Sentencia EP-302-20 — Registro 10728
Resumen
Se interpuso Recurso de Exhibición contra actuaciones del Director de la Penitenciaria Nacional “Marco Aurelio Soto” Ubicada en Támara, Departamento de Francisco Morazán”; manifestando la peticionaria que su representado se encuentra en una situación de detención ilegal, riesgo y peligro a su vida.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
... "CONSIDERANDO (12): Que se ha efectuado el estudio de autos en la presente garantía de Habeas Corpus o Exhibición Personal, así como el informe emitido por el Juez Ejecutor, el cual se aprueba. Considera este Alto Tribunal, que la petición excarcelatoria y de dictado de arresto domiciliario a favor del privado de libertad formulada por la garantista, no es de recibo; por no enmarcarse en las disposiciones constitucionales relacionadas, ni en lo convencionalmente dispuesto por el artículo 1 de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Acorde el Informe del Juez Ejecutor, tampoco se subsumiría el recurso en alguno de los presupuestos que, para su otorgamiento, precaven los artículos 13 y 24 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. Cabe reiterar aquí lo manifestado por la Sala, en fallos anteriores, en el sentido que correspondería a la jurisdicción ordinaria resolver planteamientos como el ut supra fundamentado; acorde el principio de legalidad y a lo dispuesto en el bloque de constitucionalidad; por todo lo cual, debe declararse SIN LUGAR la presente garantía de Hábeas Corpus."
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 38 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICA
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, tres de junio del dos mil veinte.- VISTA: Para dictar Sentencia en el Recurso de Exhibición Personal interpuesto por la abogada NELY YOLANDA ESCOTO CACERES, a favor del señor JUAN CARLOS MARADIAGA ORTIZ, contra actuaciones del DIRECTOR DE LA PENITENCIARIA NACIONAL “MARCO AURELIO SOTO” UBICADA EN TÁMARA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN”; manifestando la peticionaria que su representado se encuentra en una situación de detención ilegal, riesgo y peligro a su vida. Situación que, a criterio de la peticionaria, violenta en perjuicio de su representado, los derechos contenidos en los artículos 59, 60, 65 y 82 de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha catorce (14) de abril de dos mil veinte (2020), compareció ante el Juzgado de Letras de lo Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, la abogada NELY YOLANDA ESCOTO CACERES, interponiendo Recurso de Exhibición Personal a favor del señor JUAN CARLOS MARADIAGA ORTIZ, manifestando la peticionaria: que su representado se encuentra detenido, llevado a juicio oral y público, sin embargo, no se le ha individualizado la pena, causándole un perjuicio, ya que no se ha podido interponer recurso de casación; en violencia al debido proceso. Que, aunado a lo anterior, su defendido padece de hipertensión y necesita de tratamiento diario y constante para poder controlar su condición y mantenerlo estable y vivo. Que, con la actual situación de hacinamiento en las cárceles y su condición vulnerable de salud, se encuentra en una situación de alto riesgo para el contagio de COVID-19. Situación que, a criterio de la peticionaria, violenta en perjuicio de su representado, los estándares internacionales en materia de derechos humanos; tales como las “100 Reglas de Brasilia” y las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (“Reglas Nelson Mandela”); y, en definitiva, los derechos reconocidos en los artículos 59, 60, 65 y 82 de la Constitución de la República; por todo lo cual peticiona de la justicia constitucional, se proceda sin tardanza a efectuar las medidas necesarias para proteger la vida y salud de su representado, declarar procedente la acción de habeas corpus o de exhibición personal, ordenando su inmediato traslado a su casa de habitación y demás efectos que en derecho correspondan. (Folios 2-6- del presente Recurso)- 2) Que, en la misma fecha, este citado Juzgado admitió el presente recurso y, en consecuencia, nombró como Juez Ejecutor al abogado MARVIN ARGUETA, Defensor Público de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, a efecto de que rindiera un informe sobre los extremos consignados en el presente recurso. (Folio 7-8v del presente Recurso)- 3) Que en fecha diecinueve (19) de abril de dos mil veinte (2020), el Juez Ejecutor compareció ante esta Sala, y en el ejercicio de las responsabilidades inherentes a su cargo, rindió el informe correspondiente, consignando entre otros extremos, lo siguiente: A) Que en fecha quince (15) de abril de dos mil veinte (2020), se personó en las instalaciones de la Penitenciaria Nacional “Marco Aurelio Soto”, para entrevistarse con el