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Sentencia EP-283-20 — Registro 10632

Resumen

Se interpuso recurso de exhibición personal a favor de las actuaciones de la Directora de la Penitenciaría Femenina de Adaptación Social (CEFAS), manifiestan las peticionarias que a la agraviada no se le ha redactado la sentencia por el Tribunal de Sentencias de Tegucigalpa de Francisco Morazán, por lo que se encuentra en una prisión preventiva vencida y debe imponérsele medidas cautelares diferentes.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

... "CONSIDERANDO (14): Que según dispone el artículo 24 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es ilegal y arbitraria: 1) Toda orden verbal de prisión o arresto, salvo si tiene como finalidad impedir la inminente comisión de un delito, la fuga de quienes hayan participado en aquél o evitar daños graves a las personas o a la propiedad; 2) Toda orden de prisión o arresto que no emane de autoridad competente o que haya sido expedida sin las formalidades legales o por motivos que no hayan sido previamente establecidos en la ley; y, 3) Toda detención o arresto que no se cumpla en los centros destinados para el efecto por el Estado. CONSIDERANDO (15): Que de todo lo actuado y establecido en la tramitación del presente recurso de habeas corpus, esta Sala Constitucional no encuentra fundamentos de ley para otorgar la presente acción constitucional, en vista que ha sido declarada en juicio la culpabilidad de la ciudadana REINA MARÍA CHAPAZ, en el delito de ASOCIACIÓN ILÍCITA, y con ello no puede estimarse la ilegalidad de su detención, por lo que la acción debe declararse no ha lugar. Sin embargo, esta Sala tampoco puede ser indiferente ni consentir el grave hecho que el Tribunal de Sentencia de Jurisdicción Nacional con Competencia Territorial en Materia Penal ha dejado transcurrir más de TRES AÑOS sin emitir la sentencia que por ley tenía el deber de redactar y notificar. Consentir una omisión como ésta implicaría que esta Sala autorizase y admitiese una desatención a la ley en detrimento de los derechos fundamentales que estamos llamados a respetar y a hacer valer, pues si bien es cierto que no se desconoce que pueden haber casos en los que se exija mayor dedicación por parte de nuestros jueces, y no somos tampoco ajenos a la saturación ni a la complejidad de casos en los despachos de justicia a nivel nacional, se estima que el Tribunal de Sentencia ha tenido tiempo suficiente para trabajar en el fallo, siendo inaceptables las excusas del referido órgano jurisdiccional para justificar este retraso, por lo que este Alto Tribunal debe, en apoyo de la garantía del debido proceso que asiste a la agraviada, debe ordenar que se proceda de inmediato y sin más dilaciones a la redacción, lectura y notificación de la sentencia que corresponde en el presente caso, conforme lo manda la ley."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, trece de mayo de dos mil veinte. VISTO: Para dictar sentencia de recurso de exhibición personal interpuesto por las Abogadas ESTER MERCEDES ROMERO MONCADA y ZAIDA ELIZABETH RAMÍREZ BENÍTEZ, a favor de la señora REINA MARÍA CHAPAZ, contra actuaciones de la Directora de la Penitenciaría Femenina de Adaptación Social (CEFAS), manifiestan las peticionaria que a la agraviada no se le ha redactado la sentencia por el Tribunal de Sentencias de Tegucigalpa de Francisco Morazán, por lo que se encuentra en una prisión preventiva vencida y debe imponérsele medidas cautelares diferentes. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha ocho (8) de abril del año dos mil veinte (2020), se personaron ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa departamento de Francisco Morazán, las Abogadas ESTER MERCEDES ROMERO MONCADA y ZAIDA ELIZABETH RAMÍREZ BENÍTEZ , interponiendo Recurso de Exhibición Personal a favor de la Señora REINA MARÍA CHAPAZ, contra actuaciones del Director del Centro Femenino de Adaptación Social (CEFAS), manifiestan las peticionarias que a la agraviada no se le ha redactado la sentencia por el Tribunal de Sentencias de Tegucigalpa de Francisco Morazán, por lo que se encuentra en una prisión preventiva vencida y debe imponérsele medidas cautelares diferentes.