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Sentencia EP-295-20 — Registro 10814

Resumen

Acto recurrido de mantener medida de prisión preventiva en situación de pandemia covid-19, ya que el impetrante es una persona físicamente vulnerable, en perjuicio del impetrante

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…" Que, de las actuaciones llevadas a cabo por la Juez Ejecutora designada en el presente trámite, se logró acreditar que el agraviado ha sido imputado por la supuesta comisión de delitos por parte del Ministerio Público como ente encargado del ejercicio de la acción penal pública, habiéndole sido impuesta la medida cautelar de prisión preventiva por autoridad judicial competente, de ahí entonces que la privación de su libertad ha sido dispuesta por la autoridad, dentro de los requerimientos de la ley. La juez además determinó que el peticionario tampoco ha sufrido ningún tipo de torturas, malos tratos, vejámenes o exacciones ilegales, ello de acuerdo con lo consignado y verificado por dicha funcionaria, así entonces, resulta evidente para esta Sala que no se han acreditado en el presente trámite, ninguno de los supuestos establecidos por la ley para el otorgamiento de la garantía constitucional que se ha invocado..." ..." Que con fundamento en las anteriores consideraciones, al no cumplirse los supuestos establecidos en el artículo 38 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, de acuerdo con el parecer de la juez ejecutora nombrada al efecto, esta Sala es del criterio porque la presente acción de exhibición personal debe ser denegada, al no cumplirse los requisitos que la ley exige para declarar la procedencia de esta acción constitucional, pues no se ha verificado violación alguna de derechos en perjuicio de la persona considerada como agraviada, no constando de lo actuado que se haya dado alguno de los supuestos establecidos en los artículos 13 y 24 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. No obstante lo anterior, esta Sala asiente con el parecer de la juez ejecutora designada en cuanto a la recomendación que ha incluido en su resolución, al ser la misma prudente e imperiosa, sobre todo porque no se le están proporcionado al agraviado, por parte del centro penal, los medicamentos que necesita, por ende, debe permitirse y dar acceso al medicamento que se le es abastecido por la cónyuge del peticionario, por lo que el centro penal, debe proceder a garantizar el acceso del medicamentos prescrito, mediante los protocolos apropiados para su entrega, que afiancen la seguridad interna de la prisión..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, trece de mayo de dos mil veinte. VISTO: Para dictar sentencia el recurso de exhibición personal interpuesto ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, por la Abogada DORA DEL CARMEN RAMOS, a favor del señor EDWIN ROMERO ALFARO, contra actuaciones del DIRECTOR DE LA PENITENCIARÍA NACIONAL DE TAMARA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, manifestando la peticionaria que el agraviado se encuentran recluido en dicho centro penitenciario con la medida cautelar de prisión preventiva, y que padece de hipertensión arterial, artritis degenerativa, depresión severa y ansiedad, y que debido a sus afecciones de salud, se ha desmayado en varias ocasiones, y aunque se ha solicitado se le envíe al Hospital Escuela para revisión de especialistas, las autoridades de la penitenciaría han hecho caso omiso, y además, por la situación que se está viviendo en torno a la enfermedad viral COVID-19, se requiere atención médica constante y emergente, ya que es una persona físicamente vulnerable. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha diez de abril de dos mil veinte, la Abogada DORA DEL CARMEN RAMOS, compareció ante el Juzgado de Letras Penal la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, presentando Recurso de Exhibición Personal a favor del señor EDWIN ROMERO ALFARO, contra actuaciones del DIRECTOR DE LA PENITENCIARÍA NACIONAL DE TAMARA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, manifestando la peticionaria que el agraviado se encuentran recluido en dicho centro penitenciario con la medida cautelar de prisión preventiva, y que padece de hipertensión arterial, artritis degenerativa, depresión severa y ansiedad, y que debido a sus afecciones de salud, se ha desmayado en varias ocasiones, y aunque se ha solicitado se le envíe al Hospital Escuela para revisión de especialistas, las autoridades de la penitenciaría han hecho caso omiso, y además, por la situación que se está viviendo en torno a la enfermedad viral COVID-19, se requiere atención médica constante y emergente, ya que es una persona físicamente vulnerable. (Folio 02 al 05 del recurso). 