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Sentencia EP-284-20 — Registro 10810

Resumen

Acto recurrido que mantiene reclusión en la Penitenciaría Nacional “Marco Aurelio Soto”, y en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), en donde impera el hacinamiento, lo que los vuelve vulnerables al contagio del COVID-19, en perjuicio del impetrante

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…" Que, en tal sentido, se valora lo resuelto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la precitada Resolución No. 01/2020 del presente mes y año; reconociéndose, asimismo, que la garantía de exhibición personal o habeas corpus, se encuentra configurada como un mecanismo de defensa para el derecho a la libertad individual frente a los actos de autoridad que, con infracción, violación o inobservancia del bloque de constitucionalidad, la perturben o priven de ella; así como también, frente a los que, en iguales circunstancias, atenten en cualquier caso contra la integridad física, síquica y moral del detenido..." ..." Que no se evidencia de todo ello, infracción a lo prescrito en los artículos 13 y 24 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, ni a lo dispuesto convencionalmente en el artículo 1 de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; por todo lo cual, debe declararse SIN LUGAR la presente garantía de Hábeas Corpus..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, trece de mayo del dos mil veinte. VISTA: Para dictar Sentencia el Recurso de Exhibición Personal interpuesto por las Abogadas RITZA YOLANDA ANTUNES REYES y DORIS IMELDA MADRID ZERON a favor de los señores FRANCISCO ARTURO MEJÍA, WALDINA LIZET SALGADO PEREZ Y ROBERTO ARTURO MEJIA SALGADO, contra actuaciones del TRIBUNAL DE SENTENCIA CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL EN MATERIA DE CORRUPCIÓN, manifestando las peticionarias que sus representados se encuentran recluidos con medidas cautelares de prisión preventiva en la Penitenciaría Nacional “Marco Aurelio Soto”, y en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), ubicadas en Támara, Francisco Morazán, en donde impera el hacinamiento, lo que los vuelve vulnerables al contagio del COVID-19. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha diez de abril de dos mil veinte, comparecieron ante el Juzgado de Letras Penal del Departamento de Francisco Morazán, las Abogadas RITZA YOLANDA ANTUNES REYES y DORIS IMELDA MADRID ZERON, presentando Recurso de Exhibición Personal a favor de los señores FRANCISCO ARTURO MEJÍA, WALDINA LIZET SALGADO PEREZ Y ROBERTO ARTURO MEJIA SALGADO, contra actuaciones del TRIBUNAL DE SENTENCIA CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL EN MATERIA DE CORRUPCIÓN, manifestando las peticionarias que sus representados: “…quienes permanecen bajo prisión preventiva como medida cautelar, impuesta por el Juzgado de Letras Penal con Competencia Territorial Nacional en Materia de Corrupción, quien conoce de la causa actualmente, pero dadas las circunstancias del caso, y de las condiciones de detención imperantes en estos momentos, por causa de la pandemia del COVID-19, dicha privación de libertad, se ha vuelto ilegal, arbitraria y contraria a las disposiciones constitucionales y de derecho convencional humanitario.…” (Folios 02 al 17 del recurso). 2) Que, en esa misma fecha, el citado Juzgado, admitió el recurso de exhibición personal de mérito y nombró como Juez Ejecutor a la Abogada MIRNA JANETH BRICEÑO SANCHEZ, Defensora Pública de la ciudad de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, a efecto de que constatara de manera inmediata los hechos narrados por las recurrentes, y rindiera el informe correspondiente dentro del plazo y con las formalidades establecidas en el artículo 26 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. (Folios 29 y 30 del recurso) 3) Que la Abogada MIRNA JANETH BRICEÑO SANCHEZ, actuando en su condición antes indicada, compareció ante el citado Juzgado, en fecha diecisiete de abril de dos mil veinte, y en el ejercicio de las funciones inherentes a su cargo, rindió el informe correspondiente, en el cual consignó entre otros lo siguiente: a) Que en fecha trece de abril de dos mil veinte, se personó en las instalaciones Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social, siendo atendido por su Directora la Sub-Comisaria de Policía Nolvia Cristina Sorto Herrera a efecto de que