- (folio 1 al 3 de la pieza del recurso) 2) Que, en la misma fecha, este Alto Tribunal admitió el recurso de Exhibición Personal y, en consecuencia, nombró Juez Ejecutor al Abogado JOSÉ ROBERTO IZAGUIRRE, a efecto de que rinda un informe sobre los extremos consignados en el presente recurso. (Folio 4 al 5 de la pieza del Recurso) 3) Que en fecha veinte (20) de abril del año dos mil veinte (2020), la Juez Ejecutor Abogado JOSÉ ROBERTO IZAGUIRRE , compareció ante esta Sala, y en el ejercicio de las responsabilidades inherentes a su cargo, rindió el informe correspondiente, consignando entre otros extremos, lo siguiente: “…PRIMERO: Que en fecha ocho de abril del año dos mil veinte las Abogadas ESTER MERCEDES ROMERO MONCADA y ZAIDA ELIZABETH RAMÍREZ BENÍTEZ, interpusieron Recurso de Exhibición Personal a favor de la Señora REINA MARÍA CHAPAZ, solicitando que se deje en inmediata libertad a la señora antes mencionada quien se encuentra bajo medida cautelar de prisión preventiva que se nombró Juez Ejecutor para que proceda a la Revisión de la Medida cautelar e imponga las medidas correspondientes.- SEGUNDO: Argumentan las referidas Abogadas que su defendida se encuentra con prisión preventiva ilegal emanada de autoridad competente en vista de han transcurrido más de seis años sin que hasta la fecha el Tribunal de sentencias hay modificado la medida cautelar pues los mismos no la han redactado la sentencia condenatoria y por lo tanto no se ha resuelto la situación jurídica de la señora REINA MARÍA CHAPAZ. Por lo que no se encuentra firme la sentencia ni tampoco individualizada la pena y aun mas está pendiente la interposición del recurso de casación, siendo a su consideración lo más lo más procedente la imposición de medidas cautelares distintas a una privativa de libertad, agregando además que en la actualidad la misma se ha convertido en una pena anticipada.- TERCERO: Del informe rendido por la autoridad requerida, el Tribunal de Sentencias con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal establece que el juicio se realizó desde el mes de octubre hasta el mes de noviembre del 2016 recayendo un fallo condenatorio por el delito de Asociación Ilícita en perjuicio de la Seguridad interior del estado de Honduras, en fecha 19 de enero del año 2017, se realizó audiencia de individualización de pena, resultando materialmente imposible la emisión de la misma en el plazo legal, por la complejidad del caso y la multiplicidad de medios probatorios evacuados en la vista del juicio oral y público además al elevado número de imputados y equipo de defensa que torna más compleja la estimación y el estudio de cada una de sus intervenciones en el juicio para la readecuación de la sentencia, esto aunado con el estado de emergencia producto de la Pandemia del Covid-19 que afecta a unos sectores poblacionales del estado de Honduras.- CUARTO: Lo toral en la petición del recurso de Exhibición Personal interpuesto a favor de la señora REINA MARÍA CHAPAZ, radica en la designación de un Juez Ejecutor y este revoque la medida cautelar de prisión preventiva e imponga otra distinta a una privativa de la libertad según lo peticionado por la Apoderada legal en relación a estopa el criterio jurisprudencial de la Sala de lo Constitucional sobre el conflicto del supuesto vencimiento de las medidas cautelares de prisión preventiva que fue impuesta por juez en causa penal, con las formalidades legales, cuando ya se haya realizado la audiencia de juzgamiento ante el tribunal de sentencias es decir que es una privación de libertad que es potestad exclusiva del órgano jurisdiccional (materia penal) y pretender lo contrario sería a todas luces inconstitucional en consecuencia agraviado no se encuentra bajo ningún concepto detenido de manera ilegal y arbitraria asimismo se comprende que la medida cautelar de prisión preventiva que cumple no se encuentra dentro de aquellas que según la ley sobre justicia constitucional considera ilegales y arbitrarias en virtud de que las mismas es parte de un proceso penal.- QUINTO: En relación a lo anterior la normativa procesal penal establece en el artículo 174 “Las medidas cautelares personales habrán ser dispuestas por el órgano jurisdiccional competente por auto motivado en el que se justificara la concurrencia de los supuestos legitimadores invocando los indicios que resulten de las investigaciones realizadas el órgano jurisdiccional al seleccionar la medida aplicable, deberá tener en cuenta su idoneidad y proporcionalidad en relación con los fines que se pretende conseguir teniendo en cuenta la gravedad del hecho y la pena que en caso de condena podría ser impuesta y las circunstancias personales del imputado” es así que queda establecido que la imposición, revocación y reformas de las resoluciones sobre medidas cautelares es una potestad exclusiva de los órganos jurisdiccionales y no del Juez Ejecutor tal como lo establece la normativa procesal penal, pues son ellos los conocedores de la causa así como de la medida cautelar a imponer esto relacionado con la finalidad de las mismas que en todo caso es garantizar la presencia del imputado en el proceso y serán los órganos jurisdiccionales quienes impondrán la medida más idónea según sea el caso.