2) Que en esa misma fecha, el referido Juzgado tuvo por admitido el recurso de exhibición personal de mérito y nombró como Juez Ejecutor a la Abogada DINA SUYAPA GIRÓN LOZANO, Defensora Pública de la ciudad de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, a efecto de que constatara de manera inmediata los hechos narrados por el recurrente, debiendo ordenar a la autoridad recurrida, rendir el informe correspondiente dentro del plazo y con las formalidades establecidas en el artículo 26 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. (Folios 11 al 13 del recurso) 3) Que la Abogada DINA SUYAPA GIRÓN LOZANO, actuando en su condición antes indicada, compareció ante el Juzgado de Letras Penal del Departamento de Francisco Morazán, en fecha diecisiete de abril de dos mil veinte, y en el ejercicio de las funciones inherentes a su cargo, rindió el informe correspondiente, en el cual consignó entre otros lo siguiente: “…a) Que en fecha trece de abril de dos mil veinte, se personó en las instalaciones de la Penitenciaría Nacional de Támara, requiriendo al Director del mismo, a efecto de que le rindiera un informe sobre los extremos señalados en el recurso de exhibición personal, asimismo ordenara al Doctor adscrito al centro penal informara sobre el expediente médico del señor EDWIN ROMERO ALFARO, las medidas de salubridad que se habían tomado para garantizar el estado del salud del privado de libertad y el control médico que se le estaba brindando; b) Que ese mismo día entrevistó con el señor EDWIN ROMERO ALFARO, quien manifestó que había ingresado a la Penitenciaría Nacional, en fecha 24 de julio de 2018,por el delito de Lavado de Activos, asimismo que padecía de varias enfermedades, entre ellas, Ácido Úrico e hipertensión arterial, las cuales eran tratadas con los siguientes medicamentos: ATACAN PLUS, para la hipertensión, COLCHEMIDA para el Ácido Úrico y DICLOFENACO CON DEXAMETAZONA, para el dolor y la inflamación crónica, y que estos medicamentos son proporcionados por su esposa, ya que en el hospital de la penitenciaría no tenían de esos medicamentos, pero que su esposa no se los había podido llevar desde que inició la pandemia del COVID-19, por lo cual se los estaba tomando cada tres días. Asimismo, refirió que en ese centro penitenciario ha tenido buen trato y nunca ha sido víctima de vejámenes ni malos tratos; c) Que en fecha catorce de abril de dos mil veinte, el Juez Ejecutor recibió el informe rendido por el Director de la Penitenciaría Nacional de Támara en el cual informa que el señor EDWIN ROMERO ALFARO, ingresó a ese centro penitenciario el 26 de julio de 2018, fecha a partir de la cual el departamento médico de la penitenciaría, ha dado seguimiento a su estado de salud, estableciéndose en dicho informe las fechas en las cuales dicho interno ha asistido a consultas médicas, en las cuales ha sido evaluado por los médicos asignados, asimismo las fechas de las referencias y salidas realizadas para asistir al Hospital Escuela, a las cuales no ha podido ya que se canceló la consulta externa de los hospitales públicos. En el expediente médico se nos indica los antecedentes patológicos con los cuales ha sido diagnosticado el señor Romero Alfaro, entre los cuales están: HIPERTENSIÓN ARTERIAL, HIPERURICEMIA, TOS GOTOSA Y SÍNDROME DE ANSIEDAD, concluyendo que los medicamentos se los lleva su esposa mensualmente, y que en la clínica penitenciaria solo se cuenta con el paquete básico de medicamentos dados por la Secretaría de Salud, asimismo informan que se le ha dado seguimiento a las patologías que padece el señor Edwin Romero Alfaro, brindándole la asistencia médica que requiere. Que la Penitenciaría Nacional Marco Aurelio