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Sentencia EP-288-20 — Registro 10813

Resumen

Juez Ejecutor delcaró ha lugar recurso de mérito contra actuaciones de Autoridad recurrida en relación a solicitud de recurrente para que se le fije medidas distintas a prisión preventiva pues el delito por el cual se le acusa es de Actos de Lujuria, susceptible de dictarsele otras medidas cautelares; además ha sido diagnosticado hipertensión arterial siendo vulnerable frente a la Pandemia de CORONAVIRUS-19; dicho Juez concluye que dada la situación del contagio por la enfermedad, gira oficio a la Sala Cuarta del Tribunal de Sentencia a efecto que se proceda a revisar la medida cautelar del privado de libertad

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."en el presente caso, se aprecia del informe rendido por la Juez Ejecutora, que diversas ejecutorias procesales de la defensa técnica, fiscalía del Ministerio Público y del órgano judicial competente, han dado lugar a que la celebración de la audiencia de juicio oral en el caso del señor JOSE DEL CARMEN AGUILERA MONTOYA sea postergada, en más de una ocasión, atribuyendo las autoridades públicas competentes tal actuar omisivo, a los efectos de la Pandemia de COVID-19 en el normal desempeño de la Administración de Justicia. Sin embargo, examinado por la Sala de lo Constitucional, el Decreto Ejecutivo nomenclatura PCM-021-2020, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 35,201 de fecha 16 de marzo de los corrientes; ninguna de sus disposiciones constituye impedimento para que los funcionarios y empleados del sector justicia, circulen por el territorio nacional, ejerciendo los actos propios de su función constitucional, o los que resulten auxiliares a la misma (actos de comunicación judicial, pericias, etc.), garantizando así el ejercicio de la justicia penal pronta y cumplida, en la medida de las posibilidades fácticas y jurídicas existentes; a diferencia de los demás habitantes, en quienes sí incidiría la restricción temporal en el libre y pleno ejercicio de diversos derechos constitucionales..."..."en cuanto a la procedencia del presente recurso o garantía constitucional por parte de la Juez Ejecutora, se considera no es congruente el dictado de tal resolutivo, por lo cual, no procede su aprobación en este respecto; en virtud de no constituir restricción para la seguridad individual del beneficiario del recurso, en sentido estricto; conforme lo testimonia amplia y continua jurisprudencia constitucional..."..."la referida salvedad, no afecta la validez fáctica del Informe, referente a aspectos plurales de la ejecución, en vista a que fueron constatados en el campo de la administración penitenciaria y en la exhibición personal en concreto. Esto es, en cuanto a que concierne a un beneficiario de la tercera edad (ya cercano a los setenta años de edad), con hipertensión arterial diagnóstica; a que el informe rendido por la Dirección Penitenciaria se limita a manifestar objetivos bíosecuritarios a cumplir, mas no a radicar las medidas epidemiológicamente pertinentes a la prevención del contagio por COVID-19; encontrando además omisión, en cuanto a la permisión de ingreso al personal foráneo al Centro, sin filtros sanitarios; con el consiguiente riesgo que ello implicaría para la población penitenciaría..."..."por lo anteriormente manifestado y en aplicación de lo prescrito en el artículo 39 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, se imprueba en lo conducente el informe de la Juez Ejecutora; sin perjuicio la utilidad que pudiera rendir a la seguridad personal del beneficiario del recurso, la exhortación hecha a la SALA CUARTA DEL TRIBUNAL DE SENTENCIA DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, a efecto de que revisare oficiosamente la medida cautelar de prisión preventiva impuesta al procesado, señor JOSE DEL CARMEN AGUILERA MONTOYA, con los recaudos de ley pertinentes y en el marco de respeto al principio constitucional de independencia de los jueces y magistrados..