- SÉPTIMO: Continua estableciendo la Sala “Que debe indicar que el presente caso se ha de presumir que se ha dado cumplimiento a lo establecido en la primera fase de forma apegada al ordenamiento jurídico de nuestra república sin perjuicio que el órgano jurisdiccional de casación determine lo contrario en un posterior recurso, pero no se ha finalizado la emisión de la sentencia condenatoria estando pendiente su culminación con la fase de punición, pese a lo anterior es claro que existe un acto judicial de autoridad competente que señala la culpabilidad…. OCTAVO: De lo anteriormente ilustrado y ya en nuestro caso, según informe emitido por el Tribunal se Sentencias con Competencia Territorial en Materia Penal se logra establecer que no se ha dictado sentencia condenatoria no se ha emitido un fallo de forma escrita pero ya agoto la primera fase de culpabilidad siendo declarada culpable la señora REINA MARÍA CHAPAZ, por un delito de asociación ilícita en el acto del juicio oral y público delito que conlleva una pena mínima de quince años de reclusión.- NOVENO: Que el artículo 24 de la Ley Sobre Justicia Constitucional establece una privación de libertad se considera ilegal y arbitraria 1) Toda orden verbal de prisión o arresto, salvo si tiene como finalidad impedir la inminente comisión de un delito, la fuga de quienes hayan participado en aquel o evitar daños graves a las personas o a la propiedad 2) toda orden de prisión o arresto que no emane de autoridad competente o que haya sido expedita sin las formalidades legales 3) Toda detención o arresto que no se cumpla en los centros destinados para el efecto por el Estado. De lo investigado se puede deducir que hay una orden de imposición de medida cautelar de prisión preventiva o provisional misma que fue decretada por juez competente que está cumpliendo en un centro destinado para ello es decir Penitenciaria Nacional Femeninas de Adaptación Social (PNFAS).- DÉCIMO: Como es de conocimiento general el país está pasando una emergencia nacional como es la pandemia Covid-19 siendo así el poder judicial ha emitido varios acuerdos estableciendo en otras cosas que se suspenden las labores en el poder judicial con las excepciones ya establecidas en dichos acuerdos.- En nuestro caso el Tribunal de sentencias tiene pendiente la emisión del falo condenatorio por escrito, si bien es cierto en su informe alega que por la abundancia de pruebas y la gran cantidad de imputados y equipo de defensa se hace materialmente imposible tener la sentencia en el plazo legal establecido del mismo informe se desprende que la audiencia de individualización de pena fue en fecha diecinueve de enero del año dos mil diecisiete para lo cual ya tiene un plazo prudencial (3años) para dictar la sentencia tomando en consideración que la finalidad del proceso es la realización pronta y efectiva de la justicia penal.- En tal sentido al no tener el fallo por escrito hay una afectación al derecho al recurrir el fallo condenatorio que tiene el acusado, garantía establecida en los estándares internacionales y nacionales sobre derechos humanos a efecto que dicha resolución sea revisada por un tribunal de mayor jerarquía.- POR TANTO: Este Juez Ejecutor haciendo aplicación de los artículos 80, 82, 182 de la Constitución de la República de Honduras 172, 174, 178, 181, 184, 188 del Código Procesal Penal 1,2,8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos y 1, 2, 3 numeral primero 5,13,25,26,37,,38,39 DE LA Ley Sobre Justicia Constitucional falla: 1) Declarar SIN LUGAR el habeas Corpus Presentada a favor de la señora REINA MARÍA CHAPAZ, por no encontrarse los derechos denunciados dentro de los presupuestos legitimadores de la acción dados en la Ley Sobre justicia Constitucional. 2) Exhorta al Tribunal de Sentencias con Competencia Territorial Nacional en materia penal para que redacte lo más pronto posible la sentencia definitiva y posteriormente proceda a notificarle dicho fallo a los apoderados defensores en el plazo que estime oportuno…”. CONSIDERANDO (1): Que de conformidad con lo establecido en el artículo 182 de la Constitución de la República: “El Estado reconoce la garantía de Hábeas Corpus o de Exhibición Personal. En consecuencia, toda persona agraviada o cualquier otra en nombre de ésta tiene derecho a promoverla: 1º Cuando se encuentre ilegalmente presa, detenida o cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad individual; y 2º Cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción o molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión”. CONSIDERANDO (2): Que la acción de Habeas Corpus o Exhibición Personal tiene por objeto hacer