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Sentencia EP-300-20 — Registro 10726

Resumen

Manifestando la peticionaria, que su representada se encuentra en una situación de riesgo y peligro a su vida, la que, a criterio de la peticionaria, violenta en perjuicio de su representada, los derechos contenidos en los artículos 59, 60, 61, 65, 66 y 145 de la Constitución de la República; 1, 3, 8 y 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y; 4 y 24 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO (6): Que no obstante lo anterior, la agraviada ha externado su preocupación ante la propagación en nuestro país del virus COVID19, estimando que su condición de salud le hace susceptible a que, de contagiarse de dicho virus, su vida corra peligro, siendo que en el recinto penitenciario en donde se encuentra recluida, las condiciones de salubridad resultan ser insuficientes para garantizar su salud. Al respecto, la juez ejecutora nominada logró constatar que en el centro de reclusión femenino se han tomado medidas de bioseguridad, el ingreso restringido y controlado de personas, así como acciones de distanciamiento en el interior del recinto. En el caso de la peticionaria, se le ha sometido a estrictos controles médicos y también se ha instruido a todas las internas sobre las formas de contagio y de prevención del virus, se ha exigido el uso de equipo sanitario al personal penitenciario y mascarillas a las reclusas, medidas que, según estima esta Sala, deben continuar siendo así dispuestas por la dirección de dicho centro. Es importante reconocer que la penitenciaria femenina no sobrelleva las mismas condiciones de hacinamiento e insalubridad que los centros de reclusión de varones, sin embargo, ello no debe ser óbice para que se tomen acciones apropiadas encaminadas siempre a mejorar estas condiciones y asegurar la salud, convivencia y seguridad de las internas, y en el caso de la señora Erika Julissa Bandy, las medidas de atención médica que se le han facilitado deben mantenerse, así como las que estén orientadas a su seguridad individual, como hasta ahora ha sido establecido. CONSIDERANDO (8): Que en lo referente a la procedencia de la acción de habeas corpus, el artículo 38 de la Ley Sobre Justicia Constitucional dispone que se declarará con lugar la exhibición personal, cuando se constate la violación de alguno (s) de los supuestos establecidos en los Artículos 13 y 24 de esta Ley. En caso contrario se declarará sin lugar.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, trece de mayo de dos mil veinte. VISTA: Para dictar sentencia en el recurso de exhibición Personal interpuesto por la abogada ZAIDA ELIZABETH RAMÍREZ BENÍTEZ, a favor de la señora ERIKA JULISSA BANDY GARCÍA, contra actuaciones del DIRECTOR DEL CENTRO FEMENINO DE ADAPTACIÓN SOCIAL (CEFAS); manifestando la peticionaria, que su representada se encuentra en una situación de riesgo y peligro a su vida, la que, a criterio de la peticionaria, violenta en perjuicio de su representada, los derechos contenidos en los artículos 59, 60, 61, 65, 66 y 145 de la Constitución de la República; 1, 3, 8 y 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y; 4 y 24 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha seis (6) de abril de dos mil veinte (2020), compareció ante la Sala de lo Constitucional, la abogada ZAIDA ELIZABETH RAMÍREZ BENÍTEZ, interponiendo Recurso de Exhibición Personal a favor de la señora ERIKA JULISSA BANDY GARCÍA, manifestando la peticionaria: que su representada padece de diabetes, hipertensión, deficiencias en su sistema respiratorio (alergias y dificultades para respirar) y padecimientos psiquiátricos; que ya ha presentado diferentes quejas respecto a su salud y seguridad, desde el incidente ocurrido a su esposo NERY ORLANDO LÓPEZ SANABRIA, también conocido como MAGDALENO MEZA FÚNEZ, y; que la situación de hacinamiento y falta de salubridad y atención en dicho centro, la ponen en alto riesgo de contagio de COVID-19. Situación que, a criterio de la peticionaria, violenta en perjuicio de su representada, los derechos contenidos en los artículos 