le rindiera un informe sobre los extremos señalados en el recurso de exhibición personal, y a la vez le exhibiera a la señora WALDINA LIZETH SALGADO PEREZ. b) Que en esa misma fecha, la Directora de la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social, entregó su informe al Juez Ejecutor cual consigna lo siguiente: Que la señora WALDINA LIZETH SALGADO PEREZ, ingresó a ese centro penitenciario el día 28 de MARZO de 2019, por el delito de LAVADO DE ACTIVOS Y ASOCIACION ILICITA PARA LAVAR ACTIVOS, en perjuicio de LA ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS, a la orden del Juzgado de Letras con Competencia Nacional en Materia Penal, siendo condición jurídica la de procesada. Que la privada de libertad se encontraba ubicada en un área destinada para las privadas de libertad que gozan de medidas de seguridad otorgadas por los diferentes entes judiciales del Estado. Que según el expediente criminológico de la señora Salgado Pérez, no hay constancia, certificación médica o documento que acredite que padece de alguna enfermedad, informan además que es evaluada por el Médico Asistencial del Centro Penitenciario, cada seis horas a efecto de detectar cualquier anomalía relacionada con su salud y el COVID-19. Que en cuanto a las medidas de prevención adoptadas por la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social, a nivel de las autoridades del INP, se prohibió el ingreso de personas ajenas a ese establecimiento, entre ellas las visitas de sus familiares, sin embargo se ha permitido a los familiares llevarles cualquier alimento, medicamentos y frutas permitidas. Se les brindó charlas relacionadas con la prevención del COVID-19, lavado de manos y el uso correcto de mascarillas, habiéndoseles dotado de un kit de higiene personal para la prevención del COVID-19, entre esos mascarillas e implementos de aseo, cloro, jabón liquido, desinfectantes, guantes, gel de manos y papel toalla. Se creó un área de aislamiento en el interior de la penitenciaría para cualquier privada de libertad sospechosa de COVID-19, habiéndose fumigado todos los espacios físicos del interior y exterior de la Penitenciaría con liquido antiséptico, así como los productos alimenticios embolsados que llevan los familiares y se les realiza evaluación médica periódica a las privadas de libertad entre otras medidas. c) Que entrevistó la señora WALDINA LIZETH SALGADO PEREZ, y sobre su situación médica manifestó que era paciente diabética, hipertensa, no tiene tiroides y ha tenido trombosis, colon espástico, hígado graso y actualmente artrosis, y que por la situación del COVID-19, sus abogados habían presentado el recurso porque es una persona vulnerable, que tenía mascarilla, y que ella la tenía que comprar. Manifestó además que en ese momento se encontraba ubicada en el Módulo Reflexión con 16 personas más, y que le daba miedo ese hacinamiento, y que no tenían agua, agregó que tenía dificultad para tener sus medicamentos. d) Posteriormente, ese mismo día se trasladó a la Penitenciaría Nacional Marco Aurelio Soto, en donde guardan prisión los señores FRANCISCO ARTURO MEJÍA Y ROBERTO ARTURO MEJIA SALGADO, en donde solicitó al Director de ese Centro Penitenciario el informe correspondiente. d) Que al entrevistar a los señores FRANCISCO ARTURO MEJÍA Y ROBERTO ARTURO MEJIA SALGADO, la Juez Ejecutora constató, que estos no presentaban ninguna anomalía referente a lo enunciado por sus apoderados legales, manifiestan que hacen poco uso de los centros de salud que hay en la penitenciaría, por temor a contaminarse, ya que no contaban con el equipo suficiente, medicamentos, indispensables para atender una emergencia. e) Según el informe presentado por el Director de la Penitenciaría, se constata que los señores FRANCISCO ARTURO MEJÍA Y ROBERTO ARTURO MEJIA SALGADO, tenían padecimientos específicos, los cuales se encontraban controlados y estables. De igual manera refieren que se habían tomado las medidas precisas a consecuencia del COVID-19. Por parte de Medicina Forense recomiendan y lo consideran necesario, que se autorice a un familiar en común de todos los privados de libertad, a fin de que se les hiciera llegar todo lo necesario e indispensable para mantener controlada su salud, como ser medicamentos y dietas alimentarias en el caso de ser preciso y que las mismas sean suministrados a los mencionados señores para salvaguardar su salud y no caer en detrimento de la