valer los derechos del agraviado ante una detención ilegal o arbitraria y hacer cesar toda conducta o acción encaminada o emergente de una violación de derechos individuales que se lleva a cabo en perjuicio de quien se encuentre o haya sido privado de su libertad. CONSIDERANDO (3): Que, bajo esta premisa, como ya lo ha pronunciado esta Sala en forma reiterada, el Habeas Corpus ha sido establecido con el fin de resguardar la libertad personal frente a la arbitrariedad y establecer remedios eficaces y rápidos para eventuales supuestos de detenciones de la persona, no justificados legalmente o que transcurran en condiciones ilegales. El Habeas Corpus se configura como una comparecencia del detenido ante el Juez, comparecencia de la que proviene etimológicamente la expresión que da nombre al procedimiento[1] y que permite al ciudadano, privado de libertad, exponer sus alegaciones contra las causas de la detención y las condiciones de la misma[2], con el fin que el órgano jurisdiccional que la conoce se pronuncie sobre la conformidad a derecho de la detención. CONSIDERANDO (4): Que con relación a los extremos externados por las recurrentes para la interposición de su recurso, esta Sala debe insistir que el recurso de habeas corpus procura prevenir, sancionar e impedir la privación ilegal de la libertad, la imposición arbitraria de la detención o prisión, o la aplicación al agraviado de tormentos, torturas y cualquier otro vejamen de los consignados en el texto constitucional y en el artículo 13.1 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, que recoge a su vez las estipulaciones normativas constitucionales. El objeto de esta acción constitucional es la de garantizar en forma efectiva los derechos del agraviado ante una detención ilegal o arbitraria y hacer cesar toda conducta o acción encaminada o emergente de una violación de derechos individuales. CONSIDERANDO (5): Que, la motivación que ha generado la presente acción de habeas corpus ha sido concretamente que a la señora REINA MARÍA CHAPAZ se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva hace más de seis años, lo cual conlleva, según sostuvieron las recurrentes, a que la privación de su libertad sea ilegal, siendo que el plazo máximo para la prisión preventiva de conformidad con nuestra ley es de 2 años, plazo que puede extenderse hasta 6 meses en determinadas circunstancias. Se arguye por parte de las peticionarias, que a la agraviada no se le ha dictado sentencia y que, por ende, debe ser sometida a medidas cautelares sustitutivas de la prisión preventiva como lo dispone nuestra legislación. CONSIDERANDO (6): Que de acuerdo con el informe rendido por el Juez Ejecutor designado, se logró constatar que a la señora REINA MARÍA CHAPAZ, efectivamente le fue impuesta la medida cautelar de prisión preventiva el 21 de mayo de 2014, ello como consecuencia de dictarse en su contra un auto de formal procesamiento por el delito de ASOCIACIÓN ILÍCITA, mismo que le fuera imputado por parte del Ministerio Público como ente encargado del ejercicio de la acción penal pública, de ahí entonces que la privación de su libertad fue dispuesta por la autoridad en aquel momento, dentro de los requerimientos de la ley. El juez además determinó que la afectada no ha sufrido ningún tipo de torturas, malos tratos, vejámenes o exacciones ilegales, ello de acuerdo con lo consignado y verificado por dicho funcionario. CONSIDERANDO (7): Que no obstante lo anterior, según fue informado al ejecutor por parte del Tribunal de Sentencia de Jurisdicción Nacional con Competencia Territorial en Materia Penal, la señora REINA MARÍA CHAPAZ fue sometida a juicio oral y público en el mes de octubre del año 2016, en donde se determinó su condena por el delito por el cual se le inició proceso por parte del ente fiscal, ello según consta a folio DIECINUEVE y VUELTO (19v) del texto del informe incluido en las presentes actuaciones emitido por el citado Tribunal. Según se logra entender del referido informe, el Tribunal de Sentencia concluyó el juicio oral y público de la imputada, determinando su culpabilidad, pero a la fecha, no ha hecho la redacción de la respectiva sentencia, ello a pesar de que en 18 de enero de 2017 celebró la correspondiente audiencia de individualización de la pena concreta, como parte de la segunda fase de la sentencia condenatoria, cuya regulación se encuentra establecida en los artículos 341, 342, 343 y subsiguientes del Código Procesal Penal. De conformidad con la ley, luego de que transcurra un plazo de cinco días después de celebrada la audiencia de individualización, el Tribunal debe redactar, dar lectura y notificar la sentencia que corresponda (Art.343 CPP), se observa que