Sentencia EP-298-20 — Registro 10817
Resumen
Juez Ejecutor declaró no ha lugar recurso de exhibición personal a favor de recurrente por suponerlo responsable del delito de lavado de activos; se concluyó que no se encuentra ilegalmente privado de libertad, ni sometido a tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal; el interno ha tenido debida atención médica, se observó que en el lugar donde se encuentra se tomaron medidas de bioseguridad por la pandemia COVID-19
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Este alto tribunal de justicia, al examinar las presentes diligencias, determina que lo expresado por el defensor público, abogado José Raimundo Velásquez, en su condición de juez ejecutor, es correcto y por ende procede aprobar lo actuado y declarar sin lugar la garantía constitucional de exhibición personal presentada a favor del ciudadano Ambrosio Maradiaga Ordóñez. Dicha decisión se fundamenta en que el ciudadano Ambrosio Maradiaga Ordóñez no se encuentra ilegalmente privado de libertad, tampoco ha sido sometido a tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal, coacción o molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión, habida cuenta que este alto tribunal, estima que el interno ha tenido una debida atención médica y que sus afecciones se encuentran adecuadamente tratadas y controladas. Por otra parte, este alto tribunal de justicia estima que, hasta el momento no existe razón para asumir un inminente contagio de los internos y personal por el Covid-19. En ese sentido, toma nota de la decisión tomada por las autoridades del anexo penitenciario, de no permitir las visitas para evitar contagios. En consecuencia, procede declarar sin lugar la garantía constitucional de exhibición personal de que se hace mérito..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 132 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 316 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 7 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 38 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 39 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, trece de mayo de dos mil veinte. VISTA: Para dictar sentencia en la garantía constitucional de exhibición personal interpuesta por el abogado MARIO ENRIQUE CASTRO ORTIZ, a favor del señor AMBROSIO MARADIAGA ORDÓÑEZ, quien se encuentra privado de libertad en las instalaciones del primer batallón de infantería, ubicado en la aldea Mateo de la ciudad de Comayagüela, departamento de Francisco Morazán, acusado por el delito de lavado de activos. Solicita su inmediata libertad para preservar su vida e integridad corporal. ANTECEDENTES PROCESALES. 1. En fecha diez de abril de dos mil veinte, compareció ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, el abogado MARIO ENRIQUE CASTRO ORTIZ, interponiendo garantía constitucional de exhibición personal a favor del ciudadano AMBROSIO MARADIAGA ORDÓÑEZ, manifestando el peticionario, que su representado se encuentra privado de libertad, es un adulto mayor, padece de tos seca crónica como efecto del tabaquismo crónico y trastorno de ansiedad, situaciones que lo ponen en un peligro inminente para el contagio del COVID-19, pues en las cárceles de nuestro país se vive en un estado de hacinamiento. Situación que, a criterio del peticionario, violenta en perjuicio de su representado, los derechos contenidos en los artículos 59, 61, 64-67, 80, 82, 90 y 92 de la Constitución de la República; y 1, 7 y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. (Folios 2-7 de la presente garantía constitucional). 2. En la misma fecha, el citado juzgado admitió la presente garantía constitucional, en consecuencia, nombró juez ejecutor al abogado JOSÉ RAIMUNDO VELÁSQUEZ, defensor público de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, a efecto de que rindiera un informe sobre los extremos consignados en las presentes diligencias. (Folio 8-11v de la presente garantía constitucional). 3. En fecha veinte de abril de dos mil veinte, el juez ejecutor compareció ante el mencionado juzgado, y en el ejercicio de las responsabilidades inherentes a su cargo, rindió el informe correspondiente, consignando entre otros extremos, lo siguiente: A) Que en fecha catorce de abril de dos mil veinte, se personó en las instalaciones de la Penitenciaria nacional “Marco Aurelio Soto”, ubicada en Támara, departamento de Francisco Morazán, para entrevistar al señor AMBROSIO MARADIAGA ORDÓÑEZ, quien le manifestó: que tiene sesenta y dos años con cuatro meses; que quiere que lo revise un médico, pues tiene nueve años de no tener expediente médico por ser una persona sana; que toma una serie de medicamentos para la tos seca, ansiedad y los nervios, así como oxigenadores cerebrales por su edad; no ha sufrido ninguna amenaza a su integridad física o molestias innecesarias, pero que si le afecta que hayan cancelado las visitas por la pandemia de COVID-19; B) Que en esa misma visita, pudo observar que se tomaron las medidas de bioseguridad necesarias, pues: se le tomo la temperatura a los visitantes; rociaron las llantas, el bus y a todas las personas que iban en el mismo, con una solución sanitizante recomendada por la Secretaria de Salud, y; se le brindó un traje de bioseguridad, guantes y mascarillas N95; C) Que en fecha quince de abril de dos mil veinte, recibió el informe del director de dicho centro penal, en donde pudo