señor JUAN CARLOS MARADIAGA ORTIZ, quien le manifestó: que se encuentra recluido en dicho centro penitenciario, desde el uno (1) de diciembre de dos mil quince (2015), por seguírsele un proceso del delito de LAVADO DE ACTIVOS, en perjuicio de la ECONOMÍA DEL ESTADO DE HONDURAS, y que en fecha veintinueve (29) de junio de dos mil dieciocho (2018), fue condenado a quince (15) años de reclusión, pero que dicha nunca fue notificada, para la debida interposición del recurso de casación; se encuentra detenido ilegalmente, pues su prisión preventiva esta vencida, y; que es hipertenso y para ello toma un medicamento de uso comercial llamado “atacand”, y en dicho centro penitenciario no se lo proporcionan; B) Que en el informe rendido por el director de la Penitenciaria Nacional “Marco Aurelio Soto”, el coronel de infantería JAIME ESPINOZA LOPEZ, pudo constatar: que el señor JUAN CARLOS MARADIAGA ORTIZ, ingreso a dicho centro penitenciario en fecha dos (2) de diciembre de dos mil quince (2015), por el delito de ASOCIACIÓN ILÍCITA Y LAVADO DE ACTIVOS, en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR Y LA ECONOMÍA DEL ESTADO DE HONDURAS, a la orden del Juzgado de Letras Penal con Jurisdicción Nacional en Materia Penal; actualmente se encuentra recluido en la calidad de procesado; que se han tomado las medidas pertinentes para la prevención del COVID-19, como charlas educativas sobre las medidas de bioseguridad, y; que la doctora REINA GABRIELA APLICANO, doctora de dicho centro penitenciario, le informe que el señor JUAN CARLOS MARADIAGA ORTIZ, padece de hipertensión arterial crónica, se encuentra en un buen estado general y recibiendo el tratamiento y las atenciones médicas que requiere; C) Que del informe rendido por la presidente del Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional, la abogada DELIA LIZETH VILLATORO MEJIA, pudo constatar que: el señor JUAN CARLOS MARADIAGA ORTIZ lleva un trámite por los delitos de LAVADO DE ACTIVOS Y OTROS, en perjuicio de la ECONOMÍA DEL ESTADO DE HONDURAS, y; que en fecha ocho (8) de agosto de dos mil dieciocho (2018), proceso en que se le encontró culpabilidad a él y a coimputados; llevándose a cabo la audiencia de individualización de la pena, la cual consta de su respectiva acta; D) En vista de todo lo expuesto anteriormente, el Juez Ejecutor Resolvió: (SIC) “1.- DECLARANDO SIN LUGAR el presente recurso de Habeas Corpus o Exhibición Personal promovida por la abogada NELY YOLANDA ESCOTO CACERES a favor del ciudadano JUAN CARLOS MARADIAGA ORTIZ. - 2.- Que se remita el presente informe al Juzgado de Letras de lo Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa Departamento de Francisco Morazán con sus antecedentes para los efectos de legales pertinentes.” (Folios 32–39 del presente Recurso)- 4) Que en fecha veinte (20) de abril de dos mil veinte (2020), el referido Juzgado remitió los antecedentes del presente recurso a esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (C.S.J.), en virtud de inhibirse el mismo de seguir conociendo de dicho trámite. (Folio 45 del presente Recurso)- CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia a través de su Sala Constitucional el conocimiento de las acciones de Hábeas Corpus o Exhibición Personal, acorde a lo preceptuado en los artículos 182 y 316 numeral uno de la Constitución de la República, en relación a lo preceptuado en los artículos 3 numeral uno y 13 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, resultando procedente la misma cuando se constate que la persona agraviada se encuentre ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad, o bien, cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción o molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión.- CONSIDERANDO (2): Que la Constitución de la República en el artículo precitado, establece en su literalidad: “El Estado reconoce la garantía de Hábeas Corpus o Exhibición Personal, y de Hábeas Data. En consecuencia en el Hábeas Corpus o Exhibición Personal toda persona agraviada o cualquier otra en nombre de ésta tiene derecho a promoverla; y en el Hábeas Data únicamente puede promoverla la persona cuyos datos personales o familiares consten en los archivos, registros públicos o privados de la siguiente manera: 1) EL HÁBEAS CORPUS O EXHIBICIÓN PERSONAL: a) Cuando se encuentre ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad; y, b) Cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión”…[1]- CONSIDERANDO (3): Que la justicia constitucional tiene por objeto desarrollar las garantías y las defensas del orden jurídico constitucional. En virtud de ello, establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, que sus disposiciones se interpretarán y aplicarán siempre de manera que aseguren una eficaz protección de los derechos humanos y el adecuado funcionamiento de las defensas del orden jurídico constitucional. De igual manera, la justicia constitucional se aplicará e interpretará de conformidad con los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales sobre derechos humanos vigentes en la República de Honduras, tomando en consideración las interpretaciones que de ellos hagan los tribunales internacionales.