misma, lo cual debe ser autorizado cuanto antes como medida correctiva necesaria y urgente. Siendo además necesario la necesidad de insumos en los diferentes centros de salud dentro del centro penal. f) Que la Juez Ejecutora: “DECLARA: NO HA LUGAR la presente EXHIBICIÓN PERSONAL a favor de los señores FRANCISCO ARTURO MEJÍA, WALDINA LIZET SALGADO PEREZ Y ROBERTO ARTURO MEJIA SALGADO, en vista de que se ha podido verificar con los informes requeridos de las autoridades competentes, así como cada una de las diligencias practicada por mi persona, evidenciando que no ha existido ninguna violación de derechos y garantías constitucionales, de igual manera, se pudo constatar de que no ha existido detención ilegal y mucho menos vejámenes o torturas contra los encausados. Sin embargo es preciso acotar en cuanto a las recomendaciones establecidas, que de manera inmediata se corrijan esas falencias.…” (Folios 54 al 57 de recurso) 4) Que en fecha veinte de abril de dos mil veinte, el Juzgado de Letras Penal de Francisco Morazán, tuvo por recibido el informe de la Juez Ejecutora, y a la vez, se inhibe de seguir conociendo de la garantía de habeas corpus de mérito y ordenó remitir las diligencias a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, para que siga conociendo del mismo, las que fueron recibidas en fecha veintidós de abril de dos mil veinte. CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia a través de su Sala Constitucional el conocimiento de las acciones de Hábeas Corpus o Exhibición Personal, acorde a lo preceptuado en los artículos 182 y 316 numeral uno de la Constitución de la República, en relación a lo preceptuado en los artículos 3 numeral uno y 13 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, resultando procedente la misma cuando se constate que la persona agraviada se encuentre ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad, o bien, cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción o molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión. CONSIDERANDO (2): Que la Constitución de la República en el artículo precitado, establece en su literalidad: “El Estado reconoce la garantía de Hábeas Corpus o Exhibición Personal, y de Hábeas Data. En consecuencia en el Hábeas Corpus o Exhibición Personal toda persona agraviada o cualquier otra en nombre de ésta tiene derecho a promoverla; y en el Hábeas Data únicamente puede promoverla la persona cuyos datos personales o familiares consten en los archivos, registros públicos o privados de la siguiente manera: 1) EL HÁBEAS CORPUS O EXHIBICIÓN PERSONAL: a) Cuando se encuentre ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad; y, b) Cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión”…[1] CONSIDERANDO (3): Que la justicia constitucional tiene por objeto desarrollar las garantías constitucionales y las defensas del orden jurídico constitucional, en virtud de ello, en la aplicación de la Ley Sobre Justicia Constitucional, las disposiciones contenidas en la misma, se interpretarán y aplicarán siempre de manera que aseguren una eficaz protección de los derechos humanos y el adecuado funcionamiento de las defensas del orden jurídico constitucional; de igual forma la justicia constitucional se aplicará e interpretará de conformidad con los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales sobre derechos humanos vigentes en la República de Honduras, tomando en consideración las interpretaciones que de ellos hagan los tribunales internacionales[2]. En ese orden de ideas, nuestra Carta Magna declara en su artículo 59 que la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado, sosteniendo la obligación de respetarla y protegerla, siendo en consecuencia inviolable la dignidad del ser humano, declaración íntimamente relacionada con el derecho individual que recoge la normativa constitucional en el artículo 68, que textualmente establece: “Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, síquica y moral”. CONSIDERANDO (4): Que en fecha en fecha diez de abril de dos mil veinte, comparecieron ante el Juzgado de Letras Penal del Departamento de Francisco Morazán, las Abogadas RITZA YOLANDA ANTUNES REYES y DORIS IMELDA MADRID ZERON, presentando Recurso de Exhibición Personal a favor de los señores FRANCISCO ARTURO MEJÍA, WALDINA LIZET SALGADO PEREZ Y ROBERTO ARTURO MEJIA SALGADO, contra actuaciones del TRIBUNAL DE SENTENCIA CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL EN MATERIA DE CORRUPCIÓN, manifestando las peticionarias que sus representados: “…quienes permanecen bajo prisión preventiva como medida cautelar, impuesta por el Juzgado de Letras Penal con Competencia Territorial Nacional en Materia de Corrupción, quien conoce de la causa actualmente, pero dadas las circunstancias del caso, y de las condiciones de detención imperantes en estos momentos, por causa de la pandemia del COVID-19, dicha privación de libertad, se ha vuelto ilegal, arbitraria y contraria a las disposiciones constitucionales y de derecho convencional humanitario.