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, tres de junio del dos mil veinte. VISTA: Para dictar Sentencia el Recurso de Exhibición Personal interpuesto por la Abogada NORA CAROLINA PAZ RODRIGUEZ, a favor del señor JOSE DEL CARMEN AGUILERA MONTOYA, contra actuaciones del DIRECTOR DE LA PENITENCIARIA NACIONAL MARCO AURELIO SOTO, ubicado en Támara, departamento de Francisco Morazán, manifestando la peticionaria que su representado se encuentra recluido en la Penitenciaría Nacional Támara Francisco Morazán, quien es de la tercera edad, ya que tiene 69 años y padece de Hipertensión Arterial e Hipertrofia Prostática, lo cual debido a la pandemia que afecta el país, representa un grado de lesividad al estar recluido en el citado centro penitenciario, y debido a la aglomeración, su representado se encuentra en evidente estado de vulnerabilidad; por lo que se le debía poner en inmediata libertad, a fin de garantizar su integridad, en base al Artículo 59 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha veintidós de abril de dos mil veinte, la Abogada NORA CAROLINA PAZ RODRIGUEZ, compareció ante la Sala de lo Constitucional, presentando Recurso de Exhibición Personal a favor del señor JOSE DEL CARMEN AGUILERA MONTOYA, contra actuaciones del DIRECTOR DE LA PENITENCIARIA NACIONAL MARCO AURELIO SOTO, ubicado en Támara, departamento de Francisco Morazán, manifestando la peticionaria que: “ en virtud que mi representado presenta los siguientes diagnósticos: Hipertensión arterial e Hipertrofia Prostática, lo cual acredito con Constancia Médica que acompaño, Y TERCERA EDAD ya que mi representado presentado es un señor de 69 años de edad, lo cual debido a la pandemia que afecta el país, representa un elevado grado de lesividad el estar recluido en el centro penal, por la aglomeración social, encontrándose mi representado en un evidente estado de vulnerabilidad, debiendo ponérsele en inmediata libertad a fin de garantizar la integridad de la persona humana, tomando como base el principio constitucional consignado en el artículo 59 de nuestra Carta Magna y fijársele medidas distintas a la prisión preventiva durante el proceso ya que el delito por el cual se le sigue causa a mi representado, es susceptible de medidas distintas a la prisión preventiva conforme a lo establecido en el artículo 184 del Código Procesal Penal. …” (Folios 01 al 02 del recurso). 2) Que en esa misma fecha, la Sala de lo Constitucional, admitió el recurso de exhibición personal de mérito y nombró como Juez Ejecutor a la Abogada SUYAPA CONCEPCIÓN TORRES AGUILERA, Defensora Pública de la ciudad de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, a efecto de que constatara de manera inmediata los hechos narrados por la recurrente, y rindiera el informe correspondiente dentro del plazo y con las formalidades establecidas en el artículo 26 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. (Folios 29 y 30 del recurso) 3) Que la Abogada SUYAPA CONCEPCIÓN TORRES AGUILERA, actuando en su condición antes indicada, compareció ante la Sala de lo Constitucional, en fecha cuatro de mayo de dos mil veinte, y en el ejercicio de las funciones inherentes a su cargo, rindió el informe correspondiente, en el cual consignó entre otros lo siguiente: a) Que en fecha veintitrés de abril de dos mil veinte, la Juez ejecutora se personó en las instalaciones del Centro Penitenciario Nacional de Támara, procediendo a requerir al Director de ese centro penal Teniente Coronel JAIME ORLANDO ESPINOZA, a efecto de que le rindiera un informe sobre los extremos señalados en el recurso de exhibición personal, específicamente, sobre la situación del señor JOSE DEL CARMEN AGUILERA MONTOYA, además se le pusiera a la vista dicho privado de libertad. b) Que entrevistó al señor JOSE DEL CARMEN AGUILERA MONTOYA, quien le manifestó que ingresó a la Penitenciaría Nacional el 05 de febrero de 2019, acusado por el delito de Actos de Lujuria, y que hacía seis años le habían diagnosticado hipertensión arterial. Desde que ingresó a la Penitenciaría ha sido tratado por el médico del Hospital del Centro Penal cada mes, aduciendo que los medicamentos se los proveían ahí mismo, los cuales bebe todos los días, exponiendo que el medicamento que tomaba cuando estaba en libertad no lo ha podido tomar en el penal, pero