[2]- CONSIDERANDO (4): Que el Estado de Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (CADH),[3] la que una vez en vigor forma parte del derecho interno[4]; comprometiéndose el Estado a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el artículo 5 el Derecho a la integridad personal y textualmente señala: “1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. 2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano…”. En congruencia a ello, nuestra Carta Magna declara en su artículo 59 que la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado, sosteniendo la obligación de respetarla y protegerla, siendo en consecuencia inviolable la dignidad del ser humano; declaración íntimamente relacionada con el derecho individual que recoge la normativa constitucional en el artículo 68, que textualmente establece: “Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, síquica y moral”.- CONSIDERANDO (5): Que, en ese orden de ideas, señala también la jurisprudencia interamericana en materia de derechos humanos, que toda persona privada de libertad tiene derecho a vivir en condiciones de detención compatibles con su dignidad personal. Esto implica el deber del Estado de salvaguardar la salud y el bienestar de las personas privadas de libertad y de garantizar que la manera y el método de privación de libertad no excedan el nivel inevitable de sufrimiento inherente a la misma. Por ello, con base en el principio de no discriminación, el derecho a la vida de las personas privadas de libertad también implica la obligación del Estado de garantizar su salud física y mental, específicamente mediante la provisión de revisión médica regular y, cuando así se requiera, de un tratamiento médico adecuado, oportuno y, en su caso, especializado y acorde a las especiales necesidades de atención que requieran las personas detenidas en cuestión. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos también ha identificado la obligación de los Estados de proveer atención médica a los privados de libertad y de proporcionar cuidados especiales en situaciones de emergencia o debido cuidado en caso de enfermedad severa o terminal. Asimismo, el Comité de Derechos Humanos de la ONU ha establecido que cuando los Estados detienen a una persona asumen una especial responsabilidad de su vida, por lo que corresponde asegurar una protección de este derecho, incluyendo la atención médica adecuada, la cual debe ser ofrecida de oficio, sin necesidad de que sea haga un requerimiento especial por parte de quien se encuentra detenido; estándares de derechos humanos que son aplicables en el caso de mérito, dado que no pueden ser objeto de suspensión, aun en caso de estado de emergencia o excepción legalmente decretado.[5]- CONSIDERANDO (6): Que en fecha catorce de abril de dos mil veinte, compareció ante el Juzgado de Letras Penal de la ciudad de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, la abogada NELY YOLANDA ESCOTO CACERES, presentando Recurso de Exhibición Personal a favor del señor JUAN CARLOS MARADIAGA ORTIZ contra actuaciones del DIRECTOR DE LA PENITENCIARIA NACIONAL “MARCO AURELIO SOTO” UBICADA EN TÁMARA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN”, manifestando la peticionaria que su representado se encuentra detenido, llevado a juicio oral y público, sin habérsele individualizado la pena, causándole un perjuicio, ya que no se ha podido interponer recurso de casación; en violencia al debido proceso. Que, aunado a lo anterior, su defendido padece de hipertensión y necesita de tratamiento diario y constante para poder controlar su condición y mantenerlo estable y vivo; situación que, a criterio de la peticionaria, violenta los derechos contenidos en los artículos 59, 60, 65 y 82 de la Constitución de la República en perjuicio de su representado; lo cual serviría de base a una petición excarcelatoria a su favor.