59, 60, 61, 65, 66 y 145 de la Constitución de la República; 1, 3, 8 y 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y; 4 y 24 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. (Folios 2-4v del presente Recurso) 2) Que, en la misma fecha, el citado Juzgado admitió el presente recurso y, en consecuencia, nombró Juez Ejecutora a la abogada ELBA CAROLINA LARA ORELLANA, Defensora Pública de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, a efecto de que rindiera un informe sobre los extremos consignados en el presente recurso. (Folios 5-8 del presente Recurso) 3) Que en fecha veinte (20) de abril de dos mil veinte (2020), la Juez Ejecutora compareció ante esta Sala, y en el ejercicio de las responsabilidades inherentes a su cargo, rindió el informe correspondiente, consignando entre otros extremos, lo siguiente: “…A) Que se entrevistó con la señora ERIKA JULISSA BANDY GARCÍA, quien le manifestó: que padece de diabetes tipo II, hipertensión, rinitis alérgica y tiene un expediente psiquiátrico documentado; solicita la visita de sus médicos al centro penitenciario, que está tomando medicamentos genéricos, no tiene insulina y posee un sistema inmunológico débil; que se encuentra recluida en un área pequeña, pero cuentan con dormitorios separados; que teme que si llega a contagiarse del virus, con el protocolo de aislamiento, encuentren una forma de matarla como a su esposo y usar al virus como excusa de su muerte; quiere medidas diferentes a la prisión preventiva, para cuidarse ella misma de la pandemia, y; lleva recluida desde junio de dos mil dieciocho (2018) y no tiene fecha para su juicio; B) Que del informe rendido por la Directora del Centro Femenino de Adaptación Social (CEFAS), la subcomisionada de policial NOLVIA CRISTINA SORTO, puede constatar: que la señora ERIKA JULISSA BANDY GARCÍA, se encuentra en dicho centro penitenciario desde el nueve (9) de junio de dos mil dieciocho (2018), por orden del Juzgado de Letras Penal con Jurisdicción Nacional; se encuentra ubicada en el área destinada a privadas de libertad que gozan de medidas de seguridad; que es evaluada cada seis (6) horas, para detectar cualquier anomalía relacionada con su salud y el COVID-19, por la doctora BESSY PAOLA ÁVILA, medico asistente de la penitenciaria, y recibe a sus médicos privados tratantes, sus abogados y medicamentos, mismos que han tenido dificultad para llegar a dicho centro, por la situación que se vive en el presente momento con la pandemia de COVID-19; que las medidas implementadas para evitar el contagio, son la prohibición del ingreso de personas ajenas al establecimiento penitenciario, incluyendo familiares, aunque a los mismos se les permite traer alimentos y medicamentos, impartición de charlas de prevención, otorgar un kit personal, mascarillas e implementos de aseo, la creación de un área de aislamiento en el interior de la penitenciaria, para cualquier sospechosa de padecer COVID-19 y para personas de primer ingreso y se fumigo todos los espacios físicos del interior y exterior de dicho centro penitenciario, con un líquido antiséptico; 2); C) En vista de todo lo expuesto anteriormente, la Juez Ejecutora Resolvió: (SIC) “I) No ha lugar a la Acción de Exhibición Personal o Habeas Corpus a favor de la señora Erika Julissa Bandy ya que se encuentra detenida legalmente contando con mandato escrito de autoridad competente; II) No sufre de torturas ni vejámenes; III) En cuanto a las enfermedades que padece la privada de libertad Erika Julissa Bandy se ha podido constatar que está bajo supervisión médica de la doctora Bessy Paola Ávila, quien en su informe establece que se encuentra lucida, consiente y le realiza evaluación médica cada seis horas, manifestando que recibe sus medicamentos y no estableciendo ningún momento que la privada de libertad Erika Julissa Bandy se encuentre en fase terminal de sus enfermedades. ; IV) Que se siga con el trámite normal del proceso hasta su finalización por parte del Juez de Letras Penal con Jurisdicción Nacional; V) Que se continúen con las medidas de bioseguridad en los centros penales; VI) Que se remita el presente informe a la Honorable Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia para los efectos pertinentes.