…”. CONSIDERANDO (5): Que la Abogada MIRNA JANETH BRICEÑO SANCHEZ, Juez Ejecutora nombrada a prevención por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, para conocer de la garantía constitucional promovida, rindió en tiempo y forma el informe que legalmente le fuera requerido; del cual colige no haber lugar al RECURSO DE EXHIBICIÓN PERSONAL impetrado por las Abogadas RITZA YOLANDA ANTUNES REYES y DORIS IMELDA MADRID ZERON, a favor de los ciudadanos FRANCISCO ARTURO MEJÍA, WALDINA LIZET SALGADO PEREZ Y ROBERTO ARTURO MEJIA SALGADO, contra actuaciones del TRIBUNAL DE SENTENCIA CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL EN MATERIA DE CORRUPCIÓN; en vista a las entrevistas realizadas y haberse podido verificar, con los informes requeridos de las autoridades competentes, así como demás diligencias practicadas en forma sumaria, que no ha existido violación a derechos y garantías constitucionales; y, particularmente, no haberse podido constatar que hubiere existido detención ilegal y mucho menos vejámenes o torturas contra los encausados. De igual manera, según los informes rendidos, tanto por el médico adscrito al Centro Penal, como en los dictámenes de Medicina Forense; se constató que los privados de libertad tenían, efectivamente, padecimientos específicos, los cuales se encontraban controlados y estables; habiéndose, por demás, tomado medidas precisas en el Centro Penal frente a la Pandemia COVID-19, sin perjuicio a otras medidas en cuanto a salud preventiva a que hubiere lugar; las cuales podrían ser autorizadas como medida correctiva necesaria y urgente. CONSIDERANDO (6): Que mediante Decreto Legislativo No. 64-2012, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 32,990 de fecha 3 de diciembre del año 2012, se crea la Ley del Sistema Penitenciario Nacional, la que tiene como propósito regular la organización y el funcionamiento del Sistema Penitenciario Nacional, el cual está integrado por: 1) El Instituto Nacional Penitenciario (INP); y, 2) Los Establecimientos Penitenciarios. El Sistema Penitenciario Nacional tiene como fines primordiales inter alia, “la retención y custodia de toda persona detenida, en prisión preventiva o cumpliendo condena privativa de libertad.”[3] La precitada ley determina en el artículo 2 que la actividad penitenciaria se debe desarrollar con las garantías y dentro de los límites establecidos por la Constitución de la República, los Tratados Internacionales ratificados por Honduras, las Leyes, los Reglamentos, y las Sentencias Judiciales. El artículo 3 expresamente prohíbe el someter a las personas privadas de libertad a torturas y cualquier trato cruel, inhumano o degradante u otro lesivo a su dignidad. El artículo 8 enumera las atribuciones que tiene el INP, y de interés a la presente sentencia, las establecidas en el numeral 3 y 17, que consisten en: 3) Velar por la seguridad, atención, custodia, asistencia médica, educativa, laboral u otros servicios inherentes a los fines de la ley, de las personas privadas de libertad a su cargo, en prisión preventiva, cumpliendo penas o medidas de seguridad; y, 17) Coordinar con las autoridades judiciales competentes, los ingresos, traslados y egresos de las personas privadas de libertad a su cargo, de acuerdo a lo establecido en la legislación aplicable y la presente Ley. CONSIDERANDO (7): Que Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos[4], la que una vez en vigor forma parte del derecho interno[5]; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el artículo 5 el Derecho a la integridad personal y textualmente señala: “1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. 