Sentencia EP-299-20 — Registro 10818
Resumen
Acto recurrido de no haber incluido en el listado de privados de libertad para ser evaluados en el “plan especial de excarcelación para las personas recluidas que presenten cuadros de enfermedades crónicas, ya que se encuentra en una situación de riesgo y peligro a su vida por la pandemia covid-19, en perjuicio del impetrante
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..." Que se debe mencionar que la queja que expone el recurrente, como está planteado en el escrito de interposición del habeas corpus que se conoce, es el hecho de que al señor RAMON DANIEL SARMIENTO ESCOBAR no se le ha tomado en cuenta y en consecuencia no se le ha incluido en el listado de privados de libertad para ser evaluados en el “plan especial de excarcelación para las personas recluidas que presentes cuadros de enfermedades crónicas”. En ese sentido, se ha interpuesto el presente recurso de habeas corpus, con la pretensión de lograr salvaguardar y garantizar el derecho a la salud, a la integridad física y hasta la vida de los privados de libertad mediante un cambio de la medida cautelar impuesta en el proceso penal incoado en contra del peticionario, no obstante la acción constitucional se ha interpuesto sin fundamentación alguna en la Ley Sobre Justicia Constitucional relativa al habeas corpus, en tal virtud, esta Sala de lo Constitucional señala que la acción extraordinaria de Habeas Corpus, no es el procedimiento diseñado por el legislador para ello, es decir, que, el que RAMON DANIEL SARMIENTO ESCOBAR, integre determinado listado o no, es un hecho que no constituye ninguna de las violaciones establecidas en el artículo 13.1.a y b de la Ley Sobre Justicia Constitucional. Así las cosas, se concluye que es procedente declarar SIN LUGAR el recurso de habeas Corpus..."
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 38 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, trece de mayo de dos mil veinte. VISTA: Para dictar Sentencia en el Recurso de Exhibición Personal interpuesto por la abogada DORA DEL CARMEN RAMOS, a favor del señor RAMON DANIEL SARMIENTO ESCOBAR, contra actuaciones del DIRECTOR DE LA PENITENCIARIA “MARCO AURELIO SOTO” UBICADA EN TÁMARA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN; manifestando la peticionaria, que su representado se encuentra en una situación de riesgo y peligro a su vida. Situación que, a criterio de la peticionaria, violenta en perjuicio de su representado, los derechos contenidos en los artículos 80, 82, 84 y 321 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha diez (10) de abril de dos mil veinte (2020), compareció ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, la abogada DORA DEL CARMEN RAMOS, interponiendo Recurso de Exhibición Personal a favor del señor RAMON DANIEL SARMIENTO ESCOBAR, manifestando la peticionaria, que su representado, desde el año dos mil ocho (2000), lleva padeciendo de hipertensión, arterial y que también padece de rinitis atópica estacional; que a pesar de ello, no se le ha tomado en cuenta, para el listado de privados de libertad para ser evaluados en el “plan especial de excarcelación para las personas recluidas que presentes cuadros de enfermedades crónicas”, y; que la actual situación de hacinamiento que se vive en dicho centro penitenciario, hacen que la vida de su representado, se encuentre en un alto riesgo de contagio de COVID-19. Situación que, a criterio de la peticionaria, violenta en perjuicio de su representado, los derechos contenidos en los artículos 80, 82, 84 y 321 de la Constitución de la República. (Folios 1-6 del presente Recurso). 2) Que, en la misma fecha, el citado Juzgado admitió el presente recurso y, en consecuencia, nombró como Juez Ejecutora a la abogada FRANCIS ISABEL CASTRO DELGADO, Defensora Pública de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, a efecto de que rindiera un informe sobre los extremos consignados en el presente recurso. (Folios 7-8v del presente Recurso). 