que el equivalente que ahí le daban le ha ayudado y lo mantenían bien. Manifestó que se encontraba recluido en el módulo de adultos mayores y que compartía el hogar con 27 privados de libertad más, manifestándose conforme con la alimentación brindada y por el trato dispensado por el personal, pero que él deseaba irse para su casa, porque él no estaba condenado y que quería estar con su familia, mientras se resolvía su situación. c) El Director de la Penitenciaria Nacional Támara rindió su informe en el cual dio a conocer el listado de las medidas de bioseguridad para evitar el contagio del COVID-19, en dicho centro penitenciario, las cuales están redactadas como objetivos a cumplir, pero no se estableció en el informe, que esas medidas se hayan implementado, manifiesta la Juez Ejecutora que cuando se presentó en las instalaciones de la Penitenciaría Nacional, encontró una importante omisión que se estaba teniendo en cuanto a que el personal foráneo al centro ingresara sin que existiera ningún tipo de filtro sanitario que posibilitara un exhaustivo control para evitar que una persona contagiada ingresara al mismo, con los consecuentes perjuicios que implicaría para la masa poblacional recluida en la Penitenciaría. En cuanto al Informe adicional proporcionado por el Director de la Penitenciaría Nacional, manifiesta que el señor JOSE DEL CARMEN AGUILERA MONTOYA, se encuentra recluido en el módulo de diagnóstico con 28 privados de libertad, los que se encontraban en un pasillo de ese módulo, significando esto una sobrepoblación, pues no los pueden ubicar en hogares como a otros reclusos, sino que estaban ubicados fuera de ellos, no lográndose establecer su dimensión y capacidad de albergue por las autoridades de la penitenciaría, por no contar con un especialista que lo estableciera, pero que según informes de organismos internacionales, se alojan ahí 358 privados de libertad, lo que de acuerdo a la situación de emergencia en el país, esto sobrepasa en demasía el número de personas que no pueden permanecer juntas sin que exista un foco de contagio que expone a una población vulnerable, como son las personas privadas de libertad, y en el caso específico del señor JOSE DEL CARMEN AGUILERA MONTOYA. d) Que la Juez Ejecutora, solicitó información sobre el expediente del señor JOSE DEL CARMEN AGUILERA MONTOYA, al Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa estableciéndose de dicho informe, que la Abogada defensora del señor JOSE DEL CARMEN AGUILERA MONTOYA, no había solicitado revisión de medidas, y que se había señalado Juicio Oral y Público para el 24 de febrero de 2020, siendo reprogramada dicha audiencia en virtud de no contarse con las evaluaciones psiquiátricas y psicológicas de la presunta víctima, dicha audiencia estaba programada para el 15 de mayo de 2020. La Juez Ejecutora se comunicó vía telefónica con el Jefe de Evaluación Mental de Medicina Forense, a efecto de establecer si se habían realizado las evaluaciones del menor, pudiéndose establecer que las evaluaciones no se habían realizado por la emergencia nacional y no se tenía fecha programada para las mismas, motivo por el cual no se tendría fecha próxima para el Juicio Oral y Público. e) Que la Juez Ejecutora concluye que dada la situación debido al aumento exponencial del contagio por el COVID-19 y no la petición directa de la peticionaria como alcance del Habeas Corpus Correctivo, pues ello no está dentro de las facultades del Juez Ejecutor, y que esta garantía no autoriza a un Juez Ejecutor a sustituir a los Jueces de la causa, en las decisiones que sol le incumben a ellos y cuyas decisiones pueden ser sujetas a impugnación; sin embargo, siendo el recurso de exhibición personal, un recurso rápido y efectivo, ante el peligro inminente que se ha analizado y expuesto, y siguiendo la Resolución 1/20 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre grupos en situación de especial vulnerabilidad: Medidas de Emergencia y Contención frente a la Pandemia del COVID-19, dando prioridad a las personas con mayor riesgo de salud frente a un eventual contagio, es menester indicarle al Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, que