-” (Folios 25–29 del presente Recurso) 4) Que en fecha veintitrés (23) de abril de dos mil veinte (2020), el referido Juzgado de Apelaciones remitió los antecedentes del presente recurso a esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (C.S.J.), en virtud de inhibirse el mismo de seguir conociendo de dicho trámite. (Folio 40 del presente Recurso) CONSIDERANDO (1): Que de conformidad con lo establecido en el artículo 182 de la Constitución de la República: “El Estado reconoce la garantía de Hábeas Corpus o de Exhibición Personal. En consecuencia, toda persona agraviada o cualquier otra en nombre de ésta tiene derecho a promoverla: 1º Cuando se encuentre ilegalmente presa, detenida o cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad individual; y 2º Cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción o molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión”. CONSIDERANDO (2): Que la acción de Habeas Corpus o Exhibición Personal tiene por objeto hacer valer los derechos del agraviado ante una detención ilegal o arbitraria y hacer cesar toda conducta o acción encaminada o emergente de una violación de derechos individuales que se lleva a cabo en perjuicio de quien se encuentre o haya sido privado de su libertad. CONSIDERANDO (3): Que, bajo esta premisa, como ya lo ha pronunciado esta Sala en forma reiterada, el Habeas Corpus ha sido establecido con el fin de resguardar la libertad personal frente a la arbitrariedad y establecer remedios eficaces y rápidos para eventuales supuestos de detenciones de la persona, no justificados legalmente o que transcurran en condiciones ilegales. El Habeas Corpus se configura como una comparecencia del detenido ante el Juez, comparecencia de la que proviene etimológicamente la expresión que da nombre al procedimiento[1] y que permite al ciudadano, privado de libertad, exponer sus alegaciones contra las causas de la detención y las condiciones de la misma[2], con el fin que el órgano jurisdiccional que la conoce se pronuncie sobre la conformidad a derecho de la detención. CONSIDERANDO (4): Que en este sentido, y atendiendo a las razones que se han externado para la interposición del presente recurso, es menester recordar a la recurrente que la acción constitucional de Habeas Corpus tiene claramente señalados en la ley, tanto su origen como su finalidad, por ende sabemos que no es concerniente a esta acción constitucional, el conocimiento de aspectos relacionados con el proceso cautelar en materia penal o lo concerniente a la regulación, imposición, revisión o revocación de las medidas cautelares que se impongan a un imputado con ocasión del proceso penal que se siga en su contra, a menos que las mismas fueren dispuestas de manera ilegal o arbitraria por parte de la autoridad, o se apliquen al detenido cualquiera de los vejámenes establecidos en el artículo 182.1 de la Constitución de la República. Como esta Sala lo ha señalado ya en anteriores pronunciamientos, la decisión de imponer medidas cautelares en el proceso penal compete a los jueces y tribunales de la materia, quienes las determinan con base en las particularidades de cada caso y de acuerdo con la finalidad referida en el artículo 172 del Código Procesal Penal,[3] siendo en consecuencia un juicio propio de instancia, que si bien es susceptible de ser impugnado mediante los recursos ordinarios que franquea la ley, no corresponde su revisión al recurso de habeas corpus, salvo que sea advertido, como se dijo ya, la ilegalidad de la privación de la libertad, la imposición arbitraria de la detención o prisión, o la aplicación al agraviado de tormentos, torturas y cualquier otro vejamen de los consignados en el texto constitucional y en el artículo 13.1 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, que recoge a su vez las estipulaciones normativas constitucionales. El objeto de esta acción constitucional es la de garantizar en forma efectiva los derechos del agraviado ante una detención ilegal o arbitraria y hacer