3) Que en fecha veinte (20) de abril de dos mil veinte (2020), la Juez Ejecutora compareció ante el referido Juzgado, y en el ejercicio de las responsabilidades inherentes a su cargo, rindió el informe correspondiente, consignando entre otros extremos, lo siguiente: A) Que en fecha catorce (14) de abril de dos mil veinte (2020), se personó en las instalaciones del primer batallón, de la Penitenciaria “Marco Aurelio Soto” ubicada en Támara, departamento de Francisco Morazán, en donde puede observar que en dichas instalaciones se están tomando las medidas de bioseguridad necesarias, en donde se le brindo un traje de bioseguridad, guantes y mascarillas N95; se les reviso la temperatura, y; rociaron las llantas del bus, el bus y al personal a bordo del bus, con una solución sanitizante recomendada por la Secretaria de Salud; B) Que en esa misma fecha, tuvo la oportunidad de entrevistarse con el señor RAMON DANIEL SARMIENTO ESCOBAR, quien le manifestó: que se encuentra recluido desde el dos mil quince (2015), y fue condenado a quince (15) años de reclusión; que su caso se encuentra pendiente de un recurso de casación; que padece de hipertensión desde el dos mil siete (2007), actualmente está tomando “ibersartan”, que le es suministrado por sus familiares, y por el actual toque de queda, sus familiares llevan un mes y medio sin llegar a visitarlo; la doctora del centro penal lo visita una vez por semana y, desde que lo entrevisto, lo ha visitado tres (3) veces y le ha dejado un poco de su medicina, en caso de que se le acabe; que también padece de una alergia atípica estacionaria en la garganta, para ello toma “loratadina” y “alergil”, medicamentos que no le funcionan, porque siempre permanece con malestar; que dentro del centro penitenciario, no conoce si hay positivos o sospechosos de COVID-19, se han tomado medidas de seguridad pues les han brindado mascarilla, gel anti-bacterial y lavado de las cosas nuevas que les entregan; C) Que en fecha quince (15) de abril de dos mil veinte (2020), recibió el informe del director de dicho centro penitenciario, así como también el de la doctora de dicho centro, la doctora REINA APLICANO, en donde se describen los antecedentes patológicos del señor RAMON DANIEL SARMIENTO ESCOBAR, los cuales son: síndrome de ansiedad e hipertensión arterial; mientras que las medidas preventivas para el COVID-19, que se han implementado para dicho centro penitenciario son: la restricción de visitas al módulo y charlas sobre medidas preventivas contra la infección; D) En vista de todo lo expuesto anteriormente, la Juez Ejecutora Resolvió: (SIC) “ES DEL CRITERIO DE DECLARAR NO HA LUGAR la Acción de Habeas Corpus o Exhibición personal, interpuesta por la Abogada DORA DEL CARMEN RAMOS a favor de RAMON DANIEL SARMIENTO ESCOBAR, ubicado en el Primer Batallón de infantería.” (Folios 22-26 del presente Recurso). 4) Que, en la misma fecha, el mencionado Juzgado remitió los antecedentes del presente recurso a esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (C.S.J.), en virtud de inhibirse el mismo de seguir conociendo de dicho trámite. (Folios 35-36 del presente Recurso). CONSIDERANDO (1): Que el Habeas Corpus, es una garantía constitucional reconocida por el Estado de Honduras en consecuencia en esta acción constitucional, toda persona agraviada o cualquiera en nombre de esta, tiene derecho a promoverla solamente cuando ocurran las circunstancias siguientes: 1.- Cuando se encuentre ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad, y 2.- Cuando en su detención o prisión legal, se aplique al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción molesta innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión.[1] CONSIDERANDO (2): Que la Constitución de la República, en el artículo 316 numeral 1, otorga a la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, la atribución de conocer de la garantía de Habeas Corpus. Así mismo la ley especial, Ley Sobre Justicia Constitucional, establece un control difuso para conocer de la garantía habeas Corpus[2], otorgando capacidad para conocer y resolver de esta acción a todo lo titular de órganos jurisdiccionales señalando a la Sala de lo Constitucional como la competente para conocer de la acción de habeas Corpus en el máximo Tribunal de Justicia.[3] CONSIDERANDO (3): Que Que en fecha diez (10) de abril de dos mil veinte (2020), compareció ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, la abogada DORA DEL CARMEN RAMOS, interponiendo Recurso de Exhibición Personal a favor del señor RAMON DANIEL SARMIENTO ESCOBAR, manifestando la peticionaria, que su representado, desde el año dos mil ocho (2000), lleva padeciendo de hipertensión, arterial y que también padece de rinitis atópica estacional; que a pesar de ello, no se le ha tomado en cuenta, para el listado de privados de libertad para ser evaluados en el “plan especial de excarcelación para las personas recluidas que presentes cuadros de enfermedades crónicas”, y; que la actual situación de hacinamiento que se vive en dicho centro penitenciario, hacen que la vida de su representado, se encuentre en un alto riesgo de contagio de COVID-19. Situación que, a criterio de la peticionaria, violenta en perjuicio de su representado, los derechos contenidos en los artículos 80, 82, 84 y 321 