debe constituirse a efecto de proceder a revisar la medida cautelar de prisión preventiva, que actualmente tiene el señor JOSE DEL CARMEN AGUILERA MONTOYA, con los requerimientos que la norma establece y se proceda a citar a las partes para que, con los argumentos y respaldo probatorio que dispongan, permita resolver al Tribunal resolver lo que, en su autonomía, resulte procedente. Por tanto, la Juez Ejecutora resolvió: “DECLARA HA LUGAR la acción de habeas corpus interpuesta y gira oficio a la SALA CUARTA DEL TRIBUNAL DE SENTENCIA a efecto de que se proceda a revisar la medida cautelar del privado de libertad JOSÉ DEL CARMEN AGUILERA MONTOYA, y manda que se remita todo lo investigado, informado y resuelto a la SALA DE LO CONSTITUCIONAL teniéndose de esta manera cumplimentada la comunicación recibida…”. (Folios 10 al 18 de recurso) CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia a través de su Sala Constitucional el conocimiento de las acciones de Hábeas Corpus o Exhibición Personal, acorde a lo preceptuado en los artículos 182 y 316 numeral uno de la Constitución de la República, en relación a lo preceptuado en los artículos 3 numeral uno y 13 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, resultando procedente la misma cuando se constate que la persona agraviada se encuentre ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad, o bien, cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción o molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión. CONSIDERANDO (2): Que la Constitución de la República en el artículo precitado, establece en su literalidad: “El Estado reconoce la garantía de Hábeas Corpus o Exhibición Personal, y de Hábeas Data. En consecuencia en el Hábeas Corpus o Exhibición Personal toda persona agraviada o cualquier otra en nombre de ésta tiene derecho a promoverla; y en el Hábeas Data únicamente puede promoverla la persona cuyos datos personales o familiares consten en los archivos, registros públicos o privados de la siguiente manera: 1) EL HÁBEAS CORPUS O EXHIBICIÓN PERSONAL: a) Cuando se encuentre ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad; y, b) Cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión”…[1] CONSIDERANDO (3): Que la justicia constitucional tiene por objeto desarrollar las garantías y las defensas del orden jurídico constitucional. En virtud de ello, en la aplicación de la Ley Sobre Justicia Constitucional, las disposiciones allí contenidas se interpretarán y aplicarán siempre de manera que aseguren una eficaz protección de los derechos humanos y el adecuado funcionamiento de las defensas del orden jurídico constitucional. De igual manera, la justicia constitucional se aplicará e interpretará de conformidad con los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales sobre derechos humanos vigentes en la República de Honduras, tomando en consideración las interpretaciones que de ellos hagan los tribunales internacionales.[2] CONSIDERANDO (4): Que el Estado de Honduras es suscriptor originario de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (CADH, en lo sucesivo),[3] la que una vez en vigor forma parte del derecho interno[4]; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el artículo 5 el Derecho a la integridad personal y textualmente señala: “1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. 2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano…”. En congruencia a lo postulado por la Carta de San José, nuestra Carta Magna declara en su artículo 59 que la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado, sosteniendo la obligación de respetarla y protegerla, siendo en consecuencia inviolable la dignidad del ser humano, declaración íntimamente relacionada con el derecho individual que recoge la normativa constitucional en el artículo 68, que textualmente establece: “Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, síquica y moral”. CONSIDERANDO (5): Que, en ese orden de ideas y aun con mayor intensidad, señala la jurisprudencia interamericana en materia de derechos humanos, que toda persona privada de libertad tiene derecho a vivir en condiciones de detención compatibles