en este caso, sin embargo, el Tribunal de Sentencia no ha procedido conforme lo dispone la norma precitada, pues han transcurrido más de tres (3) años desde que se celebró la antedicha audiencia de individualización de la pena sin que el Tribunal haya redactado, dado lectura ni notificado la sentencia que por mandato de la ley ya debería de haber emitido. CONSIDERANDO (8): Que la justificación que dio el Tribunal de Sentencia para justificar este evidente retardo es la “complejidad” del caso y los “innumerables” medios de prueba que fueron aportados en juicio, lo que ha hecho que sea “materialmente imposible”, según el propio Tribunal lo ha dicho, tener la sentencia redactada en el término de ley. A su vez, el Tribunal de Sentencia afirmó que la situación de emergencia que vive el país ante la pandemia mundial del COVID19, ha evitado que el proceso siga su “curso normal”, y que una vez que se determine “un mecanismo” para solventar estas circunstancias, el proceso podrá seguir su curso. CONSIDERANDO (9): Que esta Sala ha dicho que la prolongación indebida de la prisión preventiva constituye no solo una restricción indebida del derecho a la libertad personal garantizada por el artículo 69 de la Constitución de la República, sino que además una violación a la garantía genérica del debido proceso, consagrada en el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República, conforme a la cual se establece el derecho que toda persona tiene para ser juzgada por un Juez competente con arreglo a las formalidades, derechos y garantías previstas por la ley, siendo una de estas la de no ser sometido a un período de prisión preventiva excesivo y por lo tanto con la naturaleza propia de una pena anticipada, derecho que por otro lado encuentra reconocimiento expreso en un instrumento jurídico internacional suscrito por el Estado de Honduras como lo es la Convención Americana de Derechos Humanos, al prever en su artículo 8 No. 1) que toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y en plazo razonable en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella. CONSIDERANDO (10): Que esta Sala advierte que en el presente asunto se ha declarado la culpabilidad de la imputada conforme los requerimientos y formalidades de la ley, por ello puede descartarse la acepción de que la privación de libertad que sufre la encartada ha emanado de ilegalidad en tanto fue decidida conforme al proceso legal previsto en nuestro ordenamiento jurídico, no obstante, esta Sala no puede encontrar válidas las razones que ha dado el Tribunal de Sentencia para justificar el evidente retraso en la aplicación de la justicia en el presente caso, pues ha tenido más de TRES AÑOS para la elaboración de esta sentencia que hace mucho tiempo debió de haber sido notificada a la señora REINA MARÍA CHAPAZ. Esta Sala considera que TRES años es tiempo más que suficiente para esta tarea, independientemente de la complejidad que pudiese bien tener el presente asunto. Tampoco es aceptable, y se considera además impropio que el Tribunal pretenda amparar su retraso en la situación de emergencia que vive nuestro país con respecto a la pandemia del COVID19, puesto que además de que la cuarentena fue decidida solo recientemente, no se evidencia de las presentes actuaciones ninguna iniciativa por parte del Tribunal de Sentencia para llevar este asunto a una pronta resolución, siendo de conocimiento público que los Tribunales con Competencia Territorial han sido copiosamente dotados de los recursos logísticos necesarios para llevar a cabo sus funciones, los que deberían ser empleados en forma efectiva para solventar este tipo de situaciones, por lo que no es admisible, como ya se dijo, que se pretenda justificar este retraso en una cuarentena que tiene poco más de un mes de haber sido dispuesta, con lo que este argumento del Tribunal de

Sentencia, aceptado impropiamente por el juez ejecutor designado, resulta ser inadmisible e inaceptable para esta Sala. CONSIDERANDO (11): Que el recurso de Exhibición Personal o Habeas Corpus, procede contra aquellos actos de la autoridad en los que se vea vulnerado el derecho a la libertad individual o personal de los ciudadanos al inobservar las normas legales y constitucionales, y también, contra los actos de la autoridad que atenten contra la integridad física, síquica y moral de los detenidos. CONSIDERANDO (12): Que en lo referente a la procedencia de la acción de habeas corpus, el artículo 38 de la Ley Sobre Justicia Constitucional dispone que se declarará con lugar la exhibición personal, cuando se constate la violación de alguno (s) de los supuestos establecidos en los Artículos 13 y 24 de esta Ley. En caso contrario se declarará sin