Sentencia EP-307-20 — Registro 10730
Resumen
Se interpuso Recurso de Exhibición contra actuaciones del Director de la Penitenciaria Nacional “Marco Aurelio Soto” Ubicada en Támara, manifestando la peticionaria, que su representado se encuentra en una situación de alto riesgo y peligro a su vida, que el mismo lleva padeciendo y siendo tratado por hipertensión arterial, depresión severa y ansiedad, y; con la actual situación de la pandemia de COVID-19, su salud se ha visto gravemente afectada.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO (16): Que los órganos jurisdiccionales son garantes de la protección de derechos fundamentales de todos los ciudadanos de la República, máxime de los que están privados de libertad, en consecuencia en la aplicación de la Ley Sobre Justicia Constitucional, las disposiciones contenidas en la misma, se interpretarán y aplicarán de manera que aseguren una efectiva protección de los derechos humanos y las defensas del orden jurídico constitucional aplicándose e interpretándose en atención a los tratados, convenciones y todos aquellos instrumentos internacionales vigentes en la República de Honduras. En tal sentido esta Sala de lo Constitucional confirma el informe rendido por el Juez Ejecutor quien realizo todas las actuaciones investigativas que llevan a esta Sala a concluir que al privado de libertad no se le están vulnerando garantías individuales, se encuentran en condición jurídica de procesado y su detención emana de autoridad competente respetándole el debido proceso por la causa que se les sigue, por el delito de Lavado de Activo en la Modalidad de Encubrimiento en Perjuicio de la Economía del Estado de Honduras, procede por tanto declarar no ha lugar el Recurso de Habeas Corpus o Exhibición Personal solicitado a su favor y en cuanto a la petición de la revisión de medias, esta Sala reiteradamente ha dejado establecido en sus resoluciones que la finalidad del Recurso de Habeas Corpus o Exhibición Personal, es el de proteger el derecho a la vida y a la libertad individual. Los ciudadanos pueden presentar un Hábeas Corpus en defensa de sus garantías constitucionales y proteger sus derechos, este recurso no está previsto como un recurso de instancia con el objeto de obtener una enmienda contra una resolución emanada de una autoridad o de un órgano jurisdiccional competente. Su objeto es hacer valer los derechos del agraviado ante una detención ilegal o arbitraria y hacer cesar toda conducta o acción encaminada o emergente de una violación de derechos individuales, lo que no sucede contra el supuesto agraviado Luis Felipe Urrutia Ramírez como ha quedado constatado, por lo que la representante procesal deberá instar ante el órgano jurisdiccional competente las acciones que considere expeditas en derecho penal a favor de su representado.”
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 38 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, trece de mayo de dos mil veinte. VISTA: Para dictar Sentencia en el Recurso de Exhibición Personal interpuesto por la abogada DORA DEL CARMEN RAMOS, a favor del señor LUIS FERNANDO URRUTIA RAMIREZ, contra actuaciones del DIRECTOR DE LA PENITENCIARIA NACIONAL “MARCO AURELIO SOTO” UBICADA EN TÁMARA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN; manifestando la peticionaria, que su representado se encuentra en una situación de alto riesgo y peligro a su vida. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha diez (10) de abril de dos mil veinte (2020), compareció ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, la abogada DORA DEL CARMEN RAMOS, interponiendo Recurso de Exhibición Personal a favor del señor LUIS FERNANDO URRUTIA RAMIREZ, manifestando la peticionaria, que a su representado se le impuso la medida de prisión preventiva en el proceso penal que se incurre actualmente en su contra; que el mismo lleva padeciendo y siendo tratado por hipertensión arterial, depresión severa y ansiedad, y; con la actual situación de la pandemia de COVID-19, su salud se ha visto gravemente afectada. (Folios 1-9 del presente Recurso) 2) Que en la misma fecha, el citado Juzgado admitió el presente recurso y, en consecuencia, nombró como Juez Ejecutora a la abogada JOSEFINA PAVON DURON, Defensora Pública de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, a efecto de que rindiera un informe sobre los extremos consignados en el presente recurso. (Folios 10-11v del presente Recurso). 