con su dignidad personal. Esto implica el deber del Estado de salvaguardar la salud y el bienestar de las personas privadas de libertad y de garantizar que la manera y el método de privación de libertad no excedan el nivel inevitable de sufrimiento inherente a la misma. Asimismo, con base al principio de no discriminación, el derecho a la vida de las personas privadas de libertad también implica la obligación del Estado de garantizar la salud física y mental de las personas privadas de libertad. En congruencia a lo anterior, el Comité de Derechos Humanos de la ONU ha establecido que cuando los Estados detienen a una persona asumen una especial responsabilidad de su vida, por lo que corresponde asegurar su protección; estándar de derechos humanos que no puede ser objeto de suspensión, aun en caso de estado de emergencia o excepción legalmente decretado.[5] CONSIDERANDO (6): Que, en congruencia a lo anterior, la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) garantiza que el alcance de las restricciones permitidas, acorde con dicha Convención, al goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidas en la misma: “… no pueden ser aplicadas sino conforme a leyes que se dictaren por razones de interés general y con el propósito para el cual han sido establecidas”.[6] La doctrina convencional se refiere a este respecto, no sólo enfatizando la obligación estatal de que la implementación de tales restricciones obedezca al principio de legalidad, sino que también sea acorde al principio de proporcionalidad; es decir, que se ejerzan sólo en la medida indispensable en que una sociedad, que se precie de democrática, pueda permitírselo: … para impedir infracciones penales o para proteger la seguridad nacional, la seguridad o el orden público, la moral o la salud pública o los derechos y libertades de los demás”;[7] lo cual es predicable, desde luego, a la necesaria racionalidad que debe imperar en las restricciones al ejercicio de circulación y residencia en los Estados miembros.[8] CONSIDERANDO (7): Que como consecuencia de la llegada del COVID-19 al territorio nacional, el Presidente de la República, en Consejo de Ministros, emitió el Decreto Ejecutivo PCM-005-2020, publicado en el Diario oficial La Gaceta No. 3,171 de fecha 1 de febrero del año 2020, mediante el cual se decretó declarar Estado de Emergencia Sanitaria en todo el territorio nacional, con el propósito de continuar y fortalecer las acciones de prevención y control entre otros, para garantizar la atención a las personas ante el posible contagio del virus denominado COVID-19. Posterior a ello, en fecha 16 de marzo del año 2020 se emitió el Decreto Ejecutivo PCM-021-220, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 35,201 de fecha 16 de marzo mediante el cual se decretó la restricción de garantías constitucionales por siete días, las cuales se han prologando hasta la fecha con el objetivo legítimo de evitar la propagación del COVID-19. Debiendo observar tales restricciones, en todo caso, la modalidad proporcional de aplicación que prevé el precitado artículo 30 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. CONSIDERANDO (8): Que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) ha manifestado que la infracción del derecho a la integridad física y psíquica de las personas varía, según los factores endógenos y exógenos que deberán ser demostrados en cada situación concreta;[9] declarando, a la vez, que: “toda persona privada de libertad tiene derecho a vivir en condiciones de detención compatibles con su dignidad personal y el Estado debe garantizarle el derecho a la vida y a la integridad personal. En consecuencia, el Estado, como responsable de los establecimientos de detención, es el garante de estos derechos de los detenidos…”.