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO (4): Que habiendo sido admitido el recurso de exhibición personal, y como lo ordena el procedimiento, se nombró como como Juez Ejecutora a la Abogada FRANCIS ISABEL CASTRO DELGADO, Defensora Pública de la ciudad de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, a efecto de que constatara de manera inmediata los hechos narrados por la recurrente, ordenándole que de existir alguna irregularidad, haga cesar de manera inmediata cualquier tormento, tortura, vejamen, exacción ilegal y toda coacción, restricción o molestia innecesaria para la seguridad individual, debiendo ordenar a la autoridad recurrida, rendir el informe correspondiente dentro del plazo y con las formalidades establecidas en el artículo 26 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, y una vez habiendo conocido a prevención, ordenó la remisión de las diligencias a la Sala de lo Constitucional quien es la competente para conocer. Que, dentro del decurso del procedimiento, después de haber analizado la situación Jurídica del señor RAMON DANIEL SARMIENTO ESCOBAR, y de los informes recibidos, la Juez Ejecutora, resolvió: “DECLARA: I) No ha lugar a la Acción de Exhibición Personal o Habeas Corpus a favor del privado de libertad RAMON DANIEL SARMIENTO ESCOBAR, ya que se encuentra detenido legalmente contando con mandato escrito de autoridad competente. II) No sufre de torturas ni vejámenes. CONSIDERANDO (5): Que es menester señalar que el Presidente Constitucional de la República, en Consejo de Ministros, emitió el Decreto Ejecutivo PCM-005-2020, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 3,171, de fecha 1 de febrero de 2020, mediante el cual se decretó declarar Estado de Emergencia Sanitaria en todo el territorio nacional, con el propósito de continuar y fortalecer las acciones de prevención y control entre otros, para garantizar la atención a la personas ante el posible contagio del virus denominado COVID-19.- En fecha posterior, el 16 de marzo de 2020, se emitió el Decreto Ejecutivo PCM-021-220, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 35,201, de fecha 16 de marzo de 2020, mediante el cual se decretó la restricción de garantías constitucionales por siete días, restricciones que se han venido extendiendo en el tiempo hasta esta fecha y son de obligatorio cumplimiento para la sociedad en general, para detener o evitar un contagio masivo, por lo que le corresponde al Estado de Honduras el garantizar los derechos fundamentales aludidos, a la luz de la declaración constitucional que la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado, señalando la obligatoriedad de protegerla. CONSIDERANDO (6): Que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en fecha diez de abril de dos mil veinte, emitió la Resolución No.01/2020 “PANDEMIA Y DERECHOS HUMANOS EN LA AMERICAS”, estimando que la pandemia del COVID-19 puede afectar gravemente la plena vigencia de los derechos humanos de la población, en virtud de los serios riesgos para la vida, y siendo que el derecho humano afectado por esta pandemia es precisamente el más preciado –la vida- como consecuencia de una afectación grave y directa al derecho humano a la Salud, es ahora el momento de tomar decisiones urgentes que garanticen los derechos fundamentales a la vida, a la salud, y a la integridad personal de todas aquellos personas que se encuentren privadas de libertad, siempre y cuando adolezcan de enfermedades crónicas como diabetes Mellitus, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, personas mayores de 60 años, personas que padezcan de enfermedades respiratorias crónicas como neumonía, tuberculosis, VIH y otras enfermedades que debido a su condición inmunológica pongan en riesgo la salud de las Personas privadas de su libertad. CONSIDERANDO (7): Que en observancia a las recomendaciones dadas por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos a sus Estados miembros, en la Resolución No.01/2020, entre otras, la recomendación número uno consistente en adoptar de manera inmediata y urgente las medidas adecuada para proteger los derechos a la vida e integridad personal de las personas, en este caso, privadas de libertad, que se encuentren frente al riesgo que representa la pandemia, la Sala de lo Constitucional, instituye resolver las acciones de habeas corpus, elevándolas a un recurso humanitario, por lo que, que de ser el caso, decretaría el cambio de la prisión preventiva por la medida cautelar de arresto domiciliario, sobreponiendo razones humanitarias por sobre el análisis de los presupuestos de las medidas cautelares, pues estamos ante una situación