Soto, en la medida de sus posibilidades, se han realizado actuaciones dirigidas a solventar la situación médica del centro penal, pero que existen deficiencias aún sin atender, en especial la falta de medicamentos en el hospital de esa penitenciaría, situación que podría afectar la salud de los privados de libertad de ese centro penitenciario, por lo que es imposible cubrir con todos los medicamentos para las patologías médicas de cada uno de los internos; d) Que la Juez Ejecutora: RECOMIENDA: Que el Director de la Penitenciaría Nacional Marco Aurelio Soto, permita el ingreso de la señora esposa del señor Edwin Romero Alfaro, para que ésta pueda llevarle los medicamentos que requiere. Por Tanto: “DECLARA NO HA LUGAR LA ACCIÓN DE EXHIBICIÓN PERSONAL, interpuesta en fecha 10 de abril del año dos mil veinte y recibida la comunicación en fecha 13 de abril de los corrientes, ante los Juzgados de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa por la Abogada DORA DEL CARMEN RAMOS a favor de EDWIN ROMERO ALFARO, …” (Folios 32 al 38 de recurso). 4) Que en fecha veinte de abril de dos mil veinte, el Juzgado de Letras Penal del Departamento de Francisco Morazán tuvo por recibido el informe del Juez Ejecutor, a la vez se inhibe de seguir conociendo del recurso de mérito, remitiendo las diligencias a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en fecha veintitrés de abril para que siguiera conociendo del mismo. CONSIDERANDO (1): Que de conformidad con lo establecido en el artículo 182 de la Constitución de la República: “El Estado reconoce la garantía de Hábeas Corpus o de Exhibición Personal. En consecuencia, toda persona agraviada o cualquier otra en nombre de ésta tiene derecho a promoverla: 1º Cuando se encuentre ilegalmente presa, detenida o cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad individual; y 2º Cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción o molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión”. CONSIDERANDO (2): Que la acción de Habeas Corpus o Exhibición Personal tiene por objeto hacer valer los derechos del agraviado ante una detención ilegal o arbitraria y hacer cesar toda conducta o acción encaminada o emergente de una violación de derechos individuales que se lleva a cabo en perjuicio de quien se encuentre o haya sido privado de su libertad. CONSIDERANDO (3): Que, bajo esta premisa, como ya lo ha pronunciado esta Sala en forma reiterada, el Habeas Corpus ha sido establecido con el fin de resguardar la libertad personal frente a la arbitrariedad y establecer remedios eficaces y rápidos para eventuales supuestos de detenciones de la persona, no justificados legalmente o que transcurran en condiciones ilegales. El Habeas Corpus se configura como una comparecencia del detenido ante el Juez, comparecencia de la que proviene etimológicamente la expresión que da nombre al procedimiento[1] y que permite al ciudadano, privado de libertad, exponer sus alegaciones contra las causas de la detención y las condiciones de esta[2], con el fin que el órgano jurisdiccional que la conoce se pronuncie sobre la conformidad a derecho de la detención. CONSIDERANDO (4): Que con relación a los extremos externados por la recurrente para la interposición de su recurso, esta Sala debe insistir que el recurso de habeas corpus procura prevenir, sancionar e impedir la privación ilegal de la libertad, la imposición arbitraria de la detención o prisión, o la aplicación al agraviado de tormentos, torturas y cualquier otro vejamen de los consignados en el texto constitucional y en el artículo 13.1 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, que recoge a su vez las estipulaciones normativas constitucionales. El objeto de esta acción constitucional es la de garantizar en forma efectiva los derechos del agraviado ante una detención ilegal o arbitraria y hacer cesar toda conducta o acción encaminada o emergente de una violación de derechos individuales. CONSIDERANDO (5): Que, de las actuaciones llevadas a cabo por la Juez Ejecutora designada en el presente trámite, se logró acreditar que el agraviado ha sido imputado por la supuesta comisión de delitos por parte del Ministerio Público como ente encargado del ejercicio de la acción