[10] CONSIDERANDO (9): Que en continencia a lo anterior, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Comisión IDH), ha emitido la Resolución No. 01/2020 “PANDEMIA Y DERECHOS HUMANOS EN LAS AMERICAS”, en fecha diez de abril del año dos mil veinte, estimando que la pandemia del COVID-19 puede afectar gravemente la plena vigencia de los derechos humanos de la población, en virtud de los serios riesgos para la vida y siendo que es este el derecho humano más afectado por esta pandemia, como consecuencia de una afectación grave y directa del derecho humano a la salud; recomendando la adopción de medidas urgentes que garanticen los derechos fundamentales a la vida, la salud y a la integridad personal de todas aquellas personas que se encuentren privadas de libertad; particularmente cuando adolezcan de enfermedades crónicas como diabetes Mellitus, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, personas mayores de 60 años, personas que padezcan de enfermedades respiratorias crónicas como neumonía, tuberculosis, VIH y otras enfermedades que debido a su condición inmunológica pongan en riesgo la salud de las Personas privadas de su libertad; recomendándose, asimismo, adoptar medidas para enfrentar el hacinamiento en las unidades de privación de libertad, la reevaluación de los casos de prisión preventiva y la facilitación de su conversión a medidas penitenciarias alternativas; dando prioridad a las poblaciones con mayor vulnerabilidad o riesgo de salud, frente a la pandemia de COVID-19. CONSIDERANDO (10): Que, de todo ello se sigue de forma categórica el deber del Estado de Honduras de respetar, garantizar y promover el goce y ejercicio de los derechos fundamentales, optimizando así la declaración constitucional de que la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado, que conlleva a la obligatoriedad de su protección y al cumplimiento efectivo de lo establecido en el bloque de convencionalidad, a favor de la persona humana. CONSIDERANDO (11): Que, en el plano de la legalidad procesal constitucional, el artículo 39 de la Ley Sobre Justicia Constitucional indica los efectos de la procedencia de la garantía de hábeas corpus, existe un deber legal de ordenar el cese de toda restricción, vejamen, trato cruel, inhumano o degradante, amenaza, apremio ilegal o cualquier otra coacción, restricción o molestia innecesaria para la seguridad individual, o para el orden de la prisión, también se podrá ordenar la libertad del agraviado. CONSIDERANDO (12): Que, en el presente caso, se aprecia del informe rendido por la Juez Ejecutora, que diversas ejecutorias procesales de la defensa técnica, fiscalía del Ministerio Público y del órgano judicial competente, han dado lugar a que la celebración de la audiencia de juicio oral en el caso del señor JOSE DEL CARMEN AGUILERA MONTOYA sea postergada, en más de una ocasión, atribuyendo las autoridades públicas competentes tal actuar omisivo, a los efectos de la Pandemia de COVID-19 en el normal desempeño de la Administración de Justicia. Sin embargo, examinado por la Sala de lo Constitucional, el Decreto Ejecutivo nomenclatura PCM-021-2020, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 35,201 de fecha 16 de marzo de los corrientes; ninguna de sus disposiciones constituye impedimento para que los funcionarios y empleados del sector justicia, circulen por el territorio nacional, ejerciendo los actos propios de su función constitucional, o los que resulten auxiliares a la misma (actos de comunicación judicial, pericias, etc.), garantizando así el ejercicio de la justicia penal pronta y cumplida, en la medida de las posibilidades fácticas y jurídicas existentes; a diferencia de los demás habitantes, en quienes sí incidiría la restricción temporal en el libre y pleno ejercicio de diversos derechos constitucionales. CONSIDERANDO (13): Que, en cuanto a la procedencia del presente recurso o garantía constitucional por parte de la Juez Ejecutora, se considera no es congruente el dictado de tal resolutivo, por lo cual, no procede su aprobación en este respecto; en virtud de no constituir restricción para la seguridad individual del beneficiario del recurso, en sentido estricto; conforme lo testimonia amplia y continua jurisprudencia constitucional. CONSIDERANDO (14): Que, la referida salvedad, no afecta la validez fáctica del Informe, referente a aspectos plurales de la ejecución, en vista a que fueron constatados en el campo de la administración penitenciaria y en la exhibición personal en concreto. Esto es, en cuanto a que concierne a un