cesar toda conducta o acción encaminada o emergente de una violación de derechos individuales. CONSIDERANDO (5): Que, de las actuaciones llevadas a cabo por la Juez Ejecutora designada en el presente trámite, se logró acreditar que la agraviada ha sido imputada por la supuesta comisión de delitos por parte del Ministerio Público como ente encargado del ejercicio de la acción penal pública, habiéndole sido impuesta la medida cautelar de prisión preventiva por autoridad judicial competente, de ahí entonces que la privación de su libertad ha sido dispuesta por la autoridad, dentro de los requerimientos de la ley. La juez designada constató además que la peticionaria tampoco ha sufrido ningún tipo de torturas, malos tratos, vejámenes o exacciones ilegales, ello de acuerdo con lo consignado y verificado por dicha funcionaria, así entonces, la protección solicitada por esta vía no resultaría admisible, al menos en lo que concierne a los supuestos establecidos por la ley para el otorgamiento de la garantía constitucional que se ha invocado. CONSIDERANDO (6): Que no obstante lo anterior, la agraviada ha externado su preocupación ante la propagación en nuestro país del virus COVID19, estimando que su condición de salud le hace susceptible a que, de contagiarse de dicho virus, su vida corra peligro, siendo que en el recinto penitenciario en donde se encuentra recluida, las condiciones de salubridad resultan ser insuficientes para garantizar su salud. Al respecto, la juez ejecutora nominada logró constatar que en el centro de reclusión femenino se han tomado medidas de bioseguridad, el ingreso restringido y controlado de personas, así como acciones de distanciamiento en el interior del recinto. En el caso de la peticionaria, se le ha sometido a estrictos controles médicos y también se ha instruido a todas las internas sobre las formas de contagio y de prevención del virus, se ha exigido el uso de equipo sanitario al personal penitenciario y mascarillas a las reclusas, medidas que, según estima esta Sala, deben continuar siendo así dispuestas por la dirección de dicho centro. Es importante reconocer que la penitenciaria femenina no sobrelleva las mismas condiciones de hacinamiento e insalubridad que los centros de reclusión de varones, sin embargo, ello no debe ser óbice para que se tomen acciones apropiadas encaminadas siempre a mejorar estas condiciones y asegurar la salud, convivencia y seguridad de las internas, y en el caso de la señora Erika Julissa Bandy, las medidas de atención médica que se le han facilitado deben mantenerse, así como las que estén orientadas a su seguridad individual, como hasta ahora ha sido establecido. CONSIDERANDO (7): Que en este respecto, resulta meritorio insistir que la salud de los privados de libertad en los distintos centros carcelarios y de detención en el país, es responsabilidad del Estado de Honduras, por ende, todos los empleados y funcionarios del orden administrativo, policial y judicial deben tomar todas las medidas que sean necesarias para salvaguardar la vida, salud e integridad física de las personas recluidas, de sus familiares, del personal penitenciario y judicial, y en general de todas las demás personas que, por alguna razón u otra, ingresen o tengan acceso a los mismos, implementando además medidas de control de ingreso apropiadas para evitar la propagación del virus COVID19. Así entonces, esta Sala exhorta a las autoridades referidas a que acaten sin reserva ni dilación las instrucciones y recomendaciones que han sido dadas a conocer por las autoridades de salud de la República y además por la Organización Mundial de la Salud en torno a la prevención, cuidado y tratamiento de la pandemia del COVID19, debiéndose hacer valer el mandato constitucional de preservar a la persona humana, así como sus derechos y garantías. CONSIDERANDO (8): Que en lo referente a la procedencia de la acción de habeas corpus, el artículo 38 de la Ley Sobre Justicia Constitucional dispone que se declarará con lugar la exhibición personal, cuando se constate la violación de alguno (s) de los supuestos establecidos en los Artículos 