lugar. CONSIDERANDO (13): Que de conformidad con lo establecido por el Artículo 13 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, el Estado reconoce la garantía de Hábeas Corpus o Exhibición Personal en los siguientes casos: a) Cuando se encuentre ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad; y, b) Cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacciones ilegales y toda coacción, restricción o molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión. CONSIDERANDO (14): Que según dispone el artículo 24 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es ilegal y arbitraria: 1) Toda orden verbal de prisión o arresto, salvo si tiene como finalidad impedir la inminente comisión de un delito, la fuga de quienes hayan participado en aquél o evitar daños graves a las personas o a la propiedad; 2) Toda orden de prisión o arresto que no emane de autoridad competente o que haya sido expedida sin las formalidades legales o por motivos que no hayan sido previamente establecidos en la ley; y, 3) Toda detención o arresto que no se cumpla en los centros destinados para el efecto por el Estado. CONSIDERANDO (15): Que de todo lo actuado y establecido en la tramitación del presente recurso de habeas corpus, esta Sala Constitucional no encuentra fundamentos de ley para otorgar la presente acción constitucional, en vista que ha sido declarada en juicio la culpabilidad de la ciudadana REINA MARÍA CHAPAZ, en el delito de ASOCIACIÓN ILÍCITA, y con ello no puede estimarse la ilegalidad de su detención, por lo que la acción debe declararse no ha lugar. Sin embargo, esta Sala tampoco puede ser indiferente ni consentir el grave hecho que el Tribunal de Sentencia de Jurisdicción Nacional con Competencia Territorial en Materia Penal ha dejado transcurrir más de TRES AÑOS sin emitir la sentencia que por ley tenía el deber de redactar y notificar. Consentir una omisión como ésta implicaría que esta Sala autorizase y admitiese una desatención a la ley en detrimento de los derechos fundamentales que estamos llamados a respetar y a hacer valer, pues si bien es cierto que no se desconoce que pueden haber casos en los que se exija mayor dedicación por parte de nuestros jueces, y no somos tampoco ajenos a la saturación ni a la complejidad de casos en los despachos de justicia a nivel nacional, se estima que el Tribunal de Sentencia ha tenido tiempo suficiente para trabajar en el fallo, siendo inaceptables las excusas del referido órgano jurisdiccional para justificar este retraso, por lo que este Alto Tribunal debe, en apoyo de la garantía del debido proceso que asiste a la agraviada, debe ordenar que se proceda de inmediato y sin más dilaciones a la redacción, lectura y notificación de la sentencia que corresponde en el presente caso, conforme lo manda la ley. POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Constitucional y en aplicación de los artículos 80, 182, 303, 304, 313 atribución 5a. y 316 de la Constitución de la República; 5, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1o., 78 atribución 5a. y 137 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 9, 13, 17, 38, 72, 119 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: 1) DECLARAR SIN LUGAR EL RECURSO DE EXHIBICIÓN PERSONAL del cual se ha hecho mérito, interpuesto por las Abogadas ESTER MERCEDES ROMERO MONCADA y ZAIDA ELIZABETH RAMÍREZ BENÍTEZ, a favor de la señora REINA MARÍA CHAPAZ, contra actuaciones de la Directora de la Penitenciaría Femenina de Adaptación Social (CEFAS); 2) ORDENAR al Tribunal de Sentencia de Jurisdicción Nacional con Competencia Territorial en Materia Penal que proceda de inmediato y sin más dilaciones a la redacción, lectura y notificación de la sentencia que corresponde en el presente caso, conforme lo manda la ley; Y MANDA: 1. Que se notifique de la presente sentencia a los peticionarios, por los medios legales que correspondan; 2. Que se remita certificación de este fallo a las siguientes dependencias: i) Tribunal de Sentencia de Jurisdicción Nacional con Competencia Territorial en Materia Penal; y ii) Dirección Nacional de la Defensa Pública y se proceda oportunamente al archivo de las presentes diligencias. Redactó el Magistrado EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL.LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinte días del mes de mayo de dos mil veinte, certificación de la sentencia de fecha trece de mayo de dos mil veinte, recaída en el Recurso de Exhibición Personal bajo el número SCO-283-2020.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1] Etimológicamente habeas corpus significa tener el cuerpo o presentar el cuerpo

[2] Amparo, Habeas Corpus y Habeas Data. Rubén Flores Dapkevicius