beneficiario de la tercera edad (ya cercano a los setenta años de edad), con hipertensión arterial diagnóstica; a que el informe rendido por la Dirección Penitenciaria se limita a manifestar objetivos bíosecuritarios a cumplir, mas no a radicar las medidas epidemiológicamente pertinentes a la prevención del contagio por COVID-19; encontrando además omisión, en cuanto a la permisión de ingreso al personal foráneo al Centro, sin filtros sanitarios; con el consiguiente riesgo que ello implicaría para la población penitenciaría. CONSIDERANDO (15): Que, por lo anteriormente manifestado y en aplicación de lo prescrito en el artículo 39 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, se imprueba en lo conducente el informe de la Juez Ejecutora; sin perjuicio la utilidad que pudiera rendir a la seguridad personal del beneficiario del recurso, la exhortación hecha a la SALA CUARTA DEL TRIBUNAL DE SENTENCIA DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, a efecto de que revisare oficiosamente la medida cautelar de prisión preventiva impuesta al procesado, señor JOSE DEL CARMEN AGUILERA MONTOYA, con los recaudos de ley pertinentes y en el marco de respeto al principio constitucional de independencia de los jueces y magistrados. POR TANTO: La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 1, 4, 59, 60, 68, 80, 84, 90, 182, 303, 304, 313 atribución 5a. y 316 de la Constitución de la República; 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 5, 25 y 30 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1o., 78 atribución 5ª y 137 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 9, 13, 14, 17, 19, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 38, 39, 72 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: SIN LUGAR la GARANTÍA DE EXHIBICIÓN PERSONAL promovida por la abogada NORA CAROLINA PAZ RODRIGUEZ, a favor del señor JOSE DEL CARMEN AGUILERA MONTOYA, contra actuaciones del DIRECTOR DE LA PENITENCIARIA NACIONAL MARCO AURELIO SOTO, ubicado en Támara, departamento de Francisco Morazán; sin perjuicio los efectos útiles a la seguridad personal del beneficiario del recurso que se dejan de manifiesto en motivación de la presente sentencia. Y MANDA: 1.- Que se notifique a la Abogada impetrante de la presente garantía constitucional. 2.- Procédase, ulteriormente, al archivo de las presentes diligencias en sede de la SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Redacto la magistrada Alvarez Sagastume.- Notifiquese. Firmas y sello. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA, PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciocho días del mes de junio de dos mil veinte, certificación de la sentencia de fecha tres de junio de dos mil veinte, recaída en el Recurso de Exhibición Personal, registrado en este Tribunal con el número sco-0288-2020.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA

SALA DE LO CONSTITUCIONAL.

[1] Ver el artículo 182 de la Constitución de la República.

[2] Ver artículo 2 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, Decreto Legislativo No. 244-2003.

[3] Suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, y entro en vigor en julio de 1978, publicado en La Gaceta No. 22287 del 1 de septiembre de 1977.

[4] Artículo 16, segundo párrafo de la Constitución de la República de Honduras.

[5] Ver: CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Cuadernillo de Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos No. 26: Restricción y suspensión de derechos humanos / Corte Interamericana de Derechos Humanos y Cooperación Alemana (GIZ). -- San José, C.R., 2020. Págs. 150-151.

[6] Ver artículo 30 de la CADH.

[7] Convención Americana Sobre Derechos Humanos: Comentario. Steiner, Christian / Uribe, Patricia (Editores). Konrad Adenauer Stiftung. Guatemala: Magna Terra Editores, 2014. Pág. 716.

[8] Ver artículo 22.3 de la CADH.

[9] Ver: CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, Caso Loayza Tamayo v. Perú. Sentencia de 17 de septiembre de 1997, párrafo 57.

[10] Ver: CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS Caso Cantoral Benavides v. Perú. Sentencia de 18 de agosto de 2000, párrafo 87.