Sentencia EP-311-20 — Registro 17479
Resumen
Acción de exhibición personal, argumentando beneficiarias vulnerabilidad por padecer de enfermedades crónica y que por su condición inmunológica se pone en riesgo su salud y su vida ante la pandemia del COVID-19,las cuales fueron condenadas por los delitos de LAVADO DE ACTIVOS en perjuicio de la ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS, y por ocho (8) delitos de OPERACIONES FINANCIERAS ILICITAS en perjuicio del SISTEMA FINANCIERO NACIONAL
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."(4): Que dentro del procedimiento de rigor se nombró como Juez Ejecutora a la Abogada ELBA YOLANDA VARELA BUSTILLO, Defensora Pública de la ciudad de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, quien en cumplimiento con el mandato de la Sala de lo Constitucional, informa que en fecha trece de abril de dos mil veinte, se personó en las instalaciones del Tribunal de Sentencia con competencia Territorial Nacional en materia Penal, requiriendo al Juez un informe sobre la situación jurídica de las privada de libertad, quien entre otros informo: En la causa que les instruyó a las señoras DILIA LIZETH LOPEZ SIERRA, MAGDA EDITH LOPEZ SIERRA, se establece que las mismas fueron condenadas por los delitos de LAVADO DE ACTIVOS en perjuicio de la ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS, y por ocho (8) delitos de OPERACIONES FINANCIERAS ILICITAS en perjuicio del SISTEMA FINANCIERO NACIONAL, en fecha nueve de septiembre de dos mil diecinueve, se emitió el fallo por parte del Tribunal, en el cual fueron condenadas, habiéndose llevado la audiencia de determinación de la pena, en fecha 17 de octubre de dos mil diecinueve, la cual está en proceso de redacción. En cuanto a la señora MICHELLE ALEJANDRA ROJAS FLORES, se establece en el informe, que ésta fue condenada por el delito de LAVADO DE ACTIVOS, en perjuicio de LA ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS, habiéndose efectuado la audiencia de Determinación de la Pena en fecha ocho de agosto de dos mil dieciocho, emitiéndose la sentencia en fecha 29 de marzo de 2019, y notificada el 30 de abril de 2019, en donde se le condenó a la pena de 17 años de reclusión, más las penas accesorias. CONSIDERANDO (5): Que la juez ejecutora en fecha nueve de abril de dos mil veinte, recibió informe de la Directora de la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social, en el cual consigna lo siguiente: que las privadas de libertad son evaluadas por el Médico Asistencial del Centro Penitenciario, cada seis horas a efecto de detectar cualquier anomalía relacionada con su salud y el COVID-19. Que en cuanto a las medidas de prevención adoptadas por la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social, a nivel de las autoridades del INP, se prohibió el ingreso de personas ajenas a ese establecimiento, entre ellas las visitas de sus familiares, sin embargo se ha permitido a los familiares llevarles cualquier alimento, medicamentos y frutas permitidas. Se les brindó charlas relacionadas con la prevención del COVID-19, lavado de manos y el uso correcto de mascarillas, habiéndoseles dotado de un kit de higiene personal para la prevención del COVID-19, entre esos mascarillas e implementos de aseo, cloro, jabón líquido, desinfectantes, guantes, gel de manos y papel toalla. Se creó un área de aislamiento en el interior de la penitenciaría para cualquier privada de libertad sospechosa de COVID-19, habiéndose fumigado todos los espacios físicos del interior y exterior de la Penitenciaría con liquido antiséptico, así como los productos alimenticios embolsados que llevan los familiares y se les realiza evaluación médica periódica a las privadas de libertad entre otras medidas. CONSIDERANDO (6): Que una vez concluidas las diligencias que exige el procedimiento de la garantía de exhibición personal, la Jue Ejecutora se pronunció el diecisiete de abril del dos mil veinte, manifestando que con relación a la pandemia, concluye que, se han establecido las medidas de bioseguridad para evitar la propagación del Covid-19 dentro de los parámetros legales establecidos para la institución, según los lineamientos para la prevención y manejo del Covjd-19 en la población privada de libertad, decreto 1904-2020 emitido por la Secretaría de Estado en el despacho de