3) Que en fecha veintitrés (23) de abril de dos mil veinte (2020), la Juez Ejecutora compareció ante el mencionado Juzgado, y en el ejercicio de las responsabilidades inherentes a su cargo, rindió el informe correspondiente, consignando entre otros extremos, lo siguiente: A) Que en fecha trece (13) de abril de dos mil veinte (2020), se personó a las instalaciones del primer batallón, de la Penitenciaria Nacional “Marco Aurelio Soto”, ubicada en Támara, departamento de Francisco Morazán, para entrevistarse con el señor LUIS FERNANDO URRUTIA RAMIREZ, quien le manifestó: que ingresó a dicho centro penitenciario en fecha dos (2) de agosto de dos mil dieciocho (2018), al seguírsele un proceso por los delitos de FRAUDE Y EXACCIONES ILEGALES, en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS; posee una celda personal; que padece de hipertensión y depresión severa, que se refleja en claustrofobia, lesiones lumbares e insomnio; que toma “irbersartan”, “rivotril” y “dexaneurobion inyectado”, y ha recibido estos medicamentos, en ocasiones, por parte de su familia, sus doctores y el mismo Instituto Nacional Penitenciario (INP); que no han violentado sus derechos y no ha sido objeto de tratos crueles, inhumanos o degradantes; B) Que en fecha dieciséis (16) de abril de dos mil veinte (2020), recibió el informe solicitado al Instituto Nacional Penitenciario (INP) y a las autoridades de la Penitenciaria Nacional “Marco Aurelio Soto” ubicada en Támara, departamento de Francisco Morazán, en donde pudo constatar: que el señor LUIS FERNANDO URRUTIA RAMIREZ, ingreso a dicho centro penitenciario el tres (3) de agosto de dos mil dieciocho (20l8), bajo orden del Juzgado de Letras Nacional designado, y actualmente se encuentra recluido en anexo del primer batallón de infantería, bajo la situación jurídica de procesado; C) Que del informe médico realizado por la doctora REINA GABRIELA APLICANO, medico asistencial del centro penitenciario, se puede constatar que el señor LUIS FERNANDO URRUTIA RAMIREZ: que tiene antecedentes de trastorno de ansiedad e hipertensión arterial; que actualmente se encuentra en un buen estado general de salud y esta tomado sus medicamentos todos los días, y; se han tomado las medidas pertinentes para la prevención del COVID-19, como la restricción de visitas y charlas de educación sobres las medidas de bioseguridad; D) En vista de todo lo expuesto anteriormente, la Juez Ejecutora Resolvió: (SIC) “DECLARAR NO HA LUGAR: la acción del recurso de EXHIBICIÓN PERSONAL interpuesto por la abogada DORA DEL CARMEN RAMOS a favor de LUIS FERNANDO URRUTIA RAMIREZ”. (Folios 15–19 del presente Recurso) 4) Que en fecha veintiocho (28) de abril de dos mil veinte (2020), el referido Juzgado remitió los antecedentes del presente recurso a esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (C.S.J.), en virtud de inhibirse el mismo de seguir conociendo de dicho trámite. (Folio 32 del presente Recurso). CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional conocer en Revisión la Garantía de Exhibición Personal según lo preceptuado en los artículos 313 numeral 3) y 5) en relación directa con el 182 de la Constitución de la República; de igual forma a lo previsto en el artículo39 párrafo último, de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto 244-2003. CONSIDERANDO (2): Que la acción de Exhibición Personal es una garantía constitucional de carácter excepcional, en la que toda persona agraviada o cualquier otra en nombre de ésta tiene derecho a promoverla como lo establece el artículo 182 Constitucional en correspondencia con lo citado en el artículo 13 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, debiendo adoptarse sin demora las medidas necesarias para la averiguación del caso concreto, tomando en cuenta que es deber del Estado garantizar la libertad personal y la integridad de la persona humana, cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción restricción o molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión. CONSIDERANDO (3): Que la Sala conoce el Recurso de Exhibición Personal, inicialmente presentado ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, que resolvió 1)Tener por admitido el recurso de exhibición personal interpuesto por la abogada Dora del Carmen Ramos a favor del señor Luis Fernando Urrutia Ramírez; 2)Nómbrese a la abogada Josefina Pavon Durón con carnet de colegiación 7021, como Juez Ejecutora a quien deberá librársele la debida comunicación y asimismo se le hará saber el nombramiento en recaído para su aceptación y demás efectos legales; 3) Siendo que este juzgado no es competente para conocer la presente garantía de exhibición personal y que solo ha conocido a prevención