2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano…”. CONSIDERANDO (8): Que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha referido que la infracción del derecho a la integridad física y psíquica de las personas varía según los factores endógenos y exógenos que deberán ser demostrados en cada situación concreta[6]; la Corte Interamericana también ha manifestado que “toda persona privada de libertad tiene derecho a vivir en condiciones de detención compatibles con su dignidad personal y el Estado debe garantizarle el derecho a la vida y a la integridad personal. En consecuencia, el Estado, como responsable de los establecimientos de detención, es el garante de estos derechos de los detenidos…”[7] (Énfasis nuestro). CONSIDERANDO (9): Que como consecuencia de la llegada del COVID-19 al territorio nacional, el Presidente de la República, en Consejo de Ministros, emitió el Decreto Ejecutivo PCM-005-2020, publicado en el Diario oficial La Gaceta No. 3,171 de fecha 1 de febrero de fecha 1 de febrero del año 2020, mediante el cual se decretó declarar Estado de Emergencia Sanitaria en todo el territorio nacional, con el propósito de continuar y fortalecer las acciones de prevención y control entre otros, para garantizar la atención a las personas ante el posible contagio del virus denominado COVID-19. Posterior a ello, en fecha 16 de marzo del año 2020 se emitió el Decreto Ejecutivo PCM-021-220, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 35,201 de fecha 16 de marzo mediante el cual se decretó la restricción de garantías constitucionales por siete días, restricciones que se han prologando hasta la fecha con el propósito de evitar la propagación del COVID-19. Se debe garantizar que las restricciones ordenadas, no vengan a deteriorar aún más, las preexistentes deficiencias de salubridad e higiene en la mayoría de los Centros Penitenciarios; por lo que corresponde al Estado de Honduras el deber de respetar, garantizar y promover el goce y ejercicio de los derechos fundamentales, optimizando la declaración constitucional de que la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado, conllevando la obligatoriedad de su protección. CONSIDERANDO (10): Que, por otra parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, emitió la Resolución No. 01/2020 “PANDEMIA Y DERECHOS HUMANOS EN LAS AMERICAS”, en fecha diez de abril del año dos mil veinte, estimando que la pandemia del COVID-19 puede afectar gravemente la plena vigencia de los derechos humanos de la población, en virtud de los serios riesgos para la vida y siendo que es este el derecho humano más afectado por esta pandemia, como consecuencia de una afectación grave y directa del derecho humano a la salud, es ahora el momento de tomar decisiones urgentes que garanticen los derechos fundamentales a la vida, la salud, y a la integridad personal de todas aquellas personas que se encuentren privadas de libertad; siempre y cuando adolezcan de enfermedades crónicas como diabetes Mellitus, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, personas mayores de 60 años, personas que padezcan de enfermedades respiratorias crónicas como neumonía, tuberculosis, VIH y otras enfermedades que debido a su condición inmunológica pongan en riesgo la salud de las Personas privadas de su libertad. Se recomienda, por lo tanto, adoptar medidas para enfrentar el hacinamiento de las unidades de privación de libertad, incluida la reevaluación de los casos de prisión preventiva, para identificar aquellos que pueden ser convertidos en medidas alternativas a la privación de la libertad; dando prioridad a las poblaciones con mayor riesgo de salud frente a un eventual contagio del COVID-19, principalmente las personas mayores y mujeres embarazadas o con hijos lactantes; lo cual no se constató fuera el supuesto prevalente en el presente caso. CONSIDERANDO (11): Que después de realizado el estudio de los autos en la presente garantía de Hábeas Corpus o Exhibición Personal, así como el informe y documentación presentada por la Juez Ejecutora; considera este Alto Tribunal, los argumentos expuestos por las peticionarias no son de recibo, por no encontrarse enmarcadas en las disposiciones constitucionales relacionadas ut supra, ni en el artículo 13 de la Ley sobre Justicia Constitucional; debiendo destacarse la observación de la Juez Ejecutora, en el sentido que las autoridades del Centro Penal visitado manifiestan estar tomando las medidas necesarias para la prevención del contagio por el virus COVID-19. CONSIDERANDO (12): Que la Sala de lo Constitucional reconoce la función