Salud. En tal virtud declara no ha lugar la garantía constitucional de exhibición personal, interpuesta por la Abogada NILIA RAQUEL RAMOS, a favor de las señoras DILIA LIZETH LOPEZ SIERRA, MAGDA EDITH LOPEZ SIERRA Y MICHELLE ALEJANDRA ROJAS FLORES, contra actuaciones de la DIRECTORA DE LA PENITENCIARÍA NACIONAL FEMENINA DE ADAPTACIÓN SOCIAL, argumentando jurídicamente que la revisión de medida cautelar no es causa que se encuentra enmarcada en el artículo 13 de la Ley sobre Justicia Constitucional, para solicitar la garantía de exhibición personal. CONSIDERANDO (7): Que la Sala de lo Constitucional, ha revisado y analizado los antecedentes de mérito y determina que es procedente declarar sin lugar la garantía constitucional de habeas corpus de que se hace mérito, ya que las condenadas no se encuentran ilegalmente privadas de libertad, tampoco han sido sometidas a tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal, coacción o molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión. Asimismo, se ha acreditado en autos, que las autoridades del Centro de Adaptación Social o Centro Femenino de Adaptación Social, CEFAS, han tomado las medidas de bioseguridad adecuadas para proteger la vida y salud de las internas; y en cuanto al tema de la revisión de medidas solicitadas, esta Sala manifiesta que no es de su competencia, por tratarse de un tema de mera legalidad, alejado del procedimiento establecido en la Ley Sobre Justicia Constitucional para resolver la garantía de exhibición Personal o Habeas Corpus, por lo que esta pretensión podrá ejercerse en la jurisdicción ordinaria competente para ello"
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 13 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 24 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, trece de mayo de dos mil veinte. VISTA: Para dictar Sentencia el Recurso de Exhibición Personal interpuesto por la Abogada NILIA RAQUEL RAMOS, a favor de las señoras DILIA LIZETH LOPEZ SIERRA, MAGDA EDITH LOPEZ SIERRA Y MICHELLE ALEJANDRA ROJAS FLORES, contra actuaciones de la DIRECTORA DE LA PENITENCIARÍA NACIONAL FEMENINA DE ADAPTACIÓN SOCIAL, por considerar la peticionaria que las agraviadas: “se encuentran en vulnerabilidad por padecer de enfermedades crónica y que por su condición inmunológica se pone en riesgo su salud y su vida ante la pandemia del COVID-19.…” A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha seis de abril de dos mil veinte, la Abogada NILIA RAQUEL RAMOS GONZALES, compareció ante el Juzgado de Letras Penal del Departamento de Francisco Morazán, presentando Recurso de Exhibición Personal a favor las señoras DILIA LIZETH LOPEZ SIERRA, MAGDA EDITH LOPEZ SIERRA Y MICHELLE ALEJANDRA ROJAS FLORES, contra actuaciones de la DIRECTORA DE LA PENITENCIARÍA NACIONAL FEMENINA DE ADAPTACIÓN SOCIAL, por considerar la peticionaria que sus representadas: “en virtud de estar aún sin condena firme en calidad de procesadas, y siendo que no son personas peligrosas para la sociedad hondureña, en virtud de padecer enfermedades crónicas como ser diabetes, hipertensión o con enfermedades cardiovasculares, personas mayores de sesenta años, enfermedad psiquiátrica y otras enfermedades que por su condición inmunológica pongan en riesgo su salud y vida ante la pandemia del COVID-19. (Folios 02 al 08 del recurso). 2) Que en esa misma fecha, el Juzgado de Letras Penal del Departamento de Francisco Morazán, admitió el recurso de exhibición personal de mérito y nombró como Juez Ejecutora a la Abogada ELBA YOLANDA VARELA BUSTILLO, Defensora Pública de la ciudad de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, a efecto de que constatara de manera inmediata los hechos narrados por la recurrente. Asimismo, el citado Juzgado se declaró incompetente para conocer del presente recurso, ordenó se remitieran las diligencias a la Sala de lo Constitucional, una vez entregado el informe del Juez Ejecutor. (Folios 09 y 12 del recurso). 