extraordinaria de pandemia mundial por la proliferación del virus COVID-19, ayudando así, no solo al beneficiario de esta acción constitucional, sino que a la reducción del hacinamiento en los centros penales. Que en el mismo cuerpo convencional, en el numeral 46 relativo a las recomendaciones a los privados de libertad, señala que en el caso de personas condenadas por graves violaciones a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad, atendiendo el bien jurídico afectado, la gravedad de los hechos y la obligación de los Estados de sancionar a los responsables de tales violaciones, tales evaluaciones requieren de un análisis y requisitos más exigentes, con apego al principio de proporcionalidad y a los estándares interamericanos aplicables. CONSIDERANDO (8): Que el artículo 182.1.b, de la Constitución de la República manda que cuando en su detención o prisión legal, se aplique al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción o molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión, tiene derecho a pedir su exhibición ante órgano jurisdiccional para que se le restituya, en este caso, su libertad. Asimismo, el artículo 13 de la Ley Sobre Justicia Constitucional ha sido redactado en iguales términos que el artículo 182.1.b constitucional, siendo procedente la aplicación del artículo 14 de la Ley Sobre Justicia Constitucional referente a la restitución o aseguramiento a la libertad o cese de los tormentos. CONSIDERANDO (9): Que se debe mencionar que la queja que expone el recurrente, como está planteado en el escrito de interposición del habeas corpus que se conoce, es el hecho de que al señor RAMON DANIEL SARMIENTO ESCOBAR no se le ha tomado en cuenta y en consecuencia no se le ha incluido en el listado de privados de libertad para ser evaluados en el “plan especial de excarcelación para las personas recluidas que presentes cuadros de enfermedades crónicas”. En ese sentido, se ha interpuesto el presente recurso de habeas corpus, con la pretensión de lograr salvaguardar y garantizar el derecho a la salud, a la integridad física y hasta la vida de los privados de libertad mediante un cambio de la medida cautelar impuesta en el proceso penal incoado en contra del peticionario, no obstante la acción constitucional se ha interpuesto sin fundamentación alguna en la Ley Sobre Justicia Constitucional relativa al habeas corpus, en tal virtud, esta Sala de lo Constitucional señala que la acción extraordinaria de Habeas Corpus, no es el procedimiento diseñado por el legislador para ello, es decir, que, el que RAMON DANIEL SARMIENTO ESCOBAR, integre determinado listado o no, es un hecho que no constituye ninguna de las violaciones establecidas en el artículo 13.1.a y b de la Ley Sobre Justicia Constitucional. Así las cosas, se concluye que es procedente declarar SIN LUGAR el recurso de habeas Corpus. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos, en aplicación de los artículos 80, 82, 182.1, 303, 304, 313 numerales 5 , 316 numeral 1) de la Constitución de la República; 8 y 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 9 y 10 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos; 5, 7, 8, 24, y 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos; 1, 74, 78 numeral 5) de la Ley de Organización y Atribución de los Tribunales; 9 numeral 1), 10 numeral 1), 12, 13, 14, 17, 19, 25, 26,31, 34, 37, 38 y 70 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, recomendación número uno y cuarenta y seis de la Resolución No.01/2020 “PANDEMIA Y DERECHOS HUMANOS EN LA AMERICAS”; FALLA: DECLARAR SIN LUGAR, el Recurso de Exhibición Personal o Habeas Corpus por la abogada DORA DEL CARMEN RAMOS, a favor del señor RAMON DANIEL SARMIENTO ESCOBAR, contra actuaciones del DIRECTOR DE LA PENITENCIARIA “MARCO AURELIO SOTO” UBICADA EN TÁMARA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN. Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente sentencia, se proceda al archivo de las presentes diligencias. Redactó el Magistrado SERRANO VILLANUEVA. - NOTIFIQUESE. Firmas y sello. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los diecinueve días del mes de mayo de dos mil veinte, certificación de la sentencia de fecha trece de mayo de dos mil veinte, recaída en el recurso de exhibición personal registrada en este Tribunal con el número SCO-0299-2020.
ABOG. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.
[1] Artículo 182.1 de la Constitución de la República, Decreto No. 131 del 11 de enero de 1982, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 23,612 del 2 de enero de 1982.
[2] Artículo 17 de la LSJC.
[3] Artículo 3.1, 9.1 de la LSJC