que reviste al Estado como garante de la dignidad de la persona humana, de su bienestar y su salud, a efecto procurar la más completa protección del derecho a la vida y la integridad personal. En particular, la del privado de libertad, quien se encuentra bajo la tutela reforzada del Estado. En tal sentido, relevante jurisprudencia constitucional ha afirmado que el derecho a la vida comprende, por lo menos, el derecho del ser humano a no ser privado de la vida y a que no se le impida el acceso a las condiciones que le garanticen una existencia digna; coligiéndose que tiene el Estado de Honduras la obligación de garantizar se produzcan las condiciones requeridas para que no se produzcan violaciones de ese derecho básico; y de impedir que sus agentes, o terceros, atenten contra él.[8] CONSIDERANDO (13): Que, en tal sentido, se valora lo resuelto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la precitada Resolución No. 01/2020 del presente mes y año; reconociéndose, asimismo, que la garantía de exhibición personal o habeas corpus, se encuentra configurada como un mecanismo de defensa para el derecho a la libertad individual frente a los actos de autoridad que, con infracción, violación o inobservancia del bloque de constitucionalidad, la perturben o priven de ella; así como también, frente a los que, en iguales circunstancias, atenten en cualquier caso contra la integridad física, síquica y moral del detenido. CONSIDERANDO (14): Que no se evidencia de todo ello, infracción a lo prescrito en los artículos 13 y 24 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, ni a lo dispuesto convencionalmente en el artículo 1 de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; por todo lo cual, debe declararse SIN LUGAR la presente garantía de Hábeas Corpus. POR TANTO: La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 1, 4, 59, 68, 69, 71, 80, 84, 182, 303, 304, 313 atribución 5a. y 316 de la Constitución de la República; 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 5, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1 de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; 1o., 78 atribución 5ª y 137 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 9, 13, 14, 17, 19, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 38, 39, 72, 119 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: DECLARAR SIN LUGAR EL RECURSO DE EXHIBICIÓN PERSONAL impetrado por las Abogadas RITZA YOLANDA ANTUNES REYES y DORIS IMELDA MADRID ZERON, a favor de los ciudadanos FRANCISCO ARTURO MEJÍA, WALDINA LIZET SALGADO PEREZ Y ROBERTO ARTURO MEJIA SALGADO, contra actuaciones del TRIBUNAL DE SENTENCIA CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL EN MATERIA DE CORRUPCIÓN, por las razones aquí motivadas. Y MANDA: 1.- Que se notifique esta sentencia a las Abogadas Impetrantes de la presente garantía constitucional. 2.- Que notificada y firme que sea la presente sentencia, se proceda al archivo de las diligencias en Sala de lo Constitucional.- NOTIFÍQUESE. Firmas y sello. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA, PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiséis días del mes de mayo de dos mil veinte, certificación de la sentencia de fecha trece de mayo de dos mil veinte, recaída en el Recurso de Exhibición Personal No. SCO-0284-2020.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA

SALA DE LO CONSTITUCIONAL.

[1] Ver el artículo 182 de la Constitución de la República.

[2] Ver artículo 2 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, Decreto Legislativo No. 244-2003.

[3] Artículo 1, último párrafo, de la Ley del Sistema Penitenciario Nacional.

[4] Suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, y entro en vigor en julio de 1978, publicado en La Gaceta No. 22287 del 1 de septiembre de 1977.

[5] Artículo 16, segundo párrafo de la Constitución de la República de Honduras.

[6] Caso Loayza Tamayo Vs. Perú, sentencia de 17 de septiembre de 1997, párrafo 57. “El carácter degradante se expresa en un sentimiento de miedo, ansia e inferioridad con el fin de humillar, degradar y de romper la resistencia física y moral de la víctima…”.

[7] Caso Cantoral Benavides Vs. Perú, sentencia de 18 de agosto de 2000, párrafo 87.

[8] Cfr. el fallo de la Corte Interamericana Sobre Derechos Humanos (CorteIDH), en: Instituto de Reeducación del Menor vs. Paraguay. Sentencia del dos de septiembre de 2004, párr. 156.