que se remitan las diligencia a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. CONSIDERANDO (4): Que la recurrente abogada Dora del Carmen Ramos en su condición de defensora privada del señor Luis Fernando Urrutia Ramírez, señala en el recurso que se encuentra recluido en el Primer Batallón de la Aldea de las Tapias, Francisco Morazán por suponerlo responsable de la comisión del delito de Fraude y Exacciones Ilegales, y que en fecha 13 de junio del 2018 el Ministerio Publico presento requerimiento fiscal contra su representado y en fecha 7 de agosto del 2018 en audiencia inicial le dictaron auto de formal procesamiento por el delito de Fraude y Exacciones Ilegales en perjuicio de la Administración Pública del Estado de Honduras, se le impuso la medida de prisión preventiva, y siendo que aun no se ha llevado a cabo el juicio correspondiente, por lo que se le considera aún inocente según el principio de inocencia que establece la norma penal vigente, que las actuaciones son en contra del Director de la Penitenciaria Nacional de Tamara, Francisco Morazán. CONSIDERANDO (5): Motiva además, Que su representado padece de hipertensión arterial, depresión severa y ansiedad, lo que puede ser verificado y por las cuales esta medicado, salud que se ha visto gravemente afectada por la situación que se está viviendo en torno a la enfermedad viral existente en la actualidad denominada COVID-19. Que habiéndose creado una comisión interventora que tiene previsto un plan especial de excarcelación para personas recluidas que presenten enfermedades crónicas, para lo cual ha nombrado un listado para a ser evaluados, sin que se haya tomado en cuenta a mi representado el señor Luis Fernando Urrutia R. por las enfermedades que adolece ya que tanto la hipertensión arterial como la depresión severa y la ansiedad son enfermedades crónicas altamente delicadas, condición inmunológica que hace que este en riesgo ante el COVID-19 sin brindarle la atención debida poniendo en riesgo su vida, además de la sobrepoblación y que no reúnen condiciones para mantener las condiciones higiénicas y distanciamiento social recomendado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS)que decretó pandemia Global de Coronavirus como consecuencia de la infección de 187 países generando una enorme crisis para Honduras, y que el Comité de las Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura (PT) emitió recomendaciones para privados de libertad, entre las cuales la medida de reducción de población penitenciaria de acuerdo al delito imputado, que siendo los beneficiarios de dichas medidas tanto los mayores de sesenta años como los que por su condición inmunológica padecen enfermedades crónicas ante el riesgo de COVID-19 solicitando que se declare la acción conforme la norma constitucional relacionada. CONSIDERANDO (6): Que el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, ordena en la admisión del recurso contra el Director de la Penitenciaria Nacional de Tamara, Francisco Morazán, instruye que la Juez Ejecutora verifique los extremos planteados para constar la violación al derecho de integridad personal con el fin de proteger la libertad, seguridad, integridad física, psicológica, moral del señor Luis Fernando Urrutia Ramírez siendo que el deber del Estado es garantizar la libertad personal y la integridad e intimidad de la persona humana, así como el respeto de las órdenes judiciales, que la Juez determine mediante las investigaciones en qué estado se encuentra el supuesto agraviado y que requiera en legal y debida forma a cuanta persona considere pueda dar información al respecto. CONSIDERANDO (7): Que resulta de autos que la Juez Ejecutora en cumplimiento a las funciones inherentes a su cargo, procedió de conformidad a lo mandado en la providencia pronunciada por el Juzgado de Letras Penal de esta Sección Judicial, corre a folio 22 el acta de requerimiento al Director de La Penitenciaria Nacional de Tamara en fecha 13 de abril del 2020, haciendo ver la presentación del Recurso de Habeas Corpus a favor del privado de libertad Luis Fernando Urrutia Ramírez que tiene por objeto verificar los padecimientos del agraviado, en cuanto a hipertensión arterial, depresión severa y ansiedad que requieren de atención medica constante, lo que se verificará en el expediente médico que se encuentra en la Clínica Médica del Hospitalito de las instalaciones del Centro Penitenciario en atención a la creación de una comisión interventora quien ha considerado un Plan Especial de Excarcelación para las personas recluidas que presenten