3) Que a la Abogada ELBA YOLANDA VARELA BUSTILLO, actuando en su condición antes indicada, compareció ante el Juzgado de Letras Penal del Departamento de Francisco Morazán, en fecha diecisiete de abril de dos mil veinte, y en el ejercicio de las funciones inherentes a su cargo, rindió el informe correspondiente, en el cual se establece entre otros lo siguiente: a) Que en fecha siete de abril de dos mil veinte, la Juez Ejecutora se personó en las instalaciones de la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social, siendo atendida por su Directora la Comisionada de Policía NOLVIA CRISTINA SORTO, a efecto de que le rindiera un informe sobre los extremos señalados en el recurso de exhibición personal, y a la vez le exhibiera a las señoras DILIA LIZETH LOPEZ SIERRA, MAGDA EDITH LOPEZ SIERRA Y MICHELLE ALEJANDRA ROJAS FLORES, y a la vez ordenara a la Doctora adscrita al centro penal realizara una evaluación para que determinara sobre la condición de salud de las privadas de libertad. b) Que ese mismo día entrevistó a las privadas de libertad: 1. Michelle Alejandra Rojas Flores, quien le manifestó que tenía 5 años y 4 meses de estar privada de libertad, y que en su celda estaba con otra persona, que estaba aislada con medidas de seguridad, la celda la tratan de mantener aseada, compartiendo el baño con cuatro personas más, que su medicamento para la rinitis se lo proporciona su madre y el tratamiento psiquiátrico el centro penal por instrucciones del Hospital Santa Rosita y lo recibe en el Hospital Viera, que no le habían proporcionado equipo de bioseguridad y que el personal que entra y sale de los hogares anda siempre protegido con mascarillas y guantes, que las privadas de libertad que tenían guantes, mascarillas y gel, se los proporcionaban sus familiares. 2) Dilia Lizeth López Sierra, manifestó que se encontraba privada de su libertad desde el nueve de marzo de dos mil diecisiete, y no sabe a cuantos años fue condenada, que en su celda son 23 mujeres, la cual mantienen aseada las mismas internas, que ha intentado suicidarse tres veces estando privada de su libertad, en julio de 2018, le sacaron la tiroides, y es paciente del Hospital Mario Mendoza, y ha sido hospitalizada tres veces, anda en silla de ruedas por problemas en la columna y en su pierna derecha, no tiene problemas con ninguna de sus compañeras de celdas ni con las autoridades. Que intentará de nuevo quitarse la vida, porque para ella estar presa es un suicidio, no tenía visita de ningún familiar y que le había pedido a su abogada que presentara la exhibición personal por su condición física y psiquiátrica, y que los medicamentos con los que intentó quitarse la vida, los había comprado a otras internas. 3) Magda Edy López Sierra: manifestó que se encontraba privada de su libertad desde el 13 de marzo de 2017, y que está en la misma celda que su hermana Dilia Lizeth, que el aseo de la celda era permanente, contribuyendo todas para su mantenimiento, que estaban tomando las medidas de bioseguridad en lo que podían, y que las autoridades que entraban y salían de los hogares no lo hacían protegidos y que había pedido a su abogada que presentara la exhibición personal porque tenía miedo de enfermarse del COVID-19, si éste entraba al centro penitenciario, ya que ella tenía antecedente de cáncer de tiroides y es hipertensa, y los medicamentos se los proporcionaba su hermana la Doctora Carmen Dorila López. c) Que en fecha nueve de abril de dos mil veinte, la Directora de la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social, entregó su informe a la Juez Ejecutora cual consigna lo siguiente: que las privadas de libertad son evaluadas por el Médico Asistencial del Centro Penitenciario, cada seis horas a efecto de detectar cualquier anomalía relacionada con su salud y el COVID-19. Que en cuanto a las medidas de prevención adoptadas por la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social, a nivel de las autoridades del INP, se prohibió el ingreso de personas ajenas a ese establecimiento, entre ellas las visitas de sus familiares, sin embargo se ha permitido a los familiares llevarles cualquier alimento, medicamentos y frutas permitidas. Se les brindó charlas relacionadas con la prevención del COVID-19, lavado de manos y el uso correcto de mascarillas, habiéndoseles dotado de un kit de higiene personal para la prevención del COVID-19, entre esos mascarillas e implementos de aseo, cloro, jabón líquido, desinfectantes, guantes, gel de manos y papel toalla. Se creó un área de aislamiento en el interior de la penitenciaría para cualquier privada de libertad sospechosa de COVID-19, habiéndose fumigado todos los espacios físicos del interior y exterior de