13 y 24 de esta Ley. En caso contrario se declarará sin lugar. CONSIDERANDO (9): Que con fundamento en las anteriores consideraciones, al no cumplirse los supuestos establecidos en el artículo 38 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, de acuerdo con el parecer del juez ejecutor nombrado al efecto, esta Sala es del criterio porque la presente acción de exhibición personal debe ser denegada, al resultar infundados los argumentos de la recurrente, no cumpliéndose así con los requisitos que la ley exige para declarar la procedencia de esta acción constitucional, pues no se ha verificado violación alguna de derechos en perjuicio de las personas consideradas agraviadas, no constando de lo actuado que se haya dado alguno de los supuestos establecidos en los artículos 13 y 24 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Constitucional y en aplicación de los artículos 80, 182, 303, 304, 313 atribución 5a. y 316 de la Constitución de la República; 5, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1o., 78 atribución 5a. y 137 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 9, 13, 17, 38, 72, 119 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: 1) DECLARAR NO HA LUGAR EL RECURSO DE EXHIBICIÓN PERSONAL del cual se ha hecho mérito, interpuesto por la abogada ZAIDA ELIZABETH RAMÍREZ BENÍTEZ, a favor de la señora ERIKA JULISSA BANDY GARCÍA, contra actuaciones del DIRECTOR DEL CENTRO FEMENINO DE ADAPTACIÓN SOCIAL (CEFAS); 2) EXHORTAR a la autoridad referida a que acate sin reserva ni dilación las instrucciones y recomendaciones que han sido dadas a conocer por las autoridades de salud de la República y además por la Organización Mundial de la Salud en torno a la prevención, cuidado y tratamiento de la pandemia del COVID19, debiéndose hacer valer el mandato constitucional de preservar a la persona humana, así como sus derechos y garantías; 3) EXHORTAR a su vez a todos los empleados y funcionarios del orden administrativo, policial y judicial a que tomen todas las medidas que sean necesarias para salvaguardar la vida, salud e integridad física de las personas recluidas en centros penales, de sus familiares, del personal penitenciario y judicial, y en general de todas las demás personas que, por alguna razón u otra, ingresen o tengan acceso a los mismos, implementando además medidas de control de ingreso apropiadas para evitar la propagación del virus COVID19; 4) EXHORTAR a las autoridades de la Penitenciaria Femenina de Adaptación Social a continuar tomando medidas y acciones de control sanitario apropiadas, en favor del aislamiento como medida esencial para evitar la propagación del virus COVID19, y en el caso específico de la señora ERIKA JULISSA BANDY GARCÍA, se le continúe brindado la asistencia médica que requiera, así como las medidas necesarias para garantizar su seguridad dentro del centro penitenciario; Y MANDA: 1. Que se notifique de la presente sentencia a los peticionarios, por los medios legales que correspondan; 2. Que se remita certificación de este fallo a las siguientes dependencias: i) Instituto Nacional Penitenciario; iii) Dirección Nacional de la Defensa Pública; iv) Dirección de la Penitenciaria Femenina de Adaptación Social con sede en Támara, departamento de Francisco Morazán; y, se proceda oportunamente al archivo de las presentes diligencias. Redactó el Magistrado EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. NOTIFÍQUESE. Firmas y sello. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veintiuno días del mes de mayo de dos mil veinte, certificación de la sentencia de fecha trece de mayo de dos mil veinte, recaída en el recurso de exhibición personal registrada en este Tribunal con el número SCO-0300-2020.

ABOG. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.

[1] Etimológicamente habeas corpus significa tener el cuerpo o presentar el cuerpo

[2] Amparo, Habeas Corpus y Habeas Data. Rubén Flores Dapkevicius

[3] Las medidas cautelares tienen como finalidad, asegurar la eficacia del procedimiento, garantizando la presencia del imputado y la regular obtención de las fuentes de prueba.