- CONSIDERANDO (7): Que el Abogado MARVIN ARGUETA, Juez Ejecutor nombrado a prevención por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, para conocer de la garantía constitucional promovida, rindió en tiempo y forma el informe que legalmente le fuera requerido; siendo del parecer no haber lugar al RECURSO DE EXHIBICIÓN PERSONAL anteriormente descrito y circunstanciado; en vista a las entrevistas realizadas y haberse podido verificar, con los informes requeridos de las autoridades competentes, que no ha existido violación a derechos y garantías constitucionales; particularmente, por no constatarse procedibilidad al cambio de medidas cautelares solicitada, el cual excedería la esfera de atribuciones conferidas por Ley al dicente. Asimismo, recoge el aludido informe, que se han tomado las medidas pertinentes para la prevención del COVID-19 como son: Restricción a las visitas al módulo y charlas de educación sobre medidas de bio-seguridad; por todo lo cual desestima que los hechos denunciados, se encuentren en correspondencia a las normas legales conducentes a declarar la procedencia del recurso.- CONSIDERANDO (8): Que, mediante Decreto Legislativo No. 64-2012, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 32,990 de fecha 3 de diciembre del año 2012, se crea la Ley del Sistema Penitenciario Nacional, la que tiene como propósito regular la organización y el funcionamiento del Sistema Penitenciario Nacional, el cual está integrado por: 1) El Instituto Nacional Penitenciario (INP); y, 2) Los Establecimientos Penitenciarios. El Sistema Penitenciario Nacional tiene como fines primordiales inter alia, “la retención y custodia de toda persona detenida, en prisión preventiva o cumpliendo condena privativa de libertad.”[6] La precitada ley determina en el artículo 2 que la actividad penitenciaria se debe desarrollar con las garantías y dentro de los límites establecidos por la Constitución de la República, los Tratados Internacionales ratificados por Honduras, las Leyes, los Reglamentos, y las Sentencias Judiciales. El artículo 3 expresamente prohíbe el someter a las personas privadas de libertad a torturas y cualquier trato cruel, inhumano o degradante u otro lesivo a su dignidad. El artículo 8 enumera las atribuciones que tiene el INP, y de interés a la presente sentencia, las establecidas en el numeral 3 y 17, que consisten en: 3) Velar por la seguridad, atención, custodia, asistencia médica, educativa, laboral u otros servicios inherentes a los fines de la ley, de las personas privadas de libertad a su cargo, en prisión preventiva, cumpliendo penas o medidas de seguridad; y, 17) Coordinar con las autoridades judiciales competentes, los ingresos, traslados y egresos de las personas privadas de libertad a su cargo, de acuerdo a lo establecido en la legislación aplicable y la presente Ley.- CONSIDERANDO (9): Que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha referido que la infracción del derecho a la integridad física y psíquica de las personas varía según los factores endógenos y exógenos que deberán ser demostrados en cada situación concreta;[7] manifestando, a la vez, que: “toda persona privada de libertad tiene derecho a vivir en condiciones de detención compatibles con su dignidad personal y el Estado debe garantizarle el derecho a la vida y a la integridad personal. En consecuencia, el Estado, como responsable de los establecimientos de detención, es el garante de estos derechos de los detenidos…”.[8]- CONSIDERANDO (10): Que como consecuencia de la llegada del COVID-19 al territorio nacional, el Presidente de la República, en Consejo de Ministros, emitió el Decreto Ejecutivo PCM-005-2020, publicado en el Diario oficial La Gaceta No. 3,171 de fecha 1 de febrero del año 2020, mediante el cual se decretó declarar Estado de Emergencia Sanitaria en todo el territorio nacional, con el propósito de continuar y fortalecer las acciones de prevención y control entre otros, para garantizar la atención a las personas ante el posible contagio del virus denominado COVID-19. Posterior a ello, en fecha 16 de marzo del año 2020 se emitió el Decreto Ejecutivo PCM-021-220, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 35,201 de fecha 16 de marzo mediante el cual se decretó la restricción de garantías constitucionales por siete días, restricciones que se han prologando hasta la fecha con el propósito de evitar la propagación del COVID-19. Se debe garantizar, por consiguiente, que las restricciones ordenadas, no vengan a deteriorar aún más, las preexistentes deficiencias de salubridad e higiene en la mayoría de los Centros Penitenciarios; por lo que corresponde al Estado de Honduras el deber de respetar, garantizar y promover el goce y ejercicio de los derechos fundamentales, optimizando la declaración constitucional de que la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado.- CONSIDERANDO (11): Que, por otra parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, emitió la Resolución No. 01/2020 “PANDEMIA Y DERECHOS HUMANOS EN LAS AMERICAS”, en fecha diez de abril del año dos mil veinte, estimando que la pandemia del COVID-19 puede afectar gravemente la plena vigencia de los derechos humanos de la población, en virtud de los serios riesgos para la vida y siendo que es este el derecho humano más afectado por esta pandemia, como consecuencia de una afectación grave y directa del derecho humano a la salud, es ahora el momento de tomar decisiones urgentes que garanticen los derechos fundamentales a la vida, la salud, y a la integridad personal de todas aquellas personas que se encuentren privadas de libertad; particularmente cuando adolezcan de enfermedades crónicas como diabetes Mellitus, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, personas mayores de 60 años, personas que padezcan de enfermedades respiratorias crónicas como neumonía, tuberculosis, VIH y otras enfermedades que debido a su condición inmunológica pongan en riesgo la salud de las Personas privadas de su libertad. Se recomienda, por lo tanto, adoptar medidas para enfrentar el hacinamiento de las unidades de privación de libertad, incluida la reevaluación de los casos de prisión preventiva, para identificar aquellos que pueden ser convertidos en medidas alternativas a la privación de la libertad; dando prioridad a las poblaciones con mayor riesgo de salud frente a un eventual contagio del COVID-19, principalmente las personas mayores y mujeres embarazadas o con hijos lactantes; lo cual no se identificó como supuesto concurrente al presente caso.- CONSIDERANDO (12): Que se ha efectuado el estudio de autos en la presente garantía de Habeas Corpus o Exhibición Personal, así como el informe emitido por el Juez Ejecutor, el cual se aprueba. Considera este Alto Tribunal, que la petición excarcelatoria y de dictado de arresto domiciliario a favor del privado de libertad formulada por la garantista, no es de recibo; por no enmarcarse en las disposiciones constitucionales relacionadas, ni en lo convencionalmente dispuesto por el artículo 1 de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Acorde el Informe del Juez Ejecutor, tampoco se subsumiría el recurso en alguno de los presupuestos que, para su otorgamiento, precaven los artículos 13 y 24 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. Cabe reiterar aquí lo manifestado por la Sala, en fallos anteriores, en el sentido que correspondería a la jurisdicción ordinaria resolver planteamientos como el ut supra fundamentado; acorde el principio de legalidad y a lo dispuesto en el bloque de constitucionalidad; por todo lo cual, debe declararse SIN LUGAR la presente garantía de Hábeas Corpus.- POR TANTO: La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 1, 4, 59, 60, 68, 69, 70, 80, 82, 303, 304, 313 atribución 5a. y 316 de la Constitución de la República; 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 5 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1 de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; 1o., 78 atribución 5ª y 137 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 9, 13, 14, 17, 19, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 38, 39, 72, 119 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: DECLARAR SIN LUGAR EL RECURSO DE EXHIBICIÓN PERSONAL impetrado por la Abogada NELY YOLANDA ESCOTO CACERES, a favor del ciudadano JUAN CARLOS MARADIAGA ORTIZ, contra actuaciones del DIRECTOR DE LA PENITENCIARIA NACIONAL “MARCO AURELIO SOTO” UBICADA EN TÁMARA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN”, por las razones aquí motivadas. Y MANDA: 1.- Que se notifique esta sentencia a la Abogada impetrante de la presente garantía constitucional. 2.- Que notificada y firme que sea la presente sentencia, se proceda al archivo de las diligencias en Sala de lo Constitucional. Redacto La Magistrada Alvarez Sagastume.-NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los quince (15) días del mes de junio del año dos mil veinte (2020), certificación de la Sentencia de fecha tres (3) de junio del año dos mil veinte (2020), recaída en el Recurso de Exhibición Personal, registrado en este Tribunal bajo el número 0302-2020.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1] Ver el artículo 182 de la Constitución de la República.
[2] Ver artículo 2 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, Decreto Legislativo No. 244-2003.
[3] Suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, y entro en vigor en julio de 1978, publicado en La Gaceta No. 22287 del 1 de septiembre de 1977.
[4] Artículo 16, segundo párrafo de la Constitución de la República de Honduras.
[5] Ver: CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Cuadernillo de Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos No. 26: Restricción y suspensión de derechos humanos / Corte Interamericana de Derechos Humanos y Cooperación Alemana (GIZ). -- San José, C.R., 2020. Págs. 150-151.
[6] Artículo 1, último párrafo, de la Ley del Sistema Penitenciario Nacional.
[7] Ver: Caso Loayza Tamayo v. Perú. Sentencia de 17 de septiembre de 1997, párrafo 57.
[8] Caso Cantoral Benavides v. Perú, sentencia de 18 de agosto de 2000, párrafo 87.