cuadros de enfermedades crónicas entre otras, para lo cual sea nombrado un listado de privados de libertad a ser evaluados sin que se haya tomado en cuenta a su representado señor Luis Fernando Urrutia, -según lo relata su representante legal-, por las enfermedades crónicas altamente delicadas que adolece, asimismo, requiere evaluación médica por el doctor del Hospitalito que opera en ese centro penitenciario, debiendo rendir un informe acompañado de toda la documentación soporte en un plazo de veinticuatro horas, de conformidad al artículo 26 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (8): Que obra a folios 21 la entrevista al privado de libertad, Luis Fernando Urrutia el mismo día 13 de abril del 2020, la que se realizo en las instalaciones del Primer Batallón de Las Tapias, Aldea Mateo, Francisco Morazán en la que expresa al ser preguntado, que cuando ingreso al anexo donde esa recluido, responde que el 2 de agosto del 2018. Preguntado porque Delito, responde por Fraude y Exacciones Ilegales. Preguntado si padece de alguna enfermedad, responde que hipertensión y depresión severa, la depresión la padece desde el año 2012, se refleja en claustrofobia y lesiones lumbares e insomnio. Peguntado sobre los medicamentos que toma, expresa, que hibersatan, ribotril y para la espalda me dan coctel que se llama dexaneurobion inyectado. Quien le proporciona los medicamentos, responde que el ribotril no lo maneja el instituto y me lo proporciona mi doctor privado el hibersatan el Instituto a través del hospitalito y la dexaneurobion a veces el hospitalito de Tamara y a veces mi familia, los demás medicamentos los maneja el Instituto. Preguntado si se le han violentado sus derechos durante el tiempo que ha estado detenido, responde: Aquí no. Ha sido objeto de tratos crueles, inhumanos o degradantes, responde no, el único incidente fue el día que llegue me cerraron la puerta metálica y entré en arritmia cardiaca, porque ellos desconocían mi condición, desde ese día duermo con la puerta abierta. Con cuantas personas se encuentra en su celda. Responde: mi celda es personal. Al final de la entrevista expresa que se le ha violentado su derecho de defensa, porque el delito por el cual se me acusa no está en el catalogo, dicho delito se apeló en agosto del 2018, teniendo la jueza por ley diez días para contestarlo y he esperado 20 meses y no han resuelto la apelación y no se me ha señalado audiencia para cambio de medidas. El decreto que aprobó el Congreso sobre auditoria de fondos públicos dice que dichos fondos deben ser investigados por el Tribunal Superior de Cuentas. Firmando para constancia. CONSIDERANDO (9): Que corre a folio 24 el informe rendido por el Director de la Penitenciaria Nacional de Tamara de fecha 14 de abril del 2020, en el cual señala entre otros conceptos lo siguiente: “el señor Luis Fernando Urrutia Ramírez, ingresó a este Centro Penitenciario Nacional de Tamara, en fecha 3 de agosto del 2018, remitido por el Juzgado de Letras Nacional designado por el delito de Lavado de Activos en la Modalidad de Encubrimiento, en perjuicio de la Economía del Estado de Honduras, actualmente recluido en anexo del Primer Batallón de Infantería con condición jurídica de procesado. Anexa al informe la evaluación Médica del recluido realizada por el Médico Asistencial del Centro Penitenciario, señalando finalmente que el privado de libertad está en control médico en el Hospitalito del Centro Penitenciario. CONSIDERANDO (10): Que seguida de las actuaciones de investigación y a requerimiento de la Juez Ejecutora, se encuentra a folio 25 la evaluación médica del privado de libertad, según Expediente Clínico PI-U-90, edad de 48 años recluido en Modulo Anexo Primer Batallón de Infantería. Antecedentes Personales Patológicos: que se resume de la siguiente manera: Trastorno de Ansiedad e Hipertensión Arterial. Atenciones medicas iniciadas desde su ingreso y la ultima el 14 de abril del 2020. Su examen físico: lucido, consiente, orientado, colaborador. Diagnostico: Hipertensión Arterial y Trastorno de Ansiedad. Conclusión: Buen estado general, no refiere sintomatología, refiere estarse tomando su tratamiento todos los días. Tratamiento: Irbersatan 300 mg vía oral cada día, Ribotril ½ tableta cada noche, dexaneurobion intramuscular 1 cada 15 días. Refiere el paciente que aproximadamente desde el 2012 fue diagnosticado con hipertensión arterial por un especialista (no expreso nombre). No ha sido evaluado por un especialista en cita médica. Finalmente reza el informe que se han tomado las medidas pertinentes para la