penal pública, habiéndole sido impuesta la medida cautelar de prisión preventiva por autoridad judicial competente, de ahí entonces que la privación de su libertad ha sido dispuesta por la autoridad, dentro de los requerimientos de la ley. La juez además determinó que el peticionario tampoco ha sufrido ningún tipo de torturas, malos tratos, vejámenes o exacciones ilegales, ello de acuerdo con lo consignado y verificado por dicha funcionaria, así entonces, resulta evidente para esta Sala que no se han acreditado en el presente trámite, ninguno de los supuestos establecidos por la ley para el otorgamiento de la garantía constitucional que se ha invocado. CONSIDERANDO (6): Que no obstante lo anterior, el agraviado ha externado su preocupación ante la propagación en nuestro país del virus COVID19, estimando que su condición de salud actual, al padecer de ciertas enfermedades preexistentes, le hace susceptible a que, de contagiarse de dicho virus, su vida corra peligro, siendo que en el recinto penitenciario en donde se encuentra recluido, las condiciones de salubridad son deficientes. Al respecto, la juez ejecutora nominada logró constatar que el imputado ha recibido atención médica para el tratamiento de sus enfermedades, pero que ante la cuarentena impuesta por el gobierno central, no se está brindando consulta externa en hospitales estatales y que los medicamentos que el peticionario requiere no parecen estar disponibles en el centro penitenciario, por lo que ha sido la esposa del imputado quien le ha suplido de lo necesario, sin embargo sus visitas han sido restringidas, razón por la que la ejecutora recomienda que se permita el ingreso de dicha ciudadana para mantener el debido tratamiento al agraviado. Dicho lo anterior, y como ya lo ha manifestado esta Sala, resultan también preocupantes las condiciones de hacinamiento que persisten en nuestros centros penales, por lo que deben tomarse acciones apropiadas para mitigar esta situación que sin duda favorece la insalubridad y compromete las medidas de control sanitario que sean o puedan ser aplicadas por las autoridades y el personal de salud, siendo que, sobre todo tratándose de esta particular enfermedad, el distanciamiento social y el aislamiento resultan ser claves para evitar su propagación. CONSIDERANDO (7): Que en este respecto, resulta meritorio reiterar que la salud de los privados de libertad en los distintos centros carcelarios y de detención en el país, es responsabilidad del Estado de Honduras, por ende, todos los empleados y funcionarios del orden administrativo, policial y judicial deben tomar todas las medidas que sean necesarias para salvaguardar la vida, salud e integridad física de las personas recluidas, de sus familiares, del personal penitenciario y judicial, y en general de todas las demás personas que, por alguna razón u otra, ingresen o tengan acceso a los mismos, implementando además medidas de control de ingreso apropiadas para evitar la propagación del virus COVID19. Así entonces, esta Sala debe exhortar a las autoridades referidas a que acaten sin reserva ni dilación las instrucciones y recomendaciones que han sido dadas a conocer por las autoridades de salud de la República y además por la Organización Mundial de la Salud en torno a la prevención, cuidado y tratamiento de la pandemia del COVID19, debiéndose hacer valer el mandato constitucional de preservar a la persona humana, así como sus derechos y garantías. CONSIDERANDO (8): Que en lo referente a la procedencia de la acción de habeas corpus, el artículo 38 de la Ley Sobre Justicia Constitucional dispone que se declarará con lugar la exhibición personal, cuando se constate la violación de alguno (s) de los supuestos establecidos en los Artículos 13 y 24 de esta Ley. En caso contrario se declarará sin lugar. CONSIDERANDO (9): Que con fundamento en las anteriores consideraciones, al no cumplirse los supuestos establecidos en el artículo 38 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, de acuerdo con el parecer de la juez ejecutora nombrada al efecto, esta Sala es del criterio porque la presente acción de exhibición personal debe ser denegada, al no cumplirse los requisitos que la ley exige para declarar la procedencia