constatar: que el señor AMBROSIO MARADIAGA ORDÓÑEZ, ingresó a dicho centro el diecinueve de marzo de dos mil diecinueve, por orden del Juzgado de Letras con competencia territorial nacional en materia penal; su condición actual es la de procesado; que del informe brindado por la doctora de dicho centro, REINA APLÍCANO, sabe que el señor AMBROSIO MARADIAGA ORDÓÑEZ, padece de enfermedad pulmonar obstructiva clínica, causada por sus años de fumador; y las medidas preventivas para evitar el contagio de COVID-19, fueron la restricción de visitas y charlas sobre medidas preventivas contra la infección del COVID-19; D) En vista de todo lo expuesto anteriormente, el juez ejecutor resolvió: (SIC) “ES DEL CRITERIO DE DECLARAR NO HA LUGAR la acción de habeas corpus o exhibición personal, interpuesta por el abogado MARIO ENRIQUE CASTRO ORTIZ a favor de AMBROSIO MARADIAGA ORDÓÑEZ, ubicado en el primer batallón de infantería.” (Folios 37–40 de la presente garantía constitucional). 4. En fecha veintitrés de abril de dos mil veinte, el referido juzgado remitió los antecedentes a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. (Folio 44 de la presente garantía constitucional). FUNDAMENTOS DE DERECHO. CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la garantía constitucional de exhibición personal o habeas corpus. Que de conformidad con el artículo 182 de la Constitución de la República, el Estado hondureño reconoce la garantía de hábeas corpus o de exhibición personal. En consecuencia, toda persona agraviada o cualquier otra en nombre de ésta tiene derecho a promoverla ante los supuestos siguientes: 1) Cuando se encuentre ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad. 2) Cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción o molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión. CONSIDERANDO DOS (2): Resumen de lo expuesto por el garantista en el escrito de interposición de la garantía constitucional de exhibición personal. El impetrante refiere que el ciudadano Ambrosio Maradiaga Ordóñez corre riesgo en su salud y su vida al encontrarse privado de libertad en el primer batallón de infantería, ubicado en la aldea de Mateo, departamento de Francisco Morazán. Explica que su condición particular de salud le hace vulnerable al Covid-19. El impetrante expone que su poderdante, un comisionado general de la policía en estado de retiro, fue acusado el nueve de marzo de dos mil diecinueve, mediante requerimiento fiscal presentado por el delito de lavado de activos, en virtud de no poder justificar ante la Dirección de Investigación y evaluación de la carrera policial DIECP, la cantidad de seis millones ochocientos cincuenta y cinco mil ciento trece lempiras con noventa y tres centavos. El Juzgado de letras con jurisdicción nacional, decretó en su contra auto de formal procesamiento y le dictó prisión preventiva como medida cautelar, la cual debía cumplir en el primer batallón de infantería ya mencionado. Actualmente el caso se encuentra ante el Tribunal de sentencia, sala número dos, faltando realizar la audiencia de proposición de prueba, previo al juicio oral y público. Con relación a la causa de justificación para solicitar la excarcelación de su defendido, el abogado reclamante menciona un comunicado librado por la honorable Corte Suprema de Justicia en fecha treinta de marzo del presente año, orientado a que los jueces de ejecución a nivel nacional informen las medidas correctivas a tomar con los privados de libertad; y, estableciendo en el numeral tres que se trabaja en un proyecto para ayudar a las personas que se encuentran privadas de libertad y que están comprendidas en el rango de tercera edad. En el numeral cuatro se refiere a las personas privadas de libertad que adolecen de enfermedades crónicas, terminales, o psiquiátricas. En este sentido, señala que su poderdante es un adulto mayor con sesenta y dos años cumplidos, además adolece de tos seca crónica, como efecto del tabaquismo, pudiéndole haber originado un enfisema pulmonar. Señala también que su poderdante padece de un trastorno de ansiedad, que constituye una patología psiquiátrica, que le produce una reacción alérgica, específicamente dermatitis. Estas enfermedades, apunta el impetrante, pueden ponerle en riego si se contágiese con el Covid-19. CONSIDERANDO TRES (3): Resumen de las diligencias efectuadas por el juez ejecutor en cumplimiento de la garantía constitucional de exhibición personal. El juez ejecutor José Raimundo Velásquez, cumpliendo con el mandato de la Sala de lo Constitucional informa que en fecha catorce de abril de dos mil veinte, se personó en el primer batallón de infantería, ubicado en la aldea Mateo del Distrito Central, departamento de Francisco Morazán para entrevistar al ciudadano Ambrosio Maradiaga Ordóñez. Ante su presencia dicho procesado solicitó ser evaluado por un médico para tener un expediente debido a que durante nueve años ha estado sano y no ha visitado a ningún doctor, por lo que por esa razón no ha sido diagnosticado con hipertensión ni diabetes. Esta misma solicitud la hizo al Instituto de Previsión Militar. El imputado agregó que toma tiamina para los nervios, ansiolex para la ansiedad, somatina para oxigenar el cerebro, rebasin y sedatival para dormir. También manifestó que le molesta una tos seca desde hace unos dos meses y medio, al respecto dice que tiene cuarenta y cuatro años de fumar. También