la Penitenciaría con liquido antiséptico, así como los productos alimenticios embolsados que llevan los familiares y se les realiza evaluación médica periódica a las privadas de libertad entre otras medidas. d) La Juez Ejecutora en fechas trece y catorce de abril de dos mil veinte, se personó en el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, requiriendo al Abogado José Anaim Orellana Espinoza Juez de ese Tribunal a efecto de que le rindiera un informe en relación a las señoras DILIA LIZETH LOPEZ SIERRA, MAGDA EDITH LOPEZ SIERRA Y MICHELLE ALEJANDRA ROJAS FLORES. En dicho informe se consigna lo siguiente: En la causa que les instruyó a las señoras DILIA LIZETH LOPEZ SIERRA, MAGDA EDITH LOPEZ SIERRA, se establece que las mismas fueron condenadas por los delitos de LAVADO DE ACTIVOS en perjuicio de la ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS, y por 8 delitos de OPERACIONES FINANCIERAS ILICITAS en perjuicio del SISTEMA FINANCIERO NACIONAL, en fecha nueve de septiembre de dos mil diecinueve, se emitió el fallo por parte del Tribunal, en el cual fueron condenadas, habiéndose llevado la audiencia de determinación de la pena, en fecha 17 de octubre de dos mil diecinueve, la cual está en proceso de redacción. En cuanto a la señora MICHELLE ALEJANDRA ROJAS FLORES, se establece en el informe, ésta fue condenada por el delito de LAVADO DE ACTIVOS, en perjuicio de LA ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS, habiéndose efectuado la audiencia de Determinación de la Pena en fecha ocho de agosto de dos mil dieciocho, emitiéndose la sentencia en fecha 29 de marzo de 2019, y notificada el 30 de abril de 2019, en donde se le condenó a la pena de 17 años de reclusión, más las penas accesorias. e) Que la Juez Ejecutora consideró que en base a toda la documentación recibida y los extremos relacionados en el presente recurso, éste no reúne los requisitos para la aplicación de la garantía de exhibición personal, pues las señoras no se encuentran ilegalmente detenidas, ni recibiendo torturas, tormentos o vejámenes, lo que resolvió: “DECLARA: 1) NO HA LUGAR la Exhibición Personal, interpuesta por la abogada NILIA RAQUEL RAMOS GONZALES, a favor de las señoras DILIA LIZETH LOPEZ SIERRA, MAGDA EDITH LOPEZ SIERRA Y MICHELLE ALEJANDRA ROJAS FLORES,…” (Folios 102 al 110 de recurso) 4) Que una vez recibido el informe del Juez Ejecutor, el Juzgado se inhibe de seguir conociendo del recurso de mérito, y ordenó remitir las diligencias a la Sala de lo Constitucional, las cuales fueron recibidas en fecha veintiocho de abril de dos mil veinte. CONSIDERANDO (1): Que el Habeas Corpus, es una garantía constitucional reconocida por el Estado de Honduras en consecuencia en esta acción constitucional, toda persona agraviada o cualquiera en nombre de esta, tiene derecho a promoverla solamente cuando ocurran las circunstancias siguientes: 1.- Cuando se encuentre ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad, y 2.- Cuando en su detención o prisión legal, se aplique al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción molesta innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión.[1] CONSIDERANDO (2): Que la Constitución de la República, en el artículo 316 numeral 1, otorga a la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, la atribución de conocer de la garantía de Habeas Corpus. Así mismo la ley especial, Ley Sobre Justicia Constitucional, establece un control difuso para conocer de la garantía habeas Corpus[2], otorgando capacidad para conocer y resolver de esta acción a todo lo titular de órganos jurisdiccionales señalando a la Sala de lo Constitucional como la competente para conocer de la acción de habeas Corpus en el máximo Tribunal de Justicia.[3] CONSIDERANDO (3): Que la impetrante de la presente garantía constitucional de exhibición personal en su escrito de interposición, reseña que: las señoras DILIA LIZETH LOPEZ SIERRA, MAGDA EDITH LOPEZ SIERRA Y MICHELLE ALEJANDRA ROJAS FLORES, corren riesgo en su salud física y emocional por su condición de privadas de libertad en el Centro de Adaptación Social o Centro Femenino de Adaptación Social, ubicado en la aldea de Támara, departamento de Francisco Morazán; debido a que dicho centro se encuentra sobrepoblado y sin capacidad de mantener normas de higiene, necesarias para evitar el contagio con el Covid-19. Argumenta además que sus representadas se encuentran comprendidas en el grupo de personas con mayor riesgo, inclusive para su vida, debido a que padecen respectivamente de: 1.