prevención del COVID-19, como restricción de visitas al modulo, brindado charlas sobre medidas de bioseguridad. Dra. Reina Gabriela Aplicado. Medico Asistencial Centro Penitenciario Nacional de Tamara. CONSIDERANDO (11): Que concluidas las investigaciones de la Juez Ejecutora, quien compareció In Situ ante las autoridades denunciadas de conformidad a los hechos planteados en el recurso, requiriendo los informes y solicitando la exhibición del privado de libertad para proceder a la entrevista; asimismo que a los informes se agreguen los documentos soporte, que se haga constar mediante evaluación médica el estado de salud actual, sus padecimientos patológicos así como las medidas de seguridad que se han tomado en cuanto a lo relativo a la Pandemia COVID-19, considerando que en el Recurso los hechos planteados son que el agraviado padece de enfermedades crónicas y que no ha sido tomado en cuenta en el listado de personas con dichos padecimientos que ponen en peligro su vida, debido al hacinamiento de los centros penitenciarios, que no hay condiciones higiénicas, todo en el entendido de un plan especial de excarcelación para personas recluidas con un cuadro de enfermedades crónicas, con el fin de salvaguardar su estado físico como su vida, derechos garantizados por el Estado como lo establece la Constitución de la República, la Ley Sobre Justicia Constitucional y los Instrumentos Internacionales de los que Honduras es parte. CONSIDERANDO (12): Que el informe final rendido por la Juez Ejecutora se basa en el análisis de informes requeridos, documentos, entrevista al privado de libertad, evaluación médica, concluyendo que todo lo preceptuado en la Ley Sobre Justicia Constitucional como lo dispone el artículo 38, se establece que la procedencia de la acción se declarará con lugar la exhibición personal cuando hay violación de alguno de los supuestos establecidos en los artículos 13 y 25 del mismo cuerpo legal, caso contrario se declara sin lugar, hemos observado que no se ha infringido ninguno de los artículos preceptuados, por tanto declara no ha lugar la acción del recurso de exhibición personal a favor de Luis Fernando Urrutia Ramírez, al resultar de la entrevista que efectivamente cuenta con un proceso judicial, que está recluido por una orden que emana de autoridad competente, situación que consta también con el informe rendido por el director del Centro Penal, el recluido manifestó que no ha sufrido tratos crueles e inhumanos por parte de las autoridades encargadas de su guarda y custodia, que esta acción fue interpuesta por el mal estado de su salud y por los problemas de hacinamiento y sobrepoblación en que se encuentra el actual sistema penitenciario, manifestando el entrevistado que su celda es personal, si bien es cierto existe decreto ejecutivo de emergencia como es el PCM-021-2020 por existir pandemia COVID-19 nombre establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y que en el mismo limita varias garantías fundamentales como excepciones, pero no es el caso del señor Luis Fernando Urrutia Ramírez, ya que su derecho a la salud lo ha tenido por parte de las autoridades penitenciarias, no existe decreto emitido por Crisis de Pandemia de COVID-19 aprobado para que toda persona que se encuentra privada de libertad y se encuentre en mal estado de salud pueda salir y gozar y restituirle el derecho de su libertad, diferente al caso de merito. CONSIDERANDO (13): Que esta Sala de lo Constitucional ha examinado todas las actuaciones del Juez Ejecutor, las que tienen como propósito verificar In Situ los hechos denunciados, así como recabar toda la información que permita verificar si los hechos narrados en el recurso a presuntas violaciones a derechos y garantías constitucionales que estaría sufriendo el privado de libertad, señor Luis Fernando Urrutia Ramírez, por parte de autoridades del Centro penitenciario donde se encuentra recluido (Anexo Primer Batallón de Infantería), concluyendo que se deduce del informe final rendido por la Juez Ejecutora, que los hechos denunciados carecen de veracidad, las investigaciones muestran con la exhibición personal del recluido, que incluye una entrevista, evaluación médica e informe del director de la prisión, que ha quedado constado lo siguiente: que ingreso al entró Penitenciario el 3 agosto 2018, remitido por el Juzgado de Letras Nacional designado, por el delito de Lavado de activos en la Modalidad de Encubrimiento en perjuicio de la Economía del Estado de Honduras; recluido en el Anexo Primer Batallón de Infantería con condición de Procesado y finalmente