a los mismos, implementando además medidas de control de ingreso apropiadas para evitar la propagación del virus COVID19; 4) EXHORTAR a las autoridades de la Penitenciaria de la ciudad de la Ceiba, departamento de Atlántida a continuar tomando medidas y acciones de control sanitario apropiadas, en favor del aislamiento como medida esencial para evitar la propagación del virus COVID19, y en el caso específico del señor LINDOM BYMES FAGOT COLOMER, se le continúe brindado la asistencia médica que requiera, así como las medidas necesarias para garantizar su seguridad dentro del centro penitenciario; Y MANDA: 1. Que se notifique de la presente sentencia a los peticionarios, por los medios legales que correspondan; 2. Que se remita certificación de este fallo a las siguientes dependencias: i) Instituto Nacional Penitenciario; iii) Dirección Nacional de la Defensa Pública; iv) Dirección de la Penitenciaria la ciudad de la Ceiba, departamento de Atlántida; y, se proceda oportunamente al archivo de las presentes diligencias. Redactó el Magistrado EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. NOTIFÍQUESE.-Firmas y Sello. Abogado JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los veintiuno (21) días del mes de mayo del año dos mil veinte (2020), Certificación de la Sentencia de fecha trece (13) de mayo del año dos mil veinte (2020) recaída en el Recurso de Exhibición Personal, registrado en este Tribunal bajo el número 0314-2020.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1] Etimológicamente habeas corpus significa tener el cuerpo o presentar el cuerpo
[2] Amparo, Habeas Corpus y Habeas Data. Rubén Flores Dapkevicius
[3] Las medidas cautelares tienen como finalidad, asegurar la eficacia del procedimiento, garantizando la presencia del imputado y la regular obtención de las fuentes de prueba.