- DILIA LIZETH LOPEZ SIERRA, padece de enfermedades sicológicas, ya que ha intentado suicidarse en tres ocasiones, y se moviliza en silla de ruedas, a causa de una caída que le lastimó la columna vertebral. 2.- MAGDA EDITH LOPEZ SIERRA, tiene más de sesenta años, padece de diabetes mellitus y de hipertensión y 3.- MICHELLE ALEJANDRA ROJAS FLORES, señala que es madre de tres menores de edad, no tiene quien se los cuide y padece de las vías respiratorias (no especifica un diagnóstico). Aduce que las tres privadas de libertad se encuentran en dicha situación jurídica bajo la medida de prisión preventiva, reiterando el peligro que corren sus vidas y salud en virtud de padecer las enfermedades ya señaladas y las cuales agravan la situación en caso de ser contagiadas por el virus Covid-19. Expone la abogada que tiene conocimiento que dicha solicitud debe ser conocida por los jueces de ejecución, no obstante señala que no acudió dicho tribunal, por estar cerrado precisamente por la pandemia que se vive a nivel mundial, por lo que acude a la Sala de lo Constitucional en busca de una juta repuesta. CONSIDERANDO (4): Que dentro del procedimiento de rigor se nombró como Juez Ejecutora a la Abogada ELBA YOLANDA VARELA BUSTILLO, Defensora Pública de la ciudad de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, quien en cumplimiento con el mandato de la Sala de lo Constitucional, informa que en fecha trece de abril de dos mil veinte, se personó en las instalaciones del Tribunal de Sentencia con competencia Territorial Nacional en materia Penal, requiriendo al Juez un informe sobre la situación jurídica de las privada de libertad, quien entre otros informo: En la causa que les instruyó a las señoras DILIA LIZETH LOPEZ SIERRA, MAGDA EDITH LOPEZ SIERRA, se establece que las mismas fueron condenadas por los delitos de LAVADO DE ACTIVOS en perjuicio de la ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS, y por ocho (8) delitos de OPERACIONES FINANCIERAS ILICITAS en perjuicio del SISTEMA FINANCIERO NACIONAL, en fecha nueve de septiembre de dos mil diecinueve, se emitió el fallo por parte del Tribunal, en el cual fueron condenadas, habiéndose llevado la audiencia de determinación de la pena, en fecha 17 de octubre de dos mil diecinueve, la cual está en proceso de redacción. En cuanto a la señora MICHELLE ALEJANDRA ROJAS FLORES, se establece en el informe, que ésta fue condenada por el delito de LAVADO DE ACTIVOS, en perjuicio de LA ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS, habiéndose efectuado la audiencia de Determinación de la Pena en fecha ocho de agosto de dos mil dieciocho, emitiéndose la sentencia en fecha 29 de marzo de 2019, y notificada el 30 de abril de 2019, en donde se le condenó a la pena de 17 años de reclusión, más las penas accesorias. CONSIDERANDO (5): Que la juez ejecutora en fecha nueve de abril de dos mil veinte, recibió informe de la Directora de la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social, en el cual consigna lo siguiente: que las privadas de libertad son evaluadas por el Médico Asistencial del Centro Penitenciario, cada seis horas a efecto de detectar cualquier anomalía relacionada con su salud y el COVID-19. Que en cuanto a las medidas de prevención adoptadas por la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social, a nivel de las autoridades del INP, se prohibió el ingreso de personas ajenas a ese establecimiento, entre ellas las visitas de sus familiares, sin embargo se ha permitido a los familiares llevarles cualquier alimento, medicamentos y frutas permitidas. Se les brindó charlas relacionadas con la prevención del COVID-19, lavado de manos y el uso correcto de mascarillas, habiéndoseles dotado de un kit de higiene personal para la prevención del COVID-19, entre esos mascarillas e implementos de aseo, cloro, jabón líquido, desinfectantes, guantes, gel de manos y papel toalla. Se creó un área de aislamiento en el interior de la penitenciaría para cualquier privada de libertad sospechosa de COVID-19, habiéndose fumigado todos los espacios físicos del interior y exterior de la Penitenciaría con liquido