de esta acción constitucional, pues no se ha verificado violación alguna de derechos en perjuicio de la persona considerada como agraviada, no constando de lo actuado que se haya dado alguno de los supuestos establecidos en los artículos 13 y 24 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. No obstante lo anterior, esta Sala asiente con el parecer de la juez ejecutora designada en cuanto a la recomendación que ha incluido en su resolución, al ser la misma prudente e imperiosa, sobre todo porque no se le están proporcionado al agraviado, por parte del centro penal, los medicamentos que necesita, por ende, debe permitirse y dar acceso al medicamento que se le es abastecido por la cónyuge del peticionario, por lo que el centro penal, debe proceder a garantizar el acceso del medicamentos prescrito, mediante los protocolos apropiados para su entrega, que afiancen la seguridad interna de la prisión. POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Constitucional y en aplicación de los artículos 80, 182, 303, 304, 313 atribución 5a. y 316 de la Constitución de la República; 5, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1o., 78 atribución 5a. y 137 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 9, 13, 17, 38, 72, 119 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: 1) DECLARAR SIN LUGAR EL RECURSO DE EXHIBICIÓN PERSONAL del cual se ha hecho mérito, interpuesto por la Abogada DORA DEL CARMEN RAMOS, a favor del señor EDWIN ROMERO ALFARO, contra actuaciones del DIRECTOR DE LA PENITENCIARÍA NACIONAL DE TAMARA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN; 2) ORDENAR a las autoridades penitencias proceder a garantizar el acceso del medicamento prescrito, que le es suministrado por sus familiares , mediante los protocolos apropiados para su entrega, que afiancen la seguridad interna de la prisión. 3) EXHORTAR a las autoridades del centro penitenciario a que acaten sin reserva ni dilación las instrucciones y recomendaciones que han sido dadas a conocer por las autoridades de salud de la República y además por la Organización Mundial de la Salud en torno a la prevención, cuidado y tratamiento de la pandemia del COVID19, debiéndose hacer valer el mandato constitucional de preservar a la persona humana, así como sus derechos y garantías; 4) EXHORTAR a su vez a todos los empleados y funcionarios del orden administrativo, policial y judicial a que tomen todas las medidas que sean necesarias para salvaguardar la vida, salud e integridad física de las personas recluidas en centros penales, de sus familiares, del personal penitenciario y judicial, y en general de todas las demás personas que, por alguna razón u otra, ingresen o tengan acceso a los mismos, implementando además medidas de control de ingreso apropiadas para evitar la propagación del virus COVID19; 5) EXHORTAR a las autoridades penitenciarias y demás autoridades estatales a tomar acciones apropiadas para mitigar el hacinamiento en los centros penitenciarios, adoptando medidas de control sanitario apropiadas, en favor del aislamiento como medida esencial para evitar su propagación del virus COVID19; Y MANDA: 1. Que se notifique de la presente sentencia a los peticionarios, por los medios legales que correspondan; 2. Que se remita certificación de este fallo a las siguientes dependencias: i) Juzgado de Letras Penal de Tegucigalpa; ii) Instituto Nacional Penitenciario; iii) Dirección Nacional de la Defensa Pública; iv) Dirección del Centro Penal “Marco Aurelio Soto” con sede en Támara, departamento de Francisco Morazán; y, se proceda oportunamente al archivo de las presentes diligencias. Redactó el Magistrado EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. NOTIFÍQUESE. Firmas y sello. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los diecinueve días del mes de mayo de dos mil veinte, certificación de la sentencia de fecha trece de mayo de dos mil veinte, recaída en el recurso de exhibición personal registrada en este Tribunal con el número SCO-0295-2020.

ABOG. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.

[1] Etimológicamente habeas corpus significa tener el cuerpo o presentar el cuerpo

[2] Amparo, Habeas Corpus y Habeas Data. Rubén Flores Dapkevicius