padece de cansancio. Manifestó que ese mismo día lo examinó un doctor y que le dio Loratadina. Finaliza diciendo que no ha sido molestado por nadie, salvo que han suspendido las visitas por el Covid-19. La doctora Reina Gabriela Aplicano, médico que asiste los anexos penitenciarios de los batallones primero y segundo adscritos a la Penitenciaria Nacional de Támara, informa que ha pedimento del juez ejecutor, auscultó al ciudadano Ambrosio Maradiaga Ordóñez, encontrando entre otros elementos los siguientes: Tos seca crónica motivada por el hábito de fumar por más de cuarenta años; PA 130/80; FC 69 lpm; saturación de oxígeno de un 98%; campos pulmonares con buena entrada de aire, simétricos, no se observan masas ni deformidades, tampoco se auscultan ruidos patológicos. Reporta que dicho ciudadano el veintidós de octubre de dos mil diecinueve, fue evaluado por la doctora Pamela Suyapa Maradiaga, quien le diagnosticó, enfermedad pulmonar obstructiva crónica y faringoamigdalitis estreptocócica. El dieciocho de noviembre de dos mil diecinueve la doctora Enma Graciela del Cid le hizo una evaluación médica. El dos de diciembre de dos mil diecinueve el doctor Renato Napoleón Vásquez le diagnosticó dolor tensional. Por su parte la doctora Reina Gabriela Aplicano le ha hecho este año las siguientes evaluaciones, fechas once y dieciocho de febrero, diez de marzo y catorce de abril. Por su parte el director de la Penitenciaría Nacional, ubicado en la aldea de Támara, departamento de Francisco Morazán, en su informe de fecha catorce de abril del presente año, indica que el ciudadano Ambrosio Maradiaga Ordóñez ingresó el once de marzo de dos mil diecinueve remitido por el Juzgado de Letras penal con jurisdicción nacional, por suponérsele responsable del delito de lavado de activos, expediente No. 27-2019y que actualmente se encuentra recluido en el anexo número uno del primer batallón de infantería con condición jurídica de procesado. En virtud de lo anterior el juez ejecutor, abogada José Raimundo Velásquez, una vez concluidas las diligencias encaminadas a la evacuación de la presente garantía de exhibición personal se pronunció el diecisiete de abril del presente año declarando no ha lugar la garantía constitucional de exhibición personal, interpuesta por el abogado Mario Enrique Castro Ortiz a favor del ciudadano Ambrosio Maradiaga Ordóñez. CONSIDERANDO CUATRO (4): Examen de la Sala de lo Constitucional de los hechos y el resultado de las actuaciones realizadas por el juez ejecutor, en relación con la garantía de exhibición personal de mérito. Este alto tribunal de justicia, al examinar las presentes diligencias, determina que lo expresado por el defensor público, abogado José Raimundo Velásquez, en su condición de juez ejecutor, es correcto y por ende procede aprobar lo actuado y declarar sin lugar la garantía constitucional de exhibición personal presentada a favor del ciudadano Ambrosio Maradiaga Ordóñez. Dicha decisión se fundamenta en que el ciudadano Ambrosio Maradiaga Ordóñez no se encuentra ilegalmente privado de libertad, tampoco ha sido sometido a tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal, coacción o molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión, habida cuenta que este alto tribunal, estima que el interno ha tenido una debida atención médica y que sus afecciones se encuentran adecuadamente tratadas y controladas. Por otra parte, este alto tribunal de justicia estima que, hasta el momento no existe razón para asumir un inminente contagio de los internos y personal por el Covid-19. En ese sentido, toma nota de la decisión tomada por las autoridades del anexo penitenciario, de no permitir las visitas para evitar contagios. En consecuencia, procede declarar sin lugar la garantía constitucional de exhibición personal de que se hace mérito. PARTE DISPOSITIVA O FALLO. POR TANTO: La Sala Constitucional en nombre de la Corte Suprema de Justicia e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, POR UNANIMIDAD de votos, y en aplicación de los artículos: 1, 59, 64, 69, 182, 303, 304, 313 atribución 5ta., 316 numeral 1 y 321 de la Constitución de la República; 1, 2, 4, 5, 7 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 12 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 No.1, 13 No.1, 14, 17, 19, 27, 28, 31, 35, 37, 38 y 39 de la Ley sobre Justicia Constitucional; FALLA: Declarando SIN LUGAR la garantía de exhibición personal o habeas corpus, interpuesta por el abogado MARIO ENRIQUE CASTRO ORTIZ, a favor del señor AMBROSIO MARADIAGA ORDÓÑEZ, quien se encuentra privado de libertad en las instalaciones del primer batallón de infantería, ubicado en la aldea Mateo de la ciudad de Comayagüela, departamento de Francisco Morazán. Y MANDA: Que una vez notificado el presente fallo, la secretaría de este alto tribunal de justicia proceda al archivo de las presentes diligencias, sin trámites ulteriores. Redactó el Magistrado EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. NOTIFÍQUESE. Firmas y sello. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los diecinueve días del mes de mayo de dos mil veinte, certificación de la sentencia de fecha trece de mayo de dos mil veinte, recaída en el recurso de exhibición personal registrada en este Tribunal con el número SCO-0298-2020.
ABOG. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.
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