que está en control médico; en la evaluación médica del médico asistencial del Centro Penitenciario se relaciona que sus antecedentes pro enfermedad son Trastorno de Ansiedad e Hipertensión Arterial, que toma todos sus tratamientos para cada patología, que es un paciente lucido, consiente, orientado y colaborador, en buen estado general, y que se han tomado todas las medidas pertinentes para la prevención del COVID-19, entre estas restricción de visitas al modulo y se ha brindado charlas sobre las medidas de bioseguridad; mediante la entrevista personal expreso que no ha recibido malos tratos en la prisión por autoridades del Centro, que toma sus tratamientos médicos por las patologías señaladas, que unos medicamentos los brinda el Instituto y otros por la familia; que él se encuentra recluido en una celda sin más privados de libertad que su celda es personal, que el único incidente que ha tenido fue al ingresar al centro penitenciario cuando no conocían de sus padecimientos y le cerraron la puerta metálica y le dio arritmia cardiaca pero que a partir de esa fecha duerme con la puerta abierta, concluyendo en la entrevista “se me ha violentado el derecho de defensa porque el delito por el cual se mee acusa no está en el catalogo, dicho delito se apeló en agosto 2018 teniendo la jueza 10 das para contestarlo y he estado 20 meses y no han resuelto la apelación y no se me ha señalado audiencia para cambio de medidas, el Decreto que aprobó el Congreso sobre auditoria de fondos públicos dice que dichos fondos deben ser investigados por el Tribunal Superior de Cuentas”, firmando la entrevista. CONSIDERANDO (14): Que la Constitución de la República dispone en su artículo 68: “Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, síquica y moral. Nadie debe ser sometido a torturas, ni penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”. De otro lado, la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, y de la cual Honduras forma parte, Artículo 5. Derecho a la Integridad Personal: “1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. 2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”. De igual forma el artículo 69 de nuestra Carta Magna señala, que la libertad individual es inviolable y solo con arreglo a las leyes podrá ser restringida o suspendida temporalmente; por tanto procede la restricción únicamente con la intervención del órgano jurisdiccional, como indiscutiblemente ha sucedido en el presente caso, pues se deduce de autos que al recluido les sigue proceso por el delito de Lavado de Activos en la modalidad de Encubrimiento, en perjuicio de la Economía del Estado de Honduras, remitido por el Juzgado de letras Nacional Designado, en fecha 3 de agosto del 2018. CONSIDERANDO (15): Que de acuerdo al contenido del artículo 38 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, se declarará con lugar la exhibición personal, cuando se constate la violación de alguno (s) de los supuestos establecidos en los artículos 13 y 24 de esta Ley. En caso contrario se declarara sin lugar. El artículo 13.1 de esta ley, preceptúa que procede el habeas corpus: a) Cuando se encuentre ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo del goce de su libertad; y b) Cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción o molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión.- Artículo 24. Las privaciones de libertad se consideran arbitrarias e ilegales: 1) Toda orden verbal de prisión o arresto, salvo si tiene como finalidad impedir la inminente comisión de un delito, la fuga de quienes hayan participado en aquel o evitar daños graves a las personas o a la propiedad; 2) Toda orden de prisión o arresto que no emane de autoridad competente o que haya sido expedida sin las formalidades legales o por motivos que no hayan sido previamente establecidos en la ley; y 3) Toda detención o arresto que no se cumpla en los centros destinados para el efecto por el Estado.