antiséptico, así como los productos alimenticios embolsados que llevan los familiares y se les realiza evaluación médica periódica a las privadas de libertad entre otras medidas. CONSIDERANDO (6): Que una vez concluidas las diligencias que exige el procedimiento de la garantía de exhibición personal, la Jue Ejecutora se pronunció el diecisiete de abril del dos mil veinte, manifestando que con relación a la pandemia, concluye que, se han establecido las medidas de bioseguridad para evitar la propagación del Covid-19 dentro de los parámetros legales establecidos para la institución, según los lineamientos para la prevención y manejo del Covjd-19 en la población privada de libertad, decreto 1904-2020 emitido por la Secretaría de Estado en el despacho de Salud. En tal virtud declara no ha lugar la garantía constitucional de exhibición personal, interpuesta por la Abogada NILIA RAQUEL RAMOS, a favor de las señoras DILIA LIZETH LOPEZ SIERRA, MAGDA EDITH LOPEZ SIERRA Y MICHELLE ALEJANDRA ROJAS FLORES, contra actuaciones de la DIRECTORA DE LA PENITENCIARÍA NACIONAL FEMENINA DE ADAPTACIÓN SOCIAL, argumentando jurídicamente que la revisión de medida cautelar no es causa que se encuentra enmarcada en el artículo 13 de la Ley sobre Justicia Constitucional, para solicitar la garantía de exhibición personal. CONSIDERANDO (7): Que la Sala de lo Constitucional, ha revisado y analizado los antecedentes de mérito y determina que es procedente declarar sin lugar la garantía constitucional de habeas corpus de que se hace mérito, ya que las condenadas no se encuentran ilegalmente privadas de libertad, tampoco han sido sometidas a tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal, coacción o molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión. Asimismo, se ha acreditado en autos, que las autoridades del Centro de Adaptación Social o Centro Femenino de Adaptación Social, CEFAS, han tomado las medidas de bioseguridad adecuadas para proteger la vida y salud de las internas; y en cuanto al tema de la revisión de medidas solicitadas, esta Sala manifiesta que no es de su competencia, por tratarse de un tema de mera legalidad, alejado del procedimiento establecido en la Ley Sobre Justicia Constitucional para resolver la garantía de exhibición Personal o Habeas Corpus, por lo que esta pretensión podrá ejercerse en la jurisdicción ordinaria competente para ello. POR TANTO: La Sala Constitucional en nombre de la Corte Suprema de Justicia e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos, y en aplicación de los artículos: 1, 59, 64, 69, 182, 303, 304, 313 atribución 5ta., 316 numeral 1 y 321 de la Constitución de la República; 1, 2, 4, 5, 7 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 12 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 No.1, 13 No.1, 14, 17, 19, 27, 28, 31, 35, 37, 38 y 39 de la Ley sobre Justicia Constitucional; FALLA: Declarando SIN LUGAR la garantía de exhibición personal o habeas corpus, interpuesto por la Abogada NILIA RAQUEL RAMOS, a favor de las señoras DILIA LIZETH LOPEZ SIERRA, MAGDA EDITH LOPEZ SIERRA Y MICHELLE ALEJANDRA ROJAS FLORES, contra actuaciones de la DIRECTORA DE LA PENITENCIARÍA NACIONAL FEMENINA DE ADAPTACIÓN SOCIAL, por considerar la peticionaria que las agraviadas: “se encuentran en vulnerabilidad por padecer de enfermedades crónica y que por su condición inmunológica se pone en riesgo su salud y su vida ante la pandemia del COVID-19. Y MANDA: Que una vez notificado el presente fallo, la secretaría de este alto tribunal de justicia proceda al archivo de las presentes diligencias, sin trámites ulteriores. Redactó el Magistrado SERRANO VILLANUEVA. NOTIFÍQUESE. Firmas y sello. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA, PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticinco días del mes de mayo de dos mil veinte, certificación de la sentencia de fecha trece de mayo de dos mil veinte, recaída en el Recurso de Exhibición Personal registrado en este Tribunal con el número SCO-311-2020.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA
SALA DE LO CONSTITUCIONAL
[1] Artículo 182.1 de la Constitución de la República, Decreto No. 131 del 11 de enero de 1982, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 23,612 del 2 de enero de 1982.
[2] Artículo 17 de la LSJC.
[3] Artículo 3.1, 9.1 de la LSJC