- En el caso de merito el privado de libertad no se encuentra comprendidos dentro de ninguno de los numerales transcritos de los artículos 13 y 24 de la Ley de Justicia Constitucional; por lo tanto procede declarar sin lugar la presente acción de habeas corpus, en vista que no consta en el informe tanto del Juez Ejecutor como de la autoridad requerida que se le estén vulnerando sus garantías, como se relaciona en el informe, sus antecedentes de salud están recibiendo el tratamiento médico adecuado por cada una de las patologías, en cuanto al hacinamiento relacionado se constato que se encuentra en celda personal, en el Anexo del Primer Batallón de Infantería con las medidas de seguridad implementadas, como es la restricción de visitas y charlas de bioseguridad para evitar contagio por COVID-19, Concluyendo que su estado de salud en general es estable y gozan de todas las medidas de prevención implementadas y de evaluaciones medicas brindadas por el médico asistencial del centro penitenciario, expresando en la entrevista que no ha sido objeto de tratos crueles e inhumanos o degradantes, y que finalmente expresa, que se le ha violentado el derecho de defensa porque el delito por el cual se le acusa no está en el catalogo, que se apelo y que la juez no ha resuelto y que no se le ha señalado audiencia para el cambio de medidas, que el Congreso mediante Decreto aprobó que la auditoria de fondos públicos, los fondos deben ser investigados por el Tribunal Superior de Cuentas, encontrando que toda la documentación se encuentra anexada en el expediente de investigación. CONSIDERANDO (16): Que los órganos jurisdiccionales son garantes de la protección de derechos fundamentales de todos los ciudadanos de la República, máxime de los que están privados de libertad, en consecuencia en la aplicación de la Ley Sobre Justicia Constitucional, las disposiciones contenidas en la misma, se interpretarán y aplicarán de manera que aseguren una efectiva protección de los derechos humanos y las defensas del orden jurídico constitucional aplicándose e interpretándose en atención a los tratados, convenciones y todos aquellos instrumentos internacionales vigentes en la República de Honduras. En tal sentido esta Sala de lo Constitucional confirma el informe rendido por el Juez Ejecutor quien realizo todas las actuaciones investigativas que llevan a esta Sala a concluir que al privado de libertad no se le están vulnerando garantías individuales, se encuentran en condición jurídica de procesado y su detención emana de autoridad competente respetándole el debido proceso por la causa que se les sigue, por el delito de Lavado de Activo en la Modalidad de Encubrimiento en Perjuicio de la Economía del Estado de Honduras, procede por tanto declarar no ha lugar el Recurso de Habeas Corpus o Exhibición Personal solicitado a su favor y en cuanto a la petición de la revisión de medias, esta Sala reiteradamente ha dejado establecido en sus resoluciones que la finalidad del Recurso de Habeas Corpus o Exhibición Personal, es el de proteger el derecho a la vida y a la libertad individual. Los ciudadanos pueden presentar un Hábeas Corpus en defensa de sus garantías constitucionales y proteger sus derechos, este recurso no está previsto como un recurso de instancia con el objeto de obtener una enmienda contra una resolución emanada de una autoridad o de un órgano jurisdiccional competente. Su objeto es hacer valer los derechos del agraviado ante una detención ilegal o arbitraria y hacer cesar toda conducta o acción encaminada o emergente de una violación de derechos individuales, lo que no sucede contra el supuesto agraviado Luis Felipe Urrutia Ramírez como ha quedado constatado, por lo que la representante procesal deberá instar ante el órgano jurisdiccional competente las acciones que considere expeditas en derecho penal a favor de su representado. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos, en aplicación de los artículos 80, 82, 182, 303, 304, 313 numerales 5, 316 numeral 1) de la Constitución de la República; 8 y 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 9 y 10 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos; 5, 7, 8, 24, y 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos; 1, 74, 78 numeral 5) de la Ley de Organización y Atribución de los Tribunales; 9 numeral 1), 10 numeral 1), 12, 13, 14, 17, 19, 25, 26, 31, 34, 37, 38 y 70 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, FALLA: DECLARAR SIN LUGAR, el Recurso de Exhibición Personal o Habeas Corpus promovido por la defensora privada Dora Del Carmen Ramos a favor de Luis Fernando Urrutia Ramírez. Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente sentencia, se proceda al archivo de las presentes diligencias. - Redactó el Magistrado SERRANO VILLANUEVA.- NOTIFIQUESE. Firmas y sello. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veintiuno días del mes de mayo de dos mil veinte, certificación de la sentencia de fecha trece de mayo de dos mil veinte, recaída en el